Acababa de finalizar el partido entre España y Marruecos en la fase de octavos de final del Mundial de Qatar el 6 de diciembre de 2022. Varios aficionados se concentraban en el centro de Granada para celebrar la victoria de la selección marroquí, cuando Omar (nombre ficticio) se dirigía una noche más en patinete eléctrico a su centro de trabajo. El segundo turno de este joven marroquí comenzaba a las 20:30 horas. El hombre no tenía nada que ver con la multitud de personas que a esas horas ocupaba la calle para festejar la clasificación de su equipo pero, según ha denunciado, fue “violentamente” reducido, retenido y posteriormente agredido por la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional en un dispositivo de seguridad desplegado durante las celebraciones. 

Unos días después, Omar llevó su caso a los tribunales con el apoyo de la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ante un posible delito de lesiones, torturas y detención ilegal por los agentes de la Policía Nacional. La causa ha sido archivada en los juzgados de instrucción de Granada y, posteriormente, por la Audiencia Provincial, por lo que la ONG ha registrado esta semana un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC). Según la defensa del denunciante, el carpetazo se ha producido sin practicar ninguna de las diligencias de investigación solicitadas. 

La denuncia, a la que ha accedido elDiario.es, señala que, cuando pasó por una zona de Granada “en la que se produjeron algunos altercados al final del partido de fútbol”, dos agentes “le empujaron contra el suelo y le golpearon con la porra en repetidas ocasiones en piernas, tobillos, espalda y hombros”. Lo hicieron, añade el escrito, “sin causa justificada y abusando de su cargo”. 

Mientras los agentes lo tenían retenido en el suelo, otro agente “aprovechándose de la situación de inmovilización” en la que se encontraba, le “lanzó una patada en el lado izquierdo de la cabeza de manera absolutamente innecesaria e injustificada”, según el testimonio del denunciante recogido en el escrito, cuyo relato coincide con un vídeo presentado como apoyo a la denuncia. 

Retenido en el suelo “hasta 15 minutos”

La actuación fue presenciada por varias personas, presentadas como testigos y tres vídeos muestran una parte de los hechos. En uno de ellos, el joven aparece inmovilizado en el suelo sin mostrar resistencia cuando un tercer agente le propina lo que parece una patada. El hombre fue sancionado con 601 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) por “desobediencia a los agentes de la autoridad”. En las otras imágenes, el denunciante aparece en actitud tranquila y, aparentemente, colaborando con los agentes. 

Aún retenido en el suelo, postura en la que según la denuncia permanece hasta 15 minutos, Omar indica a los agentes que debe irse a su puesto de trabajo. A lo que uno de los agentes responde: “¿De qué trabajas tú, moro de mierda?”, según recoge el escrito. Como no portaba su documento de identidad, fue trasladado a dependencias policiales con el objetivo de identificarle. Mientras los agentes le introducían en el coche patrulla, uno de ellos le dijo: “Esta noche vas a dormir en el calabozo caliente”, siempre atendiendo a la denuncia y al posterior recurso presentado ante el Constitucional. 

En las dependencias policiales, los agentes contactaron con la persona encargada del centro de trabajo de Omar, quien confirma su identidad y su versión de los hechos. Por ello, los mismos agentes son quienes trasladan al joven en un coche patrulla hasta su centro de trabajo. 

Al día siguiente, finalizada su jornada laboral, acude al Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de la Chana donde la facultativa señala varias lesiones entre las que se encuentra una herida de dos centímetros en maléolo tibial izquierdo, un hematoma en pabellón auricular izquierdo (a consecuencia de la patada en la cabeza denunciada), dos erosiones lineales en glúteo izquierdo y un dolor en el costado izquierdo que le provoca dificultad para apoyar el pie izquierdo. En un principio, se le prescribe ibuprofeno pero, ante la persistencia del dolor por las lesiones, acude ese mismo día al Hospital Universitario Virgen de las Nieves. En el área de Neurotraumatología y Rehabilitación se le prescribe amoxicilina. Varias fotografías, a las que ha accedido este medio, muestran una serie de hematomas. 

Ante estos hechos, a lo largo del procedimiento la defensa solicitó la identificación de todos los agentes involucrados y la realización de un informe médico-forense y psicológico conforme al Protocolo de Estambul, que establece las directrices básicas dirigidas al personal médico sobre cómo realizar la exploración física y psicológica, e informes sobre los hechos denunciados y las lesiones constatadas en denuncias de torturas. Ninguna de estas diligencias fue atendida por la Audiencia Provincial. 

“Fuerza mínima imprescindible”

En respuesta a la denuncia, el 6 febrero de este año el juzgado de Instrucción número 6 de Granada ordenó el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa debido a que el magistrado considera que “no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, pues del visionado de los videos no resulta agresión alguna hacia el denunciante”. 

Tras este auto, la defensa presenta un recurso de reforma denunciando la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en conexión con el derecho a no ser sometido a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes. Para ello, apoya su exposición en las pruebas presentadas (partes y fotografías de las lesiones, así como las pruebas de vídeo). La defensa cuestiona “la falta” de argumentación en el archivo del caso. Según el letrado del denunciante, el auto no razona “por qué no se lleva a cabo una investigación efectiva sobre la totalidad de los hechos denunciados”. Menciona también “deficiencias” en la instrucción, puesto que el magistrado basa su decisión en el visionado de unos videos que, a juicio de la defensa, muestran lo contrario de lo indicado en el auto, mientras se da veracidad únicamente a lo recogido en el atestado policial.

El 3 de marzo, el mismo juez desestima el recurso de la defensa pues da por hecho que, en caso de haber sido golpeado cuando estaba inmovilizado en el suelo, sería debido a una supuesta falta de colaboración con los agentes no acreditada más allá que por lo descrito en el atestado policial. “Si en ese momento se produjo alguna lesión al denunciante, lo fue ante su conducta obstativa a colaborar con los agentes, quienes, se vieron obligados a utilizar la fuerza mínima imprescindible para poder ser trasladado a Comisaría a efectos de identificación”, sostiene el magistrado. En contra de la versión del denunciante y de la defensa, el juzgado consideró que en las imágenes no se observa falta de proporcionalidad por parte de los agentes de policía sino más bien un uso de la “fuerza mínima imprescindible”, ocasionada en todo caso por la actitud del denunciante.

Recurso ante el Constitucional

“El Juzgado de Instrucción realiza una valoración de la prueba absolutamente irracional porque una patada en la cabeza por parte de un agente de policía a una persona inmovilizada no puede interpretarse como un uso mínimo imprescindible de la fuerza”, señalan desde APDHA en relación a este auto. El siguiente recurso, presentado ante la Audiencia Provincial de Granada, la defensa recuerda el caso de López Martínez, por el que  España fue condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Desde la organización aseguran que la Justicia estaría actuando de manera semejante, por “no llevarse a cabo una investigación efectiva, no identificar e interrogar a los policías implicados, ni evaluar la proporcionalidad de sus acciones respecto a un caso de uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

En respuesta a las alegaciones de la defensa, el 31 de mayo, la Sección primera de la Audiencia Provincial de Granada desestima el recurso de apelación. Este último auto se centra en la tramitación formal de la denuncia.

Esta semana la APDHA ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional con el fin de “anular las resoluciones judiciales impugnadas, retrotrayendo las actuaciones al momento de la interposición de la denuncia”. Al mismo tiempo, el denunciante solicita que se dicten órdenes “más respetuosas con el derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir tortura ni tratos inhumanos o degradantes que permitan continuar con la investigación y, eventualmente, el enjuiciamiento de los hechos que dieron origen a esta demanda”. 

Diciembre de 1992. El entonces guardameta del Rayo Vallecano, Wilfred Agbonavbare, más conocido como ‘Willy’, frenaba los goles del Real Madrid mientras a sus espaldas los cánticos racistas inundaban el estadio Santiago Bernabéu: “Negro, cabrón, recoge el algodón”, “¡Ku Klux Klan!”. Ante la prensa, el portero restaba importancia a lo sucedido: “Soy moreno y, habiendo parado como hoy lo he hecho, esperaba que la gente me chillase”.  

