Tras los festejos friki-infantiles de Halloween, y la festividad de “ Todos los Santos”, la siguiente cita fija del calendario informativo, justo antes del puente de la Constitución, está marcada tradicionalmente por la presentación de los Presupuestos Generales del Estado; Esta efeméride acarrea desequilibrios mentales temporales en los políticos valencianos, convirtiéndose en adalides de nuestros intereses ( en el caso de que el partido en cuestión no gobierna en Madrid) o en justificadores de la racanería inversora del gobierno central.

Las lágrimas de cocodrilo de nuestros políticos en diciembre, son fruto de su inacción y la tradicional buena fe ante sus correligionarios entre septiembre y noviembre. En diciembre, los políticos improvisan algunas enmiendas con partidas minúsculas para justificar el voto favorable a unos presupuestos que son la periódica muestra del inexistente poder político valenciano.

La novedad en este otoño-invierno de 2018, es que los Presupuestos Generales del Estado para 2019 no son responsabilidad de Cristóbal Montoro.

Será la nueva Ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, y el flamante Presidente del Gobierno Pedro Sánchez, los parcialmente responsables de que el Gobierno del Botànic repita legislatura, o pase a la oposición. Los Presupuestos ( en mayúscula) marcarán el futuro político de nuestra nacionalidad histórica los próximos cuatro años, porque si los valencianos no conseguimos el 10% de la inversión territorializada en los próximo PGE, y en mi opinión una compensación adicional por la negativa a debatir y aprobar un nuevo modelo de financiación, Ximo Puig y Mónica Oltra perderán – o deberían perder en una sociedad políticamente madura- la mayoría en Les Corts Valencianes.

Una leyenda que recorre los pasillos del Ministerio de Hacienda, señala que cuando las cuentas no salen al intentar cuadrar los Presupuestos, los ajustes se hacen contra las necesidades de educación, sanidad, asistencia social e infraestructuras de los valencianos; supongo que será porque nos tienen por “más muelles”, y porque saben que Delegados del Gobierno y diputados poco comprometidos con sus conciudadanos apelaran a la necesaria solidaridad entre españoles para justificar las carencias inversoras.

Pero si en este contexto político tan inestable, el gobierno de Pedro Sánchez, que inició su sorpresivo mandato obviando el principal objetivo del Govern del Botànic (“configurar una nueva financiación autonómica justa con los valencianos”) nos vuelve a ningunear en los Presupuestos, será culpa de muchos diputados valencianos.

En un Congreso donde además de los tradicionales polos derecha-izquierda juegan para la matemática parlamentaria los apoyos de los grupos políticos territoriales - catalanes independentistas, los soberanistas vascos y los regionalistas navarros, canarios y asturianos- los 32 diputados valencianos deben desempeñar un papel relevante para que el Proyecto de PGE recoja aspiraciones valencias ( responsabilidad de los 5 diputados de PODEM, los 6 del PSPV y los 4 de Compromis) y también de PP y Ciudadanos que deben de intentar incorporar enmiendas que mejoren los Presupuestos en favor de los intereses de los valencianos.

En un momento en que con el impulso del Presidente del Gobierno, y con un aparente consenso del PP, PSOE y Ciudadanos se estudia una reforma constitucional exprés para la reducción del ámbito de los aforamientos a diputados, senadores y miembros del gobierno, que obligará a modificar dos artículos de la Constitución, lógicamente l´Associació de Juristes Valencians recordamos a los diputados valencianos que están obligados a que la “mini-reforma constitucional” incluya la recuperación del Derecho Civil Valenciano, que estuvo vigente durante 10 años entre 2006 y 2016, en ámbitos de Derecho de familia, porque así lo prevé nuestro Estatuto de Autonomía, y que se sigue aplicando a 300.000 valencianos.

Sr. Baldoví, en el curso de las negociaciones que sin duda mantendrán en breve con el Gobierno para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, como muestra de buena voluntad y coincidente con la iniciativa de modificación constitucional aprobada por Les Corts Valencianes el pasado día 24 de octubre y remitida al Congreso, es imprescindible que condicionen cualquier reforma constitucional, y su decisivo voto a los PGE, a que se tramite conjuntamente la reducción del ámbito de los aforamientos y de la modificación técnica de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para hacer efectiva la competencia prevista en l´Estatut en materia de Derecho Civil.

