El desarme de ETA, al igual que el abandono previo del terrorismo, no es el resultado de una evolución política sino la consecuencia de haber perdido todos los pulsos que la banda ha ido echando al Estado y del fracaso de las estrategias que los etarras pretendieron llevar a cabo en los últimos años. A falta de conocer los detalles de cómo se lleva a cabo ese desarme, se puede asegurar que ese paso no tiene nada de unilateral sino que ha sido forzado. Es una paradoja, pero la resistencia a deshacerse de sus arsenales se había convertido en un problema para ETA, pero no para los gobiernos de España o Francia.

La idea de desarme unilateral no ha figurado en los planes de ETA hasta hace pocos meses. La idea de la entrega a un gobierno de las armas intactas apenas tiene un trimestre de antigüedad. Es ilustrativo ver cómo el grupo terrorista fue planteando su estrategia en este campo tras el anuncio del abandono de la violencia en octubre de 2011. En aquella fecha, ETA envió a su equipo negociador a la capital noruega a esperar la llegada de los representantes del Gobierno de España para iniciar una negociación en los términos establecidos en la declaración de la Conferencia de Aiete. Los representantes del Gobierno, sin embargo, nunca llegaron. En 2012 ETA utilizó a la Comunidad de San Egidio para preguntar si el ejecutivo de Rajoy estaba dispuesto a ir a Oslo y la respuesta fue negativa.

Mientras tanto, la banda no hizo sino difundir mensajes de sus propósitos negociadores. El 17 de mayo de 2012, ETA difundió un comunicado en el que anunciaba que había nombrado una delegación “para abordar el diálogo con los Gobiernos de España y Francia” en los términos establecidos en la declaración de Aiete. Los dirigentes de ETA Mikel Albisu, Antza, y Soledad Iparragirre, Anboto, aprovecharon un juicio que tenía ante un tribunal de París el 13 de noviembre para reclamar una negociación que debía tener como ejes el desarme, la desmilitarización y los presos. Unos días más tarde, el 25 de noviembre, otro comunicado de ETA establecía de forma precisa la agenda que pretendía llevar a las negociaciones:

– “Plazos y fórmulas para que regresen a casa todos los presos y exiliados políticos vascos.

– Plazos y fórmulas del desarme, la disolución de las estructuras armadas y desmovilización de los militantes de ETA.

– Pasos y plazos para la desmilitarización de Euskal Herria, adecuando al final de la confrontación armada, las fuerzas armadas que están en Euskal Herria“.

El documento dejaba clara la vinculación del desarme a un acuerdo que conllevara la excarcelación de los presos, la vuelta a casa de los terroristas huidos y la retirada de efectivos policiales. La unilateralidad no aparece por ninguna parte.

Los acontecimientos, sin embargo, hicieron inviables los planteamientos de ETA por la negativa del Gobierno español a sentarse en la mesa de negociación de Oslo. Esa situación terminó generando tensiones entre los etarras y los verificadores ya que los primeros se negaron, en enero de 2013, a flexibilizar sus posturas tal como les pedían los segundos. La rigidez de los tres representantes de la banda, que se negaban a que los verificadores intervinieran en la cuestión del desarme por ser un asunto a negociar con los gobiernos de España y Francia, provocó que el Gobierno de Noruega acabara expulsándolos del país el 18 de febrero del mismo año. Esa medida, considerada por ETA “un paso atrás”, echó por tierra de manera definitiva el plan de Aiete al que la banda se aferraba.

Un comunicado de ETA fechado el 17 de marzo, un mes después de las expulsiones, daba a entender el foco de las diferencias con los verificadores: “ETA quiere aclarar que el tema del desarme está fuera del mandato que recibió el Comité Internacional de Verificadores en su creación y, por eso, no ha estado ni está en la agenda de trabajo de ETA ni del Comité Internacional de Verificadores”. Un año más tarde cambiaría de opinión para convertir a los verificadores en testigos del “sellado”, que no desarme, de sus armas. El vídeo del famoso sellado resultó un fiasco y dejó la credibilidad de los verificadores bajo cero y a ETA en el ridículo.

ETA terminó asumiendo que el Gobierno español no iba a ir a la mesa de negociación y las elecciones echaron por tierra la esperanza etarra de que hubiera un nuevo ejecutivo dispuesto a hablar con la banda. Tampoco funcionó la estrategia de conseguir la implicación del Gobierno francés al margen del español a pesar de los muchos mensajes enviados a París y de las gestiones de intermediarios diversos.

Al final, ETA estaba presionada desde todos los flancos para que entregara las armas cuanto antes: presionada por la Guardia Civil y los servicios de información franceses (DCSI) que estaban encima de cualquier movimiento de los arsenales como se evidenció en 2015 y en diciembre de 2016; presionada por los presos que necesitaban algún gesto de ETA con la esperanza de que fuera correspondido con una mejora de sus condiciones penitenciarias y presionada por una izquierda abertzale que no desea que el expediente etarra siga lastrando su política. ETA se ha visto forzada a entregar las armas teniendo en mente, como una espada de Damocles, la afirmación de Arnaldo Otegi en 1999: la foto de la entrega de las armas sería la foto de la derrota.

Florencio Domínguez, director del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismodirector del Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo