Las compañeras la llamaban con cariño “la abuelita”. Era la mayor del área de bordado de la fábrica textil New Holland Apparel, en Nicaragua. Sonriente, decían que tenía una notoria voluntad por sus labores. Mayra del Socorro Cerda falleció el 19 de mayo de 2020 posiblemente por COVID-19. Tenía 61 años. 

Cerda trabajó por más de 30 años como maestra hasta que ingresó a New Holland. Aunque ya debía retirarse —en Nicaragua la jubilación para maestros es a los 55 años—, sufría de violencia intrafamiliar y prefería pasar más tiempo en la empresa que en casa. Presentó síntomas de fiebre a principios de mayo. Para entonces, varias mujeres en el área de confección hablaban del brote de coronavirus dentro de la empresa.

Ni la empresa ni el Gobierno reconocieron la razón de su muerte. Su acta de defunción indicó como causa una neumonía atípica. Para evitar el reconocimiento oficial del verdadero impacto de la pandemia, esa fue y es aún la clasificación de los casos no confirmados mediante pruebas en el país.  

New Holland rechazó los contagios de sus empleadas y siempre sostuvo que las enfermas debían presentar una valoración médica para aceptarlo. Una alternativa difícil ya que las pruebas para detectar el virus se encuentran únicamente bajo control del Ministerio de Salud (Minsa). Hasta el momento, la institución no informa de la cantidad de pruebas aplicadas. 

De igual forma, al consultar al Ministerio del Trabajo (Mitrab) si había conocimiento sobre los contagios la única respuesta que se obtuvo a través de una llamada telefónica fue un “no señora” y se terminó la comunicación. También se intentó contactar a la Central Sandinista de Trabajadores pero no hubo respuesta.

La maquila está en la carretera Tipitapa-Masaya. Sus trabajadores se dedican a la confección de ropa deportiva para las marcas Under Armour y Nike. La matriz de esta se encuentra en Honduras. New Holland contaba hasta junio de este año con aproximadamente 1.260 trabajadores.

En Nicaragua nunca hubo confinamiento. Tras la llegada del primer caso de coronavirus, el 18 de marzo, prevaleció la normalización e incluso la vicepresidenta Rosario Murillo promovió actividades de concentración masivas. El Gobierno fomentó un sistema en el que la salud y la economía estaban en un mismo nivel. Las escuelas, centros de trabajo y centros recreativos han continuado abiertos hasta la fecha.

El director de Emergencia de Salud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, reveló en abril que la interacción con Nicaragua se había reducido. Recibía información del gobierno sobre las pruebas PCR, pero no sabía qué pasaba con la donación de  26.000 pruebas rápidas del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El féretro sellado 

“La abuelita” fue a la oficina de recursos humanos para poder recuperarse desde casa sin goce de salario. Iba acompañada de Darling Baquedano, compañera de la maquila. Dijo que era una persona de riesgo. Padecía de múltiples enfermedades laborales, tenía túnel carpiano, tendinitis, insuficiencia venosa, diabetes e hipertensión. Sin embargo, su petición le fue negada. 

Acudió dos días más a la maquila con fiebre. Al tercero, su condición empeoró. La empresa accedió a brindarle el permiso. Lo siguiente que supieron sus compañeras es que estaba intubada en el hospital. Murió en menos de 15 días.

El funeral fue el 19 de mayo, el día de su fallecimiento. Su cuerpo iba en un féretro sellado dentro de un carro, bajo medidas inusuales para un caso de neumonía atípica. El chófer utilizó durante todo el recorrido un traje de protección desechable. Era el traje que los sanitarios usan para protegerse ante infecciones.

El 13 de septiembre, Eugenia Meza Juárez, una ex bordadora de 27 años, lamenta que no pudo asistir al entierro. Ella también trabajaba con “la abuelita”. Ahora está en casa de Baquedano, a un par de kilómetros de distancia de la maquila. Cuenta que siguió el recorrido gracias a los videos que grabó su compañera, quien fue la única que pudo estar presente.

Meza debió permanecer en casa porque tenía fiebre, igual que otros trabajadores de su área.

Sentada en una esquina de la sala, esta joven de baja estatura y voz pasiva, recuerda cómo el deterioro de la abuela bordadora escaló rápidamente. A pesar de mostrar una actitud más introvertida, conversa abiertamente sobre su compañera. 

Baquedano es más abierta, conversadora y segura de expresar sus opiniones. Hasta que llega el asunto de la muerte de Cerda. Entonces, se limita a señalar que el área de recursos humanos de New Holland les prohibió hablar de los contagios. Y si lo hacían, se les extendía un llamado de atención. Destaca que la situación fue manejada bajo un alto sigilo.

Una semana después del encuentro presencial, en una llamada telefónica, comparte su verdadera relación con Cerda. Mientras todas las trabajadoras del área de bordado reconocían a Cerda como “la abuelita”, Baquedano la llamaba “madre”. Ella perdió a su progenitora durante la guerra civil de los 70, cuando tenía apenas cuatro meses de vida. Con Cerda compartió siete años de amistad. En uno de los audios intercambiados con la anciana bordadora, se escucha como ella también con cariño la llamaba “mi bebé”. 

Necesita días para explicar qué representa la muerte de su amiga. Aún carga con gran tristeza y culpabilidad por la muerte de su “segunda madre”. Baquedano fue la primera en enfermarse de las dos. Durante esos días, recuerda cómo Cerda cuidaba de ella sin mantener ningún tipo de distanciamiento e incluso compartir la comida, en el afán de “la abuelita” por lograr que comiera un poco. Impotente, se responsabiliza de haberle transmitido el virus.

“No estábamos claras qué era COVID-19, sabíamos que teníamos que tomar todas las medidas, pero no lo hicimos”, dice en una emotiva llamada de 20 minutos, cargada de rabia, ante la posibilidad de que su muerte pudo evitarse con un adecuado protocolo. Todas las trabajadoras de New Holland consultadas coinciden en que la empresa falló en la aplicación de medidas preventivas, como el respeto al distanciamiento físico y un adecuado suministro de equipos de higiene y protección dentro de la maquila.

De novena a tercera causa de muerte

La mayoría de casos de COVID-19 en Nicaragua fueron categorizados como neumonía atípica, según expertos independientes de la salud, quienes han reclamado al gobierno por un supuesto subregistro en los casos. 

Estas denuncias provocaron el despido de al menos ocho especialistas de sus centros públicos de salud. Los afectados denunciaron que sus despidos derivaron de sus críticas al manejo de la crisis sanitaria del gobierno: por haber reclamado equipos de bioseguridad para proteger la vida del personal de la salud y por solicitar que se fomentaran medidas de prevención en la población.

Mercedes Somarriba, pediatra infectóloga, aclara que la conexión entre los casos se debe a la situación sanitaria mundial. Pero advierte que hasta ahora no tiene una evidencia clara de si es COVID-19 porque el Ministerio de Salud monopoliza y centraliza las pruebas en un único laboratorio.  La más reciente alternativa, y solo para los que salen de Nicaragua, es pagar 150 dólares, siempre al ministerio. Los médicos no pueden acceder a la información. Lo único que asegura es que los casos de neumonía atípica aumentaron y por ende en un contexto epidemiológico como el actual se crea un nexo entre estos.

El Mapa Nacional de la Salud del ministerio refleja que la neumonía pasó de ser la novena causa de muerte más común en Nicaragua durante los últimos tres años, a ser la tercera causa de defunciones en el país, con un acumulado de 2.612 muertes por neumonía entre enero y agosto de este año.

La teoría de un subregistro se fortaleció ante las denuncias ciudadanas sobre los llamados entierros exprés, como el de “la abuelita”, en los que trabajadores del Ministerio de Salud entregaban ataúdes sellados a los familiares, a pesar de supuestamente no tratarse de casos de coronavirus. El departamento de comunicación de New Holland no respondió a las solicitudes para brindar su versión sobre los contagios internos vinculados con el fallecimiento de Cerda.

El Ministerio de Salud reconoce solo 4.533 casos positivos y 158 muertes hasta el 10 de noviembre. El Gobierno actualiza sus datos cada martes, pero no elabora mapas de zonas de riesgo ni sistematiza de forma pública la información acumulada. 

El independiente Observatorio Ciudadano reporta el doble de casos sospechosos e informa de 2.786 muertes sospechosas por COVID-19, en base a reportes ciudadanos. En el número de fallecimientos, incluye tanto los casos confirmados del coronavirus, como aquellos catalogados como neumonía, que corresponden al 5% de las muertes registradas por el Observatorio.

La negación gubernamental al cierre de las fronteras y los negocios frente a la pandemia responde al hecho de que una cuarentena oficializada golpearía aún más la debilitada economía del país producto de la crisis sociopolítica. En abril de 2018, Nicaragua enfrentó un estallido social producto de la aplicación de una polémica reforma al Seguro Social. 

La violenta respuesta de la Policía Nacional y grupos paramilitares afines al gobierno para reprimir las manifestaciones estudiantiles desencadenó una fuerte indignación en la sociedad nicaragüense. Las movilizaciones en Nicaragua dejaron un total de 325 personas fallecidas y más de 2.000 heridas, según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Solo en Costa Rica, país con el que persiste un mayor flujo migratorio, se registró un aumento del 1.376% de personas nicaragüenses solicitantes de asilo.

Meza, su mamá y La abuela

Durante varias semanas, Meza, la amiga de Cerda y Baquedano, soportó las fuertes fiebres. También el dolor en el cuerpo, la dificultad para respirar y la pérdida del gusto y el olfato. 

La primera en contagiarse fue su mamá, Yadira Juárez Morales, que trabajaba también en New Holland en un área de empaque. La mamá fue a ver al médico de la clínica de la empresa. El doctor le confirmó que sus síntomas estaban relacionados con la COVID-19.

Seis días después, Meza también empezó a mostrar signos de contagio. La empresa le planteó que o iba a la clínica o pedía vacaciones. Por miedo de elevar el riesgo de contagio, tomó las vacaciones para tratarse desde casa.

Luis Espinoza, sindicalista independiente en New Holland, asegura que la empresa a veces no rellenaba los puestos de alcohol colocados de la fábrica. Dice que solo se les entregó una mascarilla de tela que tuvieron que lavar diariamente durante dos meses. Tuvieron que confeccionar sus propias mascarillas con los trozos de tela que encontraron. No fue sino hasta después de que se presentaron contagios dentro de New Holland que inició a aplicar medidas de protección para sus colaboradores.

Meza y Baquedano ya no trabajan en New Holland. Tras superarse los contagios internos, la compañía despidió a 884 trabajadores sin previa notificación. Según la empresa, las marcas de ropa Under Armour y Nike redujeron sus pedidos debido a la pandemia. Situación que niegan al menos dos obreros que continúan dentro de la maquila. Aseguran que la producción ha mantenido su ritmo habitual.

El 27 de julio, los más de 800 trabajadores que se presentaron a trabajar, notaron que dos largas filas se extendían en la entrada de la maquila. Quienes marcaran su carnet podían ingresar. A quienes no les marcara, significaba que estaban despedidos y debían pasar a retirar sus cheques.

Un grupo de 50 trabajadores, liderados por Baquedano, rechazaron retirar sus cheques. Se dirigieron al Ministerio del Trabajo para consultar el porqué de sus despidos. En el Ministerio de Trabajo se les informó que los despidos ya habían sido acordados con los sindicatos de la empresa en junio.

“Trabajamos bajo pandemia, trabajamos enfermos con COVID-19, yo traje el contagio para mi casa, todas llevamos el contagio a nuestros hogares”, dice.  Extiende una pausa —a causa del recuerdo de Cerda— y dice: “Me preocupa la violencia que vivimos humanamente, laboralmente, en esta industria”.

Baquedano se pone en pie y camina hacia una pequeña mochila ubicada frente a ella. Contiene papeles. Entre ellos, el documento del acuerdo sindical con el gobierno y varias epicrisis. Constatan que la mayoría, como ella, sufre de enfermedades crónicas, lo cual violenta otro acuerdo firmado por la empresa en el cual se detalla que aquellas personas crónicas serían enviadas a sus casas con goce de salarios por la pandemia. Ella tiene cáncer de tiroides.

En un país sumergido por una crisis, los temas políticos están a la puerta de todas las agendas. Desde la llegada a casa de Baquedano, cuenta que su padre fue preso político por participar en las protestas de 2018. Comparte que fue tal el asedio que sufrió su familia en ese entonces, que perdió el miedo a denunciar. El pasado 4 de septiembre denunció junto a 159 compañeros por la vía legal a la empresa para que se les reintegre a sus puestos. Pero advierte de la afinidad que existe entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos con el partido del Frente Sandinista, que gobierna el país.

De bordar a la ropa usada

Meza, la bordadora que trabajaba con “la abuelita”, pasó varias horas al sol el día de los despidos. No pudo negarse a recibir el cheque, tenía varias deudas por pagar. Pero su liquidación se redujo a 323 dólares, un pago que Meza no considera justo. Por los ocho años de trabajo y su sueldo de 200 al mes, según la ley, tuvo que recibir, al menos 1.600. Aunque tiene 27 años, padece de diabetes, hipertensión, sufre de tendinitis en un hombro, de túnel de carpio en ambas manos, y tuvo un accidente laboral que le dejó dañado un nervio de una pierna de forma permanente, todas estas enfermedades que desarrolló durante los años que trabajó dentro de la maquila. 

Desde entonces, vende ropa usada. Vive cerca del Sistema Penitenciario La Modelo y aprovecha los días de visitas, porque se vuelve transcurrida la zona para vender. Algunos días gana entre 50 córdobas (1,44 dólares) y 100 (2,89 dólares) al día. Entre risas, dice que una vez vendió apenas 10 córdobas, es decir 0,28 dólares.  

Su madre por otro lado, continúa laborando para New Holland. Aunque no por mucho tiempo: le dieron una extensión del contrato por dos meses. El padre de Meza cuenta solo con una pensión reducida. Y tiene tres niños. Su hija de cuatro años padece de epilepsia, por lo que tiene grandes gastos en medicamentos.

Según la madre de Meza, no ha habido ninguna alteración en los pedidos, asegura que el trabajo continúa igual. New Holland reasignó personal en las áreas donde antes estaban las personas despedidas, como su hija, que espera que la contraten de nuevo: “La situación económica del país está dura, y pues los reales (dinero) se van rápido”.

Esta es la historia de una doble crisis, la sanitaria y la sociopolítica. También es la de cientos de trabajadoras que debieron tratarse a su suerte desde sus hogares, un despido masivo de personas con enfermedades crónicas y una obrera cuya causa real de muerte pudo no ser reconocida.

Una puerta corrediza hecha de aluminio y hojas de vidrio conecta la calle sin pavimentar con el amplio dormitorio de Patricia Hernández Reyes. El piso de tierra consigna las huellas de los zapatos.

Desde abril de 2020, la habitación de paredes sin resanar funciona también como su lugar de trabajo y el salón de clase de sus dos hijos adolescentes. Por eso, además de la vieja cama de madera sin colchón, hay dos máquinas de coser de segunda mano.

Sin titubeo, la mujer de 33 años elige sentarse en una silla de plástico frente a una de las máquinas y permanece inmóvil, aunque su mirada inquieta va de un lado a otro. A finales de mayo, ella y su mamá pidieron un préstamo de 20 mil pesos mexicanos (775 euros) para comprarlas y así conseguir un ingreso extra. 

Aunque todo vaya en contra, Patricia sonríe reiteradamente: sumandos los intereses, su deuda asciende a 45.000 pesos mexicanos (1.747 euros), que deberá liquidar en un plazo máximo de 18 meses.

La epidemia de coronavirus afectó su economía y la de miles de familias que dependen de la industria de la confección en Tehuacán, el segundo municipio más poblado del estado de Puebla, con 319.000 habitantes. El desarrollo económico de este lugar depende principalmente de la industria manufacturera, pero no hay datos actualizados sobre el número de maquilas de confección vigentes y el número de personas que emplean. 

A finales de marzo, el gobierno mexicano declaró al país en emergencia sanitaria y ordenó la suspensión temporal de las actividades no esenciales, así como el resguardo de la población trabajadora en sus domicilios.

Algunas maquilas de confección en Tehuacán pararon operaciones. Muchas otras detuvieron sus líneas de producción de ropa para incursionar en la fabricación de productos sanitarios como mascarillas, batas quirúrgicas e incluso bolsas para guardar cadáveres.

La pequeña maquiladora sin nombre donde labora Hernández no fue la excepción. Primero pasó de fabricar pantalones de mezclilla para el mercado nacional a mascarillas. Pero cuando la producción se agotó, la empresa suspendió las actividades y el salario de su personal durante una semana y, después, durante un mes y medio más. 

En junio, la empresa retomó su labor, pero a partir de entonces sólo empleó a Patricia Hernández y a otras seis costureras durante dos días a la semana y no siete como antes, por lo que les redujo el salario. Antes ganaban 800 pesos a la semana (31 euros) y ahora 500 (20 euros) si les va bien. Además, su sueldo es abonado de manera paulatina. 

Apoyándose en los trabajos de costura que realiza por su cuenta y, ocasionalmente, de la venta de gelatinas, donas y aretes de fibra que ella misma hace, Hernández intenta sobrellevar los gastos que le significa ser madre soltera en tiempos de pandemia. “Me veo obligada a buscar diferentes formas para pagar mi préstamo y sacar adelante a mi familia. A veces tengo que velar para sacar el trabajo o quitarme el pan de la boca”, menciona.

La tercera crisis y la peor

Martín Barrios Hernández guía el recorrido por Tehuacán, territorio que a finales de 1990 fue considerado la capital mundial de los pantalones vaqueros, por el auge de sus maquilas de mezclilla que fabricaban prendas de prácticamente todas las marcas globales, como Levi's, Calvin Klein, Guess y Tommy Hilfiger.

El hombre, de ojos pequeños y nariz ancha, viste cómodo: tenis, pantalón de manta y una playera negra con letras blancas que dice Defender es proteger nuestro territorio. A sabiendas de que será una jornada larga, trae consigo una mochila en la que introdujo un suéter y una libreta.

A sus 48 años, el activista es un referente de la lucha obrera e indígena en el lugar que vio nacer a la etnia popolaca, tras haber dedicado más de la mitad de su vida a acompañar y a asesorar estas causas. Para ello fundó, en 2002, la Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán.

El aprecio que le tienen las obreras es notorio, pese a la distancia física que deben guardar para evitar la propagación de la COVID-19. Se conectan mediante los recuerdos de sus hazañas y el cruce de miradas cómplices. 

De los cinco hogares de costureras visitados, el de Patricia Hernández es el más alejado de la zona metropolitana de Tehuacán. Se encuentra en Santa Ana Teloxtoc, localidad de 1.300 habitantes caracterizada por su alto grado de marginación. El trayecto es de 43 kilómetros en carretera hasta topar con un terreno plano de cactus y yucas, ubicado al pie de los cerros Viejo y de la Tarántula. 

Los 40 minutos de traslado en vehículo son insuficientes para agotar la charla con Martín Barrios, cuya memoria es una enciclopedia sobre la historia de la industria del vestido en Tehuacán. En sus páginas consta la instalación de las primeras maquilas de confección en la década de 1960, así como el empuje que tuvo el sector 30 años después, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 

Lejos de la bonanza, hay un capítulo que consigna las peores crisis. Destacan las de 2001 y 2007, originadas por la contracción de la economía en Estados Unidos, primero a causa de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y después por la crisis hipotecaria que atravesó aquel país. Ambos episodios provocarían que los salarios de la población obrera se redujeran a la mitad y que migraran de Tehuacán la mayoría de las marcas globales, empujando así la consolidación de un mercado prioritariamente nacional, que es el que perdura.

La crisis de 2020 a causa de la Covid-19 sería la peor, de acuerdo con Martín y las obreras consultadas. Esto es así porque en otros momentos, tuvieron al menos la posibilidad de protestar para cambiar sus condiciones laborales, a diferencia de hoy que ni siquiera se reúnen por temor a contagiarse de la enfermedad.  

Además, porque los tribunales laborales permanecieron cerrados seis meses, lo que imposibilitó que las empleadas se quejaran formalmente de los posibles abusos y arbitrariedades cometidos por sus empleadores. 

Con la voz áspera que lo caracteriza, Martín advierte que los momentos de crisis son cruciales porque es cuando más se precarizan las condiciones de trabajo, al ser aprovechados por los patrones y los sindicatos para “cargar el costo a los obreros”.

Costureras de mascarillas

Sobre la máquina de coser, hay una pila de rectángulos de tela quirúrgica que Patricia Hernández transformará en mascarillas para protegerse de la Covid-19. Sentada frente a su herramienta de trabajo, la mujer de piel tostada y cabellera oscura muestra cómo lo hace. 

Primero toma un trozo de tela azul y hábilmente desliza el contorno por la aguja de la máquina previamente alimentada con carretes de hilo del mismo color. En menos de un minuto, termina el dobladillo. Para finalizar, coloca el elástico a la pieza y la deshebra. 

La actividad parece sencilla porque está a cargo de una costurera que ha trabajado durante 12 años en diferentes maquiladoras de Tehuacán, de las que ha tenido que salir ya sea porque le disminuyen el salario o simplemente porque las cierran. 

Hernández no eligió dedicarse a este oficio, pero se embarazó de su primer hijo al terminar el bachillerato. Como muchas otras mujeres de Tehuacán, cesó los estudios y se incorporó a la industria maquilera como una opción de sobrevivencia. 

Ella hubiera preferido destinar más tiempo al béisbol, el deporte que la apasiona y que varios integrantes de su familia han practicado como pasatiempo. Evidentemente emocionada, presume que fue la primera mujer de Santa Ana Teloxtoc que jugó en una liga fuera de su comunidad. Como prueba, muestra las fotos que atesora en su cuenta de Facebook.

La jefa de familia se sujeta a su máquina de coser. Entrecruza las manos para un mejor agarre y clava la mirada en la torre de tela para mascarillas que tiene a su izquierda. Comenta que pese al adeudo que contrajo, la compra de este aparato le ha permitido tener un ingreso extra ahora que el trabajo en la maquila donde labora disminuyó.

Como ella, muchas personas y grupos familiares en Tehuacán debutaron en la manufactura de productos sanitarios, en su intento de conservar el empleo durante la etapa más crítica de la pandemia de la Covid-19. También incursionaron en el negocio las grandes maquiladoras y los pequeños talleres de costura que han proliferado en el lugar. 

En marzo pasado, las trabajadoras de Tehuacán llegaron a fabricar más de un millón de mascarillas a la semana para el consumo local y para ser enviadas a China y Estados Unidos, según la Cámara de la Industria del Vestido en Tehuacán.  

Sin embargo, reconoció que esta actividad, que colocó a la ex capital mundial de los blue jeans como la principal proveedora de mascarillas a nivel nacional, generó un ingreso mucho menor que el de la confección de prendas de vestir.

La mano de obra fue la más resentida. Los testimonios de las obreras entrevistadas coinciden en señalar dos situaciones: que los patrones de las grandes maquiladoras y de los pequeños talleres recortaron a la mitad los salarios, y que en otros casos dejaron de asumir el costo total de la jornada laboral para pagar por pieza de mascarilla elaborada. 

Todo ello, pese a la dificultad que significó para el personal costurar las mascarillas con la maquinaria que utilizan para las prendas de mezclilla que son mucho más gruesas. Las máquinas de coser no funcionaban o se atoraban.

Las personas y familias que hicieron negocio por su cuenta tuvieron que enfrentarse, en tanto, a los precios impuestos por los “coyotes” –personas que fungen como intermediarios con los empleadores–, quienes están pagando entre 30 y 70 centavos (US$0.014 y US$0.033, respectivamente) la hechura de cada mascarilla.

De junio a septiembre, Patricia Hernández elaboró 4,500 mascarillas sencillas (las que no tienen tablones) con su propia máquina de coser, pero el coyote con el que hizo negocio se las pagó al precio más bajo del mercado. La mujer que quería ser beisbolista apenas pudo ganar 1,350 pesos (US$64), 55 mascarillas por dólar.

Debido a la poca ganancia que obtuvo de la hechura de mascarillas y a que la maquila donde laboraba dejó de pagarle el de por sí recortado salario, en octubre, Hernández dejó atrás la costura y aceptó un trabajo para hacer tortillas.

El despido de trescientas

A diferencia de la costurera Patricia Hernández, Angélica Carrera Reyes habita en la zona urbana de Tehuacán, que concentra 80% de la población del municipio y también la mayoría de los complejos maquileros. 

La dinámica del espacio público retrata esta realidad. El movimiento alrededor de las fábricas inicia a partir de las 7:30, cuando el personal empieza a arribar a los centros de trabajo que, en algunos casos, carecen de insignia que los identifique. La mayoría de las personas se traslada a pie o en bicicleta. Otras van en transporte público y las menos se mueven en motocicleta. 

Es viernes a las ocho de la mañana. La jornada en la fábricas arranca, mientras Carrera arriba a su casa. Acaba de regresar del mercado de su colonia donde compró su despensa porque ahí todo es más barato. Viste pantalón de mezclilla y sudadera rosa. El armazón de sus lentes topa con la visera de su gorra.  

La madre de tres hijos se encuentra desempleada desde agosto pasado. De otra manera no estaría en su domicilio, sino en las instalaciones de la maquiladora Hera Apparel, un amplio complejo de muros de tabique gris donde laboraba.

El 31 de julio pasado, sin previo aviso, esta empresa dedicada a la fabricación de prendas de mezclilla para la marca estadounidense True Religion se declaró en quiebra, dejando sin empleo a unas 300 personas, en su mayoría mujeres. Angélica Carrera y su esposo se cuentan en esta lista. Ella pegaba tapas a los bolsillos traseros de los pantalones.

Cerca del 40% del personal de las maquiladoras de confección instaladas en el municipio fue despedido por el cierre de varias empresas, según la Cámara de la Industria del Vestido en Tehuacán. A otra parte del personal lo mandaron a descansar indefinidamente sin goce de sueldo, tras el impacto económico que produjo el brote de coronavirus.

El caso de Hera Apparel, dedicada a la fabricación de prendas de vestir de exportación e importación, fue el más sonado por el número de personas que resultaron afectadas. También porque varias de ellas se atrevieron a denunciar públicamente que la empresa les estaba ofreciendo únicamente 35% de lo que les correspondía por concepto de liquidación.

Angélica Hernández se negó a recibir los 10,400 pesos (US$490) que pretendían darle los dueños de Hera Apparel por siete años de trabajo. Le pareció una injusticia porque cuando la despidieron de la maquiladora Tarrant Apparel Group, por el cierre de operaciones en 2003, le dieron 17,000 pesos (US$809) por dos años y ocho meses de servicio.

La mujer de cara redonda y semblante afable pide a las autoridades mexicanas atender de manera urgente la situación que se vive en Tehuacán, donde se cuentan por miles las y los obreros que perdieron su fuente de trabajo durante la pandemia. 

“Ojalá que esto llegue a oídos del gobierno que piensa que nos liquidaron muy bien, pero no es cierto. Que sepan que mucha gente que trabajamos en las maquilas perdimos nuestra fuente de trabajo y que seguimos en el desempleo”, dice Angélica. Su pose de brazos entrecruzados refrenda su demanda.

La Confederación Patronal Mexicana calculó que se perdieron 12,000 de los 40,000 empleos que genera la industria maquiladora, así como los hoteles y restaurantes, desde que inició la cuarentena.

Tras el cierre de Hera Apparel, la patronal se fue de Tehuacán, por lo que no fue posible consultarlos durante el trabajo de campo. Posteriormente, se les pidió entrevista vía telefónica, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta. 

Tres máquinas como liquidación

Angélica Carrera cruza el comedor de su casa, que también es una habitación, y avanza hacia la cocina. Topa con un pequeño cuarto teñido de lila, donde hay amontonadas tres máquinas de coser de segunda mano. 

Es el pago en especie que recibió como liquidación por parte de Hera Apparel, luego de que se uniera al pequeño grupo que decidió exigir lo que les correspondía por ley. Aunque el valor de los aparatos no satisface lo que marca la legislación mexicana, sí supera los 10,400 pesos (US$490) que inicialmente le ofrecían.

La liquidación es la indemnización que el patrón debe pagar cuando la responsabilidad de la rescisión es suya. La Ley Federal de Trabajo de México establece que este pago se compone de tres meses de salario por concepto de indemnización, 20 días de sueldo por cada año trabajado, una prima de antigüedad, más la parte proporcional de las prestaciones.

La costurera se coloca frente una de las máquinas que obtuvo. Dice que aún no sabe qué hacer con ellas. Una opción es venderlas y la otra es montar su propio taller. Ambos caminos son complicados: las máquinas requieren reparación y es difícil emprender un negocio en el contexto actual, reflexiona.

Antes de cumplir la mayoría de edad, Angélica se inició en el oficio de la aguja y la tela para poder mantener a su primer hijo. Con 28 años de trayectoria, la mujer fracasa en su intento por contabilizar todas las maquiladoras donde trabajó. Recuerda que la primera fue Diseños Hank, que ya no existe. Después vinieron otras pequeñas de producción de camisas y pantalones, donde no tuvo prestaciones.  

Su paso por la maquiladora Tarrant Apparel Group, 17 años atrás, fue el más significativo. En esa fábrica propiedad del empresario de origen libanés Kamel Nacif –popularmente conocido como El rey de la mezclilla– se gestó la primera lucha independiente del sector obrero en Tehuacán, de la que fue partícipe. Entre marchas y paros laborales, conoció y aprendió a defender sus derechos humanos y laborales. 

Entonces conoció también a Martín Barrios, un amante del punk que al enterarse de los abusos patronales que ocurrían en Tarrant, como despidos injustificados, repartió un volante en el que llamaba a la organización obrera. 

El panfleto sería el detonante del movimiento que luchó por arrancar el poder a la Confederación Regional Obrera Mexicana, acusada de ser un sindicato leal a los intereses patronales y ajeno a las causas de la población trabajadora. Y aunque lograron el objetivo, Tarrant terminó por cerrar sus puertas y, como consecuencia de la presión ejercida, las y los trabajadores pudieron al menor tener una liquidación justa. 

Martín Barrios y Angélica Carrera permanecen en contacto desde entonces. Luego de varios meses sin encontrarse producto de la epidemia de la Covid-19 y de sus propias rutinas, se saludan de forma afectuosa. En un diálogo fluido, intercambian información sobre su situación actual, sobre sus familiares y las personas que ambos conocen.

Antes de despedir a las visitas, Carrera convida de los plátanos y manzanas que compró esa mañana en el mercado local, el único lugar donde se surte desde su despido de Hera Apparel para intentar estirar al máximo el poco ahorro que le queda. Ni ella ni su marido han podido conseguir empleo.

Barrios sostiene que los derechos laborales en la industria textil de Tehuacán han ido en picada a partir de 2008. Y es que ahora la población obrera demanda el acceso a un empleo para subsistir, obviando el tema de las prestaciones sociales. Además, las batallas ya no son para conseguir un contrato colectivo, sino para que las maquilas indemnicen lo mejor posible o simplemente porque no se vayan sin pagar. 

La crisis por la Covid-19 consolidó el retroceso. El momento fue aprovechado por los empresarios del sector para acelerar la aplicación de medidas a su conveniencia, tales como la modificación unilateral de las condiciones de trabajo, la disminución de los salarios y el recorte indiscriminado de la planta laboral.

Son las 13 horas de aquel viernes. El sector obrero vuelve a apropiarse de las calles de Tehuacán, esta vez con tupper en mano. En pequeños grupos, comen sobre aceras y camellones. Quienes no llevan almuerzo, compran en los puestos callejeros. El más característico es el de las mujeres de Santa María Coapan, que tienen fama de hacer las mejores tortillas de la región. En canastas y bolsas de mandado típicas transportan, flautas y tacos. 

Las obreras consultadas refieren que sí existen medidas para evitar los contagios de la  Covid-19 al interior de las maquilas, como la obligatoriedad de usar la mascarilla y de desinfectarse las manos al ingresar. Pero guardar la sana distancia es prácticamente imposible en ese ambiente.

La salida de las fábricas es a las 18 horas, salvo para quienes cumplen jornada extra. Se observa de nuevo el desfile de la clase trabajadora. Las manos teñidas de azul por el contacto permanente con la mezclilla delatan al sector. 

Las trabajadoras cuentan muchas historias sobre los patrones y los encargados de las maquilas. La mayoría son de maltrato y abuso hacia las personas que están a su cargo, tanto en el trato cotidiano como en el ejercicio de sus derechos laborales. Para el caso de las obreras se suman situaciones de acoso y abuso sexual que permanecen en la impunidad. 

Qué sería si cada prenda de mezclilla, si cada mascarilla, llevara grabada en su etiqueta la historia de la persona que la maquiló.

La líder sindical dice que cerró los ojos. Se aferró con sus manos a una reja de metal del área de producción de la fábrica. Sintió los tirones de cabello y los puñetazos en su rostro. Dos compañeras fueron golpeadas y amenazadas de muerte por protegerla. Ella resistió varios minutos. Hasta que sintió el dolor de una mordida quemándole la mano izquierda. 

Tres trabajadoras la golpearon. La llevaron a la oficina de recursos humanos de su fábrica, ante la mirada de muchas empleadas. Así lo atestigua un vídeo que un empleado grabó con su móvil. Según la sindicalista, la llevaban para obligarla a firmar su renuncia. El 7 de septiembre de 2020, Odilia Caal puso fin a la fuerza a su contrato con la maquila textil Winners, tras 14 años de trabajo. 

Tres semanas después de la paliza, relata su historia en la mesa de un café del centro histórico de Ciudad de Guatemala. La sindicalista de metro y medio de estatura y fuertes brazos dirige su mirada a la fuerte lluvia que cae en el exterior. Algunas lágrimas se asoman en sus ojos negros, pero se contiene. “No he llorado, ni voy a llorar” dice Caal, de 32 años, ahora exempleada de Winners y fundadora de Sitrawinners, un pequeño sindicato que agoniza.

Winners fabrica prendas para las marcas GAP, Banana Republic, Old Navy y para los grandes almacenes Walmart, en Canadá, Estados Unidos y México. Es una de las seis fábricas que el gigante textil surcoreano SAE-A tiene tiene en Guatemala, el primer país al que llegó fuera del continente asiatico, en 2003. 

La relación diplomática con Corea del Sur comenzó en 1962. Pero fue en1974 cuando el país asiático abrió en el país su primera sede de Centroamérica. Según la Cámara Guatemalteca Coreana de Comercio (CGCC), hay unos 10.000 residentes surcoreanos. Alrededor de 150 empresas se dedican a la industria textil, lo que representa el 40% del sector.

La maquila surcoreana Winners está en un complejo de bodegas privadas de máxima seguridad en el municipio de Mixco, a 13 kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala. Desde 2005, no paga aranceles, impuestos de importación ni IVA por los productos que ingresan al país como materia prima para sus actividades, un beneficio que aplica a todas las maquilas en el país.

Casi veinte años después, Winners fue una de las compañías autorizadas como industria esencial durante el confinamiento por la COVID-19. Llegado ese momento, Odilia Caal dice que ya era muy incómoda para la empresa. En marzo, trabajaba para la reinstalación de siete compañeros despedidos en 2018 de manera injusta. 

En Centroamérica, SA-E también tiene maquilas en Costa Rica y Nicaragua. En este último país, hay un precedente de presunto acoso y despido de tres sindicalistas por parte de la empresa que llegó a los tribunales y concluyó con la reincorporación de dos de ellos.  

Los siete trabajadores de Winners en Guatemala también ganaron el juicio, con apoyo de organizaciones y de Caal. Lograron regresar a sus puestos. Esto, dice la sindicalista, molestó a la empresa, que advirtió al resto de trabajadores que si judicialmente se ordenaban más reinstalaciones, iban a cerrar y todos perderían sus trabajos. Esto provocó, según Caal, la paliza que recibió. 

Caal denunció ante la Fiscalía. Asegura que Winners utilizó a integrantes del otro sindicato mayoritario para golpearla y obligarla a irse. La violencia contra la sindicalista es comprobable en los vídeos que algunos trabajadores grabaron aquel 7 de septiembre y que le compartieron a Caal. No es posible verificar que las tres mujeres fueran obligadas por la empresa a golpearla porque Winners evitó dar declaraciones.

Durante más de un mes, El Intercambio solicitó entrevistas vía telefónica con los administradores de Winners para contrastar las acusaciones. La jefa de recursos humanos, Alicia Sajché, se ofreció dar respuestas. En una de las llamadas, declaró: “La lengua no tiene hueso” (una manera coloquial de decir que las personas mienten). Yo hablaré con el gerente y les diré cuándo pueden venir“. 

La jefa de recursos humanos no ha respondido más. Ni el gerente administrativo, Daniel Kim. Ni SA-E, a la que se envió un correo electrónico al servicio de consultas. Tampoco la Municipalidad de Mixco —que recibe donaciones de la empresa—reaccionó a la solicitud de contacto directo con la maquila. 

Como último recurso, el 12 de noviembre, El Intercambio visitó la sede de Winners. Al ser preguntado por el caso de Odilia Caal, el gerente de la empresa dijo que estaba en horario de trabajo y que no podía responder. Pidió a personal de la fábrica que invitara a salir del lugar a los periodistas. Estos solicitaron un número de teléfono, e indicaron que evaluarían dar una respuesta en el futuro.

Las 66 autorizadas

El 16 de marzo, el Gobierno de Guatemala anunció el cierre del país durante seis meses por la pandemia de la COVID-19.  Al día siguiente, el presidente delegó en el ministro de Economía la decisión de qué empresas operarían como servicios esenciales. Solo once días después, el Presidente modificó las medidas y el ministerio dejó de dar permisos para operar. En teoría, ya solo autorizaba transporte. Una forma alternativa de permitir el funcionamiento. 

La autorización favoreció a 7.487 empresas. Entre estas, 66 maquilas recibieron permisos como industria esencial. El Gobierno nunca dio los nombres —aunque se solicitaron mediante ley de acceso a la información y a través del departamento de comunicación del ministerio—, pero fueron obtenidos por El Intercambio a través del grupo parlamentario Semilla. 

Una cosa fue la burocracia de los permisos y otra, la realidad. La totalidad de las 331 maquilas que operan en Guatemala permanecieron activas. Así lo admite la patronal textil ocho meses después. “Todas operaron. No cerró ninguna. Se mantuvo el trabajo para los empleados”, explicó Alejandro Ceballos, director de la patronal textil Vestex.

Las denuncias sobre posibles contagios en maquilas llegaron al Ministerio de Trabajo y a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Estas entidades comenzaron a realizar inspecciones en la tercera semana de abril para determinar si se cumplían medidas de distanciamiento y sanitarias. En la segunda semana de mayo, trascendieron los primeros casos de contagios en maquilas. Algunos alcaldes y diputados pidieron el cierre de estas fábricas. 

Cinco trabajadoras de Winners aseguran que el trabajo en la maquila continuó sin detenerse durante los meses donde se reportaron más contagios. Esto sucedió en las fábricas de un país cuya patronal textil calcula que el 46% de sus empleadas son mujeres. Winners no dice lo contrario porque eligió no dar declaraciones. Lo cierto es que de más de 15.000 denuncias presentadas en el Ministerio de Trabajo hasta julio, 4 fueron contra Winners por presuntos contagios. Nunca trascendieron los casos. 

Vestex recibió una solicitud el 15 de mayo del Consejo Nacional de Organización Textiles, la patronal textil de Estados Unidos, para que no cerrara las maquilas. Y se la trasladó al ministerio de Economía. Como consecuencia, varias empresas se dedicaron a fabricar 80 millones de mascarillas, pero fueron negociaciones privadas. 

Los contagios, sostiene Ceballos, se produjeron por no haber cerrado. En las dos primeras semanas de mayo se reportaron 250 casos en dos maquilas: Texpia II, propiedad de SA-E,  y KP. Las cifras reales nunca trascendieron. “Eso fue el lado malo”, opina.  

A partir de agosto, el sector maquilero de ropa de Guatemala fue el más competitivo del norte de Centroamérica, según Ceballos, porque gestionó contratos que los países vecinos no pudieron atender. Por dos razones: El Salvador no consideró industria esencial a la maquila y Honduras priorizó la vestimenta sanitaria y las mascarillas. 

El bus amarillo estaba a cinco minutos de llegar a la fábrica textil. Eran las 6:30 horas del 13 de agosto, cuando dos oficiales de la Policía Nacional lo detuvieron. Estaban esperando al Enano, en un semáforo, justo antes de llegar al parque industrial. Los agentes acusaron al conductor de que el día anterior había intentado agredir a uno de sus compañeros, según el testimonio posterior de dos pasajeras. 

Uno de los policías anunció que el vehículo estaba decomisado. Pidió la licencia al conductor y éste se negó a entregarla, recuerda Cindy. El Enano sugirió que uno de los agentes lo acompañara a dejar a las obreras. Dijeron que no. Las trabajadoras protestaron. No se querían bajar. Una de las operarias grabó un vídeo con su celular.

Aquel 13 de agosto, la detención policial escaló de nivel. “Miren, jóvenes, yo voy a tirar gas [lacrimógeno] ahorita, si nadie se quiere bajar”, amenazó uno de los policías. Un par de jóvenes en el interior del vehículo lo retaron: “Tírelo”. Cindy escuchó un chasquido y la unidad se inundó de humo. Las cuarenta pasajeras empezaron a gritar. 

Algunos saltaron por las ventanas. Pero la mayoría en esta asfixiante carrera salió por la puerta del bus. Lloraron y se maldijeron. Cindy observó cómo un trabajador era pateado por sus compañeros mientras intentaba salir del bus. Otro cayó sobre un vehículo. 

Minutos después del ataque, las víctimas fueron atendidas por personal de la maquila donde trabajaban: 16 sufrieron algún trauma, cuatro fueron trasladadas al Instituto Hondureño de la Seguridad Social (IHSS) y 12 fueron incapacitadas temporalmente por efectos del gas lacrimógeno. Una de las incapacitadas fue Cindy. Cuando intentaba escapar del gas, escuchó gritos en el suelo. Intentó no pisar a su compañero. El salto salvador le costó un esguince en el pie izquierdo. Permaneció 21 días sin trabajar. 

La noticia del bus gaseado fue viral en Honduras el 13 de agosto de 2020, pero luego cayó en el olvido. El Enano desapareció de Champerío, la comunidad de la colonia López Arellano donde vivía. A algunos conocidos les dijo que prefería irse de su casa tras haberse involucrado en un asunto con la policía.

Un policía a juicio

La brutalidad policial y militar en Honduras ha sido evidente en los momentos de crisis política. Durante el golpe de Estado de 2009, las fuerzas policiales y militares reprimieron las manifestaciones con un saldo de 20 asesinatos. Pero dos años después, la Policía Nacional entró en crisis por una serie de asesinatos cometidos por sus miembros y por sus vínculos con el crimen organizado. La depuración policial comenzó en ese entonces y se destapó el problema estructural en esa institución.  

Para las elecciones del 2017, la Policía Nacional y el Ejército reprimieron las protestas de fraude electoral. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) identificó un patrón común en 22 muertes producidas por miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Los culpables de esta violencia no han sido juzgados.  En enero del 2020, Leonel Sauceda, uno de los altos jerarcas de la Policía, fue encarcelado luego que no pudiese justificar 14 millones de lempiras (476.480 euros).

Un día después de que la policía gaseara el bus del Enano, la Policía Nacional reconoció que los dos oficiales aplicaron un procedimiento “inadecuado” al discutir con los pasajeros y detonar una bomba de gas lacrimógeno. Inadecuado, pero no excesivo. Condenó el hecho con un comunicado y suspendió temporalmente de labores en la calle a los dos agentes involucrados.

El portavoz nacional de la Policía, Jair Meza, aseguró semanas después a Contracorriente que el incidente con el Enano fue consecuencia del día anterior. Porque padecían “estrés laboral”. El alto oficial redujo el incidente a una falta y excusó a los agentes que atacaron el bus. “Hay muchas personas que no quieren hacer caso”, justificó ignorando que los empleados de la maquila no desobedecían, solo iban a trabajar en bus. 

Tras dos meses de investigaciones, la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol) recomendó el despido para el oficial que lanzó la bomba. Pero consideró que el otro agente no tuvo participación activa en los hechos. Fue una recomendación, pues la decisión final corresponde a la Secretaría de Seguridad. 

El caso está en los tribunales. La Fiscalía acusa al oficial de delimitación e impedimento de derechos fundamentales de las pasajeras del bus. El delito se produce cuando los funcionarios de gobierno violan derechos garantizados por la Constitución. El acusado irá a juicio, pero podrá defenderse en libertad. 

Jerzees Nuevo Día lamentó el atentado mediante un comunicado. “Investigaremos este incidente y se procederá a realizar las gestiones pertinentes para evitar que este tipo de acontecimientos se repita”, reza el comunicado. No fue posible contactar con la empresa para obtener declaraciones sobre el día en que la policía tiró gas pimienta a un bus privado contratado por Jerzees para llevar operarias.

Aquel 13 de agosto, a las seis de la mañana, había unos 815 empleados de Jerzees yendo a trabajar en 13 autobuses privados. Los trabajadores reciben un salario mínimo mensual de 8,226.39 lempiras (370.45 dólares). Para preservar el empleo y obtener una bonificación extra deben superar el 100% de la meta de producción diaria. Es lo que se llama un récord de alta productividad. 

Cindy lo tiene muy presente cada día al salir caminando de su casa hacia uno de esos buses. Aquel 13 de agosto, quería llegar al 110%. Su objetivo es ahorrar para apoyar a su hija de 17 años a estudiar en la universidad. Muchas empresas maquiladoras, como Jerzees, obligaron a las obreras a regresar al trabajo sin garantizar un transporte que las recogiera en su casa para llevarlas a las fábricas. Cindy, cada día, bajaba —y lo sigue haciendo— a las 6:10 de la mañana por la empinada calle que la lleva de su pequeña casa al punto de buses donde esperaba al Enano para trasladarse a Jerzees.

La pasajera del asiento intermedio

Cindy, 34 años, la empleada que se hizo un esguince en el incidente del bus, comenzó a trabajar en la maquila a los 18 años. Es mestiza, ojos grandes, pelo lacio y de voz fuerte. Durante la conversación, está muy seria. De cómo huyó del asiento intermedio del bus, sobre todo recuerda la urgencia. 

Vive en la colonia López Arellano, donde habita casi la mitad de la población de Choloma y uno de los lugares más poblados del país. De allí es la mayoría de la plantilla de Jerzees que viajaba en el bus del Enano. Su nombre se lo debe a Oswaldo López Arellano, un militar que gobernó Honduras durante ocho años tras un golpe de Estado en 1963. 

En el sector López Arellano viven unas 132.000 personas diseminadas en unas 40 colonias, según datos gubernamentales. Este sector es caliente, expresión que refleja su alto índice de criminalidad. Solo por debajo de Tegucigalpa y San Pedro Sula. 

Una banda denominada La Rumba le disputa esta plaza a la pandilla Mara Salvatrucha (MS13). Pelean territorios para vender droga y extorsionar a los negocios grandes de esta zona. La población sobrevive mayoritariamente del trabajo en la maquila, las remesas y el empleo informal. 

Cindy es una mujer de pocas palabras. Actualmente vive en un pequeño cuarto que alquila por 1.200 lempiras (41 euros) mensuales. En la casa funciona también una pequeña tienda, donde se vende arroz, frijoles, azúcar y refrescos de cola. En esa pequeña pieza vive con sus dos hijas. La que cumplirá 17 años, estudia la secundaria. “Quiere ser psicóloga o abogada, será lo que a ella le guste”, dice Cindy ilusionada. Su otra niña tiene nueve años y está en la escuela primaria.

Cindy pide anonimato porque siente temor. No aclara si a las represalias en su empleo o por haber estado involucrada en una escena donde aparece la Policía Nacional. Mientras conversamos hace gestos de dolor. Después de 15 días del incidente en el bus, su pie izquierdo aún sigue inflamado por la contusión producida al escapar del gas lacrimógeno.

“Pensábamos que nos íbamos a ahogar”, arranca Cindy. En medio de aquella nube negra, mientras buscaba con desesperación respirar algo que no fuese humo, escuchó la voz de un hombre que pedía a gritos no ser pateado. Ella intentó no golpearlo y saltó. Caminó y vomitó. Desorientada se sentó a la orilla de la carretera. Cuando se quiso levantar, no pudo. Su pie izquierdo se había hinchado y estaba morado. También se golpeó la mano. 

Fue trasladada al IHSS donde le indicaron que tenía un esguince en el tobillo y le dieron una incapacidad por 21 días. Durante este tiempo solo recibiría de Jerzees el 25% del salario mínimo. El IHSS no cubrió sus medicamentos y tuvo que comprar un analgésico inyectable que cuesta 206 lempiras (siete euros). Cindy se colocó más de diez dosis. Tuvo que regresar a trabajar con dolores por el esguince. Al menos, dice con alivio, no se contagió de COVID-19 en esa ida y venida al hospital. En seis meses de pandemia seis trabajadores del sector maquilero fallecieron por el virus —cuatro hombres y dos mujeres— y 151 más recibieron atención por contagiarse en las fábricas hondureñas, según datos oficiales del IHSS. 

Contagios en la fábrica

María Medina, sindicalista de Jerzees, asegura que hubo contagios de trabajadores en su maquila y que dos compañeros murieron de la COVID-19. Aunque no determinó si estos se contagiaron en el trabajo. Esto no detuvo la operación de la fábrica, advierte la mujer cuya victoria más recordada fue lograr la reapertura de Jerzees Honduras en septiembre de 2009, después de que esta cerrase sus operaciones como medida de presión por la creación del sindicato. En enero de 2008, 1.300 trabajadoras y trabajadores fueron despedidos. 

En Jerzees, como en la mayoría de fábricas, los trabajadores fueron enviados por decreto de vacaciones obligatorias. Patrono y trabajador debían conciliar. La realidad es que los empleados fueron enviados de vacaciones sin su consentimiento.

Representantes de trabajadores, patrones y gobierno acordaron apoyar a los trabajadores suspendidos con una aportación solidaria de 6.000 lempiras (204 euros). El gobierno entregó la mitad para cada empleado. 

El Estado invirtió más de 18 millones de euros en los empleados del sector maquilador. Solo a Jerzees Nuevo Día, le dio 5.358.000 lempiras (182.328 euros) para 892 obreras y obreros suspendidos. Esto alcanzó para pagar un bono de 100 euros a cada trabajador por dos meses. Con este acuerdo la industria maquilera no tuvo que destinar grandes cantidades para cubrir los salarios de sus empleados suspendidos, quienes sí tuvieron que acomodarse a un recorte en sus ingresos. 

La pasajera del asiento de atrás

Maritza iba en el asiento de atrás del bus amarillo el 13 de agosto. Como su compañera Cindy. Con 41 años, es una mujer alegre de voz suave y pausada. Mientras hablamos con ella en su casa, su perro Oso, merodea y nos vigila. 

Maritza prefiere hablar desde el anonimato, su historia no es fácil. No se llama así, así que tampoco elige un apellido falso. Llegó a trabajar en una fábrica de capital chino cuando solo tenía 15 años. Era menor de edad, por lo que usó documentos prestados de otra persona. Así funcionaba antes, dice ella, que llegó de un pueblo en el occidente del país. 

Desde entonces han pasado 26 años. Es madre soltera desde que su pareja la abandonó. “Nunca quise ponerle padrastro a mis hijos”, dice esta mujer de tez blanca y mechas en su cabello castaño. Trabajando en la maquila, Maritza pudo criar a sus hijos. La mayor, de 24 años, es secretaria bilingüe. Su hijo, de 21, es mecánico automotriz. Ambos también se dedican a trasladar personal de empresas en un microbús que Maritza les compró. 

Hace cinco años, Maritza compró una casa. Lo hizo con prestaciones laborales que recibió cuando Jerzees cerró en 2008 y con ayuda del abuelo paterno de sus hijos. “Si me voy por bajo rendimiento, no me iré avergonzada porque un día fui estrella (tuvo alta productividad)”, dice con un brillo especial en los ojos.

Maritza cuenta que en la calle donde vive en la López Arellano, es la única que utiliza mascarilla. En Jerzees sí hubo contagios, añade. Pero a su juicio hay poca responsabilidad de la empresa en esto. Durante la jornada laboral la empresa emite recordatorios a través de altoparlantes. A cada momento, se repite que no está permitido platicar y que las mascarillas y caretas son obligatorias. Hay abundante gel de alcohol, pero dice que muchos están cansados de los protocolos de seguridad. Algunos los ignoran en espacios no supervisados. 

Aquel jueves 13 de agosto, Maritza abordó la unidad y se fue a los asientos traseros. Confirma que parecía que los policías estaban esperando el bus. Escuchó la conversación entre el piloto y los policías. Al Enano le dijeron que había tenido un problema el día anterior cuando intentó atropellar a otro agente de policía. Ella sostiene que no fue así. “El conductor nunca tuvo intenciones de dañar a nadie”, asegura.

“El bus tronó”

“Hubo un chispazo. Tronó el bus. Sentí que saldríamos volando en pedazos”, dice mientras hace ademanes y eleva la voz. 

“Pensé que me iba a morir. No podía respirar y pedía agua, pero a señas. Sentía una gran picazón en la garganta”. Entre empujones y gritos, salió por la puerta. Al recuperar el aliento, comenzó a llorar. Entró en un colapso nervioso. “Gritaba que nos iban a matar”. Necesitó media hora para recuperar la calma. Su hijo, el mecánico, pasó por ella.

Su ceño se frunce cuando le preguntamos qué siente ahora al mirar a un agente de seguridad pública. “Ellos (la policía) no tienen piedad para quererlo matar a uno”, dice.

La maquila sigue operando. En la carretera principal, cerca de donde ocurrió el ataque al bus de las obreras de la maquila, se pueden ver decenas de personas, familias enteras pidiendo dinero. El largo confinamiento ha convertido en mendigos a miles. Cindy, Maritza y María, que no pararon de trabajar, agradecen mantener su empleo. 

La vetusta unidad, con placa A-AE-4688, permanece en la Unidad Metropolitana Policial número 10. Está ubicada en la comunidad de Río Nance, a nueve kilómetros de donde ocurrió la agresión policial. En la parte frontal del vehículo decomisado aún resiste el rótulo con la leyenda Jerzees Nuevo Día. Después de la huida del Enano, el dueño del bus ha intentado recuperar su vehículo sin suerte. 

Hasta ahora el único detenido es el bus amarillo.

La maquila Florenzi ya no es maquila. Desde el 8 de julio del 2020, Industrias Florenzi es una fábrica textil tomada por sus trabajadoras. Las mujeres que durante años marcaron su entrada en jornadas de ocho horas por un sueldo mínimo, ahora pasean por la fábrica desierta que han hecho temporalmente suya. 

Las máquinas de coser, los hilos, los botones y las prendas dejaron de ser materiales de trabajo para producir blusas Pierre Cardin. Son rehenes de las nuevas jefas de Industrias Florenzi. La nave es un campamento, donde 113 extrabajadoras resisten para recibir las compensación que les corresponde. La fábrica permanecerá bajo su control hasta que el propietario les pague su indemnización, prestaciones laborales y  los cuatro meses de salarios que les debe. Sino, irán a las cortes y buscarán quedarse legalmente con la fábrica. Negocian sin contraparte. Pese a las denuncias, la demandas y la toma de sus instalaciones, el dueño no responde. 

El 18 de marzo, el presidente Nayib Bukele ordenó el cierre durante cuatro meses de las 152 maquilas (fábricas textiles que importan sus productos sin pagar aranceles y los comercializan en el país de origen de la materia prima, generalmente EEUU) y call centers de El Salvador por su alta concentración de trabajadores. A diferencia de Honduras y Guatemala, el trabajo de las fábricas textiles no fue considerado esencial, lo que forzó a las fábricas a detener operaciones, retrasar la producción y pagar salarios mientras durase la emergencia. Muchas maquilas no cumplieron con los pagos. Entre ellas Industrias Florenzi. 

Esta maquila operó 35 años en Soyapango, un municipio industrial del área metropolitana de San Salvador. La empresa no resistió el cierre temporal obligatorio y el 8 de julio una gerente anunció a las más de doscientas empleadas que Florenzi estaba en quiebra. Hasta entonces, contaba con clientes como la marca de uniformes sanitarios Grey's Anatomy by Barco y la de ropa de diseño Pierre Cardin. También subarrendaba a otras empresas. 

Industrias Florenzi es parte de un complejo extenso compuesto por tres naves. En Soyapango, en el área metropolitana de El Salvador. En la primera, la más grande, las 210 empleadas trabajaban durante ocho horas diarias en corte y confección, carga y empaquetado de blusas formales. 

En el nacimiento de Florenzi se vieron involucradas personas importantes en la vida social y política salvadoreña. Durante su primer año de funcionamiento, Carlos Humberto Henríquez, fue el apoderado judicial de la maquila. Durante 2014-2017, fue director de la junta directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). La CEL es una empresa estatal que genera energía eléctrica a través de la explotación del Río Lempa, el río más grande de El Salvador y la geotermia.  

El dueño y representante legal de Florenzi fue Roberto Pineda, quien murió el 12 junio de 2020, en medio de la pandemia. Años atrás, también fue director del Club Campestre Cuscatlán, el club social más exclusivo de El Salvador, donde la élite se reúne a jugar al golf. 

Desde la muerte de Letona, Florenzi quedó en manos de su hijo Sergio Pineda, quien hasta la fecha no se ha presentado a reunirse con las trabajadoras.

Después de múltiples correos y llamadas a Sergio Pineda, actual representante legal de Florenzi, se visitó la residencia de los Pineda Letona para pedirle una entrevista. La vivienda está en las Lomas de San Francisco, una de las zonas más lujosas de El Salvador. El personal doméstico se negó a recibir la solicitud impresa. Hasta el cierre de este reportaje no se ha obtenido respuesta de Pineda.

La familia Pineda, dueña de la maquila, no pagó los cuatro meses de los salarios que le debían a las más de doscientas empleadas por la pandemia, ni la indemnización por los años trabajados. Para compensar, les ofreció una máquina de coser marca Singer o Brother.

De ser nuevas, su coste rondaría los 200 dólares (165 euros). Pero las máquinas llevaban más de 10 años funcionando. Casi la mitad aceptó. A otras las cuentas no les salían. Las que hicieron cálculos fueron 113 mujeres. Ellas ganaban 300 dólares al mes (248 euros), el salario mínimo en El Salvador. Según los cálculos de ese grupo de empleadas, Industrias Florenzi les debe, solo en salarios, más de 500.000 dólares (413.857 euros), por los últimos cuatro meses de trabajo de todas las trabajadoras. 

El 8 de julio, esas 113 mujeres no solo empezaron una lucha legal. También se apropiaron del plan estatal lanzado por el partido Arena en los años 90. La clave del grupo político de derecha fue utilizar a las maquilas como uno de los grandes proyectos tras la guerra civil (1980-1992). La clave del entonces partido de gobierno fue reproducir el formato al que le apostaron todos los gobiernos centroamericanos: fábricas textiles con incentivos fiscales como generadoras de empleo, a cambio de mano de obra barata. El negocio funcionó y hoy hay 17 zonas francas con exoneración de impuestos, que generan más de 56.000 empleos. La mayor parte de la ropa producida por estas maquilas es importada por Estados Unidos.

La historia de Florenzi es la de unas mujeres que pelearon contra ese sistema neoliberal en donde los pobres cosen lo que los ricos visten. Sus exigencias conllevaron primero denuncias en el ministerio de Trabajo, la Fiscalía y la Procuraduría de Derechos Humanos. Pero el cambio frente al modelo de protesta laboral, heredado de los movimientos sociales salvadoreños del siglo XX, fue el enfoque de género que las 113 le dieron a la toma al aliarse para recibir talleres con asociaciones feministas locales. 

La primera de las 113

Nery Ramírez, de 40 años, dedicó siete años a Florenzi. Cosía el cuello de las blusas Pierre Cardin. Como no le alcanzaba, en los almuerzos vendía dulces para tener un ingreso extra. Ahora es la lideresa de las 113 mujeres. Su casa la usa para bañarse, lavar ropa o cambiarse. Por las noches, duerme con el resto de mujeres sobre colchonetas en los pasillos de Florenzi. El resto de su tiempo es una inversión política.

Habitar la maquila no es cómodo. No tienen muebles y se organizan en bancas o sillas de plástico. Consigue platos de comida para los grupos de cinco mujeres que hacen guardia. El menú es casi invariable: café, huevos, frijoles, arroz y tortillas que preparan ellas en cocinas pequeñas y fogatas en la acera. 

La toma de Florenzi empezó por los derechos laborales de 113 mujeres y se convirtió en una lucha que las trabajadoras definen como feminista. Reciben charlas semanales gestionadas por colectivos feministas, como la organización Ormusa, que se adhirieron para darle enfoque de género a su causa. “Como hemos aprendido a romper patrones de violencia, muchas mujeres ahora entienden que no son objetos ni esclavas en el hogar y ahora los esposos ya no quieren que vengan”,  dice Nery Ramírez. 

Nery Ramírez pasa los días en la acera de la entrada a la fábrica: habla con abogados, periodistas o activistas y coordina víveres y ayuda. No supera el metro y medio de estatura, morena y de cuerpo grueso. Siempre usa una camisa gris de manga larga bajo una camiseta dos tallas más grande. Es para evitar que la queme el sol. Usa gorras que esconden un pelo corto y un cubrebocas negro de tela. Cuida a las mayores y se preocupa por las que están más enfermas. También es la encargada de la disciplina, las regaña si no cumplen sus tareas, como sacar el toldo bajo el que se sientan. 

Aún cuando hace chistes, la voz de la lideresa de las 113 nunca pierde un tono formal. Como si permanentemente estuviera dando declaraciones. Ese tono de voz lo ha entrenado desde 2006, cuando inició como líder sindical en otra maquila, de la cual también la despidieron sin compensación salarial. Tres años después, la echaron de otra fábrica textil. Y, en 2020, de Florenzi. 

Conoce de memoria cada detalle de las trabajadoras y los recita cuando hace una denuncia pública. Habla de todas menos de ella. Esta ex sindicalista ve el cambio en sus compañeras: “La vez pasada me contó una que por primera vez le dijo a su familia que ya no era su cholera (empleada doméstica); el esposo le dijo que le planchara la ropa y ella se negó”. Cuando cuenta la historia se ríe con orgullo. Ramírez no solo dirige los turnos de guardia, la cocina y la limpieza, también  las batallas legales de unas trabajadoras que afrontan la situación decididas a marcar un precedente. 

Las trabajadoras intentan no acercarse a las naves. Han hecho su espacio en la acera, frente a la calle y el pasillo de la entrada pero entran solo cuando es necesario. Las 113 son cuidadosas de no tocar nada. Las naves se mantienen cerradas e intactas desde el día en que tomaron la fábrica: cualquier daño a los materiales puede traerles peores consecuencias. 

Maquileras y empoderadas

En El Salvador, la movilización feminista contemporánea ha estado más enfocada en la lucha por derechos reproductivos. Pero cuando Kayla Cáceres, de la asociación Colectiva Amorales, se enteró de la situación de Florenzi, se sintió reflejada: su mamá y su hermana trabajaron en la misma maquilas años atrás. Su hermana aún era menor de edad mientras trabajaba en la maquila. 

Cáceres llevó la historia a la Colectiva Amorales y el caso se empezó a mover entre agrupaciones feministas. Organizaciones como Ormusa y la Red de defensoras de derechos humanos se comenzaron a presentar de manera regular en la maquila hasta convertirse en sus mayores aliadas. Así las 113 se aprendieron a organizar en las protestas, a dar a conocer su caso y a entender la importancia del acompañamiento político. La mayoría de las ex empleadas de Florenzi apenas habían oído hablar de feminismo hasta que se cruzaron con Kayla Cáceres. 

El 17 de agosto, alrededor de 40 exempleadas protestaron en contra del ministro de Trabajo, Rolando Castro. Alegaban que el ministro ha protegido al dueño de la maquila y no a los intereses de las trabajadoras. Detuvieron el tráfico en el centro de gobierno, una zona de oficinas de gobierno que aglutina a la mayoría de ministerios, Procuraduría General de la República y Asamblea Legislativa. Se encuentra a pocos kilómetros del centro histórico de El Salvador, uno de los bulevares más transitados del país. 

Con micrófonos y pancartas, exigían la renuncia del ministro y justicia en el caso. Sabían dónde protestar. Ahí la prensa conoció a las trabajadoras de Florenzi. En medio de la división de la carretera, bajo los 30 grados de San Salvador, Nery Ramírez tomó el micrófono y con voz alta dijo: “Más violaciones a los derechos y al ministro Castro no lo ven. Nada ha cambiado, ¿dónde están nuestros derechos? ¿solamente plasmados en los libros? Solo para gente pudiente y a nosotros no nos atienden. Mientras no alcemos nuestras voces, no nos vamos a dar a conocer”. 

Las compañeras movían las pancartas, otras tomaban el micrófono para también exigir las respuesta del ministro. Grupos feministas radicales encapuchadas, como el colectivo Majes Emputadas, gritaban consignas. Cáceres también las acompañaba y las trabajadoras coreaban con ellas. A su alrededor los carros les pitaron por el tráfico que generaron, pero en dos horas de protesta, a una calle del ministerio de Trabajo, el ministro no salió a recibirlas.

“El valor que uno tiene para tomar este tipo de acciones no es de cualquiera [...] Algo que me ha motivado y me ha dado coraje es la injusticia, porque es bastante indignante las condiciones en las que estamos viviendo. Esto no es nuevo y las autoridades lo callan”, respondió Ramírez sobre por qué decidió organizar la protesta. 

El ministro Castro las acusó en su cuenta de Twitter de manipuladas y mentirosas. El político alegó en la red social que nunca las ignoró. Dijo que las recibió más de 15 veces. Las trabajadoras aseguran que solo fue una vez. Semanas después, aclaró a Gato Encerrado que él no las recibió, que fueron varios integrantes de su equipo. Se desentendió del caso. 

Castro adujo que el Ministerio de Trabajo no tenía “las suficientes herramientas legales” para ayudarlas y que el proceso ya estaba en los tribunales. Si el ministro hubiera atendido antes las exigencias de las 113, su protesta no habría llegado a etapa judicial. 

El 28 de agosto, sucedió un hito para el grupo de trabajadoras. Cáceres —la hija y hermana de ex maquileras— se sentó junto a Ramírez en la comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa para denunciar el caso ante un grupo de diputados. Gracias a las protestas en el centro de gobierno, diputados de distintas fracciones se acercaron a ella para escuchar sus exigencias y las invitaron a la comisión. El dictamen fue unánime: recomendaban  al ministro de Trabajo defender los derechos laborales de las trabajadoras.

Las trabajadoras aprenden a decir “no”

El jueves 22 de septiembre, la ministra de Vivienda, Michelle Sol —a raíz de la presión de las colectivas y la presión en redes sociales— se comprometió a reunirse con las 113 trabajadoras, llevarles alimento y escucharlas. No llegó. Envió 90 bolsas junto con su equipo de vídeo, que tomó las fotografías para mostrar en redes sociales que su ministerio dio el donativo. 

Mientras Nery Ramírez observaba a sus compañeras hacer fila para recoger el alimento, reflexionaba en voz alta sobre el taller. La palabra 'sororidad' es la que más retumbaba en su cabeza por trabajar tan de la mano con tantas mujeres. Pero el feminismo es una palabra que todavía le producía incomodidad.

“Para ser feminista, hay que prepararse antes de tomarse el derecho de llamarse así. Debe de haber preparación. Las compañeras cada vez están más empoderadas, luchando y defendiendo. Yo puedo decir que estoy 50% y 50%, porque me hace falta, pero esto es una lucha feminista porque las que llevamos la batuta acá somos mujeres”.

Un mes después, en una casa comunal, a unos metros de Florenzi, una trabajadora anotaba como una estudiante todo lo que el instructor dicta sobre accidentes laborales. Se llama Elsa Chávez , tiene 49 años y laboró en Florenzi desde 1995. Hasta ahora, nunca había escuchado sobre derechos laborales. Tras más de 20 años en Industrias Florenzi, ahora asiste al taller. No lo dijo en la reunión, pero todas sus compañeras lo saben: cuando su hija menor tenía 12 años, fue violada por su padre. Ella lo denunció y la niña parió un bebé con síndrome de down. Elsa se hizo madre por cuarta vez con el bebé de su hija. 

Cuando su nieto nació, en 2012, Industrias Florenzi le dio un adelanto de su indemnización. El niño de 13 años es hoy su hijo menor. Industrias Florenzi le debe ocho años de indemnización que se traducen en 2.400 dólares (1.983 euros), sin contar sueldos restantes, fondo de pensiones y seguro social. Con ese dinero quiere cuidar a su nieto antes de jubilarse. 

Por personas como Elsa Chávez, Industrias Florenzi ha pasado de ser una maquila a un espacio de aprendizaje de derechos. Las asociaciones imparten a las exempleadas talleres de derechos laborales,  género, educación y salud sexual, en los que se les insiste la importancia de chequeos médicos y ginecológicos. Algunas dicen que las ha ayudado a empoderarse a nivel personal y en su causa laboral. La mayoría son mujeres que superan los 40 años y aún dudan en llamarse a sí mismas feministas. 

En las concentraciones y protestas algunas bailan y corean a todo pulmón: “El patriarcado se va a caer”. Otras lo hacen, pero con mucha vergüenza. Muchas no gritan, pero dicen que, aunque ellas no se identifiquen como feministas, la toma de la maquila es una lucha feminista. 

El entorno de Florenzi es principalmente femenino, la mayoría son mujeres casadas, madres y abuelas. Los talleres han permitido crear espacios seguros para que muchas se identifiquen por primera vez como mujeres lesbianas o bisexuales en espacios cómodos.

A pesar de que la mayoría son mujeres adultas que provienen de hogares religiosos, muchas de las trabajadoras han encontrado espacios más cómodos y amorosos en la maquila que en sus casas. A Kayla Cáceres, de Colectiva Amorales, le impresiona ese proceso de reconocimiento de la diversidad sexual. 

Otras mujeres han aprendido a reconocer situaciones de violencia y han conversado sobre el consentimiento sexual. En estos talleres descubrieron que pueden negarse cuando no quieren tener relaciones sexuales con sus maridos. Algunas no sabían que negarse era una posibilidad.

En cuatro meses, las 113 pusieron denuncias ante la Fiscalía, ante el Ministerio de Trabajo, hicieron visitas a oficinas de gobierno y protestaron. Para las trabajadoras de Florenzi la toma es una lucha, aún si eso significa pelear legalmente la maquila y quedarse con ella. Mientras resisten en los vestigios de lo que meses atrás fue su lugar de trabajo, las máquinas de coser retenidas acumulan polvo entre el equipo y la ropa que protegen como su única garantía de justicia.

Todas las trabajadoras se apoyan en Nery Ramírez. A ella le comienza a pesar esa carga. En su casa, necesitan que comience a trabajar para pagar la luz y el agua. Esto sumado al silencio del dueño de Florenzi, le estresa y desalienta. Algunas ya se comenzaron a rendir. Abandonaron la toma porque necesitaban apoyar en sus casas. Ellas pasan de vez en cuando y les llevan frutas, pollo o carne para ayudarles con el dinero que ahora ganan. 

De las 113, ahora quedan 106.

El bucle

Regresaron obligados a La Playa. Pero frente a la orilla, nunca hubo mar. Volvieron a sus casas, al sector junto a la rivera del río Gualsinga. Eran los hermanos mayores de dos familias vecinas. Nacidos durante la guerra de El Salvador, la paz les había obligado a migrar.

Ambos habían huido de la violencia de la pobreza. Y ambos, Aníbal Martínez, de acuosos ojos azules, y Víctor Galeas, de hierática mirada café, acabaron deportados. A principios de 2019, volvieron a ser vecinos de parcela con parcela. De nuevo en La Playa, un lugar montañoso lejos de cualquier océano de posibilidades.

Nacidos durante una guerra civil, para Aníbal y Víctor, sobrevivirla no era el final del camino. La paz tomó para ellos una forma violenta, de condena cíclica: la de una pobreza de la que huyen y a la que les regresan. Un agricultor o albañil gana como máximo seis dólares al día, cuando consigue trabajo. Es la realidad de muchos. Nueva Trinidad es también el municipio con la mayor tasa de retornados desde Estados Unidos en El Salvador, que es además, el país con la segunda tasa de homicidios más alta del mundo.

Como Guatemala y Honduras, sus vecinos en el Triángulo Norte de Centroamérica, El Salvador se vacía en desorden. Según datos del gobierno salvadoreño, un tercio de su población vive fuera del país. Un problema que comparte con el conjunto de una región que además se drena por el lado más joven y se queda sin futuro. Tan sólo en 2014, más de 40.000 menores de edad centroamericanos trataron de llegar a EEUU.

La dimensión de la crisis económica y de seguridad que asola Centroamérica y el número de migrantes que recibe Estados Unidos fueron la justificación del Gobierno de Barack Obama para impulsar ya en 2014 un plan de desarrollo económico para la crisis que vivía y aún vive la región.

Bajo el pomposo nombre de Plan Alianza Para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica (PAPTN) buscaba diferenciarse de los escasos resultados de planes anteriores como el Carsi o el Plan Mérida, más centrados en la seguridad ciudadana que en la economía. Éste sería más amplio, incluso transversal, trataría de desarrollar el talento humano y las actividades productivas. Los tres gobiernos pondrían dinero para el plan. Algo que nunca sucedió.

Entre 2016 y 2018, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo (USAID) cumplió su parte del compromiso y envió a sus contratistas en El Salvador 204 millones de dólares, según cifras del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), para crear nuevos programas y dar continuidad a los que ya estaban en marcha.

En paralelo, el gobierno de El Salvador seleccionó 44 municipios en los que debía aumentar la inversión. Como criterio para seleccionarlos, las estadísticas de deportación y la tasa de homicidios. La presidencia del Gobierno etiquetó 593 proyectos con las siglas del PAPTN en los presupuestos de esos años. Y eso fue todo. El Salvador no aumentó su inversión. Estados Unidos tiró la toalla en septiembre de 2019.

Nueva Trinidad, el lugar donde viven Aníbal y Víctor tras su deportación, no recibió un sólo dólar de este plan que pueda evitar que ambos traten de huir de nuevo.

La de Aníbal y Víctor es una historia poco contada: la de los salvadoreños que no salen en la foto de la sangre, pero también viven con el miedo a la muerte. A otra muerte. La de los campesinos sin tierra que están siempre a un error, un huracán o una plaga de perderlo todo en esos caseríos aislados y remotos donde las vidas, de no buscar salidas lejanas, se apagan en silencio.

La Playa, el sector de la comunidad donde viven Aníbal, de 41 años, y Víctor, de 37, está en el sureste de Chalatenango, muy cerca de Honduras. Ambos son hijos de la guerra que peleó el país en la década de los 80. Niños de los combates y los desplazamientos forzados de población a lo más profundo de la montaña o al otro lado de la frontera. Aníbal perdió dos hermanos asesinados por el Ejército. Blanca, la madre de Víctor, sufrió dos abortos involuntarios mientras huía.

Ellos sobrevivieron. Solo para que los expulsara una batalla de posguerra. La de una carencia que soñaron superar. Tenían poco más de 20 años cuando viajaron por separado a Estados Unidos. No cumplieron sus sueños. Allí chocaron de nuevo con la misma violencia que se extendía por El Salvador de posguerra.

Aníbal lavó platos en Los Ángeles durante tres años antes de ser deportado. A finales de la década, volvió a irse a Denver. De nuevo en restaurantes. Siete años aguantó tras su segundo viaje fracasado al norte. Cuenta que no tuvo la culpa. Que fueron sus compañeros de piso. Que estaban borrachos, rompieron cristales y uno se desangró. Los vecinos llamaron a la Policía. Después de esa deportación, dice, se le quitaron las ganas de regresar.

Víctor fue ayudante de cocina durante doce años en Arlington, Virginia. De entonces le queda una cicatriz vertical que cruza su estómago. No puede hacer trabajos pesados. Es el resultado de una puñalada que le metió un hombre en 2018. Dice que no lo conocía de nada. “A vos te ando buscando”, recuerda que le dijo, en español. Su paso por el hospital, sospecha, alertó a Migración. No tenía documentos. Fue detenido mientras fumaba en la puerta del restaurante salvadoreño donde trabajaba.

Ambos coinciden en algo más. El pueblo, dicen los dos, sigue igual. La novedad es que ahora, al menos, se puede llegar. De regreso en casa, notaron que los caminos de tierra se habían convertido en vías asfaltadas. Por sus ríos, cascadas, cerros y por su patrimonio histórico. Nueva Trinidad forma parte de la oferta turística de un país que ejercita la memoria histórica. Que en vez de construir hoteles y restaurantes en los que emplear a las víctimas presentes, ha decidido tender carreteras para recordar a las pasadas.

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido nacido de la guerrilla que gobierna desde hace treinta años en este pueblo, ha apostado por recordar la guerra desde el trazo infantil que dibuja las masacres o la huida forzosa. Como si pudiera olvidar. Nueva Trinidad vive alrededor de un árbol de copinol que recuerda la tragedia. La Guardia Nacional, dirigida por un sanguinario sargento León, colgaba a la gente de sus ramas y a nadie se le ha ocurrido cortarlo.

Enseña el árbol Miguel Ángel Vásquez, párroco de Nueva Trinidad y Arcatao desde 1986, antes de entrar a la iglesia. Cruza la puerta con vitrales de la Virgen María y deja a un lado un mural de un Jesucristo encadenado, que observa a tres militares apuntar a dos prisioneros con vendas en los ojos. Se sienta en una banca, recuerda y explica. Cuenta que, a diferencia de otros sacerdotes, él no se implicó con la guerrilla y que la repoblación de posguerra en este municipio de siete dispersos y boscosos cantones no fue fácil.

La historia de la migración contemporánea a Estados Unidos no aparece retratada en las épicas pinturas de las paredes de Nueva Trinidad.

Cada cantón funciona como un pueblo independiente. “La gente [de Carasque] tendría muchas razones para odiar o recordar negativamente la lucha de la guerrilla, sin embargo ven de otro modo lo que pasó. La gente fue haciendo suya la lucha”, dice el cura Vásquez al recordar que los muertos en el cantón donde viven Víctor Galeas y Aníbal Martínez, llegaron por los dos bandos.

—¿Cómo cambió Carasque después de la guerra?, le preguntamos a Blanca, la mamá de Víctor.

—Si esa guerra hubiera seguido, ya nos hubiéramos muerto mil veces. Cambió bastante, antes no había productores, como ahora, que dan estudios a los niños. Hubo muchas aflicciones. Pero hubo la ayuda [internacional], zapatos, cuadernos, uniformes. Agua no teníamos y ahora sí, aunque se pague un recibito.

Carasque cambió. Los murales en el cantón describen la fuerza de la comunidad, adquirida como método de supervivencia. Los estudiantes reciben el mensaje de paz y civismo, el consenso contra la minería o la búsqueda de igualdad entre niñas y niños. Los alumnos ahora sí llegan a bachillerato y son educados en su propia historia. Tienen más suerte y derechos que los hijos de la guerra, la generación de los deportados, que no tuvo oportunidad alguna y sufrió lo que ahora se recuerda.

Los hombres de la familia

En el sector La Playa, un caminito de cemento lleva a la casa celeste y a la abarrotería de Aníbal Martínez, construida con vigas de álamo, muy poco a poco, con las remesas. Sus quince famélicas vacas pastan a un costado de la casa. Años atrás derribó la vivienda de su madre y se construyó una propia, con un cuarto para ella. Tiene alergia al jocote (fruto parecido a la ciruela). Tanta que la tos le dificulta hablar. No tenía que haber comido la fruta, dice. Pero le gusta.

Este hombre alto y rubio se sienta en su porche con su hija pequeña sobre sus piernas. No deja de mover esas chanclas destruidas que calza. Se aferra a las pitas de plástico de la silla de playa para explicarse. Se siente incómodo. Tanto que pide cambiar su identidad. Recordar el hambre de la infancia le hace llorar. No pasó de séptimo grado. Tenía 14 años cuando murió su papá y tuvo que convertirse en agricultor a tiempo completo para ayudar a su familia.

—¿Qué vida dejabas aquí?, le preguntamos a Aníbal.

—Voy a decir la verdad, no me avergüenzo: yo me fui porque yo tenía mi madre, mi hermanita, mi sobrino [...] Namás alcanzaba para darles de comer, pero yo solo no podía. Trabajaba de aclarando a oscureciendo, a veces de noche, me iba para el pueblo a buscar trabajo [...] No era solo yo. Yo dije: 'Pa' quitarme la vida aquí trabajando, la aventuro, porque un día Dios me va a dar algo pa'comer'.

En la parcela de al lado, un portón metálico lleva a la casa de la mamá de Víctor Galeas. La vivienda es de adobe, piedra, plásticos y techo de lámina. El gruñido de dos cerdos y el cacareo de muchos pollos ponen sonido ambiente. Son de la mamá. Víctor carece de trabajo, tierras o animales. Desde que llegó, hace tres meses, trabaja cuando puede en la construcción.

En EEUU, Víctor ganaba 500 dólares semanales en el restaurante salvadoreño de Arlington. Cada mes, mandaba 400 a Nueva Trinidad. 200 para él y 200 para su madre. Ahora, gana entre seis y diez dólares por jornada de trabajo al sol. Víctor no se llama así. Pide cambiar su nombre, igual que su vecino. Tiene un lunar a la altura del labio y una mirada congelada en un rostro redondo. Apenas gesticula y economiza al máximo sus respuestas.

—¿Has pensado alguna vez qué podrías hacer aquí para prosperar?

—Pues 'namás' trabajar en la tierra.

—¿Ni soñando piensas en comprar tierra?

—Yo digo que no.

—¿Cuál era tu meta?

—Hacer la casa y venirme.

—¿Alguna vez mandaste dinero para tu casita?

—No, 'nomás' mandaba, pero como todas las enfermedades que hubieron, no se pudo.

Su madre, Blanca, le interrumpe muchas veces para hablar. De voz quejumbrosa y expresivos ojos café, dice que prefiere que esté con ella, en el pueblo. Pero siente culpa. Perdió la movilidad de su mano derecha. Una puñalada de pandillero. Víctor se quedó sin dinero por tres razones: por la puñalada de Blanca, por un cáncer fulminante que acabó con la vida de su cuñada y por la puñalada que le metieron a él.

—¿Dice que ahora ve a su hijo triste?

—Mi hijo se decepcionó. Tenía planes, tenía una novia de allá que quiere darle la mitad del dinero [para que regrese a EEUU]. Pero para que vaya a la cárcel, le digo que mejor no vaya.

Mientras su madre prepara un pollo con arroz, Víctor Galeas ni menciona a su novia. Solo habla de sus primos en Arlington, de su cuarto alquilado, del trabajo. Su madre dice que en la escuela solo llegó a sexto. Antes de irse al norte, fue cobrador en un bus para apoyar a sus papás y a sus seis hermanos. Rehuye la mirada con facilidad. Dice que siempre fue una persona seria. Pero desprende un halo de soledad cuando se le ve sentado en el porche de la casa de su hermana, en la misma parcela de su mamá. Tiene la mirada instalada en la misma vida que dejó doce años antes y a la que regresó con lo mismo que se llevó. Con nada.

Parte de su generación estudió en escuelas de alfabetización que la Iglesia creó aquí, en Chalatenango, durante la guerra. El salto fue mayúsculo cuando cada vez más jóvenes lograron llegar a noveno grado.

Entonces, mientras Galeas y Martínez estaban en EEUU, la Iglesia lanzó un programa de becas para la universidad. El padre Vásquez está muy orgulloso de los más de doscientos jóvenes que ya pasaron por el programa y de las tres casas que tienen en San Salvador y que ocupan como residencia. Dice, convencido, que los muchachos con posibilidad de estudiar no migran.

Juan Orellana, uno de los maestros de la escuela de Carasque, igual de orgulloso de sus alumnos y de la historia de su municipio, es más pesimista. Tras terminar su clase, los estudiantes salen a jugar al campo de fútbol que mira a los cerros. Orellana se sienta en las gradas. Pone en perspectiva a la juventud y opina: “Aunque terminen de estudiar, no encuentran trabajo. Migran muchos porque no ven opciones para quedarse”.

El sueño del consumismo

Al terminar la guerra, no hubo prosperidad económica en Nueva Trinidad. Teófilo Córdova, el alcalde del FMLN, acepta, casi treinta años después de los Acuerdos de Paz, que los vecinos de ese municipio de agricultores y ganaderos tienen pocas alternativas a la migración. “Ven, que la única manera de conseguir lo que necesitan es irse a Estados Unidos”.

