En las últimas convocatorias electorales lo que venimos a conocer como “izquierda” -espacio político donde serían ubicados los dos autores de este artículo- han sufrido importantes varapalos.

En Andalucía encontramos la última y tal vez más cruda de sus expresiones. Además, dicho varapalo no es exclusivamente electoral; no se requiere ser un avispado analista social para constatar la desconexión que una parte importante de la ciudadanía ha hecho en relación a las izquierdas en plural.

Es una tendencia y ni los lamentos ni la culpabilización a la sociedad (del tipo “la sociedad se derechiza”) conseguirán revertirla. Tampoco los llamamientos a la “unidad de la izquierda” devienen solución, tal y como se ha comprobado en Andalucía: la agregación de debilidades no suma. De derrota en derrota no se llega a ninguna “victoria final”; más bien instalamos en un “bucle melancólico” a las personas que, con todo su entusiasmo, participaron en la enésima plataforma electoral “unitaria” a través de la cual se suponía que conseguiríamos conectar con una mayoría social. La fijación por la “unificación”, desligada de cualquier criterio de eficiencia electoral, responde al impulso emocional de “agruparnos todos” (los que pensamos más o menos igual), en lugar de abrirnos a nuestro entorno en sentido amplio. Ademas engarza con una limitación radical que subyace en el discurso de la “izquierda conservadora”: su desconfianza en el pluralismo político.

Este es otro síntoma, no menor, de la desconexión con una sociedad que se caracteriza por su diversidad y su complejidad, una sociedad que hace de la heterogeneidad una de sus fortalezas y potencias. La fórmula para salvar esa distancia no es por tanto ni la unificación ni obviamente el hecho de insistir en encastillarse en un rincón del tablero político. Pretender conectar con las mayorías sociales pasa por volver a referirse a la vida cotidiana y abrirse a toda su complejidad. Dar la batalla a los discursos falsamente liberales del sálvese quien pueda y proponer políticas públicas que faciliten la vida de la gente.

La bandera de los sectores progresistas debe ser otra vez la de la felicidad y el bien comunes, retomando y revitalizando la aspiración ilustrada “a la felicidad de todos” (y de todas). Aspiración que encontró, tiempo atrás, traducción política en la declaración de los derechos humanos y las primeras constituciones liberales frente al absolutismo.

La izquierda a la izquierda de la izquierda interpela, en el mejor de los casos, a poco más del ese 10% del electorado que, algunas veces por identidad y otras por descarte, le vota. Los resultados saltan a la vista. Se requiere salir de las trincheras reinventando de arriba abajo los dispositivos a fin de tratar de conectar, no con un 10%, y sí con los deseos y aspiraciones de las mayorías sociales. La obsesión, convertida no pocas veces en pasión triste, por ser tan de izquierdas, debería dejar paso a otra obsesión y, esa sí, pasión alegre: convertirse en una cosa infinitamente más útil, esto es, ni más ni menos, convertirse en una herramienta para mejorar la vida de las personas .

Es más necesario que nunca. Vivimos tiempos complicados y grises con enormes tasas de desigualdad social, con una emergencia climática cada vez más acuciante, junto a una precarización de la vida asfixiante para crecientes capas de la población.

Por ello, la defensa de los derechos y libertades es hoy uno de los ejes del proyecto progresista frente al absolutismo de los mercados y las corrientes reaccionarias.

El desprecio por las aspiraciones individuales o el llamamiento constante al “sacrificio” del día a día en aras de un futuro mejor no ayudan a realizar la necesaria conexión con las mayorías. Frente al absolutismo de los mercados y las salidas en falso que ofrece la ola reaccionaria, el proyecto progresista debe asumir como elemento central la defensa de los derechos y libertades de cada uno y cada una, la posibilidad de vivir libres tal y como somos, en una sociedad de hombres y mujeres libres.

Frente a los discursos reaccionarios que contraponen los derechos de unos a los derechos de otras, tenemos que reconstruir la ciudadanía como comunidad de sujetos de derechos: mis derechos y mi libertad no se contraponen a los derechos y libertades de quienes son diferentes a mí, sino que son su condición. Si somos capaces de articularlos de manera virtuosa estaremos construyendo un espacio político que interpela a las mayorías. Si los movimientos reaccionarios están siendo capaces de encadenar los agravios y temores de quienes sienten que están perdiendo algún privilegio a causa del avance en derechos de diferentes sectores (mujeres, migrantes, LGTBIQ+), el proyecto político progresista debe ofrecer un espacio de esperanza para el disfrute de esos derechos civiles, para el libre despliegue de la diversidad en todas sus dimensiones.

Esto nada tiene que ver con la satisfacción a cualquier precio de los deseos individuales, con la irresponsabilidad y el inmediatismo. Al contrario, está libertad debe vincularse a la seguridad de una base material que nos permita disfrutarla en un marco de igualdad: la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias y el desarrollo de una transición ecológica socialmente justa dan un nuevo sentido a medidas como la reducción del tiempo de trabajo, el fortalecimiento y la modernización de los servicios públicos, la instauración de nuevos derechos como la renta básica y la reforma fiscal en sentido progresivo (que paguen de una vez por todas los que más tienen).

Esperanza y realismo en pro de un futuro mejor, necesario y posible. Una posibilidad que pueda enunciarse y que sirva de proa y acicate. Un futuro mejor obviamente realista y obviamente para las mayorías. El 15 M y el primer Podemos representaron la mayor conexión en las ultimas décadas de un proyecto de avance democrático con una mayoría social; entonces ese proyecto supo salir del margen izquierdo del tablero político, abandonar esa identidad para apelar directamente a las mayorías.

En algún momento posterior eso se perdió, se volvió a la identidad y a la trinchera, y allí están los resultados. Solo Más Madrid (segunda fuerza en la Comunidad y primera fuerza en el Ayuntamiento de Madrid) y Barcelona En Comú (primera fuerza en la ciudad de Barcelona en elecciones municipales) han tenido un desarrollo mucho menos equiparable con la izquierda tradicional. Deben por tanto analizarse esas dos experiencias mucho menos ideológicas y más enraizadas en las problemáticas reales de la vida de las personas.

