Cuando el PSOE en junio de 2015 formó gobierno en Aragón, lo hizo prometiendo revertir los recortes en la Enseñanza Pública realizados por la anterior administración del Partido Popular. Tras tres cursos en los que se habían revertido algunos de los recortes, todo hay que decirlo, la administración educativa y los sindicatos se pusieron en octubre de 2018 a la tarea de abordar la reducción del horario lectivo del profesorado, horario aumentado por el PP, y que condiciona entre otras cosas el número de docentes que debe haber en los centros educativos.

Las negociaciones partieron de posiciones lejanas pero en marzo de 2019, gracias a un esfuerzo de todos los entes implicados, pareció que se estaba cerca de llegar a un acuerdo. La administración ya había firmado en febrero unas plantillas para el curso 2019-2020 en Enseñanzas Medias a 19 horas lectivas (una hora de reducción), y la mayoría sindical había aceptado que la reducción completa hasta las 18 horas lectivas en enseñanzas medias y 23 en infantil y primaria fuera secuenciada en tres cursos.

Todo dio un giro cuando en la última mesa técnica del 8 de abril la Administración, a través de su secretario general técnico, Felipe Faci, señaló la imposibilidad de comenzar el curso que viene la reducción horaria, dejándola aplazada para el 2020-2021. Lo que en la práctica significa que este próximo curso 2019-2020 se seguiría a 20 y 25 (algo incoherente con haber firmado plantillas a 19 apenas dos meses antes).

Desde ese 8 de abril, y pese a estar a punto de finalizar la legislatura en la que se iban a revertir los recortes, no se convoca a los sindicatos ni una sola vez. Entendemos, por lo tanto, que las negociaciones ya estaban agotadas dada la cercanía de las elecciones. Ante la disyuntiva de dar el tema por terminado o intentar seguir luchando hasta el último momento, CGT, STEA-i y CCOO convocaron una huelga con el objetivo de forzar al Gobierno de Aragón a seguir negociando. Una huelga es el último recurso de la clase trabajadora para presionar a un empleador que no quiere negociar. Esa es exactamente la situación en la que se estaba.

Tres días después de convocada la huelga, la administración nos llamó para continuar las negociaciones el 21 de mayo, es decir, 5 días antes de las elecciones, y mes y medio después de la anterior mesa. En la reunión del comité de huelga no se negoció nada porque para eso ya estaba la mesa del día 21, según nos dijo la administración.

Las organizaciones sindicales hemos llegado a la mesa con la esperanza de conseguir un acuerdo dada la cercanía de posturas. Teníamos la seguridad de que allí al menos se iba a negociar. El Secretario General Técnico no llevaba la misma idea. Desde el inicio señaló que si no se desconvocaba la huelga inmediatamente no se negociaba nada. Incluso, su intransigencia llegó hasta negar un receso, varias veces, a petición de las organizaciones sindicales para poder hablar de la nueva situación. Evidentemente, ninguna de las tres organizaciones ha cedido a un chantaje más propio de un empresario irrespetuoso con los derechos de sus empleados y empleadas, que de un representante de una administración socialista.

Y así nos encontramos, ante una huelga educativa convocada para mejorar las condiciones laborales de los y las docentes, para aumentar el número de ellas, y, por extensión, para exigir que se inviertan más recursos en nuestra Enseñanza Pública. Una huelga que es un derecho fundamental, que permite equilibrar un poco las desiguales condiciones con las que se sientan a negociar empleador y empleados. Toca salir a la calle para que Aragón no sea la única comunidad autónoma gobernada por el PSOE que en 2019-2020 continúe a 20 y 25 horas lectivas.

"Si tenemos en cuenta que empezamos en un sistema educativo franquista y que la sociedad ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas, ¿tan excesivo resulta que haya habido siete leyes en casi cincuenta años? "

Uno de los mantras cuando se habla de los problemas del sistema educativo en nuestro país es atribuirlos a los sucesivos cambios de leyes que los diferentes gobiernos han ido realizando desde los años 70. “Con tanto cambio, no hay quien se aclare”, se dice. Y lo cierto es que la estabilidad debería ser un elemento positivo en cualquier sistema educativo. LGE, LOECE, LODE, LOGSE, LOPEG, LOE y LOMCE. Ver en fila todas las siglas parece dar la razón a quien sostiene que tanto cambio es el principal problema educativo español.

