Un adolescente maliense llegado a Canarias en octubre de 2023 no sabe qué hacer por las noches para despojarse del recuerdo del amigo que perdió en el cayuco tras diez días a la deriva. Suele caminar entre las 185 literas de la gran sala donde duerme. Intenta agotarse para poder dormir. Las mañanas no son muy diferentes, porque tiene acceso a muy pocas actividades. Toca esperar y aguantar. Está rodeado de profesionales que viven con frustración por no poder dedicarle el tiempo y la atención que necesita. Así días tras día. Diecinueve meses. Esta historia podría ser la de cientos de adolescentes acogidos por el gobierno de Canarias en estos momentos.

Si los decisores políticos presenciaran esta situación en directo solo una vez, cambiaría la perspectiva desde la que están valorando el asunto de los traslados de los niños y niñas no acompañados que están en Canarias y Ceuta. Traslados que son absolutamente imprescindibles para garantizar sus derechos, su protección y su dignidad.

La Constitución Española abrió la puerta a la asunción de competencias en “asistencia social”- incluida la protección de infancia – por parte de las comunidades autónomas. Pero también estableció el carácter prevalente de los tratados internacionales frente a las normas nacionales. El tratado internacional de infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño, se debe aplicar sin que pueda argumentarse que España vive en una confusión de competencias entre administraciones españolas sobre quién debe proteger a más de 6.000 niños y niñas recibidos por Canarias y Ceuta.

La responsabilidad de cumplir con este tratado, claramente vulnerado hoy en las personas de estos niños y niñas, es del Estado en su conjunto. El gobierno central es Estado y (todas) las Comunidades Autónomas son Estado. No solo las que tienen sus costas mirando al sur. Uno y otras son garantes de los derechos de estos niños, en el sentido que recoge la Convención.

Llevamos más de un año perdidos en un debate mal enfocado. La cuestión de los traslados de estos niños y niñas a otros sistemas de protección autonómicos no se puede resolver desde el prisma del debate competencial. Y no solo por la responsabilidad internacional que tiene España con la protección de estos niños en virtud de este tratado. El prisma adecuado que nos saca de esta conversación enquistada es recordar que todos los niños y niñas tienen derecho a que su interés superior sea una consideración primordial que se evalúe y tenga en cuenta al sopesar distintos intereses. Este derecho se puede hacer valer frente a tribunales y sienta a examen a todos los garantes de los derechos de estos niños y niñas.

Los altos tribunales han empezado a dibujar el camino correcto.

El auto del Tribunal Supremo del mes de marzo que pedía una medida cautelar al gobierno de España para implicarse en diez días en la acogida de los niños y niñas no acompañados solicitantes de asilo que están en Canarias y el nuevo auto de junio, apelaron a la urgencia de la situación, al interés superior de esos niños, y a la situación material de necesidad y desamparo.

También el Tribunal Constitucional, en la sentencia de este año que declara la inconstitucionalidad de un protocolo canario sobre niños no acompañados, mencionó el principio constitucional de solidaridad entre todos los territorios del Estado (inherente a un modelo descentralizado de organización territorial), el deber general de colaboración y los principios de cooperación y coordinación. “No puede cerrar los ojos”, dice el Tribunal, a que el fenómeno migratorio es de “naturaleza supraautonómica” y “sobrepasa notoriamente la capacidad de gestión autónoma”.

Aplicar estos principios constitucionales es clave para salir de este bloqueo. Cooperar entre administraciones. Colaborar: un deber que corresponde a todas las administraciones y que solo se puede exceptuar por motivos tasados. Coordinar: el principio que reviste a la Administración General del Estado del poder para establecer criterios comunes y orquestar una respuesta urgente.

Nos hemos bloqueado como país y tenemos que salir de ahí para dar una respuesta rápida a estos niños y niñas varados y poner por encima de todo su interés superior y sus derechos fundamentales, reconocidos internacionalmente y asumidos por España.

Estos niños y niñas siguen pasando los días con la mirada perdida y sin oportunidades de desarrollo, sin futuro, ante la impotencia de las autoridades y profesionales que les han tendido la primera mano.