Las victorias electorales de Gustavo Petro en Colombia y la de Gabriel Boric en Chile nos ofrecen en coyunturas muy distintas ejemplos esperanzadores. En ninguno de estos casos se ofrecía un programa de “izquierdas”, sino una ruta inclusiva para toda la sociedad, un momento constituyente con nuevas políticas de bienestar que favorecerán a la mayoría, no a los suyos.

Un dispositivo diferente, y del cual también debemos tomar nota y aprender, es el que nos ofrecen los Partidos Verdes a escala europea (Alemania, Holanda, Escocia…), partidos que elección tras elección tienen mejores resultados y lo hacen siempre pivotando, de forma muy realista y pragmática, sobre las áreas de justicia ecológica y social en el ámbito donde se dan todas las batallas del presente, la Unión Europea.

Cuando hablamos de la posibilidad y la necesidad de articular diferentes proyectos y anhelos en un horizonte común de futuro, la sociedad civil activa es una referencia obligada. Existen potentes movimientos sociales y ciudadanos en nuestras sociedades que transforman valores y que lo hacen transversalmente, y de nuevo sin apelar a ninguna trinchera e identidad de izquierda. El caso más significativo en los últimos años ha sido sin duda el movimiento feminista, pero no podemos perder de vista el movimiento de justicia climática ni las muchas expresiones que adopta la reivindicación de justicia social y bienestar material: el movimiento por el derecho a la vivienda, los movimientos de las personas que tienen una vida dependiente y también el de las personas mayores que exigen mejores pensiones, y las movilizaciones en defensa de la sanidad y los servicios públicos frente a las políticas de abandono desplegadas por los gobiernos de la derecha.

Además, en nuestro país adquieren un peso particular los movimientos territoriales que demandan mayor descentralización de los poderes, que apuntan a una federalización del modelo territorial y que tienen una componente de avance democrático, en el sentido en que se orientan a una dispersión y reparto más justo del poder político y la capacidad de decidir y disponer de los recursos.

Aprender y serles útiles, no retóricamente, sino de forma efectiva convirtiendo sus demandas en políticas públicas realistas es parte del camino que debemos hacer.

Finalmente, sería prudente dejar de criticar a los votantes del PP o a los votantes de grupos nacionalistas. Ni son fascistas ni se les parecen. Muchos de ellos en algún momento tuvieron simpatía por el 15M, ven con buenos ojos la transición ecológica, les parecen fatal las enormes desigualdades sociales y temen que efectivamente el dinero y no los méritos sea un requisito para tener una vida mejor. Pero les votan. Y lo hacen porque una parte de esas derechas y de los nacionalismos han sido capaces de ofrecer horizontes de futuro. Seguramente son horizontes implausibles y desubicados de un mundo irreversiblemente global y falsamente meritocrático.

Versiones, unas más duras que otras, pero al fin y al cabo versiones de la guerra de todos contra todos: me preocupo de los “míos” y me olvido de los “otros”. Un horizonte en definitiva malo, pero un horizonte al fin y al cabo.

Un espacio político progresista, con vocación mayoritaria, debe construir horizontes de esperanza no para los “nuestros”, sino horizontes donde quepamos todos y todas. Capaces de dar respuesta a la pluralidad de esperanzas, pero también a los temores e inseguridades presentes en nuestros días. Un proyecto de mayorías a partir de una relación con los otros que parta, no de la dominación ni de la guerra de unos contra otros, sino de “la consideración”, del reconocimiento mutuo en la construcción de un mañana común con horizontes realistas.

Lo diremos otra vez: la sociedad civil global, gestada en la globalización de las comunicaciones y en la movilidad de las personas, sabe que los problemas planetarios (lucha contra la pobreza y por nuevos derechos de ciudadanía, emergencia climática, libertad de movimiento...) solo son abordables desde instituciones a escala global que, en nuestro caso, tienen su primera estación en la Unión Europea.

Las pequeñas patrias, incluidos los Estados, son insuficientes para algunos de los principales retos del siglo XXI. ¿Lo diremos claro en los próximos tiempos? ¿Sabremos ser útiles a esa sociedad civil, global y europea?

Hay quien lleva hasta las últimas consecuencias aquello de que la verdad es una ficción útil. El programa de gobierno de Almeida y sus compañeros de viaje se ha basado en la negación y en la destrucción del legado de nuestro anterior mandato. Tres años después de su toma de posesión, Almeida no ha sido capaz de abandonar el papel de oposición al anterior gobierno municipal y de orientar la mirada al futuro.

En el pasado, la derecha que gobernaba Madrid tenía un proyecto claro que desplegó sin escrúpulos y transformó la ciudad. Las consecuencias las pagamos (y las seguiremos pagando) durante décadas. Desde luego, no era un proyecto para transformar la ciudad teniendo en cuenta los intereses de las mayorías sociales, la protección del medio ambiente o un mejor acceso a los servicios públicos, pero, sin duda, había un proyecto de futuro.

El alcalde sufre una obsesión por el anterior mandato, es como si se hubiera creído su propia propaganda en las versiones más caricaturescas. Comparte, además, con la derecha radical en la que se apoya, un desprecio por los datos, por una aproximación científica y objetiva a la realidad. Es, en esencia, negacionista.

En esa línea, su último asalto y negacionista lo ha sufrido el Índice de Vulnerabilidad Territorial, elaborado por la Universidad Carlos III en base a diversos indicadores (tasa de inmigración, esperanza de vida, nivel de estudios, renta, tasa de paro, parados sin prestación, tasa de demanda de dependientes, familias perceptoras de renta mínima, entre otros). Dichos indicadores ordenaban los barrios de Madrid en función de su vulnerabilidad, es decir, de las circunstancias que concurrían y hacían que sus vecinos tuvieran menos oportunidades y servían para distribuir los recursos del Fondo de Reequilibrio Territorial. En base a ese índice, los cinco distritos más vulnerables de Madrid son, en ese orden, Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel y Latina, y los barrios más desfavorecidos San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) y San Diego, Entrevías y Portazgo, todos ellos de Puente de Vallecas.

