A comienzos de los años 90, las empresas de servicios públicos de Barranquilla (Colombia) se encontraban en quiebra. Durante las tres décadas anteriores a la privatización de 1993, habían sido administradas por los políticos de los partidos conservador y liberal, que se habían alternado en el poder gobernando a la ciudad a su antojo. Barranquilla vivía por entonces en medio de un paradójico auge, aupada por el dinero negro producto del floreciente negocio del tráfico de marihuana y una quiebra institucional provocada por la corrupción política.

Al mismo tiempo, en Colombia, después de haber vivido varios años de guerra con el narcotráfico encabezado por Pablo Escobar, en el año 1991 entraba en vigencia una nueva constitución política. En esa atmósfera de tensiones y con nuevo marco constitucional, empezó el proceso de elección popular de alcaldes en 1990 y de gobernadores en 1993.

Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico, es la sede principal de Interamericana de Servicios S.A. (INASSA), sociedad que controla a la Triple A, empresa que presta los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Es la ciudad más poblada de la región Caribe (1,2 millones de habitantes) conformada por siete departamentos, donde también tiene sus inversiones -y un conflicto por resolver- la multinacional Gas Natural-Fenosa, propietaria de la infraestructura eléctrica de estos departamentos con una población aproximada de 10 millones de habitantes.

La privatización del agua de Barranquilla

Ante la crisis de las empresas que prestaban los servicios públicos, el distrito de Barranquilla decidió privatizarlos en 1993, como una forma de sacudirse el manejo clientelista que le habían dado los políticos.

El sistema de acueducto en una ciudad de más de un millón de habitantes estaba obsoleto. Los habitantes recogían agua de lluvia que almacenaban en tanques elevados o subterráneos y completaban la infraestructura con motobombas para impulsar el agua. La cobertura de acueducto y alcantarillado era del 50%, a las residencias que estaban conectadas a las redes el agua les llegaba algunas horas al día y en los barrios más pobres el agua era distribuida por carro-tanques.

Es oportuno aclarar que Barranquilla está a orillas del río Magdalena, la principal arteria fluvial de Colombia, que atraviesa 17 departamentos desde el sur del país, y cuenta con un caudal promedio de 14.000 centímetros cúbicos por segundos. La falta de agua no es por inexistencia de fuentes de abastecimiento, sino por mala gestión de quienes administraron el sistema.

Sin embargo, una vez privatizada Triple A, no se consiguieron socios inversionistas. En el año 1993 llegó a la alcaldía Bernardo Hoyos Montoya, un sacerdote Salesiano, que era rector de un colegio en la zona suroccidental de la ciudad, donde era notoria la ausencia de los servicios públicos, donde la violencia intrafamiliar, la presencia de pandillas barriales, el embarazo adolescente, el incesto y la pobreza pintaban una ciudad sin futuro. Fue el padre Hoyos quien puso en marcha la Triple A dándole autonomía.

Hoyos llegó a la alcaldía con un discurso contestatario contra la clase dirigente que, a pesar de haber fracasado en el gobierno de la ciudad, permanecían en sus curules en todos los órganos de representación política, desde el concejo distrital hasta el congreso, y hacían alianzas entre sí para elegir alcaldes y gobernadores.

Bernardo Hoyos Montoya fue elegido como representante de un Movimiento Cívico, no pertenecía a ningún partido o movimiento político, y logró, gracias a su liderazgo, administrar la ciudad durante tres legislaturas consecutivas. Al terminar su primer gobierno logró elegir un sucesor de su grupo, Edgar George González (entre 1995 y 1997), y luego volvió él a la alcaldía para el periodo hasta el año 2000. Es decir, entre 1993 y el año 2000, los alcaldes de Barranquilla tenían la impronta del Movimiento Cívico liderado por el sacerdote salesiano. Un cuarto alcalde de este movimiento sería elegido para el periodo 2004-2007.

La gran paradoja del Movimiento Cívico, integrado por dirigentes de izquierda, es que durante sus tres gobiernos consecutivos fueron privatizando todos los servicios públicos, en especial agua, alcantarillado, aseo y recaudo de impuestos.

La oportunidad para Inassa

En 1996 y ante la inoperatividad de la empresa, el alcalde Edgar George, del Movimiento Cívico, suscribió un contrato con Inassa, consistente en que esta empresa constituida por la Sociedad Aguas de Barcelona (Agbar) y la Fiduciaria Ganadera (Fidugan), serían los socios operadores con el 14% en la Triple A y una remuneración del 4,5% de los ingresos netos de la empresa.

Su primera tarea era construir un sistema de gestión comercial para recaudar por lo menos el servicio que prestaban, porque la gente no pagaba, adulteraban los contadores o ejercían con sus influencias excepciones de pago. Eso se acabó y las facturas comenzaron a llegar, la recaudación comenzó a mejorar y la empresa empezó a tener mejores ingresos y liquidez para operar.