La camisa morada del regidor hace juego con las paredes del salón de la alcaldía. Córdova, de cuerpo estrecho y largas uñas, calcula que el 75% de la economía local depende del gobierno central y municipal. Y el 25%, de la cooperación internacional. “Somos absolutamente dependientes”, admite el alcalde de un lugar donde el dinero para la prosperidad nunca llegó.

A veces, la alcaldía ofrece trabajo a los vecinos. Arreglo de carreteras o edificios. En época seca, después de las cosechas, hay más demanda de empleo. Tienen programas para apoyar a la producción agrícola, al medio ambiente, a las políticas de género. “Buscamos participación igualitaria, pero los materiales pesados los cargan hombres y las actividades más livianas, las mujeres”, dice Córdova.

La idea de colectividad es fuerte en el municipio. Desde los Acuerdos de Paz, Nueva Trinidad tiene un plan estratégico participativo. “Es el método para que la gente se sienta parte”, dice el regidor. En el centro, junto a la iglesia y la alcaldía, hay un comedor y una tienda comunitaria.

En Los Pozos –el cantón de donde es oriundo Córdova– hay una piscifactoría comunitaria, para producción de tilapia. En Carasque, uno de sus siete cantones, hay sastrería comunitaria, donde fabrican uniformes escolares.

La tradicional resistencia a separarse de las familias –muy unidas, casi fusionales– heredada de los tiempos de la guerra, cuando la unión hacía la fuerza, ya casi no existe. La idea de comunidad en Nueva Trinidad es sólida, pero la realidad económica se la está llevando por delante. Frente a la urgencia y la carestía, cuando se trata de migrar al norte, la necesidad del dólar norteamericano no genera oposición.

Mandarinas, palos de pepeto [fruta salvadoreña], jocotes, marañones [anacardo], naranjas, zapotes. Los recuerdos de infancia de Víctor Galeas y Aníbal Martínez son los de dos niños agricultores que jugaban a agarrar frutas de los árboles en un pueblo que siempre ha vivido del maíz, del frijol, del maicillo, y del ganado. El de Nueva Trinidad era y es un modelo de desarrollo seco, primario, falto de inversión y formación. Un sistema que no acaba de apostarle al giro hortifrutícola para repensar su limitada economía local.

Aníbal Martínez tiene la columna vertebral dañada. Hablarlo vuelve a partirle. Fue en Denver, un día de 2012. Mientras abría el refrigerador, sintió una descarga eléctrica sobre la espalda y se resquebrajó por el suelo de su apartamento compartido. Reconoció un dolor infantil, salvadoreño. Regresó al instante en que se cayó de un árbol de pepeto mientras jugaba.

Cuando se golpeó la frente tan duro que creyó que se le habían salido los ojos de las cuencas. Casi veinte años después de aquel primer golpe, sintió una puñalada. Era la memoria del cuerpo, los discos lesionándose. Pasó meses sin trabajar. Solo. El gasto médico lo enfocó rápido de vuelta al trabajo, los envíos de dinero, la casa y las primeras dos vacas que le compró a su actual pareja, una hondureña que conoció en Denver.

—¿Qué pasó tras la caída?

—No comprendes el daño que llevas por dentro hasta que el dolor se torna grave. Y yo creo que la mayoría que va a Estados Unidos, regresa mal.

—¿Por qué?

—Nos olvidamos de nosotros mismos para que a la familia no le falte nada.

Excelentísima presidenta

No todas las familias. Algunas se sacrifican juntas. Regresan juntas. Sea lo correcto o no.

Flor Pineda es la primera presidenta de la historia de El Salvador. Camina segura y sonriente hacia un atril, entre un público infantil. Es el Día Internacional de la Niña en 2018 y Pineda representa a la ONG Plan International. El ahora expresidente Salvador Sánchez Cerén le cede simbólicamente el puesto por un día. Flor reclama un mundo más justo para las niñas, con música heroica de fondo.

Y la excelentísima presidenta dice: “Las niñas y adolescentes somos vulnerables por nuestra condición de género a sufrir violencia sexual, uniones forzadas, embarazos tempranos y deserción escolar. Por eso, garantizar nuestros derechos como niñas tiene que ser una de las prioridades de todo gobierno”.

Ahora es abril de 2019 en el sector Los Pinedas, en Carasque. Las niñas como ella caminan por todas partes en su aldea. Mientras muestra orgullosa el vídeo, oscurece en la casa de sus padres. Flor es estudiosa y le emociona ser una joven lideresa en su cantón, dice mientras come paternas. Es el rostro de la campaña Niñas con igualdad.

Flor nació en EEUU, pero vive en Carasque hace siete años. Desde que Saúl, su papá, fue deportado. Su mamá, Vilma, decidió sacarla de la guardería para regresar con su marido.

—Me dice a veces: 'Mami, por qué nos vinimos'. Cuando empezaba la guardería, me decía: 'Por qué nos vamos'. Ese es el riesgo: que me reclame en un futuro por qué regresamos.

Se nota el orgullo de sus padres. La miran con la esperanza de que su vida sea mejor. Porque Vilma Cruz, de 39 años y Saúl Pineda, de 41, son también hijos de la guerra, de familias desplazadas de sus pueblos por la guerra a las montañas y por la penuria a Estados Unidos. Se hicieron pareja en Denver. Ambos se deslomaron a trabajar. Él, como camarero pluriempleado en dos restaurantes. Trabajó tanto que se volvió adicto a las bebidas energizantes. A veces se quedaba dormido en el baño del trabajo. Ella, además de la hostelería, sufrió en la limpieza y los cuidados. Acabó desempleada y se hizo deportar tras su marido: “No hallé valor para quedarme sola”.

Y los hijos de la guerra regresaron. Igual que hicieron sus vecinos Víctor y Aníbal, con quienes coincidieron en Denver.

Saúl, un hombre alto y flaco de nariz prominente y acento chicano, volvió con un insomnio que le costó curar. Vilma, una mujer oronda de ojos brillantes y pequeña nariz, regresó con la gran duda de si deberían de irse de nuevo: “Me encontré lo mismo, la misma gente, la misma pobreza, ningún desarrollo, fue un impacto grande”. Pero este matrimonio, a diferencia de muchos vecinos, prefirió estar de vuelta en Nueva Trinidad con sus dos hijas estadounidenses. Sin dinero, pero con tiempo para ellas.

Vilma cuida de sus vacas lecheras. Cuando aún no había migrado, tuvo que abandonar la carrera de Administración de Empresas porque no podía pagarla. Trabajó cuatro años en la alcaldía, pero tampoco logró mantenerse con eso. Saúl trabaja como taxista. Gana poco. Es el presidente de la directiva comunitaria, un empleo comprometido que implica estar pendiente de las necesidades la comunidad de Carasque y por el que no recibe salario.

Piensa mucho en EEUU: “Cuesta mucho volver a trabajar bajo el sol y no ver nada y tener aquel vicio del cheque quincenal”, dice risueño.

Hoy el afable Saúl tuvo el día muy ocupado porque le tocó acompañar al primer agachón comunitario. En El Salvador, un agachón es una venta de ropa de segunda mano. Agachón por agacharse a seleccionar la ropa amontonada en plásticos en el suelo. Vilma cree que le dedica demasiado tiempo para ser un empleo ad honorem. Pero ella es la primera que le apoya, porque ante un Estado que tardó años en estar presente, el trabajo comunitario fue definitivo en Nueva Trinidad. A su hija Flor, la niña que fue presidenta por un día del país que expulsó a sus papás, suele decirle: “Tu futuro está allá [EEUU] o acá; tenés que decidir dónde querés estar”.

Cuatro caballos pastan en la empedrada orilla del río Gualsinga. Los vecinos suelen acercarse a La Playa que ni es playa, ni tiene arena, horizonte ni mar. Buscan refrescarse de jornadas de calor irrespirable. Un día como tantos, Aníbal Martínez regresa de bañarse. Entra en su casa mojado. Como de mojado se fue dos veces antes de construir esa casa.

En Nueva Trinidad, el pasado y el presente de los vecinos se parecen demasiado. Le sucede a Víctor. A Aníbal. A Saúl. A Vilma. Aunque la paz ya dure 28 años, haya agua y electricidad, incluso opciones de educación para las nuevas generaciones, el camino de los hijos de la guerra de Carasque solo tiene dos sentidos: emigrar a Estados Unidos o de regreso a La Playa que nunca fue, es, ni será.

La duda pende sobre el futuro de los nietos de la guerra. Los niños que no vivieron las matanzas bélicas, pero crecen en un país con un conflicto que no cesa: el de la violencia pandillera y el del hambre.

La que fuera presidenta por un día de El Salvador, Flor Pineda, representa la paradoja. Esta pre adolescente nacida en Estados Unidos quiere una vida mejor para niñas como ella. Aún no piensa en irse. Aún.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno. También puedes leer en eldiario.es la primera y la segunda entrega.primerasegunda

Estados Unidos vs. Griselda Domingo-Godínez

El abogado argumenta sin mucho éxito que su defendida ya aprendió la lección. Esgrime que lleva detenida cuatro meses. Un castigo demasiado largo por cruzar sin permiso una frontera. El magistrado interrumpe al abogado y pregunta:

—Señorita Domingo, con respecto a este caso, ¿desea decir algo?

—Me puedes hacer el favor de que me permitas regresar con mi familia y que mi familia está sufriendo por mí, está preocupado por mí. Te lo prometo, ya no voy a volver otra vez a este país. —responde la acusada en español, aunque su idioma materno es el indígena mam.

Sirvió de poco. La ley es clara. El 13 de noviembre, en El Paso, Texas, y tras un juicio que duró dos minutos y 57 segundos, Griselda Domingo, una guatemalteca de 22 años, fue condenada a ocho meses de prisión por reingreso ilegal en Estados Unidos. Cuando salga, será deportada a su país. Por tercera vez.

En Estados Unidos, donde vivieron su padre y su tío y donde residen tres de sus seis hermanos, Griselda nunca ha vivido fuera de una prisión. Cuando la liberen, la enviarán a Guatemala. Y es probable que una vez allí, haga lo mismo que la última vez que la detuvieron y deportaron, en febrero de 2019. Llamará a Juana, su madre, pedirá dinero prestado y se subirá a un bus que tras siete horas de ruta la dejará en Huehuetenango, cabecera del departamento del mismo nombre. Allí la recogerá Marcos Domingo, su padre y, ya juntos, viajarán otra hora y media hasta su pueblo, San Juan Atitán, uno de los municipios con la tasa de retornados más alta de Guatemala.

Cuando un sanjuanero llega a Estados Unidos, la familia en el pueblo lo celebra con un almuerzo, sin el festejado presente. Cuando es deportado, nadie festeja nada. Cuando la persona deportada es mujer, joven, soltera y sin hijos y se trata, además, de su tercera deportación, un sistema entero comienza a resquebrajarse. Porque en San Juan Atitán la migración, el trabajo - la vida- es algo que deciden los hombres.

Detrás de la vocación migratoria

San Juan Atitán es sinónimo de vocación migratoria, según el gobierno de Guatemala. Fue uno de los 51 municipios elegidos en 2017 para intentar evitar la huida de guatemaltecos a Estados Unidos. El esfuerzo formaba parte del penúltimo plan para frenar la llegada de centroamericanos al norte diseñado por el gobierno de Estados Unidos con el nombre Plan Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte (PAPTN). Fue un fracaso. No dio prosperidad a San Juan. El gobierno guatemalteco no aumentó su inversión en el municipio. Y aunque logró acertar en el diagnóstico, -la pobreza y la desnutrición crónica expulsan a la gente-, el Plan no hizo nada para cambiar la realidad de sus habitantes.

A 2.500 metros de altura, San Juan Atitán es un lugar de cuerpos fucsias y rojos, los colores de su traje tradicional. Y es un pueblo expulsor, sobre todo de hombres. Al calor de la mañana, un grupo de cinco deportados pasa las horas en la plaza del pueblo. Bajo sus sombreros de paja, tejen bolsas de lana, sentados en una banca. Es parte de su trabajo sin remuneración como guardabosques. Vigilan el pueblo y el bosque de pinos y encinos que abriga San Juan. Ante la presencia de mujeres se incomodan y callan.

Pasan las horas y al atardecer el paisaje humano de la plaza de pueblo es aún más masculino. En San Juan Atitán, las mujeres, silenciosas, caminan directas de un punto a otro. Salvo en día de compras y mercado, no se detienen en las calles. El movimiento masculino, demasiadas veces lleva sello. Es fácil ver a un hombre tambaleándose, o tirado en la calle en las cuestas de San Juan. Existe una relación causa-efecto entre desempleo, pobreza, migración, deportación y abuso de alcohol. “El factor alcoholismo es muy fuerte en San Juan, los hombres no aceptan que tienen problemas”, explica Olga Morales, directora del centro de salud del municipio.

Pero el alcoholismo no es el único problema al que se enfrenta la doctora Morales. La falta de empleo local provoca que familias completas viajen al menos cinco meses para recolectar en las grandes fincas. Ganan poco. Cinco dólares por 100 kilos de café recogidos. Los niños no comen bien en las fincas y se enferman. San Juan ocupa el segundo puesto a nivel nacional en desnutrición crónica infantil. Y esa es la gran preocupación de la doctora Morales. Porque ni el dinero de las remesas hace que las familias mejoren su dieta. Y hay muchos niños.

En un pueblo de 16.365 habitantes, se registra una media de 650 nacimientos anuales, una de cada 15 mujeres del pueblo da a luz cada año. Aunque los métodos anticonceptivos son gratuitos en el centro de salud, para planificar, las mujeres tienen que preguntar a sus esposos. También para llevar a sus hijos al hospital de Huehuetenango, aunque sea una emergencia, tienen que localizar a sus parejas. Si ellos son inmigrantes en EEUU, los llaman por teléfono.

Es un pueblo de hombres comerciantes que venden en los mercados. De mujeres que son por tradición artesanas. Todas son costureras del traje tradicional sin salario, los cosen para sus padres o maridos. Hay poco empleo fijo: como maestro, en el banco, en la cooperativa de ahorro. Y en la Municipalidad, pero conseguirlo depende de la relación con el alcalde de turno. La educación formal brilla por su ausencia. La mayoría no pasa de sexto de primaria y las mujeres no suelen estudiar por decisión de sus padres. Sin trabajo remunerado, sin estudios, con niños a su cargo y parejas o padres deportados, cobra sentido que cada vez se vayan más mujeres al norte. No es posible calcular cuántas mujeres expulsa San Juan porque la mayoría de la gente migra sin avisar y sin pasar por un puesto fronterizo. Pero cada vez son más. Entre 2017 y 2018, la cantidad de mujeres deportadas a Huehuetenango - el departamento de San Juan Atitán - aumentó un 49%.

Las mujeres se van. Como se fue tres veces Griselda Domingo. Entenderlo no es fácil. El desconocimiento del idioma indígena mam es un impedimento para hablar con la gente. Sobre todo, con las mujeres del pueblo.

En una estrecha oficina de la Municipalidad, 20 hombres conversan en su idioma. Representan a las aldeas y caseríos de San Juan Atitán, son los alcaldes auxiliares. Discuten sobre quién hablará con nosotros sobre las consecuencias de ser deportado. Tras una hora, la autoridad indígena designa a un hombre orondo, de ojos redondos y rojizos que se quita el sombrero y saluda amable. Se llama Marcos Domingo. Es el padre de Griselda, pero tardaremos unas horas en descubrir a su hija. El padre nos invita a su comunidad, Sacchilaj.

En una ladera se asienta una pequeña casa de concreto que Marcos Domingo jamás pintó. La pagó con el dinero que reunió en los cinco años que logró trabajar como jardinero en Estados Unidos antes de ser deportado. Tiene tres dormitorios, una cocina en la que no entra, y una pequeña parcela para cultivar frijol. Debajo de la casa, está su antigua vivienda de madera. El recuerdo de una vida aún más pobre. Más pequeña. Llena de trastes. Cerrada. Siete de sus ocho hermanos viven en Estados Unidos.

Cuando vivía en Estados Unidos, Marcos pagó el viaje a sus tres hijos mayores. Hoy están casados, con residencia legal y han construido grandes casas en su aldea por si deciden regresar. Las muestra orgulloso. Ninguna está amueblada, pero revelan el poderío que un trabajo en San Juan nunca les habría permitido.

La de Rodrigo, su hijo mayor, marca el estilo de las demás. Tiene tres plantas, un lobo, una bandera estadounidense pintada en el exterior y una bañera. Rodrigo es, además, el artífice de los viajes de Griselda. Llegó a los diez años a Estados Unidos, trabaja como cocinero en un restaurante mexicano y Griselda lo considera su segundo padre. Los viajes de Griselda contaron también con el apoyo de un familiar cercano que es coyote y la llevó hasta México. Y el dinero y el apoyo moral de su padre.

La imprecisión de una pregunta cambia la respuesta. Cuando le preguntamos al papá si tiene hijos deportados, responde que no. Es la risueña Eluvia, la hija menor de 19 años, quien revela en la cocina que el matiz es el género de la pregunta. Deportado es distinto que deportada. Un hijo varón se dice x’in. Una hija se dice x’uj. Y en ese momento, entran por la puerta los ojos más tristes de la casa. Cafés, grandes, de lágrima fronteriza. En el marco de la puerta de la casa, Griselda sonríe un poco. Acaba de ser deportada por segunda vez. Apenas hace dos semanas. Tan reciente que su boca aún mantiene ángulo cóncavo.

Es Eluvia, la más pequeña de los hijos de Marcos Domingo, quien explica lo más importante de esta historia. Supone un cambio de paradigma. Es la actitud de una mujer llamada Griselda que se empoderó con la sola voluntad de moverse. “Ella lo decidió, quería trabajar, no quería casarse, porque los hombres acá son machistas, a ella no le gusta que alguien la engañe o la lastime, para que nadie le diga que es mantenida”, dice la única persona de la familia con título de bachillerato.

—¿Qué te dijo tu mamá cuando regresaste acá [a San Juan]?

—Pues mi mamá me dijo: 'No llores'. Porque cuando yo llegué aquí estoy llorando y llorando y yo pienso para matarme. Sí, porque bastante es mi deuda, porque muchas gentes se burlaron de mí cuando yo regreso otra vez aquí, por eso pienso yo para matarme y mi mamá me dijo: 'No, no piense eso'.

En el pueblo de los deportados, regresar es soportar la costumbre de la burla colectiva. Una humillación extraña, vista desde fuera, porque en todas las familias hay migrantes y deportados. También sucede en pueblos cercanos. Y, probablemente, en muchos países cuyos gobiernos defienden que sus ciudadanos tienen vocación migrante. El éxito o el fracaso del viaje a Estados Unidos define cómo serán tratados a su regreso. Griselda lo intentó dos veces en 2018 y una en 2019. Por la última, está presa. Para cuando cumpla su condena, la vida de Griselda Domingo en Guatemala será una deuda con su padre. Y él tendrá otra deuda con un prestamista, por las tres veces que su hija no logró su propósito de no depender de un hombre.

La postal del hambre

El niño de dos años está tan desnutrido que ni llora. Parece un bebé porque no camina. Su madre está sentada en el suelo. Ante su casa de barro y madera, mira incómoda a su alrededor. El padre, callado, observa a la defensiva. Tiene los ojos rojos. Como muchos hombres entrevistados. Los otros tres niños se ponen a jugar. En esta casa todo el mundo está tenso. La visita les resulta violenta. Viven en la aldea Tuispichon, a una hora por camino de tierra del centro de San Juan. Es un paraíso natural y una postal del hambre.

Los visita una comitiva encabezada por la doctora Morales, para contar el trabajo contra la desnutrición del gobierno. Todos de pie, menos la familia. Las preguntas están preparadas. Las respuestas de la madre en idioma mam son preocupantes. Pero solo la doctora y una trabajadora municipal lo manifiestan fuera de cámara. Son tan pobres que ni frijol o maíz comen, solo hierbas. La doctora atiende al niño desde hace meses, pero no mejora.

La aguda desnutrición infantil de San Juan Atitán fue otra de las razones por las que el pueblo resultó seleccionado por el Programa Nacional de Competitividad (Pronacom) del Ministerio de Finanzas como uno de los municipios migrantes necesitados de políticas e inversiones dentro del Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, PAPTN.

No es posible verificar si el gobierno estadounidense aumentó fondos para sus muchos programas en la zona. Lo que es seguro es que aquí, en el lugar elegido por el gobierno para lanzar en 2012 el Pacto Hambre Cero con apoyo del Departamento de Estado de EE.UU, se registra el segundo mayor índice de desnutrición del país. 9 de cada 10 niños están desnutridos. Tienen su futuro hipotecado sin remisión. Eso no significó que su municipalidad recibiera fondos extra durante los tres años que duró el PAPTN. Aquí, el mayor orgullo de los funcionarios locales es haber bajado del primer al segundo puesto en el hambre infantil.

Las familias cultivan maíz criollo y comen el grano importado que compran en la frontera con México, porque la diferencia de precio les permite tener 3 dólares en efectivo. Para reducir el hambre, las dos empleadas que trabajan en la oficina del Ministerio de Agricultura (Maga) muestran a algunas vecinas una cartulina arrugada llena de fotos de un hongo. Se llama hongo ostra. Les explican que solo tienen que meter las semillas en los olotes (el centro sobrante del maíz) y que no necesitan tierra para hacerlo. Después de cincuenta días de espera aparece el producto.

El objetivo es que las familias tengan mayores ingresos y mejor alimentación. Pero el proyecto del hongo no termina de cuajar. Han capacitado a 21 grupos, en su mayoría de mujeres. Pero solo tres familias se han sumado al experimento. Ninguna de las dos funcionarias encargadas del proyecto es de San Juan. Dicen que las mujeres optan por quedarse calladas, pero no sienten que sea por machismo. Ellas lo niegan, pero el plan de desarrollo municipal, elaborado por el Concejo Municipal de Desarrollo y la Secretaría de Planificación de la Presidencia (Segeplan), incluye el “dominio machista” como parte de la identidad y cultura del lugar.

En 2018, los maestros del pueblo llevaron por primera vez Incaparina, un suplemento alimenticio de harina de maíz y soya, a las aulas, con respaldo de varios ministerios. Ese mismo año, a mediados de noviembre llegó hasta San Juan Atitán Luis Arreaga, el embajador de Estados Unidos en Guatemala. Visitó al consejo indígena por ser un municipio parte del PAPTN. La visita la recuerda el alcalde, Lorenzo Martín, en su despacho de la alcaldía. Vestido con su traje indígena, dice que el embajador le preguntó por la desnutrición y por la migración. Él le explicó que hay tierras infértiles y que el agua no alcanza para la siembra. “Dijeron que van a trabajar más con la artesanía de las mujeres, en el mercado, para comercializar el traje típico”, explica este regidor que, a diferencia de los tres concejales que le acompañan en la plática, nunca migró. Ni el PAPTN ni el desarrollo del sector textil llegaron. El plan del embajador de Estados Unidos en Guatemala falló.

El laborioso trabajo de tejer los trajes de la comunidad es cosa de mujeres. Aunque el consejo indígena de alcaldes auxiliares no parece muy consciente del valor económico de ese trabajo. Mujeres de otros pueblos ya están llegando a San Juan a venderles hilo a un precio mayor y algunas sanjuaneras empezaron a hacer prendas tradicionales para que las vendan otras pequeñas empresarias de Santiago Chimaltenango, un municipio vecino. Mientras, como hacía Griselda Domingo cuando la conocimos en marzo de 2019, las mujeres de la familia Domingo continúan con la tradición gratuita de tejerle el traje al padre.

En teoría, Guatemala diseñó su parte del PAPTN para contentar al gobierno de Barack Obama (y luego de Donald Trump). Y fue más específico, sobre todo en comparación con Honduras. Pronacom definió un enfoque económico para detener la migración. Y organizó reuniones con líderes locales de los 51 municipios priorizados para entender las necesidades locales. Pero en la práctica, la inversión fue nula.

Gabriela Pérez, asesora del PAPTN para el Gobierno de Guatemala, confirmó que solo etiquetaron proyectos preexistentes en los presupuestos de gobierno, bajo las siglas del PAPTN. Al final de 2019, la idea de prosperidad quedó relegada, México aceptó convertirse en la frontera sur de EEUU y Guatemala pasó a ser país receptor de solicitantes de asilo. Aún cuando casi la mitad del país vive en pobreza y fue el país más migrante del norte de Centroamérica entre 2018 y 2019. Los años en los que Griselda se fue tres veces de San Juan Atitán.

Ahora hay un nuevo plan en diseño. Se llama 'América crece'. Otro plan más. Pero si algo crece en esta parte de América es la fijación con irse, cueste lo que cueste. La gente se va de la región porque no espera nada de sus gobiernos. Porque la población es muy consciente de que el quetzal vale menos que el dólar.

La madre de Griselda se llama Juana. De ella heredó su sonrisa tímida y su habilidad para tejer. Juana, la silenciosa mujer que vio partir a un marido y cuatro hijos en los últimos veinte años, no habla español. Aunque le pedimos que se siente con nosotros y su esposo a almorzar la comida que ella ha preparado, almuerza con sus hijas en la cocina. Pero para Griselda, Juana es una persona tan importante como lo es su hermano mayor, Rodrigo, el que vive en Estados Unidos.

A Juana le confía cómo se siente, qué le preocupa. Deuda, así se llama la obsesión actual de Griselda Domingo. Una fijación lógica si un banco jamás le va a prestar dinero para migrar. Si su padre empeñó tierras que compró con su trabajo en Estados Unidos, y debe dinero a un prestamista. La mujer que nunca ganó más de cuatro dólares diarios por cortar café en fincas, arruga el rostro redondo que heredó de su padre Marcos, mientras repite la palabra deuda dieciocho veces a lo largo de la conversación.

—¿Tu mamá prefiere que te quedes acá con ella?

—Mi mamá [rompe en llanto] está llorando y llorando cuando yo llegué aquí. 'Ya no vas a intentar otra vez', me dijo. Sí voy a intentar otra vez, le dije, que bastante es mi deuda. Y me dice mi mamá: 'Está bueno' [se le corta la voz] para pagar mi deuda.

Griselda habla de cien mil quetzales, de miles y miles, no concreta. Se agobia, se frustra. Tiene una deuda con su padre. Pero esta es la segunda vez. Se vuelve a ir un mes después. Para cuando regrese deportada la tercera, la ansiedad de Griselda será mayúscula. Aunque le cambiemos el tema de la conversación, le cuesta un mundo responder.

—¿Qué te gusta hacer para que el tiempo acá sea más agradable?

—Pues no sé… No sé porque aquí no hay un día siempre feliz, aquí no. Siempre estoy triste triste y, cada día, siempre estoy triste y triste. A veces, mi mamá está platicando, está escribiendo, pero yo no puedo reír. Siempre estoy triste triste, sí.

Griselda siempre está triste. Y la microeconomía de San Juan explica por qué. Además del comercio y la artesanía incipiente de ropa, hay dos profesiones comunes que ilustran la imposibilidad de quedarse sin padecer necesidades: la de prestamista y la de coyote.

No logramos conocer a una persona que preste dinero. Pero un coyote, familiar de los Domingo nos habla. No admite su profesión, dice que es agricultor deportado y que su reloj de oro es un regalo. Pero afuera de su casa tiene una camioneta roja nueva y deslumbrante, toda la familia nos confirma a qué se dedica, tiene un collar con una AK-47 y admite que ayudó a Griselda a llegar al norte de México. Solo elude la palabra explícita. Aunque en Guatemala existe una ley que criminaliza a los coyotes, esa profesión en San Juan es vista como un trabajo con buena intención, porque al final ayuda a mucha gente a llegar a Estados Unidos. Aunque sea por dinero.

No hay muchas alternativas para la independencia económica de las mujeres de San Juan Atitán. Pero en la calle principal, trabaja la personificación de la autonomía. Zoyla Marina Martí es la dueña de uno de los comedores y de una sonrisa reluciente. Junto a su nuera, que atiende el otro comedor, es una de las escasas empresarias locales.