Previsiblemente, el Consejo de Estado facilitará a mediados de noviembre su informe al gobierno con un texto articulado para modificar los dos artículos de la Constitución que regulan los aforamientos. No tendría sentido modificar la Constitución, que requiere mayorías cualificadas en Congreso y Senado, y potencialmente un referéndum facultativo entre toda la población española si lo solicita más del 10% de diputados o senadores, y no aprovechar para volver a aplicar la competencia estatutaria en Derecho civil que posibilitó leyes de familia que su partido apoyó y estuvieron vigentes durante 10 años en la Comunitat Valenciana.

El anterior Presidente del Consejo de Estado, el jurista Romay Beccaria, dijo a Joan Baldoví en el curso de la Comisión para la modernización del Estado Autonómico, “Me parecerá muy bien, señor Baldoví, que el derecho foral valenciano tenga el reconocimiento que se merece y que se busquen las soluciones legislativas adecuadas para que pueda tener el mismo reconocimiento que los demás. No creo que haya que hacer de menos al derecho foral valenciano y sobre eso pienso que habrá que buscar una solución acorde con el conjunto del ordenamiento jurídico y evitar ese agravio si la Comunidad Valenciana lo está viviendo así.”.

Sr. Baldoví, como el municipalismo y la sociedad civil valenciana se siente agraviada por esta discriminación, los diputados y senadores de Compromís en las Cortes Generales, no pueden consentir que se promueva una modificación constitucional por parte del Gobierno y se dé la espalda a la recuperación del Derecho Civil Valenciano, en especial porque era una petición recogida en la propuesta nº 998 del Programa electoral de “ A la Valenciana”; implíquese junto con el resto de diputados valencianos, en conseguir lo que tienen los vascos, navarros, gallegos, catalanes, vascos y aragoneses un Derecho Civil propio porque así lo han solicitado en múltiples ocasiones los representantes políticos y sociales de los valencianos, la última vez el pasado 24 de octubre lo hicieron una gran mayoría de diputados de Les Corts.

Le volvemos a recordar que durante el Govern del Botànic los valencianos tenemos menos autogobierno y menos derechos que hace 2 años tras las Sentencias del Tribunal Constitucional, por eso le requerimos, al igual que al Molt Honorable President de la Generalitat y a la Vicepresidenta, a conseguir que junto con la reforma para limitar los aforamientos se actualice la Carta Marga para que nuestro Estatuto y nuestro Derecho Civil sean constitucionales, tal y como pretendían los diputados del Congreso que en el año 2006 aprobaron la Ley Orgánica de reforma de nuestro Estatuto, que permitió 300 años después de la Batalla de Almansa, que temporalmente las consecuencias del Decreto de Nueva Planta no afectarán a nuestro pueblo.

Sr. Baldoví implíquese para evitar una nueva Almansa, y evitar que perdure este nuevo agravio contra los derechos civiles de los valencianos.

*José-Ramón Chirivella, president de l´Associació de Juristes Valencians

En les últimes eleccions generals, i en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, PODEMOS va concórrer juntament amb Compromís i Esquerra Unida del PV, en una coalició electoral anomenada “A la Valenciana”, que els possibilità obtindre 9 diputats estatals amb un percentatge de vot superior al 25%. La finalitat de la coalició era conformar un grup parlamentari propi, la qual cosa no va ser possible per una interpretació estricta del Reglament del Congrés realitzada per la Mesa d’eixe òrgan.

En definitiva, la representació de PODEMOS en tots els àmbits territorials és molt rellevant, si tenim en compte que es tracta d’un partit amb menys de 3 anys d’existència. Fruit d’eixa joventut orgànica, ha de pronunciar-se sobre moltes qüestions rellevants per als ciutadans valencians. Els simpatitzants de PODEMOS definiran, com indiquen en el seu web, “el futur polític i organitzatiu de Podem a la Comunitat Valenciana”; s’hi indica també que “amb el nostre vot estem decidint moltes més coses que el futur immediat de Podem”. En efecte, les persones inscrites en l’Assemblea determinaran qüestions cabdals per als valencians i valencianes en general, donat el poder orgànic i territorial d’esta opció política; entre d’altres, i en la nostra opinió, hauria de figurar el dret civil valencià.

