Desde hace un tiempo ha crecido la preocupación por los procesos de degradación que se observan en algunas democracias actuales. En términos generales, las voces de alarma frente a los peligros que ahora mismo acechan apuntan a una preocupante pérdida de calidad de la democracia, a la emergencia de espectros autoritarios del pasado, de liderazgos ultraconservadores, demagógicos y populistas de hombres fuertes y “providenciales” que prometen salvar a los pueblos de complejos problemas con falsas soluciones, a cambio de cesiones en garantías sobre derechos y libertades democráticas fundamentales. 

En nuestro caso se advierten algunos de esos riesgos, provocados por una derecha conservadora que todavía no ha superado su transición a la militancia democrática normalizada en el occidente europeo y se manifiesta incapaz de desprenderse de sus antiguos vínculos con el franquismo político y sociológico. Que reclama el monopolio del “constitucionalismo”, pero en un alarde permanente de incoherencia se ha opuesto sistemáticamente a incorporar la Educación para la Ciudadanía Democrática en el sistema educativo español, y recientemente ha prometido derogar la Ley de la Memoria Democrática, cuya finalidad reside en la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España y su lógica incorporación al currículo escolar de un Estado democrático 

Seamos claros, una democracia sin memoria de la propia historia de su existencia, como pretenden las derechas conservadora y ultra, no es sostenible, porque carente  de vitalidad y de aliento, es presa fácil de quienes la intenten degradar o subvertir. Una democracia sin memoria carece de la imprescindible conciencia y conocimiento sobre  su razón de ser y de su misión histórica como conquista cultural y de civilización, y sobre el origen y fundamentación de sus valores, instituciones básicas y de las conquistas graduales de libertades y derechos de ciudadanía que le dan sentido. Y también es injusta cuando ignora y olvida a tantas generaciones que desde 1812  sacrificaron libertades, vidas y bienes por impulsar avances democratizadores de los que hoy somos herederos y beneficiarios. 

La democracia que logramos, tras la decadencia vital de la dictadura franquista, que no pudo sobrevivir a quien la creó, no tuvo su origen en una “carta otorgada” desde el poder, ni fue regalada por ningún rey mago o emérito, sino reconquistada pacíficamente, tras 40 años seguidos de su extinción por la violencia, como obra labrada por muchos ciudadanos y ciudadanas, durante mucho tiempo pasando la antorcha de generación en generación en los siglos XIX y XX. 

Transmitir esta memoria de nuestra democracia es igualmente uno de los fines de la educación, si tomamos en serio como constitucionalistas veraces el artículo 27.2  de nuestra ley fundamental, conforme al cual se debe educar a todo el alumnado en “el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”. Principios democráticos, derechos y libertades que no se inventaron en 1978, sino a lo largo de un dilatado y difícil proceso alternado de ilusionantes y  breves períodos de éxitos y conquistas y prolongados periodos de retrocesos y derrotas, la última de las cuales fue la destrucción de la democracia que se había comenzado a construir a partir de la Constitución republicana de 1931. El franquismo, tras la destrucción de la II República, tuvo 40 años, desde el golpe militar hasta la muerte del dictador a finales de 1975, para construir y reproducir su propia memoria, mediante la extirpación por la censura, la depuración, la cárcel, el exilio y la muerte, de las raíces de todo el acervo logrado de progreso intelectual, científico, cultural, político y social creado y promovido por sucesivas generaciones de ilustrados, liberales y demócratas de diferentes orientaciones durante más de cien  años. 

Para lograrlo, utilizó preferentemente el control de la escuela, que nutrió de la ideología del nacional-catolicismo y del partido único FET y de las JONS, eliminando todo aquello que calificaron de “clima pernicioso del liberalismo pedagógico”, la libertad de cátedra y destruyendo en su totalidad la obra de la gran culpable del daño que, según su juicio dogmático, se había provocado en la educación y la cultura española por “la corriente extranjerizante, laica, fría, krausista y masónica de la Institución libre de enseñanza” (Exposición de motivos de la Ley d Ordenación universitaria de 1943) 

