El debate sobre la forma y contenido que las instituciones de la Unión Europea (UE) deben dar para una salida rápida, justa y eficiente a la crisis sanitaria, social, económica y política derivada de la COVID-19 en el continente, la posición y justificación de los llamados “países frugales” (Austria, Dinamarca, Suecia y Países Bajos) ha empezado a tomar fuerza incluso entre algunas personas de nuestro país.

Países Bajos está desempeñando una especie de portavocía informal de su grupo, recogiendo el hilo que ya inició durante las actuaciones de la UE a raíz de la crisis de 2009, actuaciones que a día de hoy están unánimemente consideradas como insuficientes, tardías y contraproducentes. Muchas personas recordarán aún las declaraciones de presidente del ECOFIN en 2017, el holandés Dijsselbloem, sobre la gente del Sur gastándose “todo el dinero en licor y mujeres”. Y seguramente también recuerden las más recientes del ministro de finanzas del mismo país, Wopke Hoekstra, acusando a los mismos países de admitir a personas “demasiado viejas con COVID-19 en las UCIs”. Ambos casos (al margen de ser buenos ejemplos de la catadura moral de los profetas que las eructaron) ligan la situación presupuestaria de su país comparada con la del Sur a una práctica exigente de determinadas virtudes morales de las que supuestamente aquí no tenemos.

Este tipo de relaciones siempre son de difícil demostración por el mero hecho de que las virtudes morales son individuales y no patrimonios nacionales y las variables macroeconómicas son resultados estadísticos extraídos en un territorio durante un tiempo determinado de tiempo, incluyendo en él los resultados de las empresas y los balances contables de los Estados, a los que suele resultar muy complicado atribuir voluntad o conducta moral. Tampoco resulta conveniente en un proyecto político común como debiera ser la Unión Europea imputar de manera colectiva virtudes y defectos morales a tenor de la pertenencia a una nación determinada o a un grupo humano determinado. Puede también que estos argumentos tan poco inteligentes como altisonantes estén destinados a desviar la atención de algunas circunstancias objetivas que concurren respecto de la economía de los propios Países Bajos, asuntos muy importantes y significativos en el asunto que se debate: una salida reglada basada en la solidaridad.

El sistema fiscal holandés concede ventajas especiales a las empresas que tributen en su territorio, lo que en el seno de la UE provoca un importante efecto de deslocalización fiscales de grupos empresariales del resto de la Unión, muchos de los cuales tienen filiales operativas en Holanda a fin de poder imputar sus beneficios ahí, pagando bastante menos impuestos de los que correspondería si se comportasen de manera (aquí sí) moralmente correcta.

Prácticas fiscales lesivas

A diferencia del licor y de prestar a las personas mayores la asistencia sanitaria que les es propia, las prácticas fiscales que abona y cobija Holanda están reconocidas por la mayoría como una de las más lesivas para los sistemas fiscales internacionales, hasta el punto de que la propia OCDE tiene un proyecto dedicado a evitar que prolifere, el llamado BEPSI.

De cara a evitar la competencia desleal que Países Bajos practica dentro del mercado único, la UE ha intentado en repetidas ocasiones establecer unas condiciones mínimas comunes al impuesto de sociedades –como por otra parte ha reclamado desde hace mucho la Unión General de Trabajadores–. El último intento fue en el año 2018, pero la iniciativa fue al traste principalmente por la oposición de importantes grupos del gran capital para los que prestaron su voz y voto Luxemburgo y (sorpresa) Holanda.

Según un trabajo de Torslov, Wier y Zuckman (2018) el impacto directo de esta deslocalización de beneficios en la recaudación del impuesto de sociedades en España es del 14%. Esto se traduce en que España pierde aproximadamente ingresos fiscales por un equivalente al 1,2% de su PIB anual. De la cantidad perdida por el fisco español por empresas que no pagan aquí lo que les correspondería, el 85% se hace en beneficio de otros países pertenecientes a la UE, siendo Holanda el país directamente más beneficiado (con aproximadamente 1.500 millones de euros al año), seguido de Luxemburgo (con algo más de 1.000 millones de euros anuales).

Una recuperación del conjunto de la UE

La población de los Países Bajos es aproximadamente un tercio de la española, por lo que con un cálculo rápido podría decirse que cada virtuoso y frugal holandés se mete en el bolsillo 82 euros al año procedente de ingresos que deberían ir a las arcas fiscales españolas. No somos partidarios de empezar a hacer este tipo de sumas, pero pueden hacerse porque el propio país las hace, por ejemplo: el monto total de lo que Holanda ingresa mediante su especial mecanismo fiscal procedente solo de las cuatro mayores economías de la zona Euro (Alemania Francia, Italia y España) es de aproximadamente 10.000 millones de euros al año, un 3% del total de sus ingresos fiscales. Se calcula que España podría recibir aproximadamente una cantidad similar del fondo SURE para cubrir los ERTES que se han puesto en marcha a raíz de la COVID-19. Es decir, España recibiría de manera extraordinaria la misma cantidad que Países Bajos recibe anualmente gracias a su manera de entender la solidaridad y la moral.

