Tengo la fortuna de mantener vínculos personales con México. Algunos amigos míos son de aquí, descendientes de aquellos refugiados republicanos españoles que, huyendo de la dictadura franquista, fueron recibidos con los brazos abiertos por el México de Lázaro Cárdenas. Pero, además, como eurodiputado miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, estoy especialmente preocupado por la situación de los derechos humanos, la violencia y la impunidad imperantes en el país. Esta situación lleva ya más años escalando que los que duró la dictadura argentina de Videla, y eso es inadmisible en la democracia mexicana. Hay un momento de agudización de la crisis, cuando el presidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico en 2006. Numerosos estudios y las visitas del Alto Comisionado de Naciones Unidas o de los Relatores Especiales documentan esa creciente impunidad, la práctica de la tortura, las desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales que han corroborado que la mala situación de la protección de los derechos humanos en México. En 2017 se alcanzó el récord de 25.339 asesinatos en el país, la cifra más alta de la que se tiene registro. También los niveles de impunidad son asombrosamente altos, ya que, según cifras oficiales y según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, un 98% de los delitos quedan sin resolver.

Ahora bien, dadas las estrechas relaciones comerciales entre México y la Unión Europea (UE), los europeos tenemos que asumir nuestra parte de culpa, no sólo porque deberíamos promover y proteger los derechos humanos por todo el mundo, sino también porque también son algunas empresas transnacionales europeas las que vulneran los derechos humanos en México. El gobierno mexicano no tiene pues la responsabilidad exclusiva de respetarlos y hacerlos respetar en su territorio. En un mundo global como el actual, donde el comercio internacional aumenta cada año y donde el papel de las empresas transnacionales es cada vez más importante, la Unión Europea no puede presentarse en el conflicto como un ángel impoluto y vengador, sino que debe asumir su parte de responsabilidad. Se han documentado muchas violaciones de derechos humanos en México por parte de empresas transnacionales europeas, como el derecho de acceso al agua potable, los derechos de los indígenas o de los mismos defensores de derechos humanos, el derecho a la salud o los derechos laborales, que contravienen no sólo los principios de la Constitución Política mexicana sino también los de la UE.

Porque la Unión Europea (UE) establece como uno de sus valores fundamentales la protección y promoción de los derechos humanos, tanto entre sus Estados Miembros como en sus relaciones con terceros países. Justamente ahora, con el proyecto de renovación y modernización del Acuerdo Global entre la UE y México que fue aprobado en 1997 y entró en vigor en 2000, tenemos una oportunidad de oro para acabar con los desequilibrios existentes en la implementación del Acuerdo entre intereses comerciales y económicos, y el respeto por los derechos humanos. Por ello, también es necesario que el mandato que iniciaron Naciones Unidas en 2014 culmine en un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos.

De hecho, desde 1992, todos los tratados comerciales y de cooperación que se han firmado entre la UE y terceros países -también el firmado con México- ya incluyen una cláusula democrática que establece que una de las dos partes puede romper o suspender el acuerdo si la otra no cumple con los derechos humanos. Pero esta cláusula apenas es tenida en cuenta y no se aplica, de forma que se ha convertido en meramente decorativa y poco eficaz. Para el nuevo Acuerdo es preciso reforzar esa cláusula democrática y añadir además nuevas propuestas.

A mi entender, es prioritario incorporar nuevos actores importantes en el marco del modernizado Acuerdo Global. Una de las reivindicaciones de más peso por parte de la sociedad civil y de las principales organizaciones de defensa de los derechos humanos es, en línea con la propuesta del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Hussein, que visitó México en 2015, la creación de un Consejo Asesor de expertos internacionales contra la impunidad que asista al gobierno para evaluar la situación de los derechos humanos. La UE debería adherirse decididamente a esa reivindicación.

