El pasado mes de abril viajamos a la Frontera Sur (Nador, Melilla, Tánger, Ceuta) para conocer, de primera mano, la situación de racismo en la frontera. Visitamos asociaciones que trabajan por los derechos humanos a los dos lados de la frontera, nos entrevistamos con periodistas y abogadas, conseguimos testigos de personas que viven bloqueadas en la frontera. Y la conclusión a la qué llegamos es que, por mucho que Ceuta y Melilla pertenezcan a la UE, como territorios españoles que son, por mucho que Marruecos sea un país “amigo” con el cual el Estado español y la UE tienen trato preferente, todas las actuaciones que tienen que ver con los flujos migratorios que circulan constantemente por aquellos territorios, están regidas por la ley de la fuerza y la arbitrariedad.

La ciudad de Nador, a tocar con la frontera melillense, tiene una legislación de excepción que permite actuar con la máxima impunidad a las fuerzas de la orden. Las llamadas “fuerzas auxiliares” de la policía de Marruecos actúan de forma represiva contra las personas desplazadas, sin ningún tipo de control. Hay testigos que nos explican agresiones a personas devueltas «en caliente» para que no vuelvan a intentar saltar la valla, incendios y desmantelamientos de los asentamientos del Gurugú para obligar a quienes vivían a alejarse. Las personas negras no pueden salir de sus refugios por miedo a ser apaleadas por bandas armadas que actúan impunemente, ante los ojos de la misma policía.

Según el AMDH (Asociación Marroquí de los Derechos Humanos), Nador es una ciudad militarizada y los subsaharianos saben que si los detienen los encerrarán en un centro de internamiento para expulsarlos en autobuses o avión a otros países africanos, o a las puertas del desierto. Y estamos hablando de entre 3.000 y 4.000 personas, entre hombres, mujeres y criaturas, muchas de las cuales tendrían derecho a acogerse a la protección internacional si se cumpliesen las leyes, sea porque huyen de territorios en conflicto, sea por motivo de persecución política, por orientación sexual, por violencia de género, en definitiva, por causas que la Convención de Ginebra contempla como susceptibles de demanda de asilo*.

Por la frontera de Beni Nzar, que separa el Nador melillense, también han pasado unos 5.000 sirios, según nos informa el portavoz de la AMDH. Se trata de personas que huyen de un país en guerra y, por lo tanto, se tendrían que poder acoger a la protección internacional subsidiaria, tal como marca la ley; pero si han conseguido cruzar este paso es porque la mayoría ha tenido que pagar miles de euros a traficantes, marroquíes y españoles. La cantidad de dinero que se mueven alrededor de la frontera (construcción de las vallas, control de la frontera, comercio “atípico” –que es como se denominan el pequeño contrabando- actividades mafiosas, sobornos a los vigilantes de frontera, etc.) es tan grande, que te das cuenta de las razones por las que nadie pone remedio a la situación: el negocio es el negocio y que la mercancía sean seres humanos es totalmente secundario.

Es por eso que muchas de las asociaciones basadas en Marruecos con activistas, a menudo de origen extranjero, tienen que trabajar de forma casi clandestina, si no quieren ser clausuradas o expulsadas del territorio marroquí. Los activistas marroquíes tienen dificultades para trabajar dado que son muy controlados por el régimen. Ni siquiera organismos internacionales, como ACNUR, pueden hacer gran cosa: su función es bien limitada y su efectividad, más que dudosa, depende exclusivamente de la voluntad de las personas que trabajan.

Tanto en Ceuta como en Melilla, las oficinas para poder pedir asilo y pedir información, son ya en territorio español, es decir, que sólo pueden acceder aquellas personas a quienes ya se ha permitido previamente cruzar la frontera. No hace falta decir que estas oficinas están vacías en todo momento. Y las que piden asilo en Melilla obtienen una “tarjeta roja” valida sólo para el espacio territorial de aquella ciudad: otra irregularidad administrativa que contraviene la legislación vigente.

