Si la persona que en estos instantes lee esta tribuna tuviese que apostar, ¿a qué información diría que a día de hoy es más probable tener acceso: al salario del personal eventual que asesora a los ministros y ministras o a los documentos en los que el Consejo de Ministros se basa para tomar sus decisiones cada viernes?

Lo cierto es que hablar de la transparencia en España es como jugar a la lotería: la ausencia de una verdadera política de apertura y transparencia por parte del Gobierno hace que intentar acceder a la información pública se parezca más a un juego de azar que al ejercicio de un derecho fundamental.

Los órdenes del día del Consejo de Ministros son ahora accesibles, por primera vez en la democracia, aunque solo tras la resolución favorable del Consejo de Transparencia ante una solicitud de Access Info Europe.

A la vez, bastiones tan básicos de la transparencia como las retribuciones al personal eventual en los ministerios se siguen denegando a los solicitantes, a pesar de que el CTBG (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno) ha resuelto favorablemente sobre su acceso. Esto demuestra cómo el acceso a la información no depende solo del respeto al marco legal, sino también de la voluntad política.

La incertidumbre sobre lo que se puede y no se puede saber incluye ejemplos tan paradójicos como el que sí se pueda conocer la influencia directa que las empresas del sector energético tuvieron en el texto final del Real Decreto de Autoconsumo, conocido como el Impuesto Al Sol, y que, sin embargo, las agendas completas de las reuniones de los altos cargos o los gastos de los diputados en viajes oficiales aún están exentas del escrutinio público.

Aunque si hablamos de lotería, el gordo se lo lleva la negativa del Ministerio de Presidencia de dar acceso a información sobre los avances en sus políticas de… Gobierno Abierto. Casi al mismo tiempo en que se reunían por primera vez Gobierno y sociedad civil para debatir y elaborar el tercer plan de acción de Gobierno Abierto (en mayo de 2017), el Ministerio de Presidencia decidió continuar la batalla en los juzgados para mantener en secreto los informes sobre avances en transparencia y recurrió la sentencia de primera instancia que le obligaba a publicar esta información, solicitada desde Access Info.

Esta es la gran paradoja de España; un paradigma sin duda sorprendente. Pese a tener uno de los regímenes de acceso a la información más jóvenes de Europa, los esfuerzos conjuntos de una sociedad civil convencida de la necesidad de arrojar luz sobre la gestión de lo público y la actividad de nuestros gobernantes están consiguiendo progresos significativos en un corto periodo de tiempo. Un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comprometido con realizar su labor de forma independiente, pese que esto nunca quedó reflejado en la ley, ha sido parte importante en estos avances.

Sin embargo, Gobierno e instituciones públicas aún se muestran reticentes a abrirse al escrutinio público; la facilidad con la que recurren las sentencias del Consejo de Transparencia ante los tribunales, con tal de no acatar los fallos a favor de la transparencia, es buen ejemplo de ello. Pese a los avances, pervive aún la cultura del secretismo, amparada por leyes de otro siglo como la Ley de Secretos oficiales, firmada por Francisco Franco.

El camino por avanzar

Queda, sin duda, mucho camino por recorrer en España hasta lograr una transparencia de lo público a la altura de los estándares internacionales. Pero es importante reconocer el progreso logrado hasta la fecha y las lecciones que lleva consigo.

La primera, es que el camino que queda por recorrer es un camino largo y no siempre lineal. Una sociedad transparente por defecto requiere un cambio estructural; y para eso, hay que acabar con la dinámica de la lotería y empezar a planificar una política de transparencia seria y rigurosa.

Muchas veces, especialmente desde Access Info, aludimos a las sociedades nórdicas como modelos de apertura. Conviene señalar que Suecia lleva años de ventaja –su ley de transparencia data de 1766–, pero el Gobierno español podría empezar a recortar esta distancia abandonando la lógica defensiva del litigio en los tribunales y empezando a respetar las decisiones del CTBG, como ocurre en este país nórdico.

La segunda, que la actual regulación es insuficiente y es necesario llevar a cabo reformas para mejorarla. Que en la práctica hayamos podido acceder a información, como en los casos que hemos citado, no quita que éste sea un camino tortuoso que exige una gran dedicación y que sigamos sin tener acceso a información imprescindible para saber cómo se toman las decisiones públicas o se gestiona nuestro dinero. Necesitamos una Ley de transparencia a la altura de los estándares internacionales, empezando por cumplir los compromisos asumidos en el seno de la Alianza para el Gobierno Abierto.

Una tercera y final lección es la importancia de ejercer nuestro derecho. Lo que las solicitudes que estos últimos años han realizado ciudadanos, sociedad civil y periodistas demuestran es que, incluso con una ley de mínimos como la española, sorteando los exigentes requisitos de identificación, hay posibilidad de obtener información de valor para nuestra sociedad y que contribuya al debate público. Para ello, tenemos que preguntar.

Dos años y medio después de la entrada en vigor de la ley, vemos ya avances que permiten empezar a dibujar los beneficios que una mayor transparencia puede aportar a nuestras sociedades. Queda, por supuesto, mucho que avanzar y a veces los obstáculos los encontraremos en las cosas más simples, en la información más básica y que dábamos ya por sentado. Superar esa paradoja y la dinámica de la lotería será tarea de todos los próximos años, hasta lograr una verdadera transparencia de lo público.