Cuando, tras el último ataque en Londres, la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, afirmó que estaría dispuesta a “cambiar las leyes que protegen los derechos humanos” si esto servía para combatir el terrorismo, muchos hicieron aspavientos. Pero lo cierto es que no afirmaba nada que no esté en la mente, y quizás en los planes, de muchos gobernantes europeos.

A pesar de que las palabras de May parezcan una salida de tono ilustran a la perfección una tendencia creciente de los últimos tiempos: oponer “derechos humanos” a “seguridad”, o “derechos humanos” a “lucha contra el terrorismo”, como si Europa viviera un dilema inevitable, planteado en términos de vida o muerte, que imposibilita que los dos conceptos puedan ir de la mano.

Miremos hacia Francia. No hablamos demasiado del país vecino, pero la realidad es que lleva un año y medio, desde los ataques de París de noviembre de 2015, en estado de excepción. Esta constante de estado de emergencia no es inocua y supone graves consecuencias que debemos analizar a fondo porque París parece el banco de pruebas hacia donde nos quieren conducir algunos gobernantes europeos para “combatir la amenaza terrorista”. Y la realidad es que las medidas extraordinarias en nombre de la seguridad han violado repetidamente los derechos de muchos ciudadanos franceses, con un uso y un abuso desmesurado del poder por parte de la policía, de las fuerzas especiales y del estado: veamos qué se cuece.

Francia ha ampliado poderes para poder realizar registros e imponer arrestos domiciliarios sin necesidad de una autorización judicial. Y ha ampliado los poderes para prohibir reuniones y manifestaciones públicas de modo permanente. Por supuesto que las medidas extraordinarias caben en un ordenamiento democrático y constitucional y en un estado de derecho, sí, pero sólo son admisibles y justificables de manera temporal y proporcionada, porque se alejan del derecho penal ordinario y restringen libertades civiles y derechos humanos. También deben ser sometidas a control y vigilancia.

El actual estado de excepción en Francia permite, por ejemplo, prohibir cualquier concentración como medida cautelar, es decir, preventivamente, alegando unos motivos demasiado amplios y poco precisos de “amenaza al orden público”. Tenemos evidencias claras que estos poderes se han utilizado con frecuencia de modo desproporcionado e injustificado. Se han dictado centenares de medidas que han limitado la libertad de circulación de personas y el derecho de reunión pacífica. ¿Alguien puede explicar, por ejemplo, la supuesta relación de protestas contra la última reforma laboral en Francia o contra el cambio climático con el terrorismo global o la seguridad? Más bien parece una excusa del estado francés para utilizar los instrumentos discrecionales de los que se ha dotado para reprimir el derecho a la protesta. Así, da la impresión de que el estado utiliza todos los recursos a su alcance para atacar a las personas y a los grupos más activos en los movimientos sociales.

Este estado de excepción renovado hasta seis veces (!) –que el flamante nuevo presidente, Emmanuel Macron, rompiendo lo prometido en campaña, ya se ha afanado a decir que quiere renovar– implica la normalización de las medidas invasivas del poder.

Si analizamos la eficacia y el resultado, las cifras son muy claras. De un total de 3.200 registros domiciliarios sólo han surgido cuatro investigaciones criminales, que no condenas, por delitos que podrían estar relacionados con el terrorismo. Se han dictado hasta 400 órdenes de arresto domiciliario sin que se hayan iniciado procedimientos judiciales contra estas personas. Entre noviembre de 2015 y mayo de 2017 se han prohibido 155 reuniones públicas y decenas de manifestaciones e impuesto órdenes para impedir participar en ellas a más de 600 personas, casi todas ellas relacionadas con las protestas contra la reforma laboral.

Y en las marchas que finalmente recibieron luz verde, la policía se desplegó para contener manifestantes pacíficos que no representaban ninguna amenaza concreta al orden público. El derecho internacional reconoce el derecho inalienable a participar en reuniones y manifestaciones pacíficas y los actos de violencia esporádica o delitos que otros puedan cometer no deberían ser atribuidos a personas con intenciones y conductas pacíficas. El resultado fue que en muchas de las protestas la policía recurrió a la fuerza excesiva de modo innecesario y arbitrario, dejando centenares de manifestantes heridos: balas de goma, sprays abrasivos en la cara, gases lacrimógenos, encapsulamiento de manifestantes durante horas y toda una serie de prácticas dudosas. Estos abusos rompen la presunción del derecho internacional de que una manifestación es pacífica salvo que las autoridades puedan demostrar lo contrario: las manifestaciones se perciben de entrada como una amenaza y no como un derecho fundamental (lo que son).