Como escribió en 1986 H.R. Southworth en su obra El mito de la cruzada de Franco, durante 40 años, los españoles fueron obligados a tragarse una falsa historia de su país, y los efectos secundarios de una dieta tan asquerosa difícilmente pueden desaparecer en pocos meses“. Así ha ocurrido, no en pocos meses, pero ni siquiera en pocos años han desaparecido en la enseñanza de nuestra Historia curricular los efectos prolongados de la memoria franquista, cuyo rastro aún puede seguirse a través de las carencias que hasta la fecha ha tenido la enseñanza de nuestra historia y memoria democrática. Inaceptables neutralismos y equidistancias, viejos tópicos heredados del régimen antidemocrático, hábitos debidos a la pereza y  la comodidad, temores prolongados por difusas amenazas o rechazos. Deficiencias a las que la incorporación de la memoria al currículo escolar debe poner pronto remedio. De tal modo que en el futuro no salgan de nuestras escuelas generaciones enteras de alumnos que ignoren hechos fundamentales y graves que han marcado nuestra existencia como nación, como la dictadura, la guerra, el exilio… O que carezcan de un  conocimiento de los hechos históricos basado en un análisis crítico y valorativo de su significado que favorezca el desarrollo de una conciencia y valores de ciudadanía  activa 

Sí, inaceptables equidistancias, como la de aquel que habló de “la guerra de los abuelos”, que han favorecido un trato equiparado de la historia y la memoria de un  sistema democrático, como fue la II República y su contrario, en términos políticos absolutos, que la destruyó. Una dictadura que, como dejó escrito Santos Juliá, tuvo la  violencia ejercida por el Estado y la política de terror como “elemento constitutivo del propio régimen franquista un pilar básico del ordenamiento jurídico-político durante  todas las fases por las que pasó la dictadura”. Incluida la fase de gobierno de los tecnócratas del Opus y la del lavado de cara de los “25 años de paz”. Algunos han confundido amnistía con amnesia y reconciliación con blanqueo de  un “pasado sucio”, como diría Álvarez Junco. Los promotores de la amnesia y de la ocultación o equiparación de ese “pasado sucio” de represión de libertades y  dictadura han mediatizado todo lo que han podido el modo de enseñar la historia contemporánea de España, ocultando o desvaneciendo una parte importante de nuestra memoria democrática. De ahí han derivado las limitaciones y carencias de una memoria democrática frágil e incompleta, toleradas durante una larga etapa desde la Transición, y el tardío reconocimiento de sus fundamentos históricos, de las  antiguas raíces democráticas de sus instituciones y declaraciones de derechos por parte del vigente sistema democrático español. Hasta que la aprobación de la Ley de  Memoria Histórica por las Cortes en 2007 produjo un giro decisivo y el inicio de un proceso más ambicioso que culminó con la aprobación de la Ley de Memoria  Democrática de 19 de octubre de 2022. 

Gracias a estas leyes y a las normas dictadas para la reforma educativa por la LOMLOE y los reales decretos sobre mínimos curriculares, el sistema educativo ha  abierto finalmente sus puertas para la normalización y generalización de la existencia de una memoria democrática que formará parte del currículo de las asignaturas de Historia que se imparten en bachillerato y educación secundaria obligatoria, y en la de educación de valores cívicos y éticos, sin olvidar su incorporación igualmente en  la Enseñanza Primaria. Mediante ellas, el alumnado podrá adquirir la competencia ciudadana, muy unida al conocimiento de la historia de la democracia en España y  los derechos de ciudadanía conquistados gracias a sus graduales avances, haciendo expresamente énfasis en la igualdad entre hombres y mujeres. Y alcanzar saberes  básicos relacionados con las acciones y movimientos en favor de la libertad en la historia contemporánea de España, más cultivar la conciencia sobre los hechos traumáticos y dolorosos del pasado y del deber de no repetirlos, contribuyendo al reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de las violaciones de  derechos humanos fundamentales y a asentar con firmeza la convicción de que se debe impedir su repetición. 

¿Algún demócrata verdaderamente consecuente se opondría a que esta memoria democrática forme parte del currículo escolar? Con certeza, solamente un demócrata  falso, tibio, vergonzante. Alguien que fácilmente podría llegar a ser, por omisión o acción, cómplice de los adversarios de la democracia.

