Explicar por qué un Ministro de Justicia no debe pronunciarse sobre una causa cuya sentencia todavía no es firme causa sonrojo, porque lo obvio, lo notorio lo evidente, en ocasiones no precisa explicación. Catalá no es un ciudadano normal, no es el dirigente o representante de un partido político, no es un tertuliano ni un locutor deportivo, es Ministro del gobierno de España.

Causa sonrojo tener que explicar que si un Ministro, el de Justicia para mas señas, sale a “opinar” sobre las causas judiciales, estas o aquellas, es un poder del Estado el que opina. Y opina desde un poder que por naturaleza no debe influir ni mediatizar otro poder, y al que se le presume que debe proteger precisamente su independencia. Porque Catalá sigue siendo Ministro, aunque el actúe como si ya no lo fuera.

Si decide opinar en el tema de 'la manada', porque le place, también le debemos reconocer el derecho a opinar, antes o después de que se dicte sentencia en los casos Lezo, Púnica, Urdangarin,  o en cualquier otro en los que entienda que un ministro se debe convertir en un comentarista político-mediático-judicial.

Pero tenemos dos problemas, uno, que si lo que dice el Ministro coincide con lo que deciden los tribunales, la Justicia puede parecer mediatizada por otro poder del Estado, y si dice lo contrario, las palabras del Ministro de Justicia intentando arrimar el ascua a su sardina, son un ejemplo de porque es mejor estar en silencio que buscando influir en los tribunales.

Si además de una opinión sobre una sentencia que todavía no es firme, se atreve a opinar sobre la condición o capacidad de un profesional, de una manera sibilina, sin datos, extendiendo sospechas, sobre una persona y sobre el Consejo General del Poder Judicial, sobre los Jueces y Magistrados de Navarra, sobre todos los que se suponen que saben lo que él sabe pero lo ocultan, su temeridad es manifiesta. Es temerario eludir su responsabilidad también, si él sabe y tiene pruebas, ya esta tardando en darlas, y si solo transmite rumores o comentarios que le habrán llegado al Ministro comentarista vaya usted a saber de dónde, que no diga nada.

Porque puestos a hablar quizá sería necesario que hablara o  mirase dentro de su negociado, de la impunidad que genera el art. 324, o del fracaso del papel cero en la administración o hablar por hablar de todos  los proyectos que nadie ha visto ni leído de este Ministerio, ni la nueva ley de enjuiciamiento criminal, ni el nuevo estatuto del Ministerio Fiscal.

Puede que lo que yo diga no valga, pero si tanto caso le hacemos al GRECO, en sus recomendaciones sobre la justicia, podemos recordar que hay un órgano, el CONSEJO CONSULTIVO DE JUECES, dependiente también del CONSEJO DE EUROPA, y cuyas OPINIÓN son reglas de oro consensuadas entre todos los países sobre la labor judicial. la nº. 18 (2015), habla de “La posición del poder judicial y su relación con los otros poderes del estado en una democracia moderna” en su apartado (7) habla de la Crítica de los miembros del ejecutivo y la legislatura, apdo 52 y dice entre otras cosas:

“En principio, el poder judicial debe aceptar que la crítica es parte del diálogo entre los tres poderes del estado y con la sociedad en su conjunto. Sin embargo, desde el punto de vista del CCJE, existe una clara línea divisoria entre la libertad de expresión y la crítica legítima, por una parte, y la falta de respeto y la presión indebida contra la judicatura, por otra. Los políticos no deben usar argumentos simplistas o demagógicos para hacer críticas al poder judicial durante las campañas políticas solo por el argumento o para desviar la atención de sus propios defectos. Tampoco deben ser atacados personalmente los jueces (…). Los comentarios críticos desequilibrados de los políticos son irresponsables y causan un problema grave porque la confianza y la confianza del público en el poder judicial pueden, por lo tanto, ser socavadas involuntariamente o deliberadamente. En tales casos, el poder judicial debe señalar que tal comportamiento es un ataque a la constitución de un estado democrático, así como un ataque a la legitimidad de otro poder estatal. Tal comportamiento también viola los estándares internacionales”. 

Esta escrita hace tres años, pero podría haberse firmado ayer.

La corrupción en España, y no solo en España, invade nuestras vidas, las portadas de nuestros periódicos y los medios de comunicación. Es un virus global, un efecto contagioso, un fantasma que recorre el mundo en alusión a las primeras palabras del Manifiesto comunista. El fenómeno de la corrupción va mas allá de los países y de los gobiernos. El mercado, la globalización, el crecimiento y el lucro como parámetros de la civilización occidental acentúan la sensación de que todo se desarrolla en una dialéctica entre la honradez y el descaro del aprovechamiento de lo público, entre la probidad y la duda de si la honestidad tiene un precio.