La cuestión central es que el Gobierno francés, y cualquier gobierno, deberían garantizar que las medidas de excepción se utilizan únicamente para lograr el objetivo por el que se declararon: prevenir nuevos ataques contra la población. Francia debería abandonar estas medidas si no puede demostrar que se enfrenta a una situación de emergencia pública real y masiva. Si no lo hace, corre el peligro de caer en una peligrosa y vertiginosa espiral (la actual) que conduce al país hacia un estado de excepción permanente.

Hay quien defenderá que la amenaza que representa el terrorismo es de tanta gravedad que debemos prescindir de normas existentes del derecho internacional para que los gobiernos puedan proteger a la población de los ataques. Que los derechos humanos, como dijo May, son un obstáculo para combatir de manera eficaz el terrorismo. La cantinela es antigua: la escuchamos desde 2001, desde los ataques de la 11S en EEUU. La Administración Bush ya esgrimió estos argumentos y conocemos perfectamente sus resultados: el programa de detenciones secretas de la CIA, la extensión masiva de la tortura, las intervenciones militares unilaterales, etc.

El catálogo de abusos contra los derechos humanos en nombre de la seguridad llegó a niveles inimaginables en lo que consideramos estados de derecho o democracias. ¿Y de qué sirvió? ¿Alguien, con dos dedos de frente, puede afirmar sin enrojecer, que hoy el mundo es más seguro que en 2001? ¿Que la amenaza terrorista se ha reducido? ¿Que hay más seguridad?

La doctrina que opone seguridad y derechos humanos no ha funcionado. Nada. Poner en peligro los derechos humanos, en definitiva vulnerarlos, no sirve a la lucha contra el terrorismo. Contrariamente, facilita al terrorista la consecución de su objetivo, al concederle una falsa autoridad moral y provocar tensión, miedo, odio y desconfianza hacia los gobiernos justo en aquellos sectores de la población donde tienen más posibilidades de reclutar a gente. Es una vía sin salida que hay que abandonar antes de que sea demasiado tarde.

Quan després de l'últim atac a Londres la primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va afirmar que estaria disposada a «canviar les lleis que protegeixen els drets humans» si això servia per combatre el terrorisme, molts van fer escarafalls però el cert és que no afirmava res que no estigui en la ment, i potser en els plans, de molts governants europeus.

Tot i que les paraules de May semblin una sortida de to mostren a la perfecció una tendència creixent dels últims temps: oposar «drets humans» a «seguretat», o «drets humans» a «lluita contra el terrorisme», com si Europa visqués un dilema inevitable, plantejat en termes de vida o mort, que fa impossible que els dos conceptes puguin anar de bracet.

Mirem cap a França. No en parlem gaire, però la realitat és que porta un any i mig, des dels atacs de París de novembre de 2015, en estat d'excepció. Aquesta constant d'estat d'emergència no és innòcua i implica unes conseqüències greus que cal analitzar a fons perquè París sembla el banc de proves cap a on ens volen conduir alguns governants europeus per «combatre l'amenaça terrorista». I la realitat és que les mesures extraordinàries en nom de la seguretat han violat repetidament els drets de molts ciutadans francesos, amb un ús i abús desmesurat del poder per part de la policia, de les forces especials i de l'estat: vegem què s'està coent.

França ha ampliat poders per poder realitzar escorcolls i imposar arrestos domiciliaris sense necessitat d'una autorització judicial. I ha ampliat els poders per prohibir reunions i manifestacions públiques de forma permanent. Per descomptat que les mesures extraordinàries tenen cabuda en un ordenament democràtic i constitucional i en un estat de dret, sí, però només són admissibles i justificables de manera temporal i proporcionada, perquè s'allunyen del dret penal ordinari i restringeixen llibertats civils i drets humans. També han de ser sotmeses a control i vigilància.

