La responsable de Logística de la ONG El refugio majorero, Ana Ruth Cerón, ha anunciado este jueves la inminente devolución al Banco de Alimentos de Gran Canaria de los 12.000 kilos de mercancía que permanecen bloqueados, “para evitar que terminen caducando”.

En la reunión que mantuvieron este jueves miembros de la asociación con la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Yanira Domínguez, la edil trasladó la imposibilidad de derivar personal del área a labores de certificación del destino de la ayuda alimentaria que reparte esta organización entre colectivos desfavorecidos, principalmente de El Charco.

Esta situación ha provocado la acumulación de los alimentos, ya que desde abril se ha dejado de pasar los informes que debe firmar un trabajador social. Debido a los trámites realizados en meses pasados, en el mes de julio todavía 48 familias recibieron una entrega de alimentos, pero en agosto la cantidad de beneficiarios bajará a 16 y en septiembre a cinco, al vencerse las certificaciones.

“Nosotros somos voluntarios, actuamos como meros intermediarios entre el Banco de alimentos y las familias, pero, si no se nos permite actuar, es mejor devolver la ayuda para que la puedan aprovechar otras personas en Gran Canaria”.

Yanira Domínguez explicó que se ha instado a El refugio “a contar con su propio personal, en este caso un trabajador social, para lo que hay disponibles subvenciones públicas de distintas instituciones, ya sea Ayuntamiento, Cabildo o Gobierno de Canarias”. La edil insiste en que la normativa exige la firma de un convenio u otra herramienta de colaboración reglada, que actualmente no existe entre el Ayuntamiento y al ONG. “Hay otras organizaciones que se autogestionan, cuentan con su propio personal y funcionan con ayudas públicas que justifican convenientemente”, dice.

Por otra parte, la responsable de Servicios Sociales de Puerto del Rosario explica que el Área que dirige “lleva a cabo sus propias líneas de ayuda y programas” y que no cuenta con personal suficiente para asumir la labor de otras entidades.

Sin convocatorias de subvenciones

A este respecto, Ana Ruth Cerón ha aclarado que “el Ayuntamiento, de momento no ha sacado las convocatorias para subvenciones, mientras que el Cabildo, aún no ha resuelto la suya, así que no sabemos qué cantidad se nos asignará de los 8.000 euros que hemos solicitado. Sin tener esa información, no vamos a contratar a nadie”, sentencia la portavoz de El refugio majorero.

Lo que sí es seguro es que buena parte de los 70 voluntarios con los que cuenta la ONG tendrán que volver a cargar “a mano” los palés de alimentos donados por el Banco, “lo que nos lleva una mañana entera, ya que también hay que pedir permiso para cortar el tráfico en la calle debido a las dimensiones del contenedor”.

Por otra parte, este jueves una treintena de afectados se manifestaron a la entrada del Ayuntamiento de la capital, pidiendo una solución para evitar la devolución de la mercancía, “pero nadie los ha recibido, no ha salido ni el alcalde ni la concejala”, concluye Ana Ruth.

Los vecinos de las urbanizaciones Resiplaya, Marlape y Alto del Jable, que componen lo que estaba llamado a ser la zona residencial de lujo de Puerto del Rosario, en Playa Blanca, se han plantado ante la administración, exigiendo soluciones a los múltiples y variados problemas que sufre la barriada, con construcciones inconclusas o abandonadas, riesgo de derrumbe de terrenos, aislamiento del barrio, accesos por carretera peligrosos, vecinos molestos, actividades insalubres y carencias en infraestructuras básicas, como alcantarillado adecuado o tendidos eléctricos seguros e incluso asfaltado de las calles. Una situación caótica que ha obligado a los afectados a organizarse e intentar negociar con la actual corporación municipal una solución “que no pase necesariamente por la financiación de los proyectos por parte de los vecinos”, explica uno de ellos, Luis del Pozo, en referencia al Plan General aprobado hace tres años “sin consulta alguna” y la propuesta de contribuciones especiales de los residentes para acometer los trabajos precisos.