Abril de 2021. Corre el minuto 30 del encuentro entre el Valencia y el Cádiz, cuando los jugadores Mouctar Diakhaby y Juan Cala comienzan a increparse. El defensa del conjunto ché denuncia que Cala le ha llamado “negro de mierda”. Sus protestas se traducen en una tarjeta amarilla. Tras discutir con el árbitro, abandona el terreno de juego. Sus compañeros le acompañan y el encuentro permanece detenido durante cerca de 20 minutos, pero se reanuda tras la advertencia del árbitro de una posible “sanción excesiva” contra el club. El futbolista del equipo gaditano lo niega. LaLiga ha abierto una investigación interna para esclarecer los hechos. Buena parte de la prensa deportiva se vuelca con el defensa francés.  

Aunque el Valencia C.F. se convirtiera en el foco de parte de las críticas por no suspender el encuentro, la decisión de los jugadores de abandonar el campo junto a Diakhaby durante unos minutos ha supuesto un hecho histórico sin precedentes en el fútbol español y rompe con la habitual normalización del racismo en el fútbol. “El Valencia ha hecho más que ningún equipo en España, ninguno había decidido plantarse ante una situación como esta”, señala Alberto Edjogo Owono, exfutbolista ecuatoguineano de origen español y actual comentarista de partidos, quien también ha sufrido el racismo en el campo. 

A pesar de este paso, la imagen de Diakhaby en el banquillo, destrozado, evidencia que aún queda mucho por hacer para atajar los episodios racistas en el fútbol o saber actuar ante ellos. “El mensaje poderoso que se lanzó ayer es que la persona que se siente agredida, que se siente víctima, es quien se queda fuera del partido”, dice el autor de “Indomable', un libro sobre el impacto del fútbol africano en la sociedad. Edjogo, sin embargo, no está de acuerdo en responsabilizar a los jugadores del conjunto ché por su decisión de continuar el juego. Pide mirar más allá. 

Según un comunicado del Valencia, el Club “en ningún momento insta a sus jugadores a volver al césped” sino que “el árbitro traslada a los jugadores las potenciales consecuencias de no volver al terreno de juego”, que se traducía en la pérdida de tres puntos. “Los jugadores, forzados a jugar bajo amenaza de penalización después de los insultos racistas y la tarjeta amarilla a Diakhaby, deciden regresar al terreno de juego” con la aprobación del defensa del equipo valencianista, que permanece en el banquillo. 

“Falta de protocolos claros”

¿Por qué el Valencia se enfrentaría a una sanción por abandonar el campo para apoyar a su jugador? La falta de protocolos establecidos en LaLiga ante actos racistas en el campo es, para Edjogo, parte del problema: “Ni el equipo, ni el árbitro tienen la potestad para decir que ese partido no continúe, y ese es el error de base. El reglamento dice que si abandonas un partido, se entiende que no compareces y pierdes el partido y tres puntos, lo que deja al club en una situación complicada”. La Real Federación Española de Fútbol y La Liga “deberían crear un protocolo de competición que permita a los profesionistas determinar que ese partido se está desarrollando en circunstancias anómalas por abuso racial”. Esta escasez de herramientas claras, considera el experto, “dejó en el limbo” a los jugadores y “el Valencia, por miedo, continúa el partido”. Para poder suspender un partido por esta razón sin acarrear una desventaja no basta la petición de uno de los clubes, añade, sino que debe ser acordado por cinco actores del encuentro: LaLiga, la RFEF, el árbitro y los dos equipos. A este supuesto de la normativa se acogió la decisión de detener el encuentro entre el Rayo Vallecano y el Albacete de diciembre de 2019, después de que parte de las gradas llamase nazi a Román Zozulya, a quien se le ha podido ver posar en diversas imágenes exhibiendo símbolos fascistas.

“Con la facilidad que hay con las nuevas tecnologías, se podría parar el partido, revisar y ver qué ha sucedido antes de reanudarlo pero, como no hay un protocolo, como no se tipifica esa situación, todo queda en el limbo y el equipo valencianista por miedo continúa el partido”, dice el experto.

Otra de las estrategias que, según el comentarista, podía haber activado el Valencia pasa por abandonar el césped, aún con la posibilidad de ser sancionado, para después elevar los hechos a altas instancias, como el comité anti-violencia. “Pero en caliente se tiene que tomar una decisión rápida, y tanto Diakhaby, que parece ser quien comunica a sus compañeros que continúen el juego, porque no quiere ser responsable de la pérdida de puntos de su equipo, como el club, se sienten maniatados”, indica.

El comentarista deportivo destaca otro hecho “valioso” que siguió a la denuncia del jugador del Valencia y marca la diferencia de épocas pasadas: la reacción de la prensa deportiva. Sobre ellas destaca una portada, la del Marca, teñida de negro, con la imagen de Diakhaby derrumbado en el banquillo bajo el titular: “No estás solo”, que recuerda al lema  'Yo sí te creo' utilizado por el movimiento feminista para apoyar a las víctimas de violencia sexual.

El presidente del Valencia, Anil Murthy, en un vídeo grabado junto a Diakhaby, ha mostrado el apoyo incondicional de todo el equipo a su jugador y ha pedido un cambio de normativa que permita confrontar estas situaciones en el campo de juego. También ha señalado que lo sucedido contra el Cádiz en el Ramón de Carranza supuso un paso hacia atrás en la lucha contra el racismo. Por su parte, Javier Tebas, presidente de la liga, ha comentado que la reacción del defensa francés invita a pensar que “algo pasó”, aunque defiende la actuación del colegiado de reanudar el partido. Tebas ha anunciado la apertura de un procedimiento interno de investigación para aclarar lo sucedido.

Otros casos de racismo en el fútbol

La historia reciente del fútbol profesional está llena de sucesos racistas que han tenido reacciones dispares. Es icónica la reacción del exjugador del Barcelona Dani Alves, quien decidió comerse el plátano que le lanzaron desde la grada en un encuentro contra el Villarreal en 2014, donde recibió numerosos insultos racistas. Más reciente es el partido de Champions League entre el Paris Saint Germain y el Basaksehir turco, suspendido a finales del año pasado, después de que los jugadores del conjunto turco abandonasen el campo tras acusar al cuarto árbitro de un comentario racista. 

En línea con este cambio de tendencia, por el que los actos racistas empiezan a no pasar en balde en el fútbol español, destaca la primera querella interpuesta por la Fiscalía de delitos de odio de Barcelona contra dos aficionados del Español y un tercero, menor de edad, que profirieron en enero de 2020 gritos racistas al jugador del Athletic de Bilbao Iñaki Williams. El delantero del club bilbaíno declaró por videoconferencia el pasado mes de marzo, donde explicó ante el juez, que se sintió humillado e indignado. Según el criterio del fiscal, los gritos racistas contra Williams pueden constituir un delito de odio castigado con pena de prisión de seis meses a dos años y multa al haberse lesionado la dignidad del jugador mediante una humillación o menosprecio por motivos racistas. Es la primera causa abierta por racismo en un partido de Liga.

Iago Aspas, jugador del Real Club Celta de Vigo y Sergio García, exjugador del Español, también fueron señalados en 2018 por comentarios racistas en el terreno de juego. Ambos quitaron peso a las acusaciones, señalando que lo que sucedía en el campo se quedaba allí. Además, estos hechos no fueron recogidos por los diferentes colegiados, a pesar de las quejas emitidas por Jefferson Lerma y Samuel Umtiti, los afectados, por lo que no tuvieron una respuesta. “Mientras los protagonistas del partido no tengan la capacidad para decidir que el partido no se está jugando en situación normal, va a ser complicado que se frenen estas situaciones”, señala Edjobo, para quien “lo que pasa en el campo, no se queda en el campo, sino que es una extensión de nuestro día a día”.

“Hui de la cárcel de Marruecos para acabar en un CIE”, lamentaba Mohamed E. por teléfono móvil desde el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia, donde en la última semana han sido encerrados 16 activistas rifeños que participaron en las movilizaciones de Alhucemas de 2016, tras haber atravesado juntos el Estrecho con el objetivo de pedir asilo en España. De momento, solo seis de ellos han logrado formalizar su petición de protección internacional, de los cuales dos han quedado en libertad. El resto aún teme la ejecución de la orden de expulsión que recae sobre ellos y que les devolvería al país donde aseguran ser perseguidos por razones políticas.

Solo Mohamed y Jamal M. han conseguido salir del CIE en los últimos días y, desde su exterior, batallan por el resto de sus compañeros. Ambos han pasado por cárceles marroquíes debido a su participación en las movilizaciones rifeñas conocidas bajo el nombre de Hirak. Este movimiento de protesta surgió en Alhucemas a finales de 2016 tras la muerte de un comerciante de pescado a manos de las autoridades y que desencadenó una serie de manifestaciones que han sacudido Marruecos desde entonces.