L'actual estat d'excepció a França permet, per exemple, prohibir qualsevol concentració com a mesura cautelar, és a dir, preventivament, al·legant uns motius massa amplis i poc precisos de «amenaça a l'ordre públic». Tenim evidències clares que aquests poders s'han utilitzat amb freqüència de manera desproporcionada i injustificada. S'han dictat centenars de mesures que han limitat la llibertat de circulació de persones i el dret de reunió pacífica. Algú pot explicar, per exemple, la suposada relació de protestes contra la darrera reforma laboral a França o contra el canvi climàtic amb el terrorisme global o la seguretat? Sembla més aviat una excusa de l'estat francès per utilitzar els instruments discrecionals de què s'ha dotat per reprimir el dret a la protesta. Fa l'efecte, doncs, que l'estat utilitza tots els recursos al seu abast per atacar persones i grups que són més actius en moviments socials.

Aquest estat d'excepció renovat fins a sis vegades (!) -que el flamant nou president, Emmanuel Macron, trencant el promès en campanya, ja s'ha afanyat a dir que vol renovar- implica la normalització de les mesures invasives del poder.

Si n'analitzem l'eficàcia i el resultat, les xifres són molt clares. D'un total de 3.200 escorcolls domiciliaris només n'han sortit quatre investigacions criminals, que no condemnes, per delictes que podrien estar relacionats amb el terrorisme. S'han dictat fins a 400 ordres d'arrest domiciliari sense que s'hagin iniciat procediments judicials contra aquestes persones. Entre novembre de 2015 i maig de 2017 s'han prohibit 155 reunions públiques i desenes de manifestacions i s'han imposat ordres per impedir participar-ne a més de 600 persones, gairebé totes relacionades amb protestes contra la reforma laboral.

I en les marxes que finalment van rebre llum verda, la policia es va desplegar per contenir manifestants pacífics que no representaven cap amenaça concreta a l'ordre públic. El dret internacional reconeix el dret inalienable a participar en reunions i manifestacions pacífiques i els actes de violència esporàdica o delictes que altres puguin cometre no haurien de ser atribuïts a persones amb intencions i conductes pacífiques. El resultat va ser que en moltes de les protestes la policia va recórrer a la força excessiva de manera innecessària i arbitrària, deixant centenars de manifestants ferits: bales de goma, esprais abrasius a la cara, gasos lacrimògens, encapsulament de manifestants durant hores i tot un seguit de pràctiques dubtoses. Aquests abusos trenquen la presumpció del dret internacional que una manifestació és pacífica tret que les autoritats puguin demostrar el contrari: les manifestacions es perceben d'entrada com una amenaça en lloc de com un dret fonamental (el que són).

La qüestió central és que el govern francès, i qualsevol govern, haurien de garantir que les mesures d'excepció s'utilitzen únicament per assolir l'objectiu pel qual es van declarar: prevenir nous atacs contra la població. França hauria d'abandonar aquestes mesures si no pot demostrar que s'enfronta a una situació d'emergència pública real i massiva. Si no ho fa, corre el perill de caure en una perillosa i vertiginosa espiral (l'actual) que condueix el país cap a un estat d'excepció permanent.

Hi ha qui defensarà que l'amenaça que representa el terrorisme és de tanta gravetat que cal prescindir de normes existents del dret internacional perquè els governs puguin protegir la població dels atacs. Que els drets humans, com va dir May, són un obstacle per combatre de manera eficaç el terrorisme. La cançoneta és vella: la sentim des del 2001, des dels atacs de l'11S als EUA. L'Administració Bush ja va esgrimir aquests arguments i en coneixem perfectament els resultats: el programa de detencions secretes de la CIA, l'extensió massiva de la tortura, les intervencions militars unilaterals, etcètera. El catàleg d'abusos contra els drets humans en nom de la seguretat va arribar a nivells inimaginables en el que considerem estats de dret o democràcies. I de què va servir? Algú, amb dos dits de front, pot afirmar sense envermellir, que el món avui és més segur que al 2001? Que l'amenaça terrorista s'ha reduït? Que hi ha més seguretat? La doctrina que oposa seguretat i drets humans no ha funcionat. Gens. Posar en perill els drets humans, en definitiva vulnerar-los, no serveix a la lluita contra el terrorisme. Contràriament, facilita al terrorista la consecució del seu objectiu, en concedir-li una falsa autoritat moral i provocar tensió, por, odi i desconfiança cap als governs justament en aquells sectors de la població on tenen més possibilitats de reclutar gent. És una via sense sortida que cal abandonar abans que no sigui massa tard.

