India vive en un ambiente de campaña electoral permanente. No hay año sin una llamada a las urnas en alguno de sus 29 estados, lo que hace que gobernantes y opositores se muevan continuamente entre promesas, eventos con flashes, alianzas y puñaladas. Y así se suceden las legislaturas, hasta que llegan nuevas elecciones generales, como ocurrirá en dos meses, momento en el que esta situación llega a su clímax

En los comicios de 2014 el destronado Partido del Congreso de la familia Gandhi fue dado por muerto tras el tsunami del Partido Bharatiya Janata (BJP), un rodillo con la cara del nacionalista hindú Narendra Modi que siguió aplastando a sus adversarios políticos en la mayoría de votaciones regionales de los últimos cinco años. Resultado: una India cada vez más teñida de azafrán, color del hinduismo.

Sin embargo, la carrera hacia las generales ha empezado con una oposición (si es que se puede hablar en singular, que no se puede) dispuesta no solo a romper su certificado de defunción, sino a demostrar con masivas exhibiciones de fuerza que puede evitar la reelección de un líder carismático que sigue gozando de alta popularidad entre los ciudadanos indios.

Oxígeno para Gandhi

El primer aviso llegó en diciembre, cuando el BJP vio esfumarse la victoria en cinco elecciones regionales. Los estados de Chhattisgarh, Madhya Pradesh y Rajastán cayeron del lado del Partido del Congreso, mientras que partidos locales se hicieron con Telangana y Mizoram. Un varapalo para los de Modi que dio oxígeno, sobre todo, a Rahul Gandhi, líder de la oposición.

Rahul Gandhi preside hoy día el partido de su madre, Sonia; de su padre, Rajiv; de su abuela Indira y de su bisabuelo Jawaharlal Nehru. Un partido histórico, dinástico, que ha gobernado India durante casi seis décadas y que ahora vive horas bajas. Desde que Rahul asumió esa pesada herencia –incluso antes–, críticos dentro y fuera de su formación han cuestionado su falta de liderazgo, de carisma y de convicción; cualidades que veían en sus predecesores.

Pero tras adoptar un perfil más combativo, y gracias a las últimas victorias de diciembre, Rahul parece enganchado a la lucha por recuperar el poder perdido. Incluso su hermana Priyanka, que siempre se ha mantenido a un lado a pesar de que muchos le otorgan las habilidades que no ven en su hermano, ha dado el esperado paso de unirse al clan político familiar a tiempo completo y liderará el partido en Uttar Pradesh, el estado más poblado del país y bastión clave para estos comicios.

“Las instituciones de India no pertenecen a ningún partido, pertenecen al país, y protegerlas es nuestra responsabilidad, ya sea estando en el Partido del Congreso o en cualquier otro partido. Pero ellos [el BJP] creen que están por encima de la nación. En tres meses entenderán que la nación está por encima de ellos”, dijo Rahul este jueves en un discurso en el que llamó “cobarde” a Modi y le retó a tener un debate… de 10 minutos.

Imagen de unidad

Gandhi lidera el principal partido de la oposición, pero sabe que necesitará a las formaciones regionales para evitar un segundo mandato del BJP. Por el momento no se ha formalizado una gran coalición, pero en enero una veintena de partidos de todas partes del país se unieron para celebrar un mitin multitudinario en la ciudad de Calcuta, en Bengala Occidental. Decenas de miles de personas se congregaron en la explanada más grande de la ciudad para escuchar a unos líderes políticos que solo tienen una cosa en común: su deseo de echar a Modi.

“El gobierno de Modi ha superado su fecha de caducidad”, “tenemos que unir la India, el BJP está intentando dividirla”, “todos tenemos un objetivo: derrotar al BJP y enviar a Modi de vuelta a su casa”, “sin tener en cuenta filiaciones políticas, tenemos que estar unidos”. Uno a uno los participantes usaron el micrófono para repetir el mismo llamamiento a las masas.

Aquel evento masivo ha tenido una respuesta aún más masiva este mismo domingo en esa misma explanada. Y no por parte del BJP, sino del Frente de Izquierdas, una alianza liderada por el Partido Comunista de la India (Marxista) o CPI(M), que gobernó Bengala durante siete mandatos hasta 2011. Las imágenes aéreas del mitin muestran a una multitud de centenares de miles de personas colapsando el parque de Calcuta.

