La aprobación de la ley de la Renta Canaria de Ciudadanía en el parlamento de Canarias a finales de 2022 no fue un hecho cualquiera, implicaba que nuestra comunidad autónoma reconocía el derecho de las personas a tener sus necesidades básicas cubiertas y la obligación de las administración autonómica canaria de garantizarlo a través de una prestación económica para aquellas familias con pocos o sin ningún ingreso.

Además es un derecho para toda la ciudadanía, no solo para los que hoy la necesitan sino también para quien lo requiera en un futuro ya que la mayor parte de la población en Canarias que depende de su trabajo no está exenta de caer en algún momento en una situación de necesidad, excluyendo obviamente a minorías privilegiadas. Hablamos por tanto de un seguro social de ciudadanía.

De cara al diseño de la Renta Canaria de Ciudadanía el equipo de la Consejería trabajó en varias líneas, además del ya descrito en la primera parte de este artículo análisis de la PCI, se realizaron análisis comparativos de varias rentas mínimas autonómicas cogiendo como modelo principal a seguir la renta garantizada de Navarra por dos motivos principales; uno es que priorizaba que llegara la prestación económica a las familias lo más ágilmente posible mediante la comprobación automatizada de los requisitos al entender que lo primero es garantizar la cobertura de las necesidades básicas, dejando la elaboración de informes, diagnóstico social y plan de intervención para un segundo momento, siendo elevada esta intervención social a la categoría de derecho. Así, las familias en el modelo navarro tienen un doble derecho subjetivo, el de la prestación económica y el del apoyo profesional para su proceso de inclusión social y laboral. Esos precisamente eran los derechos que queríamos reconocer.

El 9 y 10 de diciembre de 2019, coincidiendo no por casualidad con el Día Internacional de los Derechos Humanos, realizamos las primeras jornadas para el diseño de la Renta Canaria de Ciudadanía con expertos y responsables políticos de diversas CCAA, especialmente de aquellas avanzadas en legislación y gestión como Navarra y País Vasco.

Este fue uno de los pasos de un camino que estuvo marcado poco después por la pandemia del COVID-19 en 2020 y que tuvo como consecuencia dos factores que retrasaron el avance de los trabajos en el diseño de la ley, por un lado la priorización en aquel momento del desarrollo de una prestación de urgencia que denominamos Ingreso Canario de Emergencia (ICE), ya que era necesario responder rápido a la situación de todas aquellas familias sin ingresos que estaban confinadas y no tenía ningún tipo de ingresos con la que cubrir sus necesidades básicas; y por otro lado la aprobación por parte del gobierno progresista del Estado de una renta mínima estatal, el Ingreso Mínimo Vital, que obligaba a repensar el diseño de la RCC.

Hay que decir que la experiencia del ICE fue fundamental como aprendizaje para el desarrollo posterior de la RCC ya que constituyó una evidencia empírica que si se ponen los medios y la voluntad política se puede llegar de manera amplia a la población en situación de necesidad económica y social.

En concreto el ICE se concedió a 18.000 familias en Canarias sin ningún ingreso económico en un tiempo récord de 2 meses en los que se estudiaron en total 30.000 solicitudes, en una situación en el que las personas no podían salir de sus casas por el confinamiento, no solo los solicitantes si no buena parte de los y las empleadas públicos.

Este hecho se afrontó como lo que era, una emergencia social en la que miles de personas en Canarias podían ver dificultado cubrir algo tan básico como el comer.

Y así gestionó por parte de la Consejería de Derechos Sociales, como prioridad absoluta de la Consejera Noemí Santana y con el equipo de la viceconsejera Gemma Martínez y el DG Jonás González, y al igual que una incendio se afronta con todos los medios disponibles, así se hizo con esta situación, volcándose todo el gobierno con una movilización importante de personal público de diversas consejerías para poder tramitar los expedientes, y con el diseño de un procedimiento ágil, para lo cual fue fundamental el apoyo de las DG de Telecomunicaciones y la DG de Modernización, que permitiera hacerlo sin necesidad de presentar un solo papel, realizando la solicitud a través del 012 la cual luego era presentada por un funcionario habilitado y tramitada en tiempo récord por todo el personal que el gobierno de Canarias puso a disposición de la Consejería de Derechos Sociales a través de medios automatizados.

Hablamos que en una situación de emergencia social este gobierno pudo llegar como nunca antes a miles de familias en Canarias con un pago único que aumentaba en cantidad en función del número de miembros de la familia y del que posteriormente se aprobó un segundo pago.

La otra gran novedad fue la aceleración de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital por parte del gobierno del Estado. Esto era una gran noticia porque iba a suponer que el gobierno central destinaría recursos para cubrir a buena parte de la población con pocos o ningún ingreso, lo que nos obligaba a replantearnos como gobierno autonómico cual es debía ser el papel de la futura RCC si ya iba a existir una renta similar gestionada por la seguridad social.

Al respecto, la primera medida que tomamos fue adaptar la PCI al IMV mediante decreto-ley ya que dicha PCI es complementaria a cualquier otra prestación o ingreso por lo que los solicitantes de la misma debía solicitar el IMV también, pero intuyendo que las resoluciones del IMV iban a tardar, lo que por otro lado es lógico que pase en el inicio del despliegue de una prestación tan ambiciosa, y para no suponer un perjuicio a las personas en situación de necesidad, regulamos la PCI para que solo fuera necesario haber solicitado el IMV aunque no hubiera resolución del mismo, ello nos permitía cubrir con la PCI de manera más ágil a todas aquellas familias que habían solicitado el IMV y estaban esperando resolución del mismo, dándoles protección social en el proceso.

También eliminamos del computo de la PCI los meses del pago retroactivo del IMV, ya que de no haberlo hecho se hubiera generado que miles de familias beneficiarias de la PCI debieran realizar reintegros de las cuantías percibidas, generando además con ello una alto volumen de retraso administrativo. Entendíamos además que esta modificación reforzaba la protección social en unos meses de pandemia que habían sido muy difíciles para la población en el ámbito económico y del empleo.

Estas medidas planteadas debo decir que marcaron diferencia con otras CCAA que no facilitaron una transición o complementariedad entre su prestación y el IMV, aprovechando algunas la coyuntura de existencia de una prestación estatal para ir desmantelando sus rentas autonómicas.

Y con respecto a la RCC, después de que analizáramos la regulación del IMV y el posible alcance de la prestación estatal en Canarias, la conclusión a la que llegamos era clara, si bien el IMV cuando se desarrollara en su plenitud iba a llegar a un número elevado de familias, unas treinta y cinco mil en las islas eran los cálculos, los requisitos que tenía podían dejar fuera a muchas otras situaciones, por ejemplo varias unidades de convivencia en un mismo domicilio ya que el IMV solo contemplaba una unidad familiar, que entendíamos se podía cubrir desde una renta autonómica, es por ello que, aunque siempre sería un requisito solicitar el IMV para poder ser beneficiario de la RCC, sabíamos que de la RCC habría beneficiarios que no lo podrían ser del IMV, y entre ambas prestaciones se podía llegar a un número mayor de familias.

