Ya antes de conocerse el contenido de las resoluciones del instructor y de la sala de lo penal del Tribunal Supremo sobre la aplicación o no de la amnistía en la causa del procés se sabía que uno de las cuestiones más polémicas de la Ley giraba en torno al delito de malversación. Polémica que, previamente, no pasó desapercibida para los fiscales del procés y que motivó, dada su posición discrepante con el parecer del fiscal general del Estado, la reunión de la Junta de Fiscales de Sala a fin de unificar criterio y de este modo garantizar la unidad de actuación que impone la Constitución y su Estatuto Orgánico.

Una vez evacuados los informes del Ministerio Fiscal y del resto de partes personadas, corresponde a los magistrados del Tribunal Supremo la aplicación de la amnistía a cada caso concreto, a fin de que pueda considerarse la norma compatible con la separación de poderes, tal y como exige la Comisión de Venecia. Y, en esa labor de interpretación y aplicación de la Ley de Amnistía, aquellos están sometidos al imperio de la ley, dentro del cual gozan de un amplio margen de apreciación.

En el ejercicio de su función jurisdiccional, a diferencia de la Fiscalía, pueden hacer interpretaciones que no desconozcan la ley, pudiendo resolver las peticiones de amnistía con disparidad de criterios. Y así ha sucedido con la resolución de la sección de apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que aplicó la amnistía al primer beneficiario de la ley, el ex conseller Miquel Buch, por unos hechos calificados de delito de malversación consistente en la contratación de un mosso d’esquadra para proteger a Carles Puigdemont en Bélgica. En este caso, los jueces catalanes entendieron que en ningún caso hubo un “propósito de enriquecimiento” entendido como “beneficio personal de carácter patrimonial”, supuesto en que el citado delito queda expresamente excluido de la medida de gracia.

Pero estas discrepancias no solamente se producen entre tribunales de justicia, también en el seno de la propia sala de lo penal del Tribunal Supremo, como así expresó la magistrada Ana Ferrer en su voto particular frente al parecer de la mayoría.

Los cinco magistrados de la mayoría sostienen que el beneficio no solo debe entenderse en sentido positivo, sino también en su reverso: delinquieron porque, al organizar la consulta ilegal con dinero de todos y no de sus bolsillos, lograron un importante ahorro en sus finanzas particulares. En vez de costearlo con sus propios medios, los condenados decidieron utilizar fondos públicos. La mayoría también entiende que el delito de malversación por el que resultaron condenados pudiera afectar a los intereses financieros de la Unión Europea.

El voto particular de la magistrada Ana Ferrer discrepa de tales interpretaciones que sitúan el delito de malversación fuera del ámbito de la amnistía. En palabras de la propia magistrada, “la única interpretación razonable de la Ley (de amnistía) nos lleva a entender que ese beneficio orientado a procurar el proyecto independentista catalán, es precisamente el que la Ley quiere amnistiar, (…), excluyendo solo los casos en los que en el curso del mismo hubieran podido producirse desviaciones hacia supuestos de corrupción personal”. O dicho de otro modo, una ventaja económicamente evaluable que apartara los fondos de esa finalidad secesionista. 

Concluye la magistrada disidente que “la interpretación que la mayoría plasma en su resolución corre el riesgo de quebrar los principios de legalidad y previsibilidad cuya protección garantiza el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”.

Y respecto de si el delito de malversación pudo comprometer los intereses de la Unión Europea, lo que hubiera supuesto su exclusión de la amnistía, señala que no fue objeto de debate en el juicio del procés y que las dudas que plantea la mayoría obligaría al planteamiento de una cuestión prejudicial, solicitando al Tribunal de Luxemburgo a determinar cuál es el umbral de peligro de afectación que se contempla en la directiva comunitaria de 2017, a diferencia del criterio mayoritario que descarta plantear cuestión prejudicial alguna sobre la malversación y da traslado a las partes personadas sobre la pertinencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia.

Para concluir señalaremos que las resoluciones, tanto del instructor como de la sala, son recurribles en vía judicial ordinaria y, previo planteamiento del incidente de nulidad de actuaciones, en vía de amparo ante el Tribunal Constitucional. Jurisdicción, la de este tribunal, que no actúa como una tercera instancia pues no interpreta leyes penales, sino garantiza los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

Una vez publicada en el BOE la Ley Orgánica de Amnistía por el Legislativo, corresponde ahora a los jueces su aplicación al caso concreto. El Parlamento, en el ejercicio de sus competencias, ha aprobado una ley, como expresión de la voluntad popular, en la que establece con carácter general los requisitos para poder ser beneficiario de la medida de gracia. Como señala gráficamente su preámbulo “a quien se halla legitimado para tipificar o destipificar una determinada conducta se le reconoce, en lógica consecuencia, la facultad de amnistiar esos mismos hechos sin otros límites que los que directamente dimanen de la Constitución”.

En esta nueva etapa que se inicia, son los miembros del poder judicial quienes de modo exclusivo habrán de aplicar la ley a cada caso concreto, previo informe del Ministerio Fiscal y de las partes personadas y, dentro de aquellos parámetros, en el marco de un proceso penal abierto al que afecten los actos amnistiados, si procede la extinción de la responsabilidad penal. Esto es, la amnistía no tiene un efecto automático a la entrada en vigor de la ley.

En idéntico sentido, la Comisión de Venecia señala que sólo si se atribuye al juez la aplicación de la amnistía a cada caso concreto puede considerarse la norma compatible con la separación de poderes.

Por tanto, no todos los jueces están llamados a aplicar esta ley, solamente quienes tengan abierto un procedimiento penal al que afecten los actos amnistiados, cualquiera que sea la fase en la que se encuentre (instrucción, juicio oral o ejecución). Y deberán llevar a cabo su labor “con carácter preferente y urgente”, para lo que disponen de un plazo máximo de dos meses desde su entrada en vigor.