Però, anem a pams. Després de la lectura dels diferents documents polítics presentats (que poden consultar-se en la web de Podem), i sobre la base del seu caràcter provisional, i les possibilitats de transparència i participació pròpies de PODEMOS, voldríem proposar un major grau de valencianisme social en les propostes plantejades: per exemple, concretar amb més precisió l’actuació en matèries com el deute històric derivat de l’infrafinançament continuat en el temps, la resolució del qual implicaria potencialment una millora de l’educació, la sanitat, els servicis socials, la situació de la justícia o les polítiques culturals de les valencianes i valencians. També seria convenient aprofundir respecte al grau d’arrelament que volen imprimir en les seues polítiques, i sobre la seua capacitat d’influència en els diputats i senadors de PODEMOS a Madrid, a fi que les preocupacions socials dels valencians tinguen el protagonisme que ens correspon en les polítiques estatals. En resum, creiem que no és prou amb posar-li a les diferents candidatures una denominació en valencià o redactar en la nostra llengua els documents a debatre en l’Assemblea; a més, cal aportar programes específics que facen diagnòstics, definisquen problemes i dissenyen solucions pròpies. Perquè la nostra situació, després d’anys de corrupció, infrafinançament i tracte diferenciat donat pel poder central en mans del PP i del PSOE, és distinta a la de madrilenys, catalans o castellans en general. La falta de centres de dia i residències, l’existència dels “barracons”, les llistes d’espera en sanitat, etc., així ho demostren.

En general, des de l’Associació de Juristes Valencians creiem necessari que en l’Assemblea Ciutadana s’aborden les qüestions que ens afecten, ací i ara, a les valencianes i valencians del segle XXI. Per això valoraríem que les candidatures tingueren en compte en els seus programes que el nostre Estatut ha sigut retallat en un dels seus punts clau: el del Dret Civil. Seria inconcebible en altres territoris que la seua principal norma d’autogovern, com és el nostre Estatut d’Autonomia, que preveu en 7 dels seus articles la potestat de la Generalitat per a dictar normes civils, i que va ser aprovat per les diputades i diputats valencians a València i Madrid amb grans majories parlamentàries, es declarara inconstitucional i que els seus diputats autonòmics no promogueren immediatament una solució al problema; perquè, en el fons, el que s’ha qüestionat és el nostre autogovern.

Poder regular un dret civil propi, com fan aragonesos, gallecs, navarresos, catalans, balears o bascos, és una ferramenta que possibilita polítiques socials en matèria d’unions de fet, custòdia familiar, règim econòmic matrimonial o dret de successions, entre d’altres. Per exemple: la nostra capacitat per a legislar sobre la propietat i els seus elements connexos –pensem en la vivenda, sense anar més lluny- es veu debilitada per la manca de competència sobre el dret civil. Si la tinguérem, disposaríem de normes tan socials i modernes com volgueren els nostres representants, depenent de les majories parlamentàries de cada legislatura.

Després de les sentències del Tribunal Constitucional que anul·len les lleis valencianes en matèria de dret civil, i a la vista que ha transcorregut quasi un any des que el TC anuncià la inconstitucionalitat de la primera d’elles, els membres de l’AJV ens hem reunit amb els 5 grups parlamentaris de les Corts per tal de promoure la reforma constitucional des de la societat civil, conscients de l’ampli suport municipal i evitant posicions partidistes. I és que, com han indicat recentment els experts de la Comissió de Codificació del Dret Civil Valencià, la reforma constitucional és la via per a acabar amb més de 300 anys de discriminació.

En la nostra opinió, existïx una gran majoria parlamentària a favor d’esta via, però ens agradaria prioritzar la unitat de les forces polítiques valencianes perquè tinga més probabilitats d’èxit en el Parlament espanyol. Per això volem assegurar que les diputades i diputats de PODEMOS en les Corts votaran a favor d’eixa reforma constitucional urgent, que és necessària per a fer realitat el que determina el nostre Estatut, per a ser iguals, en fi, als nostres veïns aragonesos, catalans i balears. Quan arribe a Madrid, a les Corts espanyoles, els diputats i senadors de “A la Valenciana”, la coalició en què es va integrar PODEMOS, tindran l’oportunitat de defendre el programa electoral amb el qual van concórrer a les eleccions, ja que la proposta 998 contemplava la reforma constitucional per a possibilitar que els ciutadans de totes les Comunitats Autònomes puguen gaudir d’un dret civil propi.

Cal recordar que totes les agrupacions polítiques esmentades properes a PODEMOS han donat suport a la campanya promoguda per l’AJV en suport del Dret Civil Valencià previst en l’Estatut d’Autonomia. En ella plantejàrem inicialment la retirada dels recursos d’inconstitucionalitat contra les diverses lleis aprovades en l’ús de la competència; després de les sentències del TC anul·lant-les, l’hem convertida en una invitació dels ajuntaments als diputats i diputades de les Corts per a iniciar la reforma constitucional, amb l’objectiu de garantir la competència valenciana en matèria civil, com ja la tenen altres 15 milions d’espanyols.