El actual equipo ha invertido 180.000 euros en sustituir el mencionado índice por otro nuevo que ha denominado Iguala. En teoría, el nuevo estudio ha permitido introducir nuevos indicadores y abordar con mayor precisión un problema tan complejo como este. Desde luego, lo lógico es que un gobierno mire al futuro y ponga el foco en mejorar la tarea de sus antecesores.

Sin embargo, el resultado que arroja Iguala ilustra hasta dónde llega esa obsesión de Almeida: los dos barrios más vulnerables de Madrid son, según este índice, Ibiza, que escala 101 puestos en el índice de vulnerabilidad con respecto al anterior índice y Sol. Qué duda cabe. Estos barrios tienen problemas, problemas serios. Sin ir más lejos, la excesiva y desordenada ocupación del espacio público por la actividad hostelera, un problema que, lejos de solucionar, el gobierno municipal ha agravado. Pero, por más empeño que se le ponga, ni Ibiza ni Sol son barrios más vulnerables que San Diego, San Cristóbal o el Alto de San Isidro.

Por más empeño que ponga el alcalde, no se puede decir que el barrio más vulnerable de la ciudad por superficie de zonas verdes es Ibiza, situado frente a las 118 hectáreas del Parque del Retiro, o que este barrio, con una renta media de 48.000 euros, sea más vulnerable que San Cristóbal, cuya renta cae a los 20.000 euros. Llama cuanto menos la atención que consideren que los barrios de Salamanca son los más vulnerables en cuanto al número de niñas y niños con necesidades especiales y percepción de ayudas sociales.

Cuando se entiende que “el mercado” es, en sí mismo, el mecanismo óptimo para distribuir los recursos y que la intervención pública en este reparto no es más que una distorsión indeseable, los mecanismos técnicos para dotar de solvencia y rigor a la intervención pública se vuelven superfluos. La devaluación a la que el gobierno de Almeida ha sometido estos instrumentos es una cuestión puramente ideológica.

La desigualdad en nuestra ciudad es un asunto serio. Tiene que ver con las oportunidades con las que nos encontramos en la vida. Madrid es una ciudad injusta en la que centenares de miles de vecinos tienen, en función del lugar en el que viven, menos oportunidades. 

Décadas de experiencia nos dicen que el mercado por sí solo no hace más que radicalizar esta situación. Las instituciones públicas deben trabajar para solucionar este problema, y para abordarlo hace falta voluntad política, visión de largo plazo y rigor técnico. 

A pesar de lo que el lamentable ejemplo de cierto sector de la clase política puede hacernos creer, la política es el recurso que tenemos los hombres y mujeres para mejorar nuestra vida en común.

Por eso mismo, no debemos permitir que quienes hacen de ella una herramienta para medrar y utilizarla en su beneficio particular, nos la expropien.

El barrio es aquel trocito de ciudad en el que aún nos sentimos como en casa. El escenario donde se produce buena parte de nuestra vida cotidiana. Nuestros recorridos más frecuentes, nuestras interacciones más cercanas.

A pesar de los muchos cambios acontecidos en las últimas décadas, lo que ocurre en nuestro barrio sigue siendo de enorme importancia para determinar nuestra calidad de vida.

Más Madrid nació a partir de un proyecto municipalista, con una fuerte vocación de arraigo en el territorio. Como una fuerza política que quiere hablar de lo que de verdad importa. Y en buena medida, esto supone enfocarse en el barrio.

Esto, que hay a quien le puede resultar naif, tiene miga y fuertes implicaciones en la forma de entender la actividad política: la relación de la organización política con la sociedad, de quienes participan desde la base con quienes la representan en las instituciones, de las formas de comunicarnos con nuestro entorno.

La cercanía, transparencia, permeabilidad, proximidad, empatía y escucha deben presidir la manera en qué más Madrid está presente en la ciudad.

Reivindicamos la política, reivindicamos lo cotidiano, lo próximo. Reivindicamos la política barrio a barrio. Por ello estamos dedicando este mandato a escuchar, dialogar y llevar propuestas de nuestros vecinos en los barrios a las comisiones, Plenos de distrito y al Pleno de Cibeles.

Por todo ello, al trabajo más cotidiano y menos visible de ir construyendo y garantizando nuestra presencia organizada en cada distrito de Madrid, vamos a sumar una movilización permanente: Más Madrid Barrio a Barrio. 

En este proyecto que se desarrollará en el próximo año, nuestra gente activa, nuestras representantes institucionales y cargos públicos, y, en definitiva, el conjunto de la organización, recorremos cada uno de los distritos. Propiciaremos un encuentro con sus vecinos y vecinas, promoviendo el diálogo ciudadano, denunciando los problemas que sufrimos como habitantes de esos barrios y también, cómo no, celebraremos la ciudad que podemos ser y que ya está en marcha.

 Estas actividades tendrán más de fiesta y de asamblea que de mitin o acto político clásico.  Nos interesa la conversación, no el monólogo.

 Compartiremos problemas y buscaremos soluciones. Disfrutaremos en común de la música, el baile o el teatro. Viviremos el espacio público como un bien del que disfrutar juntos.

 Empezaremos en el distrito de Fuencarral, donde, al ritmo de la música, pasearemos por La Vaguada y hablaremos, precisamente, sobre el uso del espacio público. Sobre lo que está pasando con los espacios culturales en el distrito, los proyectos para el ocio juvenil, entre otras cosas. Tendremos ocasión de compartir estas reflexiones con concejales, diputados, vocales de las juntas de distrito, técnicos del grupo municipal de Más Madrid, etc. 

Semanas después iremos a Puente de Vallecas, donde hablaremos con los jóvenes del barrio sobre lo que se ofrece a la gente joven de nuestra ciudad. La reflexión en torno a las instalaciones será el eje de ese encuentro. No faltarán unas bases y un micro abierto para los freestylers que se atrevan a echarse unas rimas.