La aplicación de esta excepcional medida de gracia deberá realizarse al margen de sus opiniones personales y prejuicios sobre la amnistía, pues los jueces están sometidos al imperio de la ley. Ahora bien, si el juez alberga dudas sobre la constitucionalidad de la ley o su adecuación al Derecho de la Unión Europea no puede dejar de aplicar la ley orgánica de amnistía, sino que debe de plantear una cuestión de inconstitucionalidad o una cuestión prejudicial ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la UE, respectivamente, y dicho planteamiento suspenderá la aplicación al caso de los preceptos cuestionados. Y ello, a diferencia de los recursos de inconstitucionalidad que puedan interponer los diputados, senadores o las comunidades autónomas, que no tienen efectos suspensivos de la ley.

Al estar afectados derechos fundamentales, la tramitación de los recursos y cuestiones que se planteen ante el Tribunal Constitucional tendrán una tramitación urgente. Igualmente cabe acudir al procedimiento acelerado o al de urgencia en las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Luxemburgo si la naturaleza del asunto exija resolverlo en breve plazo o por afectar al espacio de libertad, seguridad y justicia de la UE, como establece su reglamento de procedimiento.

Las dudas, tal y como han anticipado los fiscales del Tribunal Supremo que participaron en el juicio del procés, surgirán en torno a si pueden ser amnistiables los delitos de terrorismo y de malversación de caudales públicos, tal y como han sido redactados por la ley. Sin embargo, hay que recordar que el Ministerio Fiscal ejerce sus funciones “conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica”, como señala la Constitución, por lo que corresponderá al fiscal general del Estado fijar posición en última instancia.

Otra de las cuestiones discutibles es cuándo se producirá el alzamiento de las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención y las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de los que puedan resultar beneficiarios de la medida de gracia: si automáticamente tras su entrada en vigor, como prevé la ley, o tras recabar cada tribunal las alegaciones de las partes personadas, como se prevé para aplicar la medida de gracia al caso concreto.

En definitiva, se espera que en la aplicación de la ley por la judicatura pueden surgir algunas incidencias que, en última instancia, serán resueltas por el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra como intérprete supremo de la norma fundamental y garante de los derechos y libertades de los ciudadanos. 

Nuestro Tribunal Constitucional, en un auto de 30 de abril de 2020, en pleno confinamiento domiciliario y con la escasa información disponible hasta la fecha, describió certeramente la gravedad de la COVID-19: “En el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus”.

Mes y medio antes, el Gobierno declaró el estado de alarma ante la situación de emergencia sanitaria derivada de la propagación de esta pandemia, siendo autorizadas sus prórrogas por la mayoría de fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados.

Tal declaración abrió un debate en la sociedad española sobre la procedencia de dicho estado y su impacto en los derechos fundamentales, particularmente la libre circulación de las personas, y que ha de ser objeto de pronunciamiento por el Tribunal Constitucional, a raíz del recurso de inconstitucionalidad presentado por Vox.

Comenzaremos diciendo que el derecho de excepción está regulado en el artículo 116 de la Constitución y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de julio. Ley, por cierto, aprobada meses después de la intentona golpista del 23 de febrero. Aquel precepto constitucional señala que son tres los estados excepcionales: alarma, excepción y sitio, y esta Ley delimita las situaciones que justifican la adopción de cada uno de ellos.

Así, el estado de alarma atiende a alteraciones graves de la normalidad provocadas por acontecimientos naturales o sociales. La Ley habla expresamente de “crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves”. Frente al carácter “político” del estado de excepción, previsto para graves alteraciones del orden público que es previsible que no puedan atajarse por los medios ordinarios; y de sitio, referido a la supervivencia del Estado y de su ordenamiento constitucional.

Como se puede colegir fácilmente, cada estado no responde a un proceso gradual dentro del derecho de excepción, sino que atienden a situaciones cualitativamente diferenciadas. El de alarma, despolitizado (Cruz Villalón) y destinado a combatir las catástrofes naturales o tecnológicas y el de excepción, a resolver las crisis de orden público y otras alteraciones del orden político.

El Tribunal Supremo, en dos recientes sentencias, toma partido por el estado de alarma justificado por la epidemia que sufrimos, descartando el estado de excepción “que no está previsto para supuestos como el que nos afecta, sino para aquellos en que se vea alterado muy gravemente el orden público”.

Y el Tribunal Constitucional, tras la declaración del primer estado de alarma bajo la vigencia de la Constitución de 1978 para hacer frente al cierre del espacio aéreo español en diciembre de 2010, ha determinado el alcance que la declaración de dicho estado podía tener sobre los derechos fundamentales, poniendo de relieve su menor intensidad respecto de los estados de excepción y sitio. A diferencia de estos, la declaración del estado de alarma no permite la suspensión de ningún derecho fundamental, “aunque sí la adopción de medidas que pueden suponer limitaciones o restricciones a su ejercicio. En este sentido, se prevé, entre otras, como medidas que pueden ser adoptadas, la limitación de la circulación o permanencia de personas o vehículos en lugares determinados o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos…”.

De ahí que el Tribunal Constitucional recordase, en el citado auto de 30 de abril de 2020, que “las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981”.

Esta es la razón por la cual el decreto del estado de alarma de 14 de marzo de 2020 estableciese una limitación de la libertad de circulación de las personas para frenar los contagios. Limitación de este derecho fundamental justificada por los bienes constitucionales que se trataban de preservar (vida, integridad física y salud de las personas), necesaria, pues no se conocían otras medidas de intervención menos restrictivas de la libertad pero igualmente eficaces para la contención del virus, y proporcionada dado que, ponderados aquellos derechos y bienes en conflicto, el sacrificio que representaba la limitación de la libertad deambulatoria era razonablemente asumible en aras de la protección de la vida, la integridad física y la salud de las personas. 

Esos mismos bienes constitucionales, y no el orden público, fueron los tenidos en cuenta por el Tribunal Constitucional para desestimar el recurso de amparo interpuesto por un sindicato frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que confirmaba la prohibición de la celebración de la manifestación del primero de mayo del año pasado en Vigo. Se trataba, con ello, de evitar la expansión del virus. En suma, el derecho a la vida, la integridad física, la salud de las personas y la defensa de un sistema de asistencia sanitaria, cuyos limitados recursos es necesario garantizar adecuadamente, se erigen en el fin constitucionalmente legítimo para prohibir el derecho fundamental de manifestación.