Optamos por tanto por complementar la prestación estatal con situaciones no contempladas en esta, a la ya mencionada de varias unidades de convivencia en un mismo domicilio, incluimos la de que la carencia de recursos fuera desde los tres últimos meses, no el año anterior como hacía el IMV, lo que nos permitía llegar mejor a la pobreza sobrevenida. Otras situaciones era cubrir a menores de 23 en situación de vulnerabilidad, cosa no recogida en el IMV, o el desarrollo de complementos como el de la vivienda, para garantizar una sostenibilidad habitacional, uno de los principales problemas de la población con menos recursos.

Entre los mencionados complementos me parece oportuno destacar el de las pensiones no contributivas. Son unas 43.000 personas pensionistas, la mayoría mujeres, las que reciben una PNC en Canarias, siendo nuestra CCAA una de las que mayor número tiene en función de la población, lo que se explica por nuestro modelo productivo con un elevado porcentaje de economía sumergida, y por el trabajo de cuidados de miles de mujeres que nunca cotizaron y que su solución en el último tramo de su vida es una pensión no contributiva que siempre se ha caracterizado por su baja cuantía.

Al respecto decir que nuestro gobierno fue el primero en Canarias en dar un complemento extraordinario de 250 euros a dichos pensionistas en tres ocasiones. Desde los años 90 los gobiernos de CC hablaron de complementar las PNC, pero no fue hasta 2020 con un gobierno de izquierdas y una consejera de Podemos que ello fue posible. Este complemento extraordinario lo incluiríamos como derecho subjetivo en la nueva ley de Renta Canaria de Ciudadanía.

Con todo ello, como características básicas, y apuesta política de la Consejería de Derechos Sociales de lo que iba a ser la ley de Renta Canaria de Ciudadanía establecimos:

–              La RCC sería un derecho subjetivo que se cobraría el tiempo que las familias lo necesitasen.

–              Eliminaríamos con respecto a la PCI las llamadas renovaciones quedando la persona obligada a comunicar cualquier cambio en las circunstancias de su unidad de convivencia que pudiera afectar al derecho de la prestación.

–              Se aumentarían las cuantías, equiparándose a las del IMV, que mejoran especialmente la situación de familias con menores y monoparentales.

–              Se establecerían tres modalidades de RCC; la básica, la destinada a jóvenes de menos de 23 años en exclusión social y la destinada a complementar los ingresos del trabajo para aquellos hogares con pobreza laboral.

–              Se incluirían complementos por vivienda, para pensionistas no contributivos y a la educación.

–              La inclusión social de las familias se incluiría al mismo nivel de la prestación económica como derecho subjetivo, siendo derecho de la persona recibir los apoyos profesionales cuando existirán situaciones de exclusión, y coordinando con el área de empleo la inclusión laboral.

–              El procedimiento se realizaría dirigiendo la solicitud directamente al gobierno de Canarias, bien por sede electrónica, bien por registro a través de los formularios disponibles.

–              El papel de los ayuntamientos ya no sería el de tramitar el expediente, quedando reservado esto a la administración autonómica, si no el de acompañar a las personas que lo requieran con información y orientación para poder presentar sus solicitudes, y en especial el de desarrollar la intervención social con las familias beneficiarias de la RCC, en coordinación con el equipo autonómico de trabajo social, a través del diagnóstico social y elaboración de itinerarios de inclusión social y laboral, desburocratizando con ello el papel de las trabajadoras sociales municipales destinas a la RCC, como desde tiempo se venía reclamando.

Decir que una vez clara todas estas ideas fuerza del equipo de trabajo, coordinados por la viceconsejera Gemma Martínez y en comunicación continua con la consejera, realizamos multitud de reuniones informativas y de recogida de ideas con los ayuntamientos, tercer sector, agentes sociales, los cuales realizaron aportaciones muy valiosas que fueron enriqueciendo los textos iniciales, contando en un lugar indispensable al personal técnico de la DG de Derechos Sociales; jefa de servicio, jefas de sección, trabajadoras sociales, personal administrativo; cuya implicación en la gestión de la PCI, PNC no les restaba tiempo ni ganas de aportar ideas y sugerencias a los borradores de la ley, así como también del personal de desarrollo normativo de la Secretaría General Técnica, sin todos ellos y ellas no hubiera sido posible sacar adelante la norma.

El recorrido posterior de cara a la aprobación de la ley tuvo dos momentos principales; la aprobación de la propuesta de la Consejería por prácticamente todos los agentes sociales; sindicatos, patronal, colegios profesionales, tercer sector; en el máximo órgano de participación en la materia, el Consejo General de Servicios Sociales, con los únicos votos en contra de los colegios profesionales de trabajo social de ambas provincias; y por otro lado, y ya de manera definitiva, la aprobación por unanimidad en el parlamento de Canarias, donde todos los grupos parlamentarios realizaron propuestas que vinieron a aportar al texto base del gobierno sin cambiar la idea principal y estructura básica del mismo desarrollada por el equipo de la Consejería. Al respecto destacar también las valiosas aportaciones realizadas por la comisión de PCI de Colegio de Trabajo Social de Sta Cruz de Tenerife, sus aportaciones prácticas sirvieron como base a diversas enmiendas de los grupos parlamentarios y suponía el colofón de un recorrido importante de años planteando y reivindicando mejoras para dicha prestación.

La ley que regularía la RCC se aprobaba a finales de 2022 con gran consenso político y social. Nuestra tarea fue entonces garantizar un proceso nada simple; la transición de la PCI a la RCC con el trasvase de oficio de todos los beneficiarios de la antigua prestación a la nueva, reconociéndoles el derecho con la actualización de sus cuantías a lo que establece la nueva ley, suponiendo esto una mejora importante especialmente para aquellos hogares con menores a cargo; la gestión de las nuevas solicitudes y de las que se habían quedado pendientes en los ayuntamientos como PCI y que pasaba a ser solicitudes de RCC, y comenzar a gestionar el sistema con la implementación de un nuevo aplicativo de consultas de comprobación de requisitos automatizados. Fundamental nuevamente la labor del personal de la DG, poder pasar de un sistema a otro con éxito y empezar a sentar las bases del nuevo sistema no es algo nada sencillo, y se realizó con éxito gracias a la solvencia profesional del personal de la casa.

Además dejamos planificado la cifra récord de 100 millones de euros para 2023, si bien la propuesta de la Consejería era haber llegado a 120 millones de euros, cosa de la que hubieramos estado más cerca si CC no hubiera votado en contra en el Congreso de los Diputados a que los fondos estatales de lucha contra la pobreza en Canarias para 2023 se hubieran elevado de 30 a 40 millones de euros.