Zoyla es serena, de frases cortas, viuda. Vive hace 18 años en el pueblo, pero es oriunda de Santiago Chimaltenango, a 40 minutos de distancia. Los kilómetros suficientes para que su traje y peinado sean distintos a los de las sanjuaneras. Zoyla no habla español, pero traduce Carmen, su hija menor, que es bilingüe porque estudió en Ciudad de Guatemala. Para llegar a tener su negocio, la madre consiguió trabajo como cocinera en el comedor de un sobrino y luego pidió un préstamo a un familiar. “[Montar un negocio], no se le dificultó por ser mujer, porque ella siempre se dio su lugar”, dice Carmen tras escuchar a su mamá. En el comedor, este día de principios de marzo, solo hay hombres. El color rojo de la trenza de Zoyla luce entre la paredes rosas del silencioso local.

Carmen es muy parecida a su madre, pero con gafas. En la capital, gracias a que unas monjas la acogieron, pudo graduarse como maestra. Regresó a su pueblo hace un año, con su marido, para poner una tienda y ayudar a Zoyla. “Hay hombres que vienen [al comedor] y nos empiezan a molestar. Y nos dicen: si no quieres que te moleste, ¿por qué estás trabajando de esto?”. Pero ambas advierten: no es solo San Juan. Dicen que en Santiago Chimaltenango, el pueblo vecino, se reproducen patrones: el del machismo, el del festejo para los que llegan a Estados Unidos y el de la burla a los deportados.

El juego de la verdad

Les proponemos un juego. Tienen que levantar la mano cada vez que su respuesta a nuestra pregunta sea sí. Es fácil. Los 28 alumnos de tercero básico de la escuela de San Juan Atitán se sientan en sus pupitres y escuchan atentos. Antes hemos hecho el mismo ejercicio en las otras dos clases de esta escuela rural, dividida en dos módulos, cuya vista desde lo alto del pueblo hacia la Sierra de los Cuchumatanes es privilegiada.

13 tienen a un familiar en EEUU. Diez tienen a su papá deportado. Cuatro tienen padres que, tras su deportación, volvieron a intentarlo. 14 tienen un hermano en EEUU. Ninguno tiene a su madre en EEUU. 16 creen que conseguirán trabajo en San Juan. 12 quieren irse a EEUU.

El 31 de diciembre de 2018, un alumno de segundo básico le dijo al director de la escuela: Ahí nos vemos. El director le pidió que terminara tercero básico al menos. No puedo, respondió el estudiante. Su padre estaba endeudado. Iba a irse con él porque -hasta el endurecimiento de la política migratoria de Trump- pasar con un menor de edad era más sencillo.

“Cada persona busca dónde sentirse mejor. Yo, por ejemplo, me siento mejor acá”, dice Francisco Carrillo, director y profesor de la escuela. Él, como el actual alcalde, nunca intentó irse a EEUU, nunca quiso irse. Cuando los alumnos terminan tercero es cuando se nota el nivel de abandono escolar. “Qué quieren ser”, dice que les pregunta a los escolares. “Quieren ser médicos, abogados, profesores, pero en Guatemala no hay fuente de trabajo”, se responde sentado en un aula de cómputo cuyas computadoras, cubiertas por una tela típica, fueron una donación.

—Griselda, no pasaste de sexto de primaria, ¿por qué no te gustaba estudiar?

—Pues no sé, porque mi papá no tenía mucho dinero para pagar estudio y por eso yo pienso para ir con mi hermano a los Estados. Y por eso yo fui con él la primera vez y después no me pase y después fui a intentar otra vez, la segunda vez, y no pase.

Griselda no piensa volver a estudiar. Fue deportada por segunda vez en febrero de 2019 y volvió a irse a mediados de mayo. Los dos meses que pasó en San Juan fueron un compás de espera, en la urgencia silenciosa de la deuda. La deuda que será más grande cuando regrese. Esta es la historia de una reconstrucción a lo largo de 2019, un año de la vida de una mujer que no logró cumplir su aspiración.

Es marzo y hoy acompaña a su vecina Carmen Mendoza, de 29 años, a Huehuetenango. Salen a las seis de la mañana de su aldea Sacchilaj y llegan dos horas después a la cabecera del departamento. En lo que los guatemaltecos -y muchos latinoamericanos- llaman el interior del país (todo lo que no es la capital), no es fácil moverse. Va con ella al banco. La acompaña por dos razones: Carmen no habla español y nunca antes recibió una remesa. Su marido se fue en diciembre con su hijo de 14 años y los 25 dólares en moneda local que lleva Carmen en su bolso son el primer envío que le hace desde Atlantis, Florida. Para que compre azúcar, sal y maíz.

Toman un chocolate caliente y una porción de pastel en una cafetería del centro. Griselda traduce y revela que el presente-futuro de Carmen es el de muchas mujeres de San Juan; tras trabajar de octubre a diciembre en la cosecha del café, se despidió de su marido.

Si su marido logra recaudar los 7.000 dólares (6.270 euros) que pidió prestados para el viaje que hizo con su hijo, ella espera estar en Florida en un año. Hace un mes empezó a comprar hilos para vender huipiles (blusas tradicionales) a una mujer de Colotenango, el pueblo vecino en el que algunas mujeres ya no sólo tejen para sus maridos. Carmen no gana más de 30 dólares al mes por tejer un huipil. Pero el valor de su nuevo trabajo no está en el dinero sino en la autonomía que vislumbra. Es su primer salario como artesana.

Con el dinero de su primera remesa, Carmen camina entre los carros que transitan por el mercado callejero de Huehuetenango. Busca y encuentra plátanos más baratos que en la aldea Sacchilaj. Griselda solo se detiene cuando ve un puesto de fundas de móviles en una esquina del parque central. Compra una funda rosa con el dinero que le da su papá. Le gusta el rosa en la ropa, aunque su casa soñada en Estados Unidos, la que estaría cerca de casa de su hermano Rodrigo, sería amarilla y anaranjada.

A Griselda, la mujer que aún no sabe que pasará casi todo 2019 presa en una cárcel de El Paso, le gusta tomarse infinidad de fotos. No parece vanidad. Parece una millennial pendiente de su imagen. Aunque todo vaya en contra, quiere proyectar que sonríe todo el tiempo.

Las tres veces que Griselda se fue a Estados Unidos le dejó su móvil a Eluvia, su parlanchina hermana pequeña, la única que pudo estudiar bachillerato y que tampoco tiene empleo. El 9 de diciembre de 2019, Eluvia se puso como foto de perfil una imagen de una cárcel con un emoticono que llora. Se lee: “Recuerden, no todos están en casa hoy, pero sí en el corazón”.

Durante los meses que Griselda está presa, es su hermano mayor, Rodrigo, el que la llama. Triste, es lo más que alcanza a explicar Eluvia sobre cómo está su hermana, durante los meses que le escribimos tras caer de nuevo presa. Es la pequeña de la familia, con voz secretosa, la que advierte que la humillación a la que teme Griselda Domingo por regresar deportada va a cobrarse un precio que su hermana no tiene cómo pagar.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retorno. También puedes leer en eldiario.es la primera entrega: Las tres heridas del Torcido: desplazado por la violencia, migrante en EEUU y deportado a Honduraswww.elintercamb.io/retornoLas tres heridas del Torcido: desplazado por la violencia, migrante en EEUU y deportado a Honduras

La Esperanza (Honduras) es el municipio que registra la tasa de recepción de deportados más alta del país desde 2015

Con 23 años, Torcido ha sido desplazado interno por la violencia, inmigrante en Estados Unidos y deportado a Honduras

Arrancamos junto a el Intercambio una serie de reportajes de largo recorrido sobre quienes son deportados a Centroamérica desde EEUU

El amor

—¿Torcido?

—Torcido.

“Estoy trabajando cuando de repente veo los tombos [policías] ahí adentro. '¡Diablo!, pero ¿ahora qué pasó?', digo yo. Y ya me empiezan a hacer preguntas y me piden mi teléfono. '¿Y para qué les voy a dar mi teléfono yo? Acaso que ustedes me lo compraron', les dije. Lo primerito que me quedaron viendo fue esto: los tatuajes, los tatuajes… Me quitaron el teléfono. Entonces me pidieron clave, se la tuve que dar. No tenía nada que esconder. Nada más que es caro. Entonces, se llevaron el teléfono. Se fueron. Y luego regresaron, me dijeron que ya no me querían ver en ese sitio. Las once del día eran”.

La vida de Torcido es como un poema de Miguel Hernández: Las tres heridas: la del amor, la de la muerte y la de la vida. Lo cuenta en marzo de 2019. Cuando ya pasó más de un año desde que se quedara sin aquel teléfono. Este hondureño de 23 años, atlético y de mirada desafiante, recuerda la última vez que tuvo que rodar de nuevo cuesta abajo arrastrado por su piedra, como Sísifo en el eterno retorno. Porque sus violentas heridas de amor le quebraron hasta llevarle de regreso desde el país en el que no fue capaz de quedarse al país que odia. Una infidelidad derivó en su deportación de Estados Unidos. No supo dejarse ayudar por una ex novia devota que incluso le pagaba el abogado. Y su madre, ausente como testigo en su juicio de deportación, insertó el último clavo en su féretro mental.

Pero eso lo contará luego. Ahora está sentado sobre la moto de su tío, frente a la casa de sus abuelos en La Esperanza (Intibucá, Honduras). Habla como si fuera a encender el motor e irse. Muy lejos. De regreso a Lawrence, Kansas, donde vivió seis años. A 4.023 kilómetros de distancia en moto. Si es que pudiera irse en moto. Que no puede. Torcido vive ahora en una entre un puñado de casas de una planta rodeadas de amarillos campos de pasto para vacas. Su barrio difiere mucho de la colorida postal turística del casco antiguo que ofrece como reclamo una iglesia enclavada en una montaña, dejando para las afueras la paleta del gris.

El departamento de Intibucá está entre los cinco menos homicidas del país: 65 asesinatos en 2018. Uno cada seis días. Eso, en Honduras, significa paz. Pura ensoñación enclavada en un país ultra violento. En el mismo centro del pueblo, algunas pintas en las paredes recuerdan que acá fue asesinada la activista ambiental Berta Cáceres. Y para sorpresa de las autoridades locales y muchos vecinos, es un lugar cuyo perfil sociológico está sometido a una transformación profunda: es el municipio hondureño que más deportados recibió desde Estados Unidos en los últimos cuatro años. Torcido es uno de esos deportados que habita La Esperanza.

Para cortar el ciclo migración-deportación-migración y así evitar que centroamericanos, como Torcido, trataran de llegar a Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama ideó en 2015 un plan de inversión económica que fracasó. Lo denominó Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte (PAPTN). El gasto fluyó a través de agencias y contratistas estadounidenses. Pero los gobiernos de la región nunca se implicaron. Hubo un compromiso de Honduras, Guatemala y El Salvador de invertir 5.400 millones de dólares. Pero no trajo consigo un aumento presupuestario, sólo cambios en los nombres de los programas.

El PAPTN fue cancelado en 2019 por el gobierno de Donald Trump. Ni redujo la migración ni mejoró las condiciones de vida de los centroamericanos. En la Esperanza, Intibucá, el plan no propició cambios sociales. 

Es una sociedad que muta. Las autoridades no tienen en cuenta que en numerosas colonias de las afueras de la Esperanza viven cada vez más personas huidas a lo largo de los últimos veinte años de otras zonas del país: del sur del departamento de Intibucá y del norte de Honduras. Los del paupérrimo sur se mudaron a la cabecera gracias a las remesas enviadas por sus familiares migrantes en Estados Unidos, que les han permitido comprar parcelas.

Al tiempo también llegaron vecinos del norte del país. Torcido —al que apodamos así por su seguridad— no es oriundo del pueblo. Como no lo son tampoco las 'tres lágrimas negras' tatuadas que bordean su pómulo derecho. Como tampoco lo es el resto de la familia. Dejaron el norteño Yoro buscando refugio en una tranquila cabecera departamental donde en marzo el viento corre frío y el sol aplasta. Desplazados internos por la violencia estructural, él salió rumbo a Estados Unidos, ellos, recalaron directamente en La Esperanza. La familia que el destino separó vuelve a estar unida.

A Torcido le irrita revivir el momento en que la policía irrumpió en su puesto de trabajo y le quitó el celular y lo llevó a la comisaría. El momento que marca el comienzo de su viaje de regreso forzado a Honduras. Sentado sobre la moto, no mira apenas a los ojos, clava la vista en el infinito y la cabeza sobre sus codos. Habla con desconcertada rabia.

Recuerda que ese día se fue a casa sin trabajo, sin celular y sin entender nada. Al entrar al apartamento no quiso besar a su novia, como hacía cada día al regresar del empleo temporal en la construcción que tuviera. Se metió, bravo, en su cuarto. Su pareja le pidió que le explicara. Le dijo que regresara a por el teléfono a la comisaría. “Por el maldito teléfono”. El celular escondía algo sobre ella. “Tenía vídeos estúpidos”. Sexuales.

Regresó y en ese regreso cayó preso. En la corte federal, uno de los policías dijo que Torcido tenía relaciones virtuales con una menor estadounidense de 17 años. Se habían conocido por Facebook. Si hubieran tenido relaciones sexuales, hubiera sido violación. Él no piensa en esas cosas. Admite la relación, pero está enojado con cómo fue todo a partir de ese día. Hasta llegar donde está. Era un hondureño sin permiso de residencia en Estados Unidos.

Sus heridas se habían abierto mucho antes.

En 2012, se fue a EEUU. Tenía 16 años y una buena razón para que su mamá —que vivía en New Jersey— le pagase un coyote de emergencia. De la razón hablará después. Pero le enoja recordar a esa mujer que lo dejó con su abuela cuando él tenía siete años. Al llegar a EEUU, convivió con su mamá menos de seis meses. Sentía que le trataba mal. El desencadenante para dejar de hablarle, cuando le pidió que testificara en su juicio de deportación. New Jersey y Lawrence están a 46 kilómetros. Pero a ella le dio miedo ir a un tribunal por si también acababa deportada. Así que no fue.

“Yo esperaba a mi mamá [...]. Se lo he dicho a mi viejita [abuela]: 'por esa mujer [su madre] el día que se muera, pues que se muera. No botaré [derramaré] ni una lágrima, por ella yo no la boto. Por usted sí”.

Toña, la abuela, no entiende tanto coraje hacía la mujer que lo mantuvo en la distancia. Sentada en su oscura cocina de rojas paredes, serena, como si no acabara de preparar pollo con arroz para diez personas, no comprende a su nieto.

“Todo el tiempo yo les decía: su mamá se fue para salir adelante con ustedes [ con él y a su hermano]. Desde el momento en que ella los mandó a traer [pagar su viaje clandestino a EEUU],  era para darle un futuro. Les dio todo. Ella en ropa, en comida, nunca se ha quedado atrás [...] Pero él no quiere entender, no sé qué es lo que le pasa a este niño”.

Torcido dice que su mamá le golpeaba a él y a sus tres hermanos, que no supo quererlos. Por eso, llama mamá a su abuela. Aunque su abuela y su abuelo también le pegaban. “No les voy a mentir, a mí me gustaba agarrar lo ajeno cuando yo estaba chamaquito [pequeño], pero se daban cuenta en la casa. Me metían las manos al fuego y después me daban pija con una vara de tamarindo y el tamarindo es fino y ¡puta madre!, cuando me sacaban los brazos del fuego, todos quemados”.

Hay violencias aceptadas. Tan similares a las que se rechazan que al violentado le resultan distintas. Para algunos, la vida consiste sólo en elegir el infierno en el que arder.

Torcido es un niño infeliz. Desde la moto amenaza a su sobrino de tres años con golpearle con una hierba seca que ha recogido del piso. Lo hace todo el tiempo. O cuando se aburre, que es muchas veces. “Sáquese la pija [váyase] de acá”, le dice para que deje de rondarle. Luego se ríe. El niño llora. Ambos buscan atención.

Recuerda sus últimos meses en EEUU y el apoyo de su novia, que era la dueña del apartamento donde vivía. Ella resistió la relación tóxica y le pagó un abogado aunque sabía que le era infiel. Él no es consciente del machismo que descargan muchas de sus palabras sobre la única persona que le visitó en la cárcel.

“Yo nunca en mi puta vida había llorado por una mujer, pero yo estaba enamorado de esa mujer, yo solo la miraba y se me hacía un nudo que ni hablar podía… [...] Todos los días le ponía visita. Ya después me cansé, cogía mucho estrés, botaba [se me caía] hasta el pelo en la cárcel del estrés. Cuando uno se levanta de ese pedazo de metal que le dan a uno ahí, la cama esa, un colchón… ¿Como así?, ¡no, hombre!, ni dormir puede uno. Ya después dejé de ponerle tanta visita, porque eso me estaba matando, me metía mucha mierda en la cabeza, a veces con ganas de matarme ahí adentro...”.

Él ya no le habla. Más soledad.

Es ansioso, pero se ha quedado clavado en un momento de su vida del que no logra salir. Y esa energía que no consume, lo consume a él. En casi tres horas no se baja de la moto. Saluda vigilante, levantando la mirada bajo su gorra plana a los adolescentes que pasan por la calle de tierra donde está la casa de sus abuelos. Ha integrado las supuestas reglas de lo que significa ser hombre. Y aquí, en Honduras, eso pasa por estar siempre vigilante.

Se hace el interesante para contar algunas cosas. Dice que está viéndose con una vecina casada de 38 años. “Es que las mujeres mayores son más macizas, más tuanis, lo atienden bien a uno, lo cuidan a uno [...] Hay mucha gente que piensa que es para que lo mantengan a uno, pero no…”. En los últimos meses, también estuvo viéndose con una de 12, pero la madre le amenazó con denunciarlo. Torcido, dice su abuela Toña, necesitaría un psicólogo.

Antes de ser detenido en Lawrence (Kansas, EEUU), Torcido y la adolescente estadounidense de 17 años llevaban tres días mandándose fotos por Facebook Messenger y llamándose. La madre de la joven lo había descubierto. Y lo había denunciado. “Uno es tan hijo de la gran puta, tan estúpido, después de estar bien... ¡Imagínese ahora como estoy! [...] Tenía diecisiete años, pero allá usted sabe que las mujeres desarrollan de volada, la güirra [niña] parecía que tenía como veinte años. Por eso, se miraba tremenda yegua y teniendo mujer yo...”. 

La muerte

—Quisiera que la calaca [muerte] me llevara; estar vivo vale pija [poco], mejor estar abajo.

Torcido prefiere estar abajo. Enterrado con 23 años. Desafía en cada acto la posibilidad del amor. Y esa soledad que siente le hace hablar como un anciano harto de todo. Cuando fue deportado, en marzo de 2018, su abuela lo recogió entre lágrimas en el aeropuerto de San Pedro Sula y lo llevó a un lugar que no existía para él.

Torcido llegó a La Esperanza, pero antes de huir a New Jersey y luego a Lawrence, ya había vivido en San Pedro Sula, en Yoro y en El Progreso, en el norte de Honduras. En cuál de todos los lugares por los que pasó se perdió, no lo sabe ni él. Por eso está desubicado en este pueblo de interior.

Primero tenemos que visitar la Unidad Municipal de Atención Al Retornado (Umar) de La Esperanza, abierta en 2018 con fondos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), y gestionada por el gobierno de Honduras. La Umar se resume en una mujer encargada, en una mesa, en una oficina compartida, en la Casa de Cultura. Ella tiene acceso a la Ficha Integral del Migrante Retornado que llenan los hondureños deportados una vez que atraviesan una de las fronteras y aeropuertos que los encierran de nuevo en su país.

En 2018, la edad media de esos deportados, en La Esperanza, era de 21 años. Revisando las fichas de los retornados de esa edad aparece Torcido, en el barrio con más deportados de La Esperanza y había puesto el teléfono de su tía en el formulario. Explicarle cómo dimos con él, nos devuelve su mirada más confusa. No entiende porqué su historia es importante.

Accede a platicar cuando le preguntamos si alguna vez ha hablado sobre cómo se siente. Asiente y nos mira. Torcido es desconfiado. Sobre todo se siente solo. Dos fotos en su casa ahondan en esa soledad. Una es de su de tío Selvin. La otra de su tío Juanito. Ambos eran pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS13) en San Pedro. Fueron asesinados: Selvin por pretender salirse de la pandilla y Juanito, con quien convivió toda su preadolescencia, por hurtar a espaldas de la pandilla. 

Con Juanito pasaba el tiempo robando. Delinquieron muchas veces. Presenció, sentado a su lado, su muerte. Solo le quedó huir, escondiéndose durante semanas hasta salir de Honduras. La herida de esta muerte es transversal al desarraigo en el que vive. Torcido quisiera estar muerto también. Pero recuerda lo que le dice su abuela: el que desea la muerte, nunca se muere. “Mejor no desearla para morirse rápido”, le suele responder él.

Aunque su familia es de Yoro, el departamento más homicida del país en 2018, él vivió mucho tiempo en San Pedro Sula, la ciudad más violenta del mundo en 2015. La abuela —la viejita, le dice el nieto rebelde— le crió hasta la adolescencia y ahora, simbólicamente, vuelve a criarlo.

Torcido no era pandillero. De niño, con Juanito como referente, le encantaba el ambiente, la ropa, los tatuajes. Sobre todo los tatuajes de lágrimas, que pueden significar haber matado o tener familiares muertos. “A mí siempre me han gustado, siempre he alucinado con estas lágrimas y también alucino con los ojos, de repente me los tatúo. Mire, yo hice muchas estupideces aquí, sí que anduve [con la pandilla], pero solo con el chamaco [Juanito] que era pandillero, nunca me llamaba la atención de brincarme aquí”.

Brincarse a la MS13 significa recibir una paliza de 13 segundos para incorporarse a sus filas. La misma pandilla que admiraba, que mató a sus tíos y le obligó a dejar su país para no ser asesinado, le convenció de brincarse al cruzar la frontera. Fue en New Jersey, —no en Honduras—, donde se unió a la MS13.

Al preguntarle con insistencia por qué se unió a quienes querían matarlo, revela cómo la violencia sustituye su idea deforme del amor: “El diablo en vivo es ahí, es que eso es bueno. Mire, es mejor tener a la familia de pandilleros que tener a familia así; los pandilleros, eso si es familia para uno, que dan la vida por uno”, dice sentado en el bosque de pinos que queda encima de la famosa Gruta, una iglesia enclavada en una roca.

Por pobreza, hambre o muerte, tres tragedias que son una, cientos de miles de centroamericanos como Torcido huyen a EEUU, un país que sólo el último año ha detenido a casi un millón de personas, muchas de ellas centroamericanas, tratando de cruzar ilegalmente su frontera.  El problema dista de ser nuevo. Desde los sesenta, con Kennedy, ha habido muchos planes para el progreso de Centroamérica. El PAPTN era el enésimo. El penúltimo de una larga lista que continuará creciendo.

La palabra Prosperidad es un eufemismo por no admitir que el objetivo siempre ha sido evitar que los migrantes huyan a Estados Unidos. El plan fue suspendido por Gobierno de Donald Trump en 2019. El dinero estadounidense no llegó a los gobiernos centroamericanos. Los tres países se comprometieron a gastar dinero de sus presupuestos. Pero solo cambiaron el nombre a programas ya existentes para hacerlos parte del acuerdo.

En 2017, la Secretaría de Finanzas de Honduras, eligió ocho departamentos para ejecutar el primer presupuesto del PAPTN. Sólo valoró que tuvieran una tasa de homicidios más alta de la media, que estuvieran cerca de una carretera principal o zona franca y menor empleabilidad que el promedio nacional. Torcido no cabía en ninguna de las categorías.

En 2018, el plan llegó al departamento de Intibucá, del que es cabecera el pueblo donde vive Torcido ahora. El foco se puso en las Secretarías departamentales de Educación y Salud. Pero solo sobre el papel. El presupuesto no aumentó. Se puso una etiqueta del PAPTN en gastos que ya existían en anteriores presupuestos. Lo confirman en una entrevista los secretarios de ambas instituciones y los presupuestos detallados de los últimos dos años.

Pero entonces, Estados Unidos convirtió a México en su frontera sur. Externalizó la contención del flujo migratorio centroamericano y abandonó un PAPTN fracasado. El siguiente plan aún no tiene nombre. Sólo se ha anunciado que, el foco pasa de lo regional a lo bilateral. México, que contiene y gestiona, será quien reciba dinero ahora. Diferente frontera, mismo muro.

El Gobierno de Trump no cambió la realidad de Torcido ni sus ganas de regresar a Estados Unidos. Torcido no vio nada, no oyó de ningún plan. Sólo vive obsesionado con que la piedra que carga, le caiga encima. Es un Sísifo suicida.

—Después de todo esto, ¿cómo te sientes?

—¿Cómo me siento yo? Con ganas de morirme, esa es la respuesta que les doy yo. Pero, pues, de tanto que deseo la muerte, la calaca [muerte] se me aleja más bien. Yo sufrí mucho y si yo me metiera a pedos [problemas] y en contarles toda mi fucking [jodida] historia y... ¿Me entienden? ... No terminamos hoy... ¿ya?

La vida

—Y ahora mil quinientos pesos que le debes a la jura [policía] para recuperar tu moto.

—Mil quinientos, vale pija.

Torcido está en un billar del centro histórico de La Esperanza, pero no juega. Suele pasar el tiempo en este lugar amplio y maloliente. Se sienta. Bebe cerveza, fuma. Nos presenta a un amigo que recién conoció. Es de San Pedro Sula y huyó a La Esperanza cuando lo empezaron a extorsionar. Cuenta que él extorsionaba también, que era colaborador de la pandilla Barrio 18, la enemiga de la MS13. Sus relaciones sociales, parece, se limitan a problemas. Torcido no habla con él, prefiere platicarnos a nosotras. No tiene casi amigos en La Esperanza. Pasa dos horas sentado, con su letanía de la muerte. La herida que no cierra es la de su vida inerte. A las 8 de la noche nos vamos, él se queda solo, en medio de una hilera de sillas contra la pared, con la compañía de su quinta cerveza. Nos vemos mañana para almorzar en su casa, nos recuerda.

“Hola. Me kitaron la moto”. Es un mensaje de la una de la madrugada. Luego dos llamadas perdidas. Cuando le llamamos por la mañana, tiene el celular apagado. Probamos con su joven tía: Torcido no llegó a dormir. No tenía casi gasolina para la moto, pero no quiso irse del billar. Llega cerca de las dos de la tarde a casa, con cara de sueño. Parece que iba borracho, la policía le detuvo y le quitó la moto. Se quedó sin trabajo esta noche. Ya no vende tambos de gas y debe 1,500 lempiras (US$60) a la dueña del negocio, que pagó la multa de la policía. No dice dónde durmió. Torcido no da explicaciones.

No hay prosperidad para Torcido. Entre muchas razones, porque el modelo del Gobierno hondureño cuando hablaba de aquella Prosperidad en mayúsculas, la de su impulso al capital humano, incluyó la creación de la Unidad de Atención al Retornado (Umar), una institución vacía. En La Esperanza tuvo que ser un organismo externo, internacional, la Organización Internacional de las Migraciones, la que detectara el aumento de deportados y la que pagara una oficina local para que el Gobierno delegue en una sola persona la responsabilidad de buscar soluciones de futuro para los que retornan.

Eso explica en parte que la institución sea una desconocida en el municipio. En 2014, La Esperanza recibió 307 deportados: dos de cada 100 personas de La Esperanza estaban en Estados Unidos o en tránsito hacia allá.  Que esas 307 personas sean deportadas significa que dejan de enviar remesas desde Estados Unidos o tienen deudas que pagar por el viaje que no completaron para llegar al Norte. Pero a Torcido ninguna cifra le importa.

A ninguna tragedia con nombre propio le importa ser parte de un indicador mayúsculo. La Esperanza tiene casi catorce mil habitantes,169 de ellos fueron deportados en 2018. El hombre de las tres lágrimas es uno de esos 169. La cifra no suena impactante si Honduras, ese año, recibió 21,993 deportados. En relación con su número de habitantes, La Esperanza es quien se lleva la peor parte.

Torcido se sacude la grama de la ropa y se levanta a observar la panorámica de La Esperanza desde encima de la Gruta. El día es fresco y azul. Mira con perspectiva el pueblo donde no quiere estar. A Torcido la Unidad de Atención no le suena de nada. No le importa que hace un año el gobierno abriera la oficina de la Umar como parte del PAPTN. La responsable de la Umar carece de fondos para poder ayudar a los 17 de cada 1,000 habitantes del lugar que han sido deportados desde Estados Unidos. Apenas ha podido apoyar a una docena, dice, gracias a empresarios locales que necesitaban contratar gente.

