Hola, vuelvo a escribirte después de un tiempo. Esta vez quería compartir con vos unas ideas sobre el Referéndum por la Independencia de Catalunya del próximo 1º de octubre. Porque está claro que todos nos jugamos mucho, y nosotros los latinos somos y seremos determinantes en el resultado final. Da igual si votas sí, si votas no, en blanco o abstención. Nuestro peso electoral es enorme y decisivo, sea la opción que sea la que elijamos y votemos. 

Vos y yo hace algunos años dejamos atrás nuestras vidas, amigos, parientes… y emprendimos con nuestras familias la experiencia –por momentos dura- de emigrar y afincarnos en Catalunya. Yo llegué hace 14 años con dos maletas (una llena de libros), 300 euros en el bolsillo y una beca de estudios en una universidad. Dos meses después llegaron mi esposa Mariajose y mis tres hijos: Juanmanuel, Jose y Camila. Iniciábamos una nueva vida, aprendiendo nuevas costumbres, una lengua nueva, intentando entender a una sociedad distinta a la nuestra. El camino, igual que el tuyo, no ha sido nada fácil.

Igual que lo hicieron nuestros pueblos y países de nacimiento hace más o menos unos 200 años, desde el Río Grande en Méjico hasta Tierra de Fuego en Argentina, pasando por el Chaco del Paraguay, el Altiplano en  Bolivia o en los Llanos de Venezuela. De hecho, la enorme mayoría de territorios que componen nuestro continente de nacimiento formaron parte de España y según “La Pepa” (la primera Constitución española del año 1812), todos los hombres y mujeres que habitaban aquellos territorios eran súbditos del rey y parte de la “indivisible” nación española. Y después de todo este tiempo, con momentos buenos y malos en la historia de nuestras naciones,  yo no conozco que ninguno de nuestros países y pueblos se hayan arrepentido de ser independientes. La prueba de ello es que ninguno ha solicitado nunca el reingreso!

Mira, te cuento una anécdota. En mayo del 2015 tuve la oportunidad de conversar con “Pepe Mujica” aquí en Barcelona, pocos días después de haber sido yo electo regidor por Sabadell, el primero de esta ciudad de origen latinoamericano y por un partido de izquierdas e independentista. En un momento de la charla el “Pepe” me pregunta: “Che, esto de la independencia ¿va en serio? Son bravos estos catalanes, no?”. Y le expliqué muy brevemente que sí, que va muy en serio, que era un verdadero proceso de liberación nacional, una verdadera revuelta pacífica y democrática en la Europa del siglo XXI que pretende hacer posible un país más justo y próspero. Me guiñó un ojo, me dijo “dale pa’lante” y se fue a dar la conferencia por la que estaba en Barcelona.

Pues sí, yo le doy “pa’lante” porque el domingo 1 de octubre buena parte del resultado está en  nuestras manos, en las de los 400.000 latinos que vivimos aquí y tendremos derecho a votar. Sumarnos masivamente con el conjunto de la población hará posible el nacimiento del nuevo Estado, es decir de la República Catalana. 

Dale, anímate vos también, vamos pa’lante junto al resto del pueblo catalán. Si al final en lugar de dos nacionalidades tendremos tres, no pasa nada, a esta altura del partido no vendrá de un pasaporte más, verdad? Que se note cuando vayamos a votar que los catalanes de origen latinoamericano también nos la jugamos y también “hacemos patria”. Porque nosotros también habremos hecho posible la independencia de Catalunya. Te dejo, nos vemos el domingo 1 de octubre votando y esa misma noche celebrando los resultados!

El pasado 3 de junio de 2016 el gobierno de Sabadell abría de oficio 18 expedientes sancionadores a compañías suministradoras eléctricas, después de constatar que estas incumplían reiteradamente la normativa catalana de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, también conocida como la Ley 24/2015. Iniciábamos así un camino hasta ahora inédito para una administración local.

Esta semana hemos resuelto y notificado a compañías suministradoras eléctricas los primeros 11 expedientes sancionadores, con multas efectivas por un valor de 10.001 euros cada una. Las sanciones responden a la realización de faltas graves de acuerdo con el artículo 331-5 c del Código de Consumo de Catalunya y en relación con el artículo 6.4 de la Ley 24/2015, que establece que antes de realizar un corte de suministro, las empresas suministradoras tienen la obligación de solicitar un informe a los servicios sociales municipales para comprobar si la persona o unidad familiar afectada se encuentra en riesgo de exclusión residencial. Asimismo, la Ley 24/2015 establece la obligación de la empresa de informar de este derecho a los usuarios en los avisos que genere por razón de impago o de corte del servicio.

Como gobierno de la quinta ciudad más grande en población de Catalunya hemos apostado inequívocamente para llevar a la práctica desde nuestras competencias el despliegue efectivo de la Ley 24/2015, ley que fue impulsada por miles de ciudadanos y ciudadanas a través de la Iniciativa legislativa Popular (ILP) y que fue aprobada por unanimidad en julio de 2015 por el Parlament de Catalunya. Y aunque, de acuerdo con la información que disponemos, somos el primero de los ayuntamientos de nuestro país en llegar a la imposición efectiva de sanciones, nosotros entendemos que sencillamente hemos hecho lo necesario y que se espera de aquellos que desarrollamos tareas de servicio público: proteger a nuestros ciudadanos, en especial a los más vulnerables.

