¿Elecciones en el Servicio Canario de la Salud?

En los últimos días venimos escuchando en el ámbito político, social y sanitario la frase no están a la altura desde diferentes medios de comunicación. No están a la altura de las circunstancias excepcionales provocadas por la pandemia del COVID-19, del escenario insólito y de incertidumbre que éste ha generado y la infinidad de dramas en el ámbito laboral y por tanto para muchos, familiar que ha traído consigo.

En estos momentos, desde co.bas Canarias creemos necesaria compartir una reflexión puntual sobre una información que se ha conocido esta semana, el preaviso presentado por varios sindicatos, en concreto UGT, CC.OO. y CEMSATSE, de Celebración de Elecciones para el personal del ámbito sanitario del Servicio Canario de la Salud, con intención de que la misma comience el mes de junio y se desarrolle durante los meses de julio, agosto y septiembre.

Con lo que está sucediendo actualmente, donde los esfuerzos y energías de todos y todas deben ser dirigidos a lo que es verdaderamente importante, que es combatir la pandemia, en co.bas nos preguntamos si es realmente necesario que se celebren ahora unas elecciones, y más en el ámbito sanitario.

Debido al Estado de Alarma actual, multitud de procedimientos administrativos están paralizados. Es más, en el ámbito de los funcionarios de la Administración Pública Canaria se ha tomado la decisión de suspender muchos procesos electorales que tenían que celebrarse en estos momentos. Por eso, esta organización sindical defiende que no es oportuno convocar ahora estas elecciones. Entendemos que los máximos esfuerzos de los representantes de los trabajadores y trabajadoras, en estos momentos, deben ir dirigidos a dar apoyo informativo y logístico a todas y todos nuestros compañeros/as del ámbito laboral, para quienes se están produciendo infinidad de problemas distintos, desde la pérdida temporal o indefinida del puesto de trabajo a la reducción de salario u otros muchos.

Entendemos desde luego las muchas acciones que en estos días se realizan por solidaridad, pero no comprendemos las que se realizan oportunamente aprovechando el momento tan delicado que estamos viviendo. Unas elecciones obligan a cada organización a mirar hacia dentro, a poner en marcha procedimientos para la difusión de propuestas, de caras y candidatos, y ahora, es momento de volcarnos hacia fuera, de ponernos más que nunca al servicio de aquellos a quienes representamos y defendemos. Sólo así podremos responder, cuando esto acabe, que sí estuvimos a la altura.

Desde hace años venimos observando cómo las decisiones inoperantes de muchos altos cargos terminan siendo judicializadas y en muchas ocasiones con consecuencias económicas a las que tiene que hacer frente la Administración Pública de Canarias.

Estamos hablando de muchas demandas laborales que son interpuestas por trabajadores/as, de forma colectiva o individual, y que finalmente son estimadas en última instancia por los juzgados, fallando a favor de los mismos y con repercusiones económicas que tienen que ser abonadas por la propia Administración. Es decir, que quien realmente paga esta nefasta gestión de nuestros altos cargos es la ciudadanía, los propios trabajadores con nuestros impuestos.

Un ejemplo claro lo tenemos en “aquellos” que decidieron recortar un 20% a un sector del personal laboral y funcionario interino de la Comunidad Autónoma de Canarias. Finalmente los juzgados han fallado a favor de los trabajadores/as y por lo tanto la Administración Pública ha tenido que hacer frente a un gran desembolso económico además de los intereses de demora. Esto es solo un ejemplo, pero llevamos años asistiendo a innumerables casos jurídicos perdidos por la Administración Pública que desembocan en grandes desembolsos económicos sin que ello suponga ninguna penalización para el “autor del delito”.

Con especial asombro observamos cómo no solo no se penalizan estas malas gestiones, sino que los altos cargos, cuando abandonan sus funciones y se reincorporan a su puesto de funcionarios públicos, son “recompensados” con indemnizaciones por su “gran labor”. Eso sí, este trámite suele realizarse de forma muy sigilosa, es una imagen de la que tampoco interesa alardear.

¿Cómo es posible que se puedan tomar decisiones de este calado en la Administración Pública y no exista ninguna responsabilidad por parte de quienes las toman?. En una empresa privada la responsabilidad de la toma de decisiones recae en sus propios gestores y la mala gestión se paga pero no por los consumidores.

Desde co.bas Canarias pensamos que es necesario e imprescindible que exista una ley de responsabilidad política y económica, como medida de protección de los intereses de la ciudadanía. Las repercusiones de una mala gestión en una empresa privada podrían derivar en la reducción de la plantilla o en el propio cierre de la misma, además de la exigencia de responsabilidad “al culpable”. En la Administración Pública una mala gestión parece que no tiene repercusión pero la realidad es que sus efectos repercuten en cada uno de nosotros y no en los verdaderos culpables.