En esa ocasión, la discusión sobre si el decreto de declaración del estado de alarma suponía o no, de facto, y por derivación de la limitación de la libertad deambulatoria, una limitación excesiva o incluso una suspensión del derecho de manifestación no fue abordada por el Tribunal Constitucional. 

Eso sí, resulta llamativo que para resolver este recurso de amparo la sala no hubiese elevado al pleno una autocuestión de inconstitucionalidad porque considerase que el decreto del estado de alarma aplicado lesionara derechos fundamentales o libertades públicas. 

Estamos, en todo caso, ante una normativa que se ha revelado inadecuada para enfrentarse con éxito a esta pandemia y que motiva esas disquisiciones jurídicas sobre el impacto en los derechos fundamentales. Dos Tribunales Superiores de Justicia llegaron a autorizar en su momento el confinamiento domiciliario decidido por su respectiva comunidad autónoma, siendo posteriormente anulado por el Tribunal Supremo. Y sin que la denominada “ley de pandemias” propuesta por alguna formación política se revele como la solución mágica a toda esta problemática de orden constitucional.

Como señala López Guerra, “en supuestos límite o dudosos, cuando haya que adoptar medidas restrictivas de derechos fundamentales, la elección debe hacerse en favor de la opción que mejor salvaguarde esos derechos y que confiera menor ámbito de acción al Poder Ejecutivo”. Por ello, no deja de sorprender que quienes en su momento reclamaban con insistencia el estado de excepción se presentasen como adalides de la libertad, lo que hubiera supuesto sin ninguna duda una restricción más grave de los derechos fundamentales.

A raíz de la presentación de la proposición de Ley Orgánica de los Grupos Parlamentarios Socialista y Unidas Podemos por la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial, se abre un capítulo más en la historia de desencuentros entre el Parlamento y el Consejo en funciones.

El Tribunal Constitucional, a propósito del recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la 'Ley Gallardón' que modificaba la Ley Orgánica del Poder Judicial (Sentencia 191/2016, de 15 de noviembre), ya tuvo ocasión de clarificar esas siempre complejas relaciones. Relaciones que varían en función de la sintonía existente entre la mayoría de las Cámaras Legislativas y la del Órgano de gobierno de la Judicatura.

El Consejo General del Poder Judicial –afirma el supremo intérprete de la Constitución- es una institución “no subordinada a los demás poderes públicos”, en general, de manera que sus vocales, ya en concreto, no pueden ser vistos como “delegados o comisionados” del Congreso y del Senado, por más que a una y a otra de estas Cámaras corresponda, por imperativo constitucional, la designación de parte de aquéllos y hoy, en opción legislativa que en su día este Tribunal juzgó no inválida (frente a la elección por los propios jueces), la propuesta para el nombramiento de todos los integrantes del órgano. Los vocales del Consejo no están ligados por mandato imperativo alguno, de tal manera que el Consejo, independiente sin duda del Gobierno, lo es también respecto de las Cortes Generales, sin que entre aquél y éstas medie “una vinculación de dependencia política” que el constituyente también quiso evitar.

Y precisamente al analizar los artículos de la 'Ley Gallardón' que tratan de eliminar las situaciones de bloqueo en la renovación del Consejo, el Tribunal Constitucional establece una serie de consideraciones de interés sobre los márgenes de que dispone el legislador en la configuración de los órganos constitucionales. Dicho bloqueo, por cierto, es visto por el Alto Tribunal como una razón para introducir reformas en la Ley Orgánica del Poder Judicial a fin de paliar los negativos efectos de esta anomalía institucional.

La Constitución regula de modo fragmentario e incompleto el Consejo General del Poder Judicial. En consecuencia, el legislador dispone de un margen de libertad, como hizo la 'Ley Gallardón' con la posibilidad de renovación parcial del Consejo, “para atender a eventualidades que, por anómalas o atípicas que sean, pueden llegar a verificarse y que no fueron objeto de expresa prevención por la norma fundamental”.

El retraso en la renovación del Consejo es habitual, especialmente cuando el nuevo debe reflejar un cambio de mayoría parlamentaria. Últimamente, en nuestra reciente historia constitucional, esos retrasos se prolongan en el tiempo superando los dos años. El actual, que ha sido denunciado por la Comisión Europea en su Informe sobre la calidad del Estado de derecho en España, tiene el dudoso honor de batir la marca de la renovación de noviembre del 2006 y protagonizada por la misma fuerza política. Es a todas luces evidente que no estaba en la mente de los padres de la Constitución dar respuesta a prolongadas situaciones de interinidad a que está siendo sometido el Consejo. Como tampoco lo estaba el bloqueo en su renovación.

Sobre el contenido de la reforma, basta hacer una simple comparación con las limitaciones que afectan a los otros poderes del Estado cuando se hallan en funciones. Expirado el mandato o en caso de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado son sus Diputaciones Permanentes las que ejercerán unas “funciones limitadas”. Del mismo modo, el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las “limitaciones establecidas en la ley”. No hay razón pues para que el Consejo General del Poder Judicial sea el único de los tres que continúa ejerciendo con plenitud sus funciones tras finalizar su mandato. Y es indudable que esta opción legislativa, se comparta o no, es factible y plenamente ajustada a la Constitución, sin que pueda entenderse como un ataque al Poder Judicial. Antes al contrario, el legislador está actuando en el ejercicio de sus competencias.

Superados los dos años de interinidad, tras un mandato de cinco, solamente cabe esperar de quienes están al frente del Consejo que se abstengan de tomar decisiones que puedan comprometer a quienes les han de relevar y actúen con exquisita prudencia, eludiendo polémicas y conflictos con otros poderes del Estado.

El daño que está provocando este bloqueo político al Poder Judicial, necesitado como ninguna otra institución de credibilidad, es irreparable. Y como ha destacado el Consejo de Europa, estas situaciones anómalas confirman la importancia de asegurar que el Consejo General del Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización, talón de Aquiles de la justicia española a los ojos de sus ciudadanos. Es por ello una tarea inaplazable su inminente renovación. 

