La perspectiva de una guerra en nuestro continente es más que suficiente para que pongamos nuestra atención en algo que no sean los problemas del Gobierno británico.

Sin embargo, la semana pasada a todos nos sorprendió escuchar al primer ministro, Boris Johnson, una persona a la que le ha costado mucho ser sincero a lo largo de su carrera, hablar ante el Parlamento sobre la situación en Ucrania con una buena dosis de verdad. “Ucrania no pide nada salvo que le permitan vivir en paz y hacer sus propias alianzas, como todo país soberano tiene derecho a hacer”, dijo. Un sentimiento del que se hicieron eco Keir Starmer, líder de la oposición; Ian Blackford, líder en Westminster del grupo parlamentario de mi propia formación, el Partido Nacional Escocés (SNP, por sus siglas en inglés); y todos los demás diputados del SNP.

Habiendo pasado la vida luchando por el derecho soberano del pueblo escocés a decidir su propio futuro, la soberanía es un principio fundamental en mi visión del mundo. Ver las grandes presiones que se están ejerciendo contra un Estado que se ha propuesto firmemente la integración en un orden democrático liberal es terrible. Como cualquier país europeo, Ucrania debe tener la libertad de decidir sus alianzas y su forma de gobierno como mejor le parezca.

Una Europa dividida en “esferas de influencia”, al estilo del siglo XIX, no permitiría la prosperidad de los pequeños países independientes. Cuanto más iguales y ricas sean las naciones de Europa, más equitativas deberían ser las relaciones entre ellas. Los grandes avances que en los últimos treinta años han experimentado países como Estonia, Letonia y Lituania son la demostración de los efectos energizantes que en Europa tiene la independencia.

Dinero ilícito de Rusia a Londres

Pero mi afinidad con el primer ministro en torno a estos principios no duró demasiado tiempo. Con una pregunta tras otra, la Cámara de los Comunes le hizo volver al tema de la financiación rusa en el Partido Conservador británico y al de las sucesivas operaciones de influencia en Reino Unido estilo ‘Londongrad’ [eslavización de la palabra Londres que alude al poder de grandes inversores rusos en la capital británica]. Mientras las fortunas de la élite rusa sigan en el extranjero, las amenazas de sanciones económicas contra ellos son débiles y poco eficaces.

Han pasado dos años y medio desde que el Parlamento británico publicó el “Informe sobre Rusia”, donde se dejaba al descubierto los vínculos entre el Kremlin y los intereses financieros respaldados por Rusia, con los consiguientes flujos de dinero ilícito a través la City londinense. 

Los aliados de Reino Unido están empezando a darse cuenta de lo irresoluble que es el problema. El Center for American Progress, un centro de estudios afín a la Administración Biden, afirmaba la semana pasada en un informe que “extirpar a los oligarcas vinculados al Kremlin será todo un reto teniendo en cuenta los estrechos vínculos que en Reino Unido hay entre el dinero ruso y la prensa, el sector inmobiliario, la industria financiera y el Partido Conservador actualmente en el poder”. 

Pero hay mecanismos evidentes para evitar estas prácticas. Mi Gobierno [en Escocia] lleva mucho tiempo pidiendo a Westminster que legisle contra el uso indebido de la sociedad limitada escocesa, una de las figuras preferidas para abusar de la regulación financiera en beneficio propio, de forma que deje de facilitar el tipo de corrupción financiera que durante demasiado tiempo ha beneficiado a jefes de gobierno autoritarios y a sus ricos compinches.

“Espectáculo deportivo”

La corrupción y la falta de transparencia son una rémora para la democracia liberal y los jefes de gobierno autoritarios han adquirido mucha experiencia en el uso de estos escándalos para decirle a los ciudadanos machacados por ellos que todas las formas de gobierno son equivalentes y que todos los políticos son igual de malos.

Por eso lo único que puedo hacer es pedirle al primer ministro que tome de una vez cartas en el asunto. Debe reconocer que su Gobierno y su partido han permitido esta situación y debe reconocer que la acción más decidida que puede tomar para reconstruir la reputación hecha pedazos de su Gobierno es en casa.

“Sin confianza, la democracia liberal no puede funcionar”, escribía el autor y periodista Oliver Bullough en su libro Moneyland (Tierra del dinero), repleto de información sobre la “lavandería” de dinero que es Londres. “Nadie tiene más culpa que nosotros de que los más adinerados de Rusia puedan tratar la guerra como si fuera un espectáculo deportivo”, escribió más recientemente Bullough sobre la situación en Ucrania.