 Y así recorreremos Madrid barrio a barrio, acompañándonos y haciendo ciudad entre todas y todos, aportando ideas y soluciones y sumando fuerzas para que puedan hacerse realidad más pronto que tarde.

 No hay un minuto que perder. Nos espera un Madrid a la altura de quienes lo habitamos, pero no va a venir solo, hay que traerlo.

 Queda cada vez menos.

Un barrio con elevados índices de contaminación, un hospital infantil, un edificio que forma parte del ámbito declarado Patrimonio Mundial de la Unesco y en medio de todo ello, un macroparking innecesario, contaminante, desproporcionado y nocivo para el entorno, los vecinos y los pacientes del hospital. Cualquier gobernante preocupado por avanzar hacia la sostenibilidad y por cuidar de la salud y el medio ambiente no habría siquiera contemplado la posibilidad de construir un macroaparcamiento de 800 plazas en un centro sanitario. 

El macroparking proyectado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid choca frontalmente con la inclusión del ámbito del Retiro y Paseo del Prado en la lista del  Patrimonio Mundial de la UNESCO. La contaminación y los accesos de los parkings fueron precisamente uno de los principales escollos para que se declarara la zona Patrimonio de la Humanidad. 

Salud y contaminación son incompatibles. Sin embargo tanto la presidenta Ayuso como el alcalde Almeida siguen defendiendo la política de atraer coches y más coches al centro de Madrid, en vez de defender la salud de las personas y el patrimonio natural, histórico y cultural. En coherencia con su política de cero inversión pública en sanidad, Ayuso quiere financiar la necesaria obra de ampliación del Hospital Niño Jesús mediante la construcción de este parking absolutamente desproporcionado. Pero no podemos pasar por alto que este plan tiene un coste muy alto para nuestra salud y la de las niñas y niños que acuden al hospital.

Ante semejante despropósito, Almeida, que como alcalde debería no solo defender la salud y el patrimonio de los Madrileños (y en este caso de la humanidad), permanece en silencio a pesar de que Madrid es la ciudad europea con más muertes por contaminación, a pesar de las llamadas de atención de la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia Europeo por su ineficaz e insuficiente estrategia fake 360, y a pesar de las advertencias de la Unesco para rebajar la contaminación en el ámbito protegido… Sumisión y complicidad del alcalde que pagaremos caras.

Resulta incomprensible que dos de las instituciones promotoras de la candidatura de la Unesco se empeñen en perpetrar la agresión de construir un macroparking en el Hospital Infantil Niño Jesús, para financiar con fondos privados la ampliación del hospital en una operación que, por lo demás, presenta serias lagunas en lo que se refiere a su viabilidad económica, dada la ausencia de demanda de parking privado en la zona. A pesar de la cesión de 40 años de la gestión del parking,  es probable que la empresa que finalmente se hiciera cargo de la obra no obtuviera la anunciada rentabilidad, razón por la cual el concurso podría quedar desierto.

La licitación, iniciada en 2020, contó ya con numerosas irregularidades: con tres informes negativos de la propia Intervención de la Comunidad, que señalaban desfases presupuestarios al alza por 1,6 millones de euros, sin autorización de Patrimonio para poder realizar este proyecto (el hospital es un bien protegido desde 1995) e incumpliendo la Ley de Contratos del Sector Público. Nada más y nada menos. El contrato fue declarado desierto en diciembre de 2020 tras comprobar que la única empresa licitadora no cumplía con los requisitos establecidos. La declaración de la zona como patrimonio mundial de la Unesco no hizo reconsiderar a la presidenta Ayuso su decisión de seguir adelante con este atentado contra el patrimonio y la salud y ha vuelto a licitar el contrato. 

Tampoco son necesarias las plazas de aparcamiento, ya que el Niño Jesús cuenta con muy buenos accesos (cinco líneas de la EMT y dos paradas de metro) y para quienes necesiten llegar en coche, en la cercana calle Doce de Octubre hay un aparcamiento que no se llena ni los fines de semana. Y más de 8.000 plazas de rotación en el entorno. No hay una demanda cierta. Para colmo, el precio del nuevo aparcamiento sería un 41% superior al de los aparcamientos municipales. 

No será más que un atractor de tráfico privado y, por tanto, de contaminación en una de las zonas más saturadas y contaminadas de la ciudad. La estación de medición de la contaminación de Escuelas Aguirre, próxima al hospital, es una de las que registra mayores índices de dióxido de nitrógeno de Madrid. Ubicar un aparcamiento de tales dimensiones bajo un hospital infantil es una irresponsabilidad, más aún en un hospital que tiene una unidad de ingresos de niños con patologías respiratorias. Según un estudio basado en los datos de seis años de altas en el Hospital Niño Jesús, la salud de los niños es un reflejo casi exacto de la contaminación ambiental, ya que los picos de polución se corresponden, de forma lineal, con un aumento de los ingresos hospitalarios. 

La contaminación generada por el uso del macroparking también afectaría a las niñas y niños del colegio Escuelas Aguirre, cuyo patio linda con la zona afectada, a la Casa Ronald McDonald, que aloja a familias que vienen a la capital para que sus hijas e hijos reciban tratamiento en el hospital infantil y al centro de mayores Pío Baroja. Todo ello sin contar con las numerosas afecciones que les producirá una obra que se prolongará durante meses. 

Esperamos que Ayuso y Almeida entren en razón antes de que la UNESCO tenga que pronunciarse e intervenir para parar un aparcamiento tan impactante e innecesario nada más estrenar nuestro primer bien Patrimonio de la Humanidad. Mientras tanto, desde Más Madrid seguiremos trabajando para respaldar a las vecinas y vecinos de Retiro que muy razonable quieren impedirlo y para proteger la salud de las niñas y niños del hospital.

