El tiempo es un juez implacable, pero a Feijóo no le ha hecho falta demasiado para quedar completamente al descubierto. Aunque se vista de moderado, la realidad y sus propios hechos lo desnudan. 

Lo acabamos de ver de nuevo con la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, también conocida como “ley del aborto”, aunque sus avances van mucho más allá y recoge una gran cantidad de medidas nuevas para, precisamente, garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Llevamos casi 40 años de debate sobre el aborto y en lo sustancial nada ha cambiado: con el PSOE se avanza en derechos y con el PP, retrocedemos. 

En 2023, como en 1985 hizo Alianza Popular, el PP de Feijóo ha votado no a la ley del aborto. La única diferencia es que lo ha hecho con más hipocresía: en el Senado ha firmado la iniciativa socialista para evitar protocolos como el de Castilla y León, que pretendía interferir en la voluntad de las mujeres, y, al mismo tiempo, ha mantenido el veto a la totalidad de la ley votando en contra.

¿Se puede estar a favor de la libertad de las mujeres y, a la vez, en contra? No. Y Feijóo queda desnudo en ese intento equilibrista de mostrarse moderado en sus declaraciones y en su apoyo a nuestro texto, sin dejar, al mismo tiempo, de hacer todo lo posible para que la norma no se apruebe. 

Por suerte, los tiempos en que la derecha decidía cuál debía ser la moral de la sociedad quedaron atrás. Hoy, el 83% de las españolas y españoles está a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. Esto sitúa a España como uno de los países con más consenso social en la materia, incluso entre los votantes de derechas, y al PP y a Vox como dos partidos presos de moralismos caducos y desconectados del país moderno que somos. 

Puede que ni el propio Feijóo tenga clara su postura. Pero ante la duda, sigue el patrón habitual en su partido con cualquier avance social impulsado por los gobiernos progresistas: vota en contra, se manifiesta en contra, después pide a los tribunales que se pronuncien en contra y al final acaba diciendo que nunca estuvieron en contra. Lo cierto es que hoy, como en 1985, el PP sigue en contra de cualquier derecho que amplíe la libertad de las mujeres.

Mientras siguen manoseando de modo obsceno e interesado la palabra libertad, las mujeres españolas tenemos que seguir peleando en pleno siglo XXI contra las trabas de la derecha para ejercer lo que verdaderamente es nuestra libertad; para ser libres, para ser iguales, y para ser respetadas.

Porque, ¿qué hace pensar al PP y Vox que las mujeres no tomamos decisiones importantes desde la responsabilidad, como para pedir que se mantengan los tres días de reflexión antes de proceder a un aborto? ¿Creen que las mujeres no somos capaces de reflexionar sin que se nos imponga por ley? 

Cuando decidimos interrumpir un embarazo no deseado lo hemos pensado. Lo hemos reflexionado con quien lo hemos considerado. Y no queremos que nos estigmaticen por esa decisión. Por eso, entre otros muchos motivos, necesitábamos esta ley. Un nuevo avance para las mujeres al que Feijóo ha votado en contra, quedando al desnudo. Demostrando, una vez más, que lo de su moderación es puro teatro.

El Pleno del Senado acaba de aprobar los Presupuestos Generales para 2022, sumando el apoyo de cuatro nuevas fuerzas políticas en la Cámara Alta. Las cuentas entrarán en vigor el 1 de enero, tras su aprobación definitiva en el Congreso la próxima semana, con una mayoría parlamentaria que pone de manifiesto dos cosas. La primera, que, frente al ruido generado por la derecha, España tiene un Gobierno estable que aprueba sus segundas cuentas consecutivas en tiempo y forma. Y la segunda, que hay una mayoría social que ansía que el país salga bien de esta crisis: creando empleo y nuevos derechos sociales, protegiendo a los vulnerables. Una mayoría responsable, que, desde la pluralidad, ha sabido entender que hay que arrimar el hombro para recuperarnos de uno de los peores momentos de nuestra historia.

Una mayoría con sentido común, consciente de que no podemos volver a las nefastas fórmulas que se utilizaron para salir de la anterior crisis, con recortes y bajadas salariales para la clase trabajadora y sembrando desigualdad. Si hay algo claro que hemos aprendido es que no hay recuperación justa si no somos capaces de llevarla a todos los hogares, si dejamos atrás a la mayor parte de la ciudadanía. La recuperación tiene que ser compartida.

