Hay fenómenos mediáticos que precisan ser analizados desde todos los ángulos y el escándalo internacional generado por la película Emilia Pérez es uno de ellos. En su lanzamiento en Europa recibió una oleada de aplausos casi unánimes, los festivales celebraron el filme como una genialidad. El guionista y director francés Jacques Audiard no cabía en su felicidad, su estrella, la actriz transexual española Karla Sofía Gascón, logró un pico mediático en pocos meses, tanto el director como la protagonista comenzaron a hablar en España sobre la importancia del cine para reflexionar sobre los temas relevantes como la igualdad, la guerra contra el narco, las adicciones, las desapariciones forzadas y la barbarie mexicana. Hasta aquí la crítica española les perdonó todo, porque México a muchos les parece folklórico, incluyendo su tragedia humanitaria. El racismo integrado en la intelectualidad europea celebró la obra por sus recursos cinematográficos y porque fue creada por el genial Audiard, autor de grandes filmes como Mira a los hombres caer, Un Profeta y Óxido y Hueso, entre otras películas premiadas.

Emilia Pérez va de un narcotraficante asesino despiadado llamado “El Manitas”, miembro de la delincuencia organizada mexicana, corresponsable de la desaparición de miles de personas y explotador de infancias y de mujeres. Una abogada corrupta lo ayuda a fingir su muerte para practicarse una cirugía de afirmación de género. Inexplicablemente, esta le ayuda compasivamente y una vez convertida en una mujer sexy se vuelve una buena persona y decide ayudar a las víctimas de desapariciones con dinero de los carteles. En medio de este despropósito narrativo, Audiard mete espectaculares piezas musicales, hace sátira velada que por momentos se sostiene por la buena fotografía y algunas buenas actuaciones, incluyendo la de Gascón. Las academias de cine francés y de España no tardaron en celebrar su inclusión a los premios y Netflix invirtió lo que no está dicho en el lobby para que entrase a los Oscares. 

Pero la película llegó a México y América Latina, de inmediato el público y la crítica lo dijeron todo. La gente comenzó a salirse de las salas de cine exigiendo la devolución de su dinero, activistas trans que se han jugado la vida nos explicaron por qué es una película tránsfoba mientras Karla Sofía les ignoraba, asumiendo un nuevo discurso de defensora LGTBQ+ que nunca fue. Era necesario usar todos los temas para publicitarse en su tour de medios en el caballo de plata de Netflix y el sello de Audiard. 

Permítanme hacer un alto en el camino para preguntar cómo hubiese reaccionado la crítica española si durante los peores momentos de ETA, Audiard hubiese hecho una película en que un líder –pongamos “Ternera”– asesino y secuestrador se vuelve bueno tras la reasignación a mujer, y mientras lo hace, se ponen a cantar por las víctimas del terrorismo. ¿Le ofrecerían un Goya? No lo creo. 

No pienso que el cine esté hecho para educar o moralizar, en realidad el problema comenzó cuando su creador y la protagonista decidieron usar los discursos de Derechos Humanos para promocionarse, o tal vez antes. Mientras la veía me imaginé a un Audiard que, percibiéndose irrelevante, decide adaptar a un personaje del libro 'Écoute', de Boris Razon y se pregunta qué temas están de moda, venden mucho, qué  actrices y cantantes jóvenes tienen más de 10 millones de seguidores en redes, y se lee, como él mismo confesó, un par de artículos periodísticos sobre narcotráfico en México. Así comenzó a preparar una comedia musical transexual –de personas desaparecidas– y derechos humanos con actrices que no hablan bien el español y pretenden pasar por mexicanas, pero son increíblemente famosas. Les pareció a todos una idea genial.

Durante la promoción hacia los Oscar, la reportera canadiense Sarah Hagi publicó unos tuits de Karla Sofía escritos entre 2019 y 2024 con frases sexistas, racistas, islamófobas, antiinmigrantes y soeces. Inmediatamente, Audiard salió a atacar a su estrella, la despreció a cambio de salvar sus potenciales premios. Karla Sofía, por su parte, fue incapaz de reconocer la gravedad de sus palabras, de pedir perdón, de admitir sus ideas racistas, se fue por peteneras intentando salvarse sin saber lo que Audiard había dicho de ella. Recientemente, en la gala de los Goya, hubo quien minimizó el contenido de los tuits de la actriz madrileña con comentarios como “fueron de hace dos o tres años”, o “lo dijo antes de su transición”. Ahora Netflix la ha excluido de la promoción, la editorial que iba a publicar su autobiografía ha cancelado el libro. En mayoría abrumadora, el público y la crítica mexicana han calificado la película como un fracaso plagado de pornomiseria, clasismo, sexismo, racismo, sátira del dolor colectivo y transfobia disfrazada. Hay quienes no logran entenderlo. 

Algunas de las lecciones que podemos extraer de este escándalo son importantes: la primera es que plantear que un asesino en cuanto se practica una cirugía de afirmación de género se vuelve buena, adquiere conciencia y comienza a tener sentimientos femeninos, es de una transfobia y mujerismo insostenible. Que una actriz que hace pocos años publicó consistentemente frases como “putos moros”, “el islam se está convirtiendo en un foco de infección a la humanidad”, “esa ceremonia de los Oscares parece un festival afrokoreano”, otros más pidiendo la expulsión de migrantes de España, y se burló del asesinato que detonó el movimiento #BlackLifesMatter vaya de pronto de defensora de derechos humanos es una burla para quienes dedican su vida a ello. Que hacer un personaje ficticio de alguien que hace el mal y que al operarse y asumir su identidad de género e identidad sexual femenina se vuelve buena e igualitaria no significa que eso suceda en la vida real. Si Karla Sofía hubiese reconocido que es y ha sido evidentemente racista y deberá trabajar en ello, tal vez las cosas serían distintas para ella, pero eligió la frase “estoy profundamente apenada por aquellos a quienes he causado dolor”. 

Me quedo con su última frase sobre la promoción de la película: “Llevo nueve meses tratando de enviar un mensaje de esperanza al mundo con mi película”. Yo pregunto cuál es el mensaje, tal vez que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación debería transicionar a mujer para volverse bueno, o que las madres de las 100 mil personas desaparecidas deben bailar y cantar usando dinero del narco para recuperar a sus hijos,  al cabo que la vida es un carnaval y en la comedia de la fama toda distorsión es aceptable con tal de ganar un Oscar.

En la infancia a mis hermanos los enseñaron a defenderse de los bulíes, mientras a mis hermanas y a mí nos enseñaron a protegernos del mundo. Amanecí pensando en esto porque hablaba con un amigo que tiene una hija de once años que se declara feminista, a él le preocupa que su hija esté tan consciente y preocupada sobre la violencia masculina. “Le digo que no todos los hombres son violentos, pero la realidad no me ayuda”, dijo mi amigo con gesto de consternación.

Solemos normalizar aquello que en nuestra infancia constituye el libro no escrito de las reglas de la vida, son esos consejos maternos, paternos, de abuelos, que nos dictaron hacia dónde mirar, en quiénes confiar, a quién o a qué debemos temer y qué voces debemos negar. Rara vez reflexionamos sobre la manera en que aquellas frases repetidas por quienes nos educaron marcaron nuestra forma de evaluar el peligro y el riesgo o de valorar la seguridad y el bienestar. Con esas reglas aprendimos a reaccionar en la niñez y a vivir en la adultez. 

Deliberamos muy poco sobre los mecanismos emocionales que se activaron en nuestra niñez para entender cómo amar, cómo desear, cómo disentir, como detectar y rechazar las violencias para alejarnos de ellas; cómo reconocer los destellos de bondadosa felicidad que tantas veces se nos escapan. 

Casi nadie sabe cómo aprendió a ser valiente, casi nadie recuerda cómo aprendió a vivir con el miedo rumiando en la entraña. Yo crecí con una madre que me enseñó a detectar la diferencia entre lo que siento y lo que pienso. Me entrenó para escuchar a las y los otros, para escucharme a mí, porque mi madre entendió que yo era hipersensible y decidió darme herramientas para que llevase ese temperamento hacia el camino de la valentía y no el de la cobardía. 