Las carencias son muchas y variadas. Juan Tomás Figueroa, uno de los residentes, alude directamente a la falta de “unos servicios básicos mínimos, como correspondería a una sociedad supuestamente avanzada como es la de Puerto del Rosario”. Playa Blanca “está situada a escasos minutos del centro de la capital, pero nos topamos con muchísimas dificultades para acceder a la carretera, ya que la conexión es pésima. Además del riesgo para la integridad física que se corre, esta situación supone una pérdida de tiempo considerable y nos aleja de la ciudad, cuando se supone que la tendencia de movilidad es integrar los barrios y hacerlos accesibles”, indica. En efecto, la pésima conexión del barrio con las vías de comunicación lo deja, literalmente, aislado de la ciudad y obliga, en el caso de usar el automóvil, a retroceder unos tres kilómetros hasta la gasolinera cercana para hacer el cambio de sentido. Del Pozo, arquitecto de profesión, explica, a este respecto, que se ha propuesto al Ayuntamiento “una conexión elevada entre la calle que parte de la urbanización de Las Granadas con Playa Blanca, que evitaría tener que volver atrás para ir a Puerto”.

La otra opción, ir caminando hasta la ciudad, pasa obligatoriamente por cruzar el puente del barranco, que carece de zona de paso peatonal y solo está preparado para vehículos, “así que te juegas la vida. El pequeño tramo del puente a la intersección es muy peligroso porque vienen los vehículos que se incorporan de abajo y tampoco hay paso para bicis o personas con movilidad reducida”, indica Luis. Este aspecto es trascendental para los miembros de la comunidad de Playa Blanca. Alina García, residente en la calle Aulaga, ha renunciado a ir caminando a su trabajo en el hospital, a escasos metros de la urbanización. “Antes lo hacía, pero cogí miedo. Dos compañeros han fallecido ya en ese camino”, comenta. Aunque ahora se traslada en coche, “el acceso a la autopista es superpeligroso. Cada mes hay al menos un percance en la intersección de la bajada al carril de incorporación a la autopista”. El hijo de Alina, Javier Perdomo, aún sin permiso de conducir, baja a menudo andando a Puerto. “Pero tengo que cruzar la autovía si no quiero tener que ir hasta el Parador para volver otra vez”, dice, asegurando haberse visto apurado alguna vez “porque pasan coches a alta velocidad”. 

Lujo en ruinas

Otras denuncias vecinales son “el abandono total, durante décadas”, por parte de las administraciones, en lo que respecta a la finalización de infraestructuras públicas y mantenimiento de los servicios. Así, muchas calles están “hechas un desastre”, algunas incluso sin completar, por lo que ha habido que instalar quitamiedos por incidentes con vehículos a punto de despeñarse tras salirse del camino de tierra. También hay riesgo de derrumbe en varias zonas del montículo donde se asientan las urbanizaciones, problemas con el saneamiento, que se bloquea “permanentemente, cada vez que hay un poco de lluvia y desborda la alcantarilla”, y una ristra de problemas técnicos por las carencias en las instalaciones. Alina García explica que tuvo que contratar personalmente a una empresa eléctrica para que soterrara el cable de la iluminación cercano a su casa, que estaba situado en un vano, lo que lo hacía caer hacia su vivienda. “Podía tocarlo con la mano, así que tuve que traer una excavadora, romper la acera que también había hecho yo misma y soterrar el cable”, explica.

Alina financió la construcción de su propia acera, un elemento urbano imprescindible que, sin embargo, brilla por su ausencia en la urbanización. Este elemento arquitectónico peatonal sufre en las calles de Playa Blanca abruptos cortes e incluso desemboca en jardines silvestres, por la vegetación surgida por el abandono.

Una de las vecinas que más sufre el deterioro urbanístico del barrio es Carmen Hernández, que vive en la calle Tostonera, en la fase central de Playa Blanca, que fue la primera habitada del nuevo barrio. Es usuaria de silla de ruedas y afronta su situación con filosofía y sentido del humor, lo que no quita gravedad a su caso: “Se me acumulan los problemas, ya que la zona no es nada accesible. El estado del asfalto en mi calle y en algunas más, con socavones, me obliga a perder dignidad y solicitar ayuda, tengo dependencia total”. 

En su día, el entonces presidente del Cabildo, Marcial Morales, le explicó que “antes que nada habría que arreglar el muro de contención que sostiene la calle Aulaga, que está en peligro de derrumbre y podría caer sobre las demás calles. Me prometió que estaba en estudio. Esto pasó hace diez años”, indica esta vecina, que no ha visto solucionarse ni el peligro de derrumbe ni el de su propia accesibilidad.