Este año se cumplen justo cuarenta años desde que Amnistía Internacional lanzó la primera campaña para conseguir la abolición de la pena de muerte en el mundo. En aquel lejano 1977, sólo 16 países eran abolicionistas. En 1997, veinte años después, la cifra ya se había elevado a 64. Y este año podemos hablar de 104 países que han eliminado la pena de muerte de su legislación, más de la mitad de países del mundo. Si sumamos a esta cifra la de los países que son abolicionistas en la práctica –es decir, que mantienen la pena de muerte pero que no la aplican, y algunos desde hace décadas– ya nos situamos en los 141 países, el 70% del total.

Sin duda son buenos datos, los mejores de la historia. Son cifras que nos señalan que, en estos 40 años, el recurso a las ejecuciones por parte de los estados se reduce, lenta pero inexorablemente, y que el horizonte del final de la pena de muerte está más cercano. Pero, ¿veremos su fin en un futuro más o menos próximo, en pongamos veinte, treinta o cuarenta años más? 

En el análisis de los datos y estadísticas sobre pena de muerte que publicamos cada año por estas fechas intentamos responder a esta pregunta pero no lo logramos totalmente. Hay quien ve el vaso medio vacío. Hay quien lo ve medio lleno. Y ciertamente los datos pueden avalar las dos posiciones.

Empezamos por las malas noticias. El año pasado se registraron un mínimo de 1.032 ejecuciones en el mundo por parte de los estados, el 87% de ellas concentradas en sólo cuatro países: Irán, Arabia Saudí, Irak y Pakistán. China, que completa el macabro top 5 de países ejecutores, con toda seguridad ha ejecutado más personas que todo el resto, pero es imposible facilitar un dato aproximado de su nivel de ejecuciones, que eso sí, es grotesco, porque sus autoridades consideran todo lo que rodea la pena de muerte como un secreto de estado.

Las autoridades chinas se esconden del escrutinio internacional. Aplican un sistema complicado y opaco, un entramado judicial y burocrático muy afinado para ocultar la escandalosa magnitud de las ejecuciones en el país. Por un lado afirman que trabajan para la apertura y la transparencia judicial. Que disponen de una base de datos judiciales online donde se puede consultar todo: que no tienen nada a esconder. Pero los hechos desmienten estas promesas.

Desde Amnistía Internacional hemos detectado centenares de casos de pena de muerte que no constan en ninguna base de datos. Hallamos informaciones públicas sobre ejecuciones de casi un millar de personas entre 2014 y 2016, pero sólo un 10% de estos casos constan en la base de datos judicial. Las cifras tampoco incluyen a los extranjeros condenados a muerte por delitos relacionados con el tráfico de drogas, ni tampoco a los casos vinculados al “terrorismo”. 

Sin duda China utiliza revelaciones parciales y afirmaciones no verificables con el objetivo, de cara a la galería, de reforzar su liderazgo en el mundo y sacar pecho de la reducción de ejecuciones. Pero es que las cifras no encajan y pensamos que lo que China viene llevando a cabo es deliberadamente engañoso. Así, poca o nula credibilidad a lo que manifiestan las autoridades chinas sobre sus “progresos”.

La buena noticia del año llega de Estados Unidos, que tiene el dudoso honor de ser el único país del continente americano que todavía aplica la pena de muerte y uno de los dos únicos del G8 –el otro es un caso poco conocido: Japón– que todavía mantienen la pena capital.

Por primera vez desde 2006 Estados Unidos no figura entre los cinco países con más ejecuciones del mundo. Su número no ha dejado de reducirse desde 2009 y este año, con veinte personas ejecutadas, se ha logrado el nivel mínimo registrado desde hace 25 años, desde 1991. Es una tendencia consolidada: las ejecuciones en EEUU caen a la mitad de las de 1996 y son cinco veces menos que, por ejemplo, las de 1999.

Si nos fijamos en el número de condenas a muerte que decretan jueces y tribunales populares vemos la misma tendencia a la baja. Las condenas de 2016 (32) son las más bajas desde 1973. Esto es una señal clara y evidente que jueces, fiscalía y jurados empiezan a dar la espalda a la pena de muerte como instrumento para impartir “justicia”. El debate social, político, comunicativo, judicial sobre la pena capital en el país se empieza a ganar y el año pasado ya sólo se llevaron a cabo ejecuciones en cinco estados de EEUU (Texas, Georgia, Alabama, Misuri y Florida), siendo los dos primeros, Texas y Georgia, los que concentran hasta el 80% de ejecuciones.

