Cuando la planta de biogás de Zaidín empezó a funcionar en marzo de 2024 parecía una excepción. Dos años después, el Alto Aragón se ha convertido en el principal foco de expansión del biometano en Aragón. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) tramita actualmente 31 proyectos en la provincia, una cifra que por sí sola supera las previsiones que el Plan Energético de Aragón Horizonte 2030 manejaba para toda la comunidad autónoma. Esto convierte a la provincia en uno de los territorios en los que más expansión experimenta esta industria.

La dimensión del fenómeno queda reflejada en los datos recopilados por el Gobierno de Aragón. De los aproximadamente 75 proyectos de biogás y biometano registrados en distintas fases de tramitación en la comunidad autónoma, 31 se localizan en territorio altoaragonés. La cifra supone cerca de la mitad del total de la comunidad y sitúa a la provincia como el principal laboratorio de una tecnología que aspira a transformar residuos ganaderos y agroalimentarios en gas renovable.

El crecimiento resulta especialmente significativo porque rompe las previsiones oficiales realizadas hace apenas unos años. El Plan Energético de Aragón contemplaba la implantación de entre 17 y 19 plantas en toda la comunidad para el horizonte de 2030. Hoy, Huesca por sí sola ya supera ampliamente esas estimaciones.

La explicación se encuentra en una combinación de factores. Aragón dispone de una de las mayores cabañas ganaderas de España, especialmente en el sector porcino. A ello se suma una potente industria agroalimentaria y la existencia de grandes volúmenes de residuos orgánicos susceptibles de ser aprovechados energéticamente. Además, el impulso europeo al biometano tras la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania ha convertido esta tecnología en una de las grandes apuestas de la transición energética.

Las plantas proyectadas comparten un mismo esquema de funcionamiento. Utilizan purines, estiércoles y residuos agroalimentarios como materia prima. Mediante un proceso denominado digestión anaerobia, esos residuos generan biogás. Posteriormente, el gas se depura hasta obtener biometano, un combustible renovable con características similares a las del gas natural convencional y que puede inyectarse en la red gasista.

La disponibilidad de residuos explica que buena parte de las iniciativas se concentren en comarcas con una elevada actividad ganadera como La Litera, Bajo Cinca, Los Monegros, el Somontano o la Hoya de Huesca.

Las empresas promotoras defienden estas instalaciones como una herramienta de economía circular. En abril de 2025, durante un foro agroalimentario celebrado en Aragón, la directora de Comunicación y Sostenibilidad de IAM Carbonzero, Miriam G. Armesto, resumía esa visión: “No hablamos solo de producir energía, sino de mejorar los suelos, proteger los acuíferos y gestionar residuos mediante economía circular”.

Ese planteamiento aparece de forma recurrente en las memorias técnicas presentadas ante la administración. El objetivo es convertir residuos que actualmente generan costes de gestión en recursos capaces de producir energía y fertilizantes.

Zaidín, la referencia que abrió el camino

La principal instalación operativa de la provincia se encuentra en Zaidín. Gestionada por el grupo Griñó, tiene capacidad para tratar unas 205.000 toneladas anuales de residuos procedentes de explotaciones ganaderas, industrias agroalimentarias y actividades agrícolas. Su historia refleja también la complejidad administrativa de este tipo de infraestructuras. Las instalaciones llevaban años construidas cuando finalmente comenzaron a funcionar en marzo de 2024. Durante ese tiempo se sucedieron distintas fórmulas de gestión y procedimientos administrativos hasta que la planta pudo entrar en explotación.

La instalación se ha convertido en la principal referencia del sector en Aragón. Su funcionamiento es observado con atención tanto por las empresas que impulsan nuevos proyectos como por las administraciones encargadas de evaluar los expedientes que continúan llegando al INAGA.

El mapa del biogás se extiende ya por buena parte de la provincia. Entre los proyectos más avanzados destacan las iniciativas promovidas por Glide Energy en Candasnos y Esquedas. Ambos fueron declarados de interés autonómico por el Gobierno de Aragón dentro de una inversión conjunta próxima a los 87 millones de euros.

La planta prevista en Candasnos contempla el tratamiento de unas 184.500 toneladas anuales de residuos orgánicos para producir biometano, fertilizantes y dióxido de carbono biogénico. El proyecto forma parte de una estrategia empresarial basada en el aprovechamiento de residuos ganaderos y agrícolas de la zona sureste de la provincia.

En Esquedas, a escasos kilómetros de la capital oscense, se proyecta otra instalación de características similares. La cercanía a Huesca ha contribuido a aumentar la visibilidad pública del proyecto y a situar el debate sobre el biometano en el entorno de la ciudad.

A estos expedientes se suman otros promovidos en municipios como Vencillón, San Esteban de Litera, Esplús, Barbastro o Loporzano. Algunos se encuentran todavía en fases iniciales de evaluación ambiental. Otros ya han pasado por periodos de información pública y esperan nuevas autorizaciones administrativas. La propia documentación autonómica permite observar que las iniciativas se distribuyen principalmente por las comarcas donde existe una mayor concentración de actividad ganadera, especialmente porcina.

Inversiones millonarias para el medio rural

La dimensión económica constituye uno de los principales argumentos utilizados por las empresas promotoras. Las memorias técnicas contemplan inversiones que en muchos casos superan los diez millones de euros por instalación. Algunos de los proyectos de mayor tamaño se acercan a los treinta millones. La planta promovida por Columbus Biogás en Esplús prevé una inversión aproximada de diez millones de euros. Por su parte, el proyecto impulsado en San Esteban de Litera forma parte de un paquete inversor superior a los sesenta millones de euros respaldado por el Ejecutivo autonómico.

En los acuerdos de declaración de interés autonómico, el Gobierno de Aragón destaca también la capacidad de estas instalaciones para generar actividad económica en municipios rurales. En el caso de las plantas promovidas por Glide Energy, la administración autonómica estimó la creación de 36 empleos directos y 105 indirectos durante la fase de explotación.

El elevado número de proyectos registrados no significa que todos vayan a convertirse en realidad. La experiencia acumulada durante los últimos años demuestra que la distancia entre la presentación de un expediente y la entrada en funcionamiento de una planta suele ser considerable. Los proyectos deben superar procedimientos ambientales, autorizaciones urbanísticas, informes sectoriales y, en muchos casos, nuevas infraestructuras asociadas al transporte del gas.

La planta de Zaidín constituye un ejemplo paradigmático de esos plazos. Aunque las instalaciones estaban terminadas desde años antes, no comenzaron a operar hasta 2024. Actualmente, según los datos facilitados por el Gobierno de Aragón, trece de los 31 expedientes identificados en Huesca han alcanzado ya fases de información pública o las han superado. Los dieciocho restantes continúan en distintas etapas previas de tramitación.

Esa situación explica que resulte difícil anticipar cuántas de las iniciativas anunciadas llegarán finalmente a construirse. Aunque buena parte del debate se desarrolla en el ámbito administrativo, algunos proyectos han generado una notable movilización social. Los casos más visibles son los de Barbastro y Loporzano. En ambos municipios se han constituido plataformas ciudadanas y se han presentado alegaciones durante los procedimientos ambientales. En Barbastro, vecinos y colectivos locales han expresado sus dudas sobre la ubicación elegida y sobre las consecuencias derivadas del transporte de residuos.

Contestación ciudadana

La contestación ciudadana continúa organizándose en la Hoya de Huesca. Vecinos de Loporzano, Tierz, Siétamo y Quicena han constituido recientemente la asociación vecinal Estrecho Quinto, una plataforma creada para defender el territorio, el medio ambiente y la calidad de vida de los pueblos afectados por los proyectos industriales de biogás. La entidad surgió tras conocerse en enero el proyecto de instalación de una planta industrial en Loporzano y fija como primer objetivo la paralización de esta infraestructura.

Sus integrantes sostienen que el número de proyectos previstos en Aragón podría exceder las necesidades reales de gestión de residuos del territorio y denuncian la ausencia de una regulación autonómica específica que ordene el despliegue de estas instalaciones. Además, reclaman una mayor participación vecinal en la toma de decisiones y consideran que los municipios afectados deben tener más capacidad para evaluar el impacto acumulado de unas infraestructuras que, aunque se presentan como una solución para la valorización de residuos, están generando un creciente debate social en numerosas zonas rurales de España.

La cuestión ha llegado también al debate político. El concejal socialista en el Ayuntamiento de Huesca Fernando Sarasa advertía recientemente de la necesidad de ordenar el despliegue de estas instalaciones y señalaba que “estamos hablando de instalaciones que pueden afectar directamente al día a día de nuestros vecinos. No es un debate lejano ni teórico”.

La situación que vive Huesca encuentra paralelismos en otros territorios con una importante actividad ganadera, aunque pocas provincias concentran tantos proyectos en tan poco espacio. Castilla y León se ha convertido en la comunidad autónoma con mayor desarrollo previsto del sector, superando el centenar de iniciativas en distintas fases de tramitación, especialmente en provincias como Zamora, Valladolid, Segovia o Soria.

En Zamora, donde se acumulan más de una veintena de proyectos, la expansión del biogás ha provocado una fuerte movilización vecinal y la aparición de plataformas ciudadanas que reclaman una planificación más estricta. También Cataluña está experimentando un crecimiento notable, sobre todo en la provincia de Lleida, donde la elevada concentración de explotaciones porcinas ha favorecido la llegada de numerosas iniciativas vinculadas al biometano.

En Castilla-La Mancha destacan los proyectos promovidos en Toledo, Cuenca y Ciudad Real, mientras que en Andalucía el desarrollo se concentra principalmente en Sevilla, Córdoba y Jaén. Sin embargo, los 31 proyectos que actualmente tramita el INAGA en la provincia de Huesca convierten al Alto Aragón en uno de los territorios con mayor densidad de iniciativas de toda España, una cifra que supera el volumen total registrado en muchas provincias españolas y que explica la creciente preocupación social que ha comenzado a surgir en distintos municipios altoaragoneses.

La Cerradura Universitaria no se celebrará este viernes en Huesca. La organización de esta macrofiesta universitaria de final de curso anunció el martes por la noche la suspensión o posible aplazamiento del evento previsto para este 29 de mayo, cuando faltaban apenas tres días para su celebración y ya había unas 3.000 entradas reservadas. La noticia ha generado malestar entre estudiantes y organizadores y ha derivado también en críticas políticas hacia el Ayuntamiento de Huesca, al que tanto la promotora como Juventudes Socialistas señalan por los problemas surgidos en los últimos días.

La Asociación de Estudiantes La Pepa y Producciones Insomnia, encargadas de organizar la Cerradura, comunicaron la decisión a través de un mensaje en redes sociales en el que lamentaban verse “obligados a suspender o aplazar la celebración de Cerradura Universitaria 2026 prevista para las próximas fechas”. Según explicaron, durante más de dos meses un equipo formado por estudiantes, producción y empresas colaboradoras había trabajado “mañana y tarde” para sacar adelante una edición “muy especial”. “Han sido innumerables horas de trabajo, reuniones, trámites y preparación técnica para que el evento pudiera celebrarse con todas las garantías”, señalaron.

La fiesta iba a celebrarse en la explanada del Palacio de los Deportes entre las 23.00 y las 6.00 horas, con dos escenarios dedicados a reggaetón y techno, cinco DJ y animación en directo. Sin embargo, la organización asegura que en los últimos días aparecieron “una serie de inconvenientes administrativos ajenos a la organización” que alteraban de forma importante el planteamiento inicial.

Esos cambios afectaban, según sostienen, “al espacio previsto y a la reducción considerable del aforo”, algo que hacía “imposible ofrecer la experiencia Cerradura Universitaria tal y como estaba concebida”. Los promotores aseguran que intentaron evitar la suspensión “hasta última hora”. “Desde el primer momento hemos intentado, por todos los medios y hasta última hora, encontrar alternativas viables y consensuadas junto con el Ayuntamiento y los distintos organismos implicados”, explicaron en el comunicado.

Aun así, añadían que “debido a los plazos y a la situación actual, no ha sido posible resolverlo a tiempo de una forma que garantizase el correcto desarrollo del evento y la seguridad de todos los asistentes”. La suspensión deja además pérdidas económicas importantes para la organización. Desde Producciones Insomnia calculan que ya se habían invertido entre 10.000 y 15.000 euros en nóminas, proyectos técnicos, proveedores, publicidad y otros servicios contratados para el evento. El dinero de las entradas será devuelto íntegramente.

“Somos plenamente conscientes de la ilusión que había detrás de esta edición y entendemos la decepción que esta noticia puede generar”, lamentaron los organizadores. “Para nosotros también es un golpe muy duro después de todo el trabajo realizado y del esfuerzo humano y económico invertido”. Pese a todo, la intención de la organización es que la suspensión no sea definitiva. Tanto La Pepa como Producciones Insomnia trabajan ahora en la posibilidad de encontrar una nueva fecha para celebrar la fiesta si se desbloquean los problemas administrativos que han impedido realizarla esta semana.

Mientras tanto, la polémica ya ha saltado al terreno político. Juventudes Socialistas del Alto Aragón acusó este miércoles al equipo de gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Lorena Orduna, de “falta de gestión”. El secretario general de la organización juvenil socialista, Manu Díez, calificó de “incomprensible” que la fiesta se haya suspendido “después de tantos años de celebración”. “El último ejemplo de la falta de gestión de la alcaldesa es la suspensión a última hora de la fiesta de la Cerradura”, afirmó.

Díez consideró además que la situación supone “un grave perjuicio para los organizadores y para los más de 3.000 jóvenes que iban a participar”, entre ellos estudiantes de Huesca, de otros municipios de la provincia y también de territorios cercanos.

Las Juventudes Socialistas denunciaron además “la falta de previsión del PP en el Ayuntamiento y el abandono de la gestión municipal” y criticaron que desde el consistorio no se hayan dado todavía explicaciones públicas. “Ni la alcaldesa ni nadie con responsabilidades en el Ayuntamiento de Huesca ha salido a pedir disculpas ni a explicar qué ha sucedido”, aseguró Díez.

Fuentes del consistorio sostienen que existe una voluntad de “entendimiento” y en que pueda alcanzarse una solución “de manera consensuada” y “siempre garantizándose una celebración segura” y que abrace la legislación vigente “para este tipo de eventos” como ya se ha realizado en ediciones anteriores. Desde Producciones Insomnia mantienen todavía abierta esa posibilidad y esperan una respuesta municipal oficial en los próximos días. “Seguimos trabajando para intentar encontrar una solución”, apuntan fuentes de la promotora, que insisten en que la prioridad es poder garantizar “la seguridad y el correcto desarrollo”.

La primavera de 1936 en Pamplona fue cualquier cosa menos tranquila. Mientras el general Emilio Mola tejía desde Navarra la conspiración que desembocaría en el golpe militar de julio, en las calles de la capital navarra se sucedían peleas, atentados e intrigas políticas en una ciudad pequeña, profundamente conservadora y atravesada por tensiones soterradas. Ese escenario convulso, en el que personajes históricos reales convivían con conspiradores, militares, falangistas y carlistas, es el que reconstruye el historiador Fernando Mikelarena en 'Asesinato en la conspiración' (Lamiñarra), una novela que mezcla ficción y divulgación histórica para acercar al gran público los meses previos al estallido de la Guerra Civil.

Profesor en el Campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza y uno de los investigadores más reconocidos sobre la represión franquista en Navarra, Mikelarena presentó en la Facultad de Empresa y Gestión Pública de Huesca la segunda entrega de una serie protagonizada por Clemente García Errandonea, un personaje ficticio que sirve como hilo conductor para recorrer algunos de los episodios más convulsos de la España del primer tercio del siglo XX.

Tras décadas dedicado a la investigación académica y autor de libros de referencia como 'Sin piedad', 'La (Des)Memoria de los vencedore' u 'Osasuna 1936', el historiador reconoce que decidió dar el salto a la ficción por una razón muy concreta: ampliar el alcance de sus investigaciones. “Algunos lectores me han comunicado que mis libros de ensayo historiográfico se les hacen un poco duros de leer”, explica. “Por eso he optado por escribir ficción novelada con amplios anclajes en la realidad para difundir lo más posible contenidos que tienen que ver con la memoria histórica”.

El resultado no es una novela histórica convencional. Mikelarena insiste en que, aunque el protagonista sea ficticio, “la inmensa mayoría de los personajes que aparecen son reales”. Algunos conservan sus nombres; otros los modifican ligeramente porque el autor les atribuye acciones o motivaciones no completamente documentadas. Pero el trasfondo histórico, subraya, es auténtico. “Hay un poso de realidad muy grande. A fin de cuentas, es una realidad ficcionada”.

La novela arranca con un hecho real: la aparición del cadáver de Félix Dorado —basado en el empresario y falangista Félix Lostao— en el río Arga, en medio de un clima de creciente violencia callejera. Ese asesinato amenaza con hacer descarrilar la conspiración liderada por Mola desde Pamplona. En la ficción, Errandonea, antiguo contrabandista y agente secreto, recibe el encargo de investigar el crimen para evitar una espiral de represalias que pudiera llamar la atención del Gobierno republicano y poner en peligro los preparativos del golpe.

La historia permite a Mikelarena introducir al lector en la compleja red de alianzas y tensiones internas de la conspiración. “Pamplona era una ciudad pequeña, muy tradicional, con predominio político del carlismo y muchísima presencia de curas, militares y religiosos”, recuerda. “Pero al mismo tiempo había incidentes constantes de lucha callejera, atentados y enfrentamientos entre grupos radicalizados”.