Torcido, ni sabiendo de la existencia de una oficina piensa ir a pedir ayuda para conseguir trabajo o para que la encargada le informe de si existe algún programa para retirar tatuajes, ahora que dice que no es pandillero. Como si él pudiera decidir por sí solo. Como si no resultara mortalmente complicado salir de una pandilla. Para no parecer lo que es, le gustaría quitarse las tres lágrimas de la cara. Pero, como si fuera su castigo, es la marca eterna de este Sísifo centroamericano.

Dice que solo se atrevería a viajar a buscar un centro para quitarse el tatuaje si es con su abuela, porque cree que lo matarían en el camino. Pero en Honduras, no existen centros gratuitos para eliminar tatuajes, espacios que sí había hace años, cuando el antepenúltimo plan  financió a un contratista que disponía de la máquina y tenía fondos para pagar al empleado que sabía usarla. En alguno de los informes de alguno de los programas y alguna reformulación de planes se eliminó el borrado de tatuajes. Eso sí, la prensa internacional la filmó al menos tantas veces como tatuajes pudo borrar.

Torcido miente a veces. Pero avisa cuando lo hace. Tras decirnos que sus tres lágrimas son por la muerte de tres familiares, le preguntamos que quién es el tercero, después de sus tíos Selvin y Juanito. “No, la verdad les voy a decir una cosa, no es de familiares, son cosas de la vieja escuela”. No aclara si son asesinatos cometidos por él.

Se queja de vivir en La Esperanza. Pero no tiene donde ir y lo sabe. Quiere regresar a Estados Unidos, el país que no lo quiere a él. Qué hace en este tranquilo municipio, se pregunta, vestido con la ropa fancy de pandillero que compró en Estados Unidos. Todos los días tiene que madrugar, obligado por el ritmo familiar. Muy a su disgusto, se levanta en la misma habitación que sus dos sobrinos pequeños, para luego desayunar tortillas, huevos y frijoles. Todas las semanas, ayuda a su abuelo campesino a pasear a sus quince vacas. Ya nada de marihuana o alcohol bueno, comida rápida, ropa cara, o lentes de contacto azules, como antes. Torcido no se adapta. Pero difícilmente será por esta lista de carencias materiales.

—Una última pregunta y es una en concreto.

—Me cago en el diablo, ¡coño!

El presente equivale al vacío. No hay Estado para Torcido. Este deportado de 23 años dice que ya no quiere pelear. Pero su familia lo ha maltratado y él actúa con los mismos códigos. Torcido se violenta a sí mismo. Nadie le va a ayudar a buscar un psicólogo, aunque en teoría la Unidad de Atención al Retornado debería brindarle ese servicio. Al menos ese. Le pedimos que se imagine un futuro. Elije la idea de una descendencia que le redima de sus tres heridas: la del amor, la de la muerte, la de la vida. Quizá, piensa, pueda volver a empezar.

“Yo lo que quiero es buscarme una mujer y aunque sea pegarle un hijo, para que el día de mañana cuando muera que quede la pinta ahí, porque, imagínese, se muere uno y sin tener hijos. Ando sobre dos mujeres yo, una tiene 31 y la otra, 32. Los maridos están en Estados Unidos. Una tiene dos hijos y la otra tiene tres. Pero me vale pija [no importa]. Como dice el dicho: quién quiere la gallina, también tiene que querer los pollitos ¿no?”.

*Este reportaje forma parte del proyecto periodístico 'Retorno' elaborado por la productora El Intercambio y financiado por Seattle International Foundation. Para verlo completo puedes ingresar a www.elintercamb.io/retornoEl IntercambioSeattle International Foundationwww.elintercamb.io/retorno

La historia de una presunta colaboradora de la pandilla más poderosa del mundo, la Mara Salvatrucha, es un ejemplo de cómo el sistema judicial acusa con mayor facilidad a las mujeres porque son el eslabón más débil de la estructura criminal

Las mujeres desempeñan tareas de base como el cobro de extorsiones, abrir cuentas bancarias o lavar el dinero pero no tienen ninguna autoridad en la cima de la pandilla

El número de mujeres presas en Guatemala se ha cuadruplicado en los últimos cinco años

Agarrada a la reja, con sus uñas de brillantina por delante, Hera esquiva a las mujeres que están en el suelo de la celda. Se acerca a decir que su hijo está en casa con su esposo. Está acusada de colaborar con pandilleros y, asegura, es inocente. Dice que no es más que una buena vecina que saluda a todo el mundo en su colonia y por eso la han detenido.

Hera miente. Pero hacen falta siete días para descubrir el engaño.

Esta mujer de 24 años, piel suave, pelo lacio hasta los hombros y embarazo de seis meses es vecina de Canalitos, una colonia de callejones de tierra, casas de lámina de metal y madera al otro lado del barranco de una zona de clase media alta de Ciudad de Guatemala. Canalitos es una zona roja. Roja por la sangre de los asesinatos.

Hoy espera dentro de una celda estrecha que huele a pis en la tremenda oscuridad de un sótano frente a los coches de los jueces que trabajan en la Torre de Tribunales de Ciudad de Guatemala. A su alrededor, unas 30 presas aguantan hacinadas cerca de un inodoro rebalsado.

Hera no se llama así. Motivos de seguridad. Hera, en la mitología griega, es la esposa de Zeus, el rey del Olimpo, un personaje con el que la mujer embarazada de las uñas pintadas tiene más que ver de lo que ella pretende. La Fiscalía la acusa de tres delitos de colaboración con la Mara Salvatrucha (MS-13), la pandilla más poderosa del mundo.

Son delitos vinculados a la extorsión, una infracción extendida en Centroamérica que implica pedir dinero bajo amenazas de muerte. Un delito muy utilizado por el Ministerio Público para acusar a pandilleros. Un delito que en otros lugares ni siquiera se comprende.

Hera sale de la celda y espera frente al ascensor, esposada a otra mujer. Espera porque la barriga le pesa demasiado para subir 15 pisos a pie. Sube apretujada, encerrada con otros detenidos y varios policías, en un aparato que no mide más de cuatro metros cuadrados. Va encadenada porque el sistema penitenciario intenta asegurarse de que no se escape. Con gesto soberbio, mantiene la frente en alto. Cuando entra en la sala de audiencias, ve las panorámicas montañas de fondo. Se acomoda en el banco de los acusados y mira hacia una silla vacía.

El número de mujeres presas en Guatemala, sobre todo por delitos relacionados con la extorsión, creció en los últimos cinco años de manera exponencial. La cifra se cuadruplicó al pasar de 36 a 144. “Cada vez hay más mujeres procesadas”, confirmará resignado un día después de la sentencia, en el sillón de su oficina, el juez Mynor Moto, el hombre que aún no se sienta frente a Hera.

Cuando el juez llega, Hera pide un chequeo médico de su embarazo a través de su abogada gratuita asignada por el Instituto de Defensa Pública Penal. El juez dice que sí, que el único derecho que se le ha limitado es la libertad. Lo dice en serio. Neutro y por momentos paternal, no pretende bromear, o hablar con ironía ni sarcasmo: es el mismo tono con el que acusa. Hay cortes de luz en el edificio y faltan algunos abogados de las 11 personas acusadas en su caso.

Una semana después, Hera llega de nuevo al juzgado desde la cárcel de mujeres Santa Teresa. Ahora está atada a sí misma, en la misma posición, ante el mismo juez, en otra sala de la misma planta –donde se juzgan los delitos más graves–, con distinto abogado de la defensa pública. Esta vez, la altanería ha desaparecido. Parece ser que el marido de Hera está en casa con su otro hijo, cuidándolo. Por eso, dice, él no llega al juzgado para darle comida antes de entrar, como suelen hacer los familiares de los acusados. En la sala de audiencias, acompañando a las mujeres, no hay novios ni esposos. Solo madres, padres o tías. A varios de los hombres acusados sí les acompañan sus parejas.

Ese marido libre del que habla no existe. El último esposo que tuvo antes de caer detenida está preso. Al menos eso puso ella misma en el registro del más de centenar de visitas que hizo a un hombre llamado Julio César Mejía García, del que sabremos más adelante. Nunca de la boca de Hera. Mejía García cumple condena en una cárcel al sureste del país.

***

El poder de las pandillas lo tienen hombres encarcelados. El triángulo del poder en la MS-13 tiene una punta: el Consejo de los Nueve, una especie de mesa redonda que da órdenes que después bajan en esa pirámide del poder.

La MS-13 es más estratégica y menos sanguinaria que su enemigo, el Barrio 18. Después de advertir a un extorsionado que si no paga encontrará la muerte, ejecuta la amenaza, a diferencia de la pandilla rival, que mata sin advertencia previa. Por eso, y porque la Fiscalía guatemalteca tiene notables limitaciones en sus posibilidades de investigación, también es más difícil seguir la pista de esta pandilla, sofisticada en la organización, la violencia y hasta la tecnología que usa para comunicarse.

En Guatemala, quedan poquísimas mujeres pandilleras [todas presas] porque, desde mediados de los 2000, tienen prohibido entrar a la MS-13. Lo mismo sucede en el Barrio 18. Las mujeres que querían ingresar tenían que recibir una paliza de 13 segundos. Hoy son pocas las sicarias que quedan vivas o libres.

Ahora, las mujeres del entorno de la pandilla desempeñan tareas como abrir cuentas bancarias, mover y lavar el dinero, dar la cara y el nombre, ofrecerse, estar en la base. Si son detenidas, entran a los tribunales esposadas a delitos de presunta pertenencia a la MS-13. Pero son reemplazables. Tras entrar en la cárcel en nombre de la pandilla, no pasa demasiado tiempo hasta que otras ocupan su lugar.

El fiscal, con una maleta de ruedas en la mano, llega en el mismo ascensor que Hera. En esos papeles que ahora lee con voz rápida y por momentos ininteligible dice que Hera está acusada, junto a otras diez personas, de exigir dinero a conductores de transporte público a cambio de no ser asesinados. Ella solo mira al juez, no se mueve demasiado. A su derecha, un acusado sin esposas. A la izquierda, una acusada de los mismos delitos que ella. Una mujer que, se nota, conoce desde antes. Hablan poco y en voz baja.

Hasta 2009 los investigadores en Guatemala no tenían claro cómo luchar contra las pandillas aunque las dos principales, la Mara Salvatrucha y el Barrio 18, operaban en el país desde finales de los noventa. La creación de dos grupos élite, uno en la Policía y otro en la Fiscalía, sirvió para localizar e identificar quiénes eran, dónde operaban, cómo hacían dinero y cómo mataban. A partir de 2011, esas dos unidades especializadas dieron un giro a la forma de presentar los casos a los jueces: pasaron de muchas e infructuosas investigaciones individuales a preparar pocos megacasos contra centenares de supuestos pandilleros. El secreto del triunfo acusador fueron las escuchas telefónicas y pandilleros traidores que se convirtieron en informantes. Tuvieron cierto éxito. Tocaron a la jerarquía.

Entre 2016 y 2017, Guatemala lanzó cinco megaoperativos contra las pandillas. Si las estructuras estaban identificadas y sus líderes –siempre hombres– estaban presos, tocaba derribar la base. Allí estaban personas como Hera, que no formaba parte del grupo criminal, pero que trabajaba –sobre todo mediante cobro de extorsiones y prestando sus cuentas bancarias– para la pandilla. En la mayoría de casos, a cambio de dinero. Las detenciones de mujeres en los megaoperativos comenzaron a destacar. Había muchísimas colaboradoras. Las mujeres se hicieron visibles alrededor de las pandillas.

Ya no eran operativos contra una clica –célula local– de una pandilla sino acciones masivas contra las dos principales pandillas que podían darse al mismo tiempo en distintos municipios. Así sucedió con el operativo Rescate del sur en 2016 en el que la Fiscalía demostró cómo las pandillas crecían al sur del área metropolitana de la capital y que generó más de 120 detenciones en cuatro departamentos del país.

Al detener y procesar a su mano de obra, pensaron los funcionarios, dejarían mancas a las pandillas. Pero esos operarios de base, esas mujeres colaboradoras, gente que en general no siente identificación con los grupos criminales porque lo hacen por dinero, son fácilmente sustituibles. Tan prescindibles que, por no ser de la pandilla, ni siquiera tienen un abogado pagado por el grupo criminal. A finales de 2017, la operación Escudo Regional, que se desarrolló en tres operativos a lo largo de dos años, golpeó a las dos principales pandillas en Honduras, El Salvador y Guatemala, con cerca de 200 detenciones, de las que la mitad fueron mujeres. Hera fue arrestada el 18 de abril de 2018.

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Las mujeres tienen responsabilidad en la base y ninguna autoridad en la cima de la pandilla. Reciben y ejecutan órdenes sin pertenecer, sin decidir estrategias. La Fiscalía Antiextorsión investiga siguiendo la lógica de que la pandilla las protege menos que a los hombres, pero también de que ellas pertenecen a la organización criminal. Lo difícil es investigar a la MS-13 como estructura y lo fácil es llegar a las colaboradoras. Es más sencillo capturar a quien lleva el teléfono o a quien recoge el dinero que a quien da las órdenes a distancia y se queda, finalmente, con los mayores beneficios de la actividad.

El Ministerio Público acusa a Hera de exigir dinero de manera regular e intimidante a los conductores de transporte público. La amenaza no tiene matices: es una renta a cambio de vivir. Para cometer estos dos delitos es necesario ser parte de un grupo criminal.

Supuestamente, Hera apoyaba a la clica Pewees Locos Salvatruchas, que tiene desde 2010 su principal centro de operaciones en Canalitos, ese barrio pobre y violento de la zona 24 de la capital. Desde entonces, los Pewees están señalados de amenazar, extorsionar y atentar contra conductores de moto taxis que circulan por esa zona y contra comerciantes que aceptan pagar por no morir. También están acusados de asesinar a integrantes de la clica que se quedan con el dinero de las extorsiones.

La investigación contra Hera y las personas detenidas junto a ella se basa en tres testigos: el dueño de un moto taxi, el propietario de un negocio y una mujer excolaboradora de la pandilla. Tres testigos que no dicen las horas, los lugares ni las formas que estas 11 personas usaban para extorsionar para la MS-13, esa pandilla declarada por Donald Trump enemiga pública y amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Ninguno de los testigos describe a Hera: ni su rostro, ni sus movimientos, ni datos concretos. Nada. La señalan. Pero sin presentar pruebas.

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Una semana después de la primera audiencia suspendida, se repite la escena ante el juez. En esta ocasión, el mismo abogado defiende a Hera y a las otras dos mujeres del grupo. La camisa blanca del hombre intenta contener un cuerpo grueso y torpe. Es la primera vez que ve a sus defendidas. Pide beneficios de embarazo para una acusada que no lo está. Se quiere referir a Hera pero no sabe quién es quién. Ellas lo miran, abren los ojos intentando decirle algo. No lo logran. El hombre casi no tiene argumentos.

El fiscal trabaja para una unidad jurídica creada en 2005 para defender mujeres y financiada por organismos internacionales. Se supone que son personas especializadas en distinguir sesgos de género en las causas con herramientas para defender a las mujeres acusadas. Está en el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y en su lista de tareas se amontonan 1.400 expedientes relacionados con mujeres solo de la capital del país.

Edith Ochoa, una mujer repleta de anillos brillantes y larga melena negra, dirige la unidad en la que trabajan 30 abogados. Explica que no puede atender el 90% de los casos que les llegan porque las acusadas no les hablan. Por miedo. O simplemente porque no quieren.

—¿Qué resultados tienen?

—Ninguno, [las mujeres] son sentenciadas —dice Ochoa sin inmutarse.

Luego matiza. El equipo de Ochoa ha logrado “tres o cuatro” sentencias absolutorias para sus defendidas en 13 años.

El IDPP está en un antiguo banco en el casco histórico de la capital, con techos altísimos y escaleras de madera que conservan esa sensación de que otro tiempo pasado fue mejor. En una oscura oficina en la segunda planta, la coordinadora condiciona y limita la defensa de las colaboradoras de pandillas “hasta que no bajen los contextos de peligrosidad”. Según las cifras oficiales, eso ya ha sucedido. De 49 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2009, Guatemala pasó a 24 en 2018. Pero la presunción de inocencia en todo lo relacionado con las pandillas y el esfuerzo del Estado por hacer algo por las mujeres de Guatemala siguen brillando por su ausencia.

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El tipo de colaboración que Hera aportaba a la pandilla se conoce en Guatemala como chequeo activo. Implica estar en período de prueba, pequeños encargos para ingresar en la estructura criminal. Al menos eso cree la Fiscalía. La situación es paradójica: su entrada está vetada por ser mujer, pero también es acusada de ser administradora de extorsión. Esto significa que, de confirmarse, ella es la que junta el dinero y, con órdenes de los líderes de la clica, organiza cuánto va para cada quién en cantidades que disminuyen a medida que se desciende en la pirámide del poder.

En la audiencia, el abogado de Hera –que no sabe nada de su vida, nunca ha hablado con ella, no sabe qué piensa, qué siente o qué puede aportar en su defensa– no ve sesgo de género. No cree que la hayan obligado a nada, ni que la hayan presionado a través de su familia para que trabaje para la pandilla aprovechándose de su vulnerabilidad o de su pobreza. Utiliza como única estrategia de defensa acogerse al derecho a no declarar.

En realidad, quien debería defenderla, quien sabe del caso, es otra abogada que no ha llegado a las audiencias. Los tres –la abogada oficial, la que estuvo en la audiencia anterior y el hombre de esta audiencia– trabajan bajo el mando de Edith Ochoa, la mujer de los anillos brillantes que no espera ganar casos.

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El Flaco y El Voltio son los pandilleros que dirigen desde prisión la clica de nombre Pewees Locos Salvatruchas. Ellos deciden las acciones para extorsionar, intimidar, vender droga, reclutar pandilleros y asesinar. El Flaco se llama Nixon Bantes González. El Voltio, que es el número dos de la clica, es Julio César Mejía García, a quien Hera iba a visitar a la cárcel de El Boquerón registrándose a veces como su esposa. De los Pewees, de su forma de operar y de los integrantes de la Pewees es conocedora desde 2012 la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), una institución especial financiada por Naciones Unidas y que trabaja junto al Ministerio Público. Ese informe está en manos del juez que juzga a Hera y del fiscal que la acusa.

En 2017, el juez Pablo Xitumul, magistrado titular del Tribunal C de Mayor Riesgo, encargado de casos de gran impacto, condenó a El Voltio: 150 años de cárcel por cinco delitos, entre ellos asesinato y violación. Sumada una causa anterior, El Voltio podría salir en libertad cuando cumpla 213 años.

Un año después, Xitumul llega a su despacho, en la planta 12 de la Torre de Tribunales, se sienta en una silla junto a su sofá de visitas y comienza a hablar. “Detectamos que los patojos [jóvenes] arrastran a las mujeres”. Cree también que la justicia “revictimiza” a las mujeres vinculadas a pandillas en un país particularmente desigual. Él explica que “se siente sensible” con las mujeres de su país y por eso siempre aplica la pena mínima a las acusadas de extorsión: de 6 a 8 años. Es la pena mínima, subraya como un acto de empatía. No es medida sustitutiva. Tampoco es absolución.

Ni El Flaco ni El Voltio están presentes en las audiencias de Hera. Pero lo parece. Su presencia planea sobre la sala. Se supone que los 11 acusados trabajaban a sus órdenes. De ellos habla primero el fiscal, que maneja miles de páginas de expediente que saca de la maleta con ruedas. Con su voz rápida y a veces inentendible, se refiere a ellos para explicar el modus operandi de la clica. Muestran fotos de dos de las mujeres. Hera no aparece en ellas.

Argumenta historias, datos, fechas, listas, sucesos, crímenes. El turno de Hera llega cuando el fiscal calla y el juez regresa a El Voltio y a El Flaco varias veces más cuando lee el listado de visitas que reciben en la cárcel. Esa es la clave, la evidencia de la que Hera tendrá muy complicado defenderse. Han pasado 12 horas de audiencia, el aire acondicionado enfrió tanto la sala que la mujer se abriga con sus propios brazos y se le pone la piel de gallina. En esta vista judicial, el único que no habla de los líderes de la clica es el abogado defensor de Hera. Habla poco porque sabe poco.

Según la información en manos del juez y el fiscal, la primera vez que Hera fue a la cárcel a ver a Julio César Mejía García, ese hombre con poder, ese tal El Voltio, fue en marzo de 2015.

¿Cuáles son los acusados que no han visitado a nadie en la cárcel? Eso es un misterio. Es una información sin registrar en el expediente del caso. “Las visitas carcelarias por sí solas no se pueden tomar como prueba”, insistirá el juez Mynor Moto unos días después de la audiencia.

Las visitas carcelarias no cuentan como pruebas, pero sí como razones por las cuales los jueces, como Xitumul o Moto, deniegan la posibilidad de que las personas estén libres mientras esperan que se celebre su juicio.

El Ministerio Público no prueba nada de las funciones de Hera para la Mara Salvatrucha. La investigación es deficiente, dice el juez Mynor Moto, desplegado en el sillón de su oficina de la Torre de Tribunales, mientras revisa el expediente. Algunas partes son un copia y pega de los informes policiales, insiste. Ninguno de los tres testigos está identificado, remarca. Todos los informes policiales, en los que se basa la Fiscalía, los firma el mismo policía, apunta. Un superpolicía, dice –con ironía– el juez, mientras pasa las hojas, un poco resignado, en la tranquilidad de un juzgado a punto de terminar la jornada. Sabe que las investigaciones son pobres, que los recursos son pocos y la voluntad pequeña.

Por eso, eliminó para la mayoría de los acusados los delitos de obstrucción extorsiva de tránsito y exacciones intimidatorias. Hera fue una de las beneficiadas. Un beneficio parcial, pues seguirá en prisión preventiva por asociación ilícita, algo que le será muy difícil quitarse de encima.

***

Durante dos años, Hera entró registrándose como la novia de El Voltio. Los primeros cuatro meses de 2017, lo hizo como su esposa. Después, volvió a ser la novia y así lo hizo hasta el último día de visita registrada, en marzo de 2018. En esa fecha, además, ya estaba embarazada. Hera fue a verle a prisión 102 veces. Ciento dos veces. Cada día, hora y tiempo juntos quedaron marcados en una larga lista de registros que ahora se vuelven en su contra.

La presencia de El Voltio ya no planea sobre la sala, ahora la aplasta. Termina con cualquier posibilidad de salir absuelta. Pese a su relación con un líder pandillero, una relación de esta intensidad, no es suficiente para que la pandilla le pague un abogado que la defienda.

Antes de las nueve de la mañana del 20 de marzo de 2018, Hera entró por última vez a ver a El Voltio. Pasaron casi ocho horas juntos. Fue la visita número 102. Fue un mes antes de ser detenida. Ella, acusada de ser la administradora de la extorsión en la clica de una pandilla enemiga de Estados Unidos, fue atendida por un defensor oficial que ni siquiera se aprendió su nombre.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews.El Intercambio Internews

Texto: Rosario Marina, Elsa Cabria y Ximena Villagrán / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce

Hebe, una joven de 18 años, fue acusada por su novio de homicidio y de colaborar con la pandilla Barrio 18 Sureños, y absuelta después por la Justicia

La Fiscalía de El Salvador ha multiplicado por 15 el uso de la figura del testigo protegido en los últimos 11 años

Casos como el de la joven ilustran el uso desmedido de testimonios cuestionables como única prueba contra estas organizaciones criminales

El asesino dijo que el muerto, antes de muerto, estaba muy borracho.

El día de Navidad de 2014, una mujer de 70 años fue a la Policía de su municipio a denunciar la desaparición de su hijo, de 40. Declaró que el hombre había salido de su casa alrededor de las 10 de la mañana para ir a trabajar al centro de San Salvador, la capital de El Salvador. Alto, trigueño y de ojos café, llevaba camisa y pantalón azules y una mochila negra. La anciana supo por vecinos que el día de la desaparición lo habían visto en la calle principal de su colonia y que había sido amenazado por un pandillero del Barrio 18. No era la primera vez que le sucedía. Su otro hijo ya había desaparecido en 2012. Desaparecido significa asesinado. La madre temía, con razón, que los pandilleros hubieran matado a ambos.

Dos años después de la última desaparición, la pareja de aquel desaparecido supo por la televisión que la Policía había encontrado unas osamentas al fondo de un barranco de la colonia. Era el 24 de mayo de 2016. Junto a los huesos, había una mochila negra, la misma que el hombre llevaba el día de su desaparición. La mujer fue a Medicina Legal, la institución forense de El Salvador. El muerto de la tele era su muerto.

Cuando la Fiscalía entrevistó a la ya viuda del hombre, ella señaló a la posible culpable: la pandilla Barrio 18 Sureños, una escisión salvadoreña del Barrio 18, una de las pandillas más grandes de Centroamérica. El Gobierno decidió aislar a los líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS) en las cárceles para dificultar su organización. Lo logró. La ruptura dentro de la 18 fue irreversible. A partir de 2006, nacieron dos facciones enemigas: Sureños, los que seguían las normas de su pandilla en California, bajo órdenes de veteranos deportados presos; y Revolucionarios, que buscaban tener una personalidad más local, sin órdenes foráneas, cuyos líderes estaban fuera de las cárceles de El Salvador.

Para 2016, aquel hijo desaparecido llevaba dos años enterrado al fondo del barranco víctima de esa guerra intestina entre pandillas. La Fiscalía ya lo sabía, se lo había dicho El testigo. Por eso la Policía fue a buscar los huesos. Ese testigo era miembro de la pandilla, fue uno de los tres asesinos y, en ese mismo caso, donde admitió el asesinato, también acusó a 76 personas del Barrio 18 Sureños de participar en 20 homicidios similares.

Este tipo de testigo, el que delata, se llama criteriado en El Salvador. En los últimos 11 años, 663 personas en ese país obtuvieron una reducción de la pena y una residencia temporal a cambio de dar información, según el tipo de negociación mantenida con la Fiscalía General de El Salvador. Su utilización es recurrente en los casos de pandillas: el testimonio de una sola persona es suficiente para que la Fiscalía acuse a decenas de personas. El uso del testigo protegido se multiplicó por 15 en los últimos 11 años sin mucho éxito. El 54% de los informantes se ha retirado del programa.

“El declarante recibió una llamada de Z donde le decía que en el pasaje el hermano de B andaba bien bolo [borracho], por lo que [el declarante] salió de donde estaba con Hebe, diciéndole que moviera [llevara] al hermano de B y que, cuando lo tuviera en una casa, le avisara. A los quince minutos le habló que ya lo tenía, estaba bien bolo, tanto así que no se levantaba, siendo que Hebe se retira del lugar”.

Informe de la Fiscalía sobre la declaración del testigo.

Hebe se llama de otra forma, pero por su seguridad, este será su alias y su nombre, el de la diosa griega de la juventud y la belleza eterna. Según El testigo, después de que Hebe se marchara, otros dos pandilleros llegaron a la casa. Entre los tres ahorcaron al hijo de la anciana, con las manos y con un cincho [cinturón] hasta matarlo. Esperaron a que se hiciera de noche para sacarlo de la casa y lo lanzaron por el barranco que queda al final del pasaje [callejón] donde estaban. Bajaron al fondo, cavaron un hoyo y lo enterraron.

El 28 de mayo de 2016, el médico forense encontró la cabeza del hombre por un lado y el esqueleto por el otro. La camisa estaba rota, llevaba pantalón vaquero, tenía la mandíbula rota y solo una zapatilla de deporte, la izquierda. En la bolsa pequeña de la mochila negra había una cartera con unas tarjetas de presentación que no lograron identificar. Hacía seis meses que estaba convirtiéndose en esqueleto.

***

El 16 de agosto de 2018, Hebe se puso de pie frente al juez con sus pantalones celestes, sus tenis, su camisa negra de manga larga y sus 19 años. Estaba acusada de agrupaciones ilícitas, lo que significa que se juntó con, al menos, dos personas para delinquir de manera temporal o permanente. Se juega ir a juicio y ser condenada a un mínimo de tres años de cárcel.

En la sala hay otras cinco amigas de su colonia. Viajó con ellas porque también estaban acusadas. Su abogado particular pide al juez que ella pregunte al testigo. Los oscuros ojos con rimel de Hebe miran al testigo protegido, cubierto de pies a cabeza con una tela oscura, como el verdugo que le corta la cabeza.

—¿Sabes quién te habla?

