Ahora que llegan las vacaciones, es momento de hacer balance y reflexionar sobre las dos propuestas legislativas en las que, desde las instituciones europeas, llevamos meses trabajando: la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales. Ambas supondrán una revolución en el comercio electrónico y la economía digital tal y como la hemos entendido y conocido hasta el momento.

Europa pretende convertirse en el primer continente en establecer obligaciones a las grandes plataformas que tienen una posición consolidada de liderazgo en el mercado y actúan como guardianes de acceso frente a empresas más pequeñas, que se encuentran en fase de desarrollo y cuentan con menos recursos y un cupo de mercado más pequeño.

Concretamente, la Ley de Mercados Digitales pretende ser una herramienta del mercado interior para disponer de normas armonizadas en el ámbito digital en todos los Estados miembros. Hoy en día, en Europa, casi el 24% del comercio en línea total se realiza de manera transfronteriza. Así, este nuevo reglamento cobra más sentido, si cabe, ya que los servicios no se limitan al territorio de un país en concreto. Además, existen Estados miembros en los que, actualmente, se siguen sin abordar las prácticas de conductas desleales de estas plataformas.

Esta propuesta pretende complementar las normas en materia de competencias nacionales y de la Unión Europea, respecto a las prácticas desleales. Estas normas de competencia son un mecanismo ex-post que primero investiga y después sanciona en caso de que se haya producido alguna competencia desleal.

Ejemplo de ello son las reiteradas multas que la Comisión Europea ha impuesto a Google: en 2017 se debía a su poder dominante en cuanto a las búsquedas; en 2018 fueron por las prácticas anticompetitivas con el sistema operativo Android; en 2019 se produjo por las prácticas abusivas respecto al sistema publicitario AdSense; y ahora, a finales de junio, la Comisión Europea anunció que va a iniciar una investigación para conocer si esta plataforma ha utilizado los datos de los usuarios activos para favorecer su tecnología de publicidad en línea, lo que supone una distorsión de la competencia. Los tres primeros procesos se encuentran todavía en los tribunales a la espera de ser resueltos.

Es por ello que la nueva Ley de Mercados Digitales es un mecanismo ex-ante que persigue el objetivo de mejorar y agilizar los procesos de competencia que, habitualmente, tardan varios años en resolverse.

La Comisión Europea presentó su propuesta en diciembre de 2020 donde recogía todos estos retos que deben ser debatidos en el seno del Parlamento Europeo y del Consejo con el fin de llegar a un texto final negociado entre las tres instituciones lo antes posibles.

Los grupos políticos del Parlamento Europeo ya han presentado sus distintas enmiendas sobre hacia dónde debe ir ese texto legislativo final. Se están produciendo debates muy interesantes que conllevarán negociaciones complicadas pero apasionantes en este reto. Tendremos que decidir sobre qué tipos de plataformas recaen en el ámbito de aplicación de este futuro reglamento, ¿se debe reducir únicamente a las grandes plataformas o tener una visión más a largo plazo e incluir nuevos servicios que ya estamos empezando a utilizar? En cuanto a las obligaciones, ¿hay que ser más restrictivos y establecer más normas de obligado cumplimiento? O, por el contrario ¿se debe seguir un procedimiento más caso a caso? Otro gran debate es el papel que deben jugar las autoridades nacionales de competencia que, al final, son las que, en un primer lugar, se encuentran con estas prácticas desleales ¿deben tener más poder? o ¿debe existir una visión europea más coordinada con un rol más central por parte de la Comisión? Son muchas las dudas por resolver y muchas las horas que quedan por debatir sobre estos y otros aspectos relevantes.

El sector digital mira a Europa, pero Estados Unidos también. Tenemos un gran desafío por delante y debemos ser capaces de ordenar este sector al igual que lo está el sector de la energía o el de las telecomunicaciones. Necesitamos normas que protejan a los competidores más pequeños, startups, pymes y, además, que protejan a los usuarios y consumidores que disponen de los bienes y servicios que estas plataformas les ofrecen. Un reto fascinante para Europa y para los europeos y europeas. 