Carmen tiene otra problemática añadida, su casa se ubica “en medio de dos empresas ilegales, una es una chatarrería y otra una perrera, ambas actividades insalubres, que han sido denunciadas varias veces, aunque las autoridades competentes han mirando para otro lado”.

La perrera a la que se refiere Carmen es, en realidad, la residencia de una familia, una edificación en precarias condiciones de mantenimiento y con un evidente problema de limpieza. “Hemos visto hasta quince perros, sin cuidados adecuados, ladrando por la noche, con plagas de insectos, con un olor nauseabundo”, explica Johana Montagut, una joven que reside puerta con puerta con los inquilinos de la supuesta perrera y que dice estar preocupada, sobre todo, por el deficiente cuidado de los animales que observa: “Jamás salen a pasear, no tienen higiene, de hecho el ambiente está lleno de pelos. Es inaceptable que los perros estén desatendidos”, denuncia, conmovida.

Orlando Santana es otro vecino contiguo a este chalet “que parece Sarajevo y que apesta cuando se moja con la lluvia. Esta falta de higiene provoca que el exterior de mi casa esté llena de moscas y evitemos salir a la terraza. No podemos disfrutar de las vistas, a pesar de vivir en un lugar tan privilegiado”, se lamenta. 

Alina también sufre esta situación, a causa de sus vecinos, aquejados supuestamente de síndrome de diógenes. “La Concejalía envió hace unos meses un equipo de limpieza que se llevó dos contenedores enteros de basura, pero el cambio fue imperceptible a la vista, lo que da una idea de la cantidad de residuos que deben de acumular”, asegura.

Al margen de este caso, en Playa Blanca también hay tres viviendas ocupadas de forma irregular por personas que realizan “actividades molestas, más propias de otros tiempos en esta zona, que generan cierta inseguridad y atraen acciones poco recomendables”, explica Luis.

Un PGO sin soluciones 

Para Luis del Pozo, la piedra angular del problema está en el Plan General de Ordenación Urbana (PGO) de Puerto del Rosario, aprobado hace cerca de tres años y, en la actualidad, pendiente de la resolución de casi una treintena de recursos por la vía contencioso administrativa, “alguno de los cuáles pudiera suponer la derogación de dicho plan general”, especifica. 

Respecto a la ordenación que prevé el Ayuntamiento para el sector de Playa Blanca, los residentes consideran que el documento, cuya redacción tildan de “bastante mediocre y deficiente”, no resuelve ninguno de sus problemas. “Puede decirse que se ha hecho a costa de los que en su día compramos aquí, sin tenernos en cuenta para nada, aunque hemos pagado nuestras licencias de obra, de primera ocupacion y de uso”, dice Luis, que prepara, junto a sus vecinos, una reunión con la nueva corporación municipal para llevar sus propuestas.

“El plan general, en el sector de la montaña de Playa Blanca, no da soluciones concretas a los accesos de la urbanización ni a la falta de servicios e infraestructuras que serían propias de un barrio urbano, como zonas verdes o de esparcimiento. Por el contrario, plantea una volumetría de varias plantas de altura y tipo adosado, que en la práctica supone grandes muros edificatorios de enorme impacto visual y no aporta ningún valor al espacio”, reseña Del Pozo.

“Nuestra propuesta de barrio es totalmente contraria a la tipología de adosados o bloques. No creemos que esta zona sea apta para ese tipo de edificaciones ni queremos que se apropien de nuestro barrio la falta de identidad y carácter, tan común en Puerto del Rosario”, asegura este vecino, que insiste en que el impacto visual sería muy negativo “tanto desde la carretera como desde las actuales viviendas”.

Otro punto de disconformidad con el Consistorio es la pretensión municipal de realizar los trabajos de remodelación oportunos bajo la figura de financiación de contribuciones especiales. “El único responsable del abandono y la falta de infraestructuras y de servicios públicos es el Ayuntamiento y, sin embargo, y después de tanto tiempo, se nos quiere imponer una ordenación totalmente inadecuada y, además, que la paguemos nosotros”, apunta Del Pozo. 

El Ayuntamiento ha iniciado ya el proceso para licitar los proyectos de reparcelación y urbanización, paso previo a la contratación de las obras, “pero que, a día de hoy, a los vecinos no se nos resuelve absolutamente nada”, sentencia Del Pozo, en nombre de todos sus vecinos.