No obstante, no son éstos los únicos que pueden usarse a la hora de discutir posiciones como la holandesa en el debate sobre los recursos necesarios para la recuperación del conjunto de la UE.

Uno de los más interesantes es el que apunta a que la UE (el proyecto común que mayor periodo de paz y crecimiento democrático, social y económico ha dado al continente) nos beneficia a todos, pero no a todos los países por igual. Así, un estudio Mion y Ponattu (2019), estimaba que los países más cercanos al centro geográfico de la UE, como Alemania, Austria u (otra vez) Holanda obtenían unos beneficios del mercado único muy superiores a los que obtienen los de la periferia. Los factores no son solo geográficos, pero evidencian que las asimetrías que denunciamos existen, de tal manera que el beneficio de pertenencia al mercado único per cápita en Holanda duplica al italiano y casi triplica al de España. A tenor de estas cifras, parece aún más injusto que sean estos dos países los obligados a asumir el coste del mantenimiento de una estructura cuyos beneficios no reciben en una proporción tan elevada como la de otro y que asuman como suyo un problema que no les es exclusivo (el de las crisis que ha provocado la COVID-19). Pedir a Italia y a España, enormes beneficiadas de su pertenencia a la Unión Europea, que acepten recortes, pérdidas de bienestar sostenidas y deterioro de su crecimiento potencial debido a las inversiones no realizadas, todo por mantener un mercado único que beneficia especialmente a empresas o entidades financieras alemanas y holandesas (dicho de una manera muy sucinta) y que continúan presionando para que España incida en grandes procesos de privatización de sus servicios públicos o de sus pensiones, parece poco solidario, de dudosa moralidad y técnicamente poco frugal.

Lo que la COVID-19 ha sacado a la luz

La crisis de la COVID-19 también ha sacado a la luz en nuestro país ha resucitado (¡por fortuna!) asuntos como la privatización brutal de la sanidad y de los servicios sociales en gran parte de España. Resulta en este debate especialmente significativo el que algunos hospitales y residencias de ancianos nacidas durante el furor privatizador estén hoy en manos de empresas holandesas o empresas que, gracias a la arquitectura fiscal y a la frugalidad de los Países Bajos, tributan allí lo que en justicia debieran hacer aquí. Pero esta crisis también ha revelado como la política industrial y comercial librecambista de la UE (de la que Suecia, otro de los frugales, siempre ha sido gran abanderada) ha tenido como consecuencia el que muchos de los estados de la UE no pudieran tener abastecimiento de productos imprescindibles y que hayan tenido que comprarlos a un mercado internacional que, a tenor de los acontecimientos, a menudo se asimilaba más a un bazar poco fiable.

La Unión General de Trabajadores ha hecho un llamamiento a la Confederación Europea de Sindicatos, de la que es fundadora, para que el conjunto de la clase sindical europea reclame mecanismos económicos solidarios para el conjunto de la Unión. Por convencimiento en el proyecto europeo, en sus valores fundacionales y en las evidentes bondades que la UE trae al continente. Pero también porque sólo esa salida sería justa, habida cuenta de los beneficios acumulados que otros Estados miembro (como Países Bajos) obtiene gracias a la generosidad de nuestro país. Generosidad por generosidad, podríamos decir.

La visión y postura de frugales como Países Bajos puede ser defendida en el entender y visión de los que niegan los enormes beneficios que asumen y que no debieran asumir en una Unión Europea simétrica, justa y convergente. Los que aquí en España lo hacen son los mismos abanderados de la austeridad, la privatización y reformas laborales o de pensiones que siempre benefician sólo a la parte más pequeña y con frecuencia insolidaria del conjunto de la sociedad española. Los mismos que hacen campaña contra lo que ellos llaman paguita: una miseria comparado con la enorme cantidad que todos los años se llevan a tributar al país cuya postura avalan.

Al igual que desde el siglo XVI en muchas islas del Pacífico y Caribe se establecieron puertos seguros para piratas, gracias a las investigaciones de un consorcio de periodistas y personas implicadas en la justicia fiscal, hace un año que tenemos constancia de una nueva guarida para los nuevos piratas del siglo XXI: Panamá. Un puerto seguro en el que tras una compleja red de empresas ficticias creadas para la evasión tributaria empresas y personas de relevancia del ámbito internacional ponen a buen recaudo el dinero que esquilman al resto.