Recientemente la Comisión Europea ha hecho pública la primera evaluación que realiza sobre la calidad del Estado de derecho en los países miembros de la Unión Europea. En el Informe referido a España destaca como uno de los desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema de justicia la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La Constitución es taxativa y no ofrece dudas al respecto. Establece que los miembros del órgano de gobierno de la Judicatura son nombrados por un periodo de cinco años. Como fácilmente se puede colegir, la duración de su mandato no coincide con la de diputados y senadores a quienes corresponde elegir a los primeros. En la elaboración del texto constitucional deliberadamente se rehuyó la coincidencia de ambos mandatos. En palabras de uno de sus ponentes, para reforzar la estabilidad del Consejo General del Poder Judicial frente “al azar del debate político” (Gabriel Cisneros). Dicha circunstancia confiere a este órgano mayor autonomía al margen de cualquier mandato representativo. 

Transcurridos dos años desde la expiración del mandato de los vocales del Consejo y celebradas dos elecciones generales en 2019, persiste la situación de bloqueo, al no haberse alcanzado una mayoría cualificada de tres quintos imprescindible para su renovación. Lo mismo acontece con otros órganos constitucionales, y no menos relevantes, como el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas. 

Esta situación de interinidad no es novedosa en nuestra reciente historia constitucional. A partir de noviembre del 2006 y protagonizado por la misma fuerza política, se produjo un bloqueo institucional que se prolongó igualmente un par de años. 

Expirado el mandato o en caso de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado son sus Diputaciones Permanentes las que ejercerán unas funcionales limitadas. Del mismo modo, el Gobierno cesante continúa en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en la ley. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial continúa ejerciendo plenamente sus funciones tras finalizar su mandato, como recuerda el mencionado Informe de la Comisión Europea. 

Por ello, solo cabe esperar de quienes interinamente están al frente de ese órgano que se abstengan de tomar decisiones que puedan comprometer a quienes les han de relevar y actúen con exquisita prudencia, eludiendo polémicas y conflictos con otros poderes del Estado.

Esta situación es calificada de “anomalía institucional” por el propio presidente en funciones del Consejo, advirtiendo de que su prolongación en el tiempo podría desacreditar a la institución. No solo eso, es algo más grave y preocupante. El daño que provoca este bloqueo político al Poder Judicial, necesitado como ninguna otra institución de credibilidad, es inmenso. Y como ha destacado el Consejo de Europa, estas situaciones anómalas confirman la importancia de asegurar que el Consejo General del Poder Judicial no sea percibido como vulnerable a la politización, talón de Aquiles de la justicia española a los ojos de sus ciudadanos.

También hay un desprecio a las juezas y jueces españoles, no solamente por el trato dispensado a su órgano de gobierno, sino por ignorar que han presentado 50 candidaturas a los 12 puestos de vocales del turno judicial que legalmente les corresponde y que fueron remitidas hace dos años al Parlamento. 

Ante este grave deterioro institucional, la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Parlamento y las principales asociaciones judiciales reclaman cuanto antes la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

La semana pasada hemos asistido al último conflicto entre el poder ejecutivo y el judicial a propósito de la ausencia del Rey en el acto de entrega de despachos a la última promoción de juezas y jueces en la Escuela Judicial sita en Barcelona.

Como es sabido, la separación de poderes, al tiempo que evita su concentración, articula un sistema de frenos y contrapesos entre el ejecutivo, el legislativo y el judicial, sin intromisiones ni relaciones de supremacía entre ellos, con el fin último de asegurar el funcionamiento autónomo de cada uno.

En la formulación original de Montesquieu la división de poderes se erigía en una garantía de libertad frente a un poder real expansivo. Actualmente, en nuestra Constitución, nada tiene que ver el Rey con los poderes autocráticos del anterior Jefe de Estado. Privado de potestas, nuestro monarca ejerce unas funciones simbólica, arbitral y representativa. Y de hecho, para la validez de sus actos precisa de su refrendo pero no por motivos meramente formales sino porque el Rey no puede actuar de forma autónoma. Sus actos están refrendados porque su persona es inviolable. De sus actos serán responsables las personas que los refrenden. Y así, en la Ley del Gobierno se especifica, entre las funciones de los ministros, refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia.

Recuerda Luigi Ferrajoli que la independencia judicial y la separación de poderes fueron proclamadas en las constituciones liberales europeas como los elementos fundacionales de la organización moderna de la función jurisdiccional. Pero respondían esencialmente a un fin legitimador, asociado a la pretensión de neutralidad judicial ante las cuestiones de naturaleza política.

De ahí que la Ley Orgánica del Poder Judicial, de una parte, imponga la obligación general (poderes públicos incluidos) de respetar la independencia de los Jueces y Magistrados, arbitrando al efecto medios para garantizarla. Independencia judicial tan denostada de siempre por nuestros responsables políticos. De otra parte, prohíbe a aquellos dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos. Prohibición destinada a que los miembros de la Judicatura respeten el ámbito de actuación que le es propio a los otros poderes del Estado.

La decisión, no explicada lo suficiente, de impedir la presencia del Rey en el acto de entrega de despachos corresponde en exclusiva al Gobierno de la Nación que es a quien compete refrendar dicha actuación. En modo alguno supone una injerencia en el ejercicio de la función jurisdiccional. Dicha decisión se basa en criterios de oportunidad política que se podrán o no compartir y de la que deberá rendir cuentas el Gobierno ante el tercer poder en liza, el Legislativo, y en última instancia, ante los electores. De ahí que, en virtud del principio de separación de poderes, era de esperar la neutralidad judicial (y de su órgano de gobierno) ante una decisión incuestionablemente política. Esa neutralidad es, por lo demás, la base de la necesaria confianza de la ciudadanía en los Tribunales de Justicia.

Se ha desatado una crisis institucional innecesaria en estos momentos de una grave emergencia sanitaria y económica. Y lo que es peor, la disputa política generada pone nuevamente el foco sobre la institución de la Monarquía tan tocada por las revelaciones conocidas en los últimos meses sobre el comportamiento de alguno de sus miembros. Además, la función integradora que realiza el Rey, acorde con su posición estructural en la cúspide del Estado, se aviene mal con los intentos de algunas formaciones políticas, con la inestimable colaboración de algunos de sus oponentes, de apropiarse de su figura metiéndolo de lleno en la contienda partidista.