La tentación en períodos como este es centrar la atención en los individuos en el Gobierno, pero eso puede hacernos olvidar el papel de las facciones que luchan por el poder dentro del estado de seguridad ruso y de las presiones que están ejerciendo sobre la situación. También puede hacer que se olvide la opresión que se está ejerciendo sobre 40 millones de ucranianos, nuestros conciudadanos europeos, mientras viven su día a día.

En cierto modo, esta es una realidad con la que muchos llevan lidiando desde 2014, especialmente los habitantes de la Ucrania oriental ocupada por Rusia. Mientras afrontamos los efectos de nuestra propia crisis en la cesta de la compra, con un encarecimiento de los alimentos y de la energía, vale la pena recordar que los ucranianos llevan tiempo afrontando esto como consecuencia directa de las acciones del Gobierno ruso.

Aunque los ucranianos deben defenderse, y se defenderán de la agresión si fracasa la diplomacia, no podemos dejar de ver las circunstancias que han llevado a esta crisis. Eso incluye haber permitido que fortunas directamente vinculadas con el régimen de Putin proliferen en Reino Unido. En muchas ocasiones sin prestarle la más mínima atención a su origen ni a la influencia que pretende ejercer en la democracia británica.

* Nicola Sturgeon es la primera ministra de Escocia y líder del Partido Nacionalista Escocés.

Traducción de Francisco de Zárate

“¿Te sentirías en algún momento preparado para utilizar armas nucleares?” Cada vez más a menudo, los políticos tenemos que responder a esta pregunta como si fuera una especie de prueba de virilidad. El mensaje implícito es que para ser un líder político creíble, debes estar dispuesto a usar un arma de destrucción masiva indiscriminada y asesinar a millones o incluso decenas de millones de personas inocentes.

Cuando le hicieron esta misma pregunta a la líder Liberal Demócrata Jo Swinson, ella se quedó pensando durante una milésima de segundo para luego responder con tranquilidad: “Sí”.

Quiero que queden claras las consecuencias de esta posición. La única vez que se utilizaron armas nucleares en una guerra fue cuando Estados Unidos destruyó Hiroshima y Nagasaki a fines de la Segunda Guerra Mundial. Las bombas atómicas mataron instantáneamente a decenas de miles de personas. Las enfermedades por la radiación mataron a muchas más. La primera bomba destruyó 13 kilómetros cuadrados de Hiroshima. Desde entonces, ningún país ha lanzado un ataque nuclear, pero poco después el mundo entró en una peligrosa carrera armamentística.

Las armas nucleares que existen actualmente son gigantes en comparación con las bombas lanzadas sobre Japón. El número total de víctimas que tendría un ataque nuclear moderno no sería de decenas de miles, sino de decenas de millones. Existe la teoría –con la que no estoy de acuerdo en absoluto– de que las armas nucleares dan seguridad, porque ningún país entraría en guerra con otro que tiene armas nucleares. Pero incluso aquellas personas que creen en esta teoría de destrucción mutua garantizada deberían oponerse al tono relajado que ha adquirido el discurso político sobre este tema.

Si un político de uno de los principales partidos dijera sin pestañear que utilizaría armas químicas contra civiles, se armaría un alboroto. Si un candidato a primer ministro se jactara de que cometería crímenes de guerra, sería un escándalo nacional. Debería ser igual con las armas nucleares, pero se utiliza una antigua mentalidad de la Guerra Fría para encubrir estas armas de destrucción masiva como algo digno de respeto.

Su potencial de muerte y destrucción merece una actitud más responsable que la de un bravucón que dispara a la mínima circunstancia. Es hora de que los defensores de las armas nucleares hablen claro sobre la realidad que implica su posición.

En 1961, a pesar de las protestas públicas, zarpó el primer submarino estadounidense Polaris hacia el lago marino Holy Loch, en Argyll [Escocia]. A fines de esa década, el Reino Unido ya había lanzado su propia flota nuclear, con cuatro submarinos Polaris en la base naval Faslane. Durante 50 años, los submarinos nucleares han estado operando a menos de 50 kilómetros de Glasgow, la ciudad más poblada de Escocia.