Por tanto, a los 82 millones presupuestados añadimos remanentes de fondos de pobreza 2022 y 2023 que nos permitía cubrir el complemento a las PNC con 10 millones y 90 millones para la RCC. Dicha cuantía, la cual deberá ser aumentada a finales de año con remanentes podría llegar a unos 94 millones de ejecución presupuestaria, lo que constituirá la inversión más elevada destinada nunca a familias en vulnerabilidad por un ejecutivo autonómico.

Por otro lado, el equipo de trabajo social de la Consejería desarrollaba las tareas para poder ir dando forma al otro gran derecho que se reconoce en la ley, el de la inclusión social, con la elaboración de indicadores para el diagnóstico social y el modelo normalizado de plan de intervención, estableciéndose una ronda de reuniones técnicas con personal municipal y colegios profesionales de cara a definir de manera consensuada dichas herramientas. Este gran trabajo del personal de trabajo social de la DG debo decir que también reflejaba que el derecho a la inclusión nos lo tomábamos en serio, que hay una alta correlación entre dificultades económicas y situación de exclusión social que son evaluables y que requieren de profesionales a nivel autonómico y municipal para realizar el acompañamiento a las familias. Este trabajo se avanzó en ese momento hasta la consulta pública para el establecimiento de los indicadores para el diagnóstico social y el modelo de plan de intervención.

Hasta aquí se queda el equipo de gobierno saliente en este tema y hasta aquí pudimos llegar tras el resultado electoral y la transición en el cambio de gobierno.

¿Hay futuro para la Renta Canaria de Ciudadanía?

El citado proceso descrito desde la óptica del que escribe, cuya responsabilidad como DG de Derechos Sociales fue que la aprobación de la ley y su puesta en marcha supusiera un avance para los derechos sociales de la población más vulnerable en Canarias y que fuera con el máximo consenso político y social posible fue precisamente para garantizar que gobernara quien gobernara este nuevo derecho no fuera cuestionado.

No obstante varias son las incógnitas que se plantean ante el rumbo que puede tomar el nuevo ejecutivo.

En primer lugar el marcado carácter de derechas del mismo, en el discurso y en la práctica, hace que una política de corte tan netamente progresista como es una renta garantizada pueda ser puesta en cuestión de una u otra manera, más cuando el desarrollo de la ley efectivo de la ley implicaría una agenda muy ambiciosa de desarrollo normativo, inversión presupuestaria y crecimiento en la inversión pública, y eso lo deben hacer los partidos del actual gobierno los cuales no se caracterizan especialmente por su sensibilidad social.

Hablamos del PP, el partido cuyo presidente Mariano Rajoy será recordado por decir que la dependencia era inviable, eliminando las cotizaciones a las cuidadoras no profesionales y reduciendo a la mínima expresión la financiación estatal a las CCAA en dependencia o en servicios sociales a través del plan concertado, financiación ambas recuperada y superada con creces por el actual gobierno de progreso del Estado.

Y hablamos de CC, cuyo presidente antes y ahora, Fernando Clavijo, habló de las rentas mínimas como paguitas para pobres y cuyo partido se ha caracterizado por haber tenido en el atraso más absoluto los servicios sociales. Como ejemplo, Canarias ha venido suspendiendo todos los años desde 2012 en el informe DEC de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, teniendo la calificación de los servicios sociales en Canarias como irrelevantes, no siendo hasta 2022 con la gestión de Podemos del área cuando nuestra comunidad autónoma aprueba el mencionado índice y sale del furgón de cola. En todos estos años CC no ha demostrado tener como prioritarios los servicios sociales ni las personas vulnerables.

Ambos partidos, de corte neoliberal en lo económico y lo social, lo primero que han hecho al entrar al gobierno es reducir los impuestos a los más ricos de Canarias, dejando a las claras su política netamente de clase en beneficio de la minoría privilegiada, y anunciado bajadas en el IGIC, ahora matizadas, que podrían equivaler en millones de euros a buena parte de lo que hoy sería el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales, poniendo en riesgo la financiación de los servicios públicos por un supuesto beneficio a la ciudadanía que en la práctica se reduciría a unos pocos euros en los bolsillos, y eso solo si determinadas empresas no aprovechan esa bajada de IGIC para subir sus márgenes empresariales, con lo cual se produciría lo esperado, trasvase de recursos de la población a determinadas empresas, y subfinanciación de servicios públicos que facilitan su privatización, lo que viene siendo en resumen la agenda neoliberal.

Es por todo ello que planteo mi escepticismo ante el posible desarrollo de todo lo que implica la ley de la Renta Canaria en esta legislatura con un gobierno de derechas y neoliberal, pero habrá que evaluar por los hechos y no por el sesgo. Un correcto desarrollo de la misma que suponga avances implicaría en mi opinión medidas en el corto y medio plazo:

–              Destinar el persona adecuado para ello. En el corto plazo prorrogando los planes de choque y cubriendo todas las bajas que se han producido en el mismo así como las plazas de la ampliación que dejamos aprobada. En el medio plazo aprobar una nueva RPT que destine de manera estructural el personal necesario para dicha competencia de la CCAA.

–              Destinar la financiación necesaria para ello. Viendo la evolución de la nómina de RCC y teniendo en cuenta una paulatina aceleración de la gestión de los expedientes a medida que el nuevo sistema esté más asentado, y además planificando la aprobación del primer complemento a las PNC, un presupuesto en 2024 que estuviera por debajo de los 150 millones sería claramente insuficiente.

–              Ir desarrollando reglamentariamente la ley de manera paulatina, al mencionado complemento a las PNC, que requiere regulación mediante decreto, debería unirse a lo largo de la legislatura la regulación del proceso de diagnóstico social y plan de intervención, el complemento a la vivienda, el complemento a la educación y la modalidad de RCC a los ingresos del trabajo.

–              Destinar como marca la ley la financiación necesaria para que los ayuntamientos puedan contar con el personal para realizar los procesos de información y orientación a la ciudadanía así como de desarrollo del diagnóstico social, plan de intervención y desarrollo de los itinerarios.

–              Llegado el caso innovar ante posibles necesidades para no retroceder en la gestión; contar con medios propios de la administración para acelerar fases de la gestión de los expedientes con la contratación de personal para ello, con entidades del tercer sector para poder llegar a las personas en situación de vulnerabilidad a las que no llegan los servicios sociales municipales y ayudarles a presentar la solicitud, establecer vías más rápidas como la telefónica, etc. Toda y cada una de estas medidas es posible de implantar porque así lo diseñamos en la ley, dejamos una legislación flexible para poder cumplir con el objetivo de llegar a las familias más vulnerables usando todos los medios que la administración tenga para ello.

No avanzar en una agenda como esta implicaría que se renuncia a desarrollar este derecho, delegando esta responsabilidad, por ejemplo, en el Estado y el IMV, la solución más fácil y rápida que han tomado comunidades como Madrid y que podría ser la coartada perfecta para no cumplir con las obligaciones legales, y sobre todo con la ciudadanía que más lo necesita.