Fins ara, 188 ajuntaments (els últims, Bellreguard, Muro i Monover) de totes les comarques i ideologies (vegeu-ne el llistat en www.ajv-val.org), que representen a més de 4 milions de valencianes i valencians, han debatut i confirmat, en general amb unanimitat de tota la corporació, que volen que els seus veïns disposen d’un dret civil modern i socialment avançat. En realitat, amb esta campanya municipalista s’ha repetit la lluita per una autonomia sòlida que va promoure l’any 1979 Josep Lluís Albinyana, candidat al Senat de PODEMOS-Compromís en les eleccions generals de 2015.

Així mateix, esta reivindicació ha sigut assumida per diferents institucions i agents socials, entre d’altres, les Facultats de Dret de la UJI de Castelló i de la Universitat de València (per unanimitat de les seues Juntes) i també per LAMBDA, CC.OO., UGT, Intersindical Valenciana, …, al costat d’altres associacions culturals i comarcals.

Sembla evident que estem davant d’un atzucac, una situació de paràlisi en una part fonamental del nostre Estatut, que requerïx dignitat, unitat i espenta de tota la societat valenciana. Per això instem les diverses candidatures a l’Assemblea Ciutadana perquè incorporen als seus respectius documents les solucions que proposen per a la defensa del nostre dret civil, i que concreten si estan disposades a demanar a les Corts Valencianes que porten endavant la reforma constitucional.

En ocasions, el fonamentalisme, el voler tot el que es pretén per a finalment no aconseguir res, ha exhaurit iniciatives socials profundament sentides per la població. Esta és una d’eixes ocasions en què totes i tots hem d’estar units; i no serà l’última… Ja n’hi ha prou d’ajornar els nostres interessos, no repetim l’error en què es va incórrer durant la Guerra Civil i que ens va privar d’aconseguir la mateixa autonomia política que van gaudir catalans i bascos ( liderats per un PNV molt conservador). Llavors es posposà l’obtenció de l’autonomia (inclosa en el programa del Front Popular amb el suport de la immensa majoria de municipis valencians) fins que s’haguera guanyat la guerra. El resultat va ser una catàstrofe: la guerra es va perdre, el règim franquista considerà (i castigà) als valencians com a desafectes i, per acabar de rematar-ho, la Constitució de 1978 ens va impedir, per eixa raó, accedir al màxim grau d’autonomia, encara que parega increïble… Molts valencians no podríem entendre la repetició de la mateixa postura, que en aquell moment van adoptar en la pràctica el PSOE, la Izquierda Republicana de Manuel Azaña o el Partit Comunista. I, com veiem, els errors històrics es perpetuen en el temps i les seues conseqüències reapareixen de tant en tant.

Necessitem, puix, que PODEMOS en l’Assemblea Ciutadana, les seues diputades i diputats en les Corts, així com la seua representació en el Congrés i Senat, donen suport a una voluntat generalitzada del municipalisme valencià i, en concret, de les candidatures que li són afins en pobles i ciutats. Es tracta, en definitiva, d’alinear-se amb el nostre dret civil, amb el nostre Estatut d’Autonomia, amb els delers d’un autogovern que, per als valencians i valencianes, és essencial.

Valencianitzem PODEMOS, però de veritat, anant més enllà de les formes o de les declaracions programàtiques. Arrelem els somnis i les il·lusions d’una formació política que sorgix amb força al teixit de la societat concreta en què ha nascut.

En las últimas elecciones generales, y en el ámbito de la Comunitat Valenciana, PODEMOS concurrió conjuntamente con Compromís y Esquerra Unida del PV, en una coalición electoral bautizada como “A LA VALENCIANA”, que posibilitó obtener 9 diputados estatales con un porcentaje de voto superior al 25%. La finalidad de la coalición era conformar un grupo parlamentario propio, lo que no fue posible por una interpretación estricta del Reglamento del Congreso realizada por la Mesa de ese órgano.