Además, es esencial que trabajemos para que, en el nuevo Acuerdo Global, la cláusula democrática sea realmente efectiva, incorporando un mecanismo claro de implementación independiente de los intereses políticos y económicos de las dos partes. De este modo el gobierno federal será más activo a la hora de defender y proteger los derechos humanos de todos los mejicanos. Pero, para ello habría que contemplar la creación de un Comité Permanente de Derechos Humanos, con representantes tanto de México como de la UE, y también de la sociedad civil, que evaluara el cumplimiento de la cláusula y realizara informes periódicos sobre el impacto del Acuerdo sobre los derechos humanos. La revisión periódica del funcionamiento y cumplimiento de la cláusula (por ejemplo, cada dos años), debería tener mecanismos claros de aplicación y sanción, y debería obligar realmente a revisar el acuerdo, o incluso a suspenderlo, si una de las dos partes no respetara los términos contenidos en ella. Eso es lo que pretendía la cláusula del 2000 pero que ahora debe llevarse a cabo definitivamente.

Debemos entender finalmente que el bienestar humano no sólo depende de las mejoras económicas para la población, aunque éstas son muy importantes, sobre todo si redundan realmente en la población y no sólo favorecen las grandes empresas transnacionales. Pero hay que subrayar que la economía debe estar al servicio del respeto y promoción de los derechos humanos, es decir, al servicio del respeto a los derechos históricos, de la promoción de las libertades civiles y de la protección de la dignidad de todas las personas y de todas las comunidades.

Desde principios de año, seis periodistas han sido asesinados en México. Uno cada veinte días. En 2016 fueron asesinados once y la organización internacional Artículo 19 registró más de 400 agresiones a periodistas. Igual de alarmantes son los asesinatos a defensores de los derechos humanos y líderes indígenas, y los índices de feminicidios.

México vive hoy una crisis de derechos humanos y una situación dramática de impunidad ante la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones arbitrarias. Esta realidad inadmisible de flagrante vulneración de los derechos humanos y de la libertad de expresión ya la denunció en 2015 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad.

La realidad de México contrasta con el retrato que se quiere vender de un país moderno, de progreso, que respeta las obligaciones internacionales en el ámbito de los derechos humanos. México es hoy la segunda economía más importante de América Latina y un socio estratégico de la Unión Europea. A partir del acuerdo comercial y de cooperación económica que entró en vigor en el año 2000, llamado “Global Agreement”, México se ha convertido en uno de los aliados comerciales más importantes de Europa en América Latina. Es por esta razón que, una vez cerrado el acuerdo con Canadá (CETA), la Comisión Europea, siguiendo la estrategia de liberalización comercial con los países del hemisferio norte de América, está en plenas negociaciones de renovación del acuerdo con México que, según la Comisaria de Comercio, Cecilia Malmström, habrían de concluir este año.

Hasta hoy, el acuerdo comercial con México ha tenido una cláusula de respeto a los derechos humanos que ha sido totalmente ninguneada y probadamente ineficaz, tal como evidencian los trágicos datos. Por esta razón, hemos de exigir a la Comisión Europea que el nuevo acuerdo comercial UE-México incluya una disposición vinculante de cumplimiento de respeto de los derechos humanos y la libertad de expresión, que vaya acompañada de un mecanismo efectivo de seguimiento y control, y si es necesario, de sanción o de finalización del acuerdo.

Además, tal como reclaman múltiples entidades de derechos humanos mexicanas, se ha de reclamar al Gobierno de Enrique Peña Nieto que implemente la primera y más importante de las 14 recomendaciones que el Alto Comisionado de Naciones Unidas dirigió al Gobierno mexicano: la creación de un Consejo Asesor contra la impunidad, integrado por expertos en el ámbito de los derechos humanos que ayudaría al Estado mexicano a revertir la impunidad imperante en el país.

El Gobierno mexicano ha de acabar con la violencia y la persecución que amenaza diariamente a activistas y periodistas. Sin este claro compromiso democrático, la UE no puede firmar un acuerdo. Lo han denunciado Human Rights Watch, Artículo 19 y Naciones Unidas. Hoy lo hacemos también desde el Parlamento Europeo.

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Josep-Maria Terricabras es eurodiputado por ERC y miembro de la Delegación de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México.