Por asombroso que resulte, medio siglo después del Informe del Club de Roma la presencia de contenidos curriculares relacionados con la crisis ecológica sigue siendo marginal en la educación superior española, tanto en la universitaria como en la formación profesional. Se han desarrollado, es cierto, carreras específicas vinculadas con el medioambientalismo y en algunos grados universitarios existen asignaturas, casi siempre optativas, que ofrecen algún tipo de especialización medioambiental gracias al compromiso personal de un puñado de docentes. En otros casos, distintas instituciones universitarias han hecho esfuerzos meritorios por promover valores medioambientalistas transversales. Pero la realidad es que, a día de hoy, lo más habitual sea que un estudiante de, por ejemplo, ingeniería de caminos, derecho, psicología, periodismo o economía se gradúe sin haber recibido la más mínima formación reglada en materia medioambiental.

La transición ecológica es un desafío llamado a vertebrar los esfuerzos colectivos y marcar las decisiones estratégicas de todas las sociedades del planeta durante las próximas tres décadas. Así ha sido reconocido por todas las instancias de gobernanza en todos los niveles, desde el internacional (Agenda 2030, Acuerdo de París) hasta el europeo (Pacto Verde Europeo), pasando por el nacional en sus tres escalas administrativas (Ley de Cambio Climático y Transición Energética, hoja de ruta España 2050, declaraciones de emergencia climática autonómicas y municipales). El Pacto Verde Europeo, por ejemplo, define el cambio climático y la degradación ambiental “como una amenaza existencial a la que se enfrentan Europa y el resto del mundo”. Y en pos de superar este reto histórico, establece toda una serie de lineamientos y directrices que van a determinar las políticas públicas de todos los estados miembros de la Unión Europea de aquí a 2050. Su objetivo es descarbonizar nuestra economía, cerrar los ciclos de materiales, disociar prosperidad de uso de recursos e impactos ambientales negativos y asegurar que el proceso se despliegue con justicia social, repartiendo equitativamente los esfuerzos que exige y sin dejar fuera de sus beneficios a colectivos o territorios vulnerables.

En la Universidad del siglo XXI formarse con competencias básicas relacionadas con la transición ecológica no puede ser ya un asunto exclusivo de científicos ambientales

Las transformaciones estructurales que debe impulsar la transición ecológica abarcan un conjunto muy amplio y complejo de tareas, que nos interpelan más allá del cambio tecnológico. Plantea retos profundamente transversales. Algunos de los rasgos de insostenibilidad que nos hemos propuesto oficialmente superar en el corto y medio plazo son profundamente determinantes en la conformación material de nuestras sociedades: los usos fósiles de la energía, la morfología lineal de la producción, la deslocalización económica… Por ello su reforma en un sentido ecológico tendrá un importante efecto arrastre en todas las dimensiones de la vida social. Del mismo modo, y tal como señala la mejor ciencia disponible, estamos situados en un punto crítico en el que las consecuencias negativas de la inacción ecológica desbordan ya los parámetros de lo que hasta ahora habíamos conceptualizado como daño ambiental. Un fracaso en materia de transición ecológica comprometería seriamente la viabilidad futura de las sociedades modernas.

Por eso, en la Universidad del siglo XXI formarse con competencias básicas relacionadas con la transición ecológica no puede ser ya un asunto exclusivo de científicos ambientales o una opción de una minoría de estudiantes sensibilizados acerca de la crisis ecosocial. Por continuar con los ejemplos precedentes, necesitamos titulaciones de ingeniería cuyos egresados diseñen las infraestructuras y tecnologías teniendo en cuenta los impactos potenciales del cambio climático y las necesidades de adaptación que este nos impone. Necesitamos grados y masters en Derecho, Economía o Administración de Empresas que preparen a las alumnas y los alumnos para funcionar en un contexto institucional disruptivo, que será sacudido por fuertes cambios normativos y nuevas tendencias impuestas por las políticas de transición ecológica. Necesitamos ciencias sociales capaces de introducir el factor ecológico como elemento indispensable para comprender la nueva complejidad de la dinámica social en curso. Más en general, necesitamos una ciudadanía ecológicamente instruida para tomar partido en los grandes debates que marcarán la transición ecológica, para así asegurar la compatibilidad de esta con los principios fundamentales de la deliberación democrática.

La urgencia de la introducción de contenidos medioambientales en los estudios superiores se enfrenta a un obstáculo evidente: los mecanismos universitarios de cambio curricular son lentos

Este tipo de tareas nunca han sido ajenas a la institución universitaria. Todo lo contrario, el desarrollo de la universidad ilustrada siempre ha estado vinculado a una doble misión: la investigación científica independiente pero también la formación de una ciudadanía capaz de participar en los cambios asociados al proceso de modernización, ya fuera la creación de una burocracia estatal eficaz o la formación de los técnicos cualificados que requería la innovación industrial. En ese sentido, la introducción de contenidos curriculares relacionados con la crisis ecológica en los estudios universitarios forma parte de la comprensión de la educación superior como una pieza clave de nuestras sociedades complejas y democráticas. Más aún, existe ya un amplio abanico de investigaciones rigurosas en torno a las distintas posibilidades de transformación ecosocial de la universidad, que va más allá de los planes de estudio.