—No, no sé quien sos.

—Fuimos pareja, ¿sí o no?

—No.

No lo dirá en la audiencia, pero Hebe dice antes y después que El testigo, el criteriado, era su novio. El presunto novio la incriminó y la acusó de participar en el homicidio del hijo de aquella anciana y la Fiscalía, además, la acusó de agrupaciones ilícitas. Por eso pasó mes y medio en los calabozos de la Policía, tres meses en prisión preventiva y ocho meses más con obligación de ir a firmar al juzgado cada 15 días hasta que salió absuelta.

“En cuanto al delito de agrupaciones ilícitas [...] es opinión de la suscrita juez que tanto la existencia legal del delito como la participación delincuencial de los procesados ha quedado demostrado por medio del dicho del testigo”.

Resolución de audiencia preliminar.

El enamoramiento

—Muchacha, ¿no ha visto a los policías ahí arriba?

La muchacha, que caminaba por su colonia, se giró, lo miró, lo reconoció. Él a ella, no.

En un café de la zona de hoteles de San Salvador, en julio de 2018, la muchacha recuerda con sonrisa pícara ese cruce de miradas de enero de 2016. Hebe dice que se conocían de niños, pero que llevaban años sin verse. A los meses de esas miradas, hubo una solicitud de amistad en Facebook aceptada. Y likes a muchas de las fotos de Hebe. Pero ella, que se esforzaba por “ser buena”, no quería nada con un pandillero. Lo dice ella.

La muy cristiana evangélica madre de Hebe y de otros dos varones, uno mayor que ella, otro mucho menor, puso una venta de pupusas, el plato típico de El Salvador, en su manzana. En una ocasión, el pandillero llegó y le gritó. “¡Suegra!”. La mujer se quedó mirándole y le espetó muy seriamente: “¡Cómo que suegra!”. Esa vez y otras tantas entre enero y octubre, el pandillero pasó gritándole a Hebe ante la circunspecta mirada de la madre: “Hebe, te amo”. La noche del 12 de octubre de 2016, delante de la casa de ella, él le preguntó si quería salir con él. “Y yo me quedé: ¿Ah? Y le dije: 'Sí, voy a andar con vos, así de repente”, recuerda Hebe con inocente ironía.

“El testigo identifica en su entrevista únicamente con el alías Hebe [a la persona], a quien describe de la siguiente manera: color de piel blanca, color de cabello negro y estilo largo, complexión delgada, estatura un metro cincuenta aproximadamente, 18 años. La conoce desde el año 2008, y desde el 2014 colabora con la pandilla hasta ahora. Las funciones que realiza, le postea [vigila] al hermano que es civil activo de la pandilla, porque como el hermano es civil y ya ha matado, y está a punto de brincarse [entrar en la pandilla], le mueve [esconde] las armas de fuego al hermano…”.

Informe sobre la declaración del testigo.

Hebe es como la describe El testigo en su relato a la Fiscalía. De esas personas delgadas que tienen cara redonda, granulosa sin granos, de labios finos, pálida. Sin ser consciente de que tres personas la observan, se apoya en el mostrador de una oficina del centro judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, un bochornoso día de finales de julio. El aire acondicionado está altísimo. Dice su nombre al funcionario. Su camiseta blanca de corazones rosas transparenta un sujetador azul claro. El pantalón de lona se ajusta a su cuerpo adolescente.

Las tres personas la reconocemos porque estamos sentadas detrás revisando las tres cajas de archivadores que acumulan su expediente. En los archivos, aparece su foto, igual que la de muchos de los otros 76 acusados en 20 homicidios a los que El testigo inculpó.

El encuentro es fortuito, pero Hebe reaccionó con normalidad cuando le explicamos por qué queríamos hablar con ella. Estaba en esa oficina porque desde diciembre de 2017, cuando la jueza le concedió la libertad provisional, cada 15 días va en bus con su mamá al juzgado a firmar.

***

El mismo año en que entró en funcionamiento el programa de protección de testigos, las pandillas prohibieron que las mujeres en El Salvador fueran pandilleras. Hasta ese año, 2006, había mujeres con poder de mando en las reuniones de toma de decisión y coordinación en ambas pandillas. Pero fueron expulsadas por falta de confianza.

La sospecha vino porque algunas eran informantes de la Policía y de la Fiscalía. “Cuando había rupturas [sentimentales con pandilleros], eran más vulnerables a dar información, sabiendo que habían cometido delitos, preferían colaborar con la Justicia, pensaban más en sus hijos”, dice Guadalupe Echeverría, jefa de la Unidad Especializada Antipandillas.

Las mujeres se convirtieron en testigos criteriados. Ante lo que se consideraba una falta de lealtad, hubo castigos: algunas violadas, algunas asesinadas. Sin embargo, la lógica pandillera contrasta con la realidad: el 65% de los testigos del programa de protección hasta diciembre de 2017 han sido hombres.

En 2006, una líder del Barrio 18 se convirtió en alias Joker, testigo criteriada de la Fiscalía. Su pandilla mató a unos familiares suyos y ella decidió colaborar. Durante tres años, apoyó en la desarticulación y condena de cuatro células locales de San Salvador. Su caso fue el detonante del fin de la mujer pandillera. Así lo sostiene Echeverría, quien con voz suave y tono académico, es experta en violencia pandillera.

Mientras la Fiscalía investigaba a la quinta célula, alias Joker fue asesinada. En 2009, la pandilla le hizo “el pase del amigo”: una amiga la convenció para salir un rato de la casa refugio donde vivía oculta para juntarse con alguien en el municipio de Santa Ana y la mataron.

Desde que El Salvador instauró el uso de testigos criteriados en 2006, en ningún año las mujeres han sido más del 35% de los testigos, pero son las que perdieron la confianza de arriba.

Ellas pasaron a ocupar un nuevo rol, puramente logístico, en el nivel más bajo de la pandilla, como colaboradoras. No tienen acceso a reuniones o coordinaciones ni dan órdenes. Las colaboradoras cobran y llevan dinero, guardan y mueven armas. Prestan cuentas, ejercen de testaferros para recibir y enviar remesas internacionales. Roban. Matan. Igual que los hombres colaboradores. Pero están lejos de los líderes.

***

Después de firmar en el juzgado, apretujada en una mesa de un restaurante de comida rápida al que accede ir junto a su mamá a petición de las periodistas, Hebe se muestra callada. Habla más la madre. Habla más, aunque ella sonríe cuando la mamá evangélica charla sobre El testigo. “Era el asesino de la colonia”, dice la mujer sin miramientos. Y Hebe se ruboriza silenciosa.

—¿Por qué te fijaste en un pandillero?

—Ni yo sé, quizá a las niñas fresas [pijas] les gustan los malos. Yo decía: 'Uy, no, yo no voy a andar con uno de esos jamás, ¿va?' Pero los jamases llegan —dijo cuatro días después, riéndose, cuando su mamá no la está escuchando.

La detención

“Observando detenidamente las fotografías del pliego, el testigo señala que la fotografía número 1, la cual corresponde a la señora Hebe, manifestando que la conoce por el alías, es colaboradora de la pandilla 18, y participó en el homicidio del hermano de B”.

Informe de la Fiscalía sobre la declaración del testigo.

A las 2:35 de la madrugada de un día de finales de julio de 2017, cuatro policías subieron las tres escaleras de la entrada y tocaron a una puerta pintada de celeste, bajo un balcón blanco, en una casa también celeste, con techo de lámina.

Abrió el padre de Hebe. Llegaron para detener a su hija, acusada de homicidio y agrupaciones ilícitas. Cuando le pidieron que los acompañara para hacer el registro de la casa, accedió. Dentro estaban Hebe y su madre. No encontraron ningún objeto ilícito. Así lo escribió un policía en su informe. Hebe pidió tiempo para cambiarse porque estaba con pantalones cortos y un top y dice, un año después, que los policías aceptaron a regañadientes.

El papá es un hombre al que no vamos a conocer. Muy presente en las palabras de Hebe pero ausente en el tiempo que ella pasó en prisión y en sus visitas al juzgado porque tiene que trabajar. Primero evangélico, luego alcohólico, luego evangélico de nuevo. Es el hombre que le pidió a su única hija que no tuviera malas compañías, el que sacó a su familia un año y medio de su colonia para huir de la violencia, el mismo que golpeó a sus hijos durante esos años.

Durante la detención, un policía advirtió a Hebe que se preparara, que allá iba a hacer frío. Allá era la cárcel. “Ta' güeno”, le respondió antes de ir a su cuarto a ponerse unas mallas, una camisa de manga larga, unos vaqueros y calcetines. En su habitación, se dio cuenta de que su hermano pequeño, cuya presencia los policías no atisbaron, la observaba.

—¿Qué te pasa? Dormite.

—¿Para dónde vas? ¿Por qué te estás cambiando?

Hebe abre la puerta y le señala al policía.

—¿Qué hace ese hombre ahí, vos?

—Ya voy a venir.

—¿Para dónde vas?.

—Ya voy a venir.

Hebe no volvió.

Hebe pasó frío.

Cuatro años antes de pasar frío, cuando tenía 14, Hebe y su hermano mayor, –acusado por El testigo de otro asesinato y agrupaciones ilícitas, pero absuelto–, tuvieron que abandonar la escuela pública donde estudiaban, porque estaba en la parte alta de su colonia, territorio de la Mara Salvatrucha. Como consecuencia, su padre se llevó un año y medio a la familia a vivir a otro lugar. El barrio en el que la familia ha vivido casi toda su vida es parte de uno de los municipios históricamente más peligrosos del área metropolitana de El Salvador.

En El Salvador es complicado entrar en centenares de barrios. El lema 'Ver, oír y callar' se respeta en los barrios y se rompe fuera de ellos. Hebe cambia tres veces el punto donde la vamos a recoger para la entrevista, cerca de su colonia. Desde que la conocimos, el pacto fue hablar fuera de su municipio, no quiere que entremos en su colonia. No quiere que la vean con desconocidos.

La localidad donde vive fue parte del grupo de 18 municipios que, en 2013, cuando el Gobierno pactó una tregua de fin a la sangre con las pandillas, fue declarado libre de violencia. Un eufemismo para decir que las pandillas no se iban a agredir ni entre sí ni a nadie en ese territorio.

Seis meses duró la espectacular bajada de homicidios –que redujo a menos de la mitad la cantidad de asesinatos en El Salvador, que estaba entre los tres países más violentos del mundo–, hasta que un gobierno acorralado por haber ocultado su papel principal en la negociación y un creciente número asesinados de las dos pandillas debilitaron la tregua. Aunque se sumaron instituciones internacionales y otras pandillas de menor peso a las reuniones, de poco sirvió. El gobierno siguiente enterró la tregua. Desde entonces, es el país más homicida del mundo.

—¿Qué cambió en la colonia para que después pudieran regresar?

—No cambió nada —dice.

Hebe regresó a su colonia porque, dice, no tenía sentido que pagaran un alquiler cuando tenían una casa en propiedad. Ella tuvo que terminar los estudios básicos y parte de bachillerato en un colegio privado, en la parte baja de la colonia, creado por maestros que antes trabajaban en el colegio de arriba, donde su hermano pequeño sí pudo seguir estudiando. Dice que pandilleros de la Mara Salvatrucha llamaron a su papá para que ella no volviera a subir. Menos aún cuando los contrarios, como ella dice, se enteraron de que su novio era 18.

Un 28 de diciembre de 2016, dos años después de regresar a la colonia, dos meses después de empezar a salir con El testigo, tras la pelea con su papá, terminó con Hebe mudándose a casa de su novio, El testigo. Sus papás dejaron de hablarle los dos primeros meses de 2017. No querían que estuviera con él, pero continuaron pagando sus estudios. Después, cuando El testigo se reunía en su casa con sus pandilleros, ella dice que solía irse a la casa familiar. Sus padres cedieron ante la relación.

Ella pasó mucho tiempo sola en la casa de su marido, que es como se refiere a su novio. El testigo compraba la comida y, ella aprendió a cocinar para dos, nunca para los pandilleros visitantes. “No era la chacha [empleada doméstica] de nadie, solo de él y mía”, dice Hebe dos años después.

Dice que no hizo favores ni trabajos para el Barrio 18 Sureños, pero El testigo le daba unos 30 dólares diarios para comprarse lo que ella quisiera. El dinero lo guardaba su mamá. Al mes eran 750 dólares, más del doble del salario mínimo de El Salvador. Su hermano mayor llegaba a visitar y a fumar marihuana con El testigo. A cambio, posteaba –avisar si llega la Policía–.

La novia aceptó dinero de la pandilla para vivir, la madre guardó el dinero de su hija que provenía de la pandilla, el hermano hizo favores a la pandilla, el padre toleró la relación de su hija con un miembro de la pandilla. En una sociedad violenta, la pandilla es una cosa y la gente es otra. En esta familia, todos se sienten ajenos al Barrio 18 Sureños, pero la relación existe porque los límites no están definidos.

El tatuaje

El testigo tenía una memoria privilegiada, aparentemente. Contó cómo entró en 2007 a la pandilla y cómo fue creciendo su clica –célula local pandillera–. En su declaración, recordaba en qué año conoció a cada uno de los pandilleros y colaboradores, como Hebe. Describió altura, peso, marcas, tatuajes y razón por la que los conocía, desde qué año estaban con la pandilla y cuál era su función. De cada uno de los 76 acusados por la Fiscalía. Una memoria infalible, pero de casi todos, solo dijo saber sus apodos.

Diez años después de convertirse en 18 sureño, El testigo vendió a toda su clica y a presuntos colaboradores acusándolos de asesinato. También vendió a su novia por presuntamente ayudar a asesinar al hombre de la mochila negra, en 2014. Pero a lo largo de tres gruesos archivadores, El testigo nunca dijo que Hebe fue su novia. Es ella quien dice hoy que “anduvo acompañada” por él.

Para entender el funcionamiento, la jerarquía, y el territorio que controla una estructura pandillera, El testigo criteriado tiene que haber estado dentro de la organización criminal. Por eso, la Fiscalía salvadoreña lleva más de una década apoyándose en este tipo de informantes.

El problema es que en decenas de casos, como sucede en el de Hebe, El testigo interesado en obtener reducción de condena y beneficios especiales, es la única fuente de información. La institución no contrasta los datos que obtiene y muchos casos se caen antes de llegar a juicio por falta de pruebas. Como ocurrió con Hebe, absuelta por un juez.

“Hay muchos casos en los que no se verifica la información”, admite la fiscal Echeverría, experta en pandillas. Pero exime de culpas a su unidad y responsabiliza a la institución que les nutre de pruebas. “El problema es la investigación de la Policía Nacional Civil; muchas veces en aras de sacar de circulación [de las calles] a cualquiera, ha creado perfiles delincuenciales de personas que no pertenecían a pandillas. Ya hemos tenido casos delicados, se ha procesado a personas inocentes”.

“Se interroga al testigo en el sentido de que describa a la persona, manifestando que es de estatura 160, color de piel blanca, color de ojos no recuerda, cabello color negro, de textura algo acolochado [rizado], de complexión física algo delgada, agregando que no conoce el nombre, pero conoce el alías, Hebe. Así mismo se formulan las siguientes preguntas: ¿Posee marcas? No, ¿Posee tatuajes? No, ¿Posee lentes? No”.

                                                                 Reconocimiento en rueda del testigo a Hebe

El 12 de diciembre de 2017, Hebe y su hermano lograron la libertad provisional. Para ese momento, por un fallo de la Fiscalía, en su expediente solo constaba el delito de agrupaciones ilícitas, ya no el de homicidio. Las mujeres representan el 10% de todos los capturados en El Salvador en los últimos seis años. Aunque no es un delito estrictamente vinculado al fenómeno pandillero, agrupaciones ilícitas es el segundo delito más cometido de todos los detenidos entre 2012 y 2017, los años más sanguinarios de las pandillas.

Entre los documentos que sirvieron para evidenciar que no iba a huir del país, el abogado de Habe presentó su cuaderno de ciencias naturales de bachillerato y un diploma de participación y constancia de buena conducta emitido por el centro de estudios de la iglesia evangélica a la que asiste.

A la hora del almuerzo de un día de julio de 2018, Hebe no come nada. No aparenta nervios, solo no quiere comer en el restaurante al que la llevamos para conversar. No suelta el móvil aunque no va a hablar por teléfono. La hija de la madre seria y evangélica aparenta la misma seriedad en versión juvenil. Pero es apariencia. Con su dulzura posadolescente, Hebe habla mucho cuando tiene ganas de charlar.

—¿Qué crees que buscabas en el malo?

—Como la rebeldía que quería, porque iba enojada con mi papá. Quizá después de acompañarme [por mi novio] fue... no sé… Siento en mí que me podía defender sola, me metí en problemas en la colonia y jamás le dije nada.

Hebe habla dulcemente de las tres veces que se metió en problemas por él. Fue por celos, dice, porque él estaba con ella. Y con otras tres. No callaban la relación con El testigo. Le hablaban para advertirle de que cada una de ellas era la novia real.

Hebe estrelló el teléfono del novio contra la pared tras encontrar fotos con otra.

Agarró a una mujer del pelo y le dio una paliza delante de él. Empujó a otra más por las gradas de una cancha de fútbol.

Pícara, dice que dejó dos veces a su novio. Días antes de la definitiva, poco antes de ser detenida, El testigo llamó a Hebe. Ella salió de casa de su mamá y fue a la casa de él. Eran las dos de la tarde, estaban solos. “Te tengo una pregunta”, le dijo él antes de echarse a reír. “¿No me tenés miedo?”, le preguntó.

“No, no te tengo miedo”, recuerda hoy que le respondió, muy extrañada. No entiende por qué le hizo esa pregunta. “Porque pa' fuera, él lo sabía todo, un machito y así, pero conmigo en la casa por cualquier cosa lloraba, bien chillón, bien fresón”. Por qué le iba a tener miedo, se pregunta en voz alta mientras manosea su celular.

Cuando en junio de 2017, Hebe fue detenida, la Policía le preguntó si conocía al asesinado, al dueño de la mochila negra, enterrado en un barranco en 2014. Dice que no tenía idea de quién era ni uno ni otro. Le preguntaron si “hizo favor” a los tres asesinos para que lo mataran. Dijo que no. Fue su papá, cuando ella estaba en las celdas policiales, quien le dijo por teléfono quién era el muerto.

Esta historia de muerte y amores muestra vidas paralelas, no convergentes. Al cruzar el expediente del caso y el relato de Hebe, El testigo es y no es novio. Solo existe un detalle en el que están de acuerdo: el por qué del asesinato en el que la involucró. “Lo mataron porque andaba bolo y empezó a gritarle a todos los bichos [jóvenes] de ahí”, dice Hebe que le contaron en la colonia.

***

El 16 de agosto de 2018, Hebe se levanta a las cinco de la mañana sin saber que va a enfrentarse al hombre vestido de verdugo, El testigo. El abogado le insiste en que pregunte al testigo. No quiere, está indecisa, pero pensándolo bien, ella sabe cómo probar, con una sola pregunta, que El testigo miente:

—¿Tenés un 18 en el pecho?

—Volveme a repetir la pregunta.

—¿Tenés un 18 en el pecho?

—Sí.

—Gracias, eso es todo.

El día en el que todos los acusados salieron libres es el mismo en el que Hebe se convirtió públicamente en la novia negada del pandillero que vendió a los suyos.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews.El Intercambio Internews

Texto: Elsa Cabria, Ximena Villagrán y Rosario Marina / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce

Dos niñas miran una piscina sin gente. Están en una parte de la ciudad que no conocen. Impacientes, sueltan las bolsas de plástico que contienen su ropa seca sobre una hamaca de rayas amarillas y blancas. Acaloradas por el abusivo sol de las dos de la tarde en San Pedro Sula, saltan sobre el suelo ardiente.

No tienen bañador. Se meten en el agua vestidas con sus camisetas y sus pantalones cortos. Até, blanca, de pelo liso y labios gruesos, con el cuerpo de mujer a medio hacer, agarra rápido el salvavidas. Asteria, morena, de pelo rizado y ojos y nariz pequeños, da tres largas brazadas para llegar cuanto antes al borde. Su margen de acción es pequeño. Piden aprender a flotar.

Até mira al cielo. Acostada. Solo tiene que dejar que el peso de su cuerpo haga caso a la gravedad para mantenerse a flote pero nadie le ha explicado que eso sea posible. Asteria tampoco lo logra. Tercas y sonrientes, lo intentan varias veces. En dos horas, apenas salen del agua para comer pizza. Al menos por una tarde, en esta piscina privada, protegidas de las miradas, parecen felices de tanto fallar.

La profundidad de Honduras siempre es relativa. Para quienes no pasan de metro y medio y no saben nadar. Para niñas obligadas a dejar de serlo antes incluso de salir de sus propias casas. Para jóvenes atrapadas en remedos de familia y en el puñado de calles que limitan sus vidas. Para todas ellas hay muchos lugares en los que parece imposible tocar fondo. Este estanque trasero de hotel colonial en zona pudiente es solo uno más. Pero aquí, hoy, equivocarse, para su sorpresa, no tiene consecuencias.

La situación es improbable, completamente artificial. Durante unas horas, la posibilidad de dar una versión de su propia historia es su pasaporte a la palabra. A la posibilidad de expresarse sin la presencia, constante, de una violencia que fermenta bajo el calor agobiante de las casas de techo de lámina donde viven ancladas en una pobreza abyecta, sometidas a la presión de balas que vuelan a diario, de un barrio lleno de fronteras mortales.

El pozo de donde Até y Asteria salieron durante un día se llama Cerrito Lindo. El dueño del lugar es un tipo flaco y larguirucho de 19 años que lleva el pantalón amarrado por un cinturón, una camiseta blanca de tirantes que le queda enorme y kilos de joyería: aretes, anillos y cadenas doradas con colgantes. Es su forma de mostrar autoridad. Até y Asteria, como todo lo que las rodea, le pertenecen a ese dueño. Se llama Mortal. Es el palabrero, o líder local de la célula del Barrio 18, la segunda pandilla más violenta de Latinoamérica, solo superada por la monumental Mara Salvatrucha.

De su boca, con dientecitos muy deshechos, salen pocas palabras. Se muestra tan amable como cauto. Mortal no cree que las mujeres, lo que tengan que decir, importe demasiado. Y gracias a esa minusvaloración del hombre hacia la mujer, hacia sus opiniones y sus vidas, ellas pueden expresarse –al menos hoy– y nosotras podemos entender qué papel juegan estas niñas, ya mujeres forzadas, en la pandilla.

A diferencia de El Salvador y Guatemala donde, desde principios de los 2000, las mujeres solo pueden trabajar sin posibilidades de ascenso dentro de la estructura criminal, Honduras es el último país de Centroamérica en el que las mujeres aún pueden ser pandilleras. Incluso jefas.

En Honduras la opción de ser lideresa es real.

Até y Asteria hoy son civiles –sin vínculo teórico con la pandilla–, pero colaboraron desde los 10 años con el Barrio 18. Tienen 15. Una colaboradora, o paisa –como solo las llaman en Honduras–, comienza vigilando las esquinas, pide y cobra extorsión a negocios, reparte comida a los homies –que es como se conoce a los hombres en la pandilla– cuida a los enfermos o baleados. Convertirse en lideresa llega mucho más tarde.

Asteria y Até pensaron en ser pandilleras, pero no pasaron de colaborar. Hace más de un año que ambas decidieron salirse del Barrio 18, una pandilla en la que formalmente nunca entraron, a la que en la práctica siguen totalmente vinculadas.

—¿Alguna vez les tocó matar a alguien?

Dos segundos de silencio.

—Eso no se dice, es algo muy íntimo, eso no se cuenta —dice Asteria en nombre de las dos.

El resto, matar o convertirse en lideresas, llega mucho más tarde. Quizás por eliminación. Si la familia fuese una pandilla, el rol de las paisas sería el de madres o esposas. Una etapa liminal, dicen los antropólogos. Un escalón intermedio entre no ser nadie y ser parte de la pandilla. Esa es la etapa que Até y Asteria viven bajo las indicaciones de Mortal.

El Gobierno hondureño sabe poco sobre pandillas y poquísimo sobre mujeres pandilleras. En general, solo conoce qué grupos operan en el país. Y en particular sabe que en el Barrio 18 hay mujeres cobradoras de extorsión. La Policía persigue a niñas como Até y Asteria. La autoridad policial necesita de etiquetas fijas para posicionarlas: cobradora de extorsión, informante de la pandilla, mujer de pandillero. Nadie menciona la posibilidad de liderazgo. El desconocimiento simplifica.

Las calles de las pandilleras

—¿Es común que las mujeres se metan en la pandilla?

—Sí —responde Mortal.

Cerrito Lindo está en el inmenso sector Rivera Hernández, uno de los barrios más grandes de San Pedro Sula, la ciudad más homicida del mundo hasta 2015 y ahora en el tercer puesto en la lista. Dentro del sector Rivera Hernández hay más de 100 colonias y asentamientos como este. Lugares bravos que evitan los sampedranos que sí pueden permitírselo.

Igual que la efectividad de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado es mínima, su perspectiva sobre lo que sucede en su propia ciudad es muy limitada. En 2015, seis pandillas se disputaban el sector. Tres años después, los vecinos dicen que ya son ocho. No es solo un polvoriento desorden de calles planas y casas de adobe, de pequeñas tiendas, de pulperías [establecimientos de alimentación]. Es un territorio en guerra.

Cerrito lindo es uno de los bastiones de la pandilla Barrio 18. Todos acá se saben bajo el dominio de Los números y, de alguna forma, en contra de la Mara Salvatrucha 13, MS o Las letras. Sus habitantes también temen a los Vatos Locos, –esa pandilla formada a raíz de la película Blood In Blood Out, de Taylor Hackford–, a la banda de los Olanchanos, a la pequeña pandilla de sicarios Los Tercereños, a los recién fundados Terraceños y a otro puñado de bandas y pandillas que se entienden entre sí con el lenguaje de los bandidos: los tiros.

Cerrito Lindo, el barrio de Asteria, Até y Mortal, debe su nombre a un suceso anodino. Acá hubo un cerro. Uno pequeño. La gente que invadió este territorio hace más de 40 años destruyó el pequeño montículo y en su lugar construyeron casas con lo que encontraron: plástico, bambú, barro. Con los años, añadieron ladrillos y cemento comprados en su mayor parte con remesas provenientes de Estados Unidos. Por el extinto montículo, lo llamaron Cerrito Lindo.

Este barrio tiene 0,08 kilómetros cuadrados, casi el mismo espacio que ocupa el estadio del Real Madrid. En ese lugar hubo 58 homicidios entre 2013 y 2017, según datos de la Secretaría de Seguridad de Honduras. Casi uno al mes. En el lugar conocido como Rivera Hernández, del que forma parte Cerrito Lindo, se registraron 224 homicidios en ese mismo periodo.

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Para llegar a Asteria y Até, tuvimos que hablar con su dueño. Eso significa llegar a Mortal. En Cerrito Lindo, todos le rinden pleitesía. Vecinos y pandilleros. Mortal determina con precisión en qué lugares podemos tomar fotos y en qué calles caminar. Todo es suyo. Se lo ha ganado a fuerza de sangrar y hacer sangrar.

Para que Mortal llegara a ser Mortal, primero mandaron Luchador, El Virus y El Malvado en la comunidad. En ese singular orden de nombres, pasaron los últimos cuatro líderes de la célula local del Barrio 18.

Mortal, que entró en la pandilla cuando apenas tenía diez años, cayó preso dos veces. Una fue pocos meses antes de que lo conociéramos, pero logró escaparse del centro de menores en el que estaba. Estuvimos con él en julio de 2018 y, en septiembre, volvió a la cárcel. Ahora un tipo con apodo de signo del zodiaco manda en Cerrito Lindo. Se llama Escorpión.

Las labores de jefe de clica, que es como llaman a su célula, la unidad más pequeña de una pandilla, no siempre son tan trepidantes como uno imagina. Pueden incluso ser aburridas, de una burocracia tan básica como repetitiva. El grupo de Mortal mata el tedio con cerveza, marihuana y cocaína frente al portón negro de una casa. Algunos están tan borrachos que les cuesta tenerse en pie. A Mortal no. Él no toma, no fuma, no se droga. Su vicio es ejercer el poder absoluto sobre este pedazo de tierra olvidada.