El desarrollo de la legislatura nos irá dando las claves y las respuestas.

Desde Podemos Canarias hemos dado este margen a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y su equipo, para comenzar a valorar su labor al frente de la Consejería que nosotras  gestionábamos en la pasada legislatura.

Cuando una llega al Gobierno, lo primero que hace es un análisis y diagnóstico de la situación en la que se encuentra el área que vas a gestionar y la herencia que recibes del anterior mandato. Es normal, nosotras también lo hicimos así. Lo que no es tan normal y nos parece una práctica política mezquina y reprochable es no decir la verdad.

Con este artículo solo queremos desmontar algunas de esas mentiras o medias verdades que la consejera ha ido vertiendo en declaraciones a los medios, y que no hacen más que definir a quien se encuentra ahora a los mandos del Gobierno.

En primer lugar, hace referencia a un “agujero” en la Renta de Ciudadanía Canaria (RCC). Para nada es como dice, la Renta estaba perfectamente planificada en la evolución de la nómina, y había recursos propios más que de sobra para hacer frente a la misma. Entre lo que se presupuestó -82 millones de euros- y los remanentes de fondos de pobreza 2022 y los de 2023 suman los 100 millones de euros que destinamos a tal fin. Pero, ya que lo dice, hubiésemos contado aún con más recursos, si su partido y la diputada Ana Oramas no hubiera votado en contra de ampliar en 10 millones más los fondos de pobreza que el Estado ha destinado a Canarias en 2023, de los que se cofinancia la RCC. Se perdió esa votación por tan solo 4 votos, dos de ellos de CC.

Hay que decir que dicha cuantía es la mayor inversión que un Gobierno autonómico canario ha destinado directamente a las familias vulnerables en la historia de nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, un esfuerzo presupuestario completamente inédito en el partido de la consejera: Coalición Canaria.

De hecho, parece incluso que la ejecución presupuestaria de la Renta será menor de lo que nuestro equipo había previsto, ya que el actual tiene un atasco monumental, siendo incapaz de buscar soluciones para las miles de solicitudes pendientes. Ese es su verdadero problema y de dónde proceden sus nervios.

No se puede hablar por tanto de ningún agujero en la RCC, y menos hablar del coste de ese supuesto agujero de 8 a 9 millones mensuales, como dijo la consejera aprovechando la confusión de una pregunta en un medio de comunicación. Esa cantidad es el coste mensual de la nómina. Nos sorprende, cuando menos, un fallo así de la que fuera presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, o directamente su objetivo ha sido confundir.

Dice también doña Candelaria que van a llevar a cabo un plan de choque, porque el anterior equipo no lo hizo. Esto nos produce estupor, porque la consejera es consciente de que sí se realizó un plan de choque, reforzando el personal más que nunca. Ella misma lo comentó en sede parlamentaria, y cualquiera que visite la hemeroteca podrá contrastar los esfuerzos para reforzar la plantilla que impulsó el Pacto de las Flores, especialmente en la Consejería de Derechos Sociales.

Y no solo hablamos de los cientos de personas que se incorporaron para poder gestionar el sistema de Dependencia, sino en todas las direcciones generales. En concreto, solo en la Dirección de Derechos Sociales, reforzamos la plantilla con 80 personas en dos planes de choque y dejamos aprobada una ampliación de 20 más para este año. Es decir 100 trabajadores y trabajadoras más. Nunca había habido tanta gente trabajando. Fue eso lo que nos permitió agilizar la gestión de la Prestación Canaria de Inserción acabando con la lista de espera. 

El problema viene porque el actual equipo no cubre las bajas del personal del plan que se ha ido a otros destinos y no ha cubierto la ampliación de 20 personas más, lo que le está dejando un erial.  Hacer otro plan está bien, pero mejor empezar por cumplir con el que le dejamos tramitado.

Habla también la consejera de que le corresponde al Estado pagar la parte general del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y a nuestra CCAA solo los complementos de la Renta. Esto demuestra un total desconocimiento de la ley de la RCC, ya que esta prestación, señora Delgado, cubre a familias que, en muchos casos, no cumplen los requisitos para percibir el IMV.

De las 14.000 familias que están en la RCC, según palabras de la consejera (que, en realidad, no pasan de las 12.500 que les dejamos, según los datos que ellos mismos han dado), todas han pedido el IMV.

Esta afirmación de la consejera no es baladí ya que ha deslizado que no podrán pagar el complemento a las 43.000 personas que cobran pensiones no contributivas en Canarias, que nuestro gobierno abonó por primera vez a dichos pensionistas por tres años seguidos, porque el Estado no se hace cargo de la parte general de la RCC. Es decir, el relato que preparan desde Coalición Canaria para explicar que los canarios y canarias que cobran PNC, que son las pensiones más bajas, no van a percibir su complemento es que la culpa es de Madrid.

Además, dice que se encontraron sin aplicativo de gestión, lo cual es totalmente falso. Dicho aplicativo fue licitado con fondos Next Generation, y estaba en aplicación y desarrollo para la entrada en vigor de la RCC. Esto también es información pública y fácilmente contrastable.

Con respecto a la herencia recibida por el actual equipo al que ha hecho referencia la consejera, tenemos que decir que es la de  una CCAA que, por primera vez, aprueba en el Índice DEC 2022 de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que mide el desarrollo de los servicios sociales y en cuyo informe destaca la mejora de la inversión social en Canarias, que roza la excelencia, el aumento de derechos con la aprobación del catálogo de servicios, y la mejora de la cobertura, saliendo de la calificación de irrelevante en la que nos dejó la primera legislatura de Fernando Clavijo. Un hito en la historia de nuestro servicios sociales que supone mejorar por primera vez un área que nunca fue una prioridad política con otros gobiernos,y que fue posible con el Pacto de la Flores y Podemos gestionando la Consejería de Derechos Sociales.

También es herencia recibida para ustedes, qué suerte consejera, que 2022 haya sido el año de mejor gestión de la PCI (Prestación Canaria de Inserción), desde que se creó en 2007, lo que nos permitió proteger a más familias que nunca en Canarias, hecho que se podrá analizar pronto con el informe anual del Ministerio. Y sí, esto permitió ser parte de un escudo social que detuvo el avance de la pobreza en nuestra tierra.

Otro día hablaremos de Dependencia y de cómo pasamos de ser la comunidad autónoma con peores datos en personas atendidas y listas de espera a una de las regiones que más han crecido en atención en los últimos años. Por cierto, es llegar CC y el PP al Gobierno y empezar a disminuir de manera muy notoria los expedientes que se tramitan cada mes.

Sentimos mucho que el nuevo equipo necesite echar tierra sobre la gestión del anterior para tapar sus propias incapacidades. 

Y lo sentimos porque de ello dependen los derechos de miles de canarios y canarias.