La palabra cobarde, por cierto, viene del francés couard, que a su vez viene del latín que alude a la cola metida entre las patas de los lobos y los perros para mostrar sumisión. En nuestro lenguaje el miedo es cobardía, es decir, sumisión frente al peligro, ante el poder de quien puede dañarnos. Un maestro de criminología me dijo un día que un rasgo de los abusadores es que viven con miedo –son cobardes– y que infligen miedo para sentirse menos débiles. Los cobardes se someten y reproducen el mandato de “maltratar es mejor que ser maltratado”.

La palabra valentía, en latín significa acción de ser fuerte; es decir, ejercer la fortaleza, no someterse al miedo. Si algo he aprendido a mis 61 años, es que la cobardía incita al ejercicio de la violencia, lo he visto una y otra vez en la mirada de los agresores, de los pederastas, de los torturadores, son todos cobardes y, sometidos al miedo, atacan sin parar a fin de que nadie sepa que su crueldad se origina en el pavor de ser dominados. Es una paradoja que se repite siempre. De allí que en el mundo veamos a millones de mujeres y niñas valientes enfrentando el mal con dignidad, protegiendo a otras, buscando negociar para alcanzar la paz. Vemos a millones de hombres cobardes que, por no enfrentar a los violentos, niegan o minimizan la violencia sexual contra mujeres, niñas y niños.

Es curioso volver al origen de las palabras, de las emociones y las ideas para entender que nuestra cultura, el arte, la literatura y la épica en general relacionan la valentía con lo masculino, en esa alucinante fantasía lo heroico es lo violento, el miedo a ser conquistados incita a conquistar, a colonizar países, cuerpos, personas. Lo cierto es que más allá del mito de los hombres valientes, las mujeres hemos aprendido, algunas en la niñez y otras mucho más tarde, a ser fuertes por necesidad, a defendernos del mundo, a ser lubricantes sociales dedicadas a evitar la fricción generada por la crueldad de los violentos que en su mayoría pertenecen al universo masculino. 

Cuando alguien dice “las mujeres asesinas” ninguna de nosotras se siente aludida, sabemos que se refieren a agresoras en particular, no a todas. Es curioso que tantos hombres se sientan aludidos cuando decimos “los hombres violadores, maltratadores” o “los violadores en potencia”. Tal vez será porque en la infancia tantos aprendieron a someterse a las reglas del juego; si hubiesen sido niñas tendrían que haber aprendido a protegerse del mundo, a ser valientes, a proteger a las otras. Ciertamente tendrían menos tiempo para hacer la guerra, para cometer genocidios, para violar y destruir infancias. 

Hace unas semanas Gisèle Pelicot, acompañada de sus abogados, un fiscal y la policía francesa, denunció a su esposo y a 72 hombres, invitados por su marido Dominique para violarla luego que él la sedara intencionalmente. Ella ha insistido, como muchas de nosotras, que las víctimas no deben sentirse responsables, culpables o avergonzadas. Ha llegado el momento de que la vergüenza sea para los violadores, dijo la valiente Gisèle. 

Es verdad que ni todos los hombres son violentos ni todas las mujeres son buenas y solidarias. También es verdad que cada 12 segundos una mujer, niña o niño es víctima de violencia sexual y que el 99% de los perpetradores son hombres. En criminología decimos que los victimarios saben lo que hacen, que la violencia sexual siempre precisa de una preparación en que el victimario toma decisiones y sabe lo que hace, porque la violencia sexual es un ejercicio de poder para colonizar el cuerpo y la voluntad de su víctima, es, para muchos hombres, un acto épico de sometimiento que refuerza su hombría y erotiza la apropiación del cuerpo de la víctima pornificada. 

La lección que estamos aprendiendo con el juicio Pelicot radica en un hecho incontestable: los hombres contactados por redes sociales por Dominique Pelicot para violar a su esposa accedieron sin cuestionar nada. Los violadores, que tienen entre 26 y 74 años, han dicho en las primeras pesquisas policíacas que, “si el marido los invitaba todo parecía normal, porque un marido tiene derecho sobre la sexualidad de su mujer”. Uno de ellos –de 26 años– declaró que, aunque se veía sedada, él creía que había consentido a ser drogada para ser violada. El consentimiento imaginario.

Hay miles de hombres que se han manifestado abiertamente contra estos agresores y a favor de Gisèle, lo que necesitamos ver más pronto que tarde es a millones de hombres cuestionando a todos los violadores, enfrentándolos y llevándolos ante la justicia. Necesitamos escuchar a millones de hombres reconocer en voz alta frente a los cobardes que el cuerpo de las mujeres no le pertenece a nadie más que a ellas. Y sí, un acto público en que ellos reconozcan una y mil veces en voz alta, que están dispuestos a construir un mundo en el que sus hijas y el resto de las mujeres no tengan que ser valientes, sino simplemente fuertes, libres y felices. 

Niños y niñas de diferentes regiones de España comparten chats de WhatsApp y Telegram con contenidos de violencia sexual y crímenes reales como decapitaciones, asesinatos sangrientos, crueldad animal extrema, violencia sexual gráfica con menores y mayores de edad. En resumen, la apología de la crueldad convertida en entretenimiento. Autoridades de los institutos reaccionan como pueden, unas bien y otras mal. A raíz de estas noticias investigadas por la prensa, se abre el debate político que ya tenía varios años en la comunidad internacional de Derechos Humanos: la adicción a la pornografía y a la violencia extrema por parte de adultos, de niños y niñas de nueve años en adelante. Hay tres elementos claves del problema: los causantes, los consumidores y los reguladores que deben implementar la ley.

La industria del sexo comercial en España, tanto el que se vende como entretenimiento (porno), como el de explotación y consumo directo (la trata sexual), no ha sido enfrentada adecuadamente por el Gobierno de España. Todos los partidos, de derechas e izquierdas, se niegan a desafiar a las mafias que ganan 90 mil millones de euros anuales explotando sexualmente a las mujeres. Basta decir que el 89% de las personas en videos porno son mujeres y el 11% hombres. La estrategia de quienes crean estos grupos para niños se basa en las reglas del marketing piramidal de toda la vida, que en este caso no se relaciona con que los chicos ganen dinero sino con lograr un reto. La mente maestra detrás de este modelo de promoción de las violencias sexuales y criminales no es un menor de edad, son personas adultas con comportamiento sicopático que han creado algoritmos de enganche a la violencia sexual gráfica calificada como entretenimiento para lograr convertirlo en tendencia juvenil. Es un producto que en lugar de venderse por dinero se vende por la cosecha de datos personales de quienes consumen. Los creadores del porno entienden muy bien cómo funciona el comportamiento adictivo de manada: grupos que se integran a través de ritos y retos específicos que les permiten obtener sentido de pertenencia, aventura y reconocimiento de sus pares. 

En las últimas dos décadas la industria de la violencia sexual gráfica como entretenimiento (porno) a falta de regulación adecuada y argumentando libertad de expresión, ha tomado por asalto el ciberespacio. Encontró, como he escrito en artículos anteriores, la fórmula engañosa del algoritmo para enganchar consumidores cautivos desde la infancia. Este material violento llega a manos de miles de hombres jóvenes que pertenecen a la Manósfera, una ciber-comunidad de hombres rabiosos que confunden la pérdida de sus privilegios y diversión con pérdida de derechos. Como reclamo promueven la violencia, descalificación y ataques a las mujeres y a lo feminista, enalteciendo los valores de superioridad masculina –centrada en la sexualidad– establecidos en el neolítico. 