El sector del juego online y las apuestas es un fenómeno en auge en toda Europa. La accesibilidad a internet, el fácil acceso a medios de pago digitales y la escasa regulación de este mercado facilitan su uso desde cualquier punto del mundo sin necesidad de ir al local del barrio. Así lo confirman los datos: 9 de cada 10 pacientes tratados por adicción al juego se hicieron adictos con prácticas online.

En los últimos años han aumentado las modalidades de juegos de azar promocionadas con una publicidad agresiva, vinculadas muchas veces a patrocinios deportivos, personajes conocidos y nuevos modelos de negocio como las apuestas online en directo en retrasmisiones de partidos, creando adicciones y patrones de comportamiento negativos para el público más joven.

Personas expertas en la materia han alertado del incremento de pacientes con cuadros clínicos similares a los que muestran la adicción a las drogas. También resaltan un cambio en el perfil del jugador: personas cada vez más jóvenes y más mujeres, dejando de predominar el perfil del hombre de entre 25 y 40 años.

En la Unión Europea, cada Estado establece su propia legislación, y cuestiones como las licencias de aperturas de casas de apuestas es competencia de las comunidades autónomas. A esta realidad hay que sumar que los países no tienen la obligación de publicar las estadísticas oficiales del juego, y de hecho son muy pocos los que las hacen públicas.

Por poner un ejemplo, Italia aprobó en 2018 el llamado “Decreto de la Dignidad” para regular el sector y prohibir los anuncios de apuestas online. En nuestro caso, en España, estamos viendo en los últimos meses como tanto el Gobierno como las comunidades autónomas y los ayuntamientos están legislando al respecto cuando se ha hecho patente la demanda social. Pero lo cierto es que el tema es de tal magnitud que la Unión Europea no puede permanecer inmóvil.

El preacuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos asume esta realidad social como una cuestión política, comprometiéndose a equiparar la normativa del juego a las del alcohol y el tabaco como mínimo, así como obligar a las casas de apuestas a incorporar medidas de información, gestión y limitación del consumo.

Asimismo, el Congreso de los Diputados ha aprobado una moción que ahonda en el acuerdo de los presupuestos para poner coto al sector del juego, y Gobiernos como el de Navarra han aprobado una moratoria para las licencias de aperturas de casas de apuestas.

Pero más allá de que cada país ponga en marcha su propia legislación, urge que la UE unifique criterios y legisle a nivel comunitario.

Ya en 2014, la Comisión Europea emitió una serie de recomendaciones para mejorar la protección de los consumidores en el juego online y el control de acceso a los menores. Aunque el Ejecutivo comunitario debería haber evaluado cómo los Estados miembros habían implementado estas recomendaciones, a fecha de hoy sigue sin hacerse, lo que supone que ni si quiera es posible conocer la situación real sobre la legislación del juego online en la Unión Europea.

También se creó un grupo de expertos de juegos de azar donde los Estados pudiesen intercambiar buenas practicas, pero los resultados de este grupo de trabajo han sido muy limitados.

Es una buena señal que entre las prioridades de la nueva Comisión Europea se encuentre la Era Digital y, sin duda, el sector del juego online y la creación de un marco regulatorio europeo en cuestiones fundamentales como la publicidad online será una de las primeras cuestiones que tendrá que abordar.

Porque el sector del juego online es el único ámbito digital que no forma parte del Mercado Único Digital, a pesar de que en el año 2020 el juego online será el 24.9% del sector.

Es hora de actuar, es el momento de poner en el debate europeo la necesidad política de legislar sobre el juego online, su publicidad y su modelo empresarial, porque como estamos viendo, tiene consecuencias lesivas para la ciudadanía, que corre el riesgo de desarrollar enfermedades como la ludopatía.