Este programa de Investigación, Acción Participación, que se recoge en la presente publicación parte de una línea de trabajo adecuada para afrontar uno de los problemas más importantes que hoy existen en nuestras sociedades abiertas y plurales: frente a tantos discursos de odio que proliferan en las redes y en los medios de comunicación contra migrantes y otros posibles diferente, los jóvenes que protagonizan A Todo Color plantean nuevas narrativas con propuestas para fomentar actitudes tolerantes contra los prejuicios y para una convivencia basada en la igualdad y el respeto que pongan limite a las ideas y proyectos de quienes promueven la discriminación y la exclusión.

¿Quiénes y cuántos son, cómo llegan a España, cuáles son sus derechos, y si son o no iguales a nosotros? Hay dos maneras de contestar a tales interrogantes: o condicionados por el miedo, la desconfianza, la ignorancia, la desinformación y los prejuicios y estereotipos que arman los comportamientos xenófobos, racistas y agresivos , o bien abiertos al contacto directo y la escucha con la población migrante, al conocimiento, a la información objetiva y no prejuiciosa de los hechos, a la convivencia cívica, a la tolerancia basada en la solidaridad, conforme a una visión ilustrada a partir de la mejor línea de pensamiento y conducta humanista. En suma, asumiendo la conquista de civilización que en realidad son los principios y mandatos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que nos sitúan a todos en el marco de una ciudadanía global que solamente será posible si somos capaces de transcender egoísmos sociales y económicos, nacionalismos cerrados, identitarismos culturales, religiosos y políticos, supremacismos nostálgicos y privilegios infundados.

Así, pues, hoy, nuestras sociedades y nuestros jóvenes se sitúan ante el desafío de escoger entre una no convivencia lastrada por el miedo, la agresividad que de él deriva, y la exclusión con que se justifica y la sostenibilidad de sociedades democráticas abiertas a la inclusión.

Son más que nunca necesarios sistemas de educación formal y no formal capaces de aportar a generaciones jóvenes y adultas, de autóctonos y migrantes, valores cívicos y de ética pública común y compartida; es decir, una educación para hacer posible una ciudadanía democrática y en derechos humanos que permita afrontar tan importantes derivas sociales y políticas negativas como las que hoy nos amenazan, entre las que se encuentran los discursos odio, la brutalización del diálogo social y político con retóricas desmesuradas que irresponsablemente ignoran sus consecuencias, las falsas noticias, y desigualdades divisorias. El éxito de líderes autoritarios y populistas que se han especializado en levantar largos y altos muros cercando su territorio contra el resto de los ciudadanos y las ciudadanas del mundo. Con las personas emigrantes y refugiadas como primeros visitantes indeseados porque puedan alterar la pureza de la identidad étnica y cultural de sus naciones.

Uno de los aspectos que se extraen de esta investigación es el gran desconocimiento que se tiene sobre las políticas migratorias y sus correlatos legislativos, más allá de las dificultades que generan los aparatos burocráticos. Esto es muy importante, porque en un Estado y sociedad democráticos los ciudadanos y las ciudadanas deben ser conscientes del poder que les proporcionan sus derechos y libertades democráticas. No solamente en el marco de su nación, sino también en el de la Unión Europea, que es el territorio real en el que se juega ya gran parte de nuestro destino, incluidas las políticas migratorias, algo que no se debe olvidar, porque Europa ha puesto de manifiesto importantes carencias, disfunciones y disparidades en su política migratoria, junto a grandes principios, valores e iniciativas como factores inspiradores de políticas que debieran ser generalizadas en el territorio de la Unión.