El historiador sostiene que muchos de esos disturbios respondían a las tensiones internas entre los distintos sectores de la derecha antirrepublicana. “Yo creo que esos incidentes eran un intento, sobre todo de los carlistas, de presionar a Mola en el proceso de negociación que mantenían con él para imponerle condiciones”, afirma. Finalmente, añade, el general terminó imponiendo su autoridad y subordinando políticamente a quienes habían movilizado miles de voluntarios requetés para el golpe.

Uno de los aspectos que más interesan al autor es precisamente mostrar cómo la conspiración militar no fue únicamente una cuestión castrense, sino también civil, económica e ideológica. Mikelarena destaca el papel todavía poco explorado de Renovación Española, el partido monárquico alfonsino que defendía el regreso de Alfonso XIII y que, pese a su escasa implantación electoral, tenía fuertes conexiones con el Ejército y las élites económicas.

Según explica, el plan inicial contemplaba la creación de un directorio militar presidido por el general Sanjurjo, con José Calvo Sotelo como jefe del Gobierno. La muerte de ambos, pues Calvo Sotelo fue asesinado pocos días antes del golpe y Sanjurjo fallecido en accidente aéreo cuando viajaba desde Portugal, alteró completamente el diseño previsto y abrió el camino al ascenso de Franco.

“Son aspectos sobre los que todavía se puede profundizar”, señala el historiador, convencido de que incluso uno de los periodos más estudiados de la historia contemporánea española sigue ofreciendo zonas poco exploradas. En ese sentido, la ficción le permite reconstruir ambientes, conversaciones y dinámicas sociales difíciles de transmitir en un ensayo académico.

La novela también funciona como una especie de mapa urbano de la conspiración. Mikelarena ha organizado en Pamplona varios paseos literarios e históricos por los escenarios en los que transcurre la trama. Los asistentes recorren calles, edificios y plazas donde se produjeron algunos de los hechos narrados en el libro.

Para el historiador, la divulgación histórica necesita explorar nuevos formatos si quiere conectar con públicos amplios, especialmente jóvenes. “La historia suele tender a ser demasiado plomiza”, reconoce entre risas. Por eso defiende combinar libros, rutas urbanas y actividades divulgativas capaces de despertar la curiosidad sobre el pasado. “Hay que echarle imaginación. Si consigues interesar a la gente, la gente mira el pasado de una forma distinta”.

La elección de la novela negra y el thriller político tampoco es casual. La conspiración de 1936 ofrece, por sí sola, ingredientes propios de ese género: espionaje, dobles lealtades, reuniones clandestinas, violencia callejera y operaciones encubiertas. Mikelarena aprovecha esos elementos para construir un relato ágil sin renunciar al rigor documental.

En ese equilibrio entre entretenimiento y reconstrucción histórica reside buena parte del interés del proyecto. A diferencia de otros autores que utilizan la Guerra Civil como simple decorado, Mikelarena parte de años de investigación académica previa. Sus estudios sobre la represión franquista, el carlismo navarro o las redes de poder de la derecha antirrepublicana alimentan la trama de manera constante. “Yo tengo muchísima información de todo tipo”, explica. “Y la intención es difundir contenidos relacionados con la memoria histórica de una forma más accesible”.

La serie continuará además en los próximos meses. El autor ya tiene lista una tercera entrega, ‘Al rescate de Baroja’, ambientada en los primeros días de la Guerra Civil entre Madrid, Navarra y el País Vasco francés. La novela recreará, entre otros episodios, la detención del escritor Pío Baroja por una columna de militares, requetés y falangistas en julio de 1936, un incidente real que pudo costarle la vida.

Mikelarena sitúa parte de esa historia en Vera de Bidasoa (Navarra), su localidad natal, y vuelve a mezclar personajes históricos con la peripecia ficticia de Errandonea. Como en las novelas anteriores, la frontera entre documentación y ficción aparece deliberadamente desdibujada.

Lejos de considerar incompatible el rigor académico con la narrativa, el historiador entiende ambas facetas como complementarias. Después de años investigando archivos, documentos judiciales y testimonios sobre la violencia política de los años treinta, la novela le permite acercarse a una dimensión más humana y emocional del pasado.

En un momento en el que los debates sobre memoria histórica siguen generando confrontación política, Mikelarena reivindica la necesidad de seguir explicando cómo se construyó el clima que hizo posible el golpe de Estado de 1936. Y hacerlo, además, desde formatos capaces de llegar más allá de la universidad y de los lectores especializados. “Es una batalla que tenemos que dar”, concluye. “Porque si consigues que la gente se interese, entonces empieza a mirar la historia de otra manera”.

La publicación de las vacantes para el próximo curso escolar en Sabiñánigo (Huesca) ha acabado convirtiéndose en un nuevo frente político y educativo para el Gobierno de Aragón PP-Vox. La decisión de reducir de tres a dos vías de 1º de ESO en el IES San Alberto Magno, uno de los dos institutos públicos de la localidad, ha provocado una oleada de críticas de profesorado, sindicatos y partidos de la oposición, que ven detrás de esta maniobra una estrategia de debilitamiento progresivo de la educación pública en beneficio de la concertada.

El conflicto estalló cuando el profesorado del centro hizo público un duro comunicado en el que expresaba su “sorpresa e indignación” por la supresión “injustificada” de una vía educativa “en mitad del proceso de admisión”. Según denuncian, el instituto había ofertado inicialmente 30 plazas ordinarias y cuatro para alumnado ACNEAE (con necesidades específicas de apoyo educativo), y había recibido 33 solicitudes. Sin embargo, finalmente solo se adjudicaron siete plazas tras desaparecer una de las vías previstas.

“Sin comunicación oficial al centro ni a las familias se ha suprimido una vía”, denuncian los docentes, que consideran que la medida deja fuera a 26 familias de Sabiñánigo y del Valle de Tena que habían elegido este instituto para escolarizar a sus hijos e hijas.

La polémica no llega en un momento cualquiera. Hace apenas un año, el Gobierno aragonés autorizó el concierto educativo para 1º y 2º de ESO en el colegio Santa Ana, un movimiento muy criticado por la comunidad educativa y por buena parte de la oposición parlamentaria. Ahora, con la reducción de una vía en el San Alberto Magno, el equilibrio de plazas en la localidad vuelve a alterarse.

Desde el centro no ocultan su preocupación por el impacto que esta decisión puede tener en el futuro del instituto público. El comunicado insiste en que la medida “viene precedida” precisamente por la concertación de plazas en Santa Ana y reclama “transparencia” en el proceso de escolarización.

El Departamento de Educación niega, sin embargo, que se haya cerrado ninguna unidad. La versión oficial sostiene que la publicación inicial de tres grupos fue “un error” del Servicio Provincial de Educación de Huesca y que la planificación real siempre contempló únicamente dos vías para el San Alberto Magno, las mismas que para el IES Biello Aragón.

La explicación no ha convencido a la comunidad educativa. La sensación de improvisación y falta de transparencia se ha instalado entre familias y docentes, especialmente porque la rectificación se produjo cuando el proceso de admisión ya estaba en marcha.

Educación argumenta además que “hay plazas suficientes” en los centros públicos de la zona y que muchas de las solicitudes presentadas al San Alberto Magno proceden de alumnado cuyo centro adscrito corresponde a otros institutos. En concreto, señala que parte del alumnado del Valle de Tena debería cursar sus estudios en la sección de Biescas o en el IES Biello Aragón.

La consejería insiste en que “la libertad de elección” no obliga a la administración a garantizar plaza en un centro distinto al adscrito, siempre que exista una alternativa pública disponible. Pero precisamente ahí se encuentra uno de los principales reproches de las familias y del profesorado: consideran que el Ejecutivo autonómico utiliza criterios burocráticos para limitar de facto la capacidad real de elegir enseñanza pública.

El malestar ha crecido aún más con el conflicto del transporte escolar. El profesorado del IES San Alberto Magno denunció también que la Comarca Alto Gállego había comunicado la supresión del servicio de transporte para alumnado transportado matriculado en el instituto, lo que obligaría a muchos estudiantes a cambiar de centro si querían seguir contando con este servicio.

La vicepresidenta comarcal, Nuria Pargada, ha tratado de rebajar la tensión asegurando que la Comarca no decide sobre la escolarización y que únicamente gestiona administrativamente las rutas de autobús que le comunican los institutos. Aun así, la sensación entre las familias afectadas es que las decisiones administrativas acaban condicionando directamente el acceso a la educación pública.

El Departamento de Educación asegura que mantendrá el transporte gratuito para el alumnado ya matriculado en el San Alberto Magno hasta finalizar sus estudios, aunque no para nuevas incorporaciones. Una medida que, lejos de apagar el incendio, ha sido interpretada como una confirmación de que el Gobierno pretende redirigir progresivamente al alumnado hacia otros centros.

La polémica ha llegado ya a las Cortes de Aragón. Chunta Aragonesista ha registrado varias preguntas parlamentarias para exigir explicaciones a la nueva consejera de Educación sobre cuándo y por qué se decidió reducir la oferta pública del instituto. La portavoz de CHA en la Comisión de Educación, Isabel Lasobras, quiere saber “qué criterios pedagógicos, demográficos y de planificación educativa” justifican la supresión de una vía pública mientras se mantienen o amplían plazas concertadas en la localidad.

La diputada y secretaria general de CHA, Verónica Villagrasa, resume el trasfondo político del conflicto con una frase que se repite cada vez más en el debate educativo aragonés: “La educación pública pierde una vía, que es lo que parece que pretende el Gobierno PP-Vox”.

Villagrasa recuerda que durante años Sabiñánigo había mantenido cinco vías públicas de ESO repartidas entre ambos institutos. La apertura de una línea concertada en Santa Ana elevó temporalmente el número total a seis, pero la eliminación ahora de una vía en el San Alberto Magno devuelve la cifra a cinco, con una diferencia sustancial: una de ellas pertenece ya a la enseñanza concertada.

También los sindicatos han cargado duramente contra el Ejecutivo autonómico. CGT Enseñanza Huesca denuncia que la decisión responde directamente al “trasvase de alumnado hacia el colegio concertado Santa Ana”, una concertación que considera “totalmente innecesaria” en una localidad donde, aseguran, nunca ha faltado oferta pública.

Para el sindicato, el caso de Sabiñánigo representa una tendencia más amplia en Aragón: “Mientras se continúa financiando con dinero público a la enseñanza concertada, la escuela pública sufre recortes de unidades, pérdida de profesorado y eliminación de servicios esenciales como el transporte escolar”. La organización vincula además este conflicto con la huelga convocada los días 19 y 20 de mayo en defensa de la escuela pública aragonesa.

Dieciocho años después de la firma del convenio urbanístico que debe transformar el antiguo polígono de las Harineras en un nuevo barrio residencial para Huesca, el proyecto ha vuelto a situarse en el centro de la polémica. Esta vez, gira en torno al alcance real de las licencias concedidas por el Ayuntamiento para varias promociones privadas y a las obras que ya se han empezado a ejecutar en el solar antes de disponer, presuntamente, del permiso definitivo para levantar los edificios en altura.

Este periódico ha tenido acceso a documentación municipal relativa a una de las promociones del ámbito APR 19-02, en la que el Ayuntamiento autorizaba únicamente la “ejecución de la cimentación y la estructura hasta cota de calle” de una parcela concreta del sector. El expediente, correspondiente a una promoción impulsada por Inmobiliaria Buil S.A., deja claro en varios apartados que la licencia concedida se limitaba a la fase previa a la construcción sobre rasante.

Fuentes conocedoras del proceso sostienen que en algunas parcelas ya se habrían iniciado trabajos que irían más allá de los autorizados inicialmente pese a no existir todavía licencia completa para levantar las viviendas. Esa limitación es la que ha alimentado las críticas y las dudas sobre el desarrollo efectivo de las obras en el polígono.

La versión municipal rechaza que se tratara de simples permisos para movimiento de tierras o trabajos preliminares. Desde el consistorio insisten en que las licencias concedidas incluían “muros pantalla y estructura”, además de autorizaciones independientes para el montaje de grúas, y recuerdan que la legislación urbanística permite tramitar licencias parciales para determinadas fases de una promoción.

El informe técnico del Servicio de Urbanismo, incorporado al decreto municipal, especifica expresamente que la autorización se refiere “únicamente a la ejecución de la cimentación y estructura hasta la rasante” y añade que para obtener permiso para el resto del edificio “se deberá presentar un único proyecto refundido” que incluya tanto las fases ya autorizadas como el conjunto de la obra pendiente.

Según la explicación trasladada desde Urbanismo, la promoción de Harineras Villamayor ya dispone actualmente de licencia completa para ejecutar el edificio, aunque inicialmente contó únicamente con autorización hasta rasante. En el caso de la parcela sobre la que trascendió el expediente de Inmobiliaria Buil, el consistorio confirma que dispone de licencia hasta rasante y que la autorización para el conjunto del edificio continúa en tramitación.

Además, el Ayuntamiento señala que existen otras dos promociones cuyas solicitudes de licencia ya han sido presentadas y permanecen en revisión técnica. En varios de los expedientes, añaden fuentes municipales, se han requerido subsanaciones de documentación a las promotoras antes de resolver definitivamente las autorizaciones.

El último movimiento administrativo se produjo precisamente el lunes, cuando el Ayuntamiento otorgó licencia para el vuelo, es decir, para continuar la construcción en altura, de una segunda parcela promovida por Harineras Villamayor (Promovilla), que hasta ahora únicamente tenía autorización para construir hasta la cota de calle. El consistorio enmarca esta decisión dentro del avance global del proyecto urbanístico y presentó la resolución como “un paso decisivo” para el desarrollo del sector. La licencia concedida afecta a las parcelas C-7.1 y C-7.2-2 y permitirá levantar un edificio de 90 viviendas, además de garajes y trasteros.

En la nota difundida por el Ayuntamiento se subraya que el proyecto se ajusta a los parámetros incorporados en la modificación parcial número 33 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobada el pasado mes de diciembre por el pleno municipal. Esa modificación, según la versión oficial, pretendía adaptar la normativa urbanística a las nuevas demandas residenciales y a los cambios regulatorios introducidos en los últimos años.

Sin embargo, alrededor de esa modificación del planeamiento también persiste una duda paralela. Otras fuentes apuntan a que dos empresas mantienen todavía reclamaciones de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento porque, durante la tramitación urbanística, estuvo sobre la mesa una propuesta que habría reducido la edificabilidad prevista inicialmente en el ámbito. Aunque aquella modificación finalmente no salió adelante en esos términos, las reclamaciones no habrían sido retiradas, según estas mismas fuentes.

El Ayuntamiento niega tajantemente que la modificación 33 del PGOU afectara al aprovechamiento urbanístico de las parcelas. Según la explicación municipal, ni la aprobación inicial ni la definitiva contemplaban cambios en la edificabilidad del sector.

El proyecto de Harineras se ha convertido en una de las grandes apuestas urbanísticas del actual mandato municipal. El desarrollo ocupará unas 8,5 hectáreas en pleno centro de Huesca, sobre antiguos terrenos industriales, y prevé la construcción de alrededor de 1.300 viviendas, además de zonas verdes, espacios comerciales y áreas de ocio.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha defendido en varias ocasiones el proyecto como una respuesta a la fuerte demanda de vivienda existente en la ciudad. El ayuntamiento considera que el nuevo barrio permitirá aumentar la oferta residencial, facilitar el acceso al alquiler y atraer actividad económica al entorno.

El coste de urbanización ronda los 13,3 millones de euros y corre a cargo de la Junta de Compensación del sector, integrada por 22 propietarios. Las obras de urbanización comenzaron en septiembre de 2024 y están siendo ejecutadas por una unión temporal de empresas formada por Vialex Constructora Aragonesa y Giral Construcciones.

El proyecto incluye además vivienda protegida. En el marco del Plan Aragón Más Vivienda, el Ayuntamiento gestionará 77 viviendas de protección oficial dentro del desarrollo. El consistorio también es propietario de aproximadamente un 10% del suelo urbanizado. Entre las promociones previstas destaca la llamada Torre Harineras, concebida como uno de los edificios emblemáticos del nuevo barrio. El inmueble contará con doce plantas y albergará 90 viviendas, incluidos áticos, con precios que oscilan entre los 270.000 y los 400.000 euros.

El Ayuntamiento de Loporzano, en Huesca, celebra este jueves por la mañana un pleno extraordinario que incluye en el orden del día la tramitación de dos expedientes de explotaciones ganaderas promovidas por el propio alcalde, David Suelves (PP), junto a la aprobación de una piscina municipal en Bandaliés, localidad donde reside el único concejal de la agrupación FIA, Luis Barecha Martínez, cuyo apoyo resultó decisivo para su investidura tras las elecciones municipales de hace tres años.

El pleno de este jueves servirá para informar de las alegaciones que se han presentado y aceptar la remisión de este informe al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) para que continúe con la tramitación de los dos proyectos, a los que previsiblemente dará luz verde sin mayores problemas con la concesión de la licencia ambiental al tratarse de explotaciones de pequeño tamaño. La primera, para explotación porcina de cebo de 2.000 plazas, y la segunda, de 12.000 plazas de recría de lechones.

La convocatoria llega en un momento tenso en esta localidad de la Hoya de Huesca, donde han resurgido las protestas por los dos proyectos porcinos, que multiplicarían la capacidad ganadera existente hasta hace pocos años. Las alegaciones que se han realizado pivotan sobre la disponibilidad de recursos hídricos en un municipio con restricciones estivales o el impacto sobre el entorno.

Planta de biogás

La polémica se ve agravada por la coincidencia en el tiempo con la tramitación de una planta de biogás para tratar hasta 95.000 toneladas anuales de residuos orgánicos, incluidos purines, lo que ha reactivado la contestación social y ha derivado en la creación de la plataforma Stop Biogás Loporzano.