La nueva propuesta del Gobierno, a través del Ministerio para la Transformación Digital, exige que a partir del verano de 2024 se utilice la APP de Identificación Digital antes de ver contenidos sexuales en Internet, esto ha causado gran polémica. En parte porque la Unión Europea no ha perfeccionado ese tipo de instrumento tecnológico denominado eIDAS 2, que aun tiene retos de homologación con las leyes de privacidad y derecho a la intimidad. 

La clave está en que la APP también debe ser usada por las personas adultas que consumen material pornográfico. El 75% de los consumidores de pornografía se identifican como hombres y tienen entre 18 y 28 años, son ellos los que están opinando con mayor fervor contra la APP, no los menores de edad. La hipocresía, igual que el diablo, está en los detalles, solo en Ucrania, Bielorusia y Bulgaria está prohibido producir, promover y consumir pornografía. España, como el resto de Europa, ha permitido que el mercado crezca y hoy el porno usa el 30% de la banda ancha mundial. En 2023, por la falta de regulación, el mercado de la explotación sexual gráfica creció un 58% y tiene un valor de mercado de 977 mil millones de dólares. Este crecimiento coincide con el primer porno-contacto inducido por algoritmos a niños de 9 a 11 años; a los 14 ya son consumidores sistemáticos como sus padres y hermanos, capitalismo neoliberal puro y duro. 

Recientemente Aylo Holdings INC (Pornhub) tuvo que retirar de su sitio 10 millones de videos de violación de menores de edad (97% niñas) y no fue por presión gubernamental, sino por estrategias legales y de presión de organizaciones civiles expertas. 

Tenemos sobre la mesa una discusión pendiente sobre varias aristas de este tema. Si queremos detener la adicción de la niñez al porno, los adultos deben usar la APP de identificación en España, aunque seguramente aumentará el uso de VPN. La industria del entretenimiento en general debe cuestionar sus crecientes patrones de pornificación del dolor, apología de la violencia sexual como entretenimiento y la erotización de las violencias. El Gobierno debe ordenar investigaciones por trata de personas y causas fiscales por blanqueo de capitales a las empresas de producción pornográfica. Debe dar más recursos a la Brigada de Investigación Tecnológica del CPR e-Crime, para que investigue a las redes criminales de estudios clandestinos de SexCam, plataformas de Sugar Daddy y empresas detrás de Only Fans que se retroalimentan mutuamente bajo las leyes del libre mercado con las reglas criminales de la Trata de personas.  

Lo que he aprendido en 30 años investigando los patrones de producción y consumo de la industria del sexo comercial, es que estas adicciones no tienen que ver con falta de educación sexual. Frente a nuestros ojos la industria del sexo comercial ha renovado un modelo de negocios esencialmente misógino, que se basa en el sistema de creencias, mitos, actitudes y ritos de paso basados en la validación de la coerción, la amenaza, la sumisión y la violencia como formas de comportamiento sensual, de relación erótica e interacción de pareja. El gran producto del porno es, en realidad, la erotización de la violencia de hombres contra mujeres, de hombres contra hombres jóvenes y, finalmente, de adultos contra niñas y niños. No se tocó la raíz y el árbol ha crecido. 

Manuel tiene 13 años, vive en las afueras Madrid y asegura que desde los 11 años era adicto al porno, que ahora está en terapia y “ya no consume”, gracias a que pudo hablarlo con sus padres. El niño habla con claridad. Su padre está a un lado durante la entrevista. Manuel parece menos nervioso que el adulto. “Yo qué sé cómo empezó todo esto. Sólo sé que yo juego en mi móvil y en mi iPad, que a veces esas aplicaciones te piden que aceptes cookies y yo le doy. Dale, dale, lo que quiero es jugar. No, no tienen nada sexual esos juegos, son de carreras de coches y fútbol, de guerras y así”.

Manuel no sabe de qué forma llegó el porno a él; nunca a los 11 años buscó sexo explícito en los navegadores de sus aparatos. “Empezaron a aparecer recomendaciones en Instagram y TikTok con los chicos que subimos cosas de esos juegos que nos gustan. Un chico del grupo dijo que había unos de anime 3D. A mí no me gustó porque no era de acción, solo tenías que perseguir a unas chicas para atraparlas y después, ya sabes, hacer sexo”. Respira un poco y piensa antes de hablar. “Una vez salió el TikTok de una chica y yo lo abrí. Decía que era gamer, que te enseñaba las tetas si entrabas a su cuenta; un amigo dijo que entrásemos y después, ya no sé cómo, estábamos todos en un grupo de WhatsApp donde subían porno de todo, o sea, de adultos y de chicas que estaban enseñando todo”.

Ante la pregunta de si él prefería ver a adultos teniendo relaciones sexuales o a chicas de su edad, Manuel confiesa que es lógico que prefiere ver a chicas y a chicos, así se aprende cómo es de verdad “porque los adultos saben mucho y los chicos no”. También es consciente de que la pornografía infantil es un delito, lo aprendió en la escuela. No tiene claro en cuánto tiempo desarrolló una “obsesión” por mirar vídeos de sexo explícito. Su padre tampoco lo sabe, lo más que puede hacer son cálculos basado en el recuento del niño con su terapeuta.

Le pregunto si se siente preparado a los 13 años para tener sexo y Manuel responde que no, que él piensa que hasta que sea mayor no se va a sentir seguro para ello.

Pesadillas durante dos años

Manuel descubrió que tenía que pasar cada vez más horas antes de dormir mirando esos vídeos. “Como a los dos meses de verlo todas las noches ya quería algo más y me metí a un sitio donde había de todo. Me daba miedo verlo, pero no podía dejar de mirar. Todas las noches tenía pesadillas, pero no podía dejarlo”. “Había chicas como de 15 años con tíos muy mayores, como de la edad de mi padre (39), eso no me gustaba. Había uno de simulador como dibujos animados que no son personas reales, es como un videojuego pero en lugar de perseguir y así, pues tú eres el que…eso, hace eso (sexo) con la chica que se parece a Chun-Li de Street Fighter”. Ante la pregunta de qué fue lo que más le angustió, revela que fueron los vídeos de hermanos mayores teniendo sexo con hermanas menores o con la nanny y los de padrastros con hijas.

Durante casi dos años Manuel tuvo pesadillas, no puede explicarlas. Solo explica que no podía dormir, que todo era muy violento, veía sangre y gente que se mataba y se ahorcaba. “No eran pesadillas de sexo, no, eran de gente haciéndose daño”, dice. “Luego por las mañanas veía a mis padres y pensaba que ellos tal vez se hacían daño también”.

Hay una terrible vergüenza cuando descubres que tu hijo está expuesto a eso, te sientes culpable y a la vez no sabes cómo manejarlo. Lo único que quieres es salvarlo

Su padre interviene por primera vez para decir que cuando su hijo les explicó que tenía miedo y no sabían que hacer, ellos encontraron en Internet una Guía específica para padres y madres en la página de Save the Children España. Gracias a ello pudieron pedir ayuda y comprender cómo hablar con su hijo sin revictimizarlo. Ya estaba sufriendo suficiente mirando algo que no podía manejar. “Hay una terrible vergüenza cuando descubres que tu hijo está expuesto a eso, te sientes culpable y a la vez no sabes cómo manejarlo. Lo único que quieres es salvarlo”, asegura.

“Sentí mucha rabia –sigue hablando el padre de Manuel– porque yo mismo era de los que pensaban que esos chicos que aparecen en las estadísticas de los informativos debían ser unos pervertidos, tener unos padres irresponsables o adictos ellos mismos al porno. Uno se siente fatal porque quisiera que sus hijos no sufran. Encima te sientes un imbécil por no entender cómo funcionan en realidad las tecnologías”. 

Manuel es parte de la estadística oficial, en España los chicos comienzan a consumir pornografía de media a los 12 años, aunque un 54% de los adolescentes situaron su primer contacto con contenidos porno antes de esa edad, según el informe (Des)información sexual: pornografía y adolescencia' elaborado por Save the Children. Casi el 9% de quienes participaron en este estudio admitieron haberlo hecho antes de los 10, y una investigación de la Universitat de les Illes Balears situaba ese umbral en los ocho años.