El Parlamento Europeo, en su Resolución del 19 de enero de 2016 sobre el papel del dialogo intercultural, la diversidad cultural y la educación en la promoción de los valores fundamentales de la Unión Europea, reconoce que Europa y el mundo se enfrentan a múltiples desafíos ligados a la globalización, las migraciones, los conflictos religiosos e interculturales y el auge del vandalismo. Por eso es necesario analizar muy a fondo a todas las formas de radicalización, incluyendo obviamente los discursos de odio. Para ello, se decía en la citada Resolución, todos los Estados miembros deben prever los extremismos, la xenofobia, el racismo y todas las formas de discriminación y marginación, con medidas de refuerzo de la cohesión comunitaria capaces de contrarrestar con éxito las desigualdades sociales y económicas, en las que participan un conjunto de agentes, como los planificadores/as urbanos, trabajadores/as sociales, educadores/as, que deben estar preparados para combatir el extremismo, garantizar la inclusión social, fomentar el respeto a la diversidad y promover la cohesión comunitaria.

Tareas a las que han contribuido los y las jóvenes, profesorado, investigadoras, familias y centros que han hecho posible el éxito de este programa que hemos denominado A Todo, Color Y en la medida en que esta acción forma parte de una política pública de inclusión financiada con fondos de la Unión Europea.

Aunque algunos no lo crean, todos los que hemos pertenecido como parlamentarios a las Cortes Generales hemos sido, y seguimos siendo, inviolables; en mi caso por todo lo que, en el ejercicio de mis funciones representativas, dije, opiné, debatí, defendí, critiqué, etc., durante las cinco legislaturas en las que fui diputado al Congreso.

Nadie, ningún otro poder, puede violar esta prerrogativa que aún me pertenece. Ya lo dijo el Tribunal Constitucional en su sentencia 247/1988: “La inviolabilidad es un privilegio de naturaleza sustantiva que garantiza la irresponsabilidad jurídica de los parlamentarios por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones (...) siendo finalidad específica del privilegio asegurar a través de la libertad de expresión de los parlamentarios, la libre formación de voluntad del órgano legislativo al que pertenezca”.

Esta inviolabilidad no es temporal, pues abarca todos los años de ejercicio parlamentario de manera perpetua, y nos fue atribuida a los diputados en función a nuestra participación representativa en el ejercicio de la soberanía popular. Porque en los sistemas democráticos, incluidas las monarquías parlamentarias, la soberanía nacional corresponde al pueblo, no al monarca, con el que ya no existe soberanía pactada ni compartida.

Así pues, según la Constitución, son inviolables las Cortes Generales, los diputados y senadores y el Rey, en el ejercicio de sus funciones de Jefe del Estado. ¿Alguien se imagina las tentaciones que algunos de tantos representantes populares podrían tener para cometer actos ilícitos y abuso, si su inviolabilidad no tuviera límites y fuese más allá del mero ejercicio de las funciones representativas? Como se dice en la Sentencia del Tribunal Constitucional antes citada, “cualquier otra interpretación sería un dislate que implicaría dañar irreversiblemente la finalidad propia de la institución”. “Por lo tanto –concluye su razonamiento el Tribunal–, el privilegio deja de existir cuando los actos hayan sido realizados por el parlamentario en calidad de mero ciudadano particular, fuera del ejercicio de sus funciones como representante público”.

En consecuencia, queda claro que ningún delito o infracción administrativa de cualquier género, merecedora de reproche y sanción que pueda afectar a miembros integrantes de las Cortes Generales está cubierto por la prerrogativa de inviolabilidad.

Pero, ¿qué ocurre con el privilegio de inviolabilidad que también la Constitución atribuye al Rey como Jefe de Estado para garantizar el ejercicio de sus funciones representativas, simbólicas, moderadoras y arbitrales? Aquí las cosas cambian radicalmente, si hacemos caso al reciente dictamen de los letrados del Congreso de los Diputados con ocasión de la iniciativa presentada por varios grupos parlamentarios para crear una comisión que investigue las actividades financieras, presuntamente ilícitas, de Juan Carlos I.

Según tal dictamen, los hechos relacionados con la presunta participación del exmonarca en la adjudicación a empresas españolas de las obras del AVE a La Meca no tendrían relevancia penal, porque chocan con el muro protector del artículo 56.3 de la Constitución, integrado por prerrogativas o privilegios que son absolutos y tienen efectos jurídicos permanentes, que impiden cualquier acción legal frente al ex Rey, creando exprofeso y únicamente para el monarca, una especie de “paraíso alegal que no puede ser tocado por ningún otro poder del Estado”.