La urgencia de la introducción de contenidos medioambientales en los estudios superiores se enfrenta a un obstáculo evidente: los mecanismos universitarios de cambio curricular son lentos y complejos y no están preparados para afrontar transformaciones rápidas y coordinadas. Tal vez cabría proponerse un objetivo a corto plazo limitado, consensual y potencialmente rápido de implementar: la inclusión en el mayor número posible de estudios oficiales de la universidad española de una asignatura no opcional de introducción a la crisis medioambiental. Una asignatura –o una familia de asignaturas– basada en consensos ampliamente aceptados por la comunidad científica que proporcione a los estudiantes conocimiento fiable sobre el cambio climático, el agotamiento de energías fósiles y materiales necesarios para la vida y la pérdida de biodiversidad, así como de las dinámicas sociales implicadas en esos procesos. Una asignatura introductoria adaptada a distintas áreas de conocimiento que, por tanto, pueda ser impartida por docentes de un amplio abanico de departamentos universitarios.

A lo largo de este año los países firmantes del Acuerdo de París deberán entregar planes con compromisos más ambiciosos para reducir sus emisiones en 2030

Se trata de un objetivo relativamente modesto y bien definido que podría ser apoyado e impulsado desde distintas instancias. Comunidades autónomas, ministerios, agencias de acreditación, rectorados, decanatos, departamentos, grupos de investigación, colegios profesionales podrían proponer iniciativas que avancen en esa dirección –asignaturas transversales, proyectos de innovación docente, programas de formación del profesorado, becas de formación …– que, como mínimo, contribuirían a la normalización del medioambientalismo en diversas áreas universitarias. Por supuesto, la inclusión en los planes de estudio de una asignatura obligatoria y generalista como la que proponemos no debería ser entendida como una alternativa a otras materias más avanzadas que profundicen de forma especializada en los distintos aspectos de la transición ecosocial. Por el contrario, pensamos que podría darse una retroalimentación positiva, pues se incrementaría el interés de los estudiantes en esta área desde los primeros cursos.

La COP26 celebrada en Glasgow el pasado mes de noviembre instaba a la comunidad internacional a revisar sin dilaciones sus objetivos oficiales de descarbonización. A lo largo de este año los países firmantes del Acuerdo de París deberán entregar planes con compromisos más ambiciosos para reducir sus emisiones en 2030. No es tiempo de demoras. Tampoco en lo que concierne a la preparación de la educación superior ante los desafíos de la transición ecológica. En estas situaciones de urgencia, el maximalismo abstracto suele ser de poca ayuda. Requerimos acciones específicas, pragmáticas, factibles y que logren suscitar un amplio consenso social. La introducción en los próximos años de una asignatura medioambiental obligatoria en el currículum universitario español, basada en la mejor evidencia científica disponible, creemos que podría ser una propuesta que avanza en la dirección correcta. Y que además está situada en el punto óptimo entre lo ecológicamente necesario y lo socialmente posible.

En esa disputa, el negacionismo climático ha tenido y tiene una importancia capital. La negación pura y dura del principio de realidad, el rechazo sostenido a lo largo de tres décadas de las conclusiones de la ciencia tiene un efecto profundo, perverso y sutil. El del ácido corrosivo que busca disolver una de las principales conquistas civilizatorias de la Ilustración y de la revolución científica que le precedió en Europa en los siglos XVI y XVII. El reconocimiento de que existe una realidad compartida, la labor de la ciencia como guía para descubrir la naturaleza de-lo-que-es.

El mundo está organizado según leyes físico-matemáticas que los seres humanos pueden comprender. Ese fue el lema central que activó una revolución científica que cambiaría el curso de la humanidad. Nicolás Copérnico, Giordano Bruno, Francis Bacon, Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton… reordenaron la comprensión del universo físico y sentaron las bases cognitivas, epistemológicas, sobre las que, posteriormente, personas como John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Denis Diderot y otros, pondrían su pasión y su inteligencia al servicio de una nueva visión de la sociedad basada en la razón, la libertad, el individuo, el progreso, la fraternidad, socavando así las bases del Ancien Régime. Por ello, la abrupta negación de las conclusiones surgidas del mayor proceso colaborativo en la historia universal de la ciencia, el IPCC y sus informes de síntesis a lo largo de 35 años con miles de científicos implicados, sentaba las bases para una disputa de alcance civilizatorio acerca de la naturaleza de la realidad. 

La conciencia de que el mundo se ha adentrado en una grave emergencia climática ha alterado de forma decisiva los imaginarios colectivos del siglo XXI. La proliferación cultural de distopías en el cine, las series, la literatura y el arte se despliega sobre el ineludible telón de fondo del Antropoceno, la disrupción antropogénica en el funcionamiento de los sistemas de soporte de la vida. Sin embargo, desde la Casa Blanca se ha puesto en marcha una ofensiva reaccionaria que incluye la guerra contra toda acción climática, no sólo a nivel nacional sino internacional. 

Aunque los reaccionarios más cultos saben que es real, se niega la crisis del clima. Son conscientes de que la misma está provocada por la quema de combustibles fósiles y que sus impactos están generando desestabilización y sufrimiento en numerosos lugares del mundo, en especial en el Sur Global. Asimismo, que alimenta un creciente malestar en las sociedades occidentales y que está, en buena medida, en el origen de movimientos migratorios masivos de personas humildes que, escapando de la miseria y la destrucción, acaban agolpándose en sus propias fronteras ¿Qué hacer, se preguntan? ¿Cómo convertir esa amenaza que pesa como una losa sobre el presente y el futuro de los recursos patrimoniales y las rentas derivadas del petróleo y el gas en una oportunidad? Negando la crisis, no reconociendo su existencia, no importa lo que diga la ciencia. No en vano, nos hemos adentrado en un mundo de “realidades alternativas”.

Esa negación frontal del principio de realidad precisa, para imponerse socialmente, el control y la manipulación de las mentes y los corazones de centenares de millones de personas en el ágora de las redes sociales. Mediante algoritmos que premian las pasiones más oscuras y manipulables, los aceleracionistas libertarios de Sillicon Valley, alimentando sus propios sueños de dominio mundial e inmortalidad transhumanista, ponen su poder económico y tecnológico a disposición de esa gran manipulación. Y cuando ocurren catástrofes climáticas como las acontecidas en España en años recientes, son hábilmente utilizadas por la extrema derecha para culpabilizar a las instituciones democráticas, envenenar el debate público y cabalgar el descontento social. Evitando toda mención a las causas de fondo, afirman sin pudor que esas menciones son meras cortinas de humo.

En otras palabras, controlando la conversación pública de las RRSS, agitan y manipulan los miedos, malestares y ansiedades propios de la época, entre los que la emergencia climática ocupa un lugar central, convirtiéndolos en votos y en poder político. Mediante la alquimia de las narrativas convierten esas emociones en combustible del incendio reaccionario que persigue poner fin a la democracia liberal y a las conquistas sociales. Han quedado, así, para la historia las palabras de Steve Bannon en 2017: “no soy populista, soy leninista, Lenin quiso destruir el Estado y yo pretendo lo mismo”.

Ese brutal negacionismo logra, en el camino, dos objetivos complementarios. Para la corriente MAGA, ultranacionalista y populista, como antes para el Tea Party, actúa como elemento de identidad, marcador de adscripción. En un país profundamente fraccionado como es Estados Unidos la derecha más extremista ha convertido el concepto de cambio climático en un fetiche cultural. No se trata, por tanto, de un fenómeno explicable en términos de leyes físicas y químicas, sino de un concepto subjetivo y opinable, contra el que definir y afirmar la propia identidad grupal. Además, favorece la cosmovisión y los valores de otra de las corrientes sociales clave del movimiento: los cristianos evangélicos. Si la verdad ya ha sido revelada y se trata de esperar la nueva palingenesia, el lugar de la ciencia es subalterno. El de mero asistente de la revelación declarada por el dogma.

En consecuencia, el negacionismo climático ha de entenderse como una de las claves epistemológicas de la Ilustración Oscura. Frente a la esfera de la razón, frente a la búsqueda honesta de la verdad, lo que nos importa (vendrían a decir), es la voluntad de poder. La apuesta filosófica de los Nick Land y Curtis Yarvin de turno es haber entendido que su momento generacional es propicio para que la vieja “moral del amo”, la del discurso ateniense en Melos, la de Nietzsche y Splenger, vuelva a irrumpir en el mundo tras décadas de inhibición democrática. La retórica reaccionaria del siglo XXI ha salido, así, al encuentro de la Historia declarando, con palabras y con actos, su innato derecho a dominar por la fuerza a todos aquellos que considera inferiores. 

Para horadar el sentido común de la época basado en la igualdad republicana de todas las personas, ha de prevalecer la ética del bote salvavidas de Hardin. “No hay para todos, hay que proteger a los Nuestros, los Otros no son bienvenidos, nuestras fronteras están en peligro…” De esa manera, mediante esas narrativas tóxicas tratan de dominar política y culturalmente lo que denominan el tiempo del interregno, avanzando paso a paso hacia un cambio radical de régimen, no sólo en Estados Unidos sino en Europa. 