Los Presupuestos que ha elaborado el Gobierno y ha aprobado el Senado por una amplia mayoría son el instrumento necesario para salir de la crisis con justicia social. Apuestan por un crecimiento estable y duradero. Representan la política de lo cotidiano, de los cuidados, de las necesidades sociales. Y también de la descarbonización y la digitalización de la economía, de un crecimiento compatible con los límites del planeta y la protección de la biodiversidad. Son, en suma, los Presupuestos para que tras la catástrofe pandémica no nos arrastre otra catástrofe, la ecológica, la social, o ambas.

Duplican la inversión para los jóvenes, protegen el poder adquisitivo de los mayores, apuestan por las PYMES y autónomos, refuerzan el combate contra la desigualdad de género. Desigualdad que es el marco propiciatorio de la mayoría de las violencias que sufren las mujeres. Son los Presupuestos del empleo, las políticas sociales, la modernización del país y de sus servicios públicos.

El Partido Socialista ha hecho posible que estos Presupuestos entren en vigor el 1 de enero gracias, fundamentalmente, a su capacidad de aunar a una mayoría plural y responsable que desea impulsar un proyecto común y de futuro para el país. Gracias al sentido del deber de un partido de Gobierno capaz de articular mayorías, de vertebrar un país, de unir esfuerzos y de tender la mano a nuestros adversarios políticos, con honestidad pero con firmeza a la hora de llevar el país a donde es más justo para todos. Porque los socialistas miramos más allá de las diferencias, y también más allá del tuit viral de hoy, del titular incendiario de mañana. Y gracias también a las fuerzas políticas que han comprendido la trascendencia del momento y se han sumado al propósito común, desde la discrepancia pero con altura de miras, con buenas propuestas, con la generosidad que se le supone al liderazgo, también y de forma muy especial al liderazgo político.

Somos el partido que más se parece a Europa, donde los gobiernos multicolor, que integran distintas sensibilidades en aras de un objetivo común que les concierne y les trasciende, son cada vez más frecuentes y tienden a ser norma. El PSOE hace mucho que fue capaz de entender que lo plural -y plural es España, afortunadamente- ha de saber entenderse en beneficio de un bien superior, el de nuestra ciudadanía, el de la democracia.

Somos también, y especialmente, el partido que más se parece a España. Un país que, harto del frentismo, del bloqueo y de la pérdida de derechos, exige a sus representantes la capacidad de llegar a acuerdos en un contexto de retos y dificultades, de muchos partidos y muchas pluralidades. Nuestra acción, desde el Gobierno y las instituciones, responde a ese sentir.

El respaldo mayoritario a los Presupuestos nos deja varios mensajes claros. Mientras el PP se atrinchera en un rincón con Vox, somos más los que queremos avanzar. Este país prefiere los acuerdos a la confrontación.

Contra el frentismo y la improvisación de una derecha escorada en el extremismo y la política espectáculo, prevalece el indiscutible deseo de una España moderna que apuesta por un progreso más estable, equitativo, duradero y respetuoso con el planeta. Una España que destaque en igualdad, derechos sociales, cohesión territorial y transición digital y ecológica.

España cuenta con la actitud constructiva y el sentido de Estado del Partido Socialista para unir su pluralidad, para dar al país la estabilidad que necesita, para legislar y gobernar para todos y con todos.

Estos días asistimos muy preocupados a la justificación del desorden social acompañado de un falso debate entre autoridad y autoritarismo. La aspiración al orden ha sido habitualmente atribuida a la derecha al confundirse con autoritarismo. Sin embargo en este inicio de siglo y, por la parte que nos toca en Catalunya, parece que han cambiado las tornas. La búsqueda del orden la podemos traducir hoy en la búsqueda de certidumbres frente a los cambios que ha traído el siglo XXI y también al ejercicio efectivo de los derechos que ya están reconocidos, como el  derecho a la protesta que deben ser compatibles con el trabajo y la educación.  Voten a quien voten, los ciudadanos deben hacer frente a injusticias como la precariedad laboral, la sospecha permanente sobre el sistema de pensiones público, la competencia de países con salarios bajos que causan la deslocalización de nuestras industrias, la competencia de líderes tecnológicos globales que dominan por entero mercados como la publicidad por internet y no pagan los mismos impuestos que las empresas a las que desplazan, la emergencia climática y las migraciones económicas.