Algunos de los acontecimientos políticos que se han producido a lo largo de la crisis sanitaria que vivimos nos muestran una polarización del escenario político muy poco edificante, que puede traducirse en un mayor desafecto por la democracia en diferentes sectores sociales. Mientras la ciudadanía se organiza en redes solidarias para ayudarse a salir adelante en común, muchos representantes políticos se dedican a fomentar la crispación y el miedo para sacar rédito político. Un espectáculo bochornoso.

El movimiento 15M ya había marcado un antes y un después en el escenario político español. Miles de personas se movilizan para exigir no solo demandas sociales concretas, sino lo que es más innovador, nuevas formas de participación democrática más reales, cercanas y directas.

Los partidos políticos convencionales, muy desgastados y dominados por el bipartidismo, y los sistemas de participación establecidos, son fuertemente cuestionados y se plantean nuevas formas de organización democrática. Surgen nuevos partidos, plataformas y organizaciones políticas que rápidamente irrumpen en las instituciones, incluso en gobiernos, a través de iniciativas de carácter municipalista que, recogiendo parte de esas aspiraciones, entraron con fuerza en el ámbito institucional y de manera muy destacada en el ámbito local.

Sin embargo, tras aquel cuestionamiento y aparente quiebra del bipartidismo, parece que asistimos a una reproducción de este bajo la forma de un polo progresista y un polo conservador con fuerte tufo reaccionario. Es muy parecido, pero no es lo mismo.

La diversidad de los ingredientes con que se vayan conformando esos grandes polos marcará el rumbo que tome la política en nuestro país en los próximos años. Una composición diversa y con elementos novedosos aporta a que la configuración de dos polos no se traduzca en la restauración del viejo bipartidismo.

Hoy vuelve a hacerse patente la necesidad de nuevas formas de organización con una participación real, que sirvan como vehículo de la ciudadanía para la defensa de sus intereses y necesidades, para gobernar desde la empatía, la cercanía y la escucha impulsando una nueva relación entre la ciudadanía y la institución. Una nueva concepción de lo público como espacio, que va más allá de lo estatal y se reconfigura desde el protagonismo compartido con la sociedad civil organizada y desde la cooperación público social.

Estamos hablando de herramientas, procesos políticos y de objetivos que exigen de un paciente trabajo de construcción a largo plazo, desde todos los ámbitos, lejos de las urgencias del ciclo electoral y más allá de los límites del terreno institucional.

Algunos de esos ingredientes los estamos intentando aportar desde el espacio político de Más Madrid, en un proceso de construcción y debate colectivo que, no exento de dificultades, está tratando de dar respuesta a esas aspiraciones de construcción de un nuevo espacio político. La exigencia democrática de la comunidad política que en este momento conforma Más Madrid es elevadísima y se expresa en un proceso vivo y complejo que se ha extendido a lo largo del último año.

Un proceso en el que se ponen de manifiesto cuestiones como la necesidad de un espacio político radicalmente democrático y transparente, que no reproduzca las fórmulas tradicionales de la política partidista y sea capaz de organizarse y funcionar sin abandonar la deliberación, la toma de decisiones colectivas y el control democrático de los órganos de dirección y de representacion política. Un espacio político que no parece configurarse en torno a una ideología precisa y cerrada, sino que va perfilando su identidad, desde una aspiración a la transversalidad, en torno a ejes clave como la ecología, el feminismo y la justicia social.

En este sentido, es interesante pensar en la posibilidad de formas políticas con más capacidad de diálogo y más permeables a lo que hay en sus entornos. Espacios políticos no limitados por fronteras cerradas, sino por lindes abiertas que permiten un mayor intercambio y diálogo. Una organización política que nos permita también afrontar tareas a largo plazo, procesos que precisan del fuego lento que requieren las transformaciones sociales de calado que hoy son imprescindibles.

El paso por las instituciones nos aporta la experiencia directa sobre la enorme importancia de algunas de ellas, como los municipios, escenario clave a la hora de plantear un proyecto de transformación democrática de la sociedad. Aunque hay que decir que la identificación del municipalismo (no como localismo aislacionista sino como proyecto vertebrador) con la democratización de nuestro país no es novedosa, entronca con una larga tradición federalista y libertaria de hondas raíces en la historia de nuestro pueblo.

Estamos entonces en un momento apasionante de construcción colectiva de un nuevo espacio político, que se apunta como radicalmente democrático, ecologista, feminista, municipalista y solidario. Que pretende recoger buena parte de las aspiraciones democráticas ampliamente extendidas en nuestra sociedad y que no han contado ni cuentan en el binomio izquierda/derecha ni en el sistema tradicional de partidos con el protagonismo que merecen.

Tras la entrega por parte de las asociaciones vecinales de más de 40.000 firmas en contra del proyecto del macro parking del Retiro, han tenido lugar en las últimas semanas varios hitos significativos en la lucha contra este polémico proyecto: la aprobación en los plenos del Distrito Retiro y del Ayuntamiento de Madrid de mociones de rechazo de la propuesta del alcalde ante las que el Partido Popular se quedó solo. Sin embargo, hay diversos hechos que acompañan a esta noticia que resultan inquietantes para quienes nos oponemos al proyecto y que indican que aún estamos lejos de poder cantar victoria.

Políticos sin palabra y bajo sospecha

Esta misma semana, se producía la firma por parte del Ayuntamiento de Madrid y la Mancomunidad del Este del convenio que permitirá llevar cada año 220.000 toneladas de residuos de la comarca del Henares a Valdemingómez. Ciudadanos, que se había opuesto a dicha operación en el pleno, ha terminado por doblar la rodilla ante sus socios de gobierno sin rechistar. Esto nos da una idea del peso y la solidez de las posiciones de los de Villacís, dispuestos a regalar algunos gestos discrepantes para la galería, pero nunca a poner en riesgo su delicada posición en el Gobierno municipal, aunque el precio sea la calidad del aire, nuestro medio ambiente, la salud de los madrileños o su patrimonio común.