Casi 7 de cada 10 menores (el 68,2%) consume porno de forma frecuente, según el trabajo de Save the Children, que resalta que un 17% de los menores se encontraron por primera vez con pornografía de forma accidental en su navegación por internet. El 45% de niños de 11 años en España tiene su propio teléfono móvil, y con 13 ese porcentaje se dispara al 85%, de acuerdo con la última estadística del INE.

Nada es casual: el algoritmo

Bajo la mirada de las chicas, Manuel seguramente sería considerado un chico inmoral “guarro”, “machista”, “obsesionado con el sexo”, como me han dicho niñas entrevistadas al respecto. Pero nada más lejos de la verdad; la gran mayoría de niños menores de 16 años que consumen pornografía en España han sido inducidos por la industria y por los algoritmos que están hechos para vincular a personas con intereses similares y patrones de comportamiento (como los videojuegos), para crear nichos de consumo que se ligan a industrias que ofertan productos y servicios para adolescentes. Un estudio demuestra que en 130.000 películas pornográficas las palabras “teen”, “niñas” y “adolescente” son los ganchos más comunes que llevarán a tu buscador a un vídeo de sexo explícito de producción pornográfica industrial. Una vez que has visto un vídeo de esta naturaleza, los algoritmos de diferentes aplicaciones harán lo suyo. 

En junio 2023 el diario The Wall Street Journal publicó un estudio del Observatorio de Internet de la Universidad de Stanford, en él descubrieron a 405 vendedores de material de pornografía infantil en Instagram y 128 cuentas que ofrecen venta de material pornográfico en Twitter. Todo esto sucede gracias a las recomendación por algoritmo creada por el grupo Meta Inc., propietario de Instagram, Facebook y WhatsApp. Ya desde 2007 las respuestas de la empresa Meta Inc., fueron elusivas, pero una vez que se les presentó evidencia recopilada de los miles de vídeos de pornografía infantil que circulaban en sus redes, tuvieron que aceptar el problema.

En el caso del consumo de pornografía por parte de adolescentes definitivamente todo está en la programación: el algoritmo es amoral, le da igual si son adolescentes, lo importante es que consuman

Mark — extrabajador de Meta

Meta se ha vengado de los investigadores, pues las cuentas de algunos de los expertos que buscaban evidencia fueron bloqueadas, canceladas e incluso dos de ellos fueron amenazados por Meta Inc., de que serían reportados a las autoridades por compilar imágenes que constituyen un acto delictivo. Es decir, la gente que documentaba la pornografía infantil que circulaba en Facebook e Instagram desde hacía meses fue acusada de cometer el delito en que la plataforma incurre sistemáticamente. Nada de esto es casual. Según el Fiscal de Distrito responsable del caso y el abogado David J. Kennedy, estos casos están relacionados con acciones puntuales en el uso y creación de algoritmos dirigidos a determinadas audiencias, es decir a la segregación de la población para que reciba la información de creadores de contenidos y anunciantes que Facebook recomienda a través de sus algoritmos “Objetivo por Similitud” o “Lookalike Targeting”. Una publicidad lleva a otra y a otra, encadenando el consumo.

Los documentos entregados por el Departamento de Justicia de Delaware expresan en los alegatos que Facebook e Instagram tienen más de 3 .000 millones de usuarios y que en el momento en que estos usuarios entregan su información para hacer uso de la red social y sus apps, Meta Inc., compila esta información para utilizarla comercialmente. En 2022 Facebook e Instagram tuvieron ganancias de 113.000 millones de euros por la publicidad dirigida a usuarios. El juez aseguró que para lograr esta estrategia la empresa ha diseñado una serie de algoritmos personalizados que permiten que sean Facebook e Instagram quienes decidan qué anuncios y contenidos llegarán a cada usuaria y usuario.

Desde hace seis años Pornhub comenzó a integrar en sus banners y pop-ups simuladores basados en videojuegos; las imágenes de las chicas son caricaturas hiperrealistas sexualizadas, siguen el modelo de gamers de aventuras y acción; esto es targetting puro

Para explicarlo mejor entrevisté a Mark, un programador que trabajó para Meta Inc., durante cinco años y que ha sido testigo en este y otros casos. “Yo estaba contratado para supervisar la aplicación de algoritmos basado en preferencias de edad, estatus económico, raza y gustos de consumidores. Lo que la gente no entiende es que usamos proyecciones predictivas para modelar el comportamiento de los consumidores. En el caso del consumo de pornografía por parte de adolescentes definitivamente todo está en la programación. Con una sola búsqueda entran en patrones de comportamiento y pierden el control, el algoritmo es amoral, le da igual si son adolescentes, lo importante es que consuman”.

Mark explica que es así como funcionan los algoritmos de las principales páginas comerciales de pornografía. “Desde hace seis años Pornhub comenzó a integrar en sus banners y pop-ups simuladores de juegos basados en videojuegos, las imágenes de las chicas son caricaturas hiperrealistas sexualizadas, siguen el modelo de gamers de aventuras y acción; esto es targetting puro”. Mark asegura que el Parlamento Europeo podría hacer mucho para regular esto. Todo parece indicar que no hay intenciones de enfrentar a la industria de la pornografía, además vinculada a la trata sexual de personas.

Lo buscan “para aprender”

Para comprender quiénes están detrás de los vídeos de sexo explícito que los menores de entre 11 y 18 años están consumiendo en España, es preciso mirar directamente a la industria. Si bien es cierto que muchos de estos niños buscan activamente los vídeos, ninguno espera volverse adicto y ni siquiera va en busca excitación. Diez niños entrevistados reconocen que en cuanto descubren sus primeras erecciones en la pubertad necesitan muy poco para sentirse excitados. Explican que lo buscan para aprender. O que lo ven en los móviles de algún amigo, porque los otros chicos y chicas dicen que es cool saber qué hacer durante las relaciones sexuales. Todos admiten que imitan los patrones de comportamiento del porno como un juego.

Una vez que satisfacen su curiosidad inicial, es la industria quien utiliza los algoritmos y los busca como consumidores para promover de forma estratégica la adicción consumista, en este caso, a una forma de sexualidad basada en la sumisión y plagada de violencia. 

El Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV), afincado en Barcelona publicó un estudio en 2020 sobre violencia sexual que reporta evidencia de 400 mil actos de violencia sexual cada año en España. Si analizamos los patrones de comportamiento sexual y consumo de material 'formativo' del porno, encontramos que el 93% de los hombres españoles aseguran que consumían pornografía en la adolescencia y el 62% de mujeres ahora comienzan a consumirla entre los 12 y los 16 años. Desde España se hacen 115 millones de visitas a sitios porno.

Llama la atención que se ponga más la mirada y el juicio en los menores consumidores y no en los productores y comerciantes de la industria que ha elegido a la niñez como público cautivo. Manuel, como millones de niños de 11 años, no tuvo que pagar ni un euro para entrar en el mundo de la pornografía, y tampoco tuvo acceso a programas públicos integrales de educación sexual que contrarresten el poder formativo de la industria del sexo comercial, que incluye buscar consumidores cautivos de pornografía, explotación sexual y trata de personas.

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Durante las últimas semanas la organización Infancia Robada, creada por mujeres y hombres sobrevivientes de agresiones sexuales cometidas por sacerdotes católicos en España, ha presionado al gobierno para que se aplique la ley, es decir, para que los sacerdotes que han violado a niñas y niños en diversas comunidades del país sean debidamente investigados y juzgados como lo son el resto de los ciudadanos. Este es un hecho histórico que exhibe el poder de la Iglesia Católica dentro del poder judicial. 

La pregunta más usual que me hacen las personas que han sobrevivido a actos de pederastia clerical es ¿en qué momento los miembros de la Iglesia lograron alcanzar una excepcionalidad jurídica similar a la de los militares que cometen crímenes de guerra? La respuesta a esta pregunta es crucial, si el Gobierno no expresa con toda claridad que todas las personas adultas que abusen sexualmente de una o un menor deben ser juzgadas de acuerdo a la ley vigente en España, seguirá validando la perversidad del silenciamiento histórico de miles de niñas y niños víctimas de violencia sexual.  

