El 27 de octubre de 1977 posiblemente sea una fecha que al lector no le genere ninguna referencia concreta. Ningún hito importante. No es uno de esos días marcados en la memoria colectiva que nos recuerdan la grandeza de algo. Sin embargo, aquella tarde de jueves tuvieron lugar dos acontecimientos de los que marcarían el futuro de España.

El primero en una sala abarrotada del Club Siglo XXI. Manuel Fraga, presidente de Alianza Popular, presentaba la conferencia impartida por Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España. En su intervención, Carrillo recordaba que “el diálogo debe sustituir a los fusiles y los centros de debate a las trincheras” mientras agradecía y alababa la buena voluntad, la valentía y la altura de miras de su adversario político al aceptar ser su maestro de ceremonias.

Para muchos de los más dogmáticos aquel acto fue visto como un insulto, una hibridación política que desdibujaba la pureza ideológica. Los más fanáticos de las sensibilidades más dispares criticaron tanto a Fraga como a Carrillo. Algunos de los históricos socios del club Siglo XXI se dieron de baja aquel mismo día y hubo una catarata de dimisiones en el seno de Alianza Popular.

El otro acontecimiento se produjo ese mismo día: el Pleno del Congreso de los Diputados votaba a las cinco de la tarde el texto que, con el nombre de Acuerdo de La Moncloa, los principales partidos políticos habían negociado y convenido dos días antes. Los acuerdos económicos se aprobaron con un único voto en contra. Los Pactos de La Moncloa se convirtieron en un paradigma de diálogo, e inauguraron un periodo de prosperidad del que se beneficiarían tres generaciones de españoles: el periodo de bienestar social y económico más largo de nuestra historia.

La realidad es que aquel día se transitó el camino desde los oscuros años del franquismo a la luz y la esperanza de una democracia libre. España se hacía mayor de edad dejando a un lado las diferencias ideológicas y remando en la misma dirección para modernizar el país.

Una grandeza y una altura de miras que volvía a mostrar la mejor cara de la política dos décadas después cuando en el año 2000 las dos grandes fuerzas políticas del país firmaban el acuerdo por las libertades y contra el terrorismo. Eran los duros años de plomo en los que los asesinatos se contaban por docenas y el miedo atemorizaba a la sociedad española.

No cabe duda de que, en los momentos difíciles, en contextos de crisis, en situaciones excepcionales o cuando la zozobra domina la vida pública es cuando la ciudadanía y el país requieren los servicios de políticos capaces de elevarse, sobrevolar las discrepancias y desencallar las situaciones más adversas.

En 1977 la unión debía permitir alcanzar un futuro mejor, más exitoso, un futuro de igualdad, justicia y libertad en el que todo estaba por construir. En el año 2000 los dos grandes partidos acordaron que una España democrática, pacífica y segura para sus ciudadanos estaba por encima de las diferencias ideológicas.

Ahora, ante un enemigo invisible pero letal como es el coronavirus y una recesión económica sin precedentes, necesitamos abordar unos nuevos pactos nacionales que permitan hacer frente a la pandemia y sus terribles consecuencias. Unos pactos de reconstrucción que nos despejen el camino para cimentar juntos un futuro en el que ningún ciudadano se quede atrás.

La mano tendida del Gobierno al arco parlamentario es una forma de volver a los Pactos de La Moncloa que trajeron a España un periodo de prosperidad como nunca se había visto en la historia de nuestro país, y cuya reedición del año 2000 mostró que España permanecía unida ante el terrorismo, y que no claudicaba ante el chantaje ni la violencia.

Las formaciones políticas tienen la oportunidad de demostrar de nuevo generosidad, altura de miras, sentido de Estado y lealtad institucional: la oposición tiene que dejar atrás la demagogia y los prejuicios y sumarse a un gran pacto de Estado que propicie la salida de la que, según los expertos, será la peor crisis económica y social que ha vivido España en décadas. El Fondo Monetario Internacional ya nos ha advertido de la profunda gravedad de la situación.

El día uno después de la crisis sanitaria, habrá que reconstruir España, y lo haremos mejor dialogando, unidos en el propósito de entendernos y aplicando una política sin líneas rojas. Con unidad se clausuró el franquismo, con unidad se derrotó al terrorismo y solo con unidad venceremos al coronavirus.