Igual que otros escoceses, siempre me ha escandalizado que el arsenal nuclear de Inglaterra fuera conservado en mi patio trasero. Y siempre me ha dejado pasmada que, uno tras otro, todos los Gobiernos del Reino Unido hayan pagado el costo astronómico de mantener estas peligrosas armas mientras que seguimos teniendo niños creciendo en la pobreza.

Incluso antes de unirme al Partido Nacional Escocés, yo ya formaba parte de la Campaña Escocesa por el Desarme Nuclear. No solo quiero una Escocia libre de armas nucleares, sino que quiero un mundo entero sin armas nucleares. Pero siempre he sentido que la única forma de que se vayan las armas nucleares de la base naval de Clyde es que Escocia sea un Estado independiente.

Esta campaña electoral me da la razón. Swinson no es la única que avala las armas nucleares como una forma de probar su liderazgo. Jeremy Corbyn, que durante mucho tiempo apoyaba la Campaña de Desarme Nuclear, ahora está a favor de renovar el programa nuclear Trident. Si bien tengo mis diferencias con Corbyn, creo que en este tema, en el fondo de su corazón, él piensa igual que yo. Pero aún así, en un intento por llegar a primer ministro, el líder de los laboristas siente que debe sacrificar sus principios y la promesa que le hizo a Clyde.

El Gobierno del Reino Unido ha reducido el personal normal de Defensa y ha dejado a Escocia sin los recursos defensivos que necesita todo Estado marítimo. Estaríamos mejor protegidos con más empleos y sin el programa nuclear Trident. Ahora, la posición del Partido Laborista es que apoya un mundo sin armas nucleares, pero afirma que el camino para ello es renovar el programa de misiles que ya tenemos.

Igual que pasaba antes con la teoría de destrucción mutua garantizada, esta teoría de desarme multilateral se basa en confiar en que de pronto haya un cambio masivo de lógica. No se llega a un mundo más seguro haciéndolo primero más peligroso. La Guerra Fría demostró que desarrollar armas nucleares alimenta una escalada interminable, con potencias obsesionadas por su posición de poder que reclaman un acopio cada vez mayor y más destructivo.

Incluso el progreso que hemos logrado desde los años 80 ha demostrado estar construido sobre terreno inestable. Este año, tanto Estados Unidos como Rusia se retiraron de un tratado nuclear esencial que prohibía los misiles de alcance intermedio. Lo último que necesitamos es otra carrera armamentista. Ahora, el Reino Unido tiene la oportunidad de demostrar un liderazgo real y global. No es suficiente esperar a que otros países reconozcan el error de tener programas nucleares y mientras tanto seguir gastando miles de millones de euros en nuevas armas.

Un cálculo estimado establece el costo total de una nueva generación de misiles Trident en 234.000 millones de euros. Deberíamos ser pioneros en deshacernos de nuestras armas nucleares e invertir ese dinero en nuestras comunidades y en nuestros servicios públicos.

El hecho de que los partidos de Westminster estén de acuerdo en este tema no hace más que confirmar a muchos escoceses que la independencia es el único camino para deshacerse del programa Trident de una vez y para siempre. Mi mensaje es simple. La gran mayoría de países no tiene armas nucleares. No necesitamos armas nucleares. Y nunca jamás deberíamos utilizarlas.

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Nicola Sturgeon es ministra principal de Escocia.

Traducido por Lucía Balducci

Hay días que quedan marcados en la historia. Dividen las eras y se los acaba recordando como el momento en que la historia dio un giro. El 29 de marzo amenaza con convertirse en uno de esos. Digo “amenaza” porque no puedo negar que para mí la puesta en marcha del artículo 50 por parte de Theresa May es un triste día para la historia del Reino Unido y de todo el continente europeo.

Creo en la independencia de las naciones, Escocia incluida. Pero también creo con firmeza en la interdependencia de las naciones: la necesidad que tienen los países de trabajar en conjunto para enfrentar los desafíos y aprovechar las oportunidades que pocos pueden aprovechar actuando por su cuenta. Por eso, una Escocia independiente siempre intentará trabajar de cerca con el resto, en las islas británicas y más allá. Por eso creo que el 29 de marzo es desalentador: es el día en que el Reino Unido empezó a darle la espalda a casi medio siglo de íntima cooperación con sus asociados en el continente europeo.

Por cálidas que sean las palabras de Theresa May acerca de mantener una relación cercana con la UE, el duro Brexit que al parecer tiene previsto la primera ministra implica el final de una era en la que nos hemos acostumbrado al fácil intercambio y traslado de productos, servicios y también personas.

