Habrás escuchado alguna vez aquello de autonomía universitaria: es un concepto fundamental de las universidades públicas. La autonomía es aquello que permite que no sean los gobiernos de un color o de otro los que decidan íntegramente qué temas o autores estudias y cuáles quedan vetados. Es también aquello que prohíbe entrar a la Policía en los campus universitarios ante la menor protesta sin delito flagrante o permiso rectoral, y no menos importante, es aquello que permite a las universidades gestionar, dentro de las leyes, sus propios presupuestos para, por ejemplo, poder tener becas de emergencia destinada a quienes no pueden sufragar los costes de estudiar ante la brutal subida de tasas del Partido Popular en Madrid.

Otro de los aspectos fundamentales que permite a las universidades el hecho de tener autonomía es el de su organización interna, de tal manera que un poder político enemigo, por ejemplo, de las humanidades, no pueda imponer la eliminación de materias y grados a los cuales ellos no le ven rentabilidad inmediata para sus empresas y las de sus amigos. En resumen, no pueden hacer lo que ya han hecho con la educación secundaria, relegar o incluso eliminar asignaturas como Filosofía o Educación para la Ciudadanía.

Llegados a este punto, ya conocemos la importancia capital de gozar de este derecho. Ahora toca la parte más desagradable: como la Ley Cifuentes de Universidades pretende acabar mediante el chantaje económico y la injerencia política con este precepto. Pero antes de entrar en materia legislativa, esta ley no es solo un ataque a las universidades públicas sino a la propia Constitución, que regula en el artículo 27 esto, como parte fundamental del consenso que se supone nos otorgamos los españoles en el 78 (por mucho que lo modifiquen con nocturnidad y en verano a espaldas de la gente).

Comencemos por el chantaje económico. Como probablemente ya sepas, la Comunidad de Madrid tiene las competencias en Sanidad y Educación, lo que se traduce en que el 80% del presupuesto de las universidades públicas procede directamente del Gobierno Autonómico (para eso es un servicio público). El nuevo método que propone la ley Cifuentes para otorgar de manera fraccionada, con objetivos nada objetivos, los trozos de tarta de esta financiación tiene demasiadas condiciones encima de la mesa. Comencemos a desarrollar el chantaje: todas las universidades públicas de Madrid, según la nueva ley, recibirán una parte de presupuesto como financiación básica, que cubre única y exclusivamente los costes de funcionamiento mínimos.

El problema llega con los “contratos-programa’” donde la Comunidad de Madrid será quien defina qué objetivos dan acceso o no a esta parte del presupuesto. Por ejemplo, si la Comunidad otorga una partida presupuestaria con el objetivo de fomentar que un estudiante de Magisterio curse materias de inglés en vez de pedagogía, la universidad se verá obligada a transformar completamente su plan de estudios no en base a objetivos académicos y sociales, sino a un interés político y mercantil del gobierno de turno. La universidad queda indefensa. El componente académico deja de ser el objetivo básico de este trozo de la financiación.

Los contratos programas también redundan en un camino poco deseable: la diferenciación total entre docencia e investigación haciendo imposible que los avances en investigación reviertan en la enseñanza a los estudiantes. Los investigadores y sus resultados quedarán a merced de una financiación vinculada únicamente al grado de interés que el tema y los avances tengan para la empresa, y los docentes quedarán relegados a la clase magistral y las tareas de evaluación.

Incluso el nivel de inserción laboral de los titulados será otro elemento clave en esta forma de financiación, así pues las universidades que oferten mayor número de plazas en humanidades y ciencias sociales serán las que menor financiación reciban. El objetivo está claro: universidades públicas de élite para las empresas y universidad públicas de segunda para la sociedad.

Y eso por no hablar de que la nueva propuesta de ley vuelve caer en uno de los problemas tradicionales que ha tenido la educación pública no ya en Madrid sino en toda España, no ya en la universidad sino en todos los niveles: hacer leyes desde fuera, sin la participación de la comunidad educativa y con la especial ausencia, como siempre del sector estudiantil. Un ejemplo paradigmático de ello es que de los 124 artículos que desarrolla la ley solo 4 interpelan directamente al estudiantado.

Intervenir directamente en la universidad pública madrileña (mirando con el ojo bien abierto a la Complutense) es el objetivo de esta ley. Como el PP no ha podido imponer mediante mecanismos democráticos a esos candidatos a Rector, como Federico Morán, que encabezaba los procesos de privatización de universidades en el Gobierno del Estado, juegan ahora la carta legislativa. Para que las universidades públicas madrileñas no tengan más remedio que obedecer los mandatos y dictados de una élite privada en el poder, externa a la enseñanza superior, que le es ajena y no le preocupa y de cuya situación económica de excepción son principalmente responsables.