¿Cuál es el interés político en controlar la mayoría en el CGPJ?  Es decir, con independencia del hecho material de gobernar el poder judicial, lo cierto es que en teoría los partidos políticos no pueden, por razón de la independencia de cada uno de los jueces y tribunales, forzarles a tomar una decisión u otra.  Entonces, ¿por qué tanto interés en controlar un órgano del que en teoría no pueden obtener ventaja política alguna?

Yo creo que el famoso WhatsApp que fue reenviado por el Sr. Cosidó aclara mucho las sospechas anteriores y permite entender qué es lo que buscan y han buscado durante treinta años tanto el PSOE como el PP en esta cuestión: “Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos tercios del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el poder judicial, vitales para el PP y para el futuro de España”, así como la Sala Penal del Tribunal Supremo y la Sala del 61, que se encarga de conocer de las recusaciones de los magistrados del Tribunal Supremo, “desde atrás”. Vitales, dice.

Se trata de un mensaje sin impostura, dirigido a los senadores del partido. Un mensaje que considera como muy ventajoso el acuerdo alcanzado (que supone “el reparto” del 50% por ciento de los cargos judiciales en los próximos años). El mensaje se manifiesta en unos términos que resultan tan gravemente ofensivos para el principal afectado, el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, al que señala inequívocamente como “uno de los nuestros”, que ha motivado la renuncia de este a seguir en juego.  

Pero vitales, ¿en qué sentido? ¿Para el PP y “para el futuro de España”? Parece claro que, dependiendo de que fueran unos u otros los jueces nombrados para esos puestos jurisdiccionales, la suerte del PP iba a verse muy perjudicada o muy favorecida. Y si los jueces se limitan a aplicar la ley, como es su obligación, ¿porqué es vital que sea un juez y no otro quien tiene que aplicar la ley?

Creo que todos intuimos las respuestas a esas preguntas y, por tanto, podemos sostener que no es cierto que no se obtenga ventaja política alguna controlando el CGPJ. Se obtiene, y se obtiene donde no debería obtenerse. Es cierto que influir en las determinaciones de los jueces, en sus resoluciones concretas, no es algo que pueda establecerse como garantizado desde la política. Los jueces son independientes en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, insisto, y por más que elijas a un compañero de juergas como juez para los asuntos que te pueden afectar no vas a garantizar que en un momento dado ese juez no vaya a resolver en contra tuya. Pero las probabilidades ayudan, y ayudan hasta el punto de que un jefazo del PP “próximo a la negociación” con el PSOE para el reparto de vocales considerara “vital” salir con fuerza de ese pacto. 

Lo curioso es que, de tanto en tanto, los dirigentes políticos devotos de mangonear en el poder judicial tienen arrebatos de arrepentimiento.  Les hemos escuchado a muchos de ellos abjurar del sistema vigente como garantía de una futura regeneración democrática, para poco después volver a la ortodoxia de la ocupación política de la Justicia cuando tienen ocasión. Por eso, el cambio abrupto que el PP muestra ahora yo no me lo acabo de creer. Si era vital influir en cientos de nombramientos hace una semana, ¿ha dejado de ser vital ahora? Más bien me parece algo así como una salida de emergencia ante el escándalo del mensaje famoso. Salimos de momento, y luego ya veremos. Ojalá me equivoque.

En todo este negro asunto no puede obviarse que hay jueces y magistrados que se prestan. Más de una vez y más de dos he escuchado a algunos de los vocales electos que su propósito es cambiar el sistema “desde dentro”. Por supuesto que yo no creo que nadie sea tan ingenuo para pensar que un montaje político tan establecido como este pueda ser cambiado por unos pocos jueces trabajando contra el sistema desde dentro, y más tratándose de “vocales-instrumento”, que es lo que se reclama desde quien los elige.

Y también he escuchado que las asociaciones que avalan a esos candidatos, a sabiendas de que al final los mismos deberán ser elegidos por partidos políticos, lo hacen con el propósito de “no perder toda influencia en el CGPJ”. Es decir, que al final resulta que un sistema que muchos consideran perverso y negativo para la independencia judicial acaba avalado por una parte importante de los concernidos, a sabiendas incluso de que en instancias europeas reprochan a España la politización en la designación de los vocales del CGPJ. Mi madre suele decir que, si quieres salir del agujero, lo primero es dejar de cavar para abajo. Lo primero es salir del agujero y para ello habría que dejar de colaborar con este sistema desde la Judicatura.  

Por supuesto que la discusión sobre el mejor modo de elegir a los vocales del CGPJ está abierta. Pero, sea cual sea el sistema que se defienda, el peor para la independencia del Poder Judicial es el que padecemos porque es el más beneficioso posible para los partidos políticos que gobiernan. Que dos partidos políticos –principalmente- sean los que terminan decidiendo qué jueces ascienden y qué jueces no lo hacen; qué jueces son elegidos para puestos claves; o qué jueces díscolos padecen investigaciones disciplinarias que pueden durar mucho tiempo; y que esta decisión sea por cuotas políticas (y sin vetos) es, desde mi punto de vista, un despropósito. Y, además, en los términos de la sentencia de la STC 108/1986, de 29 de julio, comentada en eldiario.es hace un par de días, era precisamente el riesgo que había que evitar.