En este contexto, el grupo municipal Loporvenir, la lista más votada en las últimas elecciones con tres concejales pero fuera del gobierno tras el pacto entre PP (tres concejales) y FIA (uno), ha cuestionado tanto el fondo como la forma de la convocatoria. En un comunicado, la formación sostiene que “la sensibilidad de los temas a abordar requiere una gestión transparente de la que adolece el procedimiento elegido”.

Entre las críticas, Loporvenir subraya que el pleno se ha fijado a las 9.30 horas de un día laborable, lo que dificulta la asistencia de los concejales de la oposición, sin dedicación exclusiva. Según explican, ya trasladaron sus problemas para acudir al coincidir con sus jornadas laborales y por el escaso margen de tiempo con el que se convocó la sesión. Con todo, y como confirma el edil Jorge Luis, estarán presentes.

La formación también cuestiona el contenido del orden del día, en el que no figura el habitual turno de ruegos y preguntas, lo que, a su juicio, impide “clarificar dudas o expresar opiniones” tanto a los representantes públicos como a los vecinos.

Este periódico se ha intentado poner en contacto con el alcalde para recabar su opinión pero no ha sido posible.

El concejal de la FIA, Luis Barecha Martínez, rechaza las críticas de Loporvenir y defiende tanto la legalidad del pleno como los asuntos incluidos en el orden del día. El edil sostiene que la construcción de la piscina de Bandaliés “se viene trabajando con la Diputación Provincial desde hace cinco años” y agradece expresamente el apoyo del presidente de la institución provincial, Isaac Claver, “por apostar por el medio rural”.

Respecto a las explotaciones porcinas impulsadas por el alcalde, el concejal de la FIA considera que, si existen informes técnicos favorables del aparejador municipal, oponerse a su tramitación podría derivar en una actuación arbitraria. “Siempre estaremos del lado de la ley”, sostiene, defendiendo además que “nadie es quien para decidir sobre el futuro de un vecino que quiere ganarse la vida, siempre que cumpla la normativa”.

Sobre la planta de biogás proyectada en el municipio, Martínez Barecha asegura que FIA mantiene una oposición frontal desde el inicio y atribuye a su formación haber frenado la iniciativa. En contraposición, acusa a Loporvenir de haber respaldado inicialmente el proyecto y de rectificar su postura “in extremis” ante el rechazo vecinal, afirmación que esta rechaza frontalmente: “No es cierto que nos contradijésemos o cambiásemos de opinión en ningún momento”.

Sin publicidad

En el plano formal, Loporvenir denuncia además que, a menos de 48 horas de la celebración del pleno, la convocatoria no se hubiera hecho pública en la página web municipal. A su entender, esta circunstancia vulnera las obligaciones de publicidad activa recogidas tanto en la Ley de Bases de Régimen Local como en la normativa de transparencia, que obligan a difundir este tipo de información a través del tablón de anuncios, también en su versión electrónica.

Junto a los dos expedientes ganaderos, el pleno incluye la aprobación del proyecto y del expediente de contratación para la construcción de una piscina en Bandaliés. Sobre este punto, Loporvenir señala que desde este núcleo se había trasladado previamente que la parcela estaba destinada a equipamientos culturales, en concreto a un museo de la cerámica, lo que añade más dudas sobre el cambio de uso.

La inclusión de esta actuación en el municipio donde reside el concejal de FIA que facilitó la alcaldía al PP alimenta las sospechas de la oposición sobre la motivación del pleno y la posible existencia de acuerdos políticos vinculados a los asuntos que se someten a votación. Loporzano es un referente en la oposición a la ganadería intensiva. Plataformas vecinales y la propia Loporvenir lideraron esa contestación social, que incluso se tradujo en su acceso a la alcaldía entre 2019 y 2023.

Por su parte, el alcalde, David Suelves, defiende la legalidad de sus proyectos y sostiene que cumplen con los requisitos ambientales. Asegura que el abastecimiento de agua procederá del río Flumen para no afectar a la red municipal y niega que exista una estrategia conjunta entre las granjas y la planta de biogás, pese a su coincidencia temporal.

El nuevo carril bici y andador que conecta Huesca con el instituto Pirámide y la Escuela Politécnica Superior ha llegado, por fin, tras años de retrasos, licitaciones fallidas y un encarecimiento difícil de justificar sin levantar interrogantes. La infraestructura, largamente demandada por la comunidad educativa, debía resolver un problema evidente de seguridad en uno de los accesos más transitados por estudiantes y profesorado. Sin embargo, las críticas alrededor de su concepción han surgido de manera inmediata.

El Ayuntamiento de Huesca, gobernado por el PP, recepcionó la obra hace apenas unos días como un ejemplo de mejora de la movilidad sostenible, con una inversión de unos 375.000 euros financiada en más de un 80% por fondos europeos del Plan de Recuperación. Dos kilómetros de recorrido, 42 farolas solares y un trazado que discurre en paralelo a la carretera del cementerio hasta enlazar con la vía ciclable a Cuarte. Sobre el papel, una intervención razonable. En la práctica, un proyecto que ha multiplicado por cinco su coste inicial y que ahora está bajo sospecha por posibles deficiencias.

El origen del proyecto se remonta a diciembre de 2022, cuando el anterior gobierno municipal socialista sacó a licitación la obra por 80.000 euros. No hubo ofertas. El dato, por sí solo, ya apuntaba a un problema de planteamiento: o el presupuesto no era realista o el proyecto no resultaba atractivo para las empresas. Con la llegada del nuevo equipo de gobierno, el Ayuntamiento volvió a intentarlo un año y medio después, elevando el presupuesto a 120.000 euros. Tampoco funcionó. Ninguna empresa presentó oferta. El proyecto, tal y como estaba concebido, no salía.

La tercera licitación, en julio del año pasado, cambió radicalmente el escenario. El presupuesto se disparó hasta los 380.000 euros. Esta vez sí hubo competencia, con cuatro ofertas, y la obra fue adjudicada a la UTE Serveo Servicios-Serveo Infraestructuras por unos 375.000 euros. La infraestructura terminó costando casi cinco veces más que la idea original. El salto presupuestario no es un detalle menor. Refleja una planificación fallida desde el inicio y una corrección tardía que ha acabado pagando el erario público, aunque buena parte del dinero proceda de fondos europeos. 

El carril bici-andador responde a una reivindicación histórica. Hasta ahora, el acceso al Pirámide y a la Politécnica obligaba a estudiantes y trabajadores a compartir arcén con vehículos o a transitar por zonas poco seguras. La nueva infraestructura pretende solucionar ese déficit, combinando uso peatonal y ciclista. El Ayuntamiento defiende que la actuación ha mejorado la accesibilidad, la seguridad y la continuidad de los itinerarios. La obra incluye pavimentación, señalización, protección en zonas con desnivel, adaptación de cruces y la instalación de iluminación autónoma mediante placas solares.

Sin embargo, el proyecto no ha llegado exento de polémica. La coalición Cambiar Huesca-Izquierda Unida ha denunciado “graves irregularidades en el firme” que, a su juicio, comprometen la seguridad de los usuarios. Según su portavoz, Jesús Pérez Navasa, basta recorrer unos metros para detectar tramos en mal estado y zonas sin iluminación.

Las críticas apuntan directamente a la gestión municipal. “No se molestaron ni siquiera en pasear por él”, reprocha Pérez Navasa, en una acusación que pone en duda los controles de calidad previos a la recepción de la obra.

El Ayuntamiento ha respondido a estas denuncias con una explicación que, lejos de zanjar la polémica, añade otro elemento de controversia. El tramo más cuestionado, con grietas e irregularidades, no ha sido reparado porque, según el Consistorio, pertenece al Ministerio de Transportes. Se trata de un resto de la antigua carretera entre Huesca y Zaragoza. El Ayuntamiento solicitó permiso para utilizarlo como parte del recorrido, pero no tiene competencias para intervenir sobre el firme. Aun así, asegura que el tramo “se puede usar con total seguridad”.

Otro de los puntos de fricción es la iluminación. La oposición denuncia zonas sin farolas, mientras que el Ayuntamiento sostiene que la instalación se ha realizado precisamente donde no existía alumbrado previo. Según el consistorio, el recorrido está completamente iluminado si se tienen en cuenta las farolas ya existentes en parte del trazado.

Más allá de la disputa técnica, lo que emerge es un problema de relato. El gobierno municipal presenta la obra como una mejora integral y cerrada, mientras que la oposición la describe como un ejemplo de ejecución deficiente. Entre ambas versiones, los usuarios, estudiantes, en su mayoría, serán quienes validen en la práctica si el carril cumple su función.

El carril bici no es la única actuación prevista en la zona. El Ayuntamiento trabaja en la creación de una nueva línea de autobús urbano, la C-4, que conectará la estación intermodal con el Parque Tecnológico Walqa, pasando por el hospital, el cementerio y los centros educativos. La medida busca reforzar la conexión de un área en crecimiento, especialmente ante la futura implantación del grado de Farmacia en la Politécnica, que incrementará el número de estudiantes. Para ello, el consistorio deberá modificar el contrato con la actual concesionaria del servicio.

El concejal de Urbanismo y Movilidad, Iván Rodríguez, ha respondido con dureza a las críticas, calificándolas de “exageración paternalista” y acusando a la oposición de intentar recuperar protagonismo político. Defiende que la obra se ha recepcionado “de manera impecable” y que cumple con el proyecto licitado.

Pérez Navasa recuerda que “el problema no es la ejecución, es que el proyecto estaba mal diseñado desde el inicio y no responde a las necesidades de movilidad de Huesca”. Tampoco da validez a que el gobierno municipal otorge la responsabilidad del resultado final al Gobierno de España o a sus predecesores en el Ayuntamiento, pues “estaba planteado y aprobado entre 2021 y 2022”, cuando el consistorio ya en manos del PP solicitó financiación europea dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Al menos 332 municipios españoles, 14 de ellos en Aragón, están en alerta: su agua de consumo está contaminada por la presencia de nitratos puesto que en todos ellos se supera el límite legal de 50 miligramos por litro (mg/l). Aunque el mayor número de casos se concentra en Castilla y León, un estudio de Greenpeace España sitúa varios focos en Aragón; esos puntos aparecen dispersos en municipios de las tres provincias, pero con una persistencia que apunta a un problema estructural. El informe publicado por la ONG para consultar la calidad del agua en España hace visible un problema que durante años ha permanecido diluido en registros oficiales difíciles de interpretar.

La herramienta, un mapa interactivo que se apoya en datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC), permite comprobar municipio a municipio los niveles de nitratos en el agua del grifo y dibuja un patrón claro: la contaminación se concentra en áreas rurales con fuerte presión agrícola y ganadera. Aragón aparece en ese mapa como uno de los territorios donde el problema no solo existe, sino que se consolida. Esa fotografía coincide con lo que ya venían advirtiendo otros indicadores oficiales. Los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro muestran que seis de cada diez muestreos detectaron niveles compatibles con zonas contaminadas por nitratos en Aragón, una tendencia al alza en los últimos años.

En la provincia de Huesca destaca el de la localidad de Banastás, que presenta, según estos datos recopilados en 2024, 115 mg/l. Chimillas, muy próxima a esta, no se queda atrás con 82 mg/l. Al oeste, La Sotonera muestra 103 mg/l y Loscorrales, 92 mg/l. En Zaragoza, las afectadas son Monreal de Ariza (78 mg/l), Torrehermosa (87 mg/l), Artieda (61 mg/l), Abanto (55 mg/l), Gallocanta (53 mg/l) y Azuara (50 mg/l). Y en Teruel, las poblaciones que rebasan el límite legal de nitratos en el agua para consumo humano son Muniesa (54 mg/l), Ariño (52 mg/l), Torremocha de Jiloca (51 mg/l) y la capital de la provincia con 59 mg/l.

Los cuatro municipios altoaragoneses donde el agua del grifo no es potable por la presencia de nitratos empiezan a vislumbrar una solución. En Banastás y Chimillas, la situación está más avanzada gracias a una intervención de la Diputación Provincial de Huesca ya finalizada, a falta únicamente de trámites administrativos para su puesta en marcha. El alcalde de Chimillas, Miguel Ángel Torres, señala que, una vez completados estos pasos, los vecinos “podrán beber agua de calidad, la misma que en la capital”.

En el municipio de La Sotonera, el problema persiste en los núcleos de Plasencia y Quinzano, donde los vecinos recurren desde hace tiempo a fuentes de ósmosis para obtener agua potable, mientras que la del grifo se destina a otros usos. Su alcaldesa, Maribel Bailo, explica que el Ayuntamiento trabaja junto a la Diputación en un proyecto para traer agua desde la sierra que abastecerá también a Loscorrales y Esquedas, aunque aún está pendiente de permisos. En Loscorrales, la solución depende ahora de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

Lejos de ser un fenómeno puntual, la contaminación afecta de forma recurrente a acuíferos y sistemas de abastecimiento, especialmente en comarcas como Los Monegros o las Cinco Villas, donde confluyen regadíos intensivos y una elevada densidad de explotaciones ganaderas. El origen del problema está ampliamente identificado. Tanto los datos oficiales como el análisis de Greenpeace apuntan al mismo factor: el modelo agroganadero intensivo. El uso masivo de fertilizantes y la acumulación de purines procedentes de la ganadería industrial favorecen la filtración de nitratos al subsuelo, contaminando las aguas que acaban llegando a los grifos.

Luis Ferreirím, responsable de Agricultura en Greenpeace España, señala que en 2025 en España se sacrificaron cerca de 1.000 millones de animales para consumo humano, “una cifra que no solo refleja el impacto en términos de bienestar animal y medioambiental, sino también el enorme volumen de residuos generados por la ganadería. Desde los años 60, el sacrificio de cerdos se ha disparado un 2.000%, consolidando a la industria porcina como la principal responsable de esta presión”.

Añade que “el 81% del nitrógeno agrícola que llega a los sistemas acuáticos procede directa o indirectamente de la actividad ganadera. A ello se suma un modelo productivo orientado al exterior: el 60% de la carne se exporta, lo que ha convertido a España en la mayor productora de porcino de la Unión Europea y la tercera del mundo. Mientras la carne sale fuera, los residuos permanecen, acumulándose y contaminando las aguas”.

Una dimensión política

En Aragón, esta relación adquiere además una dimensión política. Tal y como ha publicado este medio, el Gobierno autonómico ha revertido limitaciones previas y ha eliminado topes a las macrogranjas con el apoyo de Vox y el PAR, en un contexto en el que los niveles de nitratos no dejan de aumentar. La decisión se produce pese a que España, y entre las comunidades señaladas, Aragón, ha sido condenada por la justicia europea por incumplir la normativa sobre contaminación por nitratos, precisamente vinculada a fuentes agrarias y ganaderas intensivas.

Las consecuencias se dejan sentir especialmente en el medio rural. En algunos municipios aragoneses, la presencia de nitratos obliga a restringir el consumo de agua del grifo de forma recurrente, con vecinos que dependen de cisternas o agua embotellada en determinados periodos del año. Además, la contaminación presenta una característica que dificulta su percepción: es invisible. No altera el sabor ni el olor del agua, lo que retrasa la reacción social y política. A esto se suma un factor que el propio mapa pone de relieve: la falta de información completa. Cerca de una cuarta parte de los municipios españoles no dispone de datos suficientes sobre la calidad del agua, lo que sugiere que la dimensión real del problema podría ser mayor.

El debate, además, va más allá del límite legal. Greenpeace y diversos estudios científicos sostienen que el umbral de 50 miligramos por litro está desfasado y que los niveles seguros deberían situarse en torno a los 6 mg/l. De aplicarse ese criterio, el mapa de la contaminación dejaría de ser un conjunto de focos aislados para convertirse en una mancha mucho más extensa que afectaría a buena parte del territorio, incluido Aragón.

La apertura del centro de salud Ramón y Cajal de Huesca, una infraestructura largamente esperada en el barrio del Perpetuo Socorro, ha derivado en un conflicto político y social que trasciende lo simbólico. Lo que debía ser la culminación de una reivindicación vecinal sostenida durante cuatro décadas se ha visto empañada por una gestión institucional que las asociaciones consideran errática, excluyente y orientada al rédito político del Gobierno de Aragón, en manos del PP.

La Comisión Permanente de la Coordinadora de Asociaciones y Entidades del barrio ha expresado su “firme malestar” por la forma en que el Ejecutivo autonómico organizó la inauguración oficial del centro. El acto estaba previsto en un primer momento para el 27 de febrero, lo que llevó a modificar agendas médicas y cancelar consultas para facilitar la presencia institucional. Sin embargo, el Gobierno de Aragón lo suspendió a última hora alegando “motivos de agenda”, sin ofrecer alternativa ni nueva fecha.

Las consecuencias fueron inmediatas y cuantificables. Según la Coordinadora, se desprogramaron en torno a 200 consultas, afectando tanto a pacientes como a profesionales sanitarios. “Se usurpó el derecho a la asistencia por un protagonismo político”, denuncian, subrayando que la decisión generó “trastornos innecesarios y expectativas frustradas”. La crítica apunta directamente a la planificación: no se trató de una incidencia inevitable, sino de una decisión política que impactó en la atención sanitaria.

El malestar no terminó ahí. Un mes después, el 26 de marzo, el presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón; el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero; y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, realizaron una visita institucional al centro. Esa visita, interpretada como una inauguración de facto, se produjo sin convocar a las asociaciones vecinales que habían liderado la reivindicación histórica del equipamiento.

La Coordinadora denuncia que tampoco fueron invitadas otras entidades directamente afectadas por el nuevo centro como las asociaciones de los barrios de Santo Domingo y San Martín o del Casco Antiguo, cuyos vecinos también dependen de esta infraestructura. La exclusión no fue solo social, sino también institucional: no asistieron representantes del anterior Gobierno de Aragón presidido por Javier Lambán, que impulsó el proyecto, ni el subdelegado del Gobierno en Huesca, pese a que la obra ha sido financiada con fondos estatales.

