La pandemia nos ha puesto una vez más frente al espejo. Nuestra vulnerabilidad ha aparecido con toda su crudeza. A las tremendas cifras de vidas segadas por la COVID-19 se suma una crisis económica y social en la que no podemos tener muy claro si hemos tocado fondo o todavía seguiremos cayendo. Pero esa vulnerabilidad, falta de resiliencia o de sostenibilidad, se acrecienta insoportablemente cuando vislumbramos las condiciones tan desventajosas en las que, si no hacemos nada muy diferente y urgente, o sea disruptivo, vamos a enfrentarnos a la pandemia del cambio climático…. con el riesgo de convertirse en tragedia a tenor de la aparición ya de señales inequívocas de cambios no lineales, al acercarnos al 1,5ºC de incremento de la temperatura media global, y al mismo tiempo observamos demasiados signos de que vamos a seguir haciendo las cosas como siempre. Lo paradójico es que frente a esa inercia continuista podemos argumentar que estamos ante una gran oportunidad para abordar una reconstrucción que tenga como pilar la generalización territorial de la sostenibilidad. 

Parece una obviedad recordar la necesidad de hacer las cosas de forma diferente, pero desgraciadamente hay que repetirlo cada día porque estamos viendo, en las primeras iniciativas adoptadas y en algunos discursos, un intento de volver a apostar por los modelos que nos han llevado a esa situación de vulnerabilidad. El esfuerzo de los veintisiete para llegar a un acuerdo para aportar importantes recursos financieros con los que hacer frente a la situación puede ser baldío si estos no se dirigen adecuadamente como podemos temernos a la luz de determinadas iniciativas, declaraciones y actitudes o, mejor dicho, si se trata de torcer la condicionalidad de esos fondos: sostenibilidad (incluso regulada por el reciente Reglamento Comunitario 852/2020 sobre inversiones sostenibles), digitalización y educación.

Mirando en nuestra casa, resulta casi kafkiano escuchar a ciertos dirigentes clamar por “dónde está lo mío”, como si la administración de los fondos acordados por la Unión Europea solo fuera una cuestión de reparto. Y no es así. En lugar de preguntar por lo suyo, es el momento de presentar lo tuyo, poner sobre la mesa proyectos concretos, apuestas sólidas, compromisos inequívocos con la sostenibilidad (con la energía como vector esencial) y con la digitalización para compartir conocimiento.

En los fondos aprobados por los estados miembros de la UE, con la eficaz gestión de la Comisión para hacer posible el acuerdo, hay un elemento fundamental que algunos parecen olvidar: no son fondos para tapar agujeros o para ir tirando, haciendo lo de siempre. No, esta vez hay una condicionalidad que, efectivamente, tiene un eje verde horizontal, la sostenibilidad, y otro, la digitalización, para dar un impulso decisivo a la innovación y a la educación. Esa condicionalidad va a tener un guardián exigente en los servicios jurídicos de la Comisión, dirigidos, por cierto, por el español Daniel Calleja desde el pasado mes y hasta entonces Director General de Medio Ambiente. Los fondos “pintan verde” y no se van a poder pintar de verde, como muchos planean seguir haciendo, y nos interesa a todos que así sea: nuestro futuro está en juego.

Sí, la salida es un “salto verde”, un green leapfroging, para escapar antes de que sea demasiado tarde de esa cacerola en la que nos estamos cociendo como le sucede a la rana de la fábula. 

Tenemos la oportunidad de reconducir sectores, muy poco sostenibles en muchos aspectos actualmente, como el Turismo, la construcción-urbanización del Territorio o el Transporte, “las tres Ts”, que efectivamente han sufrido, están sufriendo, especialmente las consecuencias de la pandemia. Pero la reconstrucción no es recuperarlas al estado pre-pandemia sino reorientar fuertemente estas actividades hacia patrones con futuro, más sostenibles, lo que hoy evidentemente no es el caso, incluyendo su redimensionamiento dentro de una economía necesariamente más diversificada y multifuncional. 

No cabe duda de que para la construcción de un nuevo escenario más resiliente y sostenible es clave maximizar su territorialización o réplica generalizada en el territorio. Es esencial tanto para optimización del escenario como para la cohesión territorial y ahora es posible por el acceso en cualquier punto a dos recursos clave: por un lado, la energía y, por otro, la información-conocimiento ahora distribuibles y a costes accesibles gracias a las energías renovables, a internet, a diversas infraestructuras que hacen posible la digitalización. Todo ello nos permite crear nodos, asentamientos, municipios y sobre todo comarcas (como unidades funcionales y orgánicas, asimilables a los ecosistemas maduros) y niveles progresivos de agregación, con socioeconomías multifuncionales y diversas que con una creciente autosuficiencia conectada conforman un territorio inclusivo, un territorio red. 