Pero la situación de las mujeres y los menores no acompañados (MENAS) fueron las realidades que nos impactaron más. El relato de algunos miembros de organizaciones civiles, que nos piden no dar su nombre por miedo a represalias, nos explicaban que si una mujer quiere llegar a Europa lo tendrá que pagar con su cuerpo de una manera u otra. Violaciones, prostitución, maternidades interrumpidas o forzadas -porque pasar la frontera embarazada o con un bebé puede ser garantía de acogida- eran, según explicaban, las situaciones a las que se enfrentan.

Los menores no acompañados tampoco se salvan de esta vulneración constante de derechos humanos. Muchos se encuentran por la calle, vestidos con harapos, pidiendo comer... tanto en Marruecos como Ceuta. Según nos explicaron, en esta ciudad, no hay ningún albergue para personas sin recursos y muchas criaturas no están escolarizadas porque a la mayoría de personas procedentes del Marruecos se les niega el padrón, con todos los derechos vinculados como la sanidad, con el pretexto de la administración de evitar un supuesto «efecto llamada» y atendiendo a la presión de sectores sociales de «limpiar Ceuta».

Pero también encontramos gestos de solidaridad, no sólo de las asociaciones, que a menudo se juegan la piel, sino también de la población. Cómo en los alrededores de Nador, que proporciona agua, comida y electricidad (imprescindible para poder recargar los teléfonos móviles), a las personas de los asentamientos, donde no está cubierta ninguno de estas necesidades básicas.

Por suerte, si personas como José Palazón nos ayudaron en su momento a abrir los ojos sobre el que está pasando en la última frontera europea, cada vez son más las asociaciones que, como la nuestra, hemos decidido ir a comprobarlo para poder denunciar con conocimiento de causa. Nosotros tenemos todavía la voz que se niega a las personas desplazadas; y tenemos el deber de no callar si no queremos ser cómplices de tanta ignominia.

*A pesar de que la Convención de Ginebra (1951) no habla de forma explícita de orientación sexual o de violencia de género, se han informado positivamente muchas solicitudes por estas causas entendiendo que se trata de “pertenencia a un grupo social particular”.

El passat mes d'abril vam viatjar a la Frontera Sud (Nador, Melilla, Tànger, Ceuta) per conèixer de primera mà la situació de racisme a la frontera. Vam visitar associacions que treballen pels drets humans als dos costats de la frontera, ens vam entrevistar amb periodistes i advocades, vam aconseguir testimonis de persones que viuen bloquejades a la frontera. I la conclusió a què vam arribar és que, per molt que Ceuta i Melilla pertanyin a la UE, com a territoris espanyols que són, per molt que el Marroc sigui un país “amic” amb el qual l’Estat espanyol i la UE tenen tracte preferent, totes les actuacions que tenen a veure amb els fluxos migratoris que circulen constantment per aquells territoris, estan regides per la llei de la força i l’arbitrarietat.

La ciutat de Nador, a tocar de la frontera de Melilla, té una legislació d’excepció que permet actuar amb la màxima impunitat a les forces de l’ordre. Les anomenades “forces auxiliars” de la policia del Marroc actuen de forma repressiva contra les persones desplaçades, sense cap tipus de control. Hi ha testimonis que ens expliquen agressions a persones retornades «en calent» per tal que no tornin a intentar saltar la tanca, incendis i desmantellaments dels assentaments del Gurugú per tal d’obligar els qui hi vivien a allunyar-se. Les persones negres no poden sortir dels seus refugis per por de ser apallissades per bandes armades que actuen impunement, davant dels ulls de la mateixa policia.

Segons l’AMDH (Associació Marroquina dels Drets Humans), Nador és una ciutat militaritzada i els subsaharians saben que si els detenen, els tancaran en un centre d’internament per expulsar-los en autobusos o avió a altres països africans o a les portes del desert. I estem parlant d’entre 3.000 i 4.000 persones, entre homes, dones i criatures, moltes de les quals tindrien dret a acollir-se a la protecció internacional si es complissin les lleis, sigui perquè fugen de territoris en conflicte, sigui per motiu de persecució política, per orientació sexual, per violència de gènere, en definitiva, per causes que la Convenció de Ginebra contempla com a susceptibles de demanda d’asil*.