Ante estos retos abundan los proyectos políticos que ofrecen la fácil solución de echar la culpa a un elemento exterior. El último en escribir sobre ello ha sido Thomas Piketty, en su libro reciente Capital e ideología incluye unas páginas bajo el significativo título de “La trampa separatista y el síndrome catalán”. En ellas, el economista francés muestra cómo el independentismo tiene unos postulados opuestos a la mayor integración europea que él propugna como vía de progreso.

Ahora, después de la sentencia de Tribunal Supremo, los partidos independentistas tienen la opción de mantenerse en la confrontación y asumir las incertidumbres que conlleva para la sociedad catalana o bien de superarla. La falta de coherencia y rivalidad entre JxCAT y ERC ha causado que la Generalitat no tenga presupuesto durante los últimos tres años, renunciando así a disponer de la principal herramienta para mejorar los servicios públicos como la sanidad o la educación y la políticas sociales como la vivienda o la atención a la dependencia. La aquiescencia del conseller de Economía Pere Aragonés con las falsas huelgas que impiden el suministro a SEAT así como con la campaña del consum estratègic causa auténtica preocupación en la gran mayoría de empresas que ven perjudicado su normal funcionamiento y que no consiguen obtener el sello patriótico de la ANC. La mera presencia de la unilateralidad en el debate político causa que la mitad de Catalunya no abandone el sentimiento de exclusión que sintió de forma aguda en el otoño de 2017. La insistencia del vicepresident en que Catalunya sufre un déficit fiscal “sangrante” solo consigue que cualquier analista extranjero vea nuestra política provista de un acusado tono brexiter, que promueve la insolidaridad de las regiones más ricas. Rematamos la descripción de la situación catalana con el saludo fraternal de  Salvini a las marchas independentistas que formaron parte de la agenda oficial de los Consellers y Conselleres del Govern Torra/Aragonès.

Priorizando el objetivo de obtener el poder en vez del interés general, simpatizando con boicots nada encubiertos en vez de trabajar por el regreso de las empresas que se han ido, apoyando explícitamente tsunamis sin fecha de caducidad en vez de comprometerse a respetar las reglas del juego, y reiterando la existencia de un inexistente expolio fiscal cuando la realidad es que aproximadamente Catalunya paga por renta y recibe por población, los partidos independentistas cronifican un estado de incertidumbre perjudicial para todos, voten lo que voten. 

Estas semanas estamos viviendo episodios de violencia nunca antes vistos en Catalunya. Los límites del proyecto independentista han supuesto la frustración vital de una joven generación a la que se le prometió resolver todos sus problemas en 18 meses con helado de postre a partir de un falso mandato ciudadano.  Jóvenes socializados en el rechazo a España con la frustración transformada en furia y sin la autoridad que se debiera esperar del Govern de la Generalitat. El mundo al revés: dirigentes de ERC y el mismo Presidente al grito de “apretad” envían a ocupar infraestructuras y luego piden depuración de responsabilidades entre el Cuerpo de Mossos d'Esquadra.

En Catalunya estamos viviendo como el desorden del siglo XXI ha afectado gravemente a nuestra sociedad: la tensión identitaria y la ruptura de la legalidad ha puesto en cuestión la convivencia entre catalanes. Hoy sigue siendo necesario un proyecto de orden que repare la institucionalidad del autogobierno a partir de una administración pública que proteja y garantice los derechos, promueva la igualdad de oportunidades y contribuya al desarrollo económico. Lejos de los planteamientos que han despreciado la Generalitat de Catalunya por ser una institución autonómica, podemos asegurar que potenciarla es la única manera de poder aplicar un programa que revierta los recortes, acabe con la corrupción del pasado y proponga una agenda de futuro. La desaceleración de la economía y la memoria de la crisis cuyos efectos aún no hemos revertido completamente deberían servir para no jugar con las cosas de comer y, antes que nada, trabajar para facilitar al máximo que la sociedad pueda ejercer su derecho a la tranquilidad.

Una patria sin derechos es sólo una bandera en manos de los agitadores del nacionalismo y la extrema derecha. Un país debe cuidar a los suyos y cooperar con el resto de países. Hoy un proyecto de orden, de equilibrio, que pretenda dar certidumbres hoy solo puede ser un proyecto democrático, social y de derechos. Los valores compartidos de libertad, justicia, igualdad y fraternidad sólo pueden ejercerse en una sociedad en la que los poderes públicos gocen de la confianza ciudadana por estar al servicio del bien común y no de una ideología. Hoy son las clases medias y trabajadoras las más necesitadas de orden, frente a otras clases más favorecidas que pueden permitirse aventuras.