A pesar de que los datos avalan el optimismo y el debate está claramente orientado hacia la abolición, no se puede bajar la guardia. La reducción del número de ejecuciones se debe, en parte, a litigios relacionados con las dificultades de muchos estados para obtener las sustancias químicas necesarias para aplicar la inyección letal. Y algunos estados, como Utah o Arkansas –que no ejecuta desde hace diez años pero que para este mes de abril tiene programadas hasta siete ejecuciones– están planteando el regreso a otros métodos de ejecución más “baratos”, como la silla eléctrica o el pelotón de fusilamiento. Por lo tanto, el panorama actual puede invertirse con celeridad. 

Además hay que ver qué efecto tendrá la llegada de Trump a la presidencia y una retórica de “mano dura” general que ya contribuyó a marcar los picos de ejecuciones en EEUU de las décadas de los 80 y 90. También preocupa este fenómeno lejos de los EEUU, en el otro lado del Pacífico, en Filipinas, donde el presidente Duterte ha prometido la reintroducción de la pena de muerte (abolida en 2006), hecho que sería una noticia nefasta. Y preocupa también que el número de condenas a muerte aumente en países que atraviesan situaciones complejas de inseguridad o convulsión interna, como Nigeria. Que se invoque la pena de muerte para hacer frente a situaciones vinculadas a la lucha antiterrorista, como también pasa en Pakistán, Egipto o Arabia Saudí, muy encaramados en el ranking de ejecutores.

Sabemos que la pena de muerte no impartirá justicia, porque precisamente los principales países ejecutores son los que funcionan con sistemas de justicia que no soportan un mínimo análisis sobre estándares o procedimientos de lo que se entiende por juicio justo. También sabemos que la pena de muerte no hará que nadie esté más seguro: no hay ningún estudio, ni uno, que demuestre que la aplicación de la pena de muerte reduce los niveles de delincuencia o terrorismo. Esto es lo que tenemos que explicar y extender para que cada vez más estados dejen de aplicar la pena capital. Que de los 104 países abolicionistas actuales pasemos a los 200. Que la pena de muerte se convierta en una entrada en los libros de historia.

Aquest any fa just 40 anys que a Amnistia Internacional vam engegar la primera campanya per aconseguir l'abolició de la pena de mort al món. Aquell 1977 llunyà només 16 països eren abolicionistes. L'any 1997, vint anys després, la xifra ja s'havia elevat a 64. I enguany podem parlar de 104 països que han eliminat la pena de mort de la seva legislació, més de la meitat de països del món. Si sumem a aquesta xifra la dels països que són abolicionistes en la pràctica —és a dir, que mantenen la pena de mort però que no l'apliquen, i alguns des de fa dècades— ja ens situem en els 141 països, el 70% del total.

Sens dubte són bones dades, les millors de la història. Són xifres que ens assenyalen que, en aquests quaranta anys, el recurs a les execucions per part dels estats es redueix, lentament però de manera inexorable, i que l'horitzó del final de la pena de mort és més a prop. Però, veurem la seva fi en un futur més o menys proper, posem vint, trenta o quaranta anys més?

En l'anàlisi de les dades i estadístiques sobre pena de mort que publiquem cada any per aquestes dates intentem respondre aquesta pregunta però no ens en sortim del tot. Hi ha qui veu el got mig buit. Hi ha qui el veu mig ple. I certament les dades poden avalar les dues posicions.

Comencem per les males noticies. L'any passat es van registrar un mínim de 1.032 execucions al món per part dels estats, el 87% de les quals concentrades en només quatre països: l'Iran, l'Aràbia Saudita, l'Iraq i el Pakistan. La Xina, que completa el macabre top 5 de països executors, amb tota seguretat ha executat més que tota la resta, però és impossible facilitar una dada aproximada del seu nivell d'execucions, que és grotesc això sí, perquè considera tot el que envolta la pena de mort com un secret d'estat.

Les autoritats xineses s'amaguen de l'escrutini internacional. Apliquen un sistema complicat i opac, un entramat judicial i burocràtic ben afinat per ocultar la magnitud escandalosa de les execucions en el país. Per una banda afirmen que treballen per l'obertura i la transparència judicial. Que disposen d'una base de dades judicials on line on es pot consultar tot: que no tenen res a amagar. Però els fets desmenteixen aquestes promeses. 