En concreto, el Ministerio de Sanidad aportó 7,5 millones de euros a través del Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria aprobado en 2023. El subdelegado del Gobierno en Huesca, José Carlos Campo, ha denunciado públicamente lo que considera una exclusión deliberada. En un comunicado, lamentó “el esfuerzo reiterado” del presidente Azcón y del consejero Bancalero por evitar la presencia del Gobierno de España en los actos relacionados con el centro. “Lo que es un ejemplo de colaboración institucional en beneficio de la ciudadanía de Huesca se ha convertido en un ejercicio de promoción personal y política”, afirmó.

Campo añadió un elemento relevante: la inauguración realizada el 26 de marzo no fue comunicada ni a la Subdelegación ni al Ministerio de Sanidad pese a tratarse de una infraestructura financiada íntegramente con fondos estatales y levantada en un solar cedido por el propio Gobierno de España. El propio Azcón reconoció en sus declaraciones la aportación estatal, lo que, según el subdelegado, evidencia que la omisión fue consciente.

Mientras tanto, el Gobierno de Aragón ha defendido las bondades del nuevo centro. Destaca su tamaño, con cerca de 4.000 metros cuadrados, y su capacidad para unificar servicios que antes estaban dispersos. El equipamiento cuenta con 14 módulos de Medicina de Familia, tres de Pediatría, áreas de diagnóstico, salud mental, rehabilitación y cirugía menor, y atiende a más de 17.000 tarjetas sanitarias, aproximadamente el 30% de la población de Huesca.

Sin embargo, estos datos no han servido para neutralizar la crítica de fondo. Las asociaciones vecinales insisten en que el problema no es la infraestructura, sino su instrumentalización política. Recuerdan que el centro no es una iniciativa reciente, sino el resultado de décadas de movilización vecinal. Por ello, consideran especialmente grave haber sido excluidas de los actos institucionales y reclaman que se actúe con “responsabilidad, planificación, transparencia y respeto”.

Pacientes oncológicos sin consulta en Barbastro

El contraste entre la dimensión técnica del proyecto y su gestión política es uno de los ejes del conflicto. La apertura del centro representa una mejora objetiva en la atención primaria de la ciudad, pero la forma en que se ha gestionado su inauguración ha erosionado la relación entre instituciones y tejido social. Ese deterioro se produce en un contexto más amplio de tensión en el sistema sanitario de la provincia, especialmente en el Hospital de Barbastro, cuya situación evidencia problemas estructurales que van más allá de la polémica en la capital.

El episodio más reciente se produjo esta semana, cuando pacientes oncológicos se quedaron sin consulta ni tratamiento de quimioterapia debido a la ausencia de especialistas. El hospital cuenta con tres oncólogos, pero dos están de baja y el único disponible sufrió una indisposición repentina. La falta de previsión impidió activar una alternativa en tiempo útil.

La consecuencia fue que pacientes procedentes de distintas localidades del sector sanitario, con algunas a más de una hora de distancia, tuvieron que regresar a sus casas sin recibir tratamiento. La diputada de Chunta Aragonesista Verónica Villagrasa calificó la situación de “inadmisible”, subrayando el impacto que tiene en personas que dependen de tratamientos continuados.

El Departamento de Sanidad ha explicado que se trata de una incidencia puntual y que el servicio está siendo cubierto con apoyo del Hospital San Jorge. Sin embargo, los problemas de fondo son conocidos y persistentes: dificultades para cubrir plazas, dependencia de refuerzos y una planificación que no siempre responde a las necesidades reales.

A estos problemas asistenciales se suma una crisis interna reflejada en múltiples dimisiones. En los últimos meses han dejado sus puestos el gerente sanitario de Huesca y Barbastro, Luis Canalejo; el director del hospital, Juan Eito; responsables de urgencias, enfermería y otros servicios. La dimisión más reciente es la del jefe de Urgencias, Juan Magallón, tras más de veinte años en el centro.

Aunque el Departamento de Sanidad atribuye estas salidas a “motivos personales”, desde distintos ámbitos se cuestiona esa versión. José Luis Parra, de Chunta Aragonesista Somontano, sostiene que “el goteo de ceses y dimisiones tiene que ver poco con la casualidad” y lo vincula a “la nefasta gestión de Bancalero”. A su juicio, existe una “crisis estructural” en el hospital de referencia para buena parte del Alto Aragón.

Las cifras refuerzan la dimensión del problema. El Hospital de Barbastro atiende a más de 110.000 personas repartidas en más de 8.500 kilómetros cuadrados, incluyendo comarcas como Sobrarbe, Ribagorza o Bajo Cinca. La dispersión geográfica convierte cualquier fallo en la organización sanitaria en un problema de acceso real a la atención. Plataformas ciudadanas y juntas de personal han denunciado “falta de profesionales, planificación y transparencia”, alertando de un “progresivo vaciamiento” del centro. También han criticado recortes de personal en servicios sensibles como la UCI, especialmente en turnos nocturnos.

El Gobierno de Aragón ha respondido anunciando la incorporación de nuevos profesionales: 23 médicos en 2025 y 46 plazas en proceso para 2026. Sin embargo, estas medidas aún no han tenido un impacto tangible en la percepción ciudadana, marcada por episodios como la suspensión de consultas oncológicas o las largas esperas en urgencias.

Hay historias que comienzan con una fotografía. No una imagen cualquiera, sino una de esas que permanecen durante décadas en una casa familiar sin que nadie sepa muy bien quién es la persona que aparece en ella. Así arranca, en cierto modo, el viaje que ha llevado a la periodista Esther P. Nogarol a reconstruir la vida de un artista casi borrado de la memoria colectiva: Agustín Alamán. “Había una foto en casa con una persona a la que no conocíamos y que nos causaba curiosidad a mis hermanos y a mí”, recuerda. “Mi madre sabía algo, pero no podía darnos muchos datos”. El hallazgo casual de su nombre en internet en 2018 fue el hilo del que tirar.

Ese impulso acabó convirtiéndose en una investigación de largo recorrido y, finalmente, en el libro 'El artista de los tres exilios', editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses y prologado por Alberto Sabio. “Han sido siete años y la verdad es que es un camino increíble que me ha cambiado la vida”, explica la autora, máster en Historia Contemporánea. “He dado vueltas por España y por Francia buscando en los archivos, he aprendido muchísimas cosas que no sabía”. El resultado es un relato que no solo recupera la figura de Alamán, sino que plantea una pregunta incómoda: cuántos nombres como el suyo siguen todavía en la sombra.

La vida de Agustín Alamán (Tabernas de Isuela (Huesca), 1921-Madrid, 1996) atraviesa el siglo XX marcada por el desarraigo. Hijo y nieto de herreros, su relación con la materia fue temprana. “Antes de dibujar, él ya veía cómo se forjaba un material para crear un volumen”, explica la autora. Esa relación casi física con los materiales, sumada a su oficio de albañil, marcaría toda su obra. La Guerra Civil lo empujó al primero de sus exilios. En 1938 cruzó a Francia, donde conocería los campos de concentración y de trabajo. Tras la liberación, inició una trayectoria artística que lo llevaría a participar en 1947 en la exposición colectiva 'Arte español en el exilio', junto a figuras como Pablo Picasso o Juan Gris.

A partir de ahí, Alamán evolucionó hacia la abstracción, pero su obra desbordó cualquier etiqueta. Pintura, escultura, joyería, cerámica, tapices, collage o diseño: “Era un artista total”, resume. Él mismo se definía como autodidacta, aunque esa etiqueta escondía una enorme capacidad técnica. “Sabía muchísimo más de materiales que muchos de sus compañeros”, señala. “De hecho, eran ellos quienes le preguntaban cómo manejar determinadas técnicas”. En un momento en el que el arte exploraba nuevas cargas matéricas, él dominaba procesos que a otros se les resistían. “A los demás se les caía la materia del lienzo y a él no”, apunta. “Eso dice mucho de su concepción como artista”.

Reconocido en Uruguay

En 1955 emprendió su segundo exilio y se trasladó a Uruguay con su familia. Allí encontró un ecosistema artístico en ebullición y logró el reconocimiento que nunca tuvo en España. “En Uruguay sí que se le conoce”, subraya Esther P. Nogarol. “Ha habido exposiciones en las que ha estado presente y estudios en los que yo me he basado”. En Montevideo se integró en los círculos de vanguardia de los años sesenta y expuso en espacios clave como la Librería Alfa, impulsada por el editor Benito Milla, una figura esencial en su trayectoria. “Sin Benito Milla probablemente no hubiera llegado a nada allí”, afirma la autora. Alamán obtuvo premios importantes, como el del Salón Arcobaleno de Punta del Este en 1961, y desarrolló una obra marcada por el informalismo y el uso de materiales cotidianos. Mientras tanto, en España, su nombre se desvanecía.

El regreso a Madrid en 1970 supuso lo que la autora denomina su tercer exilio. “Es una España todavía franquista”, recuerda. “Yo creo que hay un punto de miedo”. Aunque Alamán no había tenido un papel político activo, su entorno familiar estaba vinculado al anarquismo. “Quizá quiso mantener un perfil bajo”. A ese factor se sumó otro: el contexto de la Transición. “Es como si cada sector tuviera a su exiliado”, reflexiona. Figuras como Dolores Ibárruri, la Pasionaria, o Rafael Alberti concentraron la atención, mientras otros nombres quedaban fuera. Pero también pesó su propia forma de entender el arte. “Tuvo problemas con una galería en Francia y decidió que no iba a tener nunca más marchante”, explica. “Y eso, a la larga, le perjudicó”. En Madrid se centró en la escultura y en trabajos artesanales, y murió en 1996 prácticamente en el anonimato, hasta el punto de que incluso la fecha de su fallecimiento ha circulado incorrectamente durante años.

El libro no solo reconstruye esa trayectoria, sino que la inscribe en un contexto más amplio. “Cuando lees la historia no es solo la de este señor, sino la de un montón de gente increíble que hemos perdido”, afirma. La autora insiste en la idea de la pérdida cultural derivada del exilio. “No es solo que ellos se fueran, es que nosotros los perdimos”. En ese sentido, menciona figuras como el propio Benito Milla, “uno de los grandes editores del boom latinoamericano”, prácticamente desconocido en España. “Editó a Benedetti, a Onetti, tenía a Camus o a Octavio Paz en sus revistas, y nadie le conoce”, lamenta.

Esa reflexión se amplía en una crítica más profunda sobre los vacíos de la memoria histórica en España. “Es un acervo cultural que hemos perdido y pensamos que, como ha pasado el tiempo y se han hecho cosas de memoria, ya está hecho, y falta muchísimo”, advierte. En su opinión, parte de ese vacío tiene que ver con el escaso peso que han tenido determinadas tradiciones políticas en la reconstrucción del relato colectivo. “En parte es por el anarquismo, porque la CNT apenas ha tenido fuerza para dar a conocer a toda esta gente”, señala. Y añade: “Somos ahora los historiadores los que estamos sacando estas historias, que no estaban, y te encuentras con trayectorias increíbles de anarquistas y cenetistas que tuvieron que huir y que tenían un talento enorme, y los perdimos”.

La propia investigación es un ejemplo de ese proceso. “Esto empezó casi por casualidad”, recuerda Esther P. Nogarol. “Y al final se ha convertido en algo que me ha cambiado la vida”. El trabajo de fin de máster que defendió en 2023 fue el punto de partida de un libro que ha querido hacer accesible. “Era un material académico, pero se veía que podía trasladarse a otro lenguaje más ameno”, explica. El proceso de escritura, sin embargo, ha sido más lento de lo que hubiera deseado. “Si pudiera dedicarme solo a la literatura, en dos o tres meses estaría hecho, pero una trabaja, tiene hijos, vida social…”, comenta.

La publicación del libro tiene también una dimensión simbólica. La autora ha querido que sea el territorio de origen de Alamán quien lo dé a conocer. “Me parecía importante que fuera su provincia quien lo presentara al mundo”, afirma sobre la edición del Instituto de Estudios Altoaragoneses. “No voy a obtener beneficios económicos, pero me encanta haberlo hecho así”. La primera presentación será en Huesca el viernes 10 de abril, seguida de Zaragoza, con la intención de llevar después el libro a Madrid, Barcelona, Toulouse y también a Uruguay, donde el artista sí dejó huella.

El proyecto no termina con la publicación. Esther P. Nogarol trabaja ya en la posibilidad de realizar un documental y mantiene abierta la idea de organizar exposiciones que permitan reunir su obra, hoy dispersa entre Europa y América. Mientras tanto, el libro cumple una función esencial: devolver a Alamán al lugar del que nunca debió salir. “Cuando terminas de conocer la historia te preguntas cómo es posible que haya estado olvidado”, dice la autora. La pregunta, en realidad, va más allá de un solo nombre. “¿Cuánta gente puede haber como él?”, plantea. Su libro no ofrece una respuesta cerrada, pero sí abre una vía: la de seguir investigando, recuperando y contando.

Hay historias que no se entierran bajo la tierra, sino dentro de cajas. Cajas selladas con prisa, trasladadas a toda velocidad entre fronteras, cargadas en camiones que huían del avance de la guerra, olvidadas después durante décadas en depósitos silenciosos. Cajas que contienen imágenes, pero también decisiones, trayectorias y una forma de mirar el mundo. Cajas que, cuando se abren, no solo devuelven fotografías, sino también vidas interrumpidas. De ese viaje improbable y de lo que quedó dentro nace ‘Las Cajas de Ámsterdam. Margaret Michaelis y Kati Horna en la Guerra Civil’, el libro de la historiadora Almudena Rubio que reconstruye tanto el itinerario de un archivo como el de dos mujeres que hicieron de la cámara una forma de compromiso.

Rubio no se limita a ordenar imágenes: trata de restituir un sentido. Lo deja claro cuando explica que en el caso de estas dos fotógrafas “vida y obra en los dos casos es algo inseparable, van de la mano y además en los dos casos muy marcado por ese compromiso político con los anarquistas”. Esa afirmación atraviesa el libro, presentado la semana pasada en la Diputación Provincial de Huesca, como una columna vertebral, porque la autora no solo quiere mostrar lo que fotografiaron, sino desde dónde lo hicieron. Y ese punto de partida se remonta a una Europa que ya se estaba resquebrajando antes de la guerra española.

Margaret Michaelis (1902-1985) y Kati Horna (1912-2000) nacieron en familias judías de clase media en el corazón de Centroeuropa, en Austria y Hungría respectivamente, y crecieron en un contexto donde la modernidad artística convivía con la radicalización política. Sus trayectorias, como subraya Rubio, tienen sorprendentes paralelismos: “Son dos fotógrafas de raíz centroeuropea, van a tener unas trayectorias similares”. Ambas se formaron en fotografía, ambas pasaron por Berlín a comienzos de los años treinta, ambas se vincularon de una u otra forma a círculos anarquistas y ambas acabaron en España durante la Guerra Civil trabajando para las oficinas de propaganda de la CNT. Sin embargo, sus caminos no son idénticos, y es precisamente en sus matices donde el libro encuentra una de sus mayores riquezas.

Michaelis se formó en Viena durante años, en un aprendizaje prolongado que se tradujo en una sólida base técnica y en una sensibilidad marcada por la vanguardia. Después se trasladó a Berlín, donde abrió su propio estudio, y más tarde hizo lo mismo en Barcelona y en Australia, ya en el exilio. Hay en su biografía una capacidad constante de recomenzar que Rubio destaca con admiración: es “capaz de sobreponerse y empezar de nuevo” en contextos completamente distintos, cambiando de idioma, de entorno y de clientela sin abandonar nunca la fotografía. Esa experiencia vital se percibe en sus imágenes, en sus encuadres arriesgados, en la búsqueda de ángulos poco convencionales, en esa inquietud que la lleva a situarse a distintas alturas para captar la escena.

Horna, por su parte, se formó en Budapest en contacto con círculos obreros donde la fotografía se concibe como herramienta crítica. Rubio recuerda que desde muy joven frecuentaba ambientes donde la imagen se entiende como denuncia social, y que esa influencia sería decisiva: “Entendía la fotografía como una herramienta de crítica social y eso va a influenciar ya en ese momento a Kati Horna”. Más tarde, su paso por Berlín intensificó su politización, y en París entró en contacto con las corrientes surrealistas, aunque más adelante se distanció de ellas. Su lenguaje visual, como apunta Rubio, será más complejo, más cargado de capas simbólicas, menos directo que el de Michaelis, pero no por ello menos comprometido.

No son observadoras neutrales

Ambas confluyeron en España en momentos distintos, pero bajo un mismo horizonte. Michaelis llegó a Barcelona en 1933, huyendo del nazismo, y cuando estalló la guerra ya estaba instalada, conocía la ciudad y había tejido una red de contactos en los ambientes anarquistas. Horna, en cambio, aterrizó en enero de 1937, en plena contienda, sin conocer el idioma ni el entorno. Esa diferencia marca también sus experiencias, pero no altera el fondo: ninguna de las dos es una observadora neutral. Rubio lo subraya con contundencia: “No son fotógrafas que llegan allí y van a tomar fotografías sin posicionarse, se posicionan”. La cámara, en sus manos, es una herramienta política.

Esa mirada se desplegó en el frente de Aragón y en la retaguardia oscense, en lugares como Albalate de Cinca, Banastás, Vicién, Igriés o Grañén. Pero lo que muestran sus imágenes no es solo la guerra en su dimensión más evidente, sino también sus márgenes: la vida cotidiana alterada, los espacios transformados, los cuerpos que resisten lejos del frente. En ese sentido, el archivo que Rubio estudia aporta una perspectiva distinta a la que ha dominado el imaginario visual de la Guerra Civil, más centrado en la épica del combate. Aquí hay menos heroísmo y más humanidad, menos gesto grandilocuente y más detalle.