Sin embargo, si tenemos en cuenta que empezamos en un sistema educativo franquista y que la sociedad ha experimentado profundos cambios en las últimas décadas, ¿tan excesivo resulta que haya habido siete leyes en casi cincuenta años? Puede que no ayude, pero tampoco creo que sea el principal problema ni la fuente del resto de problemas.

Traigo esto a colación porque en los últimos años se está alentando un pacto educativo que resuelva de una vez por todas los problemas de nuestro sistema educativo, que le dé estabilidad y que, por tanto, sea la solución definitiva. Sin embargo, un pacto en sí no es bueno ni malo per se, sino que depende de cómo sea y de si resuelve los problemas o parte de los problemas reales del ámbito en que se produce.

Si un pacto no resuelve esos problemas, no es que no vaya a ser positivo, sino que va a ser negativo, ya que los problemas reales que debe atajar se verán invisibilizados, olvidados e incluso quedarán legitimados. Si las diferentes organizaciones políticas, sindicales y sociales que conforman la comunidad educativa sellan un pacto que no aborda los principales problemas del sistema, ¿quién podrá después reclamar con legitimidad que esos problemas se resuelvan?

Desde las fuerzas conservadoras y liberales se está buscando sellar un pacto educativo que deje las cosas como están sin entrar a tocar los problemas principales que tiene nuestro sistema. Se busca así un pacto que, al ser asumido por el resto de organizaciones, blinde y legitime su ideario de política educativa. Pero si queremos empezar a subsanar de verdad las carencias de nuestro actual sistema educativo hay tres elementos que deben abordarse y que, por tanto, deben aparecer en cualquier posible pacto:

El primero es incrementar la vergozante financiación de la enseñanza pública en España, cifra que representa poco más del 4 % del PIB. Nos encontramos así muy por debajo de la media de la UE, colocándonos en el 5º puesto de los 28 países de la UE que menos porcentaje del PIB dedican a la educación. Es absolutamente necesario acordar una financiación digna que permita dotar de recursos a un sistema público de enseñanza que malvive precariamente gracias al esfuerzo de su personal. Una enseñanza de calidad -que valore la atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades, las nuevas tecnologías, la formación del profesorado, entre otras- es una quimera si no hay un esfuerzo económico detrás.

El segundo problema es la permanencia del adoctrinamiento religioso dentro del horario lectivo. Ya no tanto por el tiempo que ocupa dicho adoctrinamiento en el horario del alumnado y que se podría dedicar a otras materias -que indudablemente es un motivo de peso-, sino porque la escuela de un país laico debería garantizar que sus niños y niñas no sean separados en ningún momento por razón de las creencias religiosas de sus familias. La permanencia de cualquier adoctrinamiento religioso en la escuela provoca además que éste contradiga contenidos científicos de otras asignaturas y valores como la igualdad de género.

Y el tercer problema que urge abordar es asegurar tanto la igualdad de oportunidades para todo el alumnado, independientemente de su origen social, como que todo alumno o alumna tenga la posibilidad de desarrollar al máximo todo su potencial. Para alcanzar cualquiera de estos dos objetivos existe un claro obstáculo: la subvención con dinero público a una extensa red de centros privados, en su gran mayoría propiedad de órdenes religiosas. Dotar de recursos a la escuela pública a medida que el Estado reduzca la financiación a estos centros privados hasta la definitiva eliminación de la subvención es absolutamente básico para que nuestro sistema educativo cumpla el objetivo de posibilitar el desarrollo integral de TODAS las personas.

Sin abordar ninguno de estos problemas el pacto educativo es nefasto, ya que permite que se siga financiando precariamente la educación, las diferentes órdenes religiosas sigan adoctrinando en la escuela y se continúen subvencionando centros privados que segregan al alumnado en función de sus capacidades y origen social.