No es una mera opinión subjetiva. El propio Centro de Investigaciones Sociológicas refleja que el 87,8% de los españoles creen que los partidos deben apoyar al Gobierno y dejar las críticas para más adelante. No cabe duda de que los ciudadanos esperan de sus políticos madurez y propuestas constructivas para la reparación social y económica de España. Nuestra sociedad merece más que nunca políticos responsables que sean capaces de llegar a acuerdos en estos tiempos de dificultad e incertidumbre; políticos que dejen atrás el tacticismo; merecemos políticos que dialoguen y que piensen en el interés de todos los españoles antes que en su interés personal; como aquellos políticos de la Transición que aparcaron sus diferencias para abrir una nueva etapa de paz y convivencia, como aquellos otros que, en la hora más oscura, hicieron frente juntos al terrorismo.

Necesitamos pasar de la oscuridad a la luz, de la complejidad a la sobriedad, de la tormenta a la calma. Y esto requiere de todos. No se puede, ni se debe, hacer en solitario. En momentos de complejidad histórica es cuando se mide la talla y la grandeza política.

Ríos de tinta se han escrito en los últimos tiempos sobre la reforma de los derechos de autor a nivel europeo. Ríos que, lejos de arrojar luz sobre las discusiones en torno a la nueva directiva, han servido para inundar de falsedades el necesario debate sobre una cuestión de extrema importancia, habida cuenta del impacto que para la propia salud de una democracia tiene que sus voces más libres, sus creadores, reciban una remuneración justa por las obras que crean.

Con el voto en pleno de esta semana sobre el acuerdo alcanzado el pasado 26 de febrero se pone punto final a unas negociaciones que se han alargado más de dos años (la propuesta data de septiembre de 2016) y que han estado rodeadas de polémicas dirigidas con poca finura y mucho argumento grueso. Como, por lo demás, suele ser habitual cuando se trata de regular la economía digital.

Lo cierto es que cada vez que tratan de tomarse medidas para corregir los excesos de la economía digital aparecen los heraldos del apocalipsis de turno advirtiendo del fin de Internet como la habíamos conocido. Y siempre es falso.

Es el mismo debate que vivimos hace cinco años al aprobar el reglamento sobre el mercado único de las telecomunicaciones cuando se introdujeron las primeras normas sobre la neutralidad de red en Europa, o en las sucesivas reformas sobre la privacidad, el nuevo código de comunicaciones electrónicas, la respuesta a las fake news o el copyright.

No, nadie acaba con la libertad en Internet. Pero Internet no puede ser un territorio sin ley.

Algunos confunden economía digital con economía innovadora. Desde luego que Internet es uno de los ámbitos innovadores por excelencia. Y soy el primero en defender la introducción de mejoras para favorecer la innovación y nuestro desempeño en la economía digital. Pero comienzan a acumularse los casos en que la única innovación que aportan ciertas plataformas de Internet es la de crear nuevas formas de explotación de terceros: he ahí el caso de los repartidores de empresas como Deliveroo, he ahí el caso de la explotación de contenidos creativos de terceros por plataformas como Facebook o Youtube.

La economía digital, por tanto, como cualquier otra parcela de la economía, demanda reglas, reglas justas, que equilibren las relaciones de fuerza entre quienes tienen poder y quienes no lo tienen. Ese es el verdadero quid de la cuestión en el debate sobre la nueva directiva de derechos de autor: reequilibrar la cadena de valor.

Empresas como Google y Facebook controlan el 80% del mercado de la publicidad, explotan nuestros datos, controlan lo que consumimos. Empresas que incrementaron sus beneficios el año pasado un 40% y un 38%, respectivamente. Y lo hacen, además, sin pagar apenas impuestos en Europa ni lo que es justo a quien crea los contenidos que suben sus usuarios, 'vampirizando' su trabajo.

Europa tiene el deber de proteger a sus autores y a sus industrias culturales y creativas. Industrias que, como un informe del año 2016 del Parlamento Europeo reconocía, aportan más de 12 millones de puestos de trabajo a tiempo completo, lo que representa el 7,5 % de la mano de obra de la Unión, y que generan aproximadamente 509.000 millones de euros de valor añadido al PIB (el 5,3 % del VAB total de la Unión). Industrias que, además, preservan y fomentan la diversidad cultural y lingüística y refuerzan las identidades europea, nacional, regional y local. Por ello, resulta chocante tener que desmentir acusaciones como las que se han formulado en los últimos tiempos.