Alrededor de los partidos políticos, en el ejercicio del poder se suceden desde hace años escándalos de corrupción. En España, quizá por la necesidad de fortalecer las formaciones políticas en una democracia que en su tiempo fue joven, y carecía de unos partidos estructurados y sólidos, las formas paralegales o directamente delictivas de financiación fueron y son casi una evidencia. Sin duda, en el convencimiento y la aceptación, incluso social, de que las urnas legitimaban cada cuatro años conductas reprobables pero banalizadas por la falta de consecuencias de reproche social o jurídico, por la ausencia de controles… En definitiva, por la falta de castigo, o por la inacción de la justicia, unas veces inducida, otras veces provocada por sus protagonistas y las circunstancias.

Los tiempos transcurren, los países evolucionan, y de la euforia democrática y del desarrollismo y vertiginoso crecimiento económico, hemos pasado al desencanto de la modernidad y a una profunda crisis social y económica. De la tolerancia y la asunción de la corrupción como algo inmutable, inherente al hombre o al sistema, frente al pasotismo o la dejadez, nos encontramos ahora ante el reto de combatir social, política y culturalmente la corrupción, que socava el sistema y pone en peligro nuestra propia credibilidad como sociedad.

El panorama está cambiando, y poco a poco, del clamor social, de la realidad de un país inmerso en el pesimismo existencial, en una grave deriva económica compartida con los países de nuestro entorno, y gracias en particular a la iniciativa de la justicia, fundamentada en muchos casos en el voluntarismo de jueces y fiscales, estamos consiguiendo, con dificultad y esfuerzo, pero también con tenacidad y empeño, acabar con la impunidad y perseguir el delito.

Es cierto que la sociedad demanda más celeridad y eficacia, y que todavía en el imaginario popular está la idea de un poder judicial tan contaminado como el poder que trata de controlar, pero la realidad es que de manera casi implacable, poco a poco, van desapareciendo las barreras que impidieron en el pasado el control de determinados grupos de poder político, económico, social o cultural.

Es cierto que un sistema procesal inadecuado, la falta de medios estructurales, y el desapego de la clase política a la hora de resolver los problemas de la justicia están ralentizando este camino, pero el recorrido es imparable. La sociedad lo demanda, los pactos de silencio entre los poderosos y el encubrimiento sistemático se desmontan con los nuevos medios y técnicas de investigación. También con la inestimable labor de los medios de comunicación. La tolerancia cero que los agentes sociales y los ciudadanos proclaman acaba dando lentamente sus frutos y la sociedad, en apariencia, es implacable con los corruptos.

Algo ha cambiado y está cambiando también, eso se ha hecho evidente en estos días, entendemos que de manera saludable, en entornos de poder hasta hace poco inescrutables. Algo cambia y está cambiando en una sociedad, que por vez primera de una manera tan firme exige, cuestiona, analiza y sobre todo critica una institución como es la Fiscalía. 

Este fenómeno, que socialmente es positivo, va a obligar por pura supervivencia social, sin necesidad de cambiar las normas, a que seamos más transparentes, a que adoptemos todo eso que se nos pide a través de los grupos de trabajo del Consejo de Europa, a que democraticemos la institución, a que de hecho la elevemos a los estándares comunes a los países de nuestro entorno.

Es posible que adelantándose al perezoso legislador, el fiscal general, que es quien toma las decisiones en la Fiscalía, tenga que dejar de pensar que goza de un poder absoluto, y es posible también que quien nombra a ese poder absoluto, el Gobierno, no piense que con esa designación controla a toda una institución, y con ello a todos los profesionales cuyo empeño es el respeto de la ley, la promoción de la justicia.

La dimisión del fiscal jefe Anticorrupción no es una buena noticia, nunca tendríamos que haber llegado hasta aquí, pero es un síntoma de nuevos tiempos y de que la responsabilidad de los fiscales no solamente se exige y decide en los despachos.  

De eso la sociedad, los ciudadanos y los medios de comunicación ya están convencidos. Ahora solo nos queda convencer a quienes hacen las leyes y a quienes se sienten cómodos pensando que manejan todos los resortes del poder. Quizá lo hagan, quizá todavía los controlen, pero solo de  manera temporal.

Seamos optimistas, pensemos que un fantasma recorre también ahora este país: transparencia, motivación y control público y en definitiva, democracia. También, por qué no, en la Fiscalía.

"Se decretó, arbitrariamente, un sistema de plazos intentando convertir por añadidura a los fiscales en los guardianes de los procedimientos que paradójicamente seguían, según el esquema del siglo XIX, bajo el poder y responsabilidad de los jueces", apunta García ortiz

Nuestra ley de enjuiciamiento criminal es casi tan antigua como algunas de las primeras bebidas gaseosas, Fioravanti (1878), concretamente se promulgó mediante Real Decreto de 14 de septiembre de 1882.

En su esencia, esta ley define el modelo procesal español y pese a haber sido objeto de numerosas reformas y parches, continúa vigente el viejo esquema que ha visto pasar mas de dos cambios de siglo. Desde hace tiempo la práctica totalidad de los operadores jurídico-penales venimos reclamando la transformación de ese modelo en otro que otorgue al fiscal, siempre con las necesarias garantías, la investigación de los procedimientos, y que  reserve a los jueces el papel que le reconoce la Constitución juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Esta norma, una de las fundamentales  leyes que vertebran el sistema de nuestra democracia, no ha sido modificada y adaptada todavía al sentido de los tiempos. Es la asignatura legislativa pendiente de nuestra democracia.