En definitiva, la representación de PODEMOS en todos los ámbitos territoriales es muy relevante, a la vista de que se trata de un partido con menos de 3 años de existencia. Fruto de esa juventud orgánica, debe pronunciarse sobre muchas cuestiones relevantes para los ciudadanos valencianos. Los simpatizantes de PODEMOS definirán, como indican en su web “el futuro político y organizativo de Podem en la Comunitat Valenciana”; se indica también que “con nuestro voto estamos decidiendo muchas más cosas que el futuro inmediato de Podem”. En efecto, las personas inscritas en la Asamblea determinarán cuestiones capitales para los valencianos y valencianas en general, dado el poder orgánico y territorial de esta opción política; entre otras, y en nuestra opinión, debería estar el derecho civil valenciano.

Pero vamos por partes. Tras la lectura de los diferentes documentos políticos presentados, que pueden consultarse en la web de Podemos en la Comunitat Valenciana, y sobre la base de su carácter provisional, y las posibilidades de transparencia y participación propias de PODEMOS, nos gustaría proponer un mayor grado de valencianismo social en las propuestas planteadas: por ejemplo, concretar con más precisión la actuación en materias como la deuda histórica derivada de la infrafinanciación continuada en el tiempo, cuya resolución acarrearía potencialmente una mejora de la educación, la sanidad, los servicios sociales, la situación de la justicia o las políticas culturales de las valencianas y valencianos. También sería conveniente profundizar respecto al grado de valencianismo que quieren imprimir en sus políticas, y sobre su capacidad de influencia en los diputados y senadores de PODEMOS en Madrid, al objeto de que las preocupaciones sociales de los valencianos tengan el protagonismo que nos corresponde en las políticas estatales. En resumidas cuentas, creemos que no basta con ponerle a las diferentes candidaturas un nombre en valenciano o redactar en nuestra lengua los documentos a debatir en la Assemblea; además, deben aportarse programas específicos que hagan diagnósticos, definan problemas y diseñen soluciones propias. Porque nuestra situación, tras años de corrupción, infrafinanciación y trato diferente dado por el poder central en manos del PP y del PSOE, es distinta a la de madrileños, catalanes o castellano-manchegos. La falta de centros de día y residencias, la existencia de los “barracones”, las listas de espera en sanidad, etc., así lo demuestran.

En general, desde la Associació de Juristes Valencians creemos necesario que en la Asamblea Ciudadana se aborden las cuestiones que nos afectan, aquí y ahora, a las valencianas y valencianos de principios del siglo XXI. Por eso valoraríamos que las candidaturas tuviesen en cuenta en sus programas que nuestro Estatut ha sido cercenado en uno de sus puntos clave: el del Derecho Civil. Sería inconcebible en otros territorios que su principal norma de autogobierno, como es nuestro Estatuto de Autonomía, que prevé en 7 de sus artículos la potestad de la Generalitat para dictar normas civiles, y que fue aprobado por las diputadas y diputados valencianos en Valencia y Madrid con grandes mayorías parlamentarias, fuera considerada inconstitucional y que sus diputados autonómicos no promovieran inmediatamente una solución al problema; porque, en el fondo, lo que se ha cuestionado es nuestro autogobierno.

Poder regular un derecho civil propio, como hacen aragoneses, gallegos, navarros, catalanes, baleares o vascos, es una herramienta que posibilita políticas sociales en materia de uniones de hecho, custodia familiar, régimen económico matrimonial o derecho de sucesiones. Por ejemplo: nuestra capacidad para legislar sobre la propiedad y sus elementos conexos –pensemos en la vivienda, sin ir más lejos- se ve debilitada por la falta de competencia sobre el derecho civil. Si la tuviésemos, dispondríamos de normas tan sociales y modernas como quisieran nuestros representantes, dependiendo de las mayorías parlamentarias de cada legislatura.

Tras las sentencias del Tribunal Constitucional que anulan las leyes valencianas en materia de derecho civil, y a la vista de que ha transcurrido casi un año desde que el TC anunció la inconstitucionalidad de la primera de ellas, los miembros de la AJV nos hemos reunido con los 5 grupos parlamentarios de Les Corts para promover la reforma constitucional desde la sociedad civil, conscientes del amplio respaldo municipal y evitando posiciones partidistas. Y es que, como han indicado recientemente los expertos de la Comisión de Codificación del Derecho Civil Valenciano, solo cabe la reforma constitucional como vía para acabar con más de 300 años de discriminación.