Jamal es conocido entre la población rifeña en Marruecos y en la diáspora europea. Acostumbrado a ir siempre acompañado de la bandera de la efímera República del Rif (1921-1926), que dirigió el líder anticolonial Abdelkrim El Khattabi, actuaba como guardaespaldas de los líderes de las movilizaciones del Rif. Mohamed fue detenido por las autoridades marroquíes junto a quienes protestaban en las calles del Alhucemas. Fue acusado de organizar asambleas y movilizaciones sociales. Por este motivo, indica, acabó en la cárcel de Alhucemas y seis meses después, fue trasladado a la de Aïn Aicha, en la provincia de Taunat. Una vez en libertad, fue nuevamente detenido el pasado mes de diciembre, acusado de los mismos cargos por los que fue condenado.

“En el Rif nada ha cambiado, las condiciones que generaron las protestas sociales y la represión que las silenció continúan”, explica por teléfono Jamal. Ambos rifeños, nacidos en Alhucemas, llegaron en patera a las costas de Granada el pasado 18 de enero. Como consecuencia de su militancia, Jamal fue apresado en julio de 2017, fecha en que las autoridades marroquíes comenzaron a reprimir las protestas sociales, dando inicio a una serie de detenciones que llevaron a miles de rifeños a las cárceles. Fue condenado a dos años en la prisión de Oukacha (Casablanca), junto a otros integrantes del movimiento en igual que Mohamed, denuncia haber sufrido torturas psicológicas.

De los barrotes de la prisión a los del CIE

El juicio de Jamal fue simultáneo al de los líderes del Hirak, Nasser Zefzafi, Mohamed Jelloul o Nabil Ahamjik, que en la actualidad cumplen penas de entre diez y veinte años “por atentar contra la seguridad y la integridad del país, animar, organizar  y participar en manifestaciones no autorizadas, insultar instituciones públicas” y un largo etcétera de cargos. Amnistía Internacional denunció entonces las condiciones en las que se llevaron a cabo estos juicios. Estaban, decían, “plagados de irregularidades”. La ONG calificó a los condenados como “presos de conciencia”.

Unos meses después de cumplir su condena, Jamal fue nuevamente detenido en otra manifestación en la que mostraba la bandera del Rif. Por este motivo, en octubre del año pasado fue condenado de nuevo en sentencia firme a ocho meses de prisión incondicional acusado de “instigar contra la unidad territorial”.

“Cuando me detuvieron, los agentes me dijeron que o me callaba o me callarían para siempre”, señala Jamal. La sentencia le empujó a subirse a la patera junto a otros expresos y compañeros activistas del Hirak, que aún permanecen en el CIE con la esperanza de ser puestos en libertad e iniciar sus peticiones de asilo. El viaje casi acaba en tragedia, recuerda. Cuando empezó a entrar agua en su embarcación, un barco pesquero los localizó a unas horas de Motril. Jamal muestra las imágenes en las que trataban de achicar el agua de la lancha de goma, momentos antes de la llegada de Salvamento Marítimo. La mañana del lunes 18, llegaron a España con la voluntad de solicitar protección internacional.

La lucha por acceder al derecho de asilo 

Una vez en tierra, pasaron por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Motril (Granada), la extensión de los calabozos policiales donde los migrantes recién llegados por la vía irregular son sometidos a los primeros trámites de filiación. “Pasamos muchas penurias. La comida era muy mala y las mantas no cubrían del frío”, dice Jamal. En esa primera identificación, deberían haber tenido acceso a la petición de asilo, lo que hubiese evitado su entrada en el CIE. Sin embargo, los activistas aseguran haberse chocado con varias trabas para formalizarla.

Los rifeños denuncian supuestas irregularidades en el trabajo del intérprete que les asistió durante sus entrevistas con la Policía Nacional. “Una vez que estén todos fuera del CIE, hay intención de poner una queja a Interior y que se investiguen los hechos, no es la primera vez que algunos traductores por motivos ideológicos contrarios al Rif o al Sáhara no proceden correctamente. Aunque esta no sea una situación generalizada, existe”, señala Sergio Ramos, abogado que representa a estos rifeños. De momento, varias ONG presentaron una queja ante el Defensor del Pueblo en la que también denuncian haber recibido una asistencia jurídica deficitaria. En el escrito enviado a Francisco Fernández Marugán piden que se proteja el derecho al asilo de quienes aún continúan en el CIE de Murcia.

“España apenas ha respondido favorablemente a media docena de rifeños, en línea con el resto de Europa”, explica Reda Benzaza, uno de los portavoces del movimiento rifeño en la diáspora, integrante del Hirak, permanece exiliado en España tras huir de Alhucemas a Andalucía. Ramos señala que la mayoría de estas peticiones son denegadas al iniciarse el trámite, “nuestro objetivo es pasar ese escollo principal y que se estudie con detenimiento cada caso”.

Carta a Interior de eurodiputados

Tanto Jamal como Mohamed denuncian las malas condiciones sanitarias e higiénicas dentro del CIE. “Llevamos con la misma ropa desde el día que llegamos y una mascarilla que nos dieron al entrar al CIE hace días”, destaca. “La policía de aquí no se diferencia en nada a la de Marruecos”, añade.

Eurodiputados de diferentes grupos parlamentarios, entre los que se encuentra el Grupo de Izquierda, los Verdes y algunos independientes, han enviado una carta este viernes al presidente del Gobierno y al Ministerio del Interior en la que denuncian “las deficientes condiciones del CIE”, pidiendo la libertad de estos rifeños, así como el cumplimiento de su derecho a protección internacional. En línea con la eurodiputada navarra de Unidas Podemos, Idoia Villanueva, quien compartía en Twitter el email remitido a la  Comisión Europea en el que pregunta si España incumple protocolos de asilo al internar en el CIE de Murcia “a rifeños perseguidos en Marruecos”.

Mientras tanto, la mayoría de los que llegaron en patera hace diez días siguen privados de libertad, con una orden de expulsión y con la esperanza de que se reconozca su condición de asilados políticos. La única forma de evitar una expulsión a un país en el que “las amenazas son múltiples”, tal y como señalan Mohamed y Jamal. Ambos reflexionan acerca de lo que les espera en Marruecos. “Nos puede pasar cualquier cosa, lo mínimo, que nos atribuyan unos cargos inventados para encerrarnos nuevamente durante una larga temporada y así mantenernos callados”.

Con 27 años Rosa Cortés, una gitana malagueña, lideró un intento de fuga de las 53 prisioneras de la Casa de Misericordia en Zaragoza. Allí estaban presas las mujeres gitanas residentes en la península durante la “gran redada”, un intento de exterminio que tuvo lugar en todo el territorio español la noche del 29 al 30 de julio de 1749. La mujer abrió un boquete en una de las paredes del lugar donde estaban recluidas. Utilizó un clavo y una aguja.

Es una de las historias recopiladas en Resistencias Gitanas (Libros.com), el primer libro de Silvia Agüero (Madrid, 1985) y Nicolás Jiménez (Madrid, 1968), una pareja que lleva años de batalla contra el racismo antigitano en España. Una labor que comenzó a través de su blog 'Pretendemos Gitanizar el Mundo'.

El libro, en palabra de los autores, busca mostrar una narrativa alternativa “al imaginario construido en torno a las personas y la cultura gitana”, a través de una serie de historias en las que describen la vida de varias personas que resistieron el racismo de las instituciones y de la sociedad, en diferentes lugares y épocas.

Comienzan el libro dedicándolo a sus hijas e hijos, ¿cómo es el proceso de transmitir sus orígenes y que no se sientan desarraigados en una sociedad antigitana?

Generalmente, entre la población gitana, este proceso de transmisión es natural, tenemos un recuerdo colectivo de la persecución histórica a la que hemos sido sometidos y se lleva con orgullo. Sin embargo, es un proceso complicado porque nuestro niños y niñas podrían sentir rechazo por todo el racismo que sufren. La clave es naturalizar todo, que vean y entiendan la diferencia y diversidad del mundo. Explicarles que hay payos y hay gitanos, pero que dentro de estos grupos hay diversidad. Evitar que se sientan como un bicho raro. Aquí juegan una importante labor las escuelas, pero más bien buscan la reproducción de la sociedad que le interesa al poder, que no es otra que la transmisión de unos valores capitalistas.

