Las concertinas instaladas en las vallas de Ceuta y Melilla pretenden que “el inmigrante que quiera saltar la valla vea que hay unos filamentos y evitar el salto” a través de estas declaraciones, el gerente de European Security Fences (ESF), Antonio Mora, explicaba a diversos medios de comunicación el efecto psicológico de los elementos de seguridad pasiva que sus productos producen. ESF como muchas otras empresas estan obteniendo amplios contratos en pro de una supuesta seguridad para los Estados, sin tener en cuenta los derechos humanos.

El informe “La Frontera Sur. Accesos terrestres” presentado por Fotomovimiento, Centro para la defensa de los derecho humanos IRIDIA y nuestra organización, NOVACT, el pasado mes de abril, detalla como las concertinas son un engranaje más de la arquitectura de las fronteras de Ceuta y Melilla, compuesta por vallas de 6 metros de altura, sistemas tecnológicos de detección de “intrusos” y otros elementos lesivos. Uno de los testimonios recogidos en el informe es de Maite Blanco, miembro de SOS Racismo: “A mí una de las cosas que más me ha impactado ha sido cuando llega la gente que acaba de intentar saltar, más que el barro la sangre, que no pueden caminar y que se van arrastrando, es la cara de terror que traen. O sea es una cara de pánico absoluto y de miedo que yo creo que no se me va a olvida en la vida”. Las fronteras suponen ya más muertes que la propia travesía por el mar. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, tan solo en 2016, al menos 295 personas murieron al intentar acceder a territorio español.

La frontera sur como laboratorio migratorio europeo e internacional

España fue el primer país de la UE en construir vallas para detener los flujos migratorios en la década de los 90, al ser el único país de la Unión con fronteras terrestres con África. Continuó innovando con la vigilancia marítima con barcos y radares, para posteriormente establecer acuerdos para repatriar a los inmigrantes a sus países. Desde entonces España no ha prado de producir y exportar sus productos a los países miembro de la UE. La última gran aportación ha sido el “Sistema Integrado de Vigilancia Exterior” (SIVE) de la empresa Indra, basado en la integración de los espacios terrestres, marítimos y aéreos. Indra ha implantado la tecnología SIVE para el control de las fronteras y la detección de la “inmigración ilegal” en Rumania por 18M de euros y Portugal por 25.5M de euros.

El Observatorio de los Derechos Humanos y Empresas en Norte de África y Oriente Próximo (ODHE) detalla en sus informe como Indra se beneficia del negocio de las fronteras e indica la responsabilidad de la empresa en los conflictos del Yemen, una guerra que ha provocado ya más de 2,4 millones de desplazados forzosos, y la ocupación de Palestina a través de joint ventures con Israel Aerospace Industries, una de las empresas que más se ha beneficiado de las operaciones armadas en Gaza, para la fabricación de Sistemas de Aviación de Control Remoto para el control de las fronteras. Las mismas empresas que alimentan los conflictos armados contemporáneos, nos ofrecen luego recetas para gestionar el aumento de los flujos migratorios.

Otras grandes empresas españolas como Ferrovial extiende sus inversiones hasta las islas de Nauru y Manus en Papua Nueva Guinea. El año pasado la empresa adquirió la australiana Broadspectrum por 515 millones de euros. Esta empresa es la principal adjudicataria de la gestión del “sistema extraterritorial de tramitación de solicitudes de protección internacional” que el Gobierno australiano ha instalado en las islas de Papua Nueva Guiena. Según Amnistía Internacional (AI) en su informe “La Isla del Tesoro”, las condiciones en Nauru y Manus son infames y las abusos de derechos humanos, como agresiones físicas y sexuales, se han convertido en una práctica habitual por parte de Broadspectrum y sus subcontratistas como Wilson Security. Se han llegado a revelar 2.116 abusos de derechos humanos, de los cuales más de la mitad tiene que ver con violaciones de derechos de los infantes.

La militarización y la privatización de la seguridad en el Mediterráneo

El control de las fronteras se están privatizando a grandes pasos. Funciones que anteriormente eran realizadas por agentes públicos son ahora externalizados a Empresas Militares y de Seguridad Privada (EMSP). La privatización no es algo nuevo, es habitual ver como sectores públicos como la salud o la educación se han privatizado parcial o totalmente. Pero la privatización de la seguridad tiene implicaciones aun mayores; por una parte se externaliza el uso de la fuerza y por otra parte, se deja en manos de empresas que se guían por fines lucrativos, el análisis de las amenazas a las que se enfrenta un país.