Con la nueva directiva, no se coarta la libertad de expresión. Todo lo contrario. Garantizar que las voces más libres de nuestra sociedad, los creadores, puedan vivir de sus obras es la mejor forma de garantizar la libertad de expresión de la sociedad en su conjunto.

La nueva directiva tampoco impone ninguna obligación de monitoreo general. Hasta el Supervisor Europeo de Protección de Datos lo ha negado, entre otras razones, porque tal previsión iría contra la normativa comunitaria.

La nueva directiva no pone en riesgo los enlaces, como se ha dicho, dado que quedan expresamente excluidos del ámbito de aplicación del nuevo derecho de editores. Como tampoco pone en riesgo los memes, dado que están protegidos por otras excepciones existentes como las de caricatura, parodia o pastiche, algo expresamente recogido en la directiva.

Esta directiva ha sido objeto de la mayor campaña de desinformación y presión que yo haya vivido a lo largo de esta legislatura, por desgracia, sobre argumentos falsos que han impedido que trasciendan muchos de los elementos positivos que contiene, como las nuevas excepciones sobre extracción de textos y datos, los nuevos usos digitales de obras para ilustración en enseñanza o para las instituciones de patrimonio cultural o las mejoras en los contratos de los creadores.

Por todo ello, yo digo sí a la directiva, sí a los derechos de los creadores.

Estos días, las naciones signatarias del Acuerdo de París (AP) enfrentan en Katowice una cita clave para el futuro del mismo y, por tanto, del planeta: en la COP 24 debe acordarse la implementación técnica para dar cumplimiento a todas las demandas del Acuerdo. En París se marcaron los objetivos. En Katowice, deben marcarse las reglas para su consecución.

Pero, como el secretario general de Naciones Unidas decía en la cumbre One Planet, “todavía no estamos ganando la guerra contra el cambio climático, el desafío definitorio de nuestro tiempo”. Y no lo estamos haciendo porque las naciones signatarias siguen sin transformar las palabras en hechos.

A pesar del hito que constituyó el acuerdo alcanzado en París, no dejan de acumularse noticias e informes que apelan a la necesidad de ir más allá.

No se trata únicamente de que se sucedan datos que no invitan al optimismo, como que los últimos cinco años hayan sido el período más caluroso desde que existen registros o que 2017 haya registrado el primer aumento de las emisiones de CO2 en tres años. El reciente informe especial sobre el calentamiento global presentado por el IPCC pone de manifiesto que existe un alto riesgo de que con las trayectorias de emisiones actuales y las contribuciones realizadas el calentamiento global exceda los 2 grados. No obstante, e incluso si el aumento se limitara a 1,5 grados, los patrones climáticos y los eventos extremos en océanos y tierra firme implicarán riesgos para los ecosistemas y las sociedades más extensos que en la actualidad. Si no se limita el ascenso de las temperaturas a 1,5 grados, se registrará un 10% más de días con temperaturas extremas, un 25% más de ecosistemas afectados o un incremento del 50% del estrés hídrico mundial, con millones de seres humanos desplazados por su causa.

Recientemente, el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) acaba de publicar un nuevo informe –basado en el del IPCC– que reporta la brecha existente entre las contribuciones determinadas a nivel nacional (INDC, por sus siglas en inglés) y el objetivo del AP. El informe coincide en las mismas conclusiones y las mismas alertas que el IPCC: la reducción de emisiones programada para 2030 no es suficiente para alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a menos de 2 grados. Es más, advierte de que para 2100 es muy probable un aumento de la temperatura mundial de al menos 3 grados, incluso si llegaran a cumplirse las contribuciones actuales. Para no alcanzar los 2 grados es necesario triplicar los esfuerzos (y quintuplicarlos para el objetivo de 1,5 grados).

A estas advertencias han venido a sumarse las contenidas en los informes sobre cambio climático presentados recientemente tanto por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) como por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA). El informe de la AEMA muestra que el aumento del uso de energía renovable y la mejora de la eficiencia energética se está desacelerando en la Unión Europea, poniendo en cuestión poder alcanzar los objetivos marcados. Por su parte, el informe de la EPA detalla los devastadores efectos del cambio climático en la economía, la salud y la biodiversidad, aunque la administración Trump no quiera verlo.

El único aspecto positivo de estos informes es que constatan que aún es técnicamente posible lograr el objetivo de mantener el aumento de la temperatura muy por debajo de los 2 grados.