En el libro, ponen nombre y apellido a personas gitanas que resistieron durante siglos haciendo gala de que lo eran. ¿Por qué es necesario recordarlas y qué puede significar para las generaciones más jóvenes?

La motivación es que nuestros hijos y la gente gitana más joven conozca a estos referentes a través de este enfoque de la historia. Todo lo que se ha dicho sobre gitanos, lo establecido y lo que la gente cree como cierto y verdadero, ha sido escrito por payos y no se cuestiona. Se da por válido porque lo ha dicho “un payo que sabe de gitanos”. Por esta razón, es necesario recopilar sus historias.

Hemos tenido la suerte de tener un público receptivo. Es de agradecer el apoyo recibido desde que lanzamos el crowdfunding para publicarlo. Es una de las cosas más bonitas que nos ha pasado. Demuestra que es posible lanzar proyectos sin depender de la financiación pública, porque esta es una trampa. En España se ha generado en las últimas décadas un enorme tejido asociativo, hay más de 500 asociaciones gitanas que al estar financiadas con subvenciones, tergiversan sus fines y acaban sirviendo al objetivo del Estado, que no es otro que la subordinación del pueblo gitano, como viene haciendo desde 1499.

¿Ven posible que desde el antirracismo y el feminismo más comprometido hagan suyas las luchas de las personas de narran en el libro?

Si de repente le diera a alguien por celebrar el 17 de mayo como el día de Gina Ranjicic (una de las historias que recupera el libro), poco habremos conseguido. Pero si la próxima vez que una editorial saque un libro de Papusza, en lugar de pedirle a una paya que lo traduzca desde la versión en polaco que hizo un payo hace décadas, lo encarga a una persona gitana, eso sí es un paso. Se trata, sobre todo, de que sientan como suyas esas historias. Como la de Rosa Cortés, que durante la Gran Redada lideró el intento de fuga de 52 gitanas haciendo un agujero en la pared con un clavo. El riesgo es que luchas como la suya se vacíe de contenido, como ocurrió en unas jornadas a las que me invitaron. En el cartel de la presentación aparecía Ángela Davis pero no había ninguna chica negra invitada. Si van a hacer eso con las referentes gitanas, mejor que no lo hagan. La narrativa ha de ser otra.

Hablan de la necesidad de una revisión de todo lo dicho y escrito sobre la población gitana. ¿Cuáles son las principales fuentes del conocimiento? ¿Qué rol juegan las personas gitanas en ese proceso?

Estamos es un estadio muy primitivo, las barreras que ha ido generando el poder limitan mucho el acceso a la documentación histórica que sabemos que está ahí. Por ejemplo, en Simancas (Valladolid) hay una caja llena de documentos sobre “la gran redada” pero no tenemos acceso a ella. No hay una política de fomento, divulgación o expresión de la cultura gitana. La contraparte se da cuando una paya catedrática de la Universidad de Sevilla, saca un libro sobre el samudaripen (genocidio gitano) y no aporta nada nuevo porque no hace investigación directa, recopila de aquí y de allí y con eso ya sale en los medios. Se aprovecha de su privilegio respecto de quienes no hemos podido llegar porque no nos han dejado.

En los últimos años, las muertes de Daniel y Manuel (en prisión) y la de Eleazar (en un estadio de fútbol) han reavivado el debate sobre la situación del pueblo gitano. ¿Por qué se vinculan estas muertes al racismo institucional ligado a la construcción de guetos y la segregación en las escuelas?

El sistema te condena del gueto a la cárcel, sin pestañear. Nuestros niños son potenciales agresores a los ojos de los payos. Con apenas cinco años, les tienen pavor y vierten sobre ellos la idea de que son peligrosos. La realidad es que son nuestros niños los que corren peligro de acabar como Manuel, Daniel o Eleazar. Este último, un caso absolutamente sintomático, una persona con una discapacidad psíquica absolutamente perceptible, pero una persona grande y morena, leída por los guardias jurados como un gitano que se quiere colar, así que le dan un palizón de muerte, sin contemplaciones. 

Hace poco leíamos en medios sobre una chica de la Cañada Real que iba a la universidad. Es una heroína. No porque los demás no sean inteligentes sino por lo que se permite a quienes viven allí. El antigitanismo, es un racismo sobre todo institucional, las instituciones lo perpetúan y esto tiene consecuencias directas en la educación de nuestros hijos. En las escuelas con alumnado mayoritario gitano, cada año la rotación del profesorado es total. No quieren a nuestros hijos y además, son conscientes de que no les beneficia a su currículo. Mientras se siga sin establecer una política encaminada a combatir el fracaso escolar, están perpetuando el statu quo. Con un 67% del fracaso escolar en la población gitana sostenido a lo largo de la historia de la democracia española, se han de facilitar mecanismos para revertir la situación. Estos datos los tienen en el Ministerio de Educación y en todas las consejerías de educación, pero les da igual. La exclusión es un negocio, y si está basada en motivos raciales y étnicos, es más perdurable. Un blanco puede dejar de ser pobre, pero los que no somos blancos no podemos dejar de no ser no blancos.

En la actualidad, cobra fuerza el debate sobre la recopilación de datos desglosados en raza y etnia para conocer la diversidad social y las condiciones de vida de las poblaciones racializadas, pero también plantea peligros…

La sociología y las técnicas demoscópicas permiten hacer investigaciones cuantificando problemas sin necesidad de vincularlo al padrón, porque asociar este a categorías étnicas sería un error, pero conocer la composición de la sociedad a nivel local, autonómico, provincial, edad, nivel de estudios, salud… es fundamental. No se hace porque evidenciaría el racismo y a quién se beneficia de él. Evidenciaría, por ejemplo, el engaño que es señalar que la educación es nuestra salvación cuando la práctica totalidad de la población universitaria gitana, leída como gitana físicamente, por sus apellidos o por vivir en un barrio cuya dirección pueda denotar su gitanidad, acaba trabajando para una ONG, viviendo de la venta ambulante o en el paro.

En pandemia, ¿cuáles son los principales problemas que afronta la población gitana?

En primer lugar, como no hay datos desglosados por etnia, no sabemos si la incidencia de la propia enfermedad es mayor o menor respecto del resto de la sociedad. A nivel económico, los mercadillos de venta ambulante han estado mucho tiempo cerrados. Durante el tiempo que les permitieron abrir, lo han hecho bajo condiciones tremendas que no se han impuesto a otro tipo de comercios, como por ejemplo que solo se permita la apertura de un tercio de los puestos. No ha habido ningún tipo de ayuda para ellos. La gente dedicada a la recogida de chatarra no ha vuelto a salir a la calle. Quienes se dedican a la música, que son una buena parte de la población gitana, llevan mucho parados. Lo mismo con los feriantes. Todas las posibles salidas están cerradas. La situación es muy complicada.

¿En qué se traduce que el Estado español no otorgue al pueblo gitano su condición de minoría étnica o cultural?

El máximo pronunciamiento oficial es habernos dejado en el limbo y fuera de la Constitución. Los padres constituyentes no han echado cuenta nunca de la situación del pueblo gitano. No hay tampoco en la actualidad un reclamo social. La articulación de la población gitana en España es mínima, como ya hemos dicho antes, hay mucho asociacionismo y ONG, pero no tienen unos objetivos de lucha ni antirracistas, ni políticos. En el mejor de los casos, hacen asistencia social. La población gitana española sobrevive al día, no se les puede pedir más. No podemos pedir que todos vayan como Silvia y yo haciendo pedagogía, mostrando otras formas de vivir distintas a las que nos imponen. La inmensa mayoría de la población gitana está en riesgo de pobreza extrema. 

Hind es marroquí y tiene 16 años, de los cuales lleva 15 en España. Le gusta dibujar, leer y aspira a ser pintora o modelista, “aunque abriendo los ojos y viendo las injusticias que hay”, le entran ganas de ser “alguien con voz”, señala, para así poder cambiar algo en este mundo. Quiere estudiar Derecho, pero antes quiere cursar bachillerato de ciencias sociales. Para ello eligió el I.E.S Alberto Pico, ubicado en Santander (Cantabria), con una modalidad bilingüe que solo se aplica en ese instituto, pero sus aspiraciones se ven truncadas cuando, una vez matriculada, acudió al centro. “No me aceptan con hiyab, solo me dejan entrar sin él, pero mis convicciones religiosas van conmigo, porque si no las aceptan tampoco me aceptan a mí”, añade.