El Frente se desmarcaba así de una posible unidad opositora porque considera que el partido que gobierna Bengala, el que organizó aquel mitin unitario, juega en el mismo banquillo que el BJP. “Son las dos caras de una misma moneda”, dice el secretario general del CPI(M), Sitaram Yechury, que acusa a ambos de polarizar a la ciudadanía para su rédito electoral.

En India, un país con 29 estados, 1.300 millones de habitantes (más de 800 millones de votantes) y más de 300 partidos en las elecciones generales, las alianzas se vuelven complejas en una amalgama de intereses, disputas y supervivencias nacionales y regionales. Para las formaciones comunistas, unirse a una gran coalición para echar al BJP del gobierno del país supondría dar la mano a partidos con los que se disputa todo a nivel regional, su verdadero ring –sobre todo en los estados de Bengala, Kerala y Tripura, donde tienen más fuerza–. 

Las críticas a Modi

Unidas o por separado, todas las fuerzas opositoras enarbolan las mismas críticas contra el mandatario hinduista que dirige el segundo país más poblado del mundo: el aumento de tensiones religiosas y violencia entre comunidades por el auge del nacionalismo hindú, la falta de soluciones ante el desempleo, los efectos de la desmonetización de 2016, la crisis que vive la agricultura o la decepción ante promesas que no se vuelven tangibles.

Lo que ocurre es que en India en época electoral (es decir, siempre) la decepción por los milagros no cumplidos se suele contrarrestar con nuevos milagros. “Nadie pasará hambre en India, nadie seguirá siendo pobre”, afirmó Rahul Gandhi la semana pasada tras anunciar un salario mínimo para los más necesitados si gana las elecciones. También ha prometido la condonación de los préstamos a los agricultores, una demanda que en los últimos años ha originado numerosas protestas a manos de los trabajadores del campo.

El factor económico será clave en las próximas elecciones. 2019 arrancó con la huelga general más grande del mundo, una protesta de entre 150 y 200 millones de trabajadores que reclamaban aumentos del salario mínimo, una seguridad social universal, pensiones aseguradas, bajar el precio de los alimentos básicos, medidas eficaces contra el desempleo o acabar con la privatización del sector público. Los últimos en salir a la calle han sido los jóvenes, que este jueves protestaron en masa en Nueva Delhi contra la crisis de empleo a la que se enfrentan. Acusan al Gobierno de no cumplir la promesa de crear los millones de puestos de trabajo que anunció.

El Ejecutivo indio ha respondido a las críticas presentando sus próximos presupuestos, con un aumento del 13% en el gasto total, con subsidios para agricultores y con exenciones de impuestos para la clase media. Es la última baza económica del ejecutivo de Modi, que espera que su popularidad y sus concesiones a los sectores hinduistas sirvan para mantener viva la ola que le llevó al poder hace cinco años.

Era un día soleado de octubre. Los empleados de la exportadora de diamantes Hari Krishna Exports, protegidos todos con sus gorras corporativas, aguardaban a recibir las llaves de los 600 coches nuevos que su jefe iba a regalarles. Una tradición anual cortesía de la empresa. Los vehículos blancos, impolutos, perfectamente ordenados, lucían cada uno la bandera tricolor india en una explanada. Al fondo, sobre el escenario, una enorme pantalla en la que aparecía el primer ministro indio, Narendra Modi. “Hoy tenemos un empleo y unas oportunidades empresariales sin precedentes en el país”, dijo en su discurso tras desglosar las buenas obras de su gobierno en materia laboral. Aplausos.

La India de Modi. La de los récords, los eslóganes y un marketing en el que no tiene competidores. La que crece por encima del 7%. La que quiere atraer a inversores mundiales. La “Nueva India”, como él mismo dice.

La otra cara de esta nueva India, sin embargo, es la de al menos tres huelgas generales secundadas por más de 100 millones de trabajadores que se oponen a las políticas laborales del partido gobernante Bharatiya Janata Party (BJP). Tres en sólo una legislatura de cinco años.