Des d'Amnistia Internacional hem detectat centenars de casos de pena de mort que no consten en cap base de dades. Vam trobar informacions públiques sobre execucions de gairebé un miler de persones entre 2014 i 2016, però només un 10% d'aquests casos consten en la base de dades judicial. Les xifres tampoc no inclouen els estrangers condemnats a mort per delictes relacionats amb el tràfic de drogues, ni tampoc els casos vinculats al «terrorisme».

Sens dubte la Xina fa ús de revelacions parcials i afirmacions no verificables amb l'objectiu, de portes enfora, de reforçar el seu lideratge en el món i treure pit de la reducció d'execucions. Però és que les xifres no encaixen i pensem que el que fa la Xina és deliberadament enganyós. Per tant, poca o nul·la credibilitat a allò que manifesten les autoritats xineses sobre els seus «progressos».

La bona notícia de l'any arriba dels Estats Units, que té el dubtós honor de ser l'únic país del continent americà que encara aplica la pena de mort i un dels dos únics del G8 —l'altre és un cas poc conegut: el Japó— que encara mantenen la pena capital.

Per primer cop des del 2006 els Estats Units no figuren entre els cinc països amb més execucions del món. El seu nombre no ha parat de reduir-se des del 2009 i enguany, amb vint persones executades, s'ha assolit el nivell mínim registrat des de fa 25 anys, des del 1991. És una tendència consolidada: les execucions als EUA cauen a la meitat de les que es feien el 1996 i són cinc vegades menys que, per exemple, les de 1999.

Si mirem el nombre de condemnes a mort que fixen jutges i tribunals populars veiem la mateixa tendència a la baixa. Les condemnes de 2016 (32) són les més baixes des del 1973. Això és un senyal clar i evident que jutges, fiscalia i jurats comencen a donar l'esquena a la pena de mort com a instrument per impartir «justícia». El debat social, polític, comunicatiu, judicial sobre la pena capital en el país es comença a guanyar i l'any passat ja només es van dur a terme execucions en cinc estats dels EUA (Texas, Geòrgia, Alabama, Missouri i Florida), sent els dos primers, Texas i Geòrgia, els que concentren fins el 80% d'execucions.

Tot i que les dades avalen l'optimisme i el debat està clarament orientat cap a la abolició, no es pot abaixar la guàrdia. La reducció del nombre d'execucions es deu, en part, a litigis relacionats amb les dificultats de molts estats per obtenir les substàncies químiques necessàries per aplicar la injecció letal. I alguns estats, com Utah o Arkansas —que no executa des de fa deu anys però que per a aquest abril té programades fins a set execucions— estan plantejant el retorn a altres mètodes d'execució més «barats», com la cadira elèctrica o l'escamot d'afusellament. Per tant, el panorama actual pot invertir-se amb celeritat.

Alhora, cal veure quin efecte tindrà l'arribada de Trump a la presidència i una retòrica de «mà dura» general que ja va contribuir a marcar els pics d'execucions als Estats Units de les dècades dels 80 i 90. També preocupa aquest fenomen lluny dels EUA, a l'altra banda del Pacífic, a les Filipines, on el president Duterte ha promès la reintroducció de la pena de mort (abolida el 2006), fet que seria una notícia nefasta. I alarma també que el nombre de condemnes a mort augmenti en països que travessen situacions complexes d'inseguretat o convulsió interna, com Nigèria. Que s'invoqui la pena de mort per fer front a situacions vinculades a la lluita antiterrorista, com també es fa al Pakistan, a Egipte o a l'Aràbia Saudita, ben enfilats al rànquing d'executors.

Sabem que la pena de mort no impartirà justícia perquè precisament els principals països executors són els que tenen sistemes de justícia que no aguanten una mínima anàlisi sobre estàndards o procediments del que s'entén per judici just. També sabem que la pena de mort no farà que ningú estigui més segur: no hi ha cap estudi, ni un, que demostri que l'aplicació de la pena de mort redueix els nivell de delinqüència o de terrorisme. Això és el que hem d'explicar i estendre perquè cada cop més estats deixin d'aplicar la pena capital. Que dels 104 països abolicionistes actuals passem als 200. Que la pena de mort es converteixi en un apunt als llibres d'història.

Parlem d'un crim horrible. El tràfic d'éssers humans —avui, 25 de març, és el dia europeu que ens recorda aquesta xacra—, capta i transporta persones recorrent a l'amenaça, l'ús de la força, el rapte o altres formes de coacció o d'abús de poder, i sempre, no ho oblidem, treu partit d'una situació de vulnerabilitat. Amb finalitat d'explotació, el tràfic de persones pot incloure la prostitució aliena o altres formes d'explotació sexual, així com treballs forçats, pràctiques semblants a la servitud o l'esclavatge o l'extracció d'òrgans.