En la misma situación se encuentran Nadia e Imane, esta última utiliza un nombre ficticio para proteger su identidad. Ambas viven en Madrid. Nadia eligió el I.E.S. Barajas, ubicado en la capital, mientras que Imane, el I.E.S. Prado de Santo Domingo, en Alcorcón. Ambas fueron recibidas de la misma manera: “No puedes asistir con hiyab”.

Nadia relata que al acudir al IES Barajas le dijeron que debía esperar en secretaría. Acto seguido una funcionaria le comunicó que no podía asistir a las clases con hiyab y Nadia le solicitó hablar con la persona responsable de esa decisión. Se presentó el secretario del instituto para comunicarle que, en efecto, se le aplicaría tal prohibición. Nadia grabó la conversación “sin pensar”, comenta, “me consolaba saber que lo estaba haciendo”. Hind, por la gravedad del suceso y la impotencia que sintió, hizo lo mismo: “hay muchas chicas que, seguramente, estén pasando por lo mismo y puede que no estén lo suficientemente enteradas de hasta qué punto es legal, y tienen que saber que tenemos voz, que, si no nos dan nuestros derechos, gritaremos por ellos hasta conseguirlos”. 

Cuando Imane llegó al I.E.S. Alberto Pico sintió “miradas raras”. Se disponía a entrar en clase cuando una funcionaria le dijo que no podía hacerlo “con la cabeza cubierta”, y, tras preguntarle el motivo, ésta le remitió a una norma que hace referencia a la prohibición de capuchas y gorras. Imane decidió acudir a secretaría y, tras una breve conversación, una funcionaria le espetó que, “al igual que yo en tu país no puedo ir destapada, tú tampoco puedes ir aquí tapada”. Este centro ya fue denunciado públicamente cuando impidió a otra joven musulmana matricularse. Imane lo tiene claro, si la decisión no cambia, intentará hacer un traslado de matrícula a otro centro y recuperar los días de escolarización perdidos, pero que no renunciará a su libertad religiosa porque lo ve como “una falta de respeto” hacia ella, sus principios y sus derechos.

“Todos los centros que se apoyan en la normativa de no poder llevar una capucha o un gorro en clase, esconden islamofobia detrás y, aun existiendo esta normativa, habla de accesorios. Mi hiyab no es un accesorio de quitar y poner”, señala Hind quien, después de recorrer diferentes vías administrativas −reunión con la directiva, contacto con inspección, consejería de educación…− ha lanzado una campaña para recaudar apoyos y que el Parlamento de Cantabria le responda a una sencilla pregunta: “¿Por qué no puedo ejercer mi derecho a la educación sin tener que renunciar a mi identidad?”. La campaña cuenta ya con más de 560 firmas y promete seguir creciendo.

Nadia recibió el mismo argumento, “me dijeron que al igual que los alumnos tienen prohibido usar el teléfono móvil y que la gente vaya con gorras y capuchas, eran normas y se debían cumplir. Me parece absurdo que se comparen este tipo de cuestiones con un derecho constitucional”. Por ello, comenta que, aunque se llegara a cambiar la norma, ha decidido no cursar sus estudios en este centro, aunque le gustaría que ninguna otra chica tuviera que enfrentarse a lo mismo. Asegura que, a raíz de hacer público su caso, le han llegado cientos de mensajes testimoniales y de apoyo: “estoy en contacto con muchas chicas a las que les ha pasado lo mismo”. “A quienes elegimos ponernos hiyab nos gustaría dejar de vernos ante situaciones así y poder acceder a la educación sin tener que renunciar a lo que consideramos que es nuestro”, concluye.

Los tres centros señalados se promocionan, mediante sus valores y estatutos, como espacios inclusivos que respetan la diversidad y fomentan la multiculturalidad, algo que, como vemos, no se materializa en el respeto a la identidad, la integridad y la dignidad personal, así como el respeto hacia la libertad de conciencia y convicción ideológica, religiosa y moral de estas jóvenes. Lo que sí observamos es una flagrante vulneración de su derecho a la igualdad, a la dignidad, a la libertad religiosa y al libre acceso a la educación, entre otras. 

Trasfondo histórico 

 No es posible disociar lo ocurrido en estas situaciones de las barreras a las que se enfrenta, a nivel estructural, la población musulmana en España. En “La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista” Ainhoa Nadia y Salma Amazian analizan “cómo el racismo hacia personas y comunidades de tradición musulmana hunde sus raíces en la islamofobia histórica y estructural” imperante en España. Durante el análisis de esta continuidad histórica, citan algunas de las leyes que lo han posibilitado, un ejemplo es la enumeración de Juan Goytisolo, que señaló una serie de pragmáticas antimusulmanas, entre las que se encuentra la aprobada por el Cardenal Cisneros en 1499 que daba a elegir entre conversión al cristianismo o expulsión del territorio. Más tarde en 1516, se forzó a la población musulmana a abandonar su vestimenta característica y en 1562 se prohibió a los granadinos la lengua árabe. Resulta complicado no esbozar un paralelismo entre la islamofobia descrita y lo ocurrido en los tres institutos señalados.

El conocimiento de la historia debe servir para luchar y acabar contra las violencias estructurales que, pese al paso de los siglos, siguen imperando en la burocracia y la política de los Estados. El docente e investigador Fernando Bravo López describió en “¿Qué es la islamofobia?” la naturaleza de éste fenómeno, capaz de combinarse con diferentes ideologías y mezclarse con formas de intolerancia religiosa y racismo semejante al antisemitismo. “El antisemitismo fue una reacción contra la emancipación e integración de los judíos en la Europa del XIX que se basó en el antijudaísmo para legitimar la desigualdad jurídica de los judíos y propiciar su discriminación y segregación”, señala.

“Su integración no es posible, y, por lo tanto, la protección ha de ser la no concesión de un mismo estatus jurídico a quienes suponen una amenaza”, postulaba entonces el antijudaísmo. El mismo proceso seguiría en la actualidad la islamofobia. La presencia de población musulmana genera la reaparición de un contexto de emancipación. Por ello, cuando se señala a la población musulmana como una amenaza desde postulados islamófobos, no es de extrañar que se reproduzca una reacción contra esa emancipación y que éstas gocen de respaldo social. Exactamente lo mismo que están reproduciendo estas instituciones públicas que, bajo el amparo de normativas vigentes, pretenden situar a Nadia, Hind e Imane en una dicotomía insalvable: el acceso privativo y excluyente a una educación que se presenta como libre, accesible y respetuosa, pero que no lo es, o su propia libertad individual, su libertad religiosa.

“Bilbao. Un chico con problemas psicológicos que estaba en la calle detenido y agredido por la policía a pesar de que su madre ha salido a explicarle a los agentes su situación. La madre del chico trata de explicar a los agentes pero estos responden agrediéndola y lo mantienen detenido. Los vecinos que están siendo testigos de la agresión protestan desde sus balcones”.

Se trata de una de las últimas agresiones policiales denunciada en redes sociales por el periodista valenciano Miquel Ramos, quien está haciendo una recopilación diaria de los abusos policiales durante el estado de alarma. Habla de una madre y su hijo magrebíes brutalmente reducidos en el bilbaíno barrio de San Francisco, tomado policialmente hace unos días y que, cuenta con un largo historial de violencia policial contra personas no blancas.

Es importante señalar esto último porque existe una violencia policial específica que se da contra unos cuerpos determinados, migrantes y racializados. Esta es la violencia policial racista que ubicamos dentro del racismo institucional en una sociedad donde el racismo es estructural.

Las redes sociales se han convertido estos días en un espacio de reacciones que demuestran que recién se está descubriendo este tipo de violencia. Es ahora, en una situación de excepcionalidad que lleva a un encierro forzado por coronavirus que visualizan desde sus balcones, y desde sus pantallas, cuán peligroso puede ser encontrarse con un agente de policía y cómo las consecuencias varían según cómo sea leída la persona por el agente, en términos raciales.

Hemos dicho antes, que ahora la población general puede entender como es vivir expuesto a las identificaciones por perfil racial, tan denunciadas y por las que este país ha sido condenado. No obstante, lo que para una persona blanca española puede ser algo anecdótico y molesto, para una persona migrante y racializada es una cotidianidad que puede acabar con un fatal desenlace, desde los abusos a la expulsión del país.