Hace 37 años se constituía como asociación profesional lo que es hoy Juezas y Jueces para la Democracia. Anteriormente, bajo la dictadura franquista, se contaba con la experiencia de Justicia Democrática. Una organización de jueces, fiscales y secretarios, constituida al margen de la ley, de amplio espectro ideológico, que buscaba afanosamente un espacio cultural en el que pudieran convivir el ejercicio independiente de una jurisdicción digna de ese nombre con un compromiso firme con los valores democráticos.

Ya en los primeros años de la Transición, en un contexto de corporativismo imperante en la Judicatura y con su cúpula copada por nostálgicos del Régimen, la entonces Jueces para la Democracia surge reivindicando un poder judicial auténticamente independiente del Ejecutivo y sometido al control de la opinión pública, con un modelo constitucional de juez comprometido con la realidad social.

Frente a quienes sostenían que el texto de la recién aprobada Constitución de 1978 era una mera declaración programática, carente de valor efectivo, siguiendo el mismo patrón de las Leyes Fundamentales franquistas, esta asociación judicial defendía su eficacia directa. En su acta constituyente, Jueces para la Democracia hace un llamamiento a integrar a las juezas y jueces que “con un profundo sentido crítico hace de la noción de justicia como servicio público y de la necesidad de convertir la Constitución en algo vivo y cotidiano el eje fundamental de su existencia”. Entre las señas de identidad del nuevo colectivo destaca el empeño del juez en interpretar la legalidad vigente con arreglo a los valores constituciones de “libertad, justicia, igualdad y pluralismo político”, dando cabida a las justas demandas de amplios sectores sociales que raramente habían tenido oportunidad de reconocerse en la institución judicial.

Desde un inicio, hemos defendido una Justicia amable, pues la rigidez y autoritarismo del modelo judicial vigente caracterizaban una Judicatura antipática y lejana, en la que la ciudadanía no se sentía reconocida. Y así, junto a su caracterización como poder, destacamos la administración de Justicia como servicio público en el que sus protagonistas no son los jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia, abogados, procuradores o graduados sociales sino los ciudadanos. Fruto de ello fue el impulso de la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, una iniciativa parlamentaria histórica que alcanzó por primera y única vez la unanimidad de todos los grupos políticos, aun cuando careciese de fuerza de ley.

A lo largo de estos 37 años, hemos protagonizado una esperanzadora campaña con el lema “La Justicia tiene solución”, implicando a todas las profesiones jurídicas. Abanderamos la lucha contra las corruptelas de nuestra administración de Justicia, denunciando las astillas, y propusimos remedios para atajar los abusos en la tramitación de los procedimientos. Combatimos la tortura y el abuso policial con serios encontronazos con el poder ejecutivo, que en ocasiones trató de amparar actuaciones inadmisibles. Fomentamos una cultura garantista de la jurisdicción e impulsamos la defensa de los derechos humanos y la lucha contra la barbarie mas allá de nuestras fronteras.

Y conviene tener presente que nuestra asociación fue una de las muñidoras del Pacto de Estado para la Justicia, en el año 2002, con el declarado propósito de sustraer de la refriega política al poder judicial.

A punto de cumplir la cuarentena, la asociación ha demostrado ser imprescindible en el panorama judicial español. Con la masiva incorporación de las mujeres a la carrera judicial en las últimas décadas, acordamos el cambio de nombre haciendo visibles a nuestras compañeras. Juezas y Jueces para la Democracia lucha por una igualdad real conforme establece nuestra Constitución, promoviendo medidas positivas que aseguren ese principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en los nombramientos para cargos judiciales, a que se refiere la Ley de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

La alarma ciudadana provocada por los escándalos de corrupción política y económica nos ha forzado junto con otras asociaciones judiciales y de fiscales a apelar al fortalecimiento del poder judicial como único garante de corregir las desviaciones de poder. Hemos impulsado desde la Judicatura una lucha sin cuartel contra la delincuencia económica. Y son constantes nuestras denuncias de injerencia de los responsables políticos en las instituciones judiciales, tratando de controlar determinados juzgados y tribunales.

Una vez mas, los tiempos que corren han puesto en valor la importancia de la Justicia y acrecentado el protagonismo de Juezas y Jueces para la Democracia en la defensa de los más débiles, ya sean quienes han sido desahuciados por el impago de su hipoteca, trabajadores en precario, víctimas de las preferentes, mujeres, menores, discapacitados o migrantes. Y ahí la labor de las asociadas y asociados se ha revelado fundamental. Su activismo judicial a través de cuestiones prejudiciales ante instancias judiciales superiores ha culminado con éxito.

Hoy es un buen momento para recordar a quienes ya no están con nosotros, sentimos su ausencia, pero nos han dejado su legado.

Han transcurrido casi cuatro décadas de nuestra historia en los que hemos perseguido una Justicia independiente, libre de injerencias, provista de medios, transparente y atenta con la ciudadanía y la lucha continúa.

En Europa hay un cierto consenso de repudio a los regímenes fascistas y a su exaltación, lo que convierte a nuestro país en una anomalía democrática dentro de nuestro entorno geográfico más cercano, por citar los ejemplos de Italia y Alemania. De ahí que el Parlamento Europeo adoptara una resolución en octubre del año pasado sobre el auge de la violencia neofascista en Europa, en la que alude expresamente a la decisión de “exhumar los restos de Franco y trasladarlos fuera del Valle de los Caídos, conjunto monumental conmemorativo de la guerra y lugar de peregrinación de la extrema derecha”. Han tenido que transcurrir cuarenta y cuatro años desde el fallecimiento del dictador para poner fin a esa singularidad española.