Este dictamen viene a chocar, en parte, con la actuación iniciada por la Fiscalía del Tribunal Supremo con su decisión de investigar a Juan Carlos de Borbón para verificar la existencia de presuntas responsabilidades penales perseguibles a partir de su abdicación en 2014. Discrepando con la posición de inviolabilidad “absoluta” defendida por los letrados del Congreso, la Fiscalía admite una inviolabilidad “relativa”, pues plantea “delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos” cometidos después de la abdicación, “momento en el que dejó de estar protegido por la inviolabilidad que la Constitución da al Jefe del Estado.”

Así, pues, ya tenemos posiciones discrepantes entre fiscales del Supremo, defensores de la inviolabilidad limitada, y letrados de las Cortes, contumaces defensores del absolutismo de la inviolabilidad del exmonarca. A partir de este dato, deberíamos exigir rigor a unos y a otros para que aclaren al pueblo español –que no ignora la enorme trascendencia del asunto–- si cabe en nuestra Constitución una monarquía parlamentaria en la que el rey esté protegido por un privilegio tal que supondría que cualquier ley penal, mercantil, civil o medioambiental no tendría, en ningún caso, aplicación a las posibles infracciones cometidas, creando un espacio privilegiado de inmunidad que deroga la vigencia del Estado de Derecho, precisamente en la persona del Jefe del Estado.

¿Es posible, en una monarquía constitucional y parlamentaria del siglo XXI, que nos encontremos todavía ante la supervivencia de restos de privilegios propios de monarquías absolutas, o de derecho divino, solamente responsables ante Dios? (o ante Dios y ante la historia, como se proclamó el dictador general Franco) ¿O propios de soberanías y poderes constitucionales pactados y compartidos entre el rey y el parlamento, según el viejo cuño de constituciones decimonónicas?

Hay un principio básico de razonamiento jurídico muy certero, según el cual debe rechazarse toda interpretación en la aplicación de las leyes que conduzca al absurdo, “reductio ad absurdum”. Aquí el absurdo sería llegar a la conclusión de que una Constitución que crea un nuevo Estado social y democrático de Derecho, en el que la igualdad es uno de sus valores superiores y la soberanía nacional reside en el pueblo español, “del que emanan todos los poderes del Estado”, contiene encubierta la existencia de un “paraíso alegal”, que blinda cualquier actividad pública o privada, lícita o ilícita, para una sola persona sobre la totalidad de la ciudadanía y poderes del Estado, más allá de las que correspondiesen al ejercicio directo de sus funciones constitucionales. Forzar semejante interpretación de la inviolabilidad real, desbordando estos límites, sería someter al régimen y a la constitución de 1978 a un estrés y a una prueba de fuerza que puede dañarles por encima de las previsiones de bienpensantes, cegados por la razón de Estado.

No se pueden desdeñar, ni ocultar bajo alfombra alguna, hechos que están destinados a tener enorme trascendencia política, como ya se comienza a ver. Hechos que se precipitan sobre la sociedad española, no iniciados por ninguna oposición interna, sino debido al descubrimiento, revelación y divulgación por medios de comunicación extranjeros y promovidos por órganos judiciales de otros países que instan a tribunales españoles a actuar.

En asuntos de gran trascendencia pública, el peor de todos los caminos es tratar a la ciudadanía como sujeto pasivo e ignorante que ha de hacer pasar por su garganta una rueda de molino cual si fuese una sencilla oblea. Pero las ruedas de molino son difíciles de pasar por las gargantas de los pueblos, que suelen rechazarlas. En España, la memoria histórica democrática debería permitirnos tener en cuenta lo que casi siempre ha ocurrido cuando se intentó que el pueblo español tuviese que aceptar el encubrimiento o la ocultación de hechos notorios e inaceptables cometidos por sus gobernantes. Valga un ejemplo de entre los muchos, antiguos y actuales, que se podrían recordar.