Noemí Santana 

Javier Bermúdez

Cuando un gobierno pretende implementar una política pública de gran calado, especialmente aquella que desarrolla servicios públicos y derechos de ciudadanía, tres son los aspectos estratégicos para que dicha política pública sea un éxito:

El primero de ellos es contar con un presupuesto suficiente para desarrollarla, esto implica una elección de prioridades que es de tipo político, por ejemplo; más dinero para contar con unos servicios sociales suficientes puede implicar menos financiación para otras partidas como carreteras.

El segundo es desarrollar la legislación y reglamentación necesaria para llevarla a cabo siguiendo las vías necesarias. Dicha legislación, y posterior reglamentación, implica el reconocimiento del derecho y su alcance, además de regular los requisitos, vías de acceso, etc. Este punto es fundamental porque la norma que se apruebe puede ser ambiciosa para llegar al máximo número de personas posibles, o restrictiva, vacía de contenido.

El tercero es contar, o planificar el desarrollo, de un aparato administrativo necesario para prestar dicho servicio público. No hay educación pública sin personal docente, ni sanidad pública sin personal sanitario, igual que no hay servicios sociales sin los y las profesionales del sector empleados por la administración pública para dicho fin.

A estos tres elementos se le añade uno fundamental que atraviesa transversalmente los otros tres, la voluntad política. No va a existir presupuesto, ni recorrer el largo camino del desarrollo legislativo, ni desarrollar una estructura administrativa, que implica también una inversión considerable, si el gobierno de turno no considera estratégico el desarrollo de ese derecho y servicio público, o simplemente no está entre sus prioridades.

La experiencia de gobierno del Pacto de las flores, con toda la crítica y autocrítica que se le quiera hacer, marcó un momento fundamental en la política canaria al poner entre sus prioridades la lucha contra la pobreza, en especial la más severa, con el desarrollo de una prestación autonómica destinada a cubrir las necesidades básicas de la población con menos recursos, la Renta Canaria de Ciudadanía.

Quizás, al tratarse de una cuestión que afecta al sector más vulnerable de la población, ese con menos poder y voz, no será de los aspectos que más se tengan en cuenta al estudiar el desarrollo de la legislatura, pero honestamente creo que en el futuro con más claridad se valorarán los pasos que dio este gobierno de izquierdas en la lucha contra la pobreza, convirtiéndolos en su prioridad política y solo siendo suspendidos en su avance por un resultado electoral en el que la ciudadanía decide, sin duda alguna, una vuelta a un gobierno de derechas.

La necesidad de una Renta Ciudadana para Canarias

La Renta Canaria de Ciudadanía tiene los objetivos principales de proporcionar una prestación económica a familias sin o con pocos recursos para garantizar la cobertura de las necesidades básicas, así como los apoyos sociales necesarios para el desarrollo de itinerarios de inclusión social y laboral, viniendo a sustituir a la Prestación Canaria de Inserción vigente desde 2007 y derogada con la entrada en vigor de la ley de Renta Canaria a finales de marzo de este 2023.

Pero algo así no viene de la noche a la mañana, cualquier política pública que se cristaliza en ley en las instituciones, más cuando hablamos de derechos sociales, tiene un recorrido previo en las calles, en la reivindicación y los movimientos sociales y sindicales, y en el debate público.

En Canarias esto se refleja en la constatación de toda la sociedad de que ni en los momentos más “prósperos” de nuestro modelo económico, con alta creación de empleo y crecimiento económico, se ha logrado erradicar o bajar muy significativamente la población en riesgo de pobreza y en especial la población en pobreza severa, estando siempre más de una cuarta parte de la población en los márgenes del bienestar, y entre un 10 y un 15% en los márgenes extremos.

Es con esa población, especialmente con la que se encuentra en la pobreza más severa, con la que existía, y existe, una deuda histórica que las instituciones tienen que saldar destinado recursos a una mayor protección social para tener una sociedad más justa, equilibrada, y que respete los derechos humanos, el primero de ellos el de comer bien todos los días.

La crisis económica de 2008 vino a poner la puntilla a esa realidad, las colas del hambre en nuestras islas, las familias desahuciadas por los bancos, y el profundo dolor social que ello implicó, vino a plantear la necesidad de desarrollar una protección social en todo el Estado, y en particular en Canarias, que garantizase unos mínimos de subsistencia garantizados a las familias, y al igual que la sanidad pública procura que no te mueras por una enfermedad curable, por muy caro que sea el tratamiento y aunque no tengas recursos, de igual manera los servicios sociales públicos debían garantizar que a ninguna familia le falte para lo básico para subsistir.

Esto se convirtió en un clamor social, y todo ese empuje de la calle, y también político con la entrada en las instituciones de Podemos y sus confluencias que hacían de la agenda social la columna vertebral de su estrategia, contribuyeron a poner sobre la mesa la necesidad de una Renta Canaria de Ciudadanía como ya las tenían otras CCAA mucho más avanzadas que la nuestra en lo social, lo que derivó en la presentación de una Proposición del Ley de renta garantizada en la legislatura 2015-19 la cual fue rechazada, hablando el entonces y ahora retornado presidente del gobierno Fernando Clavijo de paguitas para pobres.

Pero ya el camino estaba marcado y la renta garantizada se incluyó como mandato en nuestro estatuto de autonomía de 2018, art 24, y en la ley de servicios sociales de 2019.

El resultado electoral de 2019, y la consecución de un gobierno autonómico de coalición de izquierdas en Canarias por primera vez en la historia democrática de las islas nos daba la responsabilidad de desarrollar dicha renta y que nuestro paso por las instituciones fuera el de la consecución de nuevos derechos que protegieran a la población de la pobreza más severa, y en ello nos pusimos desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, con Noemí Santana al frente.

Prestación Canaria de Inserción, el derecho insuficiente

Como todo desarrollo de derechos nunca se parte de cero. En Canarias ya existía desde 2007 una prestación económica destinada a familias sin recursos económicos, la prestación canaria de inserción, popularmente conocida como la PCI.

Como gobierno progresista teníamos una doble labor, por un lado estudiar la PCI y su evolución para que de esa experiencia incluyéramos los cambios necesarios en la futura Renta Canaria de Ciudadanía, y por otro lado mejorar en todo lo posible dicha prestación mientras estuviera vigente para garantizar la protección social al máximo número posible de familias vulnerables e intentar hacerlo con el máximo consenso social y político.

Antes de desgranar brevemente las deficiencias de la PCI que detectamos, y las distintas reformas que de esta prestación realizamos desde el equipo de gobierno modificando su ley reguladora mediante decretos-leyes, debo decir que si bien de manera incompleta, la PCI ha permitido durante el periodo 2007-2023 cubrir las necesidades básicas de familias canarias en situaciones sociales y económicas muy difíciles, y ello en buena medida gracias a la dedicación de muchas empleadas públicas, mujeres fundamentalmente, tanto en el Gobierno de Canarias como en los servicios sociales municipales.