Esa diferencia no es menor. La autora insiste en que este conjunto de imágenes “completa y enriquece ese legado fotográfico de la guerra conocido hasta ahora”, precisamente porque introduce una mirada que había quedado dispersa. Frente a los nombres ya canonizados como Robert Capa, Gerda Taro o David Seymour, las fotografías de Michaelis y Horna habían permanecido fragmentadas en distintos archivos, sin una lectura conjunta que las situara en su contexto político y geográfico. El hallazgo de las llamadas “Cajas de Ámsterdam” permite, por primera vez, reconstruir ese relato.

Pero el libro no se limita a analizar las imágenes: también sigue el rastro físico de esas cajas. Y ahí es donde la investigación adquiere un tono casi narrativo, porque el archivo tiene su propia historia, tan accidentada como la de las personas que lo produjeron. Rubio recuerda que al comenzar su trabajo todo eran preguntas: “Fue una sorpresa tras otra… ¿por qué está este archivo aquí?”. La respuesta implica atravesar Europa.

En enero de 1939, ante la inminente derrota republicana, el archivo de las oficinas de propaganda de la CNT-FAI fue empaquetado y evacuado de Barcelona. Las cajas viajaron hasta la frontera francesa en un camión conducido por el anarquista Simón Radowitzky, acompañado de mujeres y niños refugiados. Desde allí pasaron a París, luego a Inglaterra para evitar su caída en manos nazis y finalmente a Ámsterdam, al Instituto Internacional de Historia Social. El recorrido es tan incierto como decisivo, porque en cada etapa el archivo pudo perderse. Rubio lo resume como “un viaje y un problema tras otro que se va resolviendo”, una cadena de contingencias que, sin embargo, termina preservando el material.

Durante décadas esas cajas permanecieron cerradas. Un acuerdo impedía abrirlas hasta que la situación en España cambiara, lo que retrasó su estudio hasta después de la muerte de Franco. Cuando finalmente se organizaron en los años ochenta, el archivo reveló miles de negativos, placas de vidrio y fotografías. Sin embargo, la tarea de identificarlos, contextualizarlos y atribuirlos quedó pendiente. Es ahí donde entra el trabajo paciente de Rubio, que durante más de diez años ha ido reconstruyendo piezas dispersas.

Ese proceso no ha sido lineal. La autora reconoce que no siempre ha podido identificar cada imagen, pero aun así ha logrado trazar recorridos, establecer conexiones, devolver autorías. “He intentado ir registrando por donde han estado”, explica, consciente de que ese mapa, aunque incompleto, es esencial para entender la dimensión de su trabajo. Porque no se trata solo de saber qué fotografiaron, sino de seguir sus pasos en medio de la guerra.

Al hacerlo, el libro también recupera la dimensión personal de estas dos mujeres. Rubio insiste en que fueron “mujeres con una clara voluntad de independencia, de autonomía”, algo que en el contexto de los años treinta no era habitual. Eligieron una profesión, sostuvieron económicamente sus vidas, se desplazaron por Europa y tomaron decisiones personales que desafiaban las normas sociales. Michaelis abrió estudios en tres países distintos; Horna sobrevivió en París gracias a sus reportajes. Ambas rompieron relaciones, iniciaron otras, vivieron sin ajustarse a los modelos tradicionales.

“Vivieron sus vidas con pasión y valentía”

Ese componente biográfico no es accesorio, sino central. Forma parte de la misma lógica que une vida y obra. Rubio lo sintetiza al afirmar que “vivieron sus vidas con pasión y con valentía”, una valentía que se manifiesta tanto en sus decisiones personales como en su trabajo en contextos de riesgo. Horna llega a Barcelona con poco más de veinte años para fotografiar una guerra; Michaelis documenta el conflicto desde una posición comprometida. Ninguna de las dos se limita a observar.

Esa implicación es, precisamente, uno de los puntos que el libro reivindica frente a lecturas exclusivamente estéticas. Rubio advierte que reducir estas imágenes a su valor formal implica despojarlas de su sentido histórico: “Ahogar esta lectura más histórica, más política de sus obras bajo la estética de sus fotografías es no ser justa con ellas”. No se trata de negar su calidad artística, sino de integrarla en una comprensión más amplia. Como ocurre con figuras como Capa, entender su obra implica conocer su posicionamiento.

En ese cruce entre estética y política, el archivo de Ámsterdam adquiere un valor singular. No es solo un conjunto de imágenes, sino un testimonio colectivo en el que conviven distintos fotógrafos y distintas miradas. Junto a Michaelis y Horna aparecen nombres como Antoni Campañà, Badosa o Agustí Centelles, configurando un mosaico que amplía el relato visual de la guerra. Pero incluso en esa diversidad, el libro mantiene el foco en sus dos protagonistas, devolviéndoles una centralidad que había quedado diluida.

Quizá por eso el texto tiene también algo de relato de búsqueda. El primer capítulo, escrito en primera persona, narra el propio proceso de investigación, con sus dudas y hallazgos. Esa elección no es casual: introduce al lector en el descubrimiento progresivo del archivo, en la sensación de estar abriendo cajas que llevan demasiado tiempo cerradas. Y en ese gesto hay algo más que un trabajo académico: hay una voluntad de rescate.

Las carreteras secundarias que conectan muchos pueblos de la provincia de Huesca vuelven a situarse en el centro de las reclamaciones vecinales y municipales. Baches de gran tamaño, socavones, desprendimientos de ladera y parches que duran apenas unos días dibujan el estado de algunas de estas vías, cuyo deterioro se ha agravado con las lluvias persistentes registradas en las últimas semanas. Alcaldes y vecinos de distintos puntos del territorio, desde la comarca de Los Monegros hasta el Alto Gállego, denuncian la falta de mantenimiento por parte de las administraciones competentes y alertan de los riesgos para la seguridad vial.

Pinchazos, daños mecánicos e incluso salidas de la vía se repiten en algunas de estas carreteras, utilizadas a diario por trabajadores, agricultores, camiones de ganado o servicios públicos. En muchos casos, además, se trata de accesos imprescindibles para pueblos pequeños que dependen de estas vías para conectarse con centros comarcales, hospitales o servicios básicos.

La HU-831 en Castejón de Monegros: “La carretera está intransitable”

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en la carretera HU-831, que atraviesa la localidad de Castejón de Monegros. El estado del firme ha empeorado progresivamente durante los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento tuvo que intervenir por su cuenta. “El pasado verano tuvimos que comprar aglomerado para tapar varios agujeros”, explica la alcaldesa, Ana Puey. “Entonces nos supuso un gasto enorme, pero ahora hay tal cantidad de baches que no podemos costearlo. La carretera está intransitable, es un peligro. Ya no sabemos dónde acudir para que nos hagan caso, porque la Diputación de Huesca (DPH) no ha tapado ni un solo agujero en dos años”.

Fuentes de la DPH han indicado, sin embargo, que esa vía no pertenece a su jurisdicción y que “no se ha recibido ninguna solicitud de ningún tipo”. La regidora recuerda que la situación era muy diferente hace apenas unos años. “Antes llamábamos y a los quince días venían a parchear. Pero ahora estamos cansados de solicitar ayuda porque nunca llega, pedir reuniones que no se concretan… y la situación se complica cada día. Ahora no es que tengamos tres agujeros, es que se han multiplicado por la falta de inversión y el tráfico que soporta esta carretera”.

La HU-831 conecta con la A-230 a la salida del núcleo urbano de Castejón, una vía autonómica que tampoco presenta un estado mucho mejor, según denuncian desde el municipio. “Está también en un estado deplorable, es muy arriesgado circular por ella”, señala Puey. “A diario lo están haciendo muchos vecinos para ir a trabajar a Sariñena, así como camiones y otros vehículos pesados. El problema es muy serio”.

De momento no se han producido accidentes graves, pero sí numerosos incidentes. “Aunque de momento no ha habido daños personales, sí ha habido reventones y pinchazos en la A-230, tanto en Castejón como en otros puntos de esta carretera autonómica como Pallaruelo. Es un riesgo circular por esta vía, lo hemos dicho ya en demasiadas ocasiones”.

La alcaldesa insiste en que las reclamaciones no responden a una demanda excepcional, sino a la necesidad de garantizar unas infraestructuras básicas para la vida en el medio rural. “Los que vivimos en los pueblos queremos seguir haciéndolo. Necesitamos que las instituciones inviertan en aquello que es de su competencia. Es una urgencia, porque somos nosotros los que pasamos a diario por estas carreteras peligrosas, muy degradadas y abandonadas por quienes tienen la obligación de mantenerlas”.

Dos años de reclamaciones por la A-1223

También en Los Monegros, el Ayuntamiento de Alberuela de Tubo mantiene desde hace años una batalla administrativa para reclamar la mejora de la carretera A-1223, en el tramo que une Venta de Ballerías con el cruce de la A-1210. Se han cumplido dos años desde que el consistorio envió una carta al Departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística del Gobierno de Aragón alertando del deterioro de la vía.

El alcalde, José Manuel Penella, recuerda que hace seis meses recibieron una respuesta que parecía abrir la puerta a una solución. “Desde la Dirección General de Carreteras nos aseguraron que se iba a redactar el proyecto de acondicionamiento de la carretera, y es verdad que pusieron parches, pero duraron dos días. A día de hoy están ya deshechos”.

La sensación en el municipio es de desconcierto ante algunas actuaciones puntuales que consideran poco coherentes. “No entiendo la razón por la que pintaron la línea del suelo entre la estación de Poleñino y Sodeto. ¿Y de Sodeto a Venta de Ballerías? ¿No pasan coches? Es lamentable”, afirma el alcalde. Penella relata que los incidentes son frecuentes. “Hace un par de semanas la grúa tuvo que venir cinco veces en un solo día para asistir a otros tantos coches que habían sufrido un pinchazo, incluido el de la Guardia Civil, por el estado de la carretera”.

Aquella misma noche, según explica, se realizaron nuevos trabajos de parcheado. “Vinieron a parchear de nuevo, pero ya están deshechos”. Desde el Gobierno de Aragón se apunta que el inicio de la nueva legislatura, aún en fase de negociaciones, supondrá un avance “significativo” en la redacción del proyecto.

Sin inversión en el plan autonómico

Más allá del deterioro actual, lo que más preocupa al alcalde de Alberuela de Tubo es la falta de previsión de inversiones a medio plazo. “El Plan de Carreteras 2025-2040 no contempla ni un euro de inversión para mejorar esta carretera”, denuncia. “Hablamos de la seguridad de los vecinos del municipio, que necesitan transitar a diario por esta vía, pero también de la de los vehículos pesados, como tractores o camiones de ganado, que pasan por aquí todos los días. Es inconcebible que nos dejen abandonados al menos otros quince años más”.

El consistorio espera que el próximo Ejecutivo autonómico retome la cuestión. “Deseamos que el nuevo Gobierno de Aragón tome en consideración nuestras reclamaciones y acometa de forma urgente las obras de mejora de esta vía. Son ellos, y nadie más, los que tienen la responsabilidad de hacerlo”. Hace un año el Ayuntamiento envió además una carta a la Dirección Provincial de Carreteras solicitando una reunión que todavía no se ha celebrado.

El objetivo era abordar “el lamentable estado de la A-1223”. Según el alcalde, resulta “altamente peligroso y preocupante que no lo vean quienes tienen la obligación de mantener las carreteras en perfecto estado de conservación para garantizar la seguridad vial”.

Deslizamientos en la carretera hacia Isín y Acumuer

En el Alto Gállego, el problema no son solo los baches. Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas han provocado nuevos deslizamientos de terreno en la carretera que da acceso a los pueblos de Isín y Acumuer. Uno de los movimientos de ladera se ha producido a unos 500 metros pasado Larrés, mientras que otros desprendimientos previos más cercanos a Acumuer se han agravado con la persistencia de las precipitaciones.

El Departamento de Obras de la Diputación Provincial de Huesca visitó recientemente la zona para evaluar la situación y llevar a cabo trabajos de reparación. Mientras tanto, el Ayuntamiento ha señalizado el tramo afectado y realiza un seguimiento constante de la evolución del terreno. Los deslizamientos en esta ladera no son nuevos. Según explican fuentes municipales, se trata de un fenómeno relativamente habitual en periodos de lluvias intensas, cuando la inestabilidad del terreno aumenta.

El acceso a Lasieso: “Un estado vergonzoso”

Otro punto negro denunciado por los vecinos se encuentra en el acceso al núcleo de Lasieso, perteneciente también al municipio de Sabiñánigo. En nombre de la alcaldesa, la representante municipal Lourdes Lanuza ha trasladado públicamente la preocupación de los residentes por el estado de la carretera SC 22199-07.

“Queremos denunciar el estado vergonzoso y el grave deterioro en el que se encuentra el acceso al núcleo urbano de Lasieso”, señala. “Es un tramo que desde hace años permanece en un deterioro tan avanzado como inaceptable, sin que las administraciones competentes hayan adoptado medida alguna para remediarlo”.

Según explican desde el pueblo, el firme presenta baches profundos, socavones y deformaciones que dificultan seriamente la circulación. “La carretera presenta desde hace tiempo baches de considerable profundidad, socavones y deformaciones significativas del firme, que no solo dificultan la circulación, sino que lo convierten en un verdadero peligro para cualquier conductor”. Los vecinos aseguran que el deterioro de la vía ha provocado un aumento progresivo de los incidentes.

“La situación es tan extrema que ha derivado en un número creciente de salidas involuntarias de la vía, reventones de neumáticos y daños mecánicos que los afectados han tenido que asumir de su propio bolsillo”, explican. A ello se suma otro problema añadido: el mal estado de las cunetas. “Se producen inundaciones graves de la calzada debido al lamentable estado de las cunetas”. Según relatan, no se trata de episodios aislados. “No son casos puntuales, sino una problemática constante que afecta diariamente a quienes utilizamos esta carretera”.

Para los vecinos, la falta de mantenimiento evidencia una falta de atención institucional hacia esta pequeña población. “La ausencia de actuaciones mínimas de conservación pone de manifiesto una preocupante desatención hacia esta población, pese a las reiteradas solicitudes de mejora que hemos realizado”.

La pista forestal que parte de las inmediaciones de la localidad de Perarrúa, en Huesca, se adentra en la ladera sin apenas señales. Ocho kilómetros después, el asfalto es un recuerdo y el paisaje se impone. Allí, en una posición dominante sobre el valle, resiste lo que queda de Arués: muros abiertos, vanos sin carpintería, la silueta de la ermita en la parte alta. Nada sugiere movimiento. Y, sin embargo, el despoblado vuelve a estar en venta, envuelto en un lenguaje que promete naturaleza, teletrabajo y turismo rural con encanto.

El anuncio se encuentra en el portal Aldeas Abandonadas (Aldeasabadonadas.com), especializado en la venta de despoblados, y no cita el nombre del núcleo por “confidencialidad”. Pero las imágenes y la descripción, con 400 hectáreas de terreno rústico, suelo urbano en torno a 5.500 metros cuadrados, varias casas a medio reformar, ermita y antiguas escuelas de titularidad municipal, apuntan con claridad a Arués. El precio, cercano a 1,2 millones de euros tras una rebaja sustancial, condensa una historia larga de expectativas frustradas.

Arués fue un pueblo pequeño incluso en su mejor momento. A comienzos del siglo XX llegó a censar algo más de ochenta habitantes y una decena larga de casas abiertas. Compartía parroquia con el también hoy despoblado de El Mon y conservaba, en la parte superior del caserío, la ermita de San Valero, un templo de factura popular del siglo XVI. Como tantos otros enclaves del Pirineo y el Prepirineo, fue perdiendo población a partir de los años 40 y 50 en un proceso marcado por la emigración, la dureza de los accesos y la transformación del modelo agrario. Hacia los años setenta ya estaba vacío.

Durante décadas apenas fue un nombre en los inventarios de despoblados. La vegetación ganó terreno, las cubiertas se hundieron y el núcleo quedó reducido a ruina pintoresca. El giro llegó en 2002, cuando un empresario inmobiliario madrileño adquirió progresivamente la práctica totalidad de las propiedades privadas. Primero compró la mitad del caserío a un único dueño; después fue sumando el resto. La operación se planteó desde el inicio como una rehabilitación integral con vocación residencial y turística.

En 2007 trascendió públicamente la idea: convertir Arués en una “ciudad del descanso”. El concepto combinaba viviendas, apartamentos susceptibles de destinarse a alojamiento, equipamientos en los antiguos edificios públicos y un perfil ligado al bienestar —llegó a mencionarse la posibilidad de una escuela de yoga—. La inversión prevista rondaba los dos millones de euros y el proyecto se articuló a través de la sociedad Arués 2008 S. L.

El Ayuntamiento de Perarrúa redactó un plan especial para ordenar la reconstrucción del núcleo. El documento, que salió a información pública, contemplaba la edificación de 48 viviendas para una población estimada de 150 habitantes, manteniendo la volumetría y el emplazamiento originales de las construcciones. La idea era que casas, apartamentos y habitaciones hoteleras respetaran la morfología tradicional, recuperando el caserío como conjunto coherente.

La operación avanzó en paralelo en el frente de las infraestructuras. Se firmaron convenios para llevar la electricidad hasta el núcleo, en colaboración con el Gobierno de Aragón, y para garantizar el abastecimiento de agua desde depósitos cercanos. También se abordaron los trámites ambientales, con la intervención del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Sobre el papel, el proyecto parecía encarrilado.

