La noticia de una nueva subasta de energías renovables antes del verano, anunciada el jueves por Mariano Rajoy, es positiva en sí, porque representa un paso más hacia el cumplimiento de los objetivos europeos a 2020.

No obstante, para que esta nueva licitación sea verdaderamente eficaz, es necesario que el Gobierno reforme el diseño de la misma y asegure que las tecnologías eólicas y fotovoltaicas puedan expresar su plena competitividad sin barreras ni desventajas establecidas de forma artificial, contrariamente a lo que pasó en la última subasta, celebrada el pasado 17 de mayo, cuyo sistema discriminatorio no tenía en cuenta el potencial de todas las renovables por igual.

Para llegar a un sistema equitativo y eficaz, basta con tomar como referencia los exitosos ejemplos internacionales de muchos países, la mayoría hispanoamericanos, que han apostado por esta fórmula ante la necesidad de aumentar la capacidad de generación procedente de fuentes limpias en su propio mix energético.

Cabe destacar, en este sentido, que las principales licitaciones llevadas a cabo en los últimos meses a nivel internacional tienen un elemento en común: la fotovoltaica ha sido la tecnología protagonista, llegando a ganar en algunas ocasiones hasta un 70% de los proyectos a adjudicar y alcanzando precios de récord. Baste con mencionar los casos de Argentina, México y Chile.

En España, el Ejecutivo, hasta ahora, ha hecho caso omiso de las recomendaciones de los actores del sector y no ha aprovechado las lecciones de esta exitosa experiencia internacional, diseñando un modelo de subasta que no solo se basa en complejas variables, sino que, además, no cumple con el criterio de “neutralidad tecnológica” previamente establecido por el mismo Gobierno.

El resultado de la licitación llevada a cabo el pasado 17 de mayo demuestra el fracaso de este modelo sin antecedentes a nivel mundial: el error en el diseño del sistema ha dado lugar a un macroempate de la mayor parte de los oferentes, lo que nos indica que con toda probabilidad estos estaban dispuestos a ofrecer una cuantía inferior al descuento máximo permitido por el Ministerio de Energía.

Tal y como hemos estado denunciando, esta situación de empate ha sido determinada por la aplicación del criterio de las horas de funcionamiento, un criterio establecido de forma arbitraria por el Ejecutivo que ha puesto a la fotovoltaica en una evidente y objetiva condición de desventaja, al contar con un número inferior de horas con respecto a la tecnología eólica.

Por esta razón, a pesar de haber ofertado al mismo precio que la otra tecnología, la fotovoltaica se ha quedado fuera de la puja, mientras que la eólica ha resultado adjudicataria de la práctica totalidad de los proyectos a subastar.

Consideramos que la vía más eficaz para evitar el riesgo de empate es incrementar los porcentajes de descuentos máximos, lo que permitiría a los agentes ejercer su verdadera competitividad, generando asimismo precios aún inferiores para los consumidores.

Por estas razones, instamos al Gobierno a que reforme el diseño de la próxima subasta, adoptando un modelo adecuado basado en la libre competencia, sencillo, eficaz y competitivo, en el cual cada agente interesado ofertara un precio por kWh y el que fuera más competitivo recibiera la remuneración ofertada.

El anuncio de la celebración de una nueva subasta es un paso más en el camino hacia el cumplimiento de los objetivos europeos de renovables pero, si el Gobierno rectifica y se realiza con un diseño más competitivo, todos, y los primeros los consumidores, ganaremos más. La fotovoltaica ya no es solo una tecnología limpia, sino también una tecnología competitiva, lo que hace falta es no ponerle barreras que impidan el ejercicio de esta competitividad.