En 1865 Emilio Castelar, catedrático de la Universidad Central, publicó dos artículos, titulados, uno: “¿De quién es el Patrimonio Real?”, y otro: “El rasgo”, en los que criticaba como fraude y apropiación ilícita, que la reina Isabel II se quedase con el 25% de la venta de bienes del Patrimonio Real, que eran propiedad de la Nación y no de su patrimonio privado (no olvidemos que su madre María Cristina fue dos veces expulsada del país por su relación con oscuros negocios especulativos y por su afán de enriquecimiento aprovechando su condición de regente).

Narváez y el Partido Conservador lo habían presentado como un gesto generoso y sublime de la reina, digna “émula de Isabel la Católica”. El Gobierno ordenó la destitución de Castelar como catedrático. A ello se opuso el rector de la Universidad Central, que también fue destituido. Como reacción, los estudiantes se concentraron en la Puerta del Sol para protestar. El Gobierno ordenó la intervención de la Guardia Civil y el Ejército para disolverlos. Se produjo la masacre de la llamada la Noche de San Daniel y el posterior estallido de la primera Cuestión Universitaria que incrementó la desafección de amplios sectores de la ciudadanía y precedió en muy pocos años al destronamiento de la reina. Destronada porque no abdicó a tiempo, como tuvo que hacer Juan Carlos I en 2014, con la aprobación las Cortes Generales.

Son lecciones de la historia, maestra de la vida. Se puede pensar que hoy sería más favorable para la imagen y futuro de la monarquía someterse a escrutinios judiciales y parlamentarios y a la transparencia propios de un Estado democrático de Derecho, que tratar de eludirlos con subterfugios, con el riesgo de generar una situación escandalosa y erosionante debido a un natural crecimiento de la incomprensión popular. Tampoco se debe despreciar la baza importante que se pondrá en manos del independentismo, dispuesto a señalar a una jefatura del Estado desacreditada y debilitada por conductas que, de probarse, significarán la demolición de la imagen de un ex Jefe de Estado, durante mucho tiempo intocable y protegida hasta límites inusuales en una democracia que se considera avanzada.

El sistema educativo es un ente vivo que no debe parar de mejorar, de ser objeto de reflexión para ser un instrumento cada vez más útil para nuestros jóvenes y para el futuro de nuestra sociedad. La educación en España ha mejorado sin ninguna duda en las últimas décadas; se han logrado altas tasas de escolarización y de titulación que han permitido que la educación haya servido como ascensor social, gracias a los esfuerzos realizados en políticas de igualdad, logrando que en nuestra sociedad los niveles socio económicos y culturales de partida no hayan sido un impedimento para que las distintas generaciones de jóvenes hayan podido mejorar el alcance educativo de sus familias.

Más allá de estos logros que durante décadas se habían conseguido en España, nos encontramos en el momento actual ante una situación de retroceso tanto en el derecho a la educación como ante las oportunidades para desarrollar un itinerario educativo que sirva para asentar las bases de un futuro pleno, basado en la formación integral y también con una perspectiva laboral. Es necesario un esfuerzo inversor para superar la agresión que las políticas conservadoras han perpetrado contra la financiación de la educación pública y para conseguir una educación de calidad integral para el alumnado en todos los centros públicos de todos los niveles y modalidades educativas.

En este sentido, es preciso y urgente consolidar las becas como un derecho subjetivo y así evitar que se obstaculice el acceso a la Universidad de alumnos procedentes de familias en dificultad social, como también es una prioridad lograr la reducción de las tasas universitarias, para que sean asequibles al estudiantado.

Es inevitable reflexionar hoy en día sobre dos cuestiones dramáticas que deben ser resueltas de manera urgente y decidida. En primer lugar, la pobreza infantil que lastra las oportunidades educativas de miles de niños y niñas en nuestro país por las restricciones de recursos socioeducativos que debieran ser provistos en condiciones de gratuidad y compensación escolar por parte de los poderes públicos.

El desempleo juvenil es la siguiente prioridad, un problema multicausal originado en parte por la falta de formación, por el absentismo, el abandono escolar, en otros casos por una insuficiente orientación académica y profesional que no alcanza al conjunto de las individualidades de nuestros jóvenes y por la nefasta reforma laboral. Sin ninguna duda, en este contexto de desempleo general es fundamental también garantizar la formación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida; lograr el derecho a la cualificación como derecho de la ciudadanía.