Que nadie se llame a engaño. La Ilustración Oscura persigue derrocar las conquistas civilizatorias de 1789 y 1945. Hoy como entonces fracasarán!  

Según datos de la Agencia Europea del Medioambiente, en el año 2017 casi 500.000 ciudadanos y ciudadanas de la Unión Europea perdieron su vida prematuramente como efecto directo de la contaminación del aire. Esta cifra monstruosa, propia de guerras, pandemias o genocidios, se repite año tras año en proporciones parecidas. Dentro de este macabro reparto, ese 2017 a España le tocaron más de 38.000 víctimas. Cifra coherente con las 1000 muertes anuales que la Agencia de Salud Pública de Barcelona testimonia para la ciudad. Por supuesto, los fallecimientos solo son la punta del iceberg de un problema de salud pública mucho mayor: uno de cada tres asmas infantiles que se diagnostican en Barcelona están relacionados con la contaminación del aire. Al igual que hoy miramos incrédulos y avergonzados el discurso público de hace 20 años en temas de violencia machista, solo cabe esperar que dentro de 20 años miremos con igual incredulidad y vergüenza el haber decidido convivir con este fenómeno como algo normal.

La contaminación y sus daños suponen un buen punto de apoyo para que la reflexión ecologista llegue a las grandes mayorías, porque a diferencia de otros aspectos de nuestra crisis ecológica este nos afecta de un modo directo, inmediato y palpable: lo notamos en nuestros ojos, en nuestras gargantas, en las horas en urgencias que pasamos con nuestros niños. Pero la amenaza que enfrentamos es mucho más compleja. Y compromete nuestros modos de vida de modo radical. Pensemos en la emergencia climática. Los estudios más serios apuntan a que, si no se corrige pronto, la trayectoria climática de nuestras sociedades solo puede derivar en la proliferación de conflictos bélicos, migraciones y estados fallidos. Y no solo en el Sur Global, sino también aquí. Para evitarlo, hemos de afrontar transformaciones de enorme calado, en muchos campos y en muy poco tiempo. Esto lo cambia todo, como afirma Naomi Klein.

Entre otras cosas, nos obliga a cambiar la ciudad y el modo en que nos movemos por ella. Tanto la contaminación del aire como la crisis climática tienen en el uso masivo del automóvil privado uno de sus motores fundamentales. Este predominio del coche en la movilidad urbana no responde a una suma de decisiones de consumo individuales. No se puede negar que el coche es un fetiche en nuestras sociedades. El antropólogo Marvin Harris decía que si queríamos ver una vaca sagrada no había que irse a la India, sino asomarse a la ventana y ver cualquier coche aparcado. Pero el abuso irracional y contraproducente del coche privado tiene también mucho de chantaje estructural. Si las ciudades están hechas por y para el automóvil, sobrevivir en ellas nos exige movernos en coche a pesar de sus efectos negativos. Si queremos que el coche privado pierda protagonismo, lo primero es rediseñar la forma de nuestra ciudad.

Y hablo de pérdida de protagonismo porque la movilidad sostenible y justa tiene mucho más que ver con menos coches que con coches eléctricos. Sin duda asistiremos en las próximas décadas a un cierto grado de electrificación del parque automovilístico. Pero aspirar a su completa sustitución supondría una presión sobre nuestras reservas de minerales que comprometería otros desarrollos tecnológicos, como han demostrado los estudios de científicas como Alicia Valero. Y sobre todo, porque nos impediría romper con la cuestión fundamental: el coche como instrumento de privatización indirecta de lo común que tiene efectos urbanísticos perversos. ¿Qué derecho tienen los coches privados a ocupar el 60% del espacio público de una gran ciudad cuando se sitúa entre el 20 y el 40% de los desplazamientos?

Barcelona lleva desde los años noventa incubando una nueva célula urbanística que dé respuesta a estos problemas y a otros muchos fomentando un nuevo organismo urbano: las supermanzanas promovidas por Salvador Rueda y su urbanismo ecosistémico. Se trata de una política pública ejemplar, de efectos positivos en múltiples niveles y amplio reconocimiento internacional: 30.000 m² ganados para la vida comunitaria, que han rebajado la contaminación atmosférica y acústica provocando ganancias netas en calidad de vida, y han supuesto un impulso muy positivo para el comercio de proximidad, la restauración y la hostelería.

Pero lo más importante de las supermanzanas de Barcelona es que han conquistado el corazón de la ciudadanía. Su implantación puede leerse como un caso de estudio interesante de guerra cultural ecologista que se ha ganado. Porque la supermanzana de PobleNou, por ejemplo, tuvo que enfrentar en sus inicios un importante foco de resistencia, convenientemente amplificado por la guerra mediática de desgaste contra el gobierno de Barcelona en Comú. Pero este foco de resistencia se disolvió mediante participación ciudadana, pero sobre todo mediante el éxito empírico del proyecto. Fue la demostración de la mejora de la calidad de vida y la economía del barrio la que decantó la balanza. Hoy 8 de cada 10 habitantes de Barcelona están a favor de dejar más espacio a los peatones. Que las supermanzanas hayan terminado seduciendo tiene una doble lectura positiva: en primer lugar, la ciudadanía debe hacer suya una política pública transformadora para que esta arraigue y se vuelva normalidad. En segundo lugar, la transición ecológica depende mucho más de seducir que de asustar.

