El próximo domingo hará cuatro meses desde que el Gobierno aprobó el Real Decreto de medidas urgentes sobre cláusula suelo. Real Decreto que luego refrendó el Congreso de los Diputados con los votos a favor y la abstención de PP, Ciudadanos y PSOE. Podemos acaba de presentar un recurso de inconstitucionalidad que ha sido admitido a trámite.

Teóricamente, la intervención política a través de este Real Decreto debía tener como fin resarcir una situación injusta para millones de afectados a los que hay que devolver todo su dinero, sin necesidad de tener que pelear por ello en unos tribunales ya de por sí saturados.

Sin embargo, la realidad es bien distinta. El Real Decreto se ha revelado como una pantomima y un mero lavado de cara político. Y es que ha sido rumiado por actores que están lejos de ser independientes.

El Real Decreto establece la “obligatoriedad” de informar a todos los afectados. Sin embargo esa “obligatoriedad” se queda en algo difuso. Bastaría con poner en la web del banco una mera nota informativa (o lo que estimen oportuno) y se está dentro de la ley. En la era del e-mail, si se quisiese de verdad que esa información fuese obligatoria se tendría que haber establecido una comunicación individual obligatoria a cada uno de los afectados de manera directa. Recordemos que muchos afectados por cláusula suelo siguen desconociendo a día de hoy que la tienen.

Recordemos, por otro lado, el tema del plazo. La vía extrajudicial ya existía previamente y fijaba un plazo de dos meses para contestar. En este Real Decreto se establecen tres meses y, en ambos casos, no ocurre nada si no se responde al afectado. El consumidor que reclame a su banco se puede encontrar con que el banco no le contesta después de tres meses. Y al banco, callarse o no cumplir el plazo, no le cuesta nada. No hay sanción por no hacerlo. Un Real Decreto con voluntad de justicia obligaría a los bancos, al menos, a contestar argumentando su respuesta. ¿Qué menos cuando estamos hablando de media de 8.000 euros cobrados de más a cada afectado?

Por otro lado, cabría esperar que en los casos en los que los bancos respondan de manera favorable, el cálculo indemnizatorio (que sí están obligados a hacer) fuese de obligado cumplimiento. ¿Por qué esa cuantificación tiene que estar sujeta a negociación? Otra vez los bancos arañando hasta el último euro. Hasta Draghi, presidente del Banco Central Europeo, reconoce que los acuerdos extrajudiciales de cláusula suelo favorecen a la banca.

En resumen, un buen Real Decreto debería haber obligado a los bancos de manera proactiva a informar a los afectados del dinero que se les debe, a devolverles hasta el último céntimo, y en un plazo concreto y determinado, además de sancionar a aquellos que no lo cumplan. Y a aquellos que los bancos consideren que no tienen que indemnizar, al menos a comunicarlo para saber a qué atenerse. Es así de sencillo y el Real Decreto de cláusula suelo, sencillamente, convierte a los bancos en jueces y parte del proceso. Menos mal que queda la opción de reclamar a través de los tribunales y hacer de verdad justicia.