Para comprender esta actuación policial es fundamental entender que quienes la llevan a cabo no “son manzanas podridas dentro del cesto” que acaban dando “mala imagen al resto”, en una estructuralidad racista, el cuerpo policial como garante del orden, refuerza el orden establecido que no es otro que un orden racista. Como señala Ainhoa Nadia Douhaibi, educadora social e investigadora de los dispositivos racistas del Estado, este es un “cuerpo corporativo que actúa como representante de la seguridad determinando qué es y qué no es seguro, en base a mandatos políticos que garantizan el 'orden público' que los gobiernos determinan”.

El control policial racista es la extensión del control fronterizo, solo que se da dentro de las fronteras contra aquellos que han conseguido cruzarlas. La frontera la marcan aquí los cuerpos de las personas, por eso esta violencia contra las y los no blancos es extensible a la población gitana, a quienes se aplican los mismos dispositivos racistas. Selim Nadi explica que el Estado “a través de la experiencia de su violencia física organizada: ¡la policía! Los no blancos son las principales víctimas de la violencia y los homicidios policiales. Encerrándolos, reprimiéndolos cuando se manifiestan, controlándolos constantemente en las calles, el Estado cumple con su papel de coacción e impone a los sujetos post-coloniales una amenaza permanente que pretende su inmovilización política”.

Esta forma de proceder desde la institución lleva años siendo denunciada por personas migrantes y racializadas, y colectivos y asociaciones antirracistas que, a diario, reciben numerosas quejas y testimonios de abusos y atropellos por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es ahora que una sociedad hipersensible a la cuestión, ve en estos abusos la posibilidad de ser aplicados sobre cualquiera, aunque en diferentes grados, porque la consecuencias no son iguales para todos. De la misma forma que, el cierre actual de fronteras no hará que la población blanca europea sienta en sus pieles lo que implica enfrentarse a las políticas de control migratorio, porque estas medidas son para proteger a una ciudadanía no para alterar el orden racista y colonial determinado por unas reglas que impone manu militari el Norte sobre el Sur Global.

Tenemos que insistir, los cuerpos afectados por el perfil racial son los cuerpos no blancos, que entran en esta relación de poder como sujetos sometidos a redadas, persecuciones y abusos construidos desde categorías sociales asociadas a la peligrosidad, el crimen y la delincuencia almacenada en nuestro imaginario social durante años y vinculadas a la idea de raza. Una idea que jerarquiza a personas y grupos sociales a los que atribuye unas características sociales, culturales y físicas compartidas, al tiempo que establece diferenciación con el resto de población blanca española. En el momento en el que se da esta asociación, se produce una racialización y entonces posibilita el uso de perfiles raciales, como sostiene Douhaibi, siguiendo a Gilroy en 'The myth of black criminality' y a Tania Patel en 'Race, Crime and Resistance'.

Llevamos tiempo asistiendo a esta criminalización, que alimenta y normaliza la discriminación. En consecuencia, se ha venido generando una indiferencia en el espectador, que con frecuencia se traduce en impunidad del agente por la normalidad de que identifique y actúe de forma abusiva contra unos cuerpos que son, según el imaginario social “los más peligrosos”. La exhibición de las paradas por perfil racial, han venido reforzando el estereotipo que tienen las personas blancas al asociar crimen con determinados grupos raciales. Mientras, las personas identificadas se hallan entre el miedo y soledad a pesar de verse rodeados de viandantes. Esta práctica que tiene lugar dentro de las fronteras españolas ha servido y sirve para recordarnos quién pertenece y quién no.

Además, la indefensión y el riesgo se incrementa cuando estas identificaciones se dan contra personas en situación administrativa irregular. En este último caso se observa con más claridad el funcionamiento del racismo institucional, donde las redadas y el uso del perfil racial son parte del engranaje que antecede ser encerrado en un CIE y después deportado.

Pongámonos en el supuesto de que una de esas actuaciones abusivas grabadas desde los balcones se dan contra una persona en situación irregular, nada nos garantiza que no se vayan a aplicar la expulsión del país en un contexto en el que el Gobierno español se niega a cerrar los CIE y parar los vuelos de deportación, cuando organizaciones como SOS Racismo Madrid señalan desde hace años que las personas que denuncian abusos en los CIE son expulsadas aprovechando su estatus administrativo.

Es momento de confrontar las violencias porque igual que el COVID-19 afecta de forma diferente según la clase social, afecta de forma desigual según la condición racial. Desde la plataforma Defender a quien Defiende han remitido al Ministerio de Interior una serie de abusos policiales documentados en los que piden que se investigue los abusos policiales cometidos en el marco de la crisis del coronavirus y recuerdan que el estado de alarma no es excusa para la violencia policial.

Otros colectivos como el Comité de Emergencia Antirracista y SOS Racismo Catalunya están lanzando campañas para denunciar y visibilizar en redes sociales a través de HT como #EmergenciaAntirracista y #QueSeVeaelRacismo. Al mismo tiempo, colectivos organizados contra el Antigitanismo, como Kale Amengue denuncian que el Estado de Alarma está sirviendo para aumentar la violencia hacia las personas racializadas, por lo que exigen a la población grabar las actuaciones policiales para su control. Para que ningún abuso quede impune.

¿A quién beneficia el relato de la lucha contra el terrorismo? Esta es una de las preguntas a las que pretende responder el libro La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista, escrito por Ainhoa Nadia Douhaibi (Oñati, 1983) y Salma Amazian (Ait Fawin, 1988). Las autoras buscan desvelar a través de un análisis histórico, social, político, judicial y penal, cómo el racismo hacia las personas y comunidades de tradición musulmana “hunde sus raíces en una islamofobia estructural perpetuada desde los aparatos del Estado”.

Editado por Cambalache, se trata de una publicación en el que las investigadoras pretenden centrar el debate sobre la islamofobia, “al margen de estereotipos, exotizaciones y la criminalización” con la que las instituciones describen a la población musulmana, indican las autoras.

Este objetivo solo es posible, sostienen, mediante la transformación de los términos habituales en los que se viene hablando de islam, musulmanes y terrorismo en medios de comunicación, universidades y prácticas institucionales. Su finalidad es abrir un debate sobre el racismo que subyace en la política antiterrorista. 

¿Qué sentido tiene hablar hoy del moro-musulmán?moro-musulmán

El libro nace como un análisis del aparato del Estado en materia de prevención de la radicalización que llaman “yihadista”. Cuando te empapas de la documentación institucional en la materia o acudes a formaciones que se realizan en este sentido, organizadas por instituciones u organizaciones que trabajan para ellas, resulta que el objeto-sujeto del que se habla es un cuerpo moro-musulmán “radicalizado”. Nos parecía importante hablar del moro porque esta política se piensa y construye contra él. El target no lo hemos decidido nosotras, sino las políticas de Estado. Eso no quiere decir que no haya otros cuerpos, no negamos la expansividad de esta política, por eso hacemos un análisis histórico.

Es importante señalar que ese sujeto-objeto es construido y cambia dependiendo del estado-nación en un contexto europeo. En el contexto español, la construcción de un Otro musulmán se materializa mediante la asociación del mismo con la peligrosidad. La idea del moro, entendida como categoría colonial que lo deshumaniza y asocia con lo árabe. Aunque nosotras queremos salir de los paradigmas culturales ya que no entraría solo el árabe, también la gente pakistaní o amazigh, entre otros. Lo que en el mundo anglosajón se conoce como “brown-people” [personas racializadas].

Esto no quiere decir que las políticas que desgranamos no se desarrollen contra otros musulmanes, especialmente racializados y provenientes de las migraciones postcoloniales. Hoy en día observaremos que en el Estado español, los barrios sitiados policialmente son los que habita ese sujeto-objeto y la justificación es precisamente la reproducción del relato en torno a la “vigilancia por seguridad”. Por ejemplo, en Granada, el barrio donde está la policía es el Almanjáyar, con una mayoría de población principalmente conformada por moros, negros y gitanos. 

 ¿Dentro de todo musulmán hay un potencial terrorista?

Arun Kundnani dice en el libro The Muslims Are Coming! que la “radicalización” es la lente a través de la cual hoy se observa a la población musulmana a nivel internacional. Esa idea de que hay un potencial terrorista dentro de cada musulmán tiene que ver con cómo se desarrolla la criba sobre “quiénes tienen el riesgo dentro”.

Las teorías en materia de radicalización señalan una determinada forma de entender, ver, vivir, practicar o proponer el Islam. Si en el centro de las teorías de la radicalización está la idea de que una determinada forma de creencia es la que conlleva una predisposición psicocultural al desarrollo de la radicalización, lo que se viene a decir es, se vigilará a toda la población musulmana y ya se hará la criba entre aquellos que determinemos como “radicales”. Eso sucede porque el núcleo de vigilancia es el islam y lo que tiene que ver con él, esto automáticamente coloca bajo sospecha a toda la comunidad musulmana. 