El Valle de los Caídos es una construcción inicialmente ideada para honrar a los muertos del bando de los alzados en la Guerra Civil. Su fin declarado era perpetuar la memoria de los caídos en la “Gloriosa Cruzada”, en la terminología del Decreto de 1940 en el que se dispone su construcción. En la misma se emplearon presos, incluidos los del bando republicano, motivados por la redención de penas por el trabajo y con el fin de conseguir mano de obra barata y reducir la masificación de las cárceles españolas. Posteriormente, en la década de los cincuenta, tratando de desvincularse de sus orígenes fascistas próximos a las potencias perdedoras en la Segunda Guerra Mundial, se reorienta el significado del mausoleo resaltando su aspecto religioso. Con el pretexto de una pretendida reconciliación nacional, tras una cruenta represión, se establece en el Preámbulo del Decreto-ley de 1957 por el que se crea la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que ha de ser “el Monumento a todos los Caídos, sobre cuyo sacrificio triunfen los brazos pacificadores de la Cruz”. Hay que aclarar que en el caso de los muertos del bando republicano fueron trasladados sus huesos de fosas comunes sin tan siquiera informar a sus familias. Baste decir que actualmente están sin identificar miles de restos mortales que reposan en dicho mausoleo. En 1975 se procede al entierro del dictador en un lugar preferente de la basílica, al igual que el que fuera jefe de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, a pesar de no ser un caído en la guerra civil.

En mayo de 2017, una proposición no de ley aprobada por el Congreso de los Diputados, sin ningún voto en contra, insta al Gobierno a resignifcar la función del Valle de los Caídos y exhumar los restos de Franco. Del mismo modo, una disposición adicional de la Ley de 26 de diciembre de 2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, conocida comúnmente como “Ley de Memoria Histórica”, estipula que el Valle de los Caídos debería convertirse en un lugar destinado a honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra y a consecuencia de la represión política posterior. Esta es la razón por la que el Tribunal Supremo en su sentencia afirmase que “no resulta desproporcionado, arbitrario ni contrario al principio de igualdad” que el Gobierno, tras reformar la citada ley, elija el caso de Franco como el primero para empezar a cumplir la norma.

Ya en 2018, el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó con solo dos votos en contra el Real Decreto-ley que modificaba la Ley de Memoria Histórica. Dicha norma habilita al Gobierno para proceder a exhumar y trasladar los restos del dictador del Valle de los Caídos, una medida imprescindible e inaplazable –si bien, insuficiente- para cumplir lo dispuesto sobre la retirada de símbolos franquistas y evitar exaltaciones antidemocráticas en dicho lugar. Estos restos se encontraban enterrados en un inmueble de titularidad estatal, aun cuando esté confiada su administración a la comunidad benedictina, lo que lo convierte en asunto esencialmente público. Como antes señalamos, el Valle de los Caídos es una construcción ejecutada por presos políticos mediante trabajos forzados, que se ha convertido en el monumento de exaltación del dictador y de la dictadura, y de olvido y desmemoria de sus crímenes. En dicha construcción sólo figuran su nombre y el de Primo de Rivera, algo incompatible con lo preceptuado por la Ley de Memoria Histórica que prevé que en ningún lugar del Valle “podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.

En este año, el Tribunal Supremo decide por unanimidad desestimar el recurso interpuesto por los familiares del Dictador, dando el visto bueno al acuerdo del Gobierno sobre la exhumación de sus restos y su traslado al cementerio de El Pardo-Mingorrubio. Y el 24 de octubre se procede finalmente a materializar lo dispuesto por el Gobierno, con el refrendo de los otros dos poderes del Estado (Parlamento y Tribunal Supremo).

La exhumación de los restos mortales del dictador debe ser la primera medida que exprese el interés general de protección a las víctimas de la dictadura, mediante esta forma de reparación moral y simbólica, para poner fin a la obligada convivencia del máximo responsable de las atrocidades cometidas bajo su régimen dictatorial y de sus víctimas en un lugar religioso. Fe católica, por cierto, que muchas de las víctimas no profesaban. No se trata por tanto de abrir heridas en la sociedad española, sino de acabar con injusticias y cumplir con la legalidad internacional en materia de derechos humanos, en particular el derecho de las víctimas a la reparación. Es como señala el comunicado de Juezas y Jueces para la Democracia celebrando esta jornada histórica: “Un paso decisivo y necesario para la normalización de nuestra democracia pero insuficiente porque no debemos olvidar que para una íntegra reparación aún restan por identificar y exhumar los restos de miles de víctimas del franquismo invisibilizadas y que a fecha de hoy siguen desparecidas”.

Este lunes las carreras judicial y fiscal estamos llamadas a celebrar una nueva jornada de huelga para poner de manifiesto a la sociedad española la situación de abandono y dejadez en la que se encuentra nuestra Administración de Justicia. En junio de 2017 las asociaciones judiciales presentamos públicamente un documento con catorce propuestas para la mejora de la Justicia dirigidas tanto al Ministerio de Justicia como al Consejo General del Poder Judicial, sin que a fecha de hoy ninguna se haya materializado. No se trata de una huelga –al menos para Juezas y Jueces para la Democracia- contra el actual equipo ministerial. Somos conscientes que en cinco meses no se pueden dar soluciones a los múltiples y graves problemas que presenta la Justicia española. Y en lo que concierne al Consejo General del Poder Judicial este se encuentra finalizando su mandato.

En los últimos tiempos estamos asistiendo a una preocupante pérdida de prestigio de las instituciones judiciales cuyo punto de inflexión ha sido la desastrosa gestión del asunto del pago del impuesto en las hipotecas y la designación del próximo presidente del Consejo General del Poder Judicial por las dos principales fuerzas políticas. A lo que debemos añadir que el actual modelo del órgano de gobierno de la Judicatura ni siquiera es percibido por los jueces y juezas provisto de los mecanismos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva, según una encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos. Y lo que es peor, los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en nuestro país han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

Por eso, pedimos reforzar la independencia judicial con un órgano de gobierno situado fuera de la lógica de los partidos.