Las supermanzanas de Barcelona suponen uno de los casos más logrados en España de “pequeño gran paso” municipalista para la transición ecosocial. Pequeño porque en comparación con las urgencias dramáticas que nos impone la crisis climática, queda mucho por hacer. Grande porque dada la correlación antropológica de fuerzas tan desfavorable que impone el neoliberalismo, ha supuesto una cuña cultural en sus consensos de gran importancia.

Antes de gobernar toca liderar cultural, intelectual y moralmente. Es la regla número uno del manual de la hegemonía política. En sociedades tan descreídas y fragmentadas como las nuestras, este liderazgo comienza siendo discursivo y simbólico. Pero pronto necesita que los símbolos se traduzcan en ejemplos concretos y cotidianos para que su fuerza no se diluya. Porque la verdad en el mejor de los casos convence, pero el ejemplo siempre arrastra. Cuando ya tenemos ejemplos que funcionan, aceptados y queridos, toca subir el nivel de ambición. Entonces, es el momento de poner toda la fuerza de las políticas públicas a extender y masificar aquello que el ejemplo ha demostrado deseable y viable. Las supermanzanas de Barcelona están en este punto del “circuito hegemónico”. La idea está madura, el éxito demostrado, la ciudadanía preparada: ahora es el momento de dar el salto del nivel de los proyectos piloto al nivel modelo de ciudad. Y que Barcelona encaré el siglo XXI siendo referente europeo del mejor tipo de ciudad imaginable: una ciudad sostenible, justa, amable, y donde la vida buena no sea un privilegio, sino un derecho.

Nicolas Hulot, flamante ministro de Transición Ecológica y Solidaria del gobierno de Macron, ha dimitido por sorpresa ante la escasa determinación del ejecutivo francés en la tarea que dirigía: “no quiero mentir más; no quiero dar la ilusión de que mi presencia en el Gobierno significa que estamos a la altura”. Tanto por su celebridad mediática previa en el terreno del periodismo ambiental, como por su pedigrí apartidista que generaba amplios consensos, Hulot era una de las figuras más relevantes de un gabinete llamado a mucho. Entre otras cosas, a regenerar el proyecto europeo en sus horas más bajas. Lo que pasaba necesariamente por convertir a Francia en la vanguardia continental de un nuevo modelo productivo sostenible.

En su renuncia al puesto, Hulot ha cargado contra la influencia perversa de los lobbies empresariales en la democracia, la política de pequeños pasos ambientales absolutamente insuficiente ante la magnitud del abismo socioecológico que hemos de saltar o la soledad de su acción de gobierno. Pero lo más interesante, que suele ser poco habitual en un cargo de su perfil, es que ha puesto el acento del problema en el modelo económico liberal. Podemos afirmar, a riesgo de simplificar, que Hulot ha dimito tras chocar con dos realidades tenaces, que en algunos círculos nos suenan muy obvias, pero que en el debate público apenas tienen presencia: la primera obviedad es que sin reducir el tamaño de la economía no se reducirá nuestro impacto desastroso sobre la biosfera, sea éste medido en emisiones de gases de efecto invernadero, contaminación química o pérdida de biodiversidad; la segunda obviedad es que la telaraña de intereses creados pesa hoy mucho más que la voluntad de cambio cualquier ministro-estrella.

En este asunto hay una lección fundamental que el ecologismo debería abanderar en su discurso de un modo mucho más valiente: mientras el crecimiento económico sea un precepto sagrado, la ecología estará obligada a rebajarse a marketing verde. Transición ecológica y neoliberalismo es una combinación con una consistencia similar a la del agua seca, el día nocturno o el fuego helado. Pero la pregunta realmente inquietante y necesaria es otra: ¿sería distinto con la izquierda en el poder? Y no solo con la socialdemocracia acomplejada del PSF, siempre tan competente a la hora de decepcionar a sus votantes, sino incluso con la izquierda fuerte de la Francia Insumisa. Es razonable esperar que el margen de acción de un ministerio de Transición Ecológica de Mèlenchon, más resuelto a la hora de atacar posiciones del entramado oligárquico-empresarial, cambiaría sustancialmente el margen de acción en aspectos que no hay que despreciar. Pero las presiones más importantes que nos empujan hacia la extralimitación ecológica se mantendrían casi constantes. El peor error que la izquierda ecologista puede cometer es simplificar los obstáculos reales de la consecución de la sostenibilidad desde la superioridad moral y el autismo ideológico. Toca ser un poco más humildes: tenemos ya la certeza de que nuestras economías deben dejar de acelerar en su carrera hacia el abismo. Pero aún nadie sabe cómo se para esta máquina sin frenos.