La violencia sexual al interior de la Iglesia y de los colegios regenteados por grupos religiosos no es nueva, lo que resulta novedoso en los medios de comunicación españoles es la visible y creciente movilización de víctimas adultas que exigen a sus representantes en el Congreso que se hagan cargo de un problema grave que ha sido acallado por el poder político que ha ejercido la Iglesia desde siempre. Un valiente grupo de sobrevivientes de violencia sexual se han reunido con representantes de la Cámara Baja para exigir que el tema de la pederastia clerical –histórica y reciente–, sea debidamente discutido para que se haga justicia y reparación integral del daño.

Que un miembro de culto religioso dedicado a la docencia manipule, toque, viole o incite a una persona menor de edad a someterse a actos sexuales de cualquier índole conlleva una triple carga de violencia: psicoemocional, física y moral

Habría que dejar atrás la palabra abuso, porque significa exceso o extralimitación y por absurdo que parezca, el lenguaje confuso hace creer a muchas personas que hay ciertos castigos, tocamientos y malos tratos que son permitidos cuando un adulto con poder se impone a una persona menor de edad. El hecho de que un miembro de culto religioso dedicado a la docencia manipule, toque, viole o incite a una persona menor de edad a someterse a actos sexuales de cualquier índole conlleva una triple carga de violencia: psicoemocional, física y moral. En pocos casos es tan evidente la gravedad de la imposición de poder de un victimario sobre su víctima como en el ámbito religioso, puesto que la mayoría de las víctimas relatan cómo sus abusadores les decían que ellos representaban a Dios, que Dios aprobaba ese encuentro, que el Todopoderoso deseaba que la víctima, por ejemplo, le practicara sexo oral al sacerdote porque ése era un acto de amor sagrado.

Negarse a obedecer es pecado, revelar el acto de violencia es, por lo tanto, pecado también. Así las víctimas quedan atrapadas en un callejón sin salida y enmudecen ante el poder de un hombre que, según sus creencias, representa a Dios, a la Iglesia, al colegio; es decir detrás de un violador hay un entramado institucional que le respalda ¿por qué una víctima de diez años iba a creer que tiene la razón frente a ese inmenso aparato de poder espiritual, emocional, político y concreto de su victimario? En Latinoamérica documentamos durante años cómo miles de padres y madres de víctimas de los Legionarios de Cristo y del Padre Marcial Maciel desacreditaron las denuncias de sus hijas e hijos; era más importante proteger a la institución que a la infancia, después de todo la etimología de la palabra infancia, significa “sin voz”; históricamente la niñez no ha tenido derecho a la palabra en lo privado y en lo público.

En la mayoría de los casos de pederastia que he documentado a lo largo de más de veinte años, niñas y niños de diversos países narran las estrategias de manipulación sicológica, la extorsión, las amenazas y una especie de lavado de cerebro que conlleva convencer a las víctimas de que no importa lo que suceda el adulto siempre tendrá la razón y el poder para demostrarlo. Esta semana, España vive un momento histórico para enfrentar de manera efectiva la violencia sexual contra la niñez. Unidas Podemos, Cs, ERC y EH Bildu, acompañados por representantes de Infancia Robada han solicitado una comisión de investigación sobre los abusos sexuales. Se ha debatido en el Congreso si se debe crear esta comisión o una de expertos. Es importante resaltar que cualquier comisión que pretenda verdaderamente enfrentar la violencia sexual clerical contra la niñez española debe ser intersectorial, estar conformada por personas expertas en psicopedagogía, atención profesional a víctimas, defensa legal especializada, salud pública, educación, defensa de derechos humanos aplicada al proceso judicial y acompañamiento social en reparación integral del daño, así como en la creación de una memoria histórica de sus resultados para convertirlo en un proceso de transformación cultural. 

No se trata únicamente de aprovechar que el actual Papa Francisco haya declarado desde el Vaticano que se debe perseguir a los pederastas y erradicar esta práctica de la Iglesia, también es momento de que el gobierno español demuestre que el Episcopado no está por encima de las leyes y del Estado Laico que rigen su constitución. Las declaraciones de los representantes de los conservadores PP y Vox, que se pronunciaron ayer por evitar la creación de esta comisión, niegan el legítimo derecho de las víctimas actuales y de las víctimas potenciales a crecer en un país que les proteja de ser violadas por quienes les educan; esto demuestra nítidamente cómo funciona la protección política de la pederastia y el desprecio a la niñez. 

Esta semana, a las puertas del Congreso, Fernando García Salmones, sobreviviente de violencia clerical y portavoz de la organización Infancia Robada ha llamado a su país a mirar lo que la Iglesia y sus protectores políticos han intentado ocultar durante décadas: que nadie debería estar por encima del Estado y de la ley. 

Carlos Lomelí Bolaños es un empresario farmacéutico cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, y es también candidato a la alcaldía de Guadalajara, Jalisco, por el partido Morena. Lomelí es un candidato que ejemplifica cómo la delincuencia organizada y el Gobierno se toman de la mano uniendo al empresariado, la política y la criminalidad. Según un reporte de la Agencia de Investigación de la Administración de Control de Drogas de EEUU, DEA por sus siglas en inglés, este empresario vendió al cártel de Sinaloa precursores químicos para fabricar drogas, y las autoridades norteamericanas le incautaron 2,2 millones de euros vinculados a esas ventas. Lomelí es propietario de las empresas farmacéuticas Lomedic y Solfran, lo cual le da acceso legal a químicos como las tabletas Lovarin-P, con las cuales se fabrican metanfetaminas, que los grupos criminales elaboran para su venta y distribución mundial.

La organización periodística Latinus obtuvo el expediente del juzgado de El Paso, Texas, de enero del 2011. En ella el juez Frank Montalvo establece que el candidato Lomelí y su esposa tenían conocimiento de que vendían los precursores a miembros del cártel más letal de México; además, se demostró que blanqueaban capitales. Según consta en archivos judiciales, el candidato firmó reconocimiento de culpabilidad mientras el organismo contra el blanqueo de capitales con sede en Washington, OFAC, congeló tres cuentas del empresario debido a sus operaciones ilícitas.

En 2015, con el expediente criminal a cuestas, Lomelí se convirtió en diputado federal; el 2018 se lanzó como candidato a gobernador de Jalisco; al perder las elecciones, el presidente López Obrador lo nombró delegado representante del Gobierno nacional. En julio de 2019, el organismo dedicado a investigar a funcionarios públicos corruptos abrió un expediente a Lomelí por vínculos con el crimen organizado y este se vio obligado a renunciar como representante del presidente; al mismo tiempo se descubrió que el Gobierno le estaba comprando medicamentos a sus farmacéuticas vía contratos preferenciales. Lomelí es la muestra fiel de cómo se construye la protección política del empresariado que habita las zonas grises entre la política y el crimen.

México enfrentó el 6 de junio las elecciones intermedias más importantes de su historia actual. Morena, el partido del presidente, mantuvo, con sus aliados, la mayoría absoluta, pero no la suficiente para cambiar las reglas del juego marcadas en su proyecto de cuarta transformación. Dos semanas antes de las elecciones, se había asesinado a 34 precandidatos y candidatas a puestos de elección popular, aunque en realidad se dieron en los últimos tiempos 450 ataques y amenazas a quienes entraron en las contiendas políticas; no se ha documentado una oleada de violencia electoral tan grave en ningún otro país democrático del mundo.

El 25 de mayo, la candidata a la alcaldía Alma Barragán Santiago fue asesinada a balazos en un acto de campaña frente a 200 personas, en la conservadora provincia de Guanajuato. Las autoridades provinciales afirman que el hijo de la candidata es supuestamente lugarteniente del cártel Jalisco Nueva Generación y que el ataque salió del cártel enemigo. De todos los ataques solo hay seis detenciones y las víctimas pertenecen a todos los partidos políticos de México. Pero ¿por qué es el país donde se asesina a más personas en la política? Por la misma razón por la que es el país más peligroso para ser periodista.