Pero el contexto cambió bruscamente con la irrupción de la Operación Púnica, la investigación judicial que destapó una trama de corrupción en la Comunidad de Madrid y que tuvo como principales rostros al exdirigente del PP madrileño Francisco Granados y al empresario David Marjaliza. Algunas de las sociedades vinculadas al promotor de Arués fueron investigadas en el marco de ese entramado. Aunque el propietario defendió públicamente que el proyecto pirenaico no tenía relación con las irregularidades investigadas y que él no estaba imputado, la sombra del caso añadió incertidumbre.

Mientras los expedientes seguían su curso administrativo, el tiempo jugó en contra del pueblo. Las edificaciones que en 2002 aún conservaban cubiertas terminaron por ceder. La falta de intervención efectiva aceleró el deterioro. Donde se proyectaban viviendas rehabilitadas, hoy apenas quedan paredes perimetrales. El presupuesto de dos millones de euros se volvió insuficiente ante el avance de la ruina. Y el plan especial, pese a su aprobación, no se tradujo en obra material.

Una década después de que el proyecto urbanístico estuviera sobre la mesa, Arués ha regresado al punto de partida: el mercado inmobiliario. El anuncio actual destaca la existencia de proyecto aprobado y urbanización lista para comenzar la rehabilitación. Subraya la disponibilidad de luz, agua de manantiales legalizados y cobertura móvil. Presenta el enclave como idóneo para hostelería, turismo rural o uso empresarial vinculado al teletrabajo. La narrativa es la de una oportunidad lista para activarse.

El contraste con la realidad física es evidente para quien asciende por la pista forestal. Arués carece hoy de servicios básicos operativos. El acceso sigue siendo una vía sin asfaltar. No hay red de saneamiento ni equipamientos en funcionamiento. La ermita resiste, pero el conjunto urbano es un esqueleto. La pregunta que sobrevuela el valle es si el nuevo intento de venta será el preludio de una segunda oportunidad real o un capítulo más en la cadena de expectativas incumplidas.

Un planteamiento todavía más ambicioso es el de otra aldea pirenaica que ha salido recientemente al mercado por 3,5 millones de euros. Se trata de una pequeña finca situada a unos 15 kilómetros de Jaca que, según el anuncio publicado por la web inmobiliaria Aldeas Abandonadas, abarca 1.150 hectáreas y cuenta con dos viviendas para rehabilitar con permiso municipal. La oferta subraya su ubicación estratégica, a un cuarto de hora de Jaca y junto a la autovía Mudéjar, y presenta el enclave como una “atalaya” con vistas privilegiadas del Pirineo.

Más que un proyecto residencial al uso, la propuesta pivota sobre el aprovechamiento extensivo del territorio: 554 hectáreas de pinar silvestre, 244 de pastos permanentes y abundante fauna cinegética, desde jabalí y corzo hasta perdiz y liebre. El propio anuncio apunta a la posibilidad de constituir un gran coto de caza mayor y menor o destinar la finca a ganadería vacuna en libertad, e incluso ampliar la superficie adquiriendo parcelas colindantes.

El caso de Arués no se entiende sin situarlo en un fenómeno más amplio: la reutilización de despoblados aragoneses en clave turística o recreativa desde comienzos del siglo XXI. Frente a la despoblación estructural, algunas iniciativas han apostado por reconvertir núcleos abandonados en complejos vacacionales o destinos culturales.

Uno de los ejemplos más consolidados es Morillo de Tou, en la comarca aragonesa de Sobrarbe. También desalojado por la construcción de un embalse, el pueblo fue rehabilitado de forma integral y hoy funciona como centro vacacional con apartamentos, camping y servicios hosteleros, gestionado por Comisiones Obreras. Allí la recuperación fue completa y la actividad económica estable en el tiempo.

Casos con final feliz

En el valle de Tena, Lanuza siguió un itinerario diferente. Expropiado por la construcción de su embalse, quedó vacío durante años hasta que antiguos vecinos comenzaron a reconstruir viviendas. La celebración anual del festival Pirineos Sur reforzó su proyección turística. La recuperación fue progresiva y vinculada al arraigo de quienes habían sido desalojados, no a una operación inmobiliaria de nueva planta.

Más orientado al turismo cultural está Ruesta, junto al embalse de Yesa. El núcleo, también deshabitado tras la construcción de la presa, fue parcialmente rehabilitado para ofrecer albergue y servicios a los peregrinos del Camino de Santiago aragonés. No recuperó una población estable significativa, pero sí una función económica concreta.

En el extremo opuesto se sitúa Belchite. El pueblo viejo, arrasado en la Guerra Civil, nunca se reconstruyó. Desde los años 2000 se consolidó como espacio de memoria y destino de visitas guiadas. Allí la actividad turística no implicó reedificar viviendas ni atraer residentes, sino preservar las ruinas como testimonio histórico.

Comparado con estos casos, Arués representa el modelo que no termina de arrancar: el de la gran operación inmobiliaria proyectada sobre un núcleo vacío, dependiente de una fuerte inversión inicial y de la tramitación administrativa completa antes de colocar la primera piedra. Mientras Morillo de Tou o Lanuza se apoyaron en una gestión continuada o en la iniciativa vecinal, Arués quedó supeditado a un único promotor y a un calendario que nunca se cumplió.

La escena se repite: anuncio solemne, promesa de transformación, fotografía institucional y, meses después, renuncia. El Ayuntamiento de Huesca, gobernado desde 2023 por el PP, ha desistido de los 2,6 millones de euros de fondos europeos concedidos para la rehabilitación estructural del Casino y la creación de un Museo de Historia Contemporánea en su semisótano, a los que se suman casi 400.000 más para la adecuación de entornos escolares. Tres millones de euros en total. La subvención, financiada al 100% por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation EU), no exigía aportación municipal; solo gestión y ejecución en plazo.

El gobierno local del PP, encabezado por la alcaldesa Lorena Orduna, ha justificado la renuncia por la “falta de tiempo” para ejecutar y justificar las obras antes del 31 de marzo. Argumenta que Huesca dispuso de “un año menos” que otros beneficiarios porque la concesión definitiva no llegó hasta noviembre de 2024, tras una primera denegación por falta de presupuesto. Se pidió una ampliación en julio del pasado año y el ministerio la rechazó alegando que requeriría una modificación normativa.

La oposición socialista sostiene otra tesis: la pérdida era evitable y responde a una deficiente planificación. “Este fondo venía concedido al cien por cien. El ayuntamiento no tenía que poner ni un céntimo”, recuerda el concejal Fernando García. La portavoz del grupo, Silvia Salazar, va más allá y habla de “construcción del relato” para desplazar la responsabilidad. Según el PSOE, el ministerio propuso parcelar actuaciones para salvar parte del proyecto y no hubo respuesta.

El PP replica que cuando accedió al gobierno no existían los proyectos técnicos necesarios, solo una memoria inicial presentada en campaña por el anterior ejecutivo socialista. El concejal de Hacienda, Ricardo Oliván, defiende que el actual equipo “ha trabajado duro” para redactar el proyecto museístico y el de eficiencia energética, ya entregados. Forzar la ejecución, sostiene, podría acarrear reintegros y penalizaciones.

Pero el resultado es incontestable. El Casino pierde 2,6 millones europeos y el Ayuntamiento de Huesca deberá devolver 1,3 millones ya ingresados, más intereses. En los presupuestos de 2026 no figura partida para ejecutar la obra. El PP asegura que seguirá adelante con fondos propios o con el 2% cultural solicitado al Ministerio de Vivienda. Sin consignación concreta ni calendario, la promesa queda en el aire.

La polémica no es solo contable. El Casino, inaugurado en 1904, es uno de los símbolos patrimoniales de Huesca. El proyecto aspiraba a convertirlo en un polo cultural y turístico. “¿Cuál es la estrategia turística? ¿Conformarse con una fachada?”, pregunta el PSOE. La alcaldesa afirma que el proyecto “se hará con fondos europeos o sin ellos”, pero admite que los plazos eran inviables. La gestión ha oscilado entre la épica de la “primera piedra” y la prudencia presupuestaria.

Entornos escolares: 387.000 euros menos y un SUV eléctrico

La renuncia del Casino no es un caso aislado. Hace unas semanas se confirmó la devolución de 387.000 euros destinados a pacificar entornos escolares dentro del proyecto de Zona de Bajas Emisiones. El objetivo era implantar zonas ‘kiss and go’ y mejorar la seguridad en itinerarios escolares antes del 31 de diciembre del pasado año. El Ayuntamiento de Huesca alegó “cuestiones técnicas sobrevenidas” y falta de necesidad inmediata.

Orduna restó importancia asegurando que “eso no es perderlos, simplemente se han desechado”. Pero la oposición lo interpreta de otro modo, como dinero recibido que habrá que devolver. El edil socialista, Fernando García habla de “incapacidad de gestión”. Salazar contrapone el ahorro en seguridad escolar con el gasto de 50.000 euros en un SUV eléctrico para la alcaldesa. El mensaje político es claro: prioridades invertidas.

La Zona de Bajas Emisiones ha sido otro frente, ya que el PP modificó el planteamiento socialista, descartó ampliar restricciones al 60% del casco urbano y eliminó el control por etiquetas ambientales. “Esto no es Madrid”, ha repetido la alcaldesa.

Perpetuo Socorro: 890.000 euros en disputa

En el barrio del Perpetuo Socorro, la batalla se libra en 890.000 euros recuperados de fondos europeos para la reurbanización del paseo Ramón y Cajal. El PSOE propuso destinarlos a la fase IV para licitar cuanto antes las obras. Solo Vox apoyó la moción. El concejal no adscrito Antonio Laborda votó en contra y el PP rechazó que la oposición “mande” en el destino de los fondos.

La Coordinadora de Asociaciones del barrio expresó su malestar: la entrada y salida a la ciudad, dicen, es “una boca de lobo” por la falta de iluminación desde el puente del Isuela. Reclaman que se piense en las personas y no en equilibrios políticos. El gobierno municipal asegura que la fase IV está en licitación de proyecto y que se ejecutará “cuando llegue el momento oportuno” con recursos disponibles.

El concurso para redactar el proyecto básico de las fases IV, V y VI, 35.695 euros y cinco meses de plazo, está paralizado por un recurso de reposición. El calendario se dilata mientras el debate político se enquista. La concejala de fondos europeos, María José Cuello, reivindica la recuperación del dinero y rechaza la moción socialista. Rosa Gerbás (PSOE) acusa al PP de apoyarse en el tránsfuga para evitar que la alcaldesa use su voto de calidad.

El 91% ejecutado… ¿y el 9% perdido?

Orduna presume de haber ejecutado el 91% de los 16,8 millones heredados: 30 kilómetros de vías ciclables (1,5 millones), dos aparcamientos disuasorios junto a la Ciudad Deportiva y los Juzgados (1,3 millones) y la reforma de la Oficina de Turismo (124.000 euros). La cifra, presentada como aval de “gestión eficaz”, convive con casi tres millones en riesgo o ya perdidos entre Casino y entornos escolares.

El PSOE sostiene que el PP “no ha captado ni un solo euro nuevo” en su mandato. La alcaldesa replica que recibió una “marabunta” sin anteproyectos y que ha tenido que rediseñarlo todo. El patrón se repite en el frustrado Centro de Emergencias y Seguridad Ciudadana, que debía albergar nuevas sedes de Bomberos y Policía Local. A 48 horas de unas elecciones autonómicas, el PP anunció que desechaba el proyecto por “inejecutable” tras una auditoría externa. Meses antes, la alcaldesa había colocado una primera piedra simbólica junto al presidente aragonés Jorge Azcón y el presidente provincial Isaac Claver.

El proyecto había sido aprobado por unanimidad en pleno, incluidos concejales del PP hoy responsables de Urbanismo y Seguridad. El PSOE denuncia que cada vez que un proyecto se trunca, el gobierno local culpa al anterior ejecutivo pese a llevar casi tres años al frente. En el presupuesto actual solo hay 1.000 euros consignados. La pregunta es directa: ¿se hará o no?

La gestión de los fondos europeos en Huesca se ha convertido en un campo de batalla político permanente. El PP invoca prudencia financiera y responsabilidad institucional para evitar reintegros; el PSOE habla de oportunidades perdidas, falta de planificación y prioridades discutibles. Entre ambos discursos quedan edificios modernistas sin rehabilitar, entornos escolares sin pacificar y barrios que esperan luz y asfalto.

El gobierno municipal insiste en que los proyectos “se harán”. Pero los presupuestos de 2026 no los respaldan con partidas específicas. El PP defiende que ha ejecutado la mayor parte del paquete heredado y que no arriesgará sanciones por precipitación.

Todos los meses de febrero se celebra el Día Internacional de los Humedales, una fecha marcada en el calendario ambiental para recordar la importancia de estos ecosistemas y alertar sobre su acelerada degradación. Los humedales, pese a ocupar una proporción relativamente pequeña del territorio, desempeñan un papel clave en la regulación del ciclo del agua, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, son considerados hoy los ecosistemas más degradados del planeta: su ritmo de pérdida es tres veces superior al de los bosques.

En Aragón, una comunidad con una notable diversidad de ambientes húmedos, desde saladas esteparias a ibones pirenaicos o turberas de montaña, la situación refleja esa paradoja global: un patrimonio natural de gran valor, pero escasamente protegido y con un desarrollo normativo que, según denuncian los colectivos ecologistas, lleva años bloqueado.

Las zonas húmedas de agua dulce albergan en torno al 10% de todas las especies animales del planeta, y una cuarta parte de ellas se encuentra en alto riesgo de extinción según la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN). En un contexto de emergencia climática, estos espacios funcionan además como auténticos sumideros de carbono, amortiguan las crecidas y actúan como reservas estratégicas de agua en territorios cada vez más secos.

Con motivo de esta conmemoración, Ecologistas en Acción ha vuelto a poner el foco en lo que considera una “pasividad preocupante” del Gobierno de Aragón en el cumplimiento de la normativa vigente sobre conservación de humedales. Aragón tiene unos 270 humedales inventariados. En el centro de la crítica se encuentra la ausencia del Plan Estratégico de Humedales de Aragón, un documento que debería marcar las líneas maestras de protección y gestión de estos espacios.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, anunció que el plan estaría listo antes de finalizar 2025, y lo presentó como una de las grandes actuaciones de su departamento. Sin embargo, a día de hoy el documento sigue sin ver la luz. Para Ecologistas en Acción, este retraso no es una excepción, sino la norma en la política autonómica sobre biodiversidad.

La organización recuerda que el propio Decreto 204/2010, por el que se creó el Inventario de Humedales Singulares de Aragón, establecía la obligación de elaborar un Plan de Acción Plurianual. Ese plan debía servir como documento marco para la planificación, ordenación y gestión de los humedales aragoneses y contribuir al desarrollo del Plan Estratégico Español. Quince años después, ese instrumento sigue pendiente.

“El marco legal existe, pero no se aplica. Sin planificación ni inversión, la protección es solo sobre el papel”, señalan desde Ecologistas en Acción, que advierten de que muchos humedales incluidos en el inventario carecen de medidas efectivas frente a amenazas como la sobreexplotación hídrica, la contaminación difusa o la expansión de regadíos.

Especies amenazadas sin planes de recuperación

El diagnóstico se agrava cuando se analizan los datos sobre fauna asociada a ambientes acuáticos. En la última revisión del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, recogida en el Decreto 129/2022, se identifican 12 especies ligadas a humedales catalogadas “en peligro de extinción”. Sin embargo, solo dos de ellas, la margaritona (un molusco de agua dulce) y el cangrejo de río común, cuentan con un plan de recuperación aprobado.

Ninguna de las especies consideradas “vulnerables” dispone de su correspondiente plan de conservación, a pesar de que la normativa autonómica obliga a elaborarlos. Para los ecologistas, esta carencia refleja una falta de prioridades políticas en materia de biodiversidad y una desconexión entre los compromisos formales y las actuaciones reales.

Otro de los reproches apunta a la falta de integración de los humedales aragoneses en los instrumentos estatales. Han pasado más de 22 años desde la creación del Inventario Nacional de Zonas Húmedas y, en ese tiempo, el Gobierno de Aragón no ha propuesto la inclusión de ningún nuevo espacio.

Este inventario es clave porque obliga a que los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas recojan medidas específicas de protección. La ausencia de humedales aragoneses en este registro estatal implica, según Ecologistas en Acción, una debilidad estructural en la defensa de estos ecosistemas frente a proyectos de alto impacto. “En la planificación de nuevos regadíos, por ejemplo, pueden primar criterios productivos sobre la conservación de saladas esteparias de enorme valor ecológico, porque no están suficientemente reconocidas en los instrumentos oficiales”, advierten.

Ramsar: reconocimiento internacional, gestión mínima

Desde 2011, Aragón no ha solicitado la declaración de ningún nuevo humedal dentro del Convenio Ramsar, el principal tratado internacional para la protección de zonas húmedas. En la actualidad, solo cuatro espacios aragoneses cuentan con este reconocimiento: la Salada de Chiprana, la Laguna de Gallocanta, las Saladas de Bujaraloz-Sástago y los Tremedales de Orihuela.

Todos ellos se enfrentan a amenazas vinculadas al cambio climático, la gestión del agua y la presión humana, pero carecen -según denuncian los ecologistas- de planes de gestión ambiciosos y de inversiones económicas suficientes. La paradoja es que se trata de espacios con un enorme valor científico, paisajístico y turístico, pero con una protección real muy limitada.

La Laguna de Gallocanta, por ejemplo, es uno de los principales enclaves de invernada de grullas en Europa occidental, mientras que la Salada de Chiprana es la única laguna salina natural profunda de la península ibérica. Los Tremedales de Orihuela, en la Sierra de Albarracín, albergan turberas de montaña de gran rareza en el contexto mediterráneo.