Si el pacto educativo no aborda ninguno de estos problemas, ninguna organización que defienda la escuela pública debe legitimarlo con su apoyo. Si el pacto educativo no aborda ninguno de estos problemas es mejor no tener pacto y seguir luchando por lo público, por lo de todos y todas.

El problema es por tanto el concepto que buena parte de los españoles tiene del Reino de España, de la unidad nacional, el problema es el nacionalismo español. Es el nacionalismo español el que tiene a España como un pueblo forjado durante siglos en el crisol de la historia, y por tanto algo que está por encima de la voluntad popular, algo que no se puede debatir ni negociar, pues está grabado a fuego en el libro de la Historia.

Creo que este es el tema fundacional de este conflicto, el que está impidiendo que se pueda solucionar, el que está detrás verdaderamente de la tajante respuesta del Estado Español de que un posible referéndum pactado es imposible. Claro que antes cronológicamente viene el deseo de parte de la población catalana de independizarse, pero ese deseo, correctamente gestionado, no debería provocar un conflicto violento.

Es inocente pensar que tengan en el respeto a la legalidad uno de sus principios irrenunciables, partidos políticos que han modificado la Constitución con “nocturnidad y alevosía” para un tema tan poco baladí como darle prioridad absoluta al pago de la deuda pública sobre cualquier otra partida presupuestaria (incluida la de gasto social), que han destrozado los discos duros de su sede para torpedear la acción de la justicia, o que se han financiado ilegalmente para concurrir a elecciones.

Estos partidos manejan la legalidad a su antojo, según sus intereses, y es lo que están haciendo en este conflicto, pero no es esa la causa de su cerrazón para negociar un referéndum. Esa causa es el nacionalismo español más rancio, ese anclado en lo divino y en la Historia, y que por tanto es legítimo imponer por la fuerza porque está por encima de las voluntades humanas y terrenales.

El granero de votos que, especialmente en las comunidades del interior, supone la indivisibilidad de España, ata a los autoproclamados partidos constitucionalistas, a esta posición tan férrea como irresponsable, que solo puede llevar a imponer el Estado por la fuerza y la violencia en Cataluña. Esperemos que en algún momento el PSOE interprete que su granero de votos no es el mismo que el de PP y C'S, y se pase, por interés electoral, al bando del referéndum pactado. Ésto y la esperanza de que la UE no se pueda permitir escenas de violencia en uno de sus Estados más importantes son los dos elementos a los que nos podemos acoger para albergar una salida no violenta al conflicto.

Se argumentará que es una batalla de nacionalismos, y que como no nacionalistas no debemos posicionarnos desde una perspectiva internacionalista, pero veo al menos cuatro razones de peso para legitimar desde el internacionalismo el transversal y heterogéneo movimiento social catalán.

La primera es que es un error identificar soberanismo, independentismo y nacionalismo catalán, no son conceptos equiparables, es evidente, pero creo que es necesario recordarlo porque se olvida en muchas argumentaciones. Por ejemplo, el primero parece agrupar al 80% de la población catalana, el segundo alrededor de un 50% y el tercero es más complicado de determinar, pero sin duda a una cifra mucho menor, porque tan absurdo es pensar que todos los partidarios de la independencia son nacionalistas catalanes, como que todos los que fueran a votar “no” en un supuesto referéndum fueran nacionalistas españoles.

La segunda tiene que ver con la anterior, se trata como decíamos de una movilización social compleja y heterogénea, dónde el componente de transformación social es uno más, que no ocupa ni mucho menos todo el conjunto del movimiento, pero que sí es muy importante, y en todo caso es mucho más amplío, organizado y movilizado que en cualquier otro lugar del Estado. Desde una perspectiva de transformación social su avance o retroceso nos afectará a todas.

La tercera afecta a las posiciones dominantes en ambos lados institucionales. Aunque sin duda habrá nacionalistas catalanes que tengan un concepto de Cataluña tan poco democrático como el ya comentado de España, y que posiblemente no aceptarían la derrota en un referéndum pactado, no parecen ser mayoría, y desde luego, no es esa la posición dominante actualmente. Hasta ahora al menos, no es el nacionalismo catalán, ni mucho menos el independentismo, el que impide que el pueblo catalán pueda decidir su futuro ni ser soberano en esta cuestión.