Ambos conceptos, sostenibilidad y digitalización, bien distribuidos, no solo facilitarán la inclusión territorial sino también políticas más cercanas e integradas en ámbitos más reducidos para actuar sobre las necesidades de los ciudadanos y optimizar el uso de recursos, hablamos de economía circular, por ejemplo.

Aunque muchas veces se olvida, nuestro país tiene un gran activo: su territorio. Tenemos espacio y, en contra de lo que se pueda pensar, “la España vacía” es un gran activo (la pandemia ha mostrado que el verdadero lujo es el espacio) con un gran potencial en primer lugar para sus habitantes —que no se olvide esto— con la naturaleza como referencia y recurso no negociable. 

Esta inclusión territorial sostenible sí que vertebra el territorio y no las grandes infraestructuras que llevadas a la demasía como la Alta Velocidad acaban por conectar, pero ni vertebran ni incluyen. Por cierto, en este tema de la AV hay 75.000M€ (suponen más de la mitad de lo que podríamos obtener del Fondo de Recuperación UE) pendientes de inversión que, según la Fiscalía, pueden y deben tener mejor destino.

Esta Reconstrucción con sentido, ilusionante, y cargada de futuro, prospectiva, supone como tal un RIP para el mal llamado modelo socioeconómico pre-pandemia, incluye respuestas que ya deberíamos haber tomado de forma urgente ante el desafío del cambio climático y que ahora se vuelven tan apremiantes con la agravación del calentamiento global y su acumulación con la pandemia, respuestas que son forzosamente disruptivas y que son probablemente nuestra última oportunidad para dar ese paso que siempre tuvimos que dar aunque no hubiera habido ni cambio climático ni pandemia. Porque si no es ahora, ¿cuándo?

Aunque algunos reivindiquemos que en ciertos aspectos 'contra Trump podemos vivir mejor', hay que reconocer que al mundo no solo le iría mucho mejor sin Trump sino que el mundo no se lo puede permitir. El presidente Trump se merece un juicio sumarísimo de los habitantes del planeta. Se lo merece por toda su irresponsable política internacional y por su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París y de los compromisos que implica en cuanto a reducción de las Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de EEUU, como segundo país más contribuyente, iniciativa que afecta al futuro de todos nosotros y no sólo de los estadounidenses.

Se merece un juicio que debería escenificarse al más puro estilo de los que podemos ver en las películas americanas y que se inician con el solemne “el Estado X contra el ciudadano” y que en este caso sería “el mundo contra el ciudadano Trump”; un juicio por su conducta y sus gravísimas consecuencias, al menos en grado de tentativa.  

Ahora bien, sabiendo lo dilatado de un proceso de estas características y que su resolución podría llevarnos a cuando el incremento de la temperatura media global supere ya los 1,5ºC, y hasta los 2ºC, deberíamos abrir en paralelo otras vías alternativas para conseguir, lo antes posible, que EEUU no se retire del Acuerdo de París o, mejor aún, que se retire Trump y con ello que EEUU honre su compromiso.  

Otro proceso más inmediato, puesto que en este caso el delito empieza a ser ya evidente, es denunciar a EEUU por “dumping ambiental” ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) tan querida por Trump. La base es simple ya que, según ha argumentado el presidente norteamericano, la reducción de las emisiones, la descarbonización de su energía tiene altos costes para la economía americana y eso significa que el no hacerlo, siempre según Trump, supone una reducción de costes para la industria y los bienes que exporta EEUU, recurriendo al ventajismo del incumplimiento de sus exigibles responsabilidades en el cambio climático.

En cualquier caso, este proceso tampoco tendría un efecto suficientemente rápido –aunque no por ello debemos descartarlo– como para conjurar desde ya los efectos negativos de tan nefasta decisión y su posible contagio, es decir, para parar la “epidemia Trump”, epidemia que, por el momento, no es previsible que se convierta en pandemia.

Quizás lo mismo que Trump apela al mercado y a la posible fijación de gravámenes a la importación de bienes y servicios que, según Trump, se hace en situación ventajista y de competencia desleal con los de EEUU, podríamos imponer, al menos en la Unión Europea, gravámenes sobre los productos y servicios de EEUU por la parte que les corresponda de las toneladas equivalente de CO2 en demasía que EEUU se permitirá en el caso de no respetar ni siquiera su compromiso de reducción de emisiones  del Acuerdo de París.

No estaría mal empezar a calcular lo que esto significaría en gravámenes para que EEUU y el presidente Trump lo tuvieran en cuenta al evaluar los impactos de su salida de este Acuerdo.