Desde el Gobierno de Aragón, la respuesta a estas críticas se centra en destacar el marco normativo existente. El Inventario de Humedales Singulares de Aragón, creado en 2010, recoge actualmente 238 humedales y complejos de humedales distribuidos en nueve tipologías distintas: desde lagunas de agua dulce y salada hasta turberas, ibones, estanques artificiales de interés ecológico o sistemas kársticos subterráneos.

La inclusión en este inventario implica que los terrenos se clasifican como suelo no urbanizable de especial protección y se establece un régimen de usos permitidos, prohibidos y autorizables. Además, muchos de estos humedales ya se encuentran dentro de espacios de la Red Natural de Aragón, como LIC o ZEPA.

El ejecutivo autonómico subraya también que el inventario es un registro abierto y dinámico. Desde su creación se han incorporado dos nuevos espacios: la Laguna del Cañizar, en Teruel, y el humedal de Las Fuentes, en Utebo. En el primer caso, se trata de un ejemplo de recuperación ambiental tras siglos de drenaje, con presencia de especies tan sensibles como el avetoro o la garcilla cangrejera. En el segundo, un pequeño humedal periurbano que funciona como refugio de biodiversidad en un entorno muy antropizado. Para el Departamento de Medio Ambiente, estos ejemplos demuestran que existe voluntad de ampliar y actualizar el inventario, siempre que haya iniciativas locales y consenso técnico.

Mientras el Gobierno defiende que existe una estructura legal suficiente y que el nuevo Plan Estratégico llegará en los próximos años, Ecologistas en Acción considera que los retrasos acumulados son incompatibles con la urgencia de la crisis ecológica.

“La conservación no puede basarse solo en declaraciones y catálogos. Sin recursos, sin planificación y sin seguimiento, los humedales seguirán deteriorándose”, señalan desde Ecologistas, que reclama una inversión sostenida, mayor coordinación con la Confederación Hidrográfica del Ebro y una integración real de estos ecosistemas en las políticas agrarias y territoriales.

El Ejecutivo autonómico, por su parte, insiste en que la gestión del agua es una competencia compartida y que muchas decisiones dependen de organismos estatales. También recuerda que la presión presupuestaria y la complejidad administrativa dificultan la puesta en marcha de planes integrales en plazos cortos.

Más allá del debate político, los datos son contundentes: en los últimos 60 años ha desaparecido aproximadamente el 60% de la superficie encharcable original en España. Aragón no es una excepción. Muchos humedales han sido desecados, transformados en campos de cultivo o degradados por la contaminación.

En un territorio especialmente expuesto a la desertificación y al estrés hídrico, la pérdida de estos ecosistemas supone no solo un daño ambiental, sino también una amenaza para la resiliencia del propio territorio. Los humedales almacenan agua en épocas húmedas y la liberan lentamente en periodos secos, amortiguan inundaciones y actúan como filtros naturales frente a contaminantes.

Financiación europea para cuatro humedales

SEO/BirdLife, la Sociedad Española de Ornitología, tendrá un papel destacado en el proyecto europeo LIFE HumedalES, el mayor financiado hasta la fecha por los fondos LIFE, con actuaciones específicas en cuatro humedales de Aragón a partir del próximo mes de abril. Durante los próximos diez años se desarrollarán medidas de restauración ecológica orientadas a mejorar la vegetación de ribera, controlar especies exóticas invasoras, retirar residuos y favorecer hábitats clave para la fauna, con el objetivo de reforzar la resiliencia climática y recuperar la biodiversidad asociada a los ecosistemas acuáticos.

En Aragón, las actuaciones se centrarán en la Laguna de Sariñena, los Humedales de las Cinco Villas, las Saladas de Sástago y la Laguna de Gallocanta, todos ellos afectados por la presión de las prácticas agrarias, la degradación de la calidad del agua y la presencia de especies invasoras. Los trabajos incluirán fórmulas de abandono de usos mediante pagos por servicios ambientales, seguimiento de la avifauna y mejora del uso público, con el fin de recuperar estos espacios como enclaves estratégicos para la conservación de la biodiversidad y el disfrute social en el territorio aragonés.

En Angüés, un municipio de poco más de 400 habitantes de la provincia de Huesca, no gobierna ninguno de los partidos que se presentan a las elecciones autonómicas. Desde 2019 lo hace una agrupación electoral formada por mujeres del propio pueblo, Mujeres Por el Municipio de Angüés (MPMA), que revalidó su mayoría absoluta en 2023 con cinco de los siete concejales. Todas ellas son mujeres. La alcaldesa, Herminia Ballestín, no se presenta -ni podría hacerlo- al 8F. Su proyecto político empieza y acaba en el término municipal, pero se mantiene a la expectativa de lo que ocurrirá este fin de semana.

“Nosotros somos un grupo de mujeres que pensábamos que podíamos coger la gestión del pueblo como principio y final de nuestra aventura política”, explica. Esa idea de política como gestión, y no como carrera, atraviesa todo su discurso. En Angüés no hay proyección autonómica, ni aspiraciones de escalar institucionalmente. “Lo nuestro es la gestión, es el segundo mandato y estamos en las tareas propias del pueblo”. Una declaración que, en un contexto preelectoral marcado por los bloques, las siglas y la pugna por el poder, suena casi a anomalía.

En este contexto, Angüés vive las elecciones autonómicas desde una cierta periferia. “Somos pocos. Tenemos poco poder. No me extraña que no nos vengan a ver o a contar nada porque no somos relevantes”. Sin embargo, en la pared del centro social alguien ha colgado un gran póster electoral del candidato popular, Jorge Azcón, sin que mediara aviso al consistorio. Pero no hay mítines ni visitas de cabezas de lista. “El domingo 8 de febrero gane un partido u otro, con lo que salga es con lo que tenemos que seguir trabajando”.

En las municipales de 2019, Mujeres Por el Municipio de Angüés obtuvo 125 votos de los 236 que se emitieron, más de la mitad. Logró cuatro concejalas por los tres del PSOE con 103 sufragios. El mapa político viró cuatro años después. Se incrementaron los apoyos a la MPMA, con 148 votos para sumar una concejala más, y el PP rascó los otros dos frente a un desplome socialista.

Esa mayoría les ha dado, dice la alcaldesa, “un confort, una tranquilidad de poder hacer lo que veo más adecuado para todos”. La oposición existe, pero no condiciona la gobernabilidad. “No tengo gran preocupación de vida de pactos. La oposición está ahí con sus aportes, pero el pueblo me ha dado una base muy clara”. En el salón de plenos no hay confrontación permanente. “Se suele decir que en los pueblos no hay siglas políticas. Aquí no hay mucha confrontación”.

Si se toma la referencia de las anteriores elecciones autonómicas y generales de 2023, en ambas venció el PP con una diferencia de 16 votos respecto al PSOE: 77 a 61 en las autonómicas y 79 a 63 en las generales, lo que dibuja un panorama a priori favorable a Azcón. Como tercera fuerza se ha asentado Vox. Aunque parece complicado un ‘sorpasso’ al PSOE, mejoró mínimamente sus resultados entre las autonómicas de mayo de 2023 (37 votos) y las generales de julio de aquel año (42), por delante de Sumar y Podemos.

Angüés ha abierto sus brazos a los migrantes. En el único bar del pueblo trabaja como camarero Tigran, un joven ucraniano que huyó de la guerra hace cuatro años. Su familia se instaló en la cercana localidad de Barbastro y es muy apreciado por una clientela entre la que también se incluyen nicaragüenses asentados en esta población. “Me siento muy cómodo, la gente es muy cercana y estoy feliz con la decisión que tomé”, indica.

Ballestín no oculta cierta simpatía por ese ‘declive’ del bipartidismo. En los pueblos, eso se traduce en un voto más libre. “El domingo se va a votar aquí a partidos que en las municipales no se votan nunca”. El mismo elector puede apoyar a una agrupación local sin siglas y, unos meses después, votar a un partido estatal. “Eso demuestra que dentro del núcleo de votantes hay muchas tendencias”. Y también, cree, un malestar de fondo. “Hay opciones que las veo muy locas, pero luego llegan las elecciones y tienen un montón de votos. Existe un descontento subyacente sobre la manera de actuar”.

Un descontento que explica también el crecimiento de formaciones como Vox o Se Acabó la Fiesta, que también concurre a las autonómicas. Para Ballestín no es tanto una cuestión ideológica como una reacción. “Si tú das opción a la gente a que opine, pues opina”. No lo interpreta como una amenaza directa, sino como un síntoma. “Hay un cansancio, una decepción. La gente ve que se dicen cosas y luego no se cumplen”. En ese contexto, votar opciones extremas o antisistema es una forma de protesta. “Eso también demuestra que el bipartidismo ya no es un fijo”.

En Angüés la política no es un trampolín, sino una carga cotidiana. Una forma de cuidar un lugar pequeño que, en campaña, casi nadie visita, pero que depende como pocos de lo que se decida en Zaragoza. Ese cuidado, en los pueblos, se concreta en problemas muy materiales: agricultura, vivienda, servicios. “Hay problemas en la agricultura muy fuertes que se van soterrando, pero están”. Y aunque se hable de España vaciada, Ballestín no percibe beneficios reales por ser pocos. El ejemplo más claro es la vivienda.

“Nosotros hemos hecho cinco viviendas desde que estamos en el ayuntamiento, ahora estamos haciendo dos y tenemos otra en proyecto. Para nosotros es un esfuerzo grande”. Siempre con ayudas externas. “Fuera del presupuesto tienes que buscar ayudas”. Aun así, hay pequeños indicios de recuperación demográfica. “La semana pasada vino una pareja y han comprado una casa. Eso para mí son noticias buenísimas”.

En agosto de 2022 cerró la última tienda de ultramarinos del pueblo y ahora el ayuntamiento ha adquirido un local que está reformando para que los vecinos puedan adquirir allí productos de primera necesidad. Próximo a este se encuentra una sucursal bancaria que solo se abre al público los lunes y jueves, con un cajero de uso permanente. En la obra trabaja Alberto Puyol, que desearía que gobierne un partido “que nos diera seguridad a los que damos todo para sacar adelante nuestros negocios”, más allá de las siglas políticas.

La alcaldesa observa con distancia la fragmentación del sistema de partidos y el auge de nuevas formaciones. “Cada vez hay partidos que van ganando votos de una vez para otra. Hemos pasado del bipartidismo a otras posibilidades”. Ella misma es producto de ese cambio. “Yo estoy aquí y no soy de ningún partido, pero tengo toda mi capacidad como alcaldesa”.

Frente a la lógica de bloques que domina la política autonómica y estatal, reivindica la conversación y el tono bajo. Un planteamiento que choca con la dinámica electoral. Ese cansancio se traduce en desafección. Para Ballestín, la política debería ser lo contrario: “Tomar el rumbo, cuidar, asumir responsabilidades. No estar montando un cirio a dos por tres”. Por eso cree que la escalada verbal y el enfrentamiento permanente son especialmente dañinos en el medio rural. “Necesitamos bajar la tensión y buscar soluciones. Admitir que la gente es libre para votar lo que le parezca, y una vez ha votado, tú te apañas con lo que hay”.

Vecinos y colectivos del municipio de Loporzano, junto a residentes de Tierz y Quicena, han hecho pública su oposición frontal al proyecto de construcción de una planta de biogás promovida por la empresa Catalana de Biogás, vinculada a fondos de inversión del Banco Sabadell. La instalación, diseñada para procesar hasta 95.000 toneladas anuales de purines y residuos cárnicos, se encuentra en tramitación ante el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y ha encendido todas las alarmas en un territorio que se considera ya suficientemente presionado por infraestructuras y proyectos industriales.

Los colectivos vecinales califican la dimensión del proyecto como “inasumible” y alertan de que se trata de una planta de carácter industrial, incompatible con un entorno rural próximo a espacios habitados, patrimonio histórico y áreas naturales de alto valor. Frente al discurso de la empresa, que presenta la instalación como un equipamiento de tamaño pequeño-medio y de impacto limitado, los vecinos subrayan que la cifra de residuos a tratar la convierte en una de las mayores plantas previstas en la provincia.

Uno de los ejes de la crítica es la ubicación. Aunque desde la promotora se habla de un emplazamiento alejado, las distancias reales desmienten ese relato. Las llamadas Trincheras de Tierz se encuentran a menos de 700 metros de la futura planta; el núcleo urbano de Tierz, a 1,82 kilómetros; Loporzano y Quicena, a 2,75 kilómetros; el Castillo de Montearagón, declarado Bien de Interés Cultural, a 2,43 kilómetros; y la ciudad de Huesca, con más de 55.000 habitantes, a menos de cinco kilómetros.

“Es imposible hablar de un proyecto aislado cuando se sitúa prácticamente pegado a pueblos, viviendas, patrimonio histórico y a una capital de provincia”, denuncian los portavoces del movimiento vecinal. En su opinión, la localización convierte a la planta en un foco potencial de afección directa a miles de personas, tanto por los impactos ambientales como por los sanitarios.

En este sentido, los vecinos alertan de los riesgos asociados a las emisiones de gases como el amoniaco o el ácido sulfhídrico, responsables de malos olores persistentes y de problemas respiratorios, así como de la posible contaminación de acuíferos por nitratos en una zona ya catalogada como especialmente vulnerable. A ello se suma la gestión de subproductos animales no destinados al consumo humano (SANDACH), que incrementa el riesgo biológico y la proliferación de insectos y roedores.

El tráfico pesado es otro de los factores que más preocupa. La planta requerirá un flujo constante de camiones cargados de residuos, circulando a diario tanto por la autovía como por carreteras locales, con el consiguiente aumento de ruido, emisiones, peligrosidad vial y deterioro de la calidad de vida. “No estamos hablando de unos pocos vehículos, sino de una logística industrial permanente”, insisten.

Desde el movimiento vecinal se acusa a la empresa de practicar “greenwashing” al presentar el proyecto como una solución ecológica y de proximidad. Según los colectivos, el municipio de Loporzano ya tiene sus residuos ganaderos y orgánicos gestionados mediante acuerdos existentes, sin necesidad de implantar una infraestructura de esta magnitud. “No hay una demanda real del territorio. Lo que hay es un modelo extractivo pensado para absorber residuos de fuera y garantizar la rentabilidad de la planta”, señalan.

En este marco, los vecinos hablan abiertamente de la conversión del entorno en un “vertedero industrial al servicio de fondos de inversión sin ningún arraigo en la zona”. Consideran que el beneficio económico se concentra en la empresa, mientras que los impactos negativos recaen sobre la población local.

Uno de los puntos más sensibles es la proximidad al Castillo de Montearagón, uno de los principales referentes patrimoniales de la Hoya de Huesca. A poco más de dos kilómetros, los colectivos alertan de un impacto visual y paisajístico irreversible. “El patrimonio no se puede trasladar ni compensar. Las instalaciones industriales transforman el paisaje y condicionan la forma en que entendemos y disfrutamos nuestro legado histórico. El patrimonio no se mide en kilómetros”, subrayan.

También cuestionan el consumo energético del proyecto. Según la propia documentación de la promotora, la planta necesita alrededor de un megavatio hora (MWh) para calentar el material en los digestores y acelerar la fermentación. Tras el proceso, el digestato caliente se deposita en balsas exteriores, liberando calor al entorno. Los vecinos comparan esa cifra con el consumo doméstico: equivale al funcionamiento simultáneo de entre 400 y 500 viviendas con bombas de calor. “El impacto térmico también existe y no se está teniendo en cuenta en el debate público”, advierten.

El rechazo no se limita a los impactos humanos. El proyecto se sitúa en un corredor natural clave para la biodiversidad, especialmente para aves rapaces que se desplazan entre la Sierra de Guara y los Monegros. El entorno del Flumen, el Salto de Roldán, Tierz, Monflorite y la serreta de Piracés es utilizado a diario por buitres y por especies protegidas como el quebrantahuesos, el águila real, el alimoche, el milano real o el halcón peregrino.

Este valor natural sustenta además un creciente turismo de naturaleza y de observación de aves, que podría verse seriamente afectado por una instalación industrial permanente. “Defender el territorio es también defender el cielo que lo cubre”, resume uno de los lemas del movimiento.

La plataforma vecinal se articula tras la reunión celebrada el pasado 16 de enero, en la que el Ayuntamiento de Loporzano y la empresa presentaron el proyecto. Más de 160 personas asistieron al encuentro y, según los organizadores, la mayoría expresó su rechazo y preocupación, tanto por el tamaño de la planta como por la falta de información previa.

Los vecinos denuncian que el proyecto se conoce desde febrero del año pasado, pero que no se comunicó de forma transparente ni a la población ni a los municipios potencialmente afectados. En estos momentos, la iniciativa se encuentra en tramitación ante el INAGA, sin que el expediente sea aún público. Los colectivos están solicitando formalmente ser reconocidos como personas interesadas para acceder a la documentación y conocer el alcance real del proyecto.

Existe además inquietud por el marco normativo. Tras las modificaciones legislativas en Aragón, este tipo de instalaciones pueden tramitarse mediante procedimientos ambientales simplificados. “Es un sistema claramente insuficiente para evaluar los impactos de una planta industrial de estas dimensiones”, denuncian.

Mientras esperan la apertura del periodo oficial de información pública, los vecinos han iniciado una campaña de movilización que incluye un canal en Instagram (@StopBiogasLoporzano), recogida de firmas en Change.org que ya ha superado las 2.100 y una ronda de reuniones con los ayuntamientos implicados. Exigen al consistorio de Loporzano que no firme la declaración de interés social, al considerar que no existe consenso vecinal ni una justificación real de interés público.

Además, el movimiento se coordina con la plataforma Stop Biogás Somontano, al tratarse de la misma empresa promotora y de un modelo de proyecto similar al planteado en otros puntos de la comarca. “No es un caso aislado, es un patrón que se repite. Si no se le pone freno, el territorio se verá colonizado por este tipo de macroinstalaciones”, advierten.