Dicho esto, el principal problema de la PCI era que no constituía un derecho de ciudadanía, es decir, que no tenía carácter de derecho subjetivo y estaba limitada en el tiempo. A diferencia de la mayor parte de las rentas mínimas de las otras Comunidades Autónomas cuyas prestaciones se cobran el tiempo que la familia beneficiaria esté en situación de vulnerabilidad, la PCI solo tenía una duración de 24 meses, con una posible prórroga de seis meses más, tiempo después del cual ya no se podía volver a acceder a la ayuda económica básica. Esto, teniendo en cuenta que la PCI es la última prestación a la que se podía tener derecho, nos dice muy a las claras que hay personas sin ningún tipo de recursos que una vez que finalizaban la prestación solo les quedaba la beneficencia y las colas del hambre.

Otra de las carencias detectadas era las bajas cuantías que recibían las familias. Como ejemplo, una persona beneficiaria sola sin unidad familiar recibía, en 2021, 489,35 euros, y una familia de 4 miembros, 637,45 euros. Es decir, a medida que la familia era mayor la prestación no crecía con la misma intensidad y ello provocaba por un lado la insuficiencia para cubrir las necesidades básicas, algo especialmente grave en hogares con menores y por otro la menor cobertura de hogares con más miembros. Ya que la cuantía de la PCI implica no solo la cantidad mensual de la prestación a cobrar sino también los ingresos a partir de los cuales se tiene derecho o no a la prestación, esta situación dejaba fuera de la prestación a familias de 2, 3 y 4 personas, siendo en aquel momento casi el 50% de los beneficiarios personas solas, es decir, ineficiente para proteger a los hogares con menores de la pobreza infantil.

Unido a todo ello, otro de los déficits principales de la PCI que detectamos era su procedimiento establecido en la ley, el cual generaba una carrera de obstáculos y filtros que en la práctica hacían muy difícil el acceso a dicha prestación. El proceso empezaba en los ayuntamientos con la solicitud, a partir de ahí se desarrollaba con citas y entrevistas, informe social, plan de intervención, y una vez finalizado ese largo proceso, el expediente era remitido al Gobierno de Canarias para su estudio y aprobación o devolución al ayuntamiento, lo cual suponía un tiempo muy largo antes de la posible aprobación de la misma.

Con posterioridad a la aprobación de la prestación existían las renovaciones, después del año de la resolución favorable y cada seis meses, la familia debía nuevamente demostrar que seguía en la misma situación económica y social.

Con bastante frecuencia la infradotación de personal existente en el gobierno de Canarias y en los ayuntamientos provocaban el retraso en dichas renovaciones y que las familias estuvieran 3, 4 y hasta 5 meses sin cobrar. Ello provocaba que en muchas ocasiones tuvieran que solicitar ayudas de emergencia social al propio ayuntamiento que le gestionaba la PCI para poder cubrir las necesidades básicas los meses de no cobro por renovación. Decir que el modelo de renovaciones provocaba una profunda angustia en muchas familias sin recursos es decir poco.

Como se puede deducir, el diseño de la PCI a través de su ley estaba más orientada a poner el foco en el control continuo, aunque ello derivara en procesos administrativos que retrasaban la prestación, que en llegar lo antes posible a las familias en situación de necesidad.

Todo lo expuesto explica el por qué la PCI siempre tuvo una cobertura tan baja, es decir, pocas familias acogidas a la misma existiendo niveles tan altos de pobreza estructural en las islas. Incluso en los momentos más duros de la crisis de 2008 hablamos de una nóminas mensuales de 3.000 a 4.000 familias, cifra muy baja y no acorde con el nivel de necesidad existente.

Solo en corto periodo en el que Patricia Hernández dirigió la Consejería de Derechos Sociales en 2015 se puso voluntad en el asunto y la cifra aumentó por encima de las 9.000 familias cubiertas, pero el retorno de Coalición Canaria a la misma fue devolviendo las cosas a su “lugar” de prioridad, y en agosto de 2019 cuando el nuevo equipo dirigido por Noemí Santana de Podemos toma posesión se encuentra que la herencia de CC era una cobertura de la PCI de únicamente 5600 las familias protegidas de la carencia material severa.

Con todo ello iniciamos la reforma de la PCI, que ya había comenzado tímidamente en el parlamento de Canarias a finales de la legislatura 2015-19. Con la aprobación de la ley de servicios sociales de Canarias se aprovecha para incluir una disposición que modificaba la ley de PCI permitiendo la continuidad en la misma a las familias que estuvieran dentro del sistema y tuvieran menores a cargo o estuvieran en situación de vulnerabilidad justificada por informe social. Era un paso, pero aún alejado de convertir la PCI en una prestación de derecho subjetivo.

Es por ello que el nuevo equipo de gobierno se plantea como prioridad seguir modificando la PCI para aumentar su alcance y cobertura y llegar a más familias, para ello, siendo director general de Derechos Sociales Jonás González, se incluye en la ley de presupuestos de la CCAA de 2020 una modificación de la ley de la PCI que permite que aquellas familias que cobraron la prestación en el pasado y tengan menores a cargo, pudieran volver a ser beneficiarias de la misma, esto abría de nuevo esta protección social a miles de familias con menores en un momento en el que no existía todavía el IMV.

Más cambios que incluimos en la misma durante la legislatura a través de cuatro decretos-ley fueron; establecer las que denominamos renovaciones automáticas, es decir que mediante declaración jurada la persona titular declaraba que se encontraba en la misma situación, con ello se lograba agilizar el enorme problema de las renovaciones, y evitar en la medida de lo posible que las familias estuvieran meses sin cobrar. Además cambiaba la lógica de control anterior, permitiendo comprobaciones ex post a la aprobación de la renovación ya que sin menoscabo de la obligación que tiene la administración de comprobar que se cumplen los requisitos de acceso a la prestación, se permitió renovar automáticamente la prestación con la declaración responsable de la familia de que se encontraba en la misma situación de vulnerabilidad.

Estas modificaciones las acompañamos de otras medidas como la actualización de las cuantías al IPC, aprobar por tres años consecutivos un complemento extraordinario de 250 euros por los efectos del covid-19 y posteriormente por la inflación, aprobar el establecimiento de un complemento de 50 euros, que luego subimos a 80 euros, por cada menor a cargo para luchar contra la pobreza infantil y mejorar las escasas cuantías de los hogares con menores, y ya sí, modificar por último la ley de la PCI para que cualquier persona que hubiera sido beneficiaria en el pasado pudiera volver a serlo, aunque no tuviera menores a cargo.

Los cambios legales iban acompañados de los otros dos aspectos fundamentales, aumento del presupuesto y aumento del personal a través de planes de choque.