Sentados en el porche de un vecino al atardecer, le preguntamos sobre un tema extraño para él: las mujeres en su pandilla. No tiene el discurso preparado. Responde que son como los hombres. La diferencia son las razones de ingreso. “Ellas [se meten], a veces, por problemas en la familia, o por seguir a un homeboy [pandillero]”.

Las alusiones, demasiado obvias. Las mujeres, dice, “son traicioneras”. Los amigos celebran sus bromas y encienden, locuaces y entretenidos, sus cigarrillos. Hasta que irrumpen dos adolescentes confianzudas, con camisetas cortas, el pelo recogido, los labios rosas y los ojos delineados. En medio de la oscuridad de las seis de la madrugada, se hace el silencio hasta que cruzan el portón y se acercan al porche de la casa. 

Así es como conocemos a la Asteria de pelo rizado y ojos encendidos. A la Até, de pelo lacio y mirada apagada, pero pícara. Proponemos poner dos sillas más para hablar todos juntos. Pero los pandilleros nos dicen que entremos con ellas a la casa. No tienen interés en lo que hablemos con las niñas. Los hombres, fuera. Ellas, dentro. Mortal les cede el uso de la palabra.

Asteria y Até no son sus nombres. Es un artificio para ocultar su identidad. Sustituir sus nombres por unos convencionales es un riesgo porque podrían coincidir con los de otras jóvenes de similares características. Hay muchas mujeres con historias parecidas en este barrio. Cada una arrastra su propia mitología. La de su propia supervivencia.

Até es la personificación griega del arrojo y la irreflexión y Asteria es la hija de una guerrera perseguida por Zeus. Ambas son quienes avanzan sin pensarlo demasiado, en el combate y huyendo del resto de pandillas, de la Policía, siempre de alguien.

Si esa huida no se trunca, Asteria y Até, por haber nacido en San Pedro Sula, en un lugar controlado por las pandillas, llegarán a ser Artemis.

Artemis es una mujer flaca, brava y de piel oscura que roza los 40. Dirige un embrión de pandilla, que aún no tiene nombre, en una zona rival a solo unos kilómetros de donde Mortal impone su palabra.

Esta lideresa de un grupo de jóvenes que intentan ser pandilleros no se llama Artemis, pero ocultaremos su nombre con el de otra diosa griega. Una madre protectora de sus criaturas salvajes. De sus muchachos, de su propia pandilla.

Artemis, una mujer a la que la pobreza le ha deteriorado el rostro, no sería lideresa si su vida no hubiera comenzado como las de Até y Asteria. Artemis, de cabello desteñido, manos maltratadas de tanto lavar con detergente y pies callosos de tanto caminar sin zapatos, también se parece a Mortal. Artemis y Mortal son versiones diferentes del mismo problema. Son, además, los espejos en los que Até y Asteria se ven a sí mismas.

Las dos niñas fuman marihuana, beben, se meten cocaína y son parte del Barrio 18 desde los 10 años. Até y Asteria se conocieron en la calle, donde pasan el tiempo. Si algo se le parece a una familia en sus vidas es la pandilla. Asteria se lleva mal con su papá, vive extrañando a su mamá, que murió cuando tenía 10 años, y tiene un hermano en la pandilla.

Até también tuvo familia pandillera. Su padre fue miembro de una de las primeras pandillas de San Pedro Sula: el Barrio Pobre 16, un número neutro entre las dos pandillas más fuertes de Centroamérica, el Barrio 18 y la MS-13. El 16, número del que desciende Até, la vincula a través de líneas paralelas a Artemis, la protectora de las criaturas salvajes de varias manzanas más allá. Ella también perteneció a esa pandilla.

A Até su madre la abandonó cuando era una bebé. Su padre, el pandillero del Barrio Pobre 16, fue asesinado cuando ella tenía tres meses. Se crió con sus tías y su abuela. A los 14 años, Até quedó embarazada de un pandillero que no era su pareja en ese momento y tampoco lo es ahora. Notó su embarazo a los tres meses, cuando la barriga comienza a llevarse mal con los cierres de los pantalones.

Hablar de su hijo le incomoda mucho. Con las piernas cruzadas delante de la puerta, responde con silencio cuando insistimos en hablar sobre su maternidad. Solo admite con desconfianza que el bebé fue la razón para que dejara de ser paisa.

Para Asteria, salirse de la pandilla fue como una revelación. Cuando estuvo presa, por su presunta participación en el asesinato de un hombre, no podía dormir por las noches. Tenía miedo de estar sola, añoraba a una madre fallecida cuatro años antes como si acabara de morir. Dos meses después de entrar en la cárcel, un pastor evangélico le dijo que no iba a perder ese miedo a dormir sola mientras no se apartara del Barrio. “Yo decía: 'Nunca me voy a salir del Barrio, voy a morir por el Barrio”, explica Asteria. Pero se puso de pie hasta las 12 de la noche en la puerta de su celda, pensando en las palabras del pastor. “Y no me dio miedo”.

—Con esto de que no te sentís mamá, cuando lo ves, ¿qué pensás?

—Le pega en la boca. De puro gusto le pega. Qué madre más desmadrada —dice riéndose Asteria ante el silencio pícaro de Até.

Mientras Asteria charla sobre cómo es su amiga cuando hace de madre, pasa un gato y Até lo golpea, aplastándolo bruta, permitiendo su huida. Até pretende certificar las palabras de su amiga, haciéndose la dura, insinuando que es justo así, como a un animal ajeno, como ella trata a su bebé. Se ríen como locas.

Los problemas de la pandilla

—¿Cuáles son los problemas más frecuentes que tienen, ustedes los líderes, con las mujeres?

—Es que ellas son más sentimentales, así que ellas por amor pueden traicionar la pandilla — dice Mortal.

En Cerrito Lindo, la Policía pide la partida de nacimiento –el único documento de identificación para menores de edad en Honduras– a muchas niñas que, como Até y Asteria, no la tienen. De forma recurrente, los agentes buscan un argumento para detenerlas e interrogarlas sobre la pandilla con la que se mueven, el Barrio 18. Por eso, dicen ellas, es mejor que la Policía no sepa quiénes son.

En los últimos cinco años, los tres delitos por los que la Policía ha detenido a más mujeres son lesiones, posesión de droga y extorsión. El rumbo de las detenciones policiales de mujeres cambió en 2015, el año en que la extorsión se convirtió en centro del trabajo policial. La Policía detiene cada vez a más mujeres colaboradoras por asociarse con los criminales.

La Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNA-MP) –integrada por la Policía, el Ejército y la Fiscalía de Honduras– opera desde 2013 y es común que sus policías entren para hacer allanamientos en el sector Rivera Hernández, donde vive Até, y donde Asteria fue detenida a principios del año pasado y, según relatará después, golpeada.

En los últimos cinco años, la institución fue denunciada 60 veces ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; cinco de ellas en Cortes, el departamento en el que está el sector Rivera Hernández, sobre todo por abuso de autoridad a la hora de detener presuntos pandilleros.

—Si los policías llegan, uno se les tiene que esconder, uno tiene que correr —dice Até.

—¿Pero te van a hacer algo?

—Sí. A veces ellos abusan.

A principios de 2017, un día después del asesinato de un hombre en el que se implicó a Asteria, la FNA-MP derribó los dos portones de la casa de Cerrito Lindo en la que ella estaba con un grupo de homies. Asteria dice que los agentes de la FNA la pusieron contra la pared y la golpearon en las manos y las nalgas con una rama de árbol. “Empiecen a rezarle a Dios porque se van a morir”, dice que les dijeron.

A Saúl Morales, portavoz de la FNA-MP, no le coinciden las denuncias registradas con las que cree tener. “Muchas, muchísimas, como 300 denuncias. Yo he recibido tantas que no las puedo contar”, dice este joven agente de pelo cortado a cepillo, que pide no ser fotografiado. Cuando se le pregunta por el caso de Asteria, no se muestra sorprendido. “A veces se nos ha ido la mano”, admite, como si fuera lo más normal, al hablar de la brutalidad policial. “Si ha sucedido, nos hemos dejado llevar por el momento”.

La piscina del hotel

—¿Podemos llevar a las niñas mañana a la piscina?

—Sí, no hay rollo [problema]. Delen —contesta Mortal.

Las niñas del barrio tienen pocas opciones para divertirse, menos aún si son pandilleras. Jugar al fútbol es uno de los pocos entretenimientos de la zona, pero las competiciones están restringidas a los sectores que cada pandilla domine. Si un joven es de una zona dominada por el Barrio 18, solo puede jugar en otro barrio de dieciochos. Y si es mujer, su diversión se complica más: para las que viven en zonas de la 18, solo existen cuatro equipos con los que jugar.

Até y Asteria no tienen dinero para comprarse zapatos de fútbol y tampoco tienen su acta de nacimiento a mano. Ambas cosas son necesarias para inscribirse en el torneo. Por burocracia, por dinero y por muchas y desiguales razones, buena parte de la diversión de Até y Asteria se llama violencia.

Para ser pandillero, hay que recibir una paliza. Se llama brinco. El brinco lo dan los futuros compañeros del golpeado. Si es para ingresar a las filas del Barrio 18, son 18 segundos. Así consiguen un apodo, que se llama taca, y tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Si usáramos la metáfora del brinco como un nacimiento –simbólicamente lo es– la adjudicación de la taca sería un bautizo. Ahí la explicación de por qué Mortal es Mortal.

En Honduras, si son hombres, serán golpeados por tres hombres. Si son mujeres, serán dos mujeres y un hombre los que las golpeen. Este ritual de paso implica, en sus códigos, un gran honor –no hay pandillero que olvide su fecha y sus padrinos, el día que adquirieron su poder y su estatus–. Mortal dice que no hay diferencia entre las funciones o el rango al que pueden aspirar pandilleros y pandilleras.

Si Asteria y Até se hubieran brincado, en teoría habrían podido aspirar a un puesto como el de Mortal, aunque en su zona no hay ninguna mujer liderando una pandilla oficial. Porque lo que lidera Artemis, aunque se parece, todavía no es una pandilla. Pese a que hace un año que estas niñas dicen haberse apartado del Barrio 18, cada noche los buscan, les hablan, ríen con ellos, les piden cosas y se dejan pedir.

—Porque ante los ojos de Dios y del Barrio todos somos iguales —dice Asteria.

—Ni uno se mira más, ni una se mira menos —responde Até.

—Porque todos la rifamos igual —exclama Asteria.

—La rifábamos —puntualiza Até.

—La rifamos todavía —ríe Asteria. —Damos la vida por el Barrio —confirma.

—¿Qué implica para ustedes ya no estar en el grupo?

—Estamos cagadas [con miedo] —responde con seriedad Até.

La extorsión es un delito vinculado a las pandillas: extorsionan para sobrevivir, malvivir y comprar armas. Un delito por el que los pandilleros son acusados también de terrorismo. En Honduras, el aumento de presos por este delito entre 2016 y 2017 fue muy alto: pasó de 350 personas a 1.103. En el caso de las mujeres, en cinco años hubo un aumento del 47%, pasando de 219 a 321 presas.

Durante los últimos tres años, las dos niñas se dedicaron a extorsionar para el Barrio 18. Un día por semana, visitaban pulperías, pedían entre 100 (4 dólares) y 500 lempiras (20), según el tamaño del negocio. Algunos propietarios cerraban para evitar pagar lo que se llama impuesto de guerra. El costo de cerrar o no pagar puede ser muy grande: el asesinato. Ellas tenían que dar la recaudación completa del día a la pandilla. Si faltaba una lempira, iban a ser “corregidas”. La corrección significa recibir una golpiza. Lo más parecido al brinco que iban a experimentar.

Las niñas dicen que ya no trabajan para la pandilla, pero le hacen favores. Un favor puede ser cualquier cosa. Un favor puede ser hacer gratis exactamente lo que hacían antes por un salario variable de 20 dólares semanales. Ellas se reivindican como independientes. Dicen que odian que cualquiera, en general, les mande, sobre todo Asteria. Pero están dispuestas a hacer muchas cosas por el Barrio 18. Porque quieren. Estar cerca, dentro o fuera parece casi lo mismo.

—¿Qué es hacer un favor cuando ya no estás obligada?

—Si uno quiere, me dice: “Mirá, andá a traer tal cosa”. Si yo quiero, voy a ir. Si no, no voy —dice Asteria con vehemencia.

—Pero usted sabe que si una puede hacer un favor, siempre lo va a seguir haciendo —matiza Até un minuto después.

—Y cuanto más va haciendo uno, más se va involucrando.

—¿Por qué creen que si ya no son paisas confían en ustedes?

—Cuando yo me salí, les dije: “Cuando yo pueda, les puedo tirar esquina [vigilar], mover esto o comprar esto” —dice Até.

—Siempre hay una parte activa hacia la pandilla, solo que no somos nada. Si caemos en la cárcel por algo del Barrio, somos tiraesquinas [vigilantes] nada más, no tenemos derecho a nada del Barrio.

—¿Pero hacerles favores sin el salario de antes?

— ¡Ah! Pero nosotras los extorsionamos —añade Até, a carcajadas.

Extorsionar como sinónimo de pedir. Unos lempiras, un porro, cocaína, una cerveza, algo de comer, un lugar donde dormir. Seguir formando parte de algo, de una familia, de una ruta, de una senda directa hacia la nada, hacia un futuro que, de llegar, será parecido al de Artemis.

La enemiga del Barrio 18

—¿Las mujeres pueden ser líderes, como ustedes?

—Sí, sí ha habido. Ahorita no, están presas, pero si ha habido locas que han sido pesadas. Congras [líderes mujeres], pues —defiende Mortal. 

En el mismo sector de San Pedro Sula, en el sector Rivera Hernández, a 10 minutos de Cerrito Lindo, está el lugar donde Artemis trata de proteger a su grupo de criaturas salvajes a medio cocer entre la pandilla y el grupo revoltoso de amigos violentos. Es su matriarca. Les enseña el deber ser del pandillero. Los instruye para la guerra, guarda sus armas y les corrige cuando fallan. Pero también los cuida. Los alimenta y les cura las heridas. Si logra convertirlos en pandilla se protege a sí misma. Le está costando.

La vida empujó a Asteria y Até a la pandilla desde la familia, ausente y disfuncional. Para Artemis todo empezó en algún lugar similar, buscando compañía y protección. En sus múltiples amores con pandilleros de todas las castas y pelajes. La historia para ellas es una serie de repeticiones con nada de farsa y mucha tragedia.

Antes de estar al frente de este grupo de niños armados, Artemis fue como Asteria y como Até. Una chica flacucha y avispada, con una familia muy pobre para la que suponía una carga. Salió embarazada a los 17 años de un miembro respetado de los Vatos Locos, esa pandilla inspirada por Hollywood. Y desde entonces ha tenido un azaroso vía crucis por varias pandillas del Rivera Hernández.

Una vez destruida y disuelta su pandilla original, la Barrio Pobre 16, la que compartió con el padre de Ate, también colaboró con el Barrio 18. Caminó con ellos, les ayudó, llevó recados, les dejó entrar en su casa y en su cuerpo. Pero a los suyos los mataron. Terminó el Barrio Pobre 16 y el Barrio 18 fue exterminado de esta colonia. Ella se salvó.

Cuando las demás pandillas empezaron a acercarse a reclamar el territorio, Artemis, en lugar de huir o morir, aprendió a sobrevivir. Su opción fue ayudar a un grupo de niños y adolescentes a organizarse en lo que ella conocía tan bien: la pandilla. Desde hace dos años, bajo su dirección, protección, experiencia, una desarrapada mezcla de jovencitos pelea contra el Barrio 18, la Mara Salvatrucha 13, los Vatos Locos y toda pandilla o autoridad que asome las narices por las pocas calles y callejones que ellos controlan.

La lucha por el territorio también incluye a la Policía, para ellos, un agresor más. Cuando Artemis habla de la Policía, cuenta cómo en varias ocasiones han entrado a sus casas disparando y amenazando. Cómo los policías corruptos se llevan objetos de dentro de las casas porque, supuestamente, son robados. Para muchos, no son tan diferentes a los criminales. Pero lo que más le preocupa de los policías no es el robo. Es que cuando los agentes capturan a sus muchachos, dice, siempre los torturan.

De Artemis dependerá si se vuelven un grupo más en el panorama salvaje de la ciudad o si se disolverá y cada quien huirá por su lado. Por el momento se contentan con vender pequeñas porciones de cocaína de mala calidad y dispararse casi a diario con miembros de la MS13, que también quieren gobernar el pequeño territorio.

Tres mujeres. Un mismo rumbo. Até y Asteria chapotean en la cola, tratan de salir a flote en un barrio que es un lodazal violento. Artemis sobrevive por eliminación, a modo de cabeza visible de una hidra en guerra, que cualquier día puede ser cortada, sacrificada, eliminada por los hombres de Mortal, en otro barrio violento.

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Este reportaje forma parte de la serie 'Las colaboradoras', un proyecto periodístico sobre el papel actual de las mujeres en las pandillas de Centroamérica. Una iniciativa de El Intercambio financiada por Internews, en alianza con el antropólogo salvadoreño experto en pandillas Juan Martínez D’aubuisson.El Intercambio Internews

Texto: Elsa Cabria, Juan Martínez D’aubuisson y Ximena Villagrán / El Intercambio

Fotografías: Oliver de Ros / El Intercambio

Edición: Alberto Arce / El Intercambio

El nieto de doña Rita, de quince meses, lleva preso desde que nació. Su mamá lo tuvo en el hospital, pero el mismo día regresó a prisión con el bebé. Una playera rosa con un 18 impreso cuelga encima de la cama que comparte con ella, en una de las habitaciones de la prisión, el recinto materno infantil de la Penitenciaria Nacional Femenina de Honduras.

Debajo de la playera hay fotos del niño, de su hermano de siete años rodeando un corazón rojo de papel. Al bebé se le ve bien, aunque la policía golpeó a su mamá con un tubo las piernas, la cabeza y la panza cuando él estaba adentro.

Convive en la habitación con otras cinco madres y sus niños. Puede salir de casa cuna con su mamá de cinco de la mañana a cuatro de la tarde que las custodias cierran las puertas, pero pasa en su cuarto la mayor parte de sus horas. El ocio penitenciario es exactamente esto: su mamá no tiene más que hacer y tampoco él.

Es un azul sábado de julio. El nieto de doña Rita hoy va a salir dos semanas. Los niños que viven con sus mamás encarceladas tienen derecho a salir con su familia. Doña Rita no lo saca desde hace dos meses, dice. Y cada vez que sale, el niño no entiende lo que es un bus, un carro, una moto.

“Todo lo que es de una ciudad, es nuevo para él”. Hoy, como siempre, lo pondrá en la ventana del bus que les lleva a su casa a dos horas de distancia de la prisión. “Observa bastante… Sí se le nota algo de cambio [cuando sale]”.

A las ocho de la mañana, el sol aplasta las cabezas de los familiares de las presas que avanzan lentos en una fila para ingresar a la Penitenciaria de Adaptación Social Femenina (PNFAS), en Támara, a cuarenta minutos en carro de Tegucigalpa, en un día de visita.

Este es es el único centro penal de Honduras donde sólo hay mujeres y donde viven niños hasta la edad que la legislación lo permite: cuatro años. Estos niños nacen con la condena de que sus madres están presas en Honduras. Tienen el derecho a la alimentación condicionado, porque dependen de la buena voluntad de unas pocas organizaciones, que algunas además dependen de fondos internacionales.

El Estado no da presupuesto para comprar comida, cunas, camas o pañales. Como sus mamás no tienen empleo y no hay una guardería, el único beneficio que tienen los niños que crecen en la Penitenciaria es la compañía permanente de sus madres.

Además de su bolso y una bolsa de deporte, doña Rita carga un paquete de pañales y tres bolsas con leche, pañales, toallas húmedas, compota, papas y huevos. “Todo lo necesario para un bebé”, dice ante el silencio observador de su hija pequeña.

La tímida doña Rita, que no dice su apellido, lleva todo lo necesario para un bebé porque el Instituto Penitenciario hondureño no se hace cargo de la alimentación, vestuario, pañales y medicamentos de los hijos de las mujeres que llegan embarazadas o que se quedan embarazadas en prisión.

La manutención de los menores depende de la caridad

El Estado sólo ofrece a los niños el encarcelamiento. PNFAS tiene una sector para las madres y los niños, llamado casa cuna, pero la manutención de los menores es un asunto de disposición: o son las familias las que apoyan o son ONG o iglesias.

Doña Rita gasta unos 160$ (2,500 lempiras) mensuales en el niño. Esta es una historia de buena fe. “Claro que no son las condiciones adecuadas, pero así se dieron las cosas. Y por motivos ajenos a su voluntad, [el niño] tiene que estar aquí”, dice la abuela que accede a platicar sólo seis minutos, de espaldas a la cámara, tras salir de su visita, porque la mamá del niño le dice que no hable.

Su hija pequeña carga al nieto de Rita y no abre la boca. Una larga cola de pelo negro es la imagen que muestra esta mujer que supera los sesenta y que no quiere decir por qué está su hija en prisión. “¿Es necesario?, mejor no”.

En Honduras no había un reglamento de visitas hasta 2016. Ahora, un visitante tiene que acreditar que es familiar o tiene un vínculo cercano, avisar con cinco días de antelación y presentar un montón de papeleo, incluyendo tres fotos y antecedentes penales, para que reciba un carnet de visita que tiene vigencia de seis meses. Y está prohibido, además de llevar llaves, monedas, teléfonos o gorras, que llegue a la visita vestido de color verde, gris o naranja.

En el alboroto de la sala de visitas, en la que la mayoría de visitantes son mujeres, la familia de Rita está sentada en una mesa, que pagan por usar, alrededor del niño que pasa de mano en mano. Sara González, -nombre ficticio porque no quiere dar su nombre real-, sentada en su silla, mira con desconfianza. Sólo funcionan cuatro de nueve ventiladores.

El griterio dificulta hablar con ella, más aún escucharla, toca acercarse a su oído en la sala de visitas, una amplia bodega industrial de paredes verde menta, a la que se accede por una estrecha puerta negra custodiada por una guardia que prohíbe el acceso de visitantes vestidos de blanco o negro, aunque el reglamento de visitas dice que solo están prohibidos el verde, el naranja y el gris.

“Mi hijo cree que trabajo aquí”

La nave, separada por un patio con dos subibaja abandonados, queda enfrente del sector donde viven las mujeres de la pandilla Barrio 18. Detrás de la mesa de Sara, la madre del niño de quince meses que lleva presa desde febrero de 2016, hay puestos de peluquería, de licuados, de manicura y de bordados, que apenas reciben clientes.

Ella es una veinteañera con un fino piercing plateado sobre sus labios gruesos, con grandes ojos retadores. Dice que está encarcelada por asociación ilícita, portación de armas y de drogas. El hijo mayor de Sara González tiene siete años y vive con su papá. Cada hijo es de padre distinto. Pero con el padre del bebé no tiene relación. Aunque venía a visitarla, ella no quería nada con él desde que estaba embarazada y le dijo que no regresara.

El niño mayor ya visitó a su mamá, pero no sabe que está presa. “Él me cuenta que le han dicho que ella trabaja aquí”, dice la abuela del niño, cuya madre escucha, pero no quiere hablar mucho. Es una mujer que, de primeras, elige el recelo. Dice que la agarraron con cuatro amigos de la pandilla Barrio 18 en una casa.

El Barrio 18 es junto con la Mara Salvatrucha, una de las pandillas más grandes, sanguinarias y temidas de Centroamérica y a la que el presidente, Juan Orlando Hernández, ha calificado como una de las mayores amenazas del país.

“Tenía dos caminos: o me matan o me meten en prisión”

González no dice que sea pandillera, tampoco abunda en qué pasó para que la detuvieran, pero no es cínica: “Sabiendo en lo que uno anda, uno sabe lo que le espera. Yo tenía dos caminos: o me matan o me meten en prisión”, dice con mucha seriedad. Han pasado cuatro días desde la primera plática. Sara González agarra del brazo para saludar.

Es una mujer que, de segundas, elige la proximidad. Pero la prisa de la situación impide la plática distendida: el Instituto Hondureño Penitenciario ha restringido mucho el acceso de medios de comunicación a cárceles y es el comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev), un organismo autónomo estatal que verifica la situación en las cárceles, quien acompaña a los periodistas.

Es una visita de dos horas exclusivamente al área de casa cuna, dentro de la prisión, tras la negativa del Instituto Penitenciario a conceder el ingreso. Hay mujeres, muchas, la mayoría, en PNFAS, que nunca reciben visita familiar o de amigos. Dependen de lo que les den otros.

Sara González y su hijo son una rareza: nunca le ha puesto pañales de tela, siempre desechables. Ella tiene dinero para pagar sus aseos (limpieza de su espacio). Sabe que en casa cuna reciben donaciones que les permiten vestir, alimentar y dar medicamentos a sus hijos.

“Me ayuda mi familia, pero nosotras comemos por el proyecto, no por el Estado”, dice firme. Con el proyecto se refiere al apoyo de la ONG hondureña Andar, que con un proyecto de 19 meses en casa cuna, es la principal donante de alimentos para los niños, además de pañales, cunas, trabajo de estimulación temprana y asesoría legal.

También es relevante la ONG italiana Dokita, que con fondos de la Unión Europea, entre 2011 y 2014, remodeló la casa cuna y la guardería, que entonces estaba funcionando, y compró estufas, microondas, camas, colchones, cunas, inodoros, duchas, botiquines y arregló el sistema eléctrico.

En 2016 entró Caritas en su lugar, reemplazando las camas, cunas, microondas y botiquines. A veces, la Conaprev recibe pañales y ropa de oenegés para los niños. El Estado limita sus funciones en la atención a los menores: da el espacio, las camas y las cunas, busca medicamentos o vacunas a solicitud de la doctora del centro y envía a los niños al hospital si tienen alguna enfermedad que ella no pueda atender. Pero hasta ahí.

Antes de entrar en prisión, Sara González estudiaba bachiller en computación. Le faltaban dos años para graduarse. Un año después, duerme con cinco mujeres y cinco niños más en una habitación de casa cuna, un espacio donde la convivencia no siempre es fácil.

A veces, hay peleas en el área materno infantil. Porque un niño pegue a otro cuando sus madres no están mirando, la situación se puede volver crítica. Una mamá puede llegar a sacar su arma, dice, y la Dirección de Niñez y Adolescencia (Dinaf) se lleva a los niños a un hogar si el asunto llega a mayores.

En su primer cumpleaños en prisión, al hijo de González le hicieron pastel en casa cuna. Su mamá señala al fondo de la ruidosa sala de visitas en dirección a una mujer con trenzas. A ella le quitaron a su hija por una pelea fuerte. “Por eso yo prefiero cuidarlo a él”, dice esta mamá que, como muchísimas, no se separa de su hijo ni un metro.

Este reportaje forma parte del especial “Niños Presos” un proyecto de El Intercambio con Facum.especial “Niños Presos”

El Superintendente de Administración Tributaria de Guatemala, Juan Francisco Solórzano Foppa, se pronunció este miércoles acerca de la necesidad de mecanismos de fiscalización al sector azucarero de ese país, tras la publicación de “El cártel del azúcar de Guatemala”, una investigación de eldiario.es con El Faro.

Esta investigación se enmarca dentro del proyecto 'La tierra esclava', una radiografía económica y humana de las grandes plantaciones que consumimos en Europa. Un proyecto de investigación desarrollado durante un año que analiza cinco plantaciones: azúcar, cacao, banana, palma africana y café.

En el caso del azúcar, eldiario.es reveló que un grupo de siete familias han estado detrás del 88% del azúcar producido en Guatemala desde 1983 y que están vinculadas a decenas de sociedades en paraísos fiscales.

El Superintendente Solórzano Foppa se pronunció en Twitter sobre los usos que las empresas azucareras del país hacen de sus sociedades en países como Islas Vírgenes Británicas y Panamá y la incapacidad del Estado guatemalteco para fiscalizarlas, después de que esta mañana dos reporteros de la investigación 'La tierra esclava' participarán en el programa de radio ConCriterio.

Solórzado Foppa asegura que para que Guatemala sea capaz de fiscalizar el pago de impuestos de los exportadores de azúcar necesitan medidores de graneles, acceso a cuentas bancarias de otros países, acuerdos de fiscalización en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y bases de datos de precios de transferencia, que les permitiría saber si el precio de venta del azúcar al extranjero es el precio que se maneja en los mercados internacionales o estos precios se están infravalorando.