Reformas ha habido, algunas de calado y otras tan 'importantes' como el cambio de  denominación de imputado a investigado, cuando algunos han sentido cercano en la nuca de sus allegados el aliento de la justicia; o la que trata de salvaguardar (por fin) el derecho al honor y a la imagen de los detenidos, que solo se ha considerado indispensable en el momento en que los telediarios se encabezaban con las imágenes de la detención de afines y compañeros de partida.

En este mismo tiempo, en esta difunta legislatura, también se tomó la decisión de acortar los tiempos del proceso penal, de la molesta investigación criminal, limitando, por disposición legal, la duración de los procedimientos. Y se puso el contador a cero, antes del 6 de junio es preciso revisar todos los procedimientos penales de la justicia española. A partir de esa fecha, irán caducando cada día las causas no prorrogadas iniciadas desde el 5 de diciembre de 2015.

No fue acompañada dicha ley de memoria económica, ni medida de auxilio, ni plan de mejora, no se estimó cual era el volumen de causas, no se legisló en paralelo para endurecer las obligaciones y mejorar las condiciones de quien tiene la obligación de cooperar y auxiliar en la investigación o en la instrucción de las causas. No hay mas policía, ni personal, ni mejoras en la forma de gestión burocrática de los procedimientos, (más bien al contrario). No se pusieron, en definitiva, al servicio de la Justicia todos los medios de las administraciones públicas, para acelerar y hacer mas eficaz la respuesta a la delincuencia, sino que se decretó, arbitrariamente, un sistema de plazos  intentando convertir por añadidura a los fiscales en los guardianes de los procedimientos que paradójicamente seguían, según el esquema del siglo XIX, bajo el poder y responsabilidad de los jueces.

Al contrario, a la vista de que venían tiempos de cambio y  era  imperiosa la necesidad de vender el producto, se aparcó intencionadamente cualquier atisbo de prudencia y se aplicó la ley casi de inmediato, en plena campaña electoral.

Se ignoró la opinión de los jueces y fiscales, y se adoptó un texto, un artículo mal redactado, mal concebido y posiblemente mal interpretado, nocivo para los intereses de los ciudadanos.

Desde el  Ministerio de Justicia, en permanente campaña de marketing, se nos vendió el producto como un anticipo, el de otorgar mas responsabilidad en la instrucción de las causas a los fiscales, el inicio de un camino que nos llevaría al cambio de modelo procesal. Presuponía el publicista y casi convence a sus clientes, que desde las fiscalías era posible y viable un control de las causas, como si pudiéramos tener acceso a los expedientes que por centenas de millares se almacenan en los lejanos para nosotros, archivos de las sedes judiciales.

Como esto no es así, porque la publicidad nunca se parece a la realidad, y el papel cero y el expediente electrónico están tan lejos de estar implantados y ser operativos, como lo está hombre de llegar al sol o inventar la gaseosa sin burbujas, la gestión del control de causas se complica y de manera extraordinaria. El problema es que también algunos de nosotros compramos el producto, sin reflexionar sobre la enorme responsabilidad que se nos venia encima si no iba acompañada de un control efectivo del proceso, procesal y materialmente. En una interpretación de la ley arriesgada para nuestra propia institución, con buena fe, nos obligamos a  rebuscar en esos archivos ajenos, de los que no teníamos en muchos casos copia ni constancia, y controlar  así el trascurso de los plazos. Asumimos, por un exceso de celo, una responsabilidad procesal inédita, en lugar de esperar que el órgano judicial nos diera traslado de los procedimientos, acudimos en una agotadora búsqueda del tesoro a los sótanos de los juzgados, para examinar uno a uno, expedientes que ni instruimos, ni dirigimos, ni custodiamos y que se encuentran bajo la tutela y responsabilidad de los jueces de instrucción.

Y así nos encontramos ahora, a mitad de partido, sin posibilidad de vuelta atrás, en plena interinidad prorrogada de un gobierno en funciones, que no podría cumplir aunque quisiera la promesa, (una mas),  que hizo al  Consejo Fiscal y a la prensa,  de suspender o impedir los efectos de la  aplicación de la norma si en su  desarrollo preveía la imposibilidad de cumplimiento de dichos plazos, antes del 6 de junio de 2016.

El riesgo asumido imponiendo al final de la legislatura y en pleno proceso electoral reformas de tal calado con esta precipitación seguramente no le podrá ser exigida a quien cuando se ponga de manifiesto, habrá abandonado ya el barco de la Justicia, y habrá puesto, como tantos otros en este negocio, al servicio de otros intereses el capital de conocimientos e información adquiridos mientras eran servidores de lo público.

Desgraciadamente, asistiremos en los próximos meses a un goteo de causas judiciales, algunas de ellas sin duda relevantes, en las que el transcurso del plazo procesal será el principal argumento de archivo o de defensa. La responsabilidad de posibles espacios de impunidad se le exigirá entonces al fiscal de turno. Los verdaderos responsables se habrán marchado.

Los experimentos , mejor , con gaseosa.