En nuestra opinión, existe una gran mayoría parlamentaria a favor de esta vía, pero nos gustaría priorizar la unidad de las fuerzas políticas valencianas para que tenga mayores probabilidades de éxito en el Parlamento español. Por eso queremos asegurar que las diputadas y diputados de PODEMOS en Les Corts votarán a favor de esa reforma constitucional urgente, que es necesaria para hacer realidad lo que determina nuestro Estatuto, para ser iguales, en fin, a nuestros vecinos aragoneses, catalanes y baleares. Para cuando llegue a Madrid, a las Cortes españolas, los diputados y senadores de “A la Valenciana”, la coalición en que se integró PODEMOS, podrán defender el programa electoral con el que concurrieron a las elecciones, pues la propuesta 998 contemplaba la reforma constitucional para posibilitar que los ciudadanos de todas las Comunidades Autónomas puedan disfrutar de un derecho civil propio.

Hay que recordar que todas las agrupaciones políticas mencionadas cercanas a PODEMOS han respaldado la campaña promovida por la AJV en apoyo del Derecho Civil Valenciano previsto en el Estatuto de Autonomía. En ella planteamos inicialmente la retirada de los recursos de inconstitucionalidad contra las diversas leyes aprobadas en el uso de la competencia; tras las sentencias del TC anulándolas, la hemos convertido en una invitación de los ayuntamientos a los diputados y diputadas de Les Corts para iniciar la reforma constitucional, con el objetivo de garantizar la competencia valenciana en materia civil, tal y como tienen otros 15 millones de españoles.

Hasta ahora, 188 ayuntamientos (los últimos, Bellreguard, Monover y Muro) de todas las comarcas e ideologías (véase el listado en www.ajv-val.org), que representan a más de 4 millones de valencianas y valencianos, han debatido y refrendado, en general con unanimidad de toda la corporación, que quieren que sus vecinos dispongan de un derecho civil moderno y socialmente avanzado. En realidad, con esta campaña municipalista se ha repetido la lucha por una autonomía sólida que promovió en el año 1979 Josep Lluís Albinyana, candidato al Senado de PODEM-Compromís en las elecciones generales de 2015.

Asimismo, esta reivindicación ha sido asumida por diferentes instituciones y agentes sociales, entre otros, las Facultades de Derecho de la UJI de Castelló y de la Universitat de València (por unanimidad de sus Juntas) y también por LAMBDA, CC.OO., UGT, Intersindical Valenciana, …, junto a otras asociaciones culturales y comarcales.

Parece evidente que estamos ante un “atzucat”, una situación de parálisis en una parte fundamental de nuestro Estatuto, que requiere dignidad, unidad y empuje de toda la sociedad valenciana. Por eso instamos a que las diversas candidaturas a la Asamblea Ciudadana incorporen a sus respectivos documentos las soluciones que proponen para la defensa de nuestro derecho civil, y que concreten si están dispuestas a pedir a Les Corts Valencianes que lleven adelante la reforma constitucional.

En ocasiones, el fundamentalismo, el querer todo lo que se pretende para finalmente no conseguir nada, ha agotado iniciativas populares profundamente sentidas por la población. Ésta es una de esas ocasiones en que todas y todos hemos de estar unidos; y no será la última… Basta ya de aplazar nuestros intereses, no repitamos el error en que se incurrió durante la Guerra Civil y que nos privó de conseguir la misma autonomía política que disfrutaron catalanes y vascos (liderados por un PNV profundamente conservador). Entonces se pospuso la obtención de la autonomía (incluida en el programa del Frente Popular y apoyada por la inmensa mayoría de municipios valencianos) hasta que se hubiera ganado la guerra. El resultado fue una catástrofe: la guerra se perdió, el régimen franquista consideró (y castigó) a los valencianos como desafectos y, para acabar de rematarlo, la Constitución de 1978 nos impidió, por esa razón, acceder al máximo grado de autonomía, aunque parezca increíble… Muchos valencianos no podríamos entender la repetición de esa misma postura, que entonces adoptaron en la práctica el PSOE, la Izquierda Republicana de Manuel Azaña o el Partido Comunista. Y, como vemos, los errores históricos se perpetúan en el tiempo y sus consecuencias reaparecen cada tanto.

Necesitamos, pues, que PODEMOS en su Asamblea Ciudadana, sus diputadas y diputados en Les Corts, así como su representación en el Congreso y Senado, apoyen una voluntad generalizada del municipalismo valenciano y, en concreto, de las candidaturas que le son afines en pueblos y ciudades.

Se trata, en definitiva, de alinearse con nuestro derecho civil, con nuestro Estatuto de Autonomía, con nuestros anhelos de un autogobierno que, para los valencianos y valencianas, es esencial. Valencianicemos PODEMOS, pero de verdad, yendo más allá de las formas o de las declaraciones programáticas.