Políticos locales y ‘pax’ mafiosa

El concepto ‘narcodemocracia’ no es exclusivo de México; se ha usado en Colombia, Brasil, Venezuela, Nigeria e incluso Italia. Sin embargo, resulta impreciso, porque no son solo los cárteles de las drogas quienes han construido un entramado social para poder involucrarse directamente en la política; son los grupos de delincuencia organizada que se dedican a cuatro ramas principales del crimen transnacional: el tráfico de armas; la siembra, fabricación, trasiego y venta de drogas; la trata de personas para explotación laboral y sexual y para tráfico de órganos; y la creación de redes financieras y empresariales para el blanqueo de capitales.

No es casualidad que la mayoría de víctimas políticas fueran candidatas a alcaldías, regidurías, síndicos y diputaciones locales, pues son los puestos de poder público desde los que los grupos de delincuencia organizada operan localmente; es decir, para que subsista el poder nacional e internacional de una organización criminal es preciso que sus brazos armados tengan el menor desgaste y el negocio prospere regionalmente en un ambiente de ilegalidad e impunidad, de ‘pax’ mafiosa. Para que delitos como el tráfico de drogas y la esclavitud humana funcionen, es preciso que estos grupos tengan control sobre las policías locales, los jueces y las determinaciones de las alcaldías, por ejemplo, para los permisos de apertura de bares, prostíbulos, casas de apuestas, centros nocturnos y casas de cambio; es decir, los espacios de crecimiento económico de los cárteles.

La batalla es, en una modalidad, para que una o un candidato afín a los grupos criminales opere ilegalmente desde el aparato gubernamental sin oposición; en una segunda manera, los grupos criminales amenazan a las y los candidatos para que respeten el poder y las negociaciones de la Administración anterior con el cártel; si se niegan o se pronuncian en contra de la impunidad, reciben ataques mortales. La tercera forma, muy común, es aquella en que algún empresario millonario vinculado con la delincuencia organizada invierte en campañas políticas para comprar la voluntad de alcaldes, legisladoras, jefes policiacos o fiscales. Todas han sido documentadas muchas veces, y muy pocas llegan al juzgado.

Desde 2006, en México se han registrado 75.000 desapariciones de personas, según la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno federal. Cada día se registra un promedio de 11 feminicidios y más del 90% quedan sin investigación y castigo. La violencia mexicana está directamente relacionada con la corrupción política y empresarial; para comprenderlo hay que entender que entre la sociedad y el Estado existe una zona gris de redes informales de protección a la delincuencia organizada. Estas redes están conformadas por militares y marinos, policías, personal del servicio secreto, fiscales y directivos del sistema penitenciario.

México no ha encarcelado a un solo empresario por pagar la campaña de un político: los casos notables que hay acaban en perdón judicial

La experta en delincuencia organizada Sandra Ley y el consultor en seguridad ciudadana Guillermo Trejo llevaron a cabo en 2021 un estudio que demuestra el papel fundamental de las fuerzas militares y policiacas como escudo de protección de las redes criminales. Desde los 80, en que los cárteles surgieron en Latinoamérica, estaban conformados por militares y policías locales que tejieron finas conexiones entre actores criminales y políticos. Trejo afirma que México transitó de gobiernos autoritarios del unipartidismo del PRI a una democracia electoral pluripartidista autoritaria que no se atrevió a desmontar esas redes. Él afirma que “la gente cree que México transitó a una democracia liberal cuando salió el PRI y entró el PAN con Vicente Fox, pero lo que pasó es que la derecha creó una democracia deficitaria” al negociar con el PRI para erradicar el proyecto de justicia transicional que, de ponerse en práctica, afectaría el corazón del poder de ese partido. El Gobierno de la transición cambió la forma pero nunca el fondo.

El presidente de la transición democrática, Vicente Fox, dejó intocada la estructura de protección de los grupos de delincuencia organizada. Su sucesor, Felipe Calderón, fortaleció la violenta militarización de las policías civiles, mientras los gobernadores de los estados comenzaron a poner a militares a cargo de la seguridad pública; el Ejército fortaleció su esencia autoritaria, siguieron aplastando a la oposición, la policía civil y la fuerza social; y al aumentar la violencia, los gobernantes y una parte de la sociedad pedían más mano dura. Esto acrecentó la violencia; es así como los gobiernos, desde Fox hasta López Obrador, han administrado la tragedia de la corrupción sin voluntad de erradicarla, sin crear comisiones de la verdad, búsqueda de reparación y justicia.

La historia de los gobiernos autoritarios de izquierda, centro o derecha de Latinoamérica nos ha demostrado que las democracias más débiles mantienen la mano dura para evitar la insurrección social. “Si no hay Fiscalía independiente ni policías civiles bien preparadas con salarios dignos y rendición de cuentas, no hay democracia”, asegura Ley, que demuestra que las fuerzas armadas siempre han estado enquistadas en el poder político mexicano. Trejo coincide, con preocupación: “Tenemos datos duros que señalan la creciente transferencia de la seguridad pública a manos de las fuerzas armadas: esto demuestra que el Gobierno actual, como los anteriores, tiene una gran renuencia a retirar las fuentes autoritarias de poder coercitivo”. Dice que las prácticas poco democráticas que violan los derechos humanos favorecen la opacidad y eventualmente debilitan la competencia electoral con su alternancia partidista, y fortalecen indirectamente las zonas grises que afianzan los vínculos entre quienes gobiernan y quienes infringen la ley. A ello hay que sumarle que López Obrador ha entregado al Ejército la construcción del nuevo aeropuerto de la capital mexicana y la del Tren Maya. El Ejército construye y operará esas dos infraestructuras de vital importancia para las comunicaciones del país; el mismo Ejército infiltrado por la delincuencia organizada en sus altos mandos.

A pesar de las complejidades que enfrenta la sociedad mexicana, de 127,8 millones de habitantes, hay funcionarias y funcionarios públicos que intentan dar la batalla contra la impunidad histórica. Su tarea no es fácil, se enfrentan al enemigo dentro y fuera del Gobierno. Es el caso del director de la Unidad de Delitos Financieros, Santiago Nieto, que, por primera vez en la historia de México, ha logrado evidenciar sin lugar a duda el nivel de incrustación del dinero producto del crimen en la economía formal, del sistema financiero y electoral. Hace poco, Nieto reveló que solo en dos años los grupos de delincuencia organizada en México han ganado 41.000 millones de euros producto de la trata y tráfico de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos vinculados. Su equipo ha logrado congelar cuentas bancarias de diversos criminales, empresarios, políticos y narcotraficantes y su trabajo nos ayuda a evidenciar, como si mirásemos una radiografía, en qué áreas del Gobierno se hallan los protectores del crimen, los dueños del área gris que fomenta la impunidad.

México aún no ha encarcelado a un solo empresario que haya pagado la campaña de un senador, diputado, alcalde o gobernador para que este le proteja al cometer ilícitos. Existen casos notables que siempre terminan bajo el manto del perdón judicial gracias a los hábiles movimientos de los operadores del área gris.

La gestión personalista de López Obrador

López Obrador ha dedicado dos años a hacer conferencias de prensa matutinas diarias para dictar la agenda de medios y evitar, tanto como puede, que las y los periodistas cubran a las fuentes políticas sin que medie la voz presidencial. Su modelo político autoritario no es nuevo: su carrera nació en el PRI, el partido que construyó el sistema de corrupción institucional más solido del continente americano. El presidente dedica sus mañanas a descalificar a las y los periodistas que analizan y critican a su Gobierno o que señalan la creciente impunidad a partir de la militarización del país; ataca a quienes exhiben sus yerros; ha dicho sistemáticamente que la sociedad civil mexicana, los movimientos feministas y de derechos humanos, quienes defienden el medio ambiente y evidencian la corrupción conspiran en su contra, porque evidencian la debilidad del Estado –que aparentemente es él mismo– y su raquitismo institucional para impartir justicia.