El punto de partida de este proceso, comienza con el lobby de las principales empresas armamentísticas, tecnológicas y de seguridad en Bruselas. Indra por ejemplo destino en los últimos 5 años más de 1,5 millones de europeos en incidir en las políticas de seguridad europea. Este trabajo le permitió obtener amplias subvenciones para programas de investigación en seguridad. Los programas europeos de investigación en materia de seguridad (ERSP en su acrónimo en inglés son la antesala de la producción de instrumentos, protocolos y sistemas de seguridad que posteriormente las empresas ofrecen a los países miembro. Un negocio redondo.

De esta manera, empresas como BAE systems, Thales, Siemens, Leonardo, Atos, Safran, entre otras, acaban participando en las diferentes fases de la gestión de los flujos migratorios. Desde la detección de “intrusos” a través de sistemas de vigilancia, hasta la construcción de vallas inteligentes, pasando por la gestión de los centros de detención de migrantes.

El proyecto internacional Shock Monitor para observar el impacto de la guerra privada en los derechos humanos, documenta rigurosamente 742 empresas militares y de seguridad privada y más de 183 vulneraciones de derechos humanos cometidas por estas empresas transnacionales. En el sector específico del control de las fronteras, Shock Monitor documenta numerosos casos de violaciones del derecho a la integridad física y psicológica; derecho a la igualdad y no discriminación; y derecho de libertad de movimiento y seguridad de la persona. Las principales EMSP involucradas son las británicas G4S y Serco, y la estadounidense GEO group. Las EMSP extienden sus servicios de seguridad a sectores como la protección de las infraestructuras de empresas extractivas, prisiones, servicios de inteligencia e incluso participación en conflictos armados.

El mantra de la seguridad esta justificando un aumento del presupuesto de la Agencia Europea para la Protección de Fronteras (Frontex), que alcanzo 254 millones de euros en 2016, el refuerzo de las operaciones militares Tritón y Poseidón, y una centralización de poderes en materia de control de fronteras en la nueva “Agencia Europea de Guardia de Fronteras y Costas”. Mientras se abre el mercado de las fronteras a nuevas alianzas con el sector privado.

Propuestas de acción

Pero, la militarización y el aumento del control en los accesos terrestres y marítimos, lejos de detener los flujos migratorios hacia las fronteras europeas, ha empujado a las personas refugiadas a vías más peligrosas como la ruta Libia-Italia de más de 300 km y que ha supuesto un repunte de ahogados, rescates y llegadas, según Ninna Nyberg Sorensen, investigadora del Instituto Danés de Derechos Humanos.

Asimismo, las fronteras se han convertido en espacios de aplicación excepcional de los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales provocando amplias vulneraciones de derechos humanos. Por tanto, la medida más urgente es reestablecer la legalidad en las fronteras europeas y especialmente la frontera sur. El Manifiesto para el restablecimiento de la legalidad en Ceuta y Melilla es una propuesta comprensiva y urgente que puede adaptarse a otras fronteras de la UE, por ejemplo a través de la creación de vías legales y seguras para que las personas migrantes puedan acceder al Estado español y el resto de la UE; la eliminación de elementos lesivos en los vallados como las concertinas de la empresa ESF; que cesen las “devoluciones en caliente”; mejoren las condiciones y los trámites en los centros de detención; y se respeten los derechos humanos, especialmente de los infantes, entre otros. Estas medidas urgentes son el primer paso para un cambio de paradigma en la política migratoria europea basado en el respeto de los derechos humanos en coordinación con las políticas de cooperación internacional que ataque las raíces de los conflictos estructurales en su origen y las políticas de internacionalización de la empresas nacionales en el exterior.

El reto que tenemos como sociedad civil es visibilizar, denunciar y desmantelar la compleja red de complicidades entre actores públicos y privado que se ha creado en las políticas migratorias de la UE. Para ello el lanzamiento del Tribunal Permanente de los Pueblos en Barcelona el próximo 8 de julio y la Caravana Abriendo Fronteras que partirá desde diversos puntos del Estado español con dirección a Melilla el próximo 14 de julio, serán las siguientes oportunidades para tejer alianzas, identificar a los responsables de esta situación de vulneración e injusticia, y escuchar las voces de las comunidades migradas y migrantes que sufren las violaciones de derechos humanos.