Con todo, el principal problema de la Justicia española es de organización y de eficacia, y así lo opinan un 80 por 100 de los ciudadanos en el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía. España cuenta con una organización judicial decimonónica. Es imprescindible un nuevo diseño de la planta judicial que responda a las necesidades de una sociedad del siglo XXI. Se han de superar los tradicionales partidos judiciales al tiempo que se creen los tribunales de instancia con una ordenación más racional y eficiente de la carga de trabajo. No acaba de acometerse esta deseada reforma pero tampoco se crean órganos judiciales con la excusa de que se plantea un nuevo modelo organizativo. Consecuencia de todo lo anterior es que la litigiosidad aumenta año tras año, particularmente en la jurisdicción civil, estando estancado el número de juzgados existentes, lo que acarrea una situación de colapso y sobrecarga de trabajo. La respuesta al justiciable se retrasa así como merma la calidad de la resolución.

A lo anterior se suma que en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes es de 12,2, una cifra muy inferior a la media europea (21). Las plazas que se han convocado en los últimos años resultan a todas luces insuficientes para cubrir siquiera las jubilaciones que se están produciendo en la carrera judicial. Y en su momento se prescindió de cientos de jueces sustitutos que temporalmente cubrían las necesidades de plantilla.

Para lo cual, las asociaciones demandamos la modernización de la Administración de Justicia.

Fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad española, también existe en la carrera judicial una brecha generacional. No podemos olvidar la precaria situación laboral de las nuevas promociones de jueces y juezas, con bajos salarios, en permanente incertidumbre sobre cual será el órgano judicial del que se harán definitivamente cargo, peregrinando mientras tanto por diversos Juzgados y Tribunales, y con serias dificultades de conciliación personal y familiar. Ellos han sido los principales perjudicados de las medidas de parcheo para hacer frente a las deficiencias estructurales de nuestra Administración de Justicia, imponiendo en su periodo formativo medidas de “sustitución y refuerzo” claramente atentatorias contra el principio de independencia judicial.

Y es por lo cual, reclamamos una mejora de las condiciones profesionales de los jueces y juezas.

Es por ello indispensable una Administración de Justicia provista de personal y de medios para evitar el deterioro progresivo al que está abocado de manera irremisible este servicio público. Piénsese que España está a la cabeza de los recortes presupuestarios que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según el Consejo de Europa.

En definitiva, es necesario un pacto de estado de la Justicia que la sustraiga de los vaivenes políticos y contribuya a recuperar la necesaria confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial.

La recién publicada encuesta de la Red Europea de Consejos de Justicia entre jueces europeos sobre su percepción de independencia arroja dos datos reveladores. El primero es que solamente una cuarta parte de los jueces españoles consideran que el Consejo General del Poder Judicial dispone de los mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia judicial de forma efectiva. Frente a los ataques inaceptables de algunos responsables políticos a la independencia de los jueces, se pone de manifiesto la falta de reacción del órgano constitucional encargado de su defensa y amparo. Pero conviene destacar, sobre todo, el segundo dato. Los jueces españoles se sitúan a la cabeza, por delante del resto de sus compañeros europeos, cuando mayoritariamente creen que durante los últimos años algunos jueces en España han sido nombrados o promovidos sobre la base de criterios distintos a la capacidad y experiencia.

No en vano, recientes nombramientos efectuados por el Consejo General del Poder Judicial avalan esa percepción, mandando un mensaje demoledor a la carrera judicial al ser preferidos aquellos candidatos por sus afinidades políticas frente a quienes de modo ininterrumpido han ejercido durante años y en exclusiva la labor jurisdiccional.

Con todo, el principal problema de la Justicia española es de organización y de eficacia, y así lo opinan un 80% de los ciudadanos en el Quinto Barómetro Externo del Consejo General de la Abogacía. España cuenta con una organización judicial decimonónica. Hoy en día son pocos los profesionales del Derecho que no aboguen por un nuevo diseño de la planta judicial que responda a las necesidades de una sociedad del siglo XXI. Se han de superar los tradicionales partidos judiciales al tiempo que se creen los tribunales de instancia con una ordenación más racional y eficiente de la carga de trabajo.

No acaba de acometerse esta deseada reforma pero tampoco se crean órganos judiciales con la excusa de que se plantea un nuevo modelo organizativo. Según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en los últimos seis años apenas se han creado órganos unipersonales, concretamente cuatro. Para paliar tales deficiencias se adoptan medidas de “parcheo” como adscripciones forzosas generalizadas de determinados órganos judiciales provocando con ello un profundo descontento en un sector de la judicatura. Consecuencia de todo lo anterior es que la litigiosidad aumenta año tras año, particularmente en la jurisdicción civil, estando estancado el número de juzgados existentes, lo que acarrea una situación de colapso y sobrecarga de trabajo. La respuesta al justiciable se retrasa así como merma la calidad de la resolución.

A lo anterior se suma que en España el número de jueces por cada 100.000 habitantes es de 12,2, una cifra muy inferior a la media europea (21). Y la distancia se ampliará seguramente este año pues hasta la fecha no se han convocado como es habitual plazas de jueces, tal y como ya ocurrió en el año 2012. Además, las plazas que se han convocado en los últimos años resultan a todas luces insuficientes para cubrir siquiera las jubilaciones que se están produciendo en la carrera judicial. Y en su momento se prescindió de cientos de jueces sustitutos que temporalmente cubrían las necesidades de plantilla.

Casi la mitad de los órganos judiciales superan el 150% de la carga de trabajo. Es por ello un clamor de la carrera judicial la fijación de unas cargas máximas de trabajo y la adopción de medidas preventivas frente a los riesgos psicosociales.

A propósito de la publicación por la Comisión Europea en el pasado mes de abril de su Informe anual sobre el estado de la justicia en los países de la Unión Europea, el Ministerio de Justicia se mostraba satisfecho, destacando que “España obtiene los mejores resultados en justicia digital”. La realidad es bien distinta, como atestiguan las múltiples quejas de sus usuarios. La implantación del expediente electrónico está causando un enorme caos, obstaculizando la labor de los jueces, debido a la precariedad de los instrumentos informáticos.