Este nuevo marco normativo, más la actitud firme de las administraciones y la sociedad civil, nos dan la oportunidad a todos de contar con un nuevo paradigma como país en materia de protección de los derechos de las personas. Ciertamente es un nuevo planteamiento y es justamente aquí donde se encuentra el conflicto que, en el fondo, la aplicación de la 24/2015 pone en evidencia: el enfrentamiento entre el ámbito público, representado por el poder político democrático, y el capitalismo y los poderosos oligopolios que controlan el mercado energético.

En este conflicto real, aquellos que representamos la voluntad soberana de nuestro pueblo en las instituciones tenemos que hacer todo lo posible, con todos los medios legales a nuestro alcance y de forma proactiva, para que la ley se cumpla. Evidentemente con la aplicación de la ley y la normativa el trabajo no queda resuelto, sólo está iniciado. A partir de entonces es necesario que las estructuras públicas, con el liderazgo político, actúen sobre una lógica en que la calidad de vida de la ciudadanía es la motivación y finalidad básica. Aquí está el cambio de paradigma que necesitamos del ámbito público, donde el centro pasa a ser el ciudadano. Las leyes, las estructuras y la cultura organizativa deben orientarse siempre al servicio del ciudadano.

Esto, para nosotros, es básicamente el modelo de país y de sociedad por el que trabajamos, donde el interés colectivo y los derechos de las personas deben prevalecer por encima de los intereses económicos y privados. Y las estructuras públicas actúan bajo esta lógica. Sólo con una responsabilidad social compartida por todos los ámbitos conseguiremos alcanzar una sociedad más justa y próspera para todos. Y en Sabadell trabajamos cotidianamente para conseguirlo.

El passat 3 de juny de 2016 el govern de Sabadell obria d’ofici 18 expedients sancionadors a companyes subministradores elèctriques, després de constatar que incomplien reiteradament la normativa catalana de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, també coneguda com a Llei 24/2015. Iniciàvem així un camí fins ara inèdit per a una administració local.

Aquesta setmana hem resolt i notificat a companyies subministradores elèctriques els primers 11 expedients sancionadors, amb multes efectives per un valor de 10.001 euros cadascuna. Les sancions responen a la comissió de faltes greus d’acord amb l’article 331-5 c del Codi de Consum de Catalunya i en relació amb l’article 6.4 de la 24/2015, que estableix que abans de realitzar un tall de subministrament, les empreses subministradores tenen l’obligació de sol·licitar un informe als serveis socials municipals per comprovar si la persona o unitat familiar afectada es troba en risc d’exclusió residencial. Així mateix, la 24/2015 estableix l’obligació de l’empresa d’informar d’aquest dret en els avisos que generi per raó d’impagament o de tall del servei.

Com a govern de la cinquena ciutat més gran en població del nostre país hem apostat inequívocament per desenvolupar des de les nostres competències el desplegament efectiu de la Llei 24/2015, llei que va ser impulsada per milers de ciutadans i ciutadanes a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) i que va ser aprovada per unanimitat al juliol del 2015 pel Parlament de Catalunya. I tot i que, d’acord amb la informació que disposem, som el primer dels ajuntaments del nostre país en arribar a la imposició de sancions, nosaltres entenem que senzillament hem fet el que cal i que s’espera d’aquells que desenvolupen tasques de servei públic: protegir els nostres ciutadans i ciutadanes, en especial a aquells més vulnerables.

Aquest nou marc normatiu més l’actitud ferma de les administracions i la societat civil ens dóna l’oportunitat a tots plegats de comptar amb un nou paradigma com a país en matèria de protecció dels drets de les persones. Certament és un nou plantejament i és justament aquí on es troba el conflicte que, en el fons, l’aplicació de la 24/2015 posa en evidència: l’enfrontament entre l’àmbit públic, representat pel poder polític democràtic, i el capitalisme i els poderosos oligopolis que controlen el mercat energètic. En aquest conflicte real, aquells que representem la voluntat sobirana del nostre poble a les institucions hem de fer tot el possible, amb tots els mitjans legals a l’abast i de forma proactiva, perquè la llei es compleixi.

Amb la llei i la normativa la feina no està feta, només està iniciada. A partir de llavors cal que les estructures públiques, amb el lideratge polític, actuïn sobre una lògica on la qualitat de vida de la ciutadania és la finalitat bàsica. Cal un canvi de paradigma de l’àmbit públic, on el centre passi a ser el ciutadà. Les lleis, les estructures i la cultura organitzativa han d’orientar-se al servei del ciutadà.

Això, per a nosaltres, és bàsicament el model de país i de societat pel qual treballem, on l’interès col·lectiu i els drets de les persones han de prevaldre per sobre dels interessos econòmics i privats. I les estructures públiques han d’actuar sota aquesta lògica. Només amb la responsabilitat social compartida per tots els àmbits aconseguirem arribar a una societat més justa i pròspera per a tothom. I a Sabadell treballem quotidianament per aconseguir-ho.