No es el primer presidente que busca erradicar las fronteras entre su persona y la noción de la patria: él es el país, su patriarca, el creador de un México nuevo basado en una cuarta transformación que no es judicial, ni ética sino moral e ilusamente religiosa.

Su discurso populista ha generado una gran frustración en la izquierda mexicana, no porque desee favorecer a la población más pobre, auxiliada solo con pequeños programas de ayudas para maquillar la pobreza; probablemente, el mayor daño que hace al país radica en su ceguera para reconocer la existencia del edificio de zona gris que lleva cien años imposibilitando la existencia de un Estado de derecho. El presidente cree que puede inventarse una realidad a modo, en la que la sociedad es buena, las personas más pobres son humildes, bondadosas y democráticas y los únicos empresarios buenos son los que le ayudaron en su campaña, como Lomelí Bolaños. Él cree fervientemente que decretar es transformar; por tanto, decreta que desde que llegó al poder los feminicidios están a la baja y no al alta, la trata de personas es casi inexistente y no crece la violencia, tal como lo demuestran las cifras de su propio equipo de Gobierno. Considera que la exposición de la realidad con datos y evidencia judicial y periodística carece de importancia frente a su palabra autoritaria. Como un buen hijo del patriarcado mexicano, está convencido de que con buena voluntad y negociando con la delincuencia organizada México se está pacificando. Como sus cuatro antecesores en esta deficitaria transición democrática, López Obrador se ha negado a desmontar las fuentes autoritarias del poder coercitivo, a implementar programas de justicia transicional, a fortalecer el papel de la sociedad civil organizada y a respetar la libertad de expresión.

En esta democracia endeble, sin Estado de derecho, las redes que unen las manos entre ‘narcodemocracia’ y sociedad seguirán fortaleciéndose. En su contraparte están los pequeños oasis creados por el periodismo libre que no se da por vencido, las y los funcionarios públicos, juezas y militares independientes que anteponen la ética a la feligresía política; el empresariado que trabaja por una economía limpia; a su lado, también resisten las organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos humanos.

En las grabaciones se escucha la conversación: “Tráeme a una de trece años, pero que sea virgen ¿de Miami? Sí esa, para (palabras que describen crudamente violación infantil) ¿Cuánto? (se ríe)”. Al otro lado del teléfono el traficante de niñas responde: “Tres mil dólares más los papeles…sí, una virgen pero que haga (descripción de violación infantil por dos adultos) como a ti te gusta papá”. Este es el fragmento de una de más de quince conversaciones que escucharon las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de México en abril de 2006. Se cumplían unos meses de que yo había sido secuestrada y torturada física, sicológica y sexualmente durante más de veinte horas por policías; esto por haber escrito uno de mis 16 libros: la investigación Los demonios del edén: el poder detrás de la pornografía infantil, gracias a la cuál uno de los tratantes está purgando una sentencia de 113 años de prisión. 

El entonces gobernador de Puebla, Mario Marín Torres (PRI) encabezó la red de protección política que pretendía silenciar la operación político-empresarial de explotación sexual comercial de niñas de entre 4 y 13 años más documentada de la historia mexicana. Para torturarme, encarcelarme ilícitamente e intentar silenciarme hace 15 años, se coludieron servidores públicos de alto nivel; miembros del senado, los gobernadores de Quintana Roo, Chiapas y Veracruz, el presidente del Poder Judicial de Puebla, una jueza, el director de la policía judicial, empresarios que blanquean capitales ilícitos, policías municipales y ministerios públicos. Todos sus nombres están en los expedientes de la Fiscalía General de la República (FGR) señalados por mí, por testigos, criminólogos y víctimas, como parte de la trama criminal Demonios del edén, sólo en nuestra región este delito deja a los tratantes 1,3 mil millones de dólares, mientras México es el mayor consumidor de pornografía infantil. 

Desde hace quince años demostré jurídicamente que el caso documentado en mi libro y llevado a los tribunales de Arizona, Estados Unidos, al Supremo de México, a cortes federales de Cancún, Puebla y CDMX, para más tarde llegar a la Corte Interamericana en Washington, hasta a la ONU en Ginebra, demuestra, sin lugar a duda, que estamos hablando de delincuencia organizada trasnacional, ciber-delincuencia especializada en pornografía infantil, lavado de dinero desde México, E.U.A, Asia, Suiza, así como tortura policíaca orquestada para la protección de esos grupos de crimen organizado de cuello blanco. El ex subprocurador de investigación de delincuencia organizada (SIEDO), José Luis Santiago Vasconcelos, compiló la evidencia, junto con mis testimonios y pruebas y sus investigaciones, creó una carpeta que demuestra el poder de esta red criminal, con tentáculos protectores que llegaban hasta la presidencia de la República de Vicente Fox Quezada y Felipe Calderón; vínculos que permanecieron durante años y que el hoy Fiscal General Gertz Manero se niega a admitir. 

Desde hace veinte años, en que recibí las primeras amenazas de muerte por investigar crímenes de Trata de niñas, niños y mujeres, he enfrentado a las autoridades corruptas y/o ineficaces de dos gobiernos del PAN, uno del PRI y ahora el actual: MORENA. Mi perseverancia radica en la necesidad urgente de que este gobierno, y su gabinete de seguridad, cumplan con su deber junto a las instituciones relacionadas con la prevención, atención, sanción y erradicación de estos ilícitos: un millón 500 mil violaciones, los crecientes crímenes contra la niñez mexicana y la violencia de género que arrebata la vida de 10 mujeres diariamente. La negación política de estos hechos incontestables implica pena de muerte para las víctimas, así como el aumento exponencial de la desaparición de niñas y niños. Cada vez que las autoridades niegan la realidad, se empoderan miles de pederastas que saben que la “verdad ilusa” de que en México no pasa nada, les hace más libres para someter a sus víctimas impunemente.  

Hoy, martes 21 de julio, se cumple un año de que dos sicarios entraron en mi hogar, mataron a mis perritas, entraron armados a por mí y robaron sólo material periodístico; por fortuna pude escapar. Ya un año de vivir en desplazamiento forzado, investigando mi propio caso, trabajando, solicitando asilo temporal en diferentes países mientras demuestro y declaro una y otra vez ante las tres fiscalías que llevan mi caso y que, en las últimas semanas, se han negado a darme audiencia virtual. Mientras tanto, en México, el presidente asegura que se acabaron las violaciones a los derechos humanos, que las mujeres y la niñez reciben protección y justicia. Un día después de esa declaración, aprobaron recortes de 151 millones de pesos al INMUJERES, la institución responsable de los programas de protección y prevención de violencia de género, y renunció, por falta de recursos operativos, la directora de la Comisión Nacional Para prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM, dependencia de la Secretaría de Gobernación). Sin duda los hechos desdibujan las declaraciones políticas.  

Hace 18 meses, en enero 10 de 2019, el entonces entrante gobierno de López Obrador se vio obligado a reconocer que fui torturada por miembros del Estado Mexicano para proteger a la delincuencia organizada. No fue un favor gubernamental, dieron cumplimiento obligatorio a la resolución de las Naciones Unidas que exigen reparación integral del daño en mi caso. Ello entraña no solamente la disculpa, sino la detención de todos los implicados, el reconocimiento de que la delincuencia organizada compra y vende miles niñas y niños para esclavizarles, y que en ello están implicados servidores públicos y empresarios de los más altos niveles; con vínculos políticos con administraciones anteriores y miembros del actual gobierno. Hoy están prófugos los autores intelectuales de mi tortura y tentativa de desaparición forzada, son tres de trece líderes de esta red criminal: un empresario millonario, un exjefe policíaco y un exgobernador. Los sicarios que entraron en mi hogar siguen intocados, a pesar de que he presentado pruebas de quiénes son, para quién trabajan, dónde viven y por qué aceptaron poner precio a mi cabeza. Hemos demostrado que un mismo grupo de abogados defiende a todos los implicados en mi tortura y en el caso Demonios del edén. Las autoridades se niegan a reconocer que estamos luchando contra el crimen organizado dedicado a la esclavitud humana, el feminicidio y atentados contra la libertad de expresión. Un puñado de servidores públicos sí están dando la batalla al interior del gobierno, pero no son suficientes, mientras la cobardía y los pactos de silencio sigan vivos, la mafia en el poder quedará intocada y yo seguiré demostrándolo.