Fiel reflejo de lo que acontece en la sociedad española, también existe en la carrera judicial una brecha generacional. No podemos olvidar la precaria situación laboral de las nuevas promociones de jueces, en permanente incertidumbre sobre cuál será el órgano judicial del que se harán definitivamente cargo, peregrinando mientras tanto por diversos Juzgados y Tribunales, y con serias dificultades de conciliación personal y familiar. Ellos han sido los principales perjudicados de las medidas de parcheo para hacer frente a las deficiencias estructurales de nuestra Administración de Justicia, imponiendo en su periodo formativo medidas de “sustitución y refuerzo” claramente atentatorias contra el principio de independencia judicial.

Es por ello indispensable una Administración de Justicia provista de personal y de medios para evitar el deterioro progresivo al que está abocado de manera irremisible este servicio público. Piénsese que España está a la cabeza de los recortes presupuestarios, junto a Irlanda y Portugal, que afectan de forma adversa a los recursos dedicados al sistema judicial, según el Consejo de Europa. Y, por supuesto, a unas retribuciones adecuadas que garanticen la independencia económica de los jueces, como establece la ley.

Cuando nos lamentamos del estado de la Justicia –escribe Alejandro Nieto, en su libro El malestar de los jueces y el modelo judicial–, no debemos pensar en abstracto sino en las personas de carne y hueso a quienes afecta directa e indirectamente: son sus víctimas y paganos, los jueces frustrados, los justiciables humillados, los litigantes engañados, los ciudadanos vejados, los acreedores que no cobran, aquellos a los que se ha despojado de sus derechos humanos y quebrantado sus derechos políticos y civiles, los que claman y nadie los oye, los que razonan y nadie escucha. Cuando la Justicia está enferma, nos duele a todos.

Y por eso, como Cicerón en las Catilinarias, hemos de preguntarnos: ¿hasta cuándo abusaréis de nuestra paciencia?

Resulta reiterativo indicar que el modelo procesal penal en España es anacrónico, regido por una centenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal, y basado en el principio inquisitivo, a diferencia de los países de nuestro entorno que optan por el acusatorio. A pesar de ello, entre las sucesivas reformas parciales de la Ley que han tratado de incidir en las garantías procesales, destaca sobremanera la implantación generalizada de la segunda instancia penal por una Ley Orgánica de 2003, que ha dado lugar a la creación de la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional a la que irá a parar el juez Eloy Velasco.

La implantación de esta segunda instancia es una exigencia que arrastrábamos desde el año 1977, cuando España ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ello nos valió importantes condenas tanto del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas como por parte del Consejo de Europa.

Doce años más tarde se adecuaron las normas procesales, modificando oportunamente nuestra ley procesal penal, al mandato contenido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y hubo que esperar a un Real Decreto de este año para llevar a cabo la dotación de plazas para hacer efectiva por fin la segunda instancia penal en nuestro país.

Hasta la fecha, el derecho a la revisión del fallo condenatorio y la pena mediante un recurso efectivo ante un tribunal superior se viene cumpliendo en España a través del recurso de casación. Este cambio trascendental permitirá al Tribunal Supremo consagrarse a su función propia de proporcionar uniformidad y seguridad jurídica en el conjunto del sistema penal.

El citado Real Decreto 229/2017 crea las plazas de presidente y dos magistrados en la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, iniciando su competencia el próximo día 1 de junio. Huelga decir el enorme poder que se va a concentrar en dicha sala, particularmente al revisar los autos que supongan la finalización del proceso por falta de jurisdicción o sobreseimiento libre y las sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

La cobertura de esas plazas de magistrado, a falta de la de presidente, corresponde a la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial. Esta, en reunión del pasado día 17 de mayo de 2017, ha resuelto adjudicar las citadas plazas al actual titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco Núñez, y al magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Enrique López López.

Esta discutible decisión se basa en un informe del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial que entiende que, aunque no existen magistrados especialistas en el orden jurisdiccional penal como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2013, sin embargo esta resolución dejó vigente el apartado segundo del artículo 37 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, que establece que “para la cobertura de aquellas plazas a las que la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye a la especialización el carácter de mérito preferente, los jueces y magistrados que hayan superado las pruebas de promoción o especialización previstas para los órdenes civil y penal tendrán la consideración de especialistas en los respectivos órdenes”.

En el fallo de la Sentencia se acuerda anular el referido artículo 37 en el inciso que otorga la condición de especialistas. La interpretación correcta debe ser por consiguiente la provisión de destinos, sin ningún otro mérito adicional, a los jueces que superen las pruebas selectivas civiles y penales para la promoción a la categoría de magistrado. Téngase en cuenta que dichas pruebas han sido convocadas contadas veces y a las mismas solamente se podían presentar quienes tuvieran la categoría de juez.

En la práctica, resulta difícilmente comprensible que un magistrado que únicamente ha dictado sentencias de juicios de las antiguas faltas, ahora delitos leves, pueda ocupar de modo preferente una plaza en un tribunal que va a revisar las resoluciones dictadas por personas que llevan años en órganos colegiados enjuiciando delitos de la gravedad de los terroristas o de corrupción política.

Es necesario y urgente modificar la confusa legislación que regula las especialidades en el orden penal, tanto a nivel legal como reglamentario. De una simple lectura de la Ley Orgánica del Poder Judicial, fruto de sucesivas reformas aprobadas a partir del año 2003, se desprenden una serie de antinomias (contradicción entre dos preceptos legales) sobre lo que debe ser un especialista y qué consecuencias implica, qué efectos debe de conllevar la superación de las pruebas selectivas en el orden civil y penal, así como las personas que se pueden presentar a las mismas, la promoción profesional, la formación continua y la provisión de destinos.

La anulación por el Tribunal Supremo de las pruebas de especialización convocadas en el año 2011, así como la anulación parcial del Reglamento de la Carrera Judicial añade más caos a la deficiente regulación. Y las soluciones propuestas, tanto la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 7/2015, sobre el reconocimiento y valoración de las pruebas anuladas, como la interpretación hecha por el órgano de gobierno de la judicatura sobre la condición de especialista de los que superaron las pruebas selectivas no parecen satisfactoria.

Y, lo que es más importante, esa deficiente y contradictoria normativa afecta no solamente a la cobertura de las plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional sino también y sobre todo a las plazas que en el futuro se convoquen en la no menos fundamental Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.