Los responsables políticos no podemos mirar a otro lado ni esperar a que salte la alarma social, tenemos que afrontar el problema y limitar estos modelos de negocio entendiendo que este tipo de juego no es un juego, sino una realidad social que crea dramas personales y tiene consecuencias negativas, muchas veces en los colectivos más vulnerables.

¿Cómo es posible que en 2017 una reivindicación para feminizar las instituciones a nivel europeo siga siendo tan inquietantemente necesaria? Recientemente, hemos asistido con horror a la promulgación de la ley rusa que despenaliza la violencia contra las mujeres o la defensa del eurodiputado polaco Janusz Korwin-Mikke de que las mujeres cobren menos por ser “más débiles y menos inteligentes”.

Estos aberrantes hechos nos ponen de frente con la poco alentadora realidad europea: el mandato del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, solo cuenta con 9 mujeres al frente de alguna cartera en el gobierno comunitario. 9 de un abrumador total de 28. ¿Cuál es la justificación de semejante diferencia? ¿La valía? ¿La escasez de mujeres con capacidad? No, por supuesto que no.

La realidad es que en una sociedad de estándares como la nuestra, con un estado del bienestar más que menos asegurado, aún hoy la mujer percibe un salario inferior al hombre en un 16% por cada hora trabajada, según datos difundidos por la Comisión Europea.

Pero ahí no acaba el drama. El continente que presume de altas cotas de igualdad y de tener la mayor sensibilidad hacia el papel de la mujer en la sociedad destina nada menos que unas pensiones un 40% más bajas a sus mujeres que a sus hombres. Por no mencionar el triste ejemplo de España, donde según la Oficina del Parlamento Europeo la brecha era del 36,1% en el año 2014.

La vulnerabilidad y la dependencia económica que sufren tantas mujeres en el mundo, y también en la Unión Europea, es una cuestión de primer orden que nos vemos obligados a recordar cada día 8 de este mes.

Según el índice de Igualdad de Género de la UE, una herramienta útil para la supervisión de las políticas públicas de igualdad en el tiempo, las áreas más problemáticas para la mujer se enmarcan en la dimensión del acceso a los puestos de poder y en la conciliación. La igualdad de género es todavía una realidad lejana en los 28 estados miembros.

Es cierto que esta cuestión está en la agenda política global, pero las buenas intenciones no bastan si no sirven para cambiar la realidad. En este sentido, todavía está por evaluar el efecto de la Cumbre de las Naciones Unidas de septiembre de 2015 que aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta señala el reto de “lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.

Pero, sin duda, el drama prioritario en el que Europa y los Estados miembros tienen que focalizar su máximo esfuerzo es en la lucha contra la violencia machista. El informe de la Agencia de derechos fundamentales de la UE de 2015 destacó que 64 millones de mujeres han sido víctimas de violencia de género. Sí, 64 millones, más que la población de un país como España.

La Unión Europea debe ponerse en pie antes estos datos y liderar en el mundo esta lacra, al igual que ha hecho con políticas como las de la lucha contra el cambio climático. Si sabemos que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la Unión Europea consagrado en los Tratados deberíamos conseguir que se no se quede simplemente en papel mojado.

Por ello, los retos que la Unión Europea tiene que abordar en materia de igualdad género deberían poner el esfuerzo en el incremento de la participación de la mujer en el mercado laboral, la reducción de la desigualdad de salarios y pensiones por razón de género; la lucha contra la lacra de la violencia de género y la protección y el apoyo a las víctimas. Pero las políticas que debe diseñar Bruselas no solo deben centrarse en lo grande, también en lo pequeño: el objetivo tiene que ser que llegue el día en que el camarero no sirva el refresco a la mujer y la cerveza al hombre sin preguntar.

“Mejor Europa” es pasar de las intenciones que se quedan en el buenismo a las políticas concretas. Necesitamos aplicar a las instituciones lo que en su día proclamó el Dalai Lama, “me llamo a mí mismo hombre feminista”. Necesitamos unas instituciones feministas. Feminicemos Europa.