En Venezuela, al menos 7 millones de personas necesitan de la ayuda humanitaria para vivir. Esta cifra emerge del panorama de necesidades elaborado en marzo por Naciones Unidas, del que se conocen las conclusiones, aunque no el informe completo en el que se basan.

De hecho, otras estadísticas apuntan a números mayores. La pobreza extrema en términos de ingresos, antes de recibir subsidios, alcanzó al 87% de la población en 2017. Y dado que los subsidios se han deteriorado, sobre todo los alimentarios, y que la sanidad está bajo mínimos, resultan fiables las referencias a que la mitad de la población está malviviendo en situación de miseria. La otra mitad aguanta bien por las remesas que envían los más de 4 millones de venezolanos que han salido del país, bien por estar empleados en las pocas organizaciones y empresas que pagan en dólares en el exterior o por ser parte de la estructura más nuclear del gobierno.

La millonaria hiperinflación es el principal factor que alimenta la crisis. Un sueldo normal de funcionario, de unos 150.000 bolívares en agosto, apenas da para comprar 6 litros de leche o un cartón y medio de huevos. Algunos maestros y profesores de universidad han dejado de acudir a las aulas porque el sueldo no les da ni para el transporte, aunque lo dedicaran por completo a este rubro. La inflación llegó también al dólar. De hecho, el comercio de menudeo desde Colombia se ha convertido en otro modo de vida, dada la diferencia de precio en dólares. Es cierto que las remesas ayudan a una parte de la población, pero si antes una familia podía completar su comida con 30 dólares al mes, ahora necesita 100, que no siempre llegan desde el exterior, donde los migrantes sufren para conseguir un empleo digno. Hay productos en los estantes porque poca gente los puede comprar.

La causa de la crisis se encuentra en las nefastas políticas económicas del gobierno desde hace años. Aunque hay que resaltar que las sanciones impuestas al país por el gobierno de Estados Unidos también están agravando la situación humanitaria. No basta con seguir permitiendo la importación de alimentos o medicinas. La penalización severa a quien opere financieramente con Venezuela atemoriza al sistema bancario internacional y dificulta también la llegada de productos de primera necesidad en volumen y precios razonables.

Más allá de las estadísticas, mi reciente visita al país y a la frontera con Colombia en Cúcuta recorriendo la carretera que lleva a Bucaramanga supuso asomarse al drama humano del hambre, que, junto con la inseguridad, es el factor de desplazamiento humano más poderoso a lo largo de los siglos.

Una situación humanitaria de este tipo exigiría una respuesta a escala de agencias de Naciones Unidas y grandes ONGs apoyadas por los principales donantes. Es lo que ocurriría en cualquier lugar del mundo. Sin embargo, este no es el caso en Venezuela. Recién se ha lanzado desde la ONU el primer plan de respuesta humanitaria con un presupuesto de apenas 200 millones de dólares, parte del cual está sin cubrir. Las dificultades políticas, logísticas y financieras para operar son tremendas, tanto para organizaciones registradas en el país como, sobre todo, para aquellas que llegan como respuesta al drama humanitario. Hay una desconfianza notable desde el Gobierno, un gran desconocimiento de lo que es la acción humanitaria y grandes controles y limitaciones para el acceso a las zonas más alejadas de Caracas.

La realidad es que la ayuda humanitaria se utilizó como un componente más del polarizado conflicto que sufre el país. Cuando la oposición intentó introducir ayuda humanitaria donada por Estados Unidos y el gobierno impidió el acceso y negó que hubiera una emergencia humanitaria, ambas partes estaban vulnerando principios básicos de esta actividad: su independencia y neutralidad.

La ayuda humanitaria no conoce de otros principios ni intereses que no sean el de salvar vidas de toda aquella persona que sufre privación al extremo de temer por su vida y futuro. Sea quien sea, opine lo que opine. La ayuda humanitaria es un derecho. Por lo tanto, es inaceptable utilizarla con fines políticos de parte en un conflicto tan polarizado como el venezolano y limitar el acceso a la misma a quienes no simpaticen con el régimen.