Sobre lo primero, decir que este equipo de gobierno dobló la financiación en el periodo 2019-22, pasando de ejecutar 36.5 millones de euros en 2019 a más de 70 millones de euros en 2022, incluyendo el complemento extraordinario. Pocas veces una política pública dobla en tan poco tiempo su inversión, especialmente la que tiene que ver con los servicios sociales y las personas vulnerables.

Sobre el personal de refuerzo, unas de veinte personas se incorporaron a finales de 2020 y sesenta más a finales de 2021 a prestar servicio solo a la DG de Derechos Sociales para poner al día los problemas de gestión que la carencia de personal de gobiernos anteriores habían hecho crónicos. Para 2023 se aprobó y presupuestó una ampliación de veinte personas más. Hablamos de la incorporación de cien personas en la DG de Derechos Sociales. Buena parte de ese personal se destinó a poner al día la PCI y prepararnos para cuando entrara en vigor la Renta Canaria de Ciudadanía.

Hay que decir que la incorporación de personal es una de las cuestiones de máximo orgullo de este equipo saliente, aun sabiendo que la duración de cuatro años de los planes de choque lo convertían una solución temporal y que la estructural pasaba por aprobar una nueva RPT dotada con el personal suficiente y adaptada a las nuevas competencias, pero esto nos permitía ponernos al día en la gestión y ganar tiempo para preparar una profunda reforma de la RPT para la siguiente legislatura en caso de que el mismo equipo continuara al frente de la Consejería.

Para que estos planes de choque fueran posibles fue fundamental a nivel de gobierno la presión que realizó la Consejera Noemí Santana, y a nivel de partidos del Pacto de las Flores la coordinadora de Podemos Canarias Laura Fuentes, para hacer ver a los socios que sin refuerzo de personal en la Consejería no era posible atender a las necesidades sociales de la población, y que sin ello no era viable un gobierno progresista que necesariamente debía tener su sello en la justicia social.

Además de aumentar el personal autonómico se dobló la financiación a los ayuntamientos destinada a contratar personal para la PCI, pasando de unos seis millones y medio de euros en 2019 a 12 millones de euros en 2022, lo cual permitía reforzar y agilizar las competencias municipales.

Todas y cada una de esas modificaciones descritas tenía un objetivo claro, abandonar la dejadez con la que anteriores gobiernos habían tratado las políticas destinadas a las personas en situación de pobreza, dedicando recursos, y echándole voluntad y cabeza a cómo luchar contra la pobreza para mejorar los derechos básicos de dichas personas.

Todo esto, y la dedicación del persona de la Dirección General, y también de los ayuntamientos, hizo que el cierre de la PCI en 2022 se realizara con el mayor número de familias beneficiarias que ningún gobierno tuvo en los 15 años de existencia de la prestación, más de 16.000 familias y unas 31.000 personas, hecho del cual nos enorgullecemos. Hubieron quienes políticamente nos criticaron por mostrar como un éxito que existirán muchas familias cobrando una prestación social, el drama era precisamente que con la situación de pobreza de nuestra tierra eso no hubiera pasado antes y muchas familias en situación de necesidad no hubieran tenido protección social.

Dicha ayuda, que viene a compensar los gastos en lo que se ha tenido que incurrir en mascarillas, geles, etcétera… beneficiará a más de 50.000 familias, expresa la voluntad de un gobierno, y de la Consejería de Derechos Sociales, de no dejar a nadie atrás en esta crisis.

La importancia de la misma tiene que ver con hacer realidad algo de lo que se ha venido hablando durante mucho tiempo pero que todavía ningún gobierno en Canarias había realizado, apoyar económicamente a los y las pensionistas no contributivos, las que tienen las pensiones más bajas, que en Canarias son más de 43.000 personas y sus respectivas familias.

Dentro de ese número, el porcentaje de mujeres llega al 60 por ciento, hablamos de personas que han trabajado toda la vida pero que nunca cotizaron: mujeres que han realizado trabajos invisibles de los cuidados, mujeres rurales trabajadoras del campo sin cotización, que han sacado adelante a sus familias criando a sus hijos e hijas, un trabajo poco reconocido pero sin el que ninguna sociedad puede funcionar.

Es a ellas, especialmente, a quienes les debíamos medidas de este tipo, por eso cuesta entender la reacción de algunos sectores políticos, que emulando al discurso de apellidos nobles y privilegiados de la meseta, han hablado de paguita. Estoy convencido de que más allá de reaccionar de esta manera, porque como oposición deben decir algo, en el fondo entienden la importancia que tiene este primer paso.

Y es un primer paso porque, más allá de ser esta una ayuda puntual y extraordinaria, se marca un camino, el que se inició también en ese Consejo de Gobierno con la aprobación del anteproyecto de ley de renta ciudadana de Canarias, que no tuvo tanta repercusión, y que recoge una modalidad de complemento a los pensionistas no contributivos, que no será una ayuda puntual sino un derecho a consolidar en el tiempo.

Mejorar la vida de estas personas es un acto de justicia histórica en nuestra tierra, una de las que mayor número tiene de personas beneficiarias de PNC de todo el Estado, y es feminismo también, es poner la vida en el centro.

La sociedad canaria en su conjunto, y las instituciones en particular, tenemos una deuda con estas personas y con estas mujeres, se lo debemos.

“Nunca creí que tuviera que hacer una defensa del sector turístico español”. Así se expresaba hace escasos días el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una visita a una cadena hotelera en Galicia. También afirmaba que los ataques al turismo afectan a la imagen de España y que la gente lo que quiere es “seguridad jurídica, trabajo y bienestar”, a la vez que hacía un llamamiento para aislar a los extremistas y apelaba a la sensatez y el sentido común.

Los últimos acontecimientos producidos en torno al turismo en diversos puntos del Estado español, como las pintadas en guaguas turísticas, protestas contra las masificaciones en las ciudades y los alquileres turísticos descontrolados, han sido enmarcados rápidamente por el gobierno del PP, y replicado por los medios de comunicación, como hechos derivados de la “turismofobia”. Con este término consiguen definir el problema desde una perspectiva que les es favorable, y ocultan con ello el necesario debate sobre el modelo turístico de presente y futuro que nuestro país necesita.

Con este enmarcado o framing, los campos se delimitan claramente. Por un lado, está un gobierno responsable que se preocupa del bienestar de la ciudadanía, y por otro, los extremistas que prefieren la pobreza por sus intereses políticos. En esa definición se llega a identificar el turismo con la imagen del país, vinculando los destinos de ambos, es decir, quien critica al modelo turístico actual, critica a España.

Gracias el experto en lingüística cognitiva Lakoff sabemos que cuando discutimos los problemas políticos y sociales desde el marco de adversario, partimos con desventaja y tenemos todas las de perder. Y eso es precisamente lo que le ha pasado al marco progresista, lo que se refleja en multitud de artículos de columnistas y ciertas declaraciones de políticos que cuestionan el modelo turístico actual. Dichas declaraciones se han realizado, obviamente, para negar la existencia de turismofobia en nuestro país, pero mucho me temo que solo ha servido para llegar a los más convencidos, no a un amplio espectro social que puede estar viendo con preocupación los hechos que le llegan filtrados a través de los medios de masas.