Esa es la realidad que enfrentamos en Katowice. Y ello exige una reacción a la altura porque no puede dilatarse más la adopción de las líneas directrices que hagan posible el cumplimiento de lo acordado en París: de ello depende que puedan monitorearse los compromisos nacionales, que puedan compararse los esfuerzos y atajarse las brechas tanto en la ambición de partida como en el cumplimiento, que puedan adoptarse medidas correctivas y acciones políticas concretas e inmediatas.

Pero no se trata solo de monitorización. Crucial es canalizar la financiación necesaria a los países más vulnerables, la transferencia de tecnología prevista, el fortalecimiento de sus capacidades para mitigar, adaptarse y combatir los efectos más extremos, la inversión para crear empleos y facilitar una transición justa en las zonas afectadas.

En todo ello, los europeos tenemos un relevante papel que jugar. Si algo se ha demostrado la Unión Europea a sí misma es que un compromiso político firme y un marco normativo adecuado pueden derribar dogmas profundamente asentados como que crecimiento económico e intensidad energética caminan juntos: tal y como ha constatado la AEMA, desde 1990 hasta 2017, la UE ha reducido sus emisiones un 22%, sobrepasando su objetivo del 20% para 2020, mientras aumentaba su PIB más de un 58%. Hoy, la economía europea usa menos energía, de forma más eficiente y con menos emisiones, mientras sustituye carbón (y también nuclear) por energías renovables, cuyos costes se han desplomado.

Y ese es el camino a seguir.

Tal y como Parlamento Europeo y Consejo hemos acordado recientemente, no es tiempo de conformarse y de limitar nuestra capacidad para anticipar esfuerzos. He ahí los acuerdos en las Directivas de energías renovables y eficiencia energética, donde la presión ejercida por el Parlamento ha logrado elevar los objetivos hasta el 32% y 32,5% respectivamente, incluyendo cláusulas de revisión al alza en 2023, todo lo cual va a permitir incrementar desde ya nuestros objetivos de reducción de emisiones del 40% a más del 45% en 2030, allanando el camino para alcanzar los más altos objetivos para mediados de siglo.

Partiendo de esta base para 2030, la Comisión Europea acaba de presentar sus propuestas para establecer la estrategia europea de descarbonización a largo plazo. Ahora se abre un debate para que los europeos establezcamos el camino hacia una economía neutra en carbono en la segunda mitad de siglo. La Comisión indica en su propia propuesta que este objetivo es factible y rentable (con beneficios estimados de hasta el 2% del PIB para 2050 en comparación con la línea de base). No hay excusa posible para no llevarlo a cabo.

Europa está dando un paso al frente. Pero Europa representa menos del 10% de las emisiones mundiales. Es necesario, por tanto, un compromiso global. Como decía Antonio Guterres, “estamos en guerra por la existencia misma de la vida en nuestro planeta tal como la conocemos”. No podemos fallar. No habrá una segunda oportunidad.

Hace unos meses, al calor de la comunicación de la Comisión Europea sobre Las plataformas en línea y el mercado único digital, retos y oportunidades para Europa, afrontamos en el Parlamento Europeo un vivo debate sobre los radicales cambios que las plataformas han provocado su irrupción no solo en la economía digital sino en las relaciones económicas globalmente consideradas.

En aquel debate, lo primero que quedó claro fue la dificultad de definir el fenómeno de las plataformas, por la multiplicidad de sus formas y su constante evolución.

Lo cierto es que hoy en día puede decirse que la “plataformización” de la economía es un hecho y, probablemente, una tendencia irreversible por, entre otros aspectos, la mayor flexibilidad que ofrecen a sus usuarios y su mayor adaptabilidad al entorno.

Por ello, cobra mayor gravedad si cabe la situación en que se encuentra Europa. Como ha constatado la Comisión, Europa es una gran desarrolladora de aplicaciones, pero para plataformas de terceros. También es buena inventando nuevas tecnologías y conceptos digitales, pero falla en la explotación comercial de estas ideas. Baste un dato para evidenciar esta realidad: de 176 plataformas estudiadas solo 25 eran europeas y estas solo generaban el 4% del mercado.

La cuestión, con todo, no estriba únicamente en el hecho de que Europa y sus Estados miembros estén fallando a la hora de incorporarse a este tren, es que tampoco están dando respuestas antes los profundos cambios que están generando en todos los ámbitos.