Los donantes internacionales deben incrementar significativamente su contribución a esta terrible crisis humanitaria, alejarse de cualquier uso político de la ayuda, dejando a agencias de Naciones Unidas y ONG experimentadas la función de hacerla llegar a la población, y levantar cualquier sanción que pueda tener un impacto negativo en la ya deteriorada situación de la gente. El gobierno por su lado debe garantizar el acceso neutral de la ayuda en todo el país, facilitar el registro y la operación de ONG con experiencia en respuestas humanitarias y asegurar por su parte un correcto manejo de los fondos.

Tras taparse la nariz, póngase usted en la piel de un corrupto, o de un corruptor, que tanto da. Y sienta qué vida tan dificultosa tiene, caramba. Si la cosa se limita a un sobre por aquí y otro por allá, con unos pocos billetes para alegrar el fin de semana, pues basta con tender la mano, sucia eso sí. Sin embargo la avaricia, cuando se excita, no conoce límites. Así, del “complemento salarial” se aspira pronto al millón, la mansión y a ese cuadro único que solo usted puede colgar en su pared.

Ay, entonces la cosa se lía. Usted está muy atareado, debe dirigir la economía de un país o presidir una de sus comunidades autónomas, un trabajo a tiempo completo, de interés general. Y aunque parezca fácil por lo cotidiano que se ha vuelto, no es sencillo blanquear cantidades mayores de dinero, ni vender una filial por un monto significativamente diferente de su valor real, ni realizar otras prácticas que alteran el valor de las cosas, eluden tributos y minan el bien público. Robar mucho es bien complicado. Y usted necesita ayuda, muletas, en fin alguien que le entienda antes del ron añejo y que luego se lo tome a la salud de los perdedores.

Aquí aparecen los paraísos fiscales. Al igual que las islas caribeñas de antaño, reductos protectores para piratas y corsarios, los paraísos permiten tributar poco o nada por actividad económica realizada en otros lugares. Esto a través de filiales de mucha facturación y escaso personal y de empresas pantalla que solo son papeles para ocultar dinero. Al tiempo estos territorios offshore suelen ser jurisdicciones opacas donde impera el secreto protector de cualquier blanqueo, más o menos criminal. Y es que el mejor incentivo del mal es la impunidad: da mucha seguridad al ladrón.

¡Genial! La cosa mejora, duerma tranquilo. Ya es factible su actividad de corrupto a gran escala, suficiente para un ático y una finca. Y si tiene dudas, si le parece que estas Islas Caribeñas, algunas tan frías como europeas, están muy lejos, le presentarán abogados y agentes bancarios que se lo explicarán todo tan a su gusto, se lo pondrán fácil y además le convencerán de que todo lo que usted hace es legal, bueno casi legal, está bien “alegal”. Y es que “la legislación internacional es tan enrevesada y confusa”. No se preocupe, nosotros lo arreglamos, usted solo asegure el flujo de dinero.

Se estima que los paraísos fiscales drenan de las flacas haciendas de los países pobres 170.000 millones de dólares al año. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cifra en 90.000 millones de euros el coste global de la corrupción en España. Según Transparencia Internacional, el 75 % de los casos de corrupción en la arena internacional se perpetra a través de empresas en paraísos fiscales. No hay que repasar hemerotecas, en los casos aflorados en el lodazal de estos días aparecen los paraísos fiscales como lo que son, habilitadores de la corrupción.  

Los paraísos fiscales son la zanahoria para los corruptos, el incentivo, la luz verde que azuza, que anima, que ante la duda manda la señal necesaria: No tema usted, es posible, nosotros lo arreglamos.

Desde luego acabar con los paraísos fiscales es un desafío global. Sin embargo el Gobierno puede hacer mucho para endurecer la legislación y la persecución. Empezando por revisar la lista oficial de paraísos fiscales de donde se han caído, ¿milagrosamente?, territorios famosos por su opacidad y laxitud fiscal.

Ninguna palabra, pacto, o ley contra la corrupción será creíble mientras no lleve aparejado un compromiso firme y decidido para impedir la actividad desde España en esas islas de piratas, unido a una posición contundente en foros internacionales para cerrar su actividad financiera.  

Así, se lo pondremos a usted más difícil, amigo corrupto, amigo corruptor.