El término turismofobia remite a un campo semántico extenso, que implica el odio al diferente, y tenemos varios ejemplos sobre ello como la xenofobia, la LGTBI fobia, entre otros. Como consecuencia de esto, a los que el gobierno del PP logra definir como parte de ese campo son los que odian, que somos todos los que planteamos alternativas al modelo turístico actual, en contraposición a los sensatos que defienden la economía y el país, o sea, ellos.

El poder consiste en un conjunto de relaciones en el que los distintos grupos sociales intentan definir los significados con los que la población interpreta la realidad. Es una batalla por el sentido común en el que las élites políticas, por su posición dominante en la creación y activación de marcos, parten con ventaja. Eso en el PP lo saben bien, y desde mi punto de vista el Gobierno ha tenido éxito en la operación de enmarcado de la problemática en torno al turismo y nos lleva ventaja. A partir de ahora, cualquier cuestionamiento del modelo actual va a ser situado dentro de ese marco, buscando generar miedo en la población, la emoción que siempre favorece a las opciones conservadoras.

Frente a esto considero esencial que definamos el problema desde nuestros propios términos, planteando los problemas reales del sector y las necesidades de políticas públicas que lo regulen y ordenen.

De ahí viene el título de este artículo, una pregunta en cuya respuesta podría estar la elaboración de nuestros contramarcos que disputen con los definidos por el PP la capacidad de convertirse en el marco interpretativo de la mayoría social.

Los verdaderos enemigos del turismo, un sector económico sin duda importante para nuestro país, son los que no quieren afrontar que estamos ante una burbuja turística que pinchará tarde o temprano, como la burbuja inmobiliaria, si no se interviene pronto desde los poderes públicos.

Los que defendemos el turismo somos los que planteamos que este debe ir acompañado de condiciones laborales dignas, de una defensa del medio ambiente y del patrimonio histórico para que pueda ser disfrutado por todos, impidiendo la especulación. Los que defendemos el turismo somos los que planteamos una regulación de los alquileres turísticos para proteger el derecho a la vivienda de la ciudadanía y evitar una sobreoferta que devalúe nuestra industria. Los que defendemos el turismo somos los que exigimos unos servicios públicos de calidad, con la paralización de la privatización de AENA. Los que defendemos el turismo somos los que proponemos que la riqueza derivada de la actividad se reparta más equitativamente en la sociedad. Los que defendemos el turismo somos los que sabemos que tiene que haber una diversificación económica que no nos haga depender de un solo sector, y por lo tanto, del riesgo de vendernos a cualquier precio para que vengan turistas.

En definitiva, defender al turismo es señalar a los verdaderos enemigos del turismo, los que inflan la burbuja, o lo permiten, para obtener beneficios a corto plazo, aunque sea a costa del futuro del sector que dicen defender. Sólo desde marcos alternativos al de la turismofobia podemos dar la batalla de ideas que genere un estado de opinión favorable para acometer las reformas necesarias para el futuro que el sector turístico necesita.

Y en esa seguimos. El derecho a la vivienda, recogido en la Constitución Española, sigue siendo papel mojado en todo el conjunto del Estado, y particularmente en nuestras Islas. Emanciparse y tener un proyecto de futuro, no sólo es una utopía para toda una una generación, sino que la emergencia habitacional y la pobreza energética amenaza a miles de personas, siendo ésta una cuestión de Estado a la que sigue sin darse respuesta.

Hace pocas semanas, se producía un debate en estos términos en el Parlamento de Canarias a través de una PNL que defendió nuestra compañera Noemí Santana, a instancia de las familias afectadas por la gestión de las viviendas públicas que se hace en las Islas. Y si la situación de la vivienda pública es complicada, fuera de este marco público supuestamente protector, es escalofriante.

Los datos no dejan lugar a duda: se producen miles de desahucios al año en Canarias. En concreto, 10 al día entre los derivados de las ejecuciones hipotecarias y de alquileres; durante el año 2015 se produjeron 23.584 cortes de energía, casi 65 al día; las ayudas al alquiler sólo llegan al 10% de los solicitantes, y los que las reciben lo hacen con un año y medio de retraso; hay miles de viviendas vacías, más de 130.000, en manos de grandes tenedores, la mayoría bancos mientras que encontrar un alquiler a precio razonable se convierte en misión imposible. Y lo peor de todo, la inacción de los poderes públicos porque el plan de Vivienda de Canarias se caducó en 2012 y, hasta la fecha, sigue sin renovarse para hacer frente a la emergencia habitacional que vivimos.

Y no sólo es que no se haga frente a esta emergencia, es que una empresa pública como Visocan, la empresa pública de vivienda, en vez de ayudar a las personas inquilinas a resolver sus problemas cuando tienen dificultades en pagar, envía cartas con amenazas de desahucios y con obligaciones de reconocer deudas que lo único que consiguen es hundir para siempre a cualquier familia que está pasando apuros económicos.

Mientras esto ocurre, en Canarias los hogares que tienen dificultades para llegar a fin de mes se han duplicado, pasando del 19,5 al 34,5. Pero es más, el 37% de los trabajadores del Archipiéalgo, unos 291.918 empleados, tienen nóminas por debajo del SMI.

Las instituciones han dejado a la gente atrás, a los golpeados por la crisis, a las mayorías sociales que no tienen cuentas en Suiza o Panamá, pero que son las que se levantan a las 6 de la mañana para poner a funcionar este país o para repartir curriculum con la esperanza de poder tener una vida más digna.

Mientras, los partidos del régimen del 78, se dedican a gobernar para una minoría, para los que lo quieren todo a costa de dejar al resto sin nada. Podemos vino para poner con fuerza esta realidad en la agenda de las instituciones, porque los temas de la calle hace mucho tiempo que no estaban presentes.

Nos propusimos, y en esa labor seguimos, convertir todos los espacios institucionales en los que hubiera un cargo de Podemos en un instrumento en el que visualizar las denuncias sociales derivadas de las malas, o nulas, políticas de vivienda que ha tenido nuestro país en estos años.

Ahora se trata de dar un pasito más. Es urgente articular un Podemos para ganar las próximas elecciones autonómicas y darle un vuelco a la situación generada por la avaricia de las élites económicas y sus representantes políticos.

Ofrecer un nuevo horizonte, un contrato social en el que las administraciones cuiden de su gente como si fuera su propia familia, ése es nuestro reto. Se tienen los recursos y los medios para que el derecho a la vivienda se cumpla, solo hay que dar un giro a las políticas que permiten la especulación y el olvido de las minorías.

Por eso estamos aquí, para que el derecho a la vivienda no sea papel mojado, para acabar con el sufrimiento de miles de personas y ofrecer una esperanza de futuro a otras tantas. Lo mejor está por venir.