Para blindar una medida de este tipo solo tendría que cumplir dos criterios que según la jurisprudencia se exigen a las barreras al comercio por razones de protección ambiental: que sea proporcional con la protección buscada, en este caso proporcional  a la reducción de emisiones que no se producirán y que, además, se consideran insuficientes para el efecto buscado de minorar el incremento de temperaturas, y que no sea discriminatorio, para lo que bastaría con exigir lo mismo a las importaciones de Siria y Nicaragua que no firmaron el Acuerdo de París si es que es aplicable debido a su menor contribución al cambio climático.

Finalmente quedaría por explorar la posibilidad de apelar a algo en lo que los ciudadanos somos omnipotentes y con efecto inmediato si nos unimos en nuestro papel como consumidores y más en el mercado global y frente a productos o servicios de carácter global, pero, sobre todo, si se trata de brands, marcas reconocibles o señeras para su economía, y, en este caso, necesariamente de origen norteamericano.

Este camino que finalmente se traduce en el boicot a ciertos productos y servicios con el ánimo de torcer decisiones que se consideran, como en este caso, que tienen un impacto ambiental y social alto, y en el que los ciudadanos no encuentran otro camino que actuar como consumidores, es un tema delicado por lo que solo me permito identificar algunos precedentes que podrían crear las bases de acciones concretas para intentar torcer la decisión de Trump de dejar el Acuerdo de París.

Me viene a la memoria el caso de la Plataforma “Brent Spar” cuyos restos (14.500 Tn) Shell quiso hundir en el Mar del Norte con el permiso del Reino Unido. Greenpeace pasó a la acción y su pancarta desplegada encima de la plataforma enfrentándose a cañones de agua despertaron protestas en toda Europa que se tradujeron en pérdidas en las ventas de las gasolineras de Shell, algunas de las cuales mermaron en hasta un 50%, lo que creó tal presión que la petrolera finalmente desguazó la plataforma en tierra. Además, como consecuencia de esta acción, la Convención OSPAR para la protección del medio marino del Atlántico Noreste votó una moratoria sobre la eliminación en el mar de instalaciones de petróleo y gas que sigue en vigor.

Me viene también a la memoria la implicación del Gobierno de EEUU con sus marcas y en particular con las bebidas de cola. Hace cuatro años, ante la inminente aplicación por parte de la Generalitat de un impuesto sobre las bebidas azucaradas, bastó una reunión del entones embajador norteamericano, Solomont, con el entonces president Mas, para mostrarle el malestar de los fabricantes de bebidas refrescantes de su país incluyendo marcas, brands, tan valoradas mercantilmente como las “colas” y de su efecto sobre posibles inversiones de empresas de EEUU en Cataluña para que dicha propuesta fuera retirada, aunque la Generalitat siempre negó que esa fuera la causa.

Parece posible que acciones bien orquestadas y proporcionadas de los consumidores podrían tener un efecto disuasorio más inmediato. Acciones de cara a los productos energéticos, en particular combustibles y carburantes fósiles procedentes de empresas de EEUU, que en principio estarían favorecidas por la decisión de Trump de no descarbonizar como estaba previsto la economía de su país (aunque bastantes de ellas se han posicionado en contra de dicha decisión), o sobre brands o marcas muy reconocidas como son las “colas” y que en EEUU parece considerarse cuestión de Estado.

Este es un asunto delicado y que dejo en la fase propositiva a personas u organizaciones más experimentadas en el activismo desde el consumo y cuyas asociaciones, por cierto, según la legislación española, no pueden participar en tales iniciativas.

Lo que sí está claro es que todos debemos contribuir a hacer lo posible para que no sea posible que Trump se salga con la suya, por lo que bien merece explorar todas las alternativas. No hacerlo sería una irresponsabilidad. Tenemos que evitar, glosando a Joaquín Estefanía, que nuestros nietos o sobrinos nietos… nos digan “abuelo ¿cómo pudiste permitir esto?”.

Si Estados Unidos se equivoca sobre dónde está el futuro, la Unión Europea debe aprovechar la ocasión para liderar la sostenibilidad empezando por la energía

Espero no descubrir nada si empiezo afirmando que la principal ventaja de Estados Unidos, que no es otra que su capacidad para llegar antes, para ser el primero —“the first”—, ha sido porque siempre decidía donde había que estar. Desde la Segunda Guerra Mundial ellos han determinado donde teníamos que estar todos: ya sea en armamento y tecnología nuclear, en petróleo-petroquímica-automóviles, en Internet y TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), en la industria del cine o en estilos de vida como la comida rápida-basura, las bebidas de cola, ... y todo lo que podamos imaginar.

Quizás la excepción han sido las industrias del “buen vivir” y del lujo, vinos y comida gourmet, moda, diseño, cosmética... en las que la vieja Europa ha seguido decidiendo y liderando. También es excepción otro ámbito que viene a cuento al hablar de energía: me refiero a toda la industria de las renovables porque, como ya sentenciaba The Economist en 2006, la Unión Europea ha conseguido una ventaja significativa —“a competitive edge”— simplemente por haber roto la “condicionalidad” de EEUU y haber firmado en su día, aún sin ellos, el Protocolo de Kioto.