Muchos de ellos, sin duda, para bien, como por ejemplo la mayor flexibilidad que ofrecen en la prestación de servicios; la mayor oferta al consumidor; la mejor atención a demandas de nicho; la introducción de más competencia en precios; su mejor eficacia en la asignación de recursos; el desarrollo de nuevos modelos de negocio; la ampliación de mercados o la generación de nuevas oportunidades de negocio, también para las pymes.

Pero nada de esto debe impedirnos reconocer los problemas serios que a su alrededor se generan en tres ámbitos concretos: competencia, laboral y fiscal.

Para poder beneficiarnos de todo lo positivo que las plataformas digitales aportan, la primera condición es que el entorno en que se desarrollan garantice la igualdad de oportunidades de todos los operadores, sean o no digitales. Es decir, normas justas y cumplimiento de las mismas.

Por desgracia, nos hemos acostumbrado a ver cómo en muchas ocasiones lo que se reviste de negocio rompedor no oculta sino prácticas más antiguas que el papel: la búsqueda y explotación de las lagunas legales, cuando no la mera ignorancia de la ley.

Una cosa es defender la innovación y otra muy distinta es pretender hacer pasar por innovadora la prestación de servicios más baratos a costa de la precarización del empleo o de la no observancia de las leyes.

Si una empresa logra una estructura de costes más eficiente, mayor rapidez en la prestación del servicio, mayor satisfacción del cliente, etc, será el mercado quien dictaminará su éxito o fracaso. Pero esto nada tiene que ver con pretender prestar un servicio sin cumplir el marco legal porque una empresa se define como plataforma tecnológica frente a las empresas tradicionales del sector, que arrastran una carga regulatoria mucho mayor: un servicio de transporte es un servicio de transporte; un servicio de alojamiento es un servicio de alojamiento. Lo preste quien lo preste, se preste como se preste.

De ahí que una de nuestras reivindicaciones, y así lo recoge el informe aprobado por el Parlamento Europeo, haya sido solicitar a la Comisión que estudiara la normativa vigente para, en su caso, promover los cambios necesarios, también en el plano social, para garantizar igualdad de condiciones entre nuevas empresas y tradicionales, también en el ámbito de la protección de los trabajadores.

Y es precisamente en el ámbito laboral donde las plataformas de internet plantean uno de los mayores desafíos: la necesidad de normas laborales que no dejen en el desamparo a los trabajadores de esta nueva economía. Creo que no abordarlo nos desconecta de la realidad, a veces muy dura, que viven miles de trabajadores.

No seré yo quien se oponga a que las plataformas se comprometan a mejorar sus prácticas a través de autorregulación. Bienvenidos sean los compromisos de las plataformas en este campo. Ahora bien, la autorregulación no puede sustituir nuestro papel en la definición de normas claras. Es cierto que hay quienes que defienden dejar libertad absoluta al mercado. Pero si algo nos enseña la última década es a dónde nos conduce la desregulación.

Por ello, es necesario afrontar el impacto profundo de estas plataformas en el ámbito laboral pues es evidente que digitalización cada vez mayor repercute en los mercados laborales, en la redefinición de los puestos de trabajo y en las relaciones contractuales entre trabajadores y empresas. También en la creciente precarización del empleo, en el uso y abuso de la figura del autónomo, el trabajo ocasional, el trabajo a demanda o el trabajo con la intermediación de estas plataformas digitales.

Por ello, es fundamental garantizar el respeto de los derechos laborales y sociales y el correcto cumplimiento de la legislación vigente con el fin de seguir promoviendo los sistemas de seguridad social y la calidad del empleo, garantizando la protección de los trabajadores y unas condiciones de trabajo dignas.

Igualmente, los Estados miembros deben garantizar una seguridad social adecuada para los trabajadores autónomos, que son agentes clave en el mercado laboral digital y que, en su caso, desarrollen nuevos mecanismos de protección para garantizar una cobertura adecuada de los trabajadores de las plataformas en línea.

En cuanto a la fiscalidad, día sí y día también la prensa española se hace eco de los beneficios mínimos, o directamente de las pérdidas, que registran en nuestro país plataformas tecnológicas por todos conocidos pese al elevado volumen de negocio que generan. Todo ello nos habla de un serio problema.