Al final, estas políticas tienen un carácter expansivo. Esto lo vemos entorno a lo que desde los aparatos del Estado llaman un islam “moderado”, que no sería más que aquel que perciben los mismos como menos manifiesto a nivel social y político, lo que nos lleva a pensar a los propios musulmanes que para nosotros y nosotras hay una salvación a la que agarrarnos para no entrar en el ojo de las políticas preventivas.

No obstante, esto no es así, cualquiera puede entrar, tanto si es “visiblemente musulmán” según el estereotipo, como si lleva una forma de vida moderno-occidental. Además, en un ámbito teológico, te das cuenta que los aparatos del Estado marcan un discurso basado en el más absoluto desconocimiento. Emplean términos que solo cobran significado debido al machaque mediático, sin embargo, cuando se les pregunta, no saben responder o dan respuestas que no se sostienen. Lo más peligroso de todo esto, es que estas políticas acaban siendo, como dice Salman Sayyid, “instrumentos disciplinadores”. 

¿Hay continuidad histórica entre las medidas de prevención y persecución contra personas no blancas y los programas antiterroristas de hoy?

Era necesario describir cómo históricamente se ha venido definiendo a este Otro como peligroso, señalar como se ha desarrollado la construcción misma del Nosotros y Ellos. La primera parte del libro busca enmarcar la política antiterrorista dentro de un continuo de racismo de Estado hacia el moro o hacia el Otro racializado en la historia misma de la creación del Estado español. Esto tiene la finalidad de romper con esa premisa que sostiene que las leyes antiterroristas responden a los atentados actuales, argumentación desde la que buscan legitimar estos dispositivos de prevención y control.

Es necesario señalar que no son nuevos, sino que muestran la continuidad del racismo institucional hacia las comunidades racializadas. Esto es visible, por ejemplo, cuando bajo el paraguas del terrorismo se acaba justificando expulsiones del país de personas a quienes únicamente se les ha colocado la sospecha encima. Es necesario mover el debate hacia otras coordenadas porque hay un consenso social que justifica esta política. 

 ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación y lo que se denomina como “academia blanca” en la construcción de ese relato?

Los planes contra la radicalización llevados a cabo por las instituciones se vienen realizando desde las universidades públicas. Quienes hacen esas investigaciones son sociólogos, antropólogos… además, en la academia este tema ha entrado de lleno, tenemos másteres centrados en la radicalización para que la gente aprenda a detectar y prevenir. Es cierto que hay gente que intenta ocupar lugares dentro de la academia para tratar de cambiar las cosas, pero hay que tener en cuenta que esta institución es parte del Estado que acaba legitimando la estructura racial y aquí, lo hace construyendo el conocimiento sobre el Otro que después se emplea para vigilar y castigar. La academia, los académicos, deben asumir su responsabilidad porque su trabajo tiene usos policiales. Hay que exigirles un posicionamiento político.

Los medios también forman parte del mismo aparataje. El Estado son sus organismos oficiales (administración, instituciones, gobiernos…) pero también sus tentáculos. Esto lo vemos cuando los medios informan con todo detalle sobre personas acusadas de ser sospechosos de “radicalización”. Se difunden estos hechos pero buena parte de los casos quedan en nada y ningún medio habla de estas absoluciones, contribuyendo a alimentar ese imaginario alarmista que se necesita para seguir legitimando las políticas que señalamos.

¿Quién y en base a qué decide qué es terrorismo?

En el Estado español hay más gente muerta por otras violencias antes que por lo que han denominado “terrorismo yihadista”, sin embargo, hay una creencia de ciencia cierta de que en cualquier momento puede pasar algo. Eso es una especie de delirio porque aunque tu muestras pruebas de lo contrario, no sirven para descreer. Se sigue creyendo en “la gran amenaza”.

El Estado decide qué es terrorismo en base a sus intereses. Identificar al terrorismo permite el despliegue de cualquier tipo de violencia, de la que el Estado tiene el uso legítimo, para lo que determine que altera el orden. Si algo afecta a mis intereses y se determina que es una amenaza terrorista se está hablando de que atenta contra la forma de vida general y por lo tanto, se puede emplear todos los medios necesarios contra ella. 

¿Cómo evalúa el Estado si hay un proceso de radicalización? 

En materia de prevención del “terrorismo yihadista” el sistema de indicadores no es propio, está creado a nivel internacional con Estados Unidos y países europeos que han sufrido atentados. Podíamos intuir cuáles eran esos indicadores pero no lo sabíamos a ciencia cierta hasta que escuchamos grabaciones cedidas por docentes de la escuela pública catalana.

Se trata de formaciones obligatorias impartidas por los Mossos d'Esquadra en el marco de un programa impartido por la Generalitat a nivel educativo, con el fin de vigilar al alumnado musulmán y evitar que “se radicalice”. Aunque ante las denuncias públicas se han visto obligados a corregirse y señalar que se trata de aplacar todo tipo de radicalizaciones, en realidad son programas centrados en los musulmanes.

Estos audios demuestran que se emplean factores de riesgo generales como en cualquier política: marginalización, éxito educativo, desestructuración en el entorno familiar, itinerario migratorio… pero además, se usan factores particulares que serían los “indicadores de radicalización”, indicadores que no son más que la práctica religiosa islámica. A través de la creación de estos indicadores lo que se hace es criminalizar formas de práctica religiosa expresadas, que supone la activación de dispositivos de vigilancia que a menudo quedan en nada. Eso sí, después de poner en marcha una vigilancia extensiva hacia el entorno familiar y social del alumno que, en base a estos indicadores, es “sospechoso”.

Esta estrategia institucional no es nueva, en Reino Unido lleva años; sin embargo, allí despertó una fuerte crítica social que aquí no se ha dado. Esa presión obligó a hacer públicos los resultados de la política que puso de manifiesto que la vigilancia se centra específicamente en las comunidades musulmanas.

¿Qué implica tener al profesorado actuando como una prolongación del aparato policial? ¿Qué consecuencias tiene sobre el alumnado musulmán?

Por un lado, hay una legitimación del racismo en la educación pública que se ve reforzado por la defensa y participación del profesorado en su labor de vigilancia. Por otro lado, el alumnado musulmán está viéndose obligado a esconder su identidad, algo que es paradójico cuando las propias instituciones son las que dicen trabajar la idea de la pertenencia de los jóvenes migrantes o hijos de migrantes en España, mientras que estos dispositivos toman como factor de riesgo que un alumno o alumna no sea capaz de gestionar esta ambivalencia.

Es decir, se está impidiendo al alumnado musulmán expresar su religiosidad en un ámbito escolar porque conlleva sospecha y a su vez, es indicio de sospecha su ocultación. Tenemos conocimiento de que se han activado protocolos de vigilancia contra una alumna porque esta había decidido ponerse hiyab, a otro alumno por decir Allah u Akbar (equivalente a “Dios es grande”) u otros alumnos que mantuvieran una charla sobre lo que es haram (ilícito). No obstante, esto es solo un indicativo empleado por la policía para iniciar una investigación que no tiene como objetivo el individuo, sino la comunidad en su conjunto.

La idea de la prevención es un peligro en sí misma, se están coartando itinerarios vitales de adolescentes que ya de por sí están en edades complicadas. Se está obligando a estos menores a tener que elegir. Son las propias instituciones las que crean la vulnerabilidad contra la que dicen luchar. Si de verdad quieren acabar con ella, deberían combatir las formas de exclusión que impiden la existencia social y política de estas personas.

¿Es posible articular una respuesta contra el racismo de Estado?

El libro es un pretexto sobre cómo se puede articular una resistencia necesaria en alianza con otros movimientos y espacios. Hace poco, había una jornada antirrepresiva en Granada y no había ninguna persona mora-musulmana que participara, cuando el discurso islamófobo es central en el argumentario del odio, racista y supremacista actual. Hay una parte de resistencia de los movimientos sociales y políticos a hablar sobre estas cuestiones, también hay islamofobia estructural dentro de la izquierda que no se ha trabajado ni se quiere trabajar a día de hoy. A todo esto le sumamos que, cuando en estos espacios se nombra el islam, se genera automáticamente una actitud de rechazo y reticencia.