En l'àmbit internacional trobem diversos mecanismes per a la lluita contra el tràfic d'éssers humans, com el Conveni del Consell d'Europa sobre Lluita contra el Tràfic de Persones, la Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu o la Directiva 2004/81 del Consell de la Unió Europea relativa a l'expedició d'un permís de residència a nacionals de tercers països que siguin víctimes de tràfic d'éssers humans.

El punt de partida d'aquestes mesures és positiu perquè reconeix a les víctimes un seguit de drets, com ara la protecció, la seguretat, evitar la revictimització, assegurar l'accés a albergs adequats, assistència mèdica, psicològica i material, assessorament jurídic i oportunitats d'educació i formació. També reconeixen el dret de les víctimes a no ser retornades a un altre Estat quan hi hagi risc greu que siguin sotmeses a persecució, tortura o altres formes de maltractament, i a sol·licitar i obtenir asil. Això és important en l'actual context de crisi de refugi: quantes de les persones que arriben a Europa responen a aquest patró d'explotació?

No obstant això, en el dia a dia, les víctimes de tràfic de persones es troben encara nombroses barreres i obstacles per accedir i gaudir plenament d'aquests drets. L'aprovació d'una Llei Integral de Lluita contra el Tràfic d'Éssers Humans i Protecció a les Víctimes donaria més garanties a les persones que pateixen aquesta enorme violació de drets humans. La transposició de la directiva europea és, sens dubte, una oportunitat per produir canvis i garantir els drets humans de les víctimes, però cal anar més enllà.

Una llei d'assistència i protecció a les víctimes de tràfic de persones suposaria una oportunitat per posar les persones en el centre. Proporcionaria a governs i administracions un marc d'obligacions estable i consolidaria alguns dels avenços que s'han produït en aquest àmbit en els darrers anys. El tràfic de persones és una gravíssima violació de drets humans. Veiem indispensable consolidar la perspectiva que situa les víctimes en el centre de tot i garantir aquest enfocament integral basat en drets humans.

A més, cal completar i enfortir-ne el caràcter integral assegurant que qualsevol aproximació al fenomen incorpora una clara perspectiva de gènere i d'infància perquè justament les dones i els nens i les nenes són la majoria de víctimes d'aquest delicte. El sistema actual encara no recull aquests aspectes i això fa que les entitats de drets humans i les administracions desconeguem l'abast i la dimensió quantitativa de la situació de nens, nenes i joves víctimes de tràfic.

La majoria de mesures impulsades en els últims anys han estat centrades exclusivament en el tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual: pensem que caldria destacar les altres dimensions del fenomen, com la mateixa explotació laboral, els matrimonis forçosos o l'extracció d'òrgans.

És molt important aplicar mesures a totes les formes de tràfic de persones, relacionades o no amb la delinqüència organitzada perquè no fer-ho podria contribuir a una major vulnerabilitat de les víctimes en termes de protecció, assistència i reparació que seria discriminatòria i contrària a les obligacions internacionals de protegir els drets humans d'aquestes víctimes.

El tràfic d'éssers humans és un fenomen complex i global, que exigeix una coordinació entre les polítiques que afecten a aquest fenomen i la llei integral en seria l'instrument ideal. Ara s'afavoreix la dispersió normativa i una heterogeneïtat en els conceptes i en les intervencions que té efectes considerables sobre les víctimes. Encara hi ha llacunes importants i aspectes que no han estat regulats, o que ho estan de manera confusa.

Aquesta futura llei hauria de ser l'instrument que, per exemple, doti de responsabilitat a un òrgan executiu perquè coordini totes les actuacions derivades de la detecció, identificació, protecció, actuacions policials i les mesures processals en la lluita contra el tràfic d'éssers humans. És una batalla que no pot fer cadascú per la seva banda.

Caldria, també, que el procés s'abordés amb participació de la societat civil. No ens hem de limitar, per empobridora, a fer una simple transposició de legislació que n'eviti la discussió parlamentària i el debat públic, perquè no estem parlant només de qüestions formals o de procediments legislatius. Estem parlant de persones i de respectar i fer possibles els seus drets.