Un eurodiputado socialista, Paul Tang, le ha puesto cifras a estas prácticas: según un estudio que ha elaborado, la Unión Europea ha perdido hasta 5.400 millones de impuestos que deberían haber pagado grandes tecnológicas como Google o Facebook entre 2013 y 2015. Algo que no solo va contra la justicia fiscal, sino contra la eficiencia económica. Por desgracia, con la aquiescencia de algunos Estados miembros.

Todo ello evidencia la necesidad de que los Estados miembros y la Comisión adopten medidas para evitar las prácticas de elusión fiscal y para garantizar que todas las empresas, incluidas las digitales, tributen en los Estados miembros en los que desarrollan su actividad económica. Desde luego, considero un avance que en la cumbre de octubre, el Consejo haya hecho un llamamiento a impulsar “un sistema impositivo eficaz y justo para la era digital”, en el que se garantice “que todas las empresas paguen la parte correspondiente de los impuestos”. Esperemos que los Estados miembros pasen de las declaraciones a los hechos.

Por tanto, si Europa no quiere perder este tren debe implicarse y tomar decisiones en cuatro ámbitos fundamentales.

En primer lugar, la formación, la mejora continua y constante de las competencias digitales de los trabajadores presentes y futuros para evitar la exclusión.

En segundo lugar, un marco regulador claro y su cumplimiento, atajando las rendijas por las que se cuelan quienes dicen venir a modernizar la economía y solo vienen a vulnerar los fallos en sus normas, sin aportar valor.

En tercer lugar, un régimen de protección social y laboral que proteja a los trabajadores por igual, que evite viejas formas de explotación con nuevos ropajes.

Y en cuarto lugar, que se paguen impuestos allí donde se generan beneficios.

La clave, por tanto, está en hacer de la economía en la red una economía para avanzar hacia una sociedad más justa, sin nuevas ni viejas exclusiones.

Hace año y medio, el mundo dio un paso adelante en su compromiso con la lucha contra el cambio climático. El acuerdo de París no solo logró poner de acuerdo en un objetivo común a casi 200 países, sino que lo hizo sumando a los mayores emisores mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) –China, Estados Unidos, la India– mediante contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, voluntariamente asumidas por las partes.

Como dijo Barack Obama tras ratificarlo, el acuerdo de París constituye un “avance significativo” y “la mejor oportunidad” para enfrentar la lucha contra el cambio climático.

Lamentablemente, la deriva en que ha entrado la Administración estadounidense bajo la Presidencia de Donald Trump no hace presagiar nada bueno. No se trata únicamente de que la visión de Trump sobre el mayor problema que enfrenta el planeta se mueva entre el negacionismo –cuando habla, por ejemplo, de “los cuentacuentos del calentamiento global”– y la conspiranoia –cuando afirma que “el calentamiento global fue creado por y para los chinos”–. Lo verdaderamente grave es que las decisiones del presidente Trump avanzan en la misma línea.

Y si preocupante era el hecho de haber nombrado a un negacionista como responsable de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, o que hace escasas semanas hubiera presentado unos presupuestos federales que recortan en casi un tercio los fondos de la misma, o sus medidas para desmantelar el “Clean Power Plan” de Obama, todas las alarmas han saltado tras la última cumbre del G-7, cuando se ha constatado que efectivamente, tal y como había prometido en campaña, está valorando retirar a Estados Unidos del acuerdo.

Causa escalofríos leer el párrafo 32 de la declaración de Taormina, en que se reconoce que “los Estados Unidos de América están en proceso de revisión de sus políticas sobre cambio climático y sobre el Acuerdo de París y, por tanto, no están en posición de unirse al consenso sobre esta materia”. Triste es tener que admitir que Merkel no se equivocaba al afirmar este fin de semana que Estados Unidos ha dejado de ser un socio fiable. Y nada menos que en un ámbito en el que el mundo se juega su propia supervivencia. Como si el cambio climático conociera fronteras…

Afortunadamente, el rechazo de Trump no ha impedido la ratificación del “fuerte compromiso” por parte de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y las instituciones europeas con una rápida implementación del Acuerdo.

Ese es el papel que debe jugar Europa. Si en algo hemos destacado ha sido, precisamente, en servir de ejemplo para el resto del mundo en materia de lucha contra el cambio climático hasta el punto de que podemos afirmar que la descarbonización de nuestra economía no es un sueño inalcanzable, sino una posibilidad al alcance de la mano.