Pese a las promesas de los líderes europeos para acabar con los paraísos fiscales y con el secreto fiscal de las grandes corporaciones, poco o nada se ha hecho para acabar con estas prácticas que permiten la transferencia legal de activos a santuarios en los que sus fortunas no pagan lo que justamente les corresponde a las autoridades tributarias  nacionales. Y mientras las personas que manejan esas corporaciones y esas grandes fortunas siguen evitando pagar, los trabajadores y trabajadoras de Europa siguen sufriendo los rigores de las políticas de recorte, tanto en forma de subidas de los impuestos menos progresivos (como el IVA), como en forma de recortes de servicios. Y todo ello bajo el argumento de la falta de dinero con que costearlos o la necesidad de recortar derechos para favorecer el crecimiento económico.

La codicia corporativa sigue pasando desapercibida a ojos de los que pueden y deben regular y exigir cumplir la ley. Entre otras cosas –tal vez– porque hemos visto que alguno de estos políticos utilizan cuando menos inmoralmente estos paraísos.

Desde hace mucho organizaciones sindicales y sociales vienen denunciando lo falaz del argumento de que vivimos por encima de nuestras posibilidades (y de que la mayoría de estos evasores viven muy por encima de las suyas y de las nuestras). Falso también el argumento de que no hay dinero: jamás fue el mundo tan rico. Jamás los ricos acumularon tanto. Sencillamente la riqueza sigue mal repartida. Y esto se debe en gran medida a que hay muchos que no pagan lo que deben, que abusan y deshonran las sociedades en las que viven y se enriquecen, escaqueando con absoluta deslealtad su contribución al sostenimiento y desarrollo de las mismas.

Así, mientras que los responsables políticos de la derecha española dicen que no nos podemos permitir crear una prestación de ingresos mínimos para personas en desempleo que no tengan recursos (como propone UGT y CCOO) porque no podemos pagarla o porque puede fomentar el fraude, se muestran mucho más tibios y menos preocupados del crimen cuando la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI), creada en 2013 para perseguir la evasión fiscal de las grandes corporaciones, afloró con sus inspecciones 2.600 millones en 2015 y 3.700 millones en 2016.

La Unión General de Trabajadores, como la Confederación Europea de Sindicatos (CES), considera que el paquete de lucha contra la evasión fiscal puesto en marcha por la Comisión Europea el año pasado camina con lentitud y tiene carencias muy relevantes. El Parlamento Europeo considera que la UE pierde anualmente alrededor de 70.000 millones de euros en ingresos fiscales debido a las prácticas de evasión fiscal, lo que representa algo más del 16% de la inversión pública de la Unión. Una cifra a la que, si se le suma la elusión fiscal, daría para políticas muy necesarias. Por ejemplo, dotar a las autoridades tributarias de las herramientas y personal necesario para luchar contra ellas. Varios estudios de nuestras organizaciones sindicales ponen de manifiesto la vergonzante relación existente entre la disminución de las plantillas en las agencias tributarias y el aumento del gran fraude.

Necesitamos también mucha más transparencia sobre la realidad fiscal de las grandes corporaciones y las grandes fortunas. Bienvenidas son las nuevas exigencias europeas sobre la contabilidad fiscal de las empresas. No siendo suficientes, son un buen paso. Como también lo sería el que los y las consumidoras tomásemos conciencia de las actuaciones fiscales de algunas de nuestras empresas más significativas que, según un reciente informe de Oxfam, han aumentado significativamente sus operaciones en paraísos fiscales (al tiempo que prevarican el empleo).

Es una cuestión de justicia el que todas y todos combatamos la condescendencia con las que se consienten las prácticas desleales y antisociales de quienes tienen dinero. Ninguna actividad empresarial o financiera es posible sin personas, sin sociedades; por tanto, ninguna actividad empresarial o financiera puede considerarse ajena, exenta, por encima de esas sociedades que permiten su existencia. Cualquier práctica en ese sentido tiene que pasar a ser reprobada, ilegalizada, y combatida con toda contundencia.

Con ese objetivo, el Foro Social Mundial de 2016 decidió convocar un día de acción global contra los paraísos fiscales el 3 de abril de 2017, coincidiendo con el primer aniversario de los Papeles de Panamá. UGT, como miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal, se une a otras muchas organizaciones y convoca movilizaciones en varios lugares de España, y anima a la participación de todas y todos. ¡Basta ya de codicia corporativa! ¡Acabemos con los paraísos fiscales!