Hulot ha querido insistir en que la acumulación de decepciones que le ha llevado a salir de la primera línea política no es una cuestión de partidos, sino del funcionamiento perverso de un modelo social. Y que este tiene una base de colaboración activa entre la ciudadanía inmensa, cuya defensa abarca casi todo el espectro electoral. En esto acierta. Cuando los ecologistas planteamos el horizonte teóricamente sensato del decrecimiento, y hay que celebrar que éste ya no es un coto de reflexión exclusiva de académicos y activistas (gracias a iniciativas como el debate sobre el post-crecimiento en el Parlamente Europeo, que ha impulsado entre otros el eurodiputado Florent Marcellesi), olvidamos un aspecto crucial para pensar su hipotética traducción práctica: que el crecimiento económico no es solo una decisión política en favor del capital. Es una inercia civilizatoria muy profunda, que no se podrá revertir sin generar inmensos trastornos. La telaraña de intereses creados alrededor de la expansión permanente de la producción y el consumo no la sostiene exclusivamente el 1%.

Por ello, y desde Informe del Club de Roma hace más de 40 años, las advertencias científicas bien fundamentadas sobre la necesidad de organizar nuestra economía en base a un patrón de estado estacionario han caído en saco roto. Con el crecimiento económico se refuerzan mutuamente los intereses de los poderes establecidos, los mitos colectivos más profundos de la modernidad, el modelo de subjetividad imperante (con su esquema de premios y reconocimientos y su promesa de felicidad) y el chantaje estructural que define al capitalismo como sistema. Es un nudo gordiano de complicidades socioculturales que no se rompe con la espada de la voluntad política. Hay que deshilar mucho más fino.

No es solo que todo nuestro marco económico e institucional esté diseñado como un esquema Ponzi o una estafa piramidal (basta pensar en el mecanismo de deuda-interés). O que suframos una racionalidad colectiva devaluada, oscurecida por el arraigo de la religión más potente de nuestra época, la tecnolatría, cuya teología puede resumirse en el dogma “ya inventarán algo”. O que el consumismo, que ha seducido a miles de millones de personas, actúe como una plaga de langostas sobre los ecosistemas de todo el globo. El secuestro en la trampa del crecimiento es todavía más perfecto: cuando una sociedad solo sabe producir vidas cotidianas mínimamente vivibles mediante el incremento del PIB, por mucho que las élites se lleven la mejor parte, y por muy autodestructivo que sea su efecto a medio plazo, la gente creerá en ello a toda costa. Y será electoralmente suicida rebatirlo. Especialmente, como es el caso, si los daños más directos todavía se pueden externalizar sobre el cuerpo de las mujeres, los países del Sur o cargando la factura sobre la naturaleza. Por tanto, y he aquí el verdadero dilema Hulot: un gobierno que se tomara en serio la transición ecológica, más allá de lucir un ministerio florero, también debería ser un gobierno dispuesto a una transformación socioeconómica radical. Al menos, tan radical como el ciclo reformista de los años treinta. Quizá mucho más radical: recordemos que el socialismo, emblema histórico de aventura colectiva conscientemente organizada para transformar del mundo, con lo muchísimo que aspiró a cambiar, nunca se planteó una tarea como dejar de crecer.

Bajo esta luz el dilema Hulot se presenta de una complejidad poco compatible con una lectura maniquea entre partidos políticos buenos y malos. Si nuestra historia nos enseña algo es que una transformación socioeconómica radical, llamada a contrariar los intereses (y la lógica) del capital, es un tipo de operación de altísimo riesgo. Que solo es posible empezar a planteársela en serio cuando además de un gobierno decidido existe una inmensa fuerza social que empuja desbordando las instituciones establecidas. Y no solo con movilizaciones masivas o conflictos sectoriales (en el mundo del trabajo o por el reconocimiento de derechos): casi más importante es la creación de un tejido capilar de apoyo mutuo, identidad común y sociabilidad no mercantil en la vida cotidiana. Como fue la cultura obrera de sindicatos, ateneos, tabernas, casas del pueblo y cooperativas. Sin este respaldo magmático, que diría García Linera, también un gobierno de izquierdas se limitará seguramente a administrar impotencias.