Tampoco resulta alentadora la aparición de informaciones que vinculan a Carabante, concejal responsable del desarrollo del proyecto del parking, con la “cláusula del 1%”, objeto de investigación en la Audiencia Nacional. Esta cláusula, incluida en los contratos públicos de los gobiernos de Aguirre e Ignacio Gonzalez, obligaba a las empresas adjudicatarias a abonar el 1% de cada contrato para pagar campañas publicitarias de mucho menor coste, y que en ocasiones nunca se llegaron a realizar, y que, tal y como se citaba en este mismo periódico, el Juez García Castellón sospecha que “este dinero acabó pagando las campañas electorales del PP o en el bolsillo de algunos políticos”.

Llama la atención poderosamente la actitud de un gobierno cuyo comportamiento está siendo más propio del comercial encargado de vender las futuras plazas de garaje, que del servidor público responsable de velar por los intereses de la ciudadanía y el bien común.

En este sentido, a la ausencia de estudios de impacto ambiental y de demanda real, se une la aparición de estudios de viabilidad comercial del proyecto de dudosa factura en los que se extrapolan y manipulan los datos, se confunde demanda potencial con demanda real, o, incluso, se llega a hacer alusión al “efecto llamada” como un elemento positivo para la futura viabilidad económica del proyecto. Para rematar la faena, el Gobierno crea una subdirección en la EMT, al frente de la cual coloca a quien firmó uno de los referidos “estudios de viabilidad”.

¿Se está preparando el engaño?

La posible y fatal combinación de poderosos y opacos intereses, con la falta de firmeza para oponerse a ellos, nos hace pensar que aún nos queda mucho por hacer para evitar el despropósito y que el desenlace depende de que ni el movimiento ciudadano, ni la oposición, nos dejemos seducir por los cantos de sirena de cualquiera de las facciones del equipo de gobierno.

Las declaraciones de la vicealcaldesa inmediatamente después de que el pleno votara en contra del parking, en las que abría la puerta a otras formulaciones, nos indica ya cuál va a ser el camino del Gobierno local para sacar adelante su proyecto.

Las políticas que están desarrollando los de Villacís en materia de participación ciudadana se han mostrado leales a las posiciones más retrógradas del equipo de gobierno y al pacto “discreto” con sus socios ultras, lo que tampoco nos permite confiar en las alusiones al diálogo y la participación que se hacen desde el partido naranja en relación al parking. La posibilidad de un proceso de pseudoparticipación hecho a medida, a imagen y semejanza de los estudios de mercado que han realizado hasta la fecha para justificar el proyecto, nos hace temer lo peor.

Teníamos razones de sobra para rechazar el proyecto: el impacto sobre el parque del Retiro, el efecto llamada y el aumento del tráfico en la zona, la incompatibilidad con la candidatura del Retiro como patrimonio de la humanidad, el deterioro de la calidad de vida en el barrio de Ibiza... en definitiva, una idea vinculada a la transformación del barrio de Ibiza en la “milla de oro de la hostelería” en detrimento de la calidad de vida de los residentes y de la conservación del parque de El Retiro.

El equipo de gobierno ya ha declarado que no asume el mandato democrático del pleno. Tras la impostura de ciudadanos en la cuestión de Valdemingomez y su demostrada aversión por la participación ciudadana, nada nos permite cantar victoria ni bajar la guardia.

El barrio de Ibiza, el parque del Retiro y nuestra ciudad siguen en peligro. No es el momento de bajar la guardia.

Apenas 50 metros separan los distritos de Puente de Vallecas y Retiro en Madrid. Parece poca distancia, pero estos 50 metros separan realidades sociales y urbanísticas muy alejadas. La renta media de los hogares de Puente de Vallecas se sitúa 36 puntos por debajo de la media de la ciudad; la de Retiro, 34 puntos por encima. La tasa absoluta de paro escala en el Puente de Vallecas hasta el 11,3% y cae al 5,7% en Retiro desde una media, para el conjunto de la ciudad, del 7,9%. Solo el 9% de la población de Puente de Vallecas tiene estudios superiores, una cifra que asciende al 42,9% en su distrito vecino.

Madrid está lleno de contrastes como este que son, si cabe, más sustanciales si ampliamos el foco y miramos el conjunto de la ciudad. Esta realidad, evidente para cualquiera que conozca la geografía de la ciudad, es cuantificable. Eso es lo que hizo el equipo de Gobierno de Manuela Carmena en colaboración con un grupo de expertos en Inteligencia Artificial de la Universidad Carlos III, medir la realidad de Madrid. A tal fin elaboró un Índice de vulnerabilidad basado en 5 dimensiones y 12 indicadores, que permite clasificar los 21 distritos y los 131 barrios administrativos de Madrid según su vulnerabilidad y que se actualiza gracias a un algoritmo elaborado ad hoc.

Este índice permite calcular qué parte del presupuesto reservado al reequilibrio se destina a cada distrito, para que las políticas de reequilibrio incidan de forma proporcional al grado de vulnerabilidad de los distritos y los barrios de Madrid. Es decir, se ideó un método científico para que las políticas públicas de reequilibrio sean eficientes y no se ahonde en desequilibrios históricos que suelen perseverar si las Administraciones públicas no adoptan políticas públicas de reequilibrio.

Durante el mandato anterior, entre 2015 y 2019, el Ayuntamiento de Madrid destinó más de 100 millones de euros para ejecutar 423 proyectos distribuidos en los 21 distritos, entre ellos 85 talleres de empleo con más de 1.000 participantes; puso en marcha 20 Equipos de Actuación Distrital; remodeló o rehabilitó cuatro campos de fútbol, 38 instalaciones deportivas básicas, cuatro plazas, 29 colegios públicos y dos locales para albergar Espacios de Igualdad, entre otros. Todas las actuaciones se distribuyeron de acuerdo al índice de vulnerabilidad para llevar más recursos a las zonas más desfavorecidas.