En estos sentidos, la Educación es un instrumento fundamental de política social para redistribuir equitativamente la renta, el conocimiento y las oportunidades sociales y profesionales a todos los ciudadanos/as.

El sistema educativo debe hacer frente a la formación de todos nuestros jóvenes, en un entorno inclusivo, ofreciendo una respuesta a las necesidades y a la diversidad de todos los alumnos, aceptando las diferencias y promoviendo el trato equitativo de cada estudiante. Por ello es preciso propiciar la búsqueda de estrategias, metodologías, espacios incluyentes y eliminar todo tipo de segregación en los centros educativos.

Los centros educativos a su vez deben preparar a nuestros jóvenes para la mejor transición posible hacia el mundo laboral, en el que se demandan nuevas competencias no suficientemente trabajadas en el entorno educativo. En este sentido es fundamental desde los centros educativos potenciar entre el alumnado la creatividad, la inteligencia emocional, la resolución de problemas, el reconocimiento de pautas complejas, el desarrollo de habilidades sociales y desarrollar la capacidad de comunicación efectiva de forma transversal desde la educación primaria.

En la sociedad actual, la escuela debe asumir como uno de sus fines fundamentales la educación intercultural, incorporando la interculturalidad en el currículo y generalizando las prácticas educativas inclusivas en el proyecto educativo de centro y en la convivencia de la comunidad escolar; en definitiva, los proyectos educativos deben centrarse en el desarrollo de todo el alumnado como ciudadanos/as iguales, cultivando el respeto a la diversidad y valorando la riqueza que esta aporta y significa. Se trata también de educar en valores con un modelo ético cívico y de Educación para la Ciudadanía Democrática propugnado por el Consejo de Europa y de garantizar la laicidad constitucional de los centros educativos.

La educación debe ser entendida como factor imprescindible para el fortalecimiento de la Democracia en sus diversas expresiones, entre ellas la necesaria autonomía de los centros educativos como gobernanza democrática de los mismos, protagonizada por la comunidad escolar de profesores, familias y alumnos, por medio de los Consejos Escolares, en el ejercicio de su derecho constitucional de intervenir en el control y la gestión de los centros públicamente financiados, conforme establece el artículo 27 de la vigente Constitución.

Esta es la base más sólida de la autonomía escolar, que nada tiene que ver con la creación de un sistema artificial de competitividad entre los centros, ni con la recreación de la dirección escolar profesionalizada siguiendo el modelo de la empresa privada.

En definitiva, existen problemas importantes que afectan a nuestra educación y que desde una perspectiva socialdemócrata deben ser abordados con un incremento de la financiación pública. Es preciso fortalecer el servicio público escolar constituido por escuelas públicas inclusivas, como existe en los países europeos con democracias más sólidas y avanzadas y garantizar la gratuidad en los centros públicamente financiados, implantando una política social de igualdad de todos ante la educación.

Se deben abrir expectativas reales de formación para el trabajo a los jóvenes parados, facilitar a las familias la escolarización temprana y gratuita de la primera infancia, acordar el modelo organizativo y de gestión eficaz de los centros garantizando el derecho constitucional a la participación de las comunidades escolares, modernizar el currículo y la evaluación, y fortalecer estatutariamente el desarrollo de la carrera docente y la formación de los profesores para protagonizar una educación integral de calidad.

La Educación es un reto para aquellos que nos sentimos socialdemócratas. Sólo abordando estos objetivos de manera consensuada lograremos homologar nuestro sistema educativo con los estados europeos más avanzados, todo un desafío educativo que merece la pena. Cada vez somos más los que ahora estamos comprometidos con este proyecto de futuro.

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Mª Luz Martínez Seijo. Diputada del PSOE por Palencia. Coordinadora del área de Educación del documento “Somos Socialistas”.Mª Luz Martínez Seijo

Victorino Mayoral. Ha sido portavoz de Educación del PSOE como Diputado Nacional.Victorino Mayoral