Además se da la circunstancia de que la apuesta de todos por un marco estable con respeto a la ley es el primer paso para conseguir el diálogo y los acuerdos con mayorías reforzadas que necesitamos. Apostar por el orden no significa para nada tener que renunciar a la defensa de un proyecto político o a la crítica de sentencias judiciales. Significa, eso sí, abandonar un activismo de confrontación que deteriora todavía más la convivencia y alimenta actitudes nada pacíficas. En esencia, significa reivindicar lo que se considere oportuno pero garantizando la estabilidad. Ésta es imprescindible para alcanzar acuerdos que impulsen las instituciones catalanas, garanticen la convivencia y recuperen la fraternidad con el resto de España.

“Hem celebrat un Consell Executiu extraordinari per ratificar conjuntament amb el vicepresident i els consellers i conselleres la voluntat de convocar els ciutadans i ciutadanes del nostre país, en exercici del legítim dret a l’autodeterminació que té una nació mil·lenària...”. La literalitat de les paraules del president Puigdemont, amb foto de família al Pati dels Tarongers inclosa, recorda aquella marxa del compositor britànic Elgar, Pompa i circumstància, bé, en aquest cas pompa i cara de circumstàncies, perquè, sense haver-hi cap acord del Govern, calia mantenir la tensió dramàtica per a mantenir mobilitzat l’electorat independentista. Son exigències del guió.

En els darrers dies s’ha accelerat el procés polític a Catalunya. Si la data límit de tot és el setembre, Puigdemont ho farà durar fins el primer d’octubre. Cada dia que passa menys somriures i més tensió als gestos. Cada acte amb intervencions més bronques. Cada cop més irreflexiu, més unilateral i menys mobilitzador. Cada cop més sols. L’objectiu a les intervencions: fer-nos creure que Espanya és un Estat autoritari i que les institucions espanyoles reprimeixen el poble català amb l’argument que Espanya comença i acaba en el Partit Popular.

Obliden el necessari respecte i preservació de la pluralitat de la societat catalana, on aquelles que creiem que un referèndum sobre la independència no és la solució a un millor encaix de Catalunya en el conjunt d’Espanya som tant catalanes com els que pensen que sí?

Obliden que els 72 diputats que donen suport al Govern no representen una majoria social? Obliden que el 9N ja va “guanyar” el sí i que no va tenir cap conseqüència ni en forma de més autogovern o més recursos per Catalunya? Potser obliden que el 27S ja havíem fet el vot de la nostra vida i que van perdre l’autoanomenat plebiscit? Obliden que per unanimitat el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya va dictaminar que la Generalitat no té competències per convocar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya?

Obliden la contundència de la resposta a Puigdemont que ha remès el president de la Comissió per la Democràcia a través del Dret del Consell d’Europa –l’anomenada Comissió de Venècia– que diu clarament només són democràtics els referèndums previstos a la Constitució o convocats a partir d’una llei que estigui d’acord amb la Constitució?

No només obliden això, també obliden que la Comissió de Venècia estableix més condicions que estan molt lluny de la pràctica del Govern independentista, com ara un període de temps suficient entre convocatòria i celebració; una autoritat electoral independent, la neutralitat dels governants davant la pregunta o la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics.

Però quan el Pati dels Tarongers esdevé plató televisiu s’arriba al deliri. President i vicepresident s’entrevisten entre ells en una espiral de llenguatge processista, i resulta que el referèndum unilateral (RUI) es fa com a darrer recurs i com a conseqüència de tenir davant un “Estat demofòbic” que no ha volgut seure a parlar absolutament res, però quan guanyi el sí a l’octubre, aleshores demanaran negociar amb el govern d’Espanya les condicions de la independència, la DUI, sense despentinar-se.

Quin és exactament el guió d’aquí fins l’1 d’octubre? O estàs amb el referèndum unilateral i il·legal que promou el Govern, la CUP i els entitats sobiranistes o no ets demòcrata? Un guió que ens divideixi entre catalans bons i dolents? Jo també vull votar, però vull votar una proposta de nou encaix de Catalunya en la resta d’Espanya, una reforma constitucional amb totes les de la llei.