Cuando el Reino Unido se unió al bloque en 1973, nadie se imaginaba la clase de Europa que tenemos hoy, una en la que no solo podemos comerciar libremente y sin barreras, sino en la que la gente puede vivir, trabajar y hacer negocios sin pensar en visados, permisos de trabajo y una infinidad de otras reglamentaciones.

Especialmente la gente joven da por hecho que puede viajar por todo el continente a voluntad. Cuando se cierre esa puerta, será un golpe tremendo para muchos, se mire como se mire. 

El Brexit, en especial el Brexit duro al que se llegó por la incapacidad de May de evadir los planes ocultos de la derecha con resabios del Ukip dentro de su propio partido conservador, amenaza con ser un acto de autoagresión de un nivel que prácticamente no se ha comprendido. Solamente a la economía de Escocia, el Brexit podría costarle más de 12.000 millones de euros por año hasta 2030, con un pronóstico de 80.000 nuevos desempleados en los próximos diez años. Esos efectos pueden multiplicarse de manera significativa en todo el Reino Unido.

El peligro para los servicios públicos, en particular para el Sistema Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés), es bien real. Ya hay advertencias por el impacto directo y negativo que puede provocar la falta de personas cualificadas para trabajar en el NHS. Siguen siendo terriblemente inciertas las consecuencias que tendrá para otros sectores clave, como la educación superior y la financiación de proyectos de investigación.    

Pero el Brexit no es solo una insensatez desde el punto de vista económico. También amenaza con socavar la capacidad de los países del continente para cooperar en temas de suma importancia, como el cambio climático y la seguridad.

La puesta en marcha del artículo 50 es también imprudente desde un punto de vista político y constitucional. Todavía está por verse cuál será el pleno alcance del Brexit sobre Irlanda del Norte, enfrentada hoy a la posibilidad de volver a ser gobernada directamente desde Londres.

Tampoco ha habido serias intenciones de hacer concesiones o de aceptar las propuestas para mantener a Escocia, cuyos ciudadanos votaron decididamente por permanecer en Europa, dentro del mercado único europeo. Por eso ahora debemos asegurarnos de que al pueblo escocés se le dé la oportunidad de elegir entre el Brexit duro que está siendo negociado y la independencia. 

El lugar de Escocia en Europa fue un tema central en el referéndum sobre la independencia de 2014. En la campaña por el “no”, muchos argumentaban que sólo un voto contra la independencia aseguraría el lugar de Escocia en la Unión Europea. Hoy esas palabras suenan desesperadamente vacías. 

El año pasado, el gobierno escocés fue reelegido con esta promesa en su programa: “El parlamento escocés debería tener el derecho a realizar otro referéndum (…) si hubiera un cambio importante y concreto en las circunstancias que prevalecían en 2014, como forzar a Escocia a dejar la Unión Europea contra nuestra voluntad”.

Ese programa fue respaldado con un porcentaje de votos jamás obtenido por ningún partido desde la devolución de poderes a la nación escocesa. Con la elección, el parlamento escocés volvió a tener una mayoría de representantes en favor de la independencia. Unido al resultado en Escocia del referéndum sobre la permanencia en la Unión Europea, es una orden democrática innegable para que el gobierno escocés convoque un referéndum sobre la independencia. 

Esta semana, el parlamento escocés votó exigir al gobierno británico un debate formal sobre el proceso a seguir para que el pueblo de Escocia tenga la posibilidad de elegir su futuro. Sería democráticamente indefendible que la primera ministra niegue a Escocia su derecho a la autodeterminación después de haber dicho el miércoles que el Brexit era precisamente eso, un ejercicio de autodeterminación.

Desde que se celebró el referéndum del Brexit en junio, mi objetivo es buscar el debate y el mutuo acuerdo. La primera ministra dice que este no es momento para un referéndum sobre la independencia y yo estoy de acuerdo. Pero May también ha dicho que los detalles de la propuesta del Brexit estarán definidos en un período de entre 18 y 24 meses, la misma franja de tiempo que yo había indicado como apropiada para permitir a la gente de Escocia elegir su futuro.

Cuando llegue el momento de hacer esa elección, que llegará, habrá que elegir entre una Escocia independiente que mira hacia fuera y ocupa su lugar en Europa y el mundo; y un Reino Unido que mira hacia dentro tras la decisión casi inexplicable de retirarse a un aislamiento postimperial.

Traducido por Francisco de Zárate