Camino al lado de mi colega Miroslava Breach por las calles de Chihuahua, en el norte de México; ambas estamos acostumbradas a marchar a paso rápido, seguramente por los años de trabajar como reporteras en nuestro país y la prisa por encontrar verdades y voces que precisan ser escuchadas. Entramos a la Procuraduría de Justicia, la fiscal nos espera con un claro gesto de ansiedad; sabe que esta periodista norteña de sonrisa franca y ojos hermosos ha trabajado durante años en documentar los feminicidios en el norte de México al lado de periodistas como yo. La fiscal se ve obligada a dar explicaciones puntuales, de esas que evitan sistemáticamente los funcionarios judiciales de México. Lo hace casi contra su voluntad, temerosa de decir algo que pueda costarle la vida.

Yo le pregunto sobre evidencia científica, datos concretos, reconocimiento de ADN de veintenas de niñas asesinadas y tiradas como despojos en baldíos. Corría el año 2000 y pasaron unos meses para que la fiscal me confesara que después de nuestra visita fue amenazada por el jefe de la policía de investigación, que resultó ser el operador del Cartel de las drogas que dominaba la región. Una y otra vez ella y yo hablamos sobre la importancia de investigar con perspectiva científica, reportear como si fuésemos corresponsales de guerra en nuestro propio país, documentar cada instante y obtener evidencia como sólo lo hacen las mejores policías de investigación de otros países. Nos reíamos de las correrías, a veces de alegría por los logros, a veces para espantar el miedo después de alguna amenaza.

A principios de marzo de 2017, mientras yo filmaba un documental en Guadalajara, Miroslava me envió mensajes. Quería consultar datos de una investigación, las amenazas seguían vigentes; pero ella persistía en documentar los vínculos del exgobernador, algunos militares y los cárteles de las drogas, todos ellos vinculados a la trata de personas. Las últimas palabras que le dije fueron “cuídate querida, promételo”. Dos semanas después, el jueves 23 de marzo al salir de casa, a las 7 a.m., un sicario la mató a balazos frente a su hijo.

El caos se desató en la red de periodistas, en el corazón de quienes la conocíamos bien, en sus lectores, en las sobrevivientes cuyas historias ella documentó. El llanto parecía interminable; la rabia y la indignación tomaron la plaza, el nuevo gobernador salió a declarar con indignación, las y los colegas dijimos e hicimos lo que pudimos, que es poco en esta democracia bárbara, es cada vez más poco. Denunciamos, investigamos, se protegió a su familia de inmediato.

Ese mismo día, con la rabia en los labios, Javier Valdez, reconocido periodista y fundador del diario Ríodoce, levantó la voz desde Sinaloa, esa tierra de mujeres valientes, cuna de los mejores beisbolistas, de grandes poetas y también tierra que prohijó a Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, el narcotraficante mexicano más conocido del mundo. El 25 de marzo, Javier publicó el tuit “a Miroslava la mataron por lengualarga. Que nos maten a todos si esa es la condena por reportear este infierno. #NoAlSilencio”.

Unos meses antes tuve el honor de presentar en la Feria del Libro de Guadalajara el libro de Javier Valdez Narcoperiodismo (Editorial Debate). Discutimos, antes y después, nuestras diferencias, yo no creo que debamos sentarnos con los criminales del narcotráfico como fuentes, él daba sus razones para hacerlo y poder contrastar información. Hablamos de cómo a lo largo de los últimos veinte años la delgada línea entre los partidos políticos y los grupos de la delincuencia organizada se ha difuminado; sobre la crisis económica, ética y moral del periodismo mundial y del mexicano con sus particularidades.

Hablamos de la dignidad, del autocuidado, nos reímos y nos abrazamos. Estaba feliz de ser abuelo a los cincuenta años, orgulloso de su familia, de su pareja, un pilar de fortaleza y solidaridad. Javier y yo hablamos de la responsabilidad que tenemos las y los periodistas de nuestra generación, en especial quienes hemos sido tan premiados a nivel internacional que, según muchos, estamos blindados por la notoriedad de nuestros nombres. Tenemos que seguir, nos dijimos, para que las próximas generaciones de periodistas no se corrompan, que sean un contrapoder sólido. Para que no teman por sus vidas.

El lunes 15 de mayo al medio día Javier llegaba a las oficinas de Ríodoce cuando un sicario arremetió contra él asestándole doce balazos, dejando un río de sangre bajo su cuerpo. Un colega me llamó por teléfono buscando mi reacción. El sollozo impidió que pudiera siquiera articular palabra. Una vez más, reaccionamos en grupo, como hemos hecho ya seis veces en lo que va del 2017, cuando asesinan a periodistas que investigan vínculos de la narcopolítica, que documentan masacres militares, que siguen a las madres que descubren veintenas de fosas clandestinas, que denuncian la explotación sexual de sus hijas y la explotación para el sicariato de sus pequeños hijos. Entre 2000 y 2017, ciento veintiocho periodistas han perdido la vida por decir la verdad en mi país.

En 25 de las 32 provincias de México los homicidios y feminicidios han aumentado un 80% durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, la impunidad de los gobernadores ha incrementado un 300% en todos los delitos, incluyendo el despojo de tierras, los actos de corrupción, el blanqueo de dinero, las desapariciones forzadas, las sentencias y encarcelamientos a inocentes. Como bien apuntó el colega Diego Osorno, ha habido más desapariciones forzadas, crímenes contra periodistas y asesinatos en el México democrático que durante las dictaduras de Pinochet y la de Francisco Franco.

Cada vez que un medio de comunicación extranjero alaba a Peña Nieto, refuerza la colusión criminal entre la política y las mafias criminales y empresariales; cada vez que alguien dice que no hay guerra contra la democracia en México, se fortalece la impunidad, esa que mata la verdad que documentamos quienes vivimos en este maravilloso país y que intentamos salvarlo a través de la información, de la defensa de los derechos humanos, de la creación de cultura, de la difusión de una valentía pacífica, de la desmitificación de los narcotraficantes.

Ni un solo asesinato de periodistas en México ha sido debidamente investigado y sentenciado a los culpables. El nuevo sistema de justicia penal procesal y los juicios orales no hacen, ni harán, ninguna diferencia mientras el presidente, los gobernadores y alcaldes sigan despojando al país de sus recursos materiales, humanos, democráticos, jurídicos. Y por eso seguimos aquí, porque somos los ojos y los oídos de la sociedad, porque sin prensa libre no hay democracia, sin prensa libre sólo nos queda el silencio frente a la barbarie.

México es un país en resistencia, somos corresponsales de guerra en nuestra patria, la trinchera está en cada esquina, nos cuidamos cuanto podemos y contamos historias para que otros vivan, algún día, en un país más seguro, más libre, porque ni la muerte arrebata la vibrante belleza cultural y la fuerza humanitaria de las y los mexicanos. La barbarie se nutre de la corrupción, los vencidos alimentan la impunidad, los cínicos alientan la censura, los criminales nos quieren arrodilladas, temerosas y calladas. Pero no, yo no estoy de acuerdo con mi amigo Javier, asesinado esta semana: no somos el tiro al blanco de nadie, ni mártires ni esclavos del silencio. No merecemos la condena de la muerte por escribir la historia viva de nuestra patria herida.