Precisamente, el Parlamento Europeo y el Consejo nos encontramos en pleno debate de las propuestas sobre energía limpia presentadas por la Comisión Europea a finales de noviembre. Medidas que buscan diseñar el sistema energético europeo para la próxima década, y que deben conducir a la UE a liderar la transición energética, reduciendo nuestras emisiones de GEI en, al menos, un 40% para 2030.

Dentro de ellas, juega un papel clave la nueva directiva de energías renovables con la que Europa aspira a recuperar su liderazgo no solo en la promoción y desarrollo de potencia instalada, sino también en capacidad para proveer y exportar tecnología por parte de las compañías europeas. Sin embargo, hay que lamentar que el objetivo del 27% propuesto por la Comisión es a todas luces insuficiente para cumplir lo acordado en París.

Como ponente del Parlamento Europeo para la propuesta de Directiva de renovables, he propuesto, entre otras modificaciones, elevar la cuota de energías renovables al 35% para 2030. Y lo he hecho por varios motivos:

En primer lugar, porque el desafío de limitar el aumento global de la temperatura media a 1,5°C marcado en el acuerdo de París exige esfuerzos adicionales. En segundo lugar, porque el objetivo propuesto por la Comisión apenas varía del escenario tendencial, por lo que no incentivará la inversión en tecnologías renovables, ni ayudará a la Unión a cumplir sus metas de descarbonización. Y, en tercer lugar, debemos aprovechar la oportunidad que nos brinda la bajada de costes de las tecnologías más maduras de producción de energía renovable, para que la Unión se abastezca de una energía más limpia segura, asequible, autóctona y generadora de empleo de calidad.

Pero de nada sirve un objetivo si no se vincula a quienes deben alcanzarlo. Si algo nos ha enseñado la directiva vigente es que la Unión está en vías de cumplir los objetivos marcados para 2020 precisamente por la existencia de objetivos vinculantes para cada Estado miembro. Por ello, he propuesto restablecer los objetivos nacionales vinculantes en el nuevo escenario a 2030, correspondiéndole a España una cuota del 36%. Desde luego, no reimplantarlos tendría un impacto lesivo en el fuerte crecimiento que han venido experimentando las renovables, reduciendo significativamente la seguridad, la confianza y los incentivos para invertir.

Y, hablando de seguridad, es necesario impedir cualquier tentación de retroactividad regulatoria, como ha sucedido en España, donde los cambios impulsados por el Gobierno no solo han provocado pérdida de confianza e inseguridad en el sector de las energías renovables y falta de acceso a la financiación para nuevas instalaciones, sino también un alto coste para las arcas públicas, que podría ir a más de continuar sufriendo varapalos como el reciente laudo del Ciadi.

Mi propuesta, por tanto, trata de fortalecer las previsiones introducidas por la propia Comisión Europea para evitar las fisuras por las que puedan continuar dándose cambios regulatorios retroactivos, estableciendo llegado el caso el derecho a recibir una compensación adecuada ante cambios como los sufridos en el régimen retributivo a las renovables, que ha llevado a la ruina a miles de ciudadanos en España.

Igualmente, es necesario fomentar el autoconsumo de energías renovables y, para lograrlo, debe impedirse que los autoconsumidores sean discriminados o se enfrenten a procedimientos o cargos desproporcionados de todo lo cual, nuevamente, el impuesto al sol del Gobierno es claro y triste ejemplo. Para evitarlo, mi propuesta incide en que los Estados miembros no deben someter la energía autoconsumida a impuestos o gravámenes de ningún tipo, siempre y cuando la energía producida permanezca fuera de la red.  

Son solo algunos ejemplos, ejemplos concretos, de lo que se puede poner en marcha para hacer realidad los acuerdos alcanzados en París. Acuerdos posibles, realizables, incluso sin el concurso de naciones tan poderosas como los Estados Unidos. No es, desde luego, lo deseable, pero nada de ello puede hacernos desfallecer en nuestros compromisos. Ni como europeos, ni como españoles. Y sí, España debe demostrar compromiso. El Gobierno debe demostrar si quiere ser motor del cambio hacia una energía limpia o freno, como ha venido haciendo en el Consejo.

Sinceramente, no nos lo podemos permitir ni ambientalmente –nuestro país está en primera línea de fuego de los efectos adversos del cambio climático–, ni económicamente –perderíamos la oportunidad de generar crecimiento y empleo en sectores de actividad de altísima cualificación–. No es momento de construir muros, sino de retirar barreras y abrir las puertas a la transición energética. El tiempo se agota.