Para romper el círculo vicioso que nos arrastra hacia la catástrofe socioecológica, toca redescubrir otra obviedad, mucho más hermosa que las obviedades antes descritas: la impotencia gubernamental se cura siempre con agitación popular. Por eso el 8 de septiembre nos pondremos en pie por el clima, y llenaremos las calles del mundo para exigir la transición ecológica justa y democrática. Por eso el 8 de septiembre inauguraremos el cortísimo siglo XXI. Que será mucho más breve que el corto siglo XX que Hobsbawn demarcó entre la Revolución Soviética y la caída del muro. Aquí está el condicionante más difícil del reto que nos ha tocado vivir: una opción de transición ecológica gradualista parece, a la luz de la experiencia histórica, mucho más viable políticamente que una opción de contracción ecológica de emergencia. Entre otras cosas porque, como cualquier proceso revolucionario, ésta última no podrá ser demasiado exquisita en términos democráticos. Pero a diferencia de los años treinta a nosotros no nos queda tiempo.

A mediados de esta centuria habremos cruzado el Rubicón ecológico. O bien una sociedad reintegrada en los límites de la biosfera, que haya convertido el crecimiento económico exponencial en una pieza de museo, o bien la descomposición catastrófica de la civilización industrial en una lucha competitiva atroz. Que como afirma Jorge Riechmann, desencadenará genocidios como método para gestionar el ecocidio. En cualquier caso, la vida humana será algo muy distinto al presente. Lo suficiente como para que los historiadores del futuro, si es que tal profesión sigue existiendo, tengan que nombrar su época bajo otras palabras. Está en manos de nuestra generación determinar el desenlace. El sábado 8, a las 19.00 horas en la plaza del Reina Sofía, Madrid pondrá su aporte.

El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Para conmemorarlo, alrededor de esta fecha, ya es costumbre que los ayuntamientos organicen diversas actividades de carácter divulgativo. Suelen estar dirigidas a un público infantil, o bien al adulto entendido como un consumidor individual, y tratar temas como los residuos, la limpieza viaria o la preservación de la belleza natural.

En Móstoles este año hemos querido hacer algo distinto: convocar a la ciudadanía a discutir colectivamente sobre pico del petróleo, nucleares, límites de la transición a las renovables. Y hacerlo de la mano de algunos de los expertos más lúcidos del panorama científico nacional. Pero no se escriben estas líneas para promocionar un evento local. Que en las semanas del medio ambiente de todo el país primen los talleres de reciclaje a los debates serios sobre el modelo productivo o la geopolítica de la energía es significativo. Demuestra el pauperismo de un debate social que es, sin embargo, extremadamente urgente.

La distancia entre la gravedad del problema ecológico y su percepción ciudadana es uno de los abismos más desgarradores del siglo XXI. Un abismo que no es casual, sino que ha sido ideológica y culturalmente incentivado durante más de un cuarto de siglo. La Cumbre de la Tierra de 1992 inauguró una articulación sociedad-medio ambiente bajo el paraguas de un nuevo concepto, el desarrollo sostenible. Un concepto que nació explícitamente para sustituir una idea mucho más fundamentada científicamente, pero políticamente más peligrosa, que tuvo un cierto recorrido en los años setenta: los límites del crecimiento.

El desarrollo sostenible postula que se pueden armonizar la sostenibilidad ambiental y la económica, definida esta última como una actividad financieramente rentable. Desde el momento en que la preocupación por evitar la degradación de la biosfera y la acumulación capitalista se volvieron asuntos compatibles, el marketing verde se tornó una obligación. De esta forma surge, en el primer lustro de la década de los noventa, una explosión de realidades institucionales (Ministerios de Medio Ambiente), bajo unos parámetros más o menos homologados a nivel internacional y que tienen en la idea de desarrollo sostenible su espina dorsal.

Pero el desarrollo sostenible ha fracasado. En 2017 el naufragio del proyecto se ha hecho patente en el hecho de que ni un solo indicador socioecológico importante ha conocido mejora alguna tras 25 años de acción institucional impulsada bajo este marco. Al contrario: en términos globales, todos han empeorado. Que los eventos de educación ambiental que promueven nuestras instituciones sean tan insignificantes es consecuencia directa de una construcción conceptual que nació muerta. Y lo hizo al aceptar, como premisa de partida, aquella famosa línea roja de Bush padre marcó al aterrizar en Río en 1992: “El modo de vida americano no es negociable”. Cuando la cuestión del sistema socioeconómico se convierte en un tabú, lo ambiental, como nos advertía Naredo, tiende que rebajarse a un lugar ceremonial y un mantra cosmético que no tiene apenas efectos sociales constatables.

Por todo ello, y como analiza Antonio Turiel, estamos profundamente incapacitados para entender que el reto ambiental por excelencia que va a enfrentar España en el próximo lustro se llama Argelia. El 50% de nuestro gas proviene del país norteafricano, y por tanto nuestra matriz energética es radicalmente dependiente del suministro constante de gas argelino. Desde el año 2014 la producción de gas del país está en declive. Y lo está por limitaciones geológicas y termodinámicas que un incremento de la inversión podrá burlar por un tiempo corto, pero no superar. Más pronto que tarde el incremento de su propio consumo interno negará a Argelia su condición de nación exportadora. Entonces, países como España y Francia deberán elegir: o transición energética nacional (con reducción de consumos) o invasión militar. Este es el calibre de los verdaderos problemas ambientales del siglo XXI.