Pero la empresa se encontraba en una situación económico crítica, se necesitaban inversiones para ampliar la cobertura, mejorar las redes y capitalizar la empresa. Fue así como durante los años 1996 y 1997, los socios privados fundadores de Inassa, encabezados por Agbar y Fidugan, afirman haber invertido 15 millones de dólares en la Triple A (30.000 millones de pesos), recursos que habrían ingresado a la empresa de acuerdo con informaciones que se han comenzado a conocer recientemente a raíz de la divulgación de las versiones según las cuales Canal de Isabel II, a través de Canal Extensia, habría pagado 10 veces el valor de la compañía en 2001.

Después de esta capitalización Barranquilla perdió el control de la Triple A, quedando a partir de entonces como el socio minoritario. En 1997 el distrito de Barranquilla pasó de tener el 84% de la Triple A, a tener el 32.64%, mientras INASSA pasó a tener el 62,36%.

Lo que no tienen claro los barranquilleros es en qué se ese dinero, porque a comienzos de la década el distrito había invertido 30.000 millones en la ampliación de las redes en el norte de la ciudad y las inversiones en la adecuación de la planta de tratamiento se habría realizado con recursos de la nación. Ni el sector público ni los inversores privados han explicado de dónde surgieron los recursos y en qué se invirtieron.

Cuando comenzó el segundo gobierno de Bernardo Hoyos Montoya, se tenía proyectada la inversión para la zona sur occidental, un vasto sector de la ciudad con redes obsoletas o simplemente sin redes de ningún servicio. En una declaración reciente, a propósito de por qué Barranquilla perdió la mayoría del accionariado en la Triple A, el padre Hoyos afirmó que en ese entonces, 1998, el gobierno nacional había enviado para ese proyecto 70.000 millones de pesos y que los directivos de Triple A tenían el dinero en los bancos ganando intereses. La única forma de hacer que iniciaran los trabajos fue armándoles un escándalo.

Esa inversión entre 1998 y 2000 aumentó el número de clientes, lo que también contribuyó a nutrir la caja de la Triple A. Pero los socios mayoritarios en Inassa le pidieron al distrito que capitalizara los dividendos que por decisión de la asamblea se aprobasen con cargo a las utilidades del año 1998, y también renunció al canon a la que tenía derecho por el uso que la empresa hacía de las redes, que son de propiedad de la ciudad.

¿A cambio de qué el distrito de Barranquilla renunció a al dinero que le correspondía por el uso de las redes durante 13 años? Peor aún, en 2006 el distrito desminuyó nuevamente su participación accionaria del 32% al 14,6%, porcentaje que detenta actualmente, porque no tuvo recursos para pagar los bonos emitidos por la Triple A en 2003 para las inversiones de construcción de las redes de acueducto y alcantarillado entre 1999 y 2001, ¿de qué le sirvió Barranquilla renunciar a ese canon?

Agbar se desentiende de Inassa y entra el Canal

Habían transcurrido apenas tres años desde el ingreso de Agbar como socio operador de la Triple A, cuando a mediados de 1999 en Panamá, los socios colombianos adquirieron las acciones de esta multinacional española que en 1995 había llegado a Colombia como socio de Aguas de Cartagena, ciudad vecina de Barranquilla a sólo 110 kilómetros de distancia.

Aunque los directivos de la Triple A y de Inassa han sostenido que la salida de Agbar fue por discrepancias irreconciliables con los socios colombianos, en Barranquilla ha existido la versión desde 2001 que entre los colombianos y unos directivos españoles encabezados por Francisco Olmos Fernández-Courugedo, le dieron un golpe societario a Agbar creando unas sociedades offshore en el paraíso fiscal de Panamá y comprándole sus derechos societarios en Inassa. ¿Por qué no hicieron el negocio en Colombia, si Agbar y la Fidugan habían constituido Inassa en Barranquilla? ¿Para evadir impuestos? ¿Una empresa pública evadiendo impuestos en un paraíso fiscal?

Esas sociedades fueron Sociedad Americana de Aguas, que adquirió el 75%, de Inassa y Latinoamericana de Aguas y Servicios, SLASA, con el 25%. Ambas sociedades quedaron bajo el control del grupo de empresarios colombianos encabezados por Enrique Gerlein Echeverría, su hijo del mismo nombre, y sus socios Luis Cárdenas Gerlein, Luis Nicolella de Caro, Marco Royo Anaya, Julio Jácome de la Peña y un grupo de directivos españoles que –según el bufete Cuatrecasas- fueron desleales e incurrieron en conflicto de interés al propiciar la salida de Agbar y luego como socios de Canal Extensia (dependiente del Canal de Isabel II) a través de Tecvasa, participar en la compra de las acciones de Inassa.

La llegada de Edmundo Rodríguez Sobrino

El Canal de Isabel II y Técnicas Valencianas del Agua, empresas socias de Canal Extensia, pagaron un precio total de 76,7 millones de dólares por el 75% que la Sociedad Americana de Aguas había adquirido. La operación con sobreprecio se aprobó en un consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón.

Pero no fue lo único que pagó Canal de Isabel II por las acciones de Inassa. En su calidad de socio mayoritario se vio en la necesidad de pagar en el año 2006 la suma de 20 millones de dólares adicionales ante un requerimiento del International Finance Corporation (IFC), del Banco Mundial, exigiendo el cumplimiento del pago de unos bonos expedidos por la Triple A para respaldar un crédito que habría sido empleado en la construcción del acueducto y alcantarillado de la zona suroccidental de Barranquilla.