Sin embargo, las cuentas presentadas por PP y Ciudadanos para 2020 representan una amenaza para todo lo conseguido y para lo mucho que aún queda por hacer en los barrios. El gasto en cohesión y reequilibrio territorial se reduce un 53% respecto al de 2019: pasa de los 54,7 millones que destinamos a los Planes de Barrio y al Fondo de Reequilibrio Territorial en 2019 a los 25,5 millones de euros que destinan a estos programas en 2020. El dinero destinado a los Planes de Barrio disminuye de 14,6 millones a 11,1 millones; el del Fondo de Reequilibrio Territorial pasa de 40 millones a 14,4 millones; los Equipos de Actuación Distrital, un proyecto de formación y empleo en el que participan personas en riesgo de exclusión dirigido a mejorar zonas urbanas degradadas reducen su presupuesto un 38%.

No solo eso, se trata de un Presupuesto que deja de ser un instrumento de reequilibrio. El equipo de los distritos de Salamanca o Retiro percibirá la misma cuantía que los de Villaverde o Usera, por ejemplo, de modo que el número de personas que acceden al proyecto en los distritos más vulnerables se reducirá un 56%. Vallecas Labora, un proyecto emblemático de formación y empleo en el que participaron 995 personas de Puente y Villa de Vallecas entre los años 2016 y 2018 con un índice de inserción laboral del 54% desaparece como tal.

El presupuesto que el actual equipo de Gobierno destina a los Planes Estratégicos de Reequilibrio no se distribuye de acuerdo al índice de vulnerabilidad. Incorpora grandes proyectos de inversión que se concentran en la terminación del parque de La Gavia, en Villa de Vallecas, ya licitado por el Gobierno anterior, y de la Cuña de O'Donnell, en Moratalaz, y apenas reserva cinco millones de euros para proyectos nuevos. Una cifra que, dividida entre los nueve distritos más vulnerables, arroja un saldo casi sonrojante y que describe el grado de ambición y de apuesta política por el reequilibrio del nuevo equipo de Gobierno.

Hay que añadir a todo esto el efecto que provocará la congelación del gasto social en la calidad de vida de los sectores sociales más desfavorecidos. El incremento del gasto social, que creció un 73% durante los cuatro años anteriores, apenas sube un 0,5% en 2020.

El proyecto de Presupuestos del Gobierno de Almeida y Villacís es, por tanto, un presupuesto regresivo que pone freno a la tendencia impulsada durante el anterior mandato de corregir el desequilibrio histórico de Madrid, haciendo crecer más a los distritos menos favorecidos, una regresión que algunos barrios y distritos no se pueden permitir.

La ciudad, la polis, es por excelencia el escenario de la política, el espacio en el que las personas se encuentran para tratar sus asuntos comunes. Evidentemente, esta acepción de la política resuena ya lejana. Hoy, asimilado al ejercicio del poder, “lo político” aparece denostado. La desafección política tiene que ver, desde luego, con las formas tan decepcionantes y amorales que han presidido el ejercicio del poder por parte de algunos sectores de la clase política. También con el despliegue de una concepción de las cosas que nos aleja de todo lo que tiene que ver con el bien común y con las distintas formas de cooperación que han garantizado el desarrollo de la sociedad hasta nuestros días.

Así pues, es necesaria una reparación de todo lo que tiene que ver con los “asuntos comunes”. La presencia de los otros, el pluralismo, el respeto por lo diferente, la tolerancia y la capacidad de cooperar con los demás sin pretender asimilarlos es una condición de la libertad y un freno frente al totalitarismo y la violencia.

Como decía, es necesaria una reparación de las condiciones en las que se debe dar la cooperación, y la ciudad es un escenario privilegiado de ese proceso. Como decía Richard Sennett en su libro Juntos, reparar puede significar restaurar, regresar a una situación pasada. También rehabilitar una situación anterior introduciendo mejoras aquí y allá. La sociedad ha ganado en complejidad y, por tanto, las estrategias que apuntan hacia una vuelta al pasado son inviables y poco deseables. La reparación de la política y de la democracia precisa de una reconfiguración de las formas de gobernar y de hacernos cargo de los asuntos comunes, reasignando funciones a los diferentes componentes, añadiendo algunos nuevos y eliminando otros.

La Administración local, el gobierno de las ciudades, debe ponerse a la cabeza de este necesario proceso de reconfiguración de la política y de las formas de gobierno. ¿Cómo? Dando nuevas funciones a los diferentes elementos que la componen mediante un proceso de descentralización que dote de recursos y capacidad a los órganos más cercanos a la gente -en el caso de Madrid, a las Juntas Municipales de distrito- e incorporando a los vecinos y vecinas y a sus organizaciones a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas públicas a través de la participación ciudadana y de la cooperación público social.

Con esa vocación hemos trabajado en el Ayuntamiento de Madrid. Gracias a ese esfuerzo, hoy las Juntas Municipales de Distrito cuentan con más competencias y capacidades para dar respuesta, desde el ámbito de proximidad, a los problemas que plantean nuestras vecinas y vecinos. Gracias a ese esfuerzo, contamos también con una ordenanza de cooperación público-social con la que daremos cauce al talento y a la capacidad de innovación social de la ciudadanía para resolver problemas.

De todo ello hablaremos en las III Jornadas de descentralización, reequilibrio territorial y cooperación público-social, que comienzan este martes, contrastando nuestra experiencia con la de otras ciudades y escuchando las siempre inspiradoras palabras de Sennet.

Si algo ha demostrado la sociedad española es su capacidad para sobreponerse a las dificultades. Qué duda cabe que parte de esta capacidad reside en un sentido de la solidaridad muy extendido y firmemente implantado en todos los sectores sociales y en todo el espectro ideológico. Existe una preocupación por los otros y por el bienestar colectivo que traspasa las barreras sociales e ideológicas, aunque, lógicamente, se concrete de diversas maneras.

Este sentido de la solidaridad es una muestra de la madurez y responsabilidad que también han demostrado nuestros conciudadanos en las situaciones más dramáticas.

Cierto es que estas cualidades ejemplares de la sociedad española contrastan a menudo con las actitudes de quienes, desde puestos de responsabilidad pública, hacen trampas para obtener ventajas políticas y materiales a costa de lo que tenemos en común: los recursos públicos y los derechos y libertades, es decir, la democracia.