Conectemos con el tablero de juego de la política nacional. En los últimos años se ha hecho popular la idea de que estamos en el umbral de una segunda transición española. El sistema de turnos bipartidista, afectado por el impacto de una crisis donde economía y ecología se mezclan en un círculo vicioso, ya no es capaz de gestionar con normalidad la diversidad nacional del Estado. Tampoco el descontento ciudadano provocado por los recortes, la precarización de la vida cotidiana, las expectativas de futuro frustradas o la creciente exclusión social.

Pero las turbulencias políticas de los últimos años, y las que están por venir, son solo el oleaje de superficie de la auténtica tormenta que se está gestando: el estallido de la burbuja inmobiliaria ha sido el “síntoma hispánico” del agotamiento general de un modelo económico y social que, durante siglos, se basó en la depredación de un mundo vacío. Este esquema no volverá jamás porque ahora habitamos un planeta lleno. Ante lo que se enfrenta España, Europa y la humanidad en su conjunto es a la quiebra de un modo de generar riqueza y cohesión social que ya no va a ser viable. Desde el agua hasta el clima, pasando por la energía, la pérdida de los suelos o el holocausto de biodiversidad, cualquier análisis materialista fundamentado de la realidad, que no sea ecológicamente analfabeto, concluirá algo parecido a esto: otro mundo es inevitable.

Responder a estos retos solo puede venir de la mano de una Gran Transformación. Tan grande que será parecida a la vivida por nuestras sociedades con la revolución industrial. Simplificando mucho, tres campos de tareas van a marcar nuestro futuro: necesitamos otra relación con la naturaleza, un nuevo sistema de intercambio de energía y materiales que sea sostenible y basado en recursos renovables; pero esto tendrá un recorrido corto si no viene acompañado de un modelo socioeconómico diferente para dejar de vivir en sociedades tan desiguales y que necesiten crecer para funcionar.

Por último, esto será políticamente imposible si no tiene lugar un cambio cultural, para aspirar a una vida buena más sencilla. Modelo productivo sostenible, modelo socioeconómico desenganchado del crecimiento y vivir bien con menos: este es el triple desafío de la verdadera segunda transición española. Un triple desafío que va transformar radicalmente desde nuestras costumbres hasta la forma de nuestras ciudades. Desde los sectores productivos que actuarán como locomotoras económicas hasta la idea de felicidad predominante.

Sin embargo, nada garantiza el éxito de este proceso. Al contrario. Karl Polanyi pensó que si había existido un fenómeno político con condiciones objetivas para su surgimiento, ese fue el fascismo. Su apunte cobra una actualidad insólita en un siglo XXI donde el retorno de la escasez puede incentivar el lado más monstruoso de nuestras sociedades. Y no se trata de hipótesis o política ficción. Le Pen y Trump son ya las prefiguraciones políticas de una idea terrible, pero que sintoniza bien con el nuevo escenario, y que si no lo impedimos tendrá por desgracia mucho futuro: no hay para todos.

Cuando un partido como Podemos establece como medida primera de su proyecto de país la transición energética, apunta en la dirección correcta. Pero su puntería falla al no poder asumir todavía, porque seguramente no lo puede hacer su electorado potencial, la enorme envergadura de un reto que no es solo revolucionario en lo técnico, sino también en lo social y lo cultural. Y lo es porque debe ir unido a algo tan radical que ni siquiera el socialismo real se lo quiso plantear: una reducción planificada del tamaño de nuestra actividad económica. Lo que en un sistema organizado estructuralmente como una estafa piramidal, que necesita expandirse para no derrumbarse, no se puede desligar de un enorme esfuerzo y un cierto grado de sufrimiento social que habrá que gestionar.

Bajo la amenaza de la guerra, Churchill ganó unas elecciones prometiendo sangre, sudor y lágrimas. Todavía estamos muy lejos de que nadie pueda ganar unas elecciones constituyentes prometiendo liderar la segunda transición española del único modo que puede merecer la pena: empobreciéndonos energética y materialmente para ganar en justicia social y buen vivir. Lo que pasa por repartir mucho. Pero también y más importante, por desear de otra manera. Que la gente se anticipe a los hechos consumados de las guerras que vienen como motor de la transición.

Esta es una carrera a contrarreloj en la que las ciudades del cambio juegan un papel esencial que todavía, en el ecuador de la aventura municipalista, no han sabido asumir. Son los laboratorios donde podemos ensayar una propuesta seductora de convivencia, basada en la reinvención de lo común en clave de sostenibilidad ecológica. Recuerden: un huerto urbano no cultiva solo hortalizas sino que es sobre todo un símbolo. Como decimos en Móstoles, un lugar que siembra economías, riega vínculos y cosecha otra ciudad para una vida más plena.