Con el ingreso de Canal de Isabel II a través de Canal Extensia en 2002 comienza una nueva etapa para la Triple A. En los dos primeros años hubo un gerente dejado por Francisco Olmos con un contrato a dos años y una cláusula de permanencia que generó incomodidad en el Canal como accionista mayoritario.

Esta etapa está marcada por el ingreso de Edmundo Rodríguez Sobrino en 2006 como presidente de Inassa. El testaferro de Ignacio González se hizo con el control de los negocios del Canal en latinoamérica y desde ese puesto pilotó la compra de Emissao. Al igual que con Inassa, se pagó más de lo que valía (cuatro veces más) y se interpuso otra sociedad, esta vez en Uruguay.

Operación Acordeón y Lezo

Esta semana, y como consecuencia de las grabaciones a Ignacio González y a su círculo de familiares y amigos, en las que se referían a la compra de Inassa como un verdadero pelotazo, se realizó un registro en la sede de Inassa en Barranquilla en la que participaron fiscales e investigadores españoles y colombianos, quienes buscan evidencias de la negociación realizada en 2001 con ocasión de la compra de Inassa.

Durante los 15 años de participación de Canal en Inassa, la Triple A ha mejorado sus índices de prestación del servicio, aumentando la cobertura, la calidad del agua y la recolección de las basuras. Barranquilla no es la ciudad de finales de los años 80 cuando la gente recogía agua para bañarse o las basuras permanecían en las calles durante varios días. Las cosas han mejorado notablemente y en eso contribuyeron tanto Agbar y el Canal como los socios operadores.

Pero esa era su obligación y no puede ser una excusa para encubrir si la compra fue desventajosa para una o para las dos partes. Para los españoles es importante aclarar por qué su dinero atravesó el Atlántico para comprar una sociedad en un paraíso fiscal, un tercer país, cuando el negocio debió hacerlo directamente con Colombia y posiblemente pagaron más de lo que valía la empresa. Y para los barranquilleros es importante saber no sólo cómo se administró durante estos años la empresa pública más valiosa de la ciudad, sino por qué perdieron la mayoría de las acciones.

Deberán aclarar, entre otras, las operaciones realizadas durante los años 2002, 2006 y 2012, cuando se capitalizaba la compañía mediante una revalorización del patrimonio. Disminuían el patrimonio de Inassa para distribuir unas utilidades provenientes de la Triple A y luego, semanas después, aumentando el número de las acciones y el valor, revalorizaban patrimonialmente a la empresa. A eso es lo que los fiscales de Colombia llaman Operación Acordeón, y enlaza con la Operación Lezo de España, y que promete ser una especie de Caja de Pandora de la aventura de Canal de Isabel II en el siglo XXI.

Los fiscales de Anticorrupción Carlos Yáñez y Carmen García, acompañados de agentes de la Guardia Civil, registran desde el martes la sede en Colombia de Interamericana de Aguas y Servicios SA (Inassa), la filial del Canal de Isabel II en ese país. Acompañados de miembros de la Fiscalía colombiana han buscado documentación sobre la compra de esa compañía en 2001. Los investigadores buscan pruebas sobre ese pelotazo aprobado por el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón.

El registro comenzó el martes y se prolongó durante 12 horas, de 7:30 de la mañana a las 20:00 de la noche. Está previsto que continúe a lo largo del día de este miércoles. Los Fiscales españoles están colaborando con sus colegas colombianos, que han iniciado su propia investigación, la Operación Acordeón, para esclarecer si en la compra de Inassa se pagó un sobreprecio con dinero público que acabó en bolsillos particulares.

Ruiz-Gallardón presidió el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, celebrado el 29 de noviembre de 2001, en el que se autorizó la creación de empresa pública Canal Extensia S.A. El Gobierno autonómico también acordó que esta empresa, una vez constituida, adquiriera acciones de la sociedad colombiana Inassa.

La compra del 75% de Inassa por 65,2 millones de euros de dinero público, un año después de que la empresa privada española Agbar hubiera vendido el 20% por solo 6 millones, hace concluir a los investigadores que se produjeron unas plusvalías de 41,8 millones de euros, de los que al menos 25 podrían haber ido a parar a manos de los responsables de la operación.

Tal y como informó eldiario.es, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción pidieron el pasado abril al juez Eloy Velasco que reclamara al Ministerio de Hacienda la “información tributaria completa” de Ruiz-Gallardón, así como sus ingresos derivados de “operaciones con terceros de actividades profesionales”, según consta en documentos incorporados al sumario de la Operación Lezo.

Inassa está controlada con el 82.16% a la empresa Triple A de Barranquilla, ASAA de Riohacha y hasta el pasado 17 de abril Metroaguas de Santa Marta. La filial del Canal tiene 4.500 empleados y controla desde su sede en la ciudad colombiana de Baranquilla los negocios de la empresa pública en Panamá, Ecuador, Haití, República Dominicana y Brasil.