Per la frontera de Beni Nzar, que separa Nador de Melilla, també hi han passat uns 5000 sirians, segons ens informa el portaveu de l’AMDH. Es tracta de persones que fugen d’un país en guerra i, per tant, s’haurien de poder acollir a la protecció internacional subsidiària, tal com marca la llei; però si han aconseguit creuar aquest pas, és perquè la majoria ha hagut de pagar milers d'euros a traficants, marroquins i espanyols. La quantitat de diners que es mouen al voltant de la frontera (construcció de les tanques, control de la frontera, comerç “atípic” –que és com anomenen el petit contraban- activitats mafioses, suborns als vigilants de frontera, etc.) és tan gran, que te n'adones de les raons per les que ningú posa remei a la situació: el negoci és el negoci i que la mercaderia siguin éssers humans és totalment secundari.

És per això que moltes de les associacions basades al Marroc amb activistes sovint d'origen estranger han de treballar de forma gairebé clandestina, si no volen ser clausurades o expulsades de territori marroquí. Els activistes marroquins tenen dificultats per treballar atès que són molt controlats pel règim. Ni tan sols organismes internacionals, com l’ACNUR, poden fer gran cosa: la seva funció és ben limitada i la seva efectivitat, més que dubtosa, depèn exclusivament de la voluntat de les persones que hi treballen.

Tant a Ceuta com a Melilla, les oficines per poder demanar asil i demanar informació, són ja en territori espanyol, és a dir, que només hi poden accedir aquelles persones a qui ja s’ha permès prèviament de creuar la frontera. No cal dir que aquestes oficines són buides en tot moment. I les que demanen asil a Melilla obtenen una “targeta vermella” valida només per l'espai territorial d'aquella ciutat: una altra irregularitat administrativa que contravé la legislació vigent.

Però la situació de les dones i els menors no acompanyats (MENAS) van ser les realitats que ens van colpir més. El relat d'alguns membres d'organitzacions civils, que ens demanen no donar el seu nom per por a represàlies, ens explicaven que si una dona vol arribar a Europa, ho haurà de pagar amb el seu cos d'una manera o altra. Violacions, prostitució, maternitats interrompudes o forçades -perquè passar la frontera embarassada o amb un nadó pot ser garantia d'acolliment- eren, segons explicaven, les situacions a les quals s'enfronten.

Els menors no acompanyats tampoc es salven d’aquesta vulneració constant dels drets humans. Molts es troben pel carrer, vestits amb parracs, demanant menjar... tant al Marroc com a Ceuta. Segons ens van explicar, en aquesta ciutat no hi ha cap alberg per a persones sense recursos i moltes criatures no estan escolaritzades perquè a la majoria de persones procedents del Marroc se'ls nega el padró, amb tots els drets vinculats com la sanitat, amb el pretext de l'administració d'evitar un suposat «efecte crida» i atenent a la pressió de sectors socials de «netejar Ceuta».

Però també vam trobar gestos de solidaritat, no només de les associacions, que sovint s’hi juguen la pell, sinó també de la població. Com als voltants de Nador, que proporciona aigua, menjar i electricitat (imprescindible per poder recarregar els telèfons mòbils), a les persones dels assentaments, on no està coberta cap d’aquestes necessitats bàsiques.

Per sort, si persones com José Palazón ens van ajudar en el seu moment a obrir els ulls sobre el que està passant a l’última frontera europea, cada vegada són més les associacions que, com la nostra, hem decidit anar a comprovar-ho per poder denunciar amb coneixement de causa. Nosaltres tenim encara la veu que es nega a les persones desplaçades; i tenim el deure de no callar si no volem ser còmplices de tanta ignomínia.

*Tot i que la Convenció de Ginebra (1951) no parla de forma explícita d’orientació sexual o de violència de gènere, s’han informat positivament moltes sol·licituds per aquestes causes entenent que es tracta de “pertinença a un grup social particular”.