Frente a esta oposición, el alcalde de Loporzano, David Suelves (PP) recuerda que se trata de un proyecto privado en una finca privada y señala que seis de los siete concejales son favorables. Desde Loporvenir, formación con tres ediles en el ayuntamiento, se desmiente rotundamente esta afirmación. Recuerda que la cuestión aún no se ha votado en pleno y que cuando llegue el momento su postura será contraria. También pide que se someta a exposición pública, algo que aún no se ha producido.

Suelves considera que se está generando un debate innecesario y subraya que la tramitación no depende del Ayuntamiento, sino del INAGA. Defiende que para un municipio pequeño como Loporzano los beneficios económicos serían importantes, tanto por licencias como por impuestos y la ubicación de la sede social de la empresa. También señala que representantes municipales visitaron una planta similar en Francia invitados por la empresa y que no apreciaron ni malos olores ni problemas.

Por su parte, la empresa Catalana de Biogás sostiene que mantiene un “compromiso firme con el territorio” y que su voluntad es desarrollar el proyecto desde la transparencia y la pedagogía. La empresa reconoce que este tipo de instalaciones generan dudas, pero insiste en que las plantas modernas cuentan con garantías técnicas y ambientales suficientes.

Desde la promotora aseguran que la sesión informativa fue positiva, que muchas personas agradecieron las explicaciones y que seguirán organizando encuentros. Defienden que se trata de una planta de tamaño pequeño-medio orientada a la correcta gestión de residuos ganaderos existentes y recuerdan que los objetivos de la Unión Europea en materia de transición energética obligan a impulsar este tipo de infraestructuras.

Los vecinos, sin embargo, no comparten ese diagnóstico. “No estamos en contra de las energías renovables, estamos en contra de que se utilicen como coartada para imponer un modelo industrial que sacrifica el territorio y la salud de quienes vivimos aquí”, concluyen. Y lanzan un mensaje directo a las instituciones: “El territorio también tiene derecho a decidir. Este proyecto se puede parar”.

En pleno arranque de 2026 y con la precampaña autonómica en el horizonte, el debate sobre las infraestructuras viarias de Aragón ha saltado de los despachos técnicos a la arena política. El conflicto en torno a las obras de la carretera A-230, que une Sariñena y Caspe y vertebra buena parte de la comarca de Los Monegros, se ha convertido en un símbolo de esa disputa: una actuación largamente demandada que avanza entre acusaciones de inseguridad, defensa gubernamental de una inversión “histórica” y un trasfondo electoral cada vez más evidente.

La renovación integral de la A-230, incluida en el Plan Extraordinario de Carreteras (PEC), ha sido duramente cuestionada por el PSOE. La diputada autonómica Lorena Canales ha denunciado de forma reiterada que la ejecución de las obras está generando situaciones de riesgo para los usuarios, especialmente en el tramo de 25 kilómetros entre Sariñena y Castejón, donde se están invirtiendo 17,9 millones de euros. Según la socialista, no se trata de simples molestias propias de cualquier obra, sino de problemas graves de seguridad vial: baches que “revientan ruedas”, desniveles pronunciados de hasta medio metro, zonas de firme blando y tramos de tierra sin señalización adecuada.

Para reforzar su denuncia, el PSOE difundió un vídeo en redes sociales con imágenes de estos puntos conflictivos, acompañado de un mensaje claro: “Esto no es una molestia, es un riesgo real”. Canales sostiene que las advertencias vienen de lejos y que el Gobierno de Aragón ha respondido de forma insuficiente. Recuerda que ya en noviembre alertaron de la falta de seguridad y que, dos meses después, apenas se había instalado un semáforo provisional. Con las heladas y las lluvias de las últimas semanas, añade, el estado de la vía se ha deteriorado aún más, hasta el punto de calificarla de “prácticamente impracticable” en algunos tramos.

Pese a las críticas, la diputada socialista subraya que no cuestiona la necesidad de la obra, que de hecho fue impulsada por su propio partido cuando estaba en el Gobierno. “Cuando esté terminada será una gran carretera”, reconoce, pero insiste en que la ejecución está siendo “un auténtico calvario” por la falta de medidas de seguridad durante los trabajos.

El Gobierno de Aragón ha respondido escenificando su respaldo al proyecto con varias visitas sobre el terreno, entre ellas la del director general de Carreteras e Infraestructuras, Miguel Ángel Arminio. Desde el Ejecutivo se defiende que la A-230 partía de una situación “completamente agotada” tras años de falta de inversión, lo que explica parte de las deficiencias actuales. Además, sostienen que las obras avanzan según lo previsto y que ya se ha superado el 55% de ejecución dentro del Itinerario 4 del PEC, que engloba más de 150 kilómetros de actuaciones y una inversión global superior a los 150 millones de euros.

Arminio ha reconocido que las obras generan molestias, especialmente en una carretera que presentaba un deterioro muy acusado, pero ha asegurado que “la situación va a empezar a cambiar de manera drástica en las próximas semanas y meses”. Para aliviar los problemas mientras se completa la renovación integral, el Gobierno ha anunciado una intensificación del bacheo temporal con el objetivo de mejorar la transitabilidad del firme.

Técnicamente, la actuación contempla el ensanchamiento de la calzada hasta los siete metros, la mejora del drenaje y la renovación completa del pavimento, lo que, según el Ejecutivo, convertirá la A-230 en “una carretera completamente nueva”. Ya se ha reforzado el firme en el tramo entre Bujaraloz y el límite provincial, se han completado los movimientos de tierras entre ese punto y Sariñena y los trabajos de drenaje están muy avanzados. La previsión oficial es que en mayo quede totalmente renovado el tramo entre Sariñena y Pallaruelo de Monegros y que la totalidad de la vía esté finalizada antes de que termine 2026, pese a que el contrato fija marzo de 2027 como fecha límite.

En paralelo, el Gobierno impulsa la variante de Sariñena, una obra de 2,5 kilómetros que conectará la A-129 y la A-230 para desviar el tráfico pesado fuera de la travesía urbana. Según la administración autonómica, los movimientos de tierras ya están concluidos y se trabaja actualmente en las capas de firme, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la calidad de vida de los vecinos de la capital monegrina.

La controversia de la A-230 no es un caso aislado en Aragón. En la comarca de la Galliguera, la carretera A-125, que conecta Ayerbe, Biscarrués y Ardisa, ha sido objeto de protestas vecinales en los últimos meses por su mal estado. Vecinos y ayuntamientos han denunciado un firme plagado de baches y la ausencia de arcenes en algunos tramos, lo que consideran un riesgo para quienes la utilizan a diario. A finales del pasado año se produjeron concentraciones y los colectivos afectados han advertido de nuevas movilizaciones si no se concreta una intervención integral, mientras el Gobierno autonómico reconoce que el proyecto está redactado pero pendiente de ejecución.

También la A-127, en las Cinco Villas, ha generado tensiones en torno a su desdoblamiento entre Tauste y Ejea de los Caballeros. Aunque las obras avanzan, sectores agrarios y vecinos han expresado preocupación por el impacto del trazado en caminos y accesos a explotaciones agrícolas, así como por la falta de consenso sobre algunos aspectos del diseño final. Sin llegar al nivel de confrontación pública de la A-230 o la A-125, el caso refleja cómo las grandes infraestructuras viarias pueden convertirse en foco de disputa cuando se cruzan intereses económicos, demandas locales y decisiones técnicas.

Estas controversias evidencian una paradoja recurrente en Aragón: mientras se despliega un volumen de inversión significativo en carreteras, especialmente a través del Plan Extraordinario de Carreteras, persiste un malestar en amplias zonas rurales por la percepción de retrasos, problemas de seguridad o falta de sensibilidad con las necesidades locales. Para los vecinos de Los Monegros, la Galliguera o las Cinco Villas, estas carreteras no son solo obras públicas, sino también arterias esenciales para acceder a servicios, trabajo o educación.

En la alta montaña, cuando una avalancha cae el tiempo se convierte en un enemigo tan letal como la propia nieve. Bajo metros de material compactado, una persona sepultada pierde oxígeno con cada minuto que pasa. En ese margen estrecho entre la vida y la muerte, hay un tipo de rescatista que trabaja sin palas, sin sondas y sin palabras, pero con una precisión que ninguna máquina ha logrado igualar: el perro de rescate. En las últimas semanas su labor se ha vuelto a poner de relieve con dos intervenciones en el Pirineo aragonés tras sendos aludes. Una perra llamada Unkar, que forma parte del equipo del GREIM de la Guardia Civil en Jaca (Huesca), fue protagonista.

En una de las acciones marcó en apenas diez minutos el punto exacto donde se encontraba una de las víctimas. En la otra, trabajó durante horas buscando señales bajo una extensión de nieve inestable y peligrosa hasta quedar exhausta. La imagen del animal tiritando dentro de un refugio de montaña después de una jornada extrema recorrió medios y redes sociales. Pero más allá de la anécdota, esos días pusieron sobre la mesa una realidad poco reconocida: el trabajo constante, técnico y silencioso de los perros de rescate y de las personas que trabajan con ellos.

Porque Unkar, un Pastor belga malinois, no es una excepción. Se integra en una tradición operativa que en España y en los Pirineos se ha ido consolidando durante décadas y que hoy resulta indispensable en rescates por avalanchas, búsquedas de personas desaparecidas y grandes emergencias. Iván Muñoz Bernabé, bombero, guía canino y especialista en aludes, lo resume así: “Cuando se habla del rescate en los accidentes de alud, se hace mucho hincapié en la tecnología, pero hay otra herramienta de localización complementaria, cuyo trabajo, en la mayoría de las ocasiones, es invisible y que es fundamental dentro de un equipo de rescate organizado: el perro detector de víctimas vivas sepultadas por un alud”.

La expresión que utiliza -herramienta viva- no es una metáfora vacía. En una época dominada por dispositivos electrónicos, sensores y localizadores, el perro sigue siendo uno de los medios más rápidos y eficaces para encontrar a una persona enterrada bajo la nieve. No por romanticismo, sino por biología y entrenamiento. Muñoz Bernabé lo explica con claridad: “El perro trabaja principalmente por venteo, captando las partículas de olor humano que ascienden desde la nieve hacia el aire. Ese olor se filtra a través del manto nivoso y es lo que el perro detecta, aunque la persona esté a varios metros de profundidad”.

Eso permite batir áreas muy amplias en poco tiempo. Allí donde un equipo humano tardaría horas en sondear una ladera con varillas, un perro puede recorrerla en minutos, descartando zonas y concentrando los esfuerzos donde realmente hay probabilidades de encontrar a alguien. Pero para que eso funcione no basta con tener un buen olfato. Detrás hay un proceso largo y exigente de formación. “Un perro de rescate no nace hecho, se construye. Desde cachorro se le socializa con ruidos, personas, helicópteros, motos de nieve y todo tipo de estímulos para que nada le bloquee cuando llega a una intervención real”, señala el especialista.

Después llega el aprendizaje técnico: “Se le enseña a asociar el olor humano con una recompensa. Para el perro, encontrar a una persona sepultada es un juego, una búsqueda que acaba en su juguete favorito. Esa motivación es lo que le permite trabajar durante horas en condiciones extremas”. A lo largo de los años de formación y trabajo, el animal aprende a discriminar olores, a no confundirse con restos antiguos, a moverse sobre superficies inestables y a marcar con precisión. Solo entonces puede considerarse operativo. Y aun así, sigue entrenando toda su vida útil, que suele extenderse hasta los ocho o nueve años.

En ese proceso se crea un vínculo inseparable con su guía. “El perro y el guía forman un binomio. El guía no dirige la búsqueda: la interpreta. Es el perro quien encuentra, y el humano quien sabe leer lo que el animal está diciendo con su cuerpo”, explica Muñoz Bernabé. En un rescate real, ese diálogo silencioso es decisivo. Cuando el perro cambia de ritmo, levanta la cabeza o marca un punto con insistencia, el guía sabe que ahí hay algo. Entonces entran en acción los equipos de excavación.

Las avalanchas son uno de los escenarios más exigentes para estos binomios. El terreno es inestable, el riesgo de nuevos desprendimientos es constante y el frío extremo desgasta tanto al animal como a la persona. “A veces el perro llega al límite físico, pero sigue trabajando porque para él es una misión, un juego aprendido que no sabe abandonar”, subraya el guía canino. Eso fue lo que se vio en las últimas intervenciones en el Pirineo: perros trabajando durante horas, recorriendo zonas de nieve profunda, transportados en helicóptero y expuestos a viento, hielo y temperaturas bajo cero. La extenuación forma parte del trabajo, aunque pocas veces se haga visible.

Muñoz Bernabé insiste en que el rescate canino no sustituye a la tecnología, sino que la complementa: “Los detectores de avalanchas y los sistemas electrónicos son fundamentales, pero dependen de que la víctima los lleve. El perro no necesita nada de eso: solo necesita que haya habido un ser humano allí”. Por eso sigue siendo imprescindible cuando se desconoce cuántas personas hay sepultadas o incluso si alguien estaba en la zona en el momento del alud. También en búsquedas de desaparecidos o en grandes áreas abiertas, donde su capacidad para descartar terreno es inigualable.

El primer rescate documentado con un perro en una avalancha ocurrió en 1937, cuando un animal no entrenado marcó por iniciativa propia el lugar donde un niño estaba sepultado, permitiendo que fuera rescatado con vida. “Aquello demostró que el perro, incluso sin formación, ya tenía una capacidad innata para detectar personas bajo la nieve. Lo que hemos hecho desde entonces es perfeccionar y sistematizar esa habilidad”, recuerda Muñoz Bernabé.

En un territorio como el Pirineo, donde cada invierno miles de personas practican esquí de montaña, alpinismo o raquetas, estos equipos son una pieza esencial de la cadena de seguridad. Su trabajo no se ve en los días tranquilos, pero cuando ocurre una tragedia, son los primeros en buscar. Y quizá por eso la imagen de Unkar tras sus últimas búsquedas conmovió a tanta gente. No era solo un perro cansado: era la expresión física de una labor que combina instinto, técnica y una entrega absoluta.

Pedro F. (nombre ficticio) recuerda con nitidez el día en que cambió su vida cuando supo que tenía cáncer. “Dentro de lo duro del diagnóstico, pensé que estaba en buenas manos”, explica. En una provincia pequeña como Huesca, añade, la confianza en el sistema sanitario es casi automática: “No te planteas dudar. Sigues el tratamiento que te pautan y confías”. Hoy, sin embargo, esa certeza se ha quebrado: “Ahora no sé si el tratamiento me ayudó o me perjudicó”. El testimonio que realiza a elDiario.es es uno de los que han puesto rostro al impacto humano de la investigación judicial abierta por la actuación de un oncólogo del Hospital Universitario San Jorge de la capital oscense.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca ha acordado la inhabilitación cautelar del facultativo para el ejercicio de la medicina mientras se esclarece si su práctica clínica pudo provocar decenas de daños a pacientes oncológicos e incluso la muerte de tres de ellos. La investigación ha sacudido a pacientes, familias y profesionales sanitarios de toda la provincia.

Durante meses, la evolución de Pedro no fue la esperada. “Cada vez me encontraba peor, pero me decían que entraba dentro de lo normal. Que el tratamiento era agresivo y que había que aguantar”. Las dudas comenzaron a crecer hasta que, por recomendación de su entorno familiar, solicitó una segunda opinión fuera de Huesca. “Ahí empezó todo. Revisaron mi historial y me preguntaron por qué se había seguido ese protocolo conmigo. El médico se quedó en silencio. Ese silencio lo recuerdo perfectamente”.

Poco después llegaron las primeras llamadas del hospital oscense para revisar su caso y, más tarde, la confirmación de que el oncólogo había sido apartado de su puesto. “Te invade una mezcla de miedo y rabia. No solo por tu salud, sino por la sensación de que algo tan serio como un tratamiento contra el cáncer pudo haberse hecho mal”. En su caso, los efectos secundarios han sido “considerables” y todavía desconoce si las secuelas serán permanentes.

La causa judicial se inició a partir de una denuncia presentada por el Servicio Aragonés de Salud (Salud), tras una investigación interna que desembocó, el pasado verano, en la suspensión provisional del médico. Con la documentación aportada por la administración sanitaria, la Policía Judicial investiga ahora si las actuaciones del oncólogo derivaron en hasta 25 presuntos casos de lesiones imprudentes y tres posibles delitos de homicidio imprudente. El proceso estuvo bajo secreto de sumario hasta mediados de noviembre, cuando el juzgado acordó levantarlo.

A medida que el caso ha ido trascendiendo, han aflorado más testimonios. “Cuando empiezas a hablar con otras personas afectadas te das cuenta de que no son situaciones aisladas”, señala Pedro. “Tratamientos que no funcionaban, decisiones poco claras, revisiones que se retrasaban. Y luego te enteras de que hay familias que han perdido a alguien. Eso te acompaña siempre”.

Desde Salud insisten en que la inhabilitación acordada por el juzgado es una medida cautelar y que corresponde ahora a la investigación judicial determinar si existió negligencia o mala praxis. La gerente del organismo, Ana Castillo, ha subrayado que el médico ya no ejerce en ningún centro público desde el pasado mes de julio y que, durante el tiempo previo a su suspensión, su actividad estuvo supervisada.

Mientras la causa avanza en los tribunales, los pacientes afectados reclaman respuestas y garantías. “No busco venganza ni señalar a nadie antes de tiempo”, concluye Pedro. “Solo quiero saber la verdad y que esto no vuelva a pasar. Cuando entras en una consulta de Oncología lo haces con miedo, pero también con una confianza absoluta. Y cuando esa confianza se rompe, cuesta mucho volver a creer”.