La última, esta semana. Una huelga masiva de dos días convocada por diez de los sindicatos más fuertes del país que calculan un seguimiento de entre 150 y 200 millones de trabajadores, cifras que no han podido ser confirmadas. Según proclamó Amarjeet Kaur, secretaria general de la federación All India Trade Union Congress (AITUC), se trata de una movilización sindical de proporciones nunca antes vistas.

Los paros fueron multitudinarios en sectores como el transporte, la banca pública, la industria energética, las minas de carbón, el comercio, las oficinas gubernamentales, el sector informal y numerosas fábricas. Resultado: las principales ciudades, parcialmente paralizadas; carreteras y vías de tren, bloqueadas; negocios y sucursales, cerrados; plantas de producción, vacías.

Sus principales demandas al Ejecutivo: aumento del salario mínimo, una seguridad social universal, pensiones aseguradas, poner fin a la precariedad de los contratos temporales y verbales, acabar con la privatización del sector público, bajar el precio de alimentos básicos como el arroz, el cumplimiento de las leyes laborales o dar respuesta al creciente desempleo que vive la India.

“La cuestión es que puedes ser despedido a pesar de todas las leyes que te protegen. Y nadie acudirá en tu ayuda”, dice en conversación con eldiario.es Gautam Mody, secretario general del sindicato New Trade Union Iniciative (NTUI). “¿Por qué es tan fácil despedir trabajadores? Primero porque no hay contrato entre empleador y empleado. Pero además al final del día encontrarás uno nuevo, porque la masa de gente que busca trabajo es enorme, por lo que cada uno puede ser reemplazado por diez candidatos nuevos e incluso más baratos que vienen desde todos los puntos de India”.

En 2014 el nacionalista hindú Modi destronó al Partido del Congreso de la familia Nehru-Gandhi con grandes promesas sobre el empleo y el desarrollo económico de la India. En una legislatura, dijo, crearía 10 millones de puestos de trabajo. Pero precisamente el desempleo está siendo la gran laguna de un mandato que intentará revalidar en las elecciones de este año.

Acaba de salir publicado un estudio del Centro de Seguimiento de la Economía India (CMIE), una empresa de negocios e investigación, que señala que casi 11 millones de indios perdieron su empleo en 2018: una masa de 408 millones de trabajadores que ha pasado a ser de 397. La tasa de desempleo creció en diciembre al 7.4%, el dato más alto en los últimos 15 meses. En esa línea se mueve también el informe anual que publica la Oficina de Empleo: en su última edición confirma que la tasa de desempleo mantiene la caída que lleva arrastrando desde 2013-2014.

Según el estudio del CMIE sobre el último año, ocho de cada diez empleos se han perdido en zonas rurales y sólo dos en ciudades. Es también una cuestión de género: ellas han perdido 8.8 millones de puestos de trabajo y ellos, 2.2 millones. Los más afectados son obreros, agricultores y pequeños comerciantes; los mismos que sufrieron un golpe más duro tras la “desmonetización” que llevó a cabo el gobierno en 2016, cuando retiró de manera repentina los billetes de 500 y 1.000 rupias, los más utilizados en India.

Para Modi la situación es completamente opuesta. La creación de empleos va viento en popa. Sólo en 2017, dice, se crearon siete millones de puestos de trabajo en el sector formal. Lo que ocurre es que “la forma tradicional de medir los empleos” no casa con “la nueva economía de la nueva India”. Una economía de emprendedores en la que, como él mismo afirmó, un hombre que no encuentra trabajo y que acaba friendo y vendiendo pakodas (un snack indio) en la calle por tres euros al día es un creador de empleo. El ex ministro de Finanzas Palaniappan Chidambaram le respondió: “según esa lógica, mendigar es un trabajo”.  

En los últimos cinco años el gobierno del BJP ha lanzado numerosos planes centrados en el emprendimiento, la capacitación de los trabajadores y los incentivos a las empresas para exportaciones y creación de empleo. Pero los expertos cuestionan principalmente dos aspectos: que el emprendimiento individual no es una solución suficiente ante la profunda crisis laboral nacional y que la implementación y el éxito de estos programas están lejos de ser idóneos. Algunas empresas dan de alta a empleados que ya tenían en negro para recibir ayudas (por lo que en realidad no están creando empleo), los préstamos prometidos no siempre llegan o no llegan en las cantidades anunciadas, la mayoría de trabajadores se encuentra fuera del acceso a esos planes...

Un ejemplo: en 2015 Modi anunció que más de 400 millones de indios recibirían capacitación profesional gracias a una de sus iniciativas estrella (Skill India) antes de 2022. Hasta la fecha, menos de cuatro millones han pasado por ese programa y sólo un millón ha logrado un empleo posteriormente.

El analista indio Thomas Manuel, especializado en conflictos laborales, nos explica que las reformas que está impulsando el BJP están centradas en facilitar los negocios para las empresas simplificando sus requisitos y deberes, pero “no han mostrado ningún interés en ver los problemas laborales desde el punto de vista de la clase trabajadora”. Por eso sostiene que la situación del trabajo en India seguirá en caída libre, una impresión que coincide con las previsiones de la Organización Internacional del Trabajo para el futuro del país asiático: estima que en 2019 se perderán 19 millones de puestos de trabajo y que el 77% de los trabajadores tendrán un empleo “vulnerable”.

Esta semana el Parlamento indio aprobó una ley que reserva una cuota del 10% de los empleos a los más pobres. El sistema de cuotas es uno de los pilares de la India independiente que levantó la dinastía Nehru-Gandhi, y que trata de reducir la discriminación histórica hacia las castas más bajas, las comunidades tribales y las clases más desfavorecidas garantizándoles plazas en empleos públicos e instituciones educativas.

El problema, hoy día, es que al reducirse la oferta laboral se aviva el conflicto entre castas y clases sociales: los de arriba ven que las ayudas a los de abajo les perjudican y reclaman ser tratados como ellos. En los últimos años se han vivido protestas surrealistas a manos de miembros de castas intermedias que reivindicaban su condición de casta inferior para poder acceder a esos derechos educativos y laborales. Todo, con tal de trabajar en la Nueva India de Modi.

En 1959, un joven llamado Tenzin Gyatso atravesó a pie las montañas del Himalaya hasta llegar a la frontera de la India, donde fue recibido por un grupo de guardias de ese país. A sus espaldas, y acompañado de una veintena de compatriotas, dejaba la ciudad tibetana de Lhasa, tomada por el Ejército chino, que había conseguido sepultar una insurrección popular.

Gyatso, el decimocuarto Dalái Lama, empezaba así su vida en el exilio, acogido por la India de Nehru. Hoy día la comunidad tibetana en suelo indio llega a las 100.000 personas.

India tiene un notable historial de acogida. En las últimas siete décadas, el gigante asiático no ha puesto barreras a la hora de dar asilo a ciudadanos que huyen de conflictos o persecuciones aludiendo cuestiones de seguridad o falta de recursos. Ni siquiera por el hecho de engordar unas listas demográficas desmesuradas en un país con 1.300 millones de habitantes. 

No las ha puesto hasta ahora, cuando el Gobierno ha optado por rechazar públicamente a los refugiados rohingyas que han huido de Myanmar. 

Una tradición de acogida histórica

Paquistaníes y bangladesíes huyendo de atrocidades en sus procesos de independencia, tamiles dejando atrás una devastadora guerra civil en Sri Lanka, butaneses escapando de una limpieza étnica a manos de su rey o afganos y somalíes alejándose de dos países sumergidos en una perpetua violencia. Todas estas comunidades –algunas se cuentan en millones, otras en decenas de miles– han encontrado en India un refugio donde construir una nueva vida con más esperanzas y, sobre todo, con más seguridad, si bien es cierto que algunas de ellas sufren racismo y discriminaciones cotidianos por parte de la población autóctona.

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), en India hay 198.000 personas con el estatus de refugiado y otras 9.000 que solicitan asilo, pero las cifras reales de personas que no cuentan con esos documentos, aunque también huyeron de violencias en sus países, son mucho mayores.

La tradición de abrirles las puertas se ha mantenido a pesar de que el país no es firmante de la Convención sobre los refugiados de 1951 ni del Protocolo de 1967, aunque sí lo es, en cambio, de otras declaraciones internacionales más recientes que reconocen el derecho al asilo.

“No queremos ser la capital mundial de los refugiados” 

El Gobierno actual, en manos del partido nacionalista hindú BJP, ha dado un vuelco de 180 grados a todo un histórico discurso. El Ejecutivo dejó clara su postura a principios de este año ante el Tribunal Supremo: “No queremos que la India se convierta en la capital mundial de los refugiados. Personas de todos los demás países inundarían el nuestro”.

Los primeros pasos en este giro vinieron antes, con la reforma de la ley de ciudadanía, que está camino de aprobarse y tiene el fin de diferenciar qué migrantes y refugiados pueden llegar a ser ciudadanos indios y cuáles no según la religión que profesen. En palabras del secretario general del BJP, Kailash Vijayvargiya: “El objetivo es hacer que los refugiados de Afganistán, Bangladesh y Pakistán que sean hindúes, sijs, budistas, jainistas, parsis y cristianos puedan obtener la ciudadanía india”. Es decir, aceptar a las minorías no musulmanas que sean perseguidas en sus países de mayoría musulmana.

Esta visión de la política de acogida “parece estar influenciada por la paranoia y la xenofobia”, afirma Arijit Sen, investigador de Amnistía Internacional, en una conversación con eldiario.es. “Los refugiados y solicitantes de asilo son cada vez más categorizados como 'inmigrantes ilegales' sin que el Gobierno tenga en cuenta las obligaciones nacionales e internacionales que tiene con aquellos que huyen de ser perseguidos”.

En el último año el cambio de discurso se ha vuelto indiscutible a raíz del descomunal éxodo de los rohingya que han huido de una limpieza étnica en Myanmar y se han asentado en campos de refugiados en Bangladesh.

En India viven unos 40.000 rohingyas, de los cuales más de 16.000 tienen el estatus de refugiado de Naciones Unidas. La mayoría de ellos lleva en territorio indio desde 2012 y ha ido llegando tras escapar de distintas oleadas de represión.

El Gobierno del BJP ha manifestado en repetidas ocasiones que quiere deportar a los rohingyas que viven en lugares como Cachemira o Delhi porque son “inmigrantes ilegales” que suponen una “seria amenaza para la seguridad nacional”, una conclusión a la que las autoridades han llegado tras encontrar supuestos vínculos entre esta población de mayoría musulmana y grupos terroristas de origen paquistaní.

Su expulsión está siendo estudiada por el Tribunal Supremo que, de momento, ha paralizado la operación, a pesar de que el Ejecutivo sostiene que los jueces no deberían intervenir. Mientras tanto, la Policía fronteriza de la India, que comparte lindes con Bangladesh y Birmania, ha fortalecido la vigilancia para evitar que los rohingyas lleguen a su orilla.

“India ha tratado a cada refugiado según sus intereses”

Los expertos consultados coinciden en que, con la crisis rohingya, el Gobierno indio ha sustituido su tradicional política de acogida por otras preocupaciones. “India quiere proteger sus intereses estratégicos y económicos. Delhi busca mejorar los lazos con sus vecinos del este y Myanmar sirve como puerta de entrada hacia el sudeste asiático”, apunta Nehginpao Kipgen, director del Centro de Estudios del Sudeste Asiático de la universidad O.P. Jindal Global.

Kipgen subraya la importancia de las inversiones y proyectos indios en suelo birmano. “Para India también es vital mantenerse en buenos términos con Myanmar porque necesita su apoyo para hacer frente a los grupos insurgentes que operan en los estados del noreste”, una zona fronteriza con el país de mayoría budista.

El experto considera que India ha respondido al desastre humanitario pero, dice, “es cierto que con su historia de acogida y bienvenida de refugiados podría haber desempeñado un papel más destacado en el tratamiento de la crisis rohingya”.

Para Syed Munir Khasru, analista bengalí, India ha demostrado históricamente sus “valores de hospitalidad e inclusión” con los vecinos en apuros, pero su política de acogida nunca se ha basado en la misericordia mundial. “Cada país es diferente y cada refugiado ha sido tratado según quién era y qué intereses tenía India con esa nación”, sostiene.

“La acogida de refugiados tibetanos es una respuesta a las relaciones con China, igual que la aceptación de paquistaníes y bangladesíes fue una medida contra Pakistán, mientras que en Afganistán, India lo que quiere es ampliar sus influencias porque ese país es vecino de Pakistán. No es tan sencillo como decir que India apoya a todos los refugiados sean de donde sean”, ejemplifica.

En ese sentido, continúa el presidente del Instituto de Política, Defensa y Gobernanza (IPAG), “los rohingya no suponen ningún provecho político para la India y siendo amable con ellos te alejas de Myanmar, algo que el Gobierno indio no quiere porque eso es más importante para ellos que los rohingyas”.

En los círculos académicos y mediáticos de India, numerosas voces han señalado que los pasos que está dando el gobierno del BJP con los rohingyas –tanto la repentina criminalización de los que viven en India, como el olvido de los que sobreviven en los campamentos de Bangladesh– responden a una estrategia doméstica: contentar a sus seguidores más fieles al nacionalismo hindú.

Hay quienes temen que este camino acabe realmente con la expulsión de los refugiados y quienes opinan que solo se está agitando a las masas de cara a las elecciones generales del año que viene. Kipgen no cree que la política actual con los rohingyas “signifique necesariamente que vaya a haber un enfoque similar con otros refugiados”.

El Ejecutivo indio ha vivido también varios encontronazos con la comunidad tibetana, afincada desde hace 60 años en la zona de Dharamsala, al norte de la India. Allí, en McLeod Ganj, reside su gobierno en el exilio. El detonante de la última discordia fue la decisión del BJP de distanciarse de los eventos que los tibetanos han organizado para conmemorar sus seis décadas debido a la “sensible” situación actual entre India y China. Delhi intenta suavizar posturas con Pekín después de un año marcado por la tensión en el paso fronterizo de Doklam. Tampoco pierde de vista su dependencia económica y su desventaja militar respecto a la otra gran potencia.

Con el ambiente un poco cargado, la comunidad tibetana exiliada se dispuso a celebrar en Dharamsala la ayuda prestada por India todos estos años en una ceremonia llamada “Gracias, India”.

Habló el Dalái Lama, hablaron autoridades indias y habló el líder político del exilio tibetano, Lobsang Sangay, que, entre un sinfín de pertinentes agradecimientos al país que les ha acogido, coló un mensaje a su líder espiritual: es hora de “reforzar nuestros esfuerzos” para hacer realidad el sueño de “reunir” a la población exiliada con sus compatriotas al otro lado del Himalaya. Es hora de volver a casa. Muchos, sobre todo los jóvenes, ya están optando por salir de India camino de Occidente, en busca de un futuro mejor, o están regresando al Tíbet del que huyeron sus padres.

“Dañaron mi moto, me golpearon fuerte con las culatas de las armas y con palos de madera y, en un estado casi inconsciente, me ataron al frente del jeep”. Farooq Ahmad Dar, un joven cachemir, relataba así a la prensa india el día que el Ejército decidió usarle como escudo humano.

Un oficial le amarró al parachoques de un vehículo militar y le paseó por varios pueblos durante cinco horas en esa posición, con un cartel colgado del cuello, para proteger al convoy del lanzamiento de piedras. Su vídeo corrió por la red hace meses. Para unos, fue una humillación en toda regla. Para otros, una advertencia.

El pueblo cachemir exigió una sanción para aquel oficial pero, entre el castigo o el premio, el alto mando eligió lo segundo. Una condecoración por el trabajo bien hecho. Se trataba de un día normal en la Cachemira india.

Hablamos con Abdul Qadeer, líder de Voice of Victims, una organización cachemir en defensa de los derechos humanos. La conversación tiene lugar en un jardín frente al lago Dal, un escenario tranquilo, precioso, con montañas nevadas y comerciantes que navegan en shikaras. Un pequeño paraíso en un valle que esconde una oscura realidad.

— ¿Cómo es la relación diaria con la policía?

— Nos sentimos humillados cada vez que nos topamos con las fuerzas de seguridad. Los checkpoints, los coches patrulla, los controles aleatorios, las detenciones, todo es una humillación, una tortura diaria. Si alguien te pega un guantazo, te duele varios minutos, pero luego el dolor se va. Pero si alguien te humilla, se queda en tu corazón para siempre.

Esa relación, dice, es más conflictiva en los pueblos, porque en