Con esa firma Europa decidió que había que entrar en el prometedor sector de las renovables como escenario inexorable de futuro, reconocido más tarde, en abril de 2010, por el propio Obama, como el sector que capacitaría al país que lo desarrollara para liderar el Siglo XXI y que permitió —y permite— una presencia dominante en EEUU de la industria europea, incluida la española (a pesar de no vender una escoba en casa).

El Presidente Trump, al declarar su intención de salir del Acuerdo de París, de relajar las, según él, sinsentido normas ambientales para promover otra vez el carbón, relanzar los oleoductos … y, en general, las energías fósiles y nuclear, intenta una vez más decidir dónde hay que estar y así conseguir su “America first”, aunque esta vez condenando a EEUU a llegar primero, sí, pero donde no hay que estar.

Desde la UE no debíamos disputarle este privilegio y aspirar simplemente a estar en el futuro inexorable de la energía sostenible, descarbonizada, desnuclearizada y basada en la eficiencia y las renovables, es decir, aspirar simplemente a ser los mejores —“simply the best”— y con ello también a decidir y llegar primero, aunque donde hay que estar.

Esta apuesta de futuro ya lanzada por la UE con el proyecto de “Unión Energética” del Presidente Juncker solo tiene una limitación, la falta de ambición como ha mostrado la Fundación Renovables en sus propuestas. Falta de ambición por estar siempre atemperada por la condición de que otros países industrializados —EEUU en particular— le sigan en objetivos más ambiciosos. Falta de ambición porque se teme el –demostrado como falso— factor de competitividad asociado a mayores exigencias ambientales, como ahora esgrime equivocadamente Trump. Falta de ambición porque la limitan los Estados miembros de la UE que verían en la Unión Energética un paso más en la comunitarización de las políticas europeas, o en el “más Europa”; sí, porque todo apunta a que la energía convertida en una verdadera Política Común (con más razones que la agrícola (PAC), que sin duda ha sido una señal de identidad de la UE) podría ser una de las claves para reforzar y relanzar a la Unión Europea.

El Reino Unido, por su parte, ha sido un freno a la comunitarización de las políticas de la UE, en particular las sociales, laborales, económicas, fiscales …, en las que ha impuesto de facto una Europa de dos velocidades “reactiva”, ya que el peso de los británicos hacía que el grupo de países “más lentos” de la UE fueran los que imponían el ritmo. En general, ha sido un freno a “más Europa”, como queda patente también en el caso energético, con su firme oposición, por una parte, a objetivos vinculantes, sobre todo en materia de participación de las renovables en el mix energético (defensa a ultranza del principio de neutralidad tecnológica, que permitiría alternativamente la tecnología nuclear para reducir emisiones aunque no respete el principio de sostenibilidad), y, por otra, su desacuerdo con los impuestos energéticos comunitarios (que requieren unanimidad) propuestos por la Comisión y que son elementos clave para una Unión Energética ambiciosa.

En este contexto la confluencia de Trump y el Brexit podría convertirse en una oportunidad clara para avanzar en la integración Europea, como se ha planteado ya en la Cumbre de Versalles del 6 de marzo, incluyendo mas políticas comunes en materia de seguridad, defensa y economía (¡el Presidente Rajoy se ha desperezado hablando incluso de un Presupuesto Común!) y propugnando, esta vez, una UE de dos velocidades pero “proactiva”, en la que sean los más pro europeos los que impongan el ritmo al no estar ya el Reino Unido en el furgón de cola.

Este contexto de revitalización del sueño europeo auspiciado por la Cumbre de Versalles para avanzar en lo que Manuel Castell calificó como el primer Estado Red, es el marco ideal para reivindicar una Unión Energética ambiciosa como uno de los vectores de cambio, que permita a la UE, y a sus Estados miembros, abordar una transición energética con ventajas de todo orden: socioeconómicas, ambientales, en innovación, en competitividad … y clave para reforzar el proyecto europeo y “renovarse con las renovables” como se propone desde la Fundación Renovables.

La respuesta la tendremos, en lo que se refiere concretamente a la energía, en el resultado del debate en el Parlamento Europeo y en el Consejo del llamado Paquete de Invierno propuesto por la Comisión que incluye propuestas legislativas para conformar la Unión Energética y que por el momento y en su actual redacción confirma esta falta de ambición.

Para España, que en estos momentos solo puede contar con el empuje de la UE para salir de la desgobernada y desnortada política energética del Gobierno actual, una Unión Energética ambiciosa parece la única esperanza para no perder el tren del futuro mientras la oposición, orientada al cambio, no se ponga las pilas y ejerza su mayoría en el Congreso de los Diputados.