La cuarta se refiere a la supuesta posición equidistante que desde posiciones no nacionalistas se debe observar el conflicto. Desde una perspectiva internacionalista no debería suponer ningún problema el que los pueblos decidieran mediante referéndum si formar un Estado o permanecer en otro, al contrario, sería un importante logro, como lo sería poder decidir mediante referéndum el modelo de Jefatura de Estado, el modelo económico, los gastos sociales... Que los pueblos tengan mayor capacidad de decisión significa que sean más soberanos, más democráticos y más libres.

No es ético, y no debería ser legal, subvencionar el colegio privado a familias que pueden pagar 250€ al mes por niño

En España coexisten tres redes educativas, que se diferencian, entre otras muchas cosas, en el gasto económico que suponen para las familias que “eligen” escolarizar en ellas a sus hijos e hijas. Según la OCU, el gasto medio anual de un niño o niña escolarizado en un centro privado concertado es el doble que en un centro público. En el caso de los centros privados no concertados el gasto cuadriplica al de un colegio público.

Generalizando lo necesario para poder analizar un tema tan complejo como es la escolarización, podemos ver como estas grandes diferencias entre el gasto que supone para una familia la escolarización en una u otra red conllevan una selección o segregación del alumnado ya desde la cuna en función del nivel socioeconómico de cada familia. Dicho de otra forma, la existencia de las tres redes favorece la perpetuación de la actual estructura social clasista, ya que hay una relación evidente entre el tipo de titularidad del centro escolar y el grupo socioeconómico de su alumnado.

Para quienes pensamos que la escuela debe ser precisamente lo contrario -el lugar donde se empiece a cambiar la sociedad, garantizando la igualdad de oportunidades independientemente de nuestro origen socioeconómico-, la existencia de estas tres redes educativas es uno de los mayores, sino el principal, problema educativo en nuestro país.

Y es que cada sistema educativo lleva consigo un modelo de sociedad. Y un sistema de tres redes, cada una destinada a grupos socioeconómicos diferentes, lo que hace es consolidar una sociedad jerarquizada, desigual y basada en privilegios, dejando la igualdad de oportunidades para bonitos discursos cada vez más lejos de la realidad.

Los datos del último proceso de escolarización demuestran que una inmensa mayoría del alumnado de muchos centros concertados, no cumple con el criterio de cercanía al centro. Vivir lejos del centro educativo implica depender del transporte y del servicio del comedor, servicios cuyo coste no pueden asumir muchísimas familias. Esto se traduce en que a estos centros alejados de sus domicilios sólo acude el alumnado cuya familia puede costear dichos gastos.

Se produce así un filtro socioeconómico que ciertamente es demandado por muchas familias ya que les permite poder elegir la clase económica a la que pertenecerán los compañeros y compañeras de pupitre de sus hijos e hijas. La administración no puede, en ningún caso, favorecer que esto suceda, ni mucho menos subvencionarlo con dinero de todos.

Como sociedad debemos reflexionar sobre si es coherente que se esté subvencionando con dinero público el que familias que pueden pagar 250 € al mes por niño, puedan escolarizar a sus hijos en centros alejados de su domicilio; mientras que a las escuelas públicas de su barrio, donde acuden las familias que no pueden o no quieren pagar ese dinero, se les lleva años racaneando los recursos.

El debate no es si la calidad de la enseñanza es mejor en una u otra red,-cuestión donde la escuela pública no tiene nada que envidiar-, sino si como sociedad queremos o no seguir usando dinero público para favorecer que desde la infancia las personas sean educadas de forma segregada en función de su clase social.

Para quienes queremos que la igualdad de oportunidades empiece a ser una realidad, urge que la Administración pública invierta todos los recursos disponibles en la escuela pública, sin que ni un solo euro vaya a parar a centros privados que por su localización, coste e ideología, favorecen una educación diferenciada, una escuela clasista y segregadora.