La sociedad civil coopera, innova, tiene una enorme capacidad de generar riqueza y de solucionar problemas. Fuera del mercado y del Estado existe un espacio público de un enorme dinamismo, capaz de llegar allí donde aquellos no son capaces de hacerlo, bien sea por razones de índole burocrático, político o económico. Se trata de un ámbito, distinto al de la prestación de servicios públicos, donde tienen lugar experiencias relacionadas con el impulso del deporte de base, con la recuperación del espacio urbano, con la solidaridad ciudadana y el apoyo a los más vulnerables, la creación artística, la innovación tecnológica... donde se producen soluciones creativas que, con el tiempo, a veces, se convierten en políticas públicas. La gente, la sociedad, va por delante de las administraciones y del mercado.

Quienes gobernamos tenemos que estar a la altura, abrir cauces y facilitar el despliegue de toda esa enorme iniciativa social de forma equitativa. Reconocer esa capacidad, ofrecer medios para su desarrollo y marcos normativos que doten de seguridad jurídica y transparencia a esa cooperación entre la sociedad civil y la administración es una tarea de primer orden para una gestión pública más democrática y moderna.

Madrid avanza en esta dirección con la aprobación, esta semana, de la Ordenanza de Cooperación Público-Social, que dotará al gobierno local y a las organizaciones de la sociedad civil de nuevas herramientas para el trabajo conjunto en aras del bien común.

Desde la presentación del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático se ha abierto el debate sobre el Servicio de Estacionamiento Regulado, un debate que viene de lejos y en el que ambos hemos participado desde hace años. Nos sorprende que en determinadas ocasiones se falte a la honestidad que se debería dar de oficio y que, por buscar el titular fácil o el minuto de gloria en YouTube, se pretenda reescribir la realidad, en este caso la historia de nuestra ciudad.

Corrían los últimos meses de 2005 y el que fuera por aquel entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la segunda fase de la extensión del Servicio de Estacionamiento Regulado, el SER, a 17 barrios más, algunos limítrofes de la M30 y los tres cascos históricos de Fuencarral, Hortaleza, Carabanchel.

Fueron meses complejos, de total ausencia de diálogo por parte del por aquel entonces Ejecutivo municipal del Partido Popular con las asociaciones de vecinos, que no fueron consultadas a la hora de implantar las nuevas zonas. Tanto desde Izquierda Unida como desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid nos opusimos a este modelo de gestión pública sin criterio y vía imposición ejecutiva. Acompañamos a la ciudadanía madrileña en la exigencia de una solución consensuada, desde dentro y desde fuera de la institución.

El grupo municipal de Izquierda Unida exigió en pleno la paralización del aparcamiento regulado en las nuevas zonas, denunciando un afán recaudatorio evidente, en un momento en que la deuda de la ciudad de Madrid comenzaba a incrementarse con las obras de la M-30 (que llegó a costar unos 6.000 millones), y eligiendo regular el aparcamiento en barrios y zonas donde no se había generado una necesidad, generando así un problema hasta entonces inexistente.

Por su parte, la FRAVM jugó un papel fundamental en la búsqueda de diálogo, mediando y facilitando encuentros entre los representantes vecinales y Gallardón, que en mayo ofreció a vecinas y vecinos renunciar a las plazas azules, pero manteniendo las nuevas para residentes, las verdes, con la consiguiente facturación anual a cargo de la ciudadanía. Una oferta totalmente insuficiente.

Y es que la verdad es tozuda: ya en 2006 y 2007 nosotros nos posicionamos con las y los vecinos de Madrid defendiendo su voz, reclamando su papel en la toma de decisiones que les afectaban en su día a día, en este caso a sus bolsillos, para sanear unas cuentas cuya deuda estaba siendo hinchada. Entonces ya lo sospechábamos y ahora, ya como cargos políticos del actual gobierno de Madrid, nos genera estupor conocer desde dentro los detalles de una gestión pública que elevó la deuda de Madrid de los 990 millones a finales del año 2000 hasta alcanzar los 7.733 millones a fines de 2012, con varias operaciones (venta de viviendas de la EMVs a fondos buitre, el agujero negro de Madrid Calle 30) que conllevaron sobrecostes, siendo lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales.

Volvamos a marzo de 2017. Estamos gobernando Madrid gracias al apoyo que recibimos en mayo de 2015. ¿Y qué estamos haciendo? Exactamente lo que hacíamos hace una década: representar y defendernos a todas y todos. Y no, no estamos haciendo lo mismo que intentó Gallardón con el SER.

En absoluto. Ahora estudiamos fórmulas, de forma conjunta con las asociaciones vecinales desde el primer momento y, de hecho, atendiendo a sus demandas, en las que los residentes no paguen nada, y dejen de tener dificultades de aparcamiento, pero que además puedan respirar un aire más limpio. Resulta absurdo escuchar acusaciones sobre un empeño recaudatorio, quizá, quién sabe, será por la costumbre, por aquello de quienes creen que todos son de su misma condición, cuando de hecho Madrid tiene un holgado superávit y algunas de las medidas del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático pueden llegar a suponer una disminución de ingresos, como la eliminación de la plazas azules en el Área Central de Bajas Emisiones.

En estos diez años han cambiado las necesidades de movilidad en la ciudad y también las demandas vecinales. En concreto, se ha producido un efecto frontera en las zonas limítrofes de la M-30, que sufren atascos y un exceso de tráfico de conductores en busca de aparcamiento, y algunos barrios en vez de oponerse a controles en el estacionamiento piden soluciones, a las que daremos respuesta con esta nueva fórmula, que siempre se aplicará a demanda de vecinas y vecinos.

Algunos, sí, seguimos prefiriendo no aceptar como normal la falta de respeto a la inteligencia de ciudadanos y votantes. Porque somos ambas cosas y además, vecinas y vecinos gobernando una ciudad que queremos mejorar, tomando decisiones fruto del diálogo y la escucha, que nos ayuden a movernos, respirar y convivir en Madrid, la ciudad que amamos.