Nos estamos refiriendo a un crimen horrible. La trata de seres humanos –hoy, 25 de marzo, es el Día Europeo que nos recuerda esta lacra–, capta y transporta personas recurriendo a la amenaza, el uso de la fuerza, el rapto u otras formas de coacción o de abuso de poder, y siempre, no lo olvidemos, sacando partido de una situación de vulnerabilidad. Con finalidad de explotación, la trata de personas puede incluir la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, así como trabajos forzados, prácticas parecidas a la servidumbre o la esclavitud o la extracción de órganos.

En el ámbito internacional tenemos varios mecanismos para la lucha contra la trata de seres humanos, como el Convenio del Consejo de Europa sobre Lucha contra el Tráfico de Personas, la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y la Directiva 2004/81 del Consejo de la Unión Europea relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de tráfico de seres humanos.

El punto de partida de estas medidas es positivo porque reconoce a las víctimas una serie de derechos, como por ejemplo la protección, la seguridad, evitar la revictimización, asegurar el acceso a albergues adecuados, asistencia médica, psicológica y material, asesoramiento jurídico y oportunidades de educación y formación. También reconocen el derecho de las víctimas a no ser retornadas a otro estado cuando exista riesgo grave que sean sometidas a persecución, tortura u otras formas de maltrato, y a solicitar y obtener asilo. Esto es importante en el actual contexto de crisis de refugio: ¿cuántas de las personas que llegan a Europa responden a este patrón de explotación?

Sin embargo, en su día a día, las víctimas de trata todavía deben afrontar numerosas barreras y obstáculos para acceder y disfrutar plenamente de estos derechos. La aprobación de una Ley Integral de Lucha contra la Trata de Seres humanos y Protección a las Víctimas ofrecería más garantías a las personas que sufren esta enorme violación de derechos humanos. La transposición de la directiva europea es, sin duda, una oportunidad para producir cambios y garantizar los derechos humanos de las víctimas, pero hay que ir más allá.

Una ley de asistencia y protección a las víctimas de trata de personas supondría una oportunidad para poner a las personas en el centro. Proporcionaría a gobiernos y administraciones un marco de obligaciones estable y consolidaría algunos de los avances que se han producido en este ámbito en los últimos años. La trata es una gravísima violación de derechos humanos. Vemos indispensable consolidar la perspectiva que sitúa a las víctimas en el centro de todo y garantizar este enfoque integral basado en derechos humanos.

Además, hay que completar y fortalecer el carácter integral asegurando que cualquier aproximación al fenómeno incorpora una clara perspectiva de género y de infancia porque justamente las mujeres y los niños y las niñas son la mayoría de víctimas de este delito. El sistema actual todavía no recoge estos aspectos y así las organizaciones de derechos humanos y las administraciones desconocemos el alcance y la dimensión cuantitativa de la situación de niños, niñas y jóvenes víctimas de tráfico.

La mayoría de medidas impulsadas en los últimos años se han centrado única y exclusivamente en el tráfico de personas con finalidades de explotación sexual: pensamos que habría que destacar las otras dimensiones del fenómeno, como la misma explotación laboral, los matrimonios forzosos o la extracción de órganos.

Es muy importante aplicar medidas a todas las formas de trata de personas, relacionadas o no con la delincuencia organizada, porque no hacerlo podría contribuir a una mayor vulnerabilidad de las víctimas en términos de protección, asistencia y reparación que sería discriminatoria y contraria a las obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos de estas víctimas.

El tráfico de seres humanos es un fenómeno complejo y global, que exige una coordinación entre políticas que afectan a este fenómeno y la ley integral sería el instrumento ideal. Ahora se favorece la dispersión normativa y una heterogeneidad en los conceptos y en las intervenciones que tienen efectos considerables sobre las víctimas. Todavía hay lagunas importantes y aspectos que no han sido regulados, o que lo están de manera confusa.

Esta futura ley debería ser el instrumento que, por ejemplo, dote de responsabilidad a un órgano ejecutivo para que coordine todas las actuaciones derivadas de la detección, identificación, protección, actuaciones policiales y las medidas procesales en la lucha contra la trata. Es una batalla que no puede librarse en solitario.

Sería necesario, también, que el proceso se aborde con participación de la sociedad civil. No debemos limitarnos, por empobrecedora, a realizar una simple transposición de legislación que evite la discusión parlamentaria y el debate público, porque no estamos hablando sólo de cuestiones formales o de procedimientos legislativos. Estamos hablando de personas y de respetar y hacer posibles sus derechos.