Sembla que assistim al capítol final d’aquesta temporada del procés i, pel que veiem, uns protagonistes només pensen en que el seu personatge segueixi viu la propera temporada, i els altres en que guanyi audiència aquesta trama per sobre de la Gurtel, Palau, Lezo, 3% i altres obres mestres... Els dos governs farien bé de prendre’s seriosament i responsable la situació que estem patint a Catalunya des de fa ja massa temps: exigim menys histrionisme escènic i més govern, més diàleg i més responsabilitat. Als dos.

“Hemos celebrado un Consell Executiu extraordinario para ratificar conjuntamente con el vicepresident y los consellers y conselleras la voluntad de convocar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, en ejercicio del legítimo del derecho a la autodeterminación que tiene una nación milenaria...”. La literalidad de las palabras del president Puigdemont, con foto de familia en el Pati dels Tarongers incluida, recuerda aquella marcha del compositor británico Elgar, Pompa y circunstancia, bien, en este caso pompa y cara de circunstancias, porque, sin haber ningún acuerdo del Gobierno, había que mantener la tensión dramática para mantener movilizado el electorado independentista. Son exigencias del guión.

En los últimos días se ha acelerado el proceso político en Cataluña. Si la fecha límite de todo es en septiembre, Puigdemont lo hará durar hasta el primero de octubre. Cada día que pasa menos sonrisas y más tensión en los gestos. Cada acto con intervenciones más broncas. Cada vez más irreflexivo, más unilateral y menos movilizador. Cada vez más solos. El objetivo de las intervenciones: hacernos creer que España es un Estado autoritario y que las instituciones españolas reprimen el pueblo catalán con el argumento de que España empieza y termina en el Partido Popular.

¿Olvidan el necesario respeto y preservación de la pluralidad de la sociedad catalana, donde aquellas que creemos que un referéndum sobre la independencia no es la solución a un mejor encaje de Cataluña en el conjunto de España somos tan catalanas como los que piensan que sí?

¿Olvidan que los 72 diputados que apoyan al Govern no representan una mayoría social? ¿Olvidan que el 9N ya ganó el sí y que no tuvo ninguna consecuencia ni en forma de más autogobierno o más recursos para Cataluña? ¿Quizás olvidan que el 27-S ya habíamos hecho el voto de nuestra vida y que perdieron el autodenominado plebiscito?

¿Olvidan que por unanimidad el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña dictaminó que la Generalitat no tiene competencias para convocar un referéndum sobre el futuro político de Cataluña?

¿Olvidan la contundencia de la respuesta a Puigdemont que ha remitido el presidente de la Comisión para la Democracia a través del Derecho del Consejo de Europa –la llamada Comisión de Venecia– que dice claramente que sólo son democráticos los referéndums previstos en la Constitución o convocados a partir de una ley que esté de acuerdo con la Constitución?

No sólo olvidan esto, también olvidan que la Comisión de Venecia también establece más condiciones que están muy lejos de la práctica del Gobierno independentista; como un período de tiempo suficiente entre convocatoria y celebración; una autoridad electoral independiente; la neutralidad de los gobernantes ante la pregunta o la imparcialidad de los medios de comunicación públicos.

Pero cuando el Pati dels Tarongers se convierte en plató televisivo llega el delirio. Presidente y vicepresidente se entrevistan entre ellos en una espiral de lenguaje “processista”, y resulta que el referéndum unilateral (RUI) se hace como último recurso y como consecuencia de tener ante un “Estado demofóbico” que no ha querido sentarse a hablar absolutamente nada, pero cuando gane el sí en octubre, entonces pedirán negociar con el Gobierno de España las condiciones de la independencia, la DUI, sin despeinarse.

¿Cuál es exactamente el guión de aquí hasta el 1 de octubre? ¿Estás con el referéndum unilateral e ilegal que promueve el Gobierno, la CUP y los entidades soberanistas o no eres demócrata? ¿Un guión que nos divida entre catalanes buenos y malos? Yo también quiero votar, pero quiero votar una propuesta de nuevo encaje de Cataluña en el resto de España, una reforma constitucional con todas las de la ley.

Parece que asistimos al capítulo final de esta temporada del proceso y, por lo que vemos, unos protagonistas solo piensan que su personaje siga vivo la próxima temporada y los otros en que gane audiencia esta trama por encima de la Gürtel, Palau, Lezo, 3% y otras obras maestras... Los dos Gobiernos harían bien en tomarse seriamente y de manera responsable la situación que estamos sufriendo en Cataluña desde hace ya demasiado tiempo: exigimos menos histrionismo escénico y más gobierno, más diálogo y más responsabilidad. A los dos.