En 2007 se tramitó una importante reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en pleno gobierno del PSOE. Durante la tramitación de esa ley, el representante del PP dijo en el Pleno del Congreso sobre el proyecto remitido por el Gobierno lo siguiente, según se lee en el Diario de Sesiones:

El Proyecto de Ley socialista salió adelante con alguna modificación relevante, pero en lo esencial tal como había llegado a la Comisión. No ha habido, salvo una pequeña en 2009, otra reforma de la Ley rectora de la actuación de los fiscales. Han pasado diez años y ahora gobierna quien consideraba el principio de jerarquía en la Fiscalía como un “auténtico caudillaje”.

Pero ahora lo hace con otro tono, con toda la comprensión del mundo, ensalzando la autonomía de la Fiscalía –nada queda ya de aquella “vinculación política” con el Gobierno– y resaltando la vigencia de los instrumentos internos de resistencia profesional a las instrucciones de la jerarquía.     

Imaginemos por un momento que a aquel político del PP que combatía con fiereza por la autonomía de la Fiscalía en el año 2007 se le hubiera presentado una situación como la de ahora. Es decir:

Imaginemos que esa situación se complica con una actuación en la que, desde los primeros días, surgen dificultades entre los fiscales que llevan el asunto contra uno de los interlocutores en las conversaciones y el fiscal jefe recién elegido, que trascienden y crean una enorme alarma social.

¿Qué diría ese político que tan acertadamente criticaba el proyecto de ley socialista sobre “la vinculación política del fiscal con el Gobierno”? ¿Qué hubiera dicho el PP ante esta situación si afectara a otro partido? ¿No hablaría de politización, de “caudillaje”, de dimisiones y ceses? Yo imagino cosas muy parecidas a las que ahora se oyen desde la oposición y me parecería perfectamente bien. 

El problema de estas hipocresías, que alguno verá lícitas en el juego político, es que aquí afectan a la Justicia. Que la Justicia debe estar ajena a estas maniobras y que todos deberían tener la misma sensibilidad ante los ataques a la imparcialidad de la Justicia, de la Fiscalía en este caso, vinieran de donde vinieran. Abochorna, sin embargo, ver que se sigue considerando la Fiscalía como botín electoral y que todo cuanto se dijo antes en la oposición sobre la manipulación política de la Justicia se olvida tan rápido como se tarda en formar Gobierno.   

Me atrevo a asegurar que ahí está una de las causas de la corrupción asfixiante que padecemos, ya que la relación entre la politización de la Justicia y la corrupción política es absolutamente estrecha; y me atrevo también a afirmar esto no tendrá remedio, por lo que a la Fiscalía se refiere, hasta que una reforma no cambie el modo de elegir al fiscal general y sea una amplia mayoría del Congreso la que tome la parte fundamental de esa decisión. 

Por lo que afecta al caso que nos ocupa, hay otra cuestión que creo que hay que abordar.  En la Audiencia Nacional fue admitida recientemente la recusación de algunos magistrados para enjuiciar un asunto concreto por su aparente pérdida de imparcialidad objetiva, al haber sido sus carreras profesionales impulsadas por un partido político afectado por ese procedimiento. Ese factor de pérdida objetiva de la imparcialidad debe afectar también a los fiscales y singularmente a la jerarquía de los fiscales.

Aquí no hay duda de que la elección del fiscal jefe Anticorrupción obedece a una voluntad muy clara del Partido Popular y de un sector de la Fiscalía afín al mismo. En mi opinión, eso es un problema de origen que suscita dudas sobre el deber de abstención –a los fiscales no se nos recusa– de ese fiscal en ciertos asuntos, lo que no deja de ser un inconveniente en la Fiscalía Anticorrupción. La elección del fiscal jefe Anticorrupción debería, en mi opinión, recaer en un profesional de especialización muy contrastada, pero sobre todo en alguien que no suscite desconfianzas en una parte muy importante de la población y de la inmensa mayoría del arco parlamentario por su afinidad con quienes le eligen. 

En el ámbito estrictamente profesional esta situación es perturbadora para la propia Fiscalía Anticorrupción. Los fiscales no pueden trabajar así, con esta presión diaria. Recuerdo una situación parecida, de mucha menor intensidad que esta, que sufrí hace muchos años en la Fiscalía de Madrid.

No hay manera de encontrar sosiego, de encontrar la salida equilibrada al estudio de las causas, a la corrección de las decisiones que se toman; no hay forma de pensar equilibradamente las estrategias procesales a seguir si el fiscal jefe es noticia permanente, si está en revisión todo el sistema organizativo, si se dan órdenes o instrucciones contrarias a la línea que sostenía el anterior fiscal jefe; si tienes el temor de que te quiten los asuntos que has llevado en el pasado y que conoces profundamente.   

Estoy seguro de que tampoco el fiscal jefe, al que conozco desde hace muchos años, puede trabajar con eficacia en estas circunstancias. Si alguien pensó que hacía falta cambiar el modo de actuación en la Fiscalía Anticorrupción para mejorar su eficacia habría que haber estudiado su funcionamiento antes, actuar con tranquilidad, adoptar medidas organizativas no orientadas en ningún caso a asuntos concretos que suscitaran la sospecha de intereses políticos, pensar a medio plazo, y sobre todo tratar de preservar el prestigio de la Fiscalía y evitar la sensación de manipulación política de la misma, que en esta Fiscalía es garantía de descrédito.

Es una pena que el fiscal general no lo vea igual –el que manda, manda–, pero creo que este daño se podría fácilmente haber evitado.