La izquierda no es capaz de salir de sus propias coordenadas entre lo religioso y lo espiritual para ver la cuestión racial en cuanto a la islamofobia dentro de las políticas de Estado. Este posicionamiento es uno de los límites que impiden entender el funcionamiento de estas políticas. La izquierda tiene que romper el pacto racial que mantiene con el poder, debe introducir la cuestión racial en su análisis social y político. Si no hace eso, difícilmente vamos a poder tener lugares de encuentro comunes.

Sin embargo, debemos señalar que cada vez hay más espacios permeables a los discursos del antirracismo, susceptibles de articular la lucha desde diferentes frentes, necesarios si queremos concienciar y sumar políticamente. Aunque hay límites, cuando se dejan de lado se articulan luchas y respuestas interesantes en materia de organización para romper con las narrativas hegemónicas. Decimos esto a sabiendas de que, en este país, levantar la voz contra el racismo tiene consecuencias laborales, sociales y políticas.

Durante el recorrido que ha tenido el libro ha contado con especial acogida en los movimientos anticarcelarios que trabajan más a pie de calle, estos movimientos conocen por experiencia estas políticas y sus consecuencias, pero no acababan de verlas y entenderlas en estos términos. A su vez, queremos que este libro sea un punto de inflexión que saque de la estigmatización a personas que son víctimas de estas políticas de Estado, que se pronuncien, que hablen, denuncien y se sientan acompañados. La gente tiene que saber que no está sola.

“Nasser nos ha dejado un legado que ahora depende de nosotros”, ha advertido Nabil Ahamjik, número dos del Movimiento Popular del Rif, después de la detención del líder de las protestas en el norte de Marruecos que comenzaron hace siete meses. Tras la captura y posterior traslado a Casablanca de Nasser Zafzafi, Ahamjik anima a la población a salir a la calle para exigir la liberación de los activistas rifeños y mantener sus reivindicaciones sociales. “Seguiremos la lucha pacífica hasta conseguirlo”.

A pesar del fuerte despliegue policial y el duro golpe recibido con la detención de su líder, el Movimiento Popular del Rif ha pedido mantener la resistencia mediante protestas pacíficas “contra el bloqueo y represión del Majzén [el poder del Palacio Real]”. Según considera Ahamjik, “las autoridades han evidenciado, mediante acusaciones infundadas y prefabricadas, la falta de independencia del Poder Judicial”.

Y lo hicieron. La represión no los ha callado. Miles de rifeños celebraron este martes una nueva protesta nocturna en la ciudad de Alhucemas para recalcar sus reivindicaciones económicas y sociales y exigir la liberación de la cúpula del movimiento. “El pueblo quiere la liberación del detenido”; “No a la militarización”; “En una palabra: este Estado es corrupto” y “Majzen, cuidado, todos somos Zafzafi”, fueron las consignas más repetidas en esa protesta que se desarrollo en un ambiente pacífico en el barrio de Sidi Abid, según informa Efe.

La población rifeña en el extranjero también se moviliza para dar respuesta a las detenciones. “Nos esperábamos este golpe, pero no con esta violencia”, explica Abdessamia M., activista del Movimiento del Rif en Madrid (Hirak Madrid), en alusión a la detención en los últimos días de 25 activistas. “Sabíamos que cuando al Majzén se le acabaran las herramientas iban a empezar con la política del miedo y la represión”, añade.

El líder de las protestas en el norte de Marruecos fue detenido después de que el pasado viernes se enfrentarse a un imam que había acusado en su sermón en la mezquita a los activistas de querer provocar un “cisma” en la sociedad.

El procurador del rey (fiscal) informó de que activistas del movimiento (25 en detención preventiva y siete en libertad) serán juzgados por “ultraje a las fuerzas públicas”, “violencia con consecuencia de heridas premeditadas”, “desobediencia armada” o “destrucción de vehículos públicos”, entre otros delitos.

Tras una audiencia de varias horas, el juez rechazó una solicitud para juzgar en libertad provisional a todos los detenidos y decidió aplazar la sesión, a la que acudieron una veintena de abogados para defender de forma altruista a los procesados.

Zafzafi, el símbolo de las protestas del Rif

Las manifestaciones en el norte de Marruecos comenzaron hace siete meses, tras la muerte de Mohssine Fikri, un vendedor de pescado que fue aplastado por la trituradora del camión de la basura cuando intentaba salvar el pescado requisado por las autoridades.

Desde entonces, Zafzafi se posicionó como líder de unas manifestaciones que no han cesado y que demandan derechos, mejoras sociales y económicas para una región “abandonada por el Estado”, según sus propias palabras. Este rifeño desempleado de 37 años regentaba un comercio, cerrado por falta de ingresos. Cuando llegó al lugar donde quedó destrozado triturado el cuerpo del vendedor de pescado, Zafzafi no dudó en gritar: “Otra víctima del régimen”.

Su discurso crítico con el Gobierno atrajo a una población asfixiada como él por la crisis económica. Desde entonces, se convirtió en el líder al que algunos han comparado con Abdelkrim El Khattabi, presidente de la efímera República del Rif (1921-1927).

Hace un mes, el Ejecutivo marroquí, presidido por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), acusó a los manifestantes de “separatismo” y de querer “instrumentalizar las reivindicaciones de la población” para perjudicar la integridad territorial. Poco después, el Gobierno envió cerca de 25.000 policías y militares a la ciudad de Alhucemas.

Esta actuación supuso un punto de inflexión en el tira y afloja del Movimiento y el Gobierno marroquí. “Nos esperábamos lo que vino después, porque las acusaciones venían a justificar las acciones posteriores y que han derivado en violencia”.

Cuáles son las peticiones sociales del movimiento

En las protestas y manifestaciones ondean desde el inicio las banderas de la república y retratos de Abdelkrim, elementos asociados al independentismo. Sin embargo, el propio Zafzafi defendía que se trataba de símbolos que representan “a grandes luchadores de nuestra historia, recordados por la gente”, y que eso les “fortalecía”. En repetidas ocasiones, negó reivindicar la independencia para el Rif. Sí insistía en la necesidad de una mayor autonomía para la región, porque “se toman decisiones políticas desde Rabat con las que no nos identificamos”.

La “hogra” (humillación, opresión y desprecio de las autoridades) es la palabra empleada por los manifestantes desde el inicio de las protestas para referirse a estas políticas. Desde entonces, la población de Alhucemas grita contra la corrupción, la militarización de la región, la falta de universidades, la carencia de salidas profesionales y la ausencia de hospitales de calidad. Hoy suma a su causa la liberación de los presos.

Abdessamia critica la tendencia del Estado alauí a emplear la violencia contra la población del Rif a lo largo de toda su historia. “A diferencia del pasado, hoy se retransmiten en directo detenciones ilegales y represión”, por lo que desde el movimiento se esperaba que este hecho “contribuyese a vigilar las acciones del gobierno, pero vemos que las prácticas son las mismas”.

Expulsión de un periodista argelino

Este martes el periodista argelino, Yamel Alilat, del diario El Watan, fue expulsado del territorio marroquí. La ONG Reporteros Sin Fronteras en el Norte de África ha alertado de la suspensión de la web Rif24.com, que ha cubierto los acontecimientos desde el inicio. Su director, Mohamed El Asrihi, se encuentra desaparecido, según la organización.

La población rifeña en el extranjero creó hace un mes en Bruselas un grupo de coordinación europeo, integrado por comités de diferentes lugares de Europa, entre los que se encuentran el País Vasco, Barcelona, Canarias y Madrid. Por su parte, el Hirak Madrid, un comité creado hace unos meses con el fin de “dar a conocer y apoyar el Movimiento Popular” ha organizado manifestaciones en diferentes puntos de Europa para exigir la liberación de los detenidos.

Este miércoles, saldrán a la calle en la Puerta del Sol y, para el próximo 2 de junio, han convocado una acción conjunta frente a las embajadas y consulados marroquíes en Europa.

“Es ahora o nunca”

Desde Alhucemas y los diferentes comités repartidos en Europa insisten en que este “golpe” no ha supuesto el fin de las movilizaciones. La detención del núcleo directivo del movimiento y otros activistas no es el final, aseguran. “La gente ya está harta y no pueden detenernos a todos”, explica Abdessamia. “Es ahora o nunca”.

Una persona próxima al movimiento en Alhucemas, que prefiere mantener el anonimato por miedo, apuesta también por la continuidad. “Nos recuperaremos de este golpe, ahora parece imposible debido a la dimensión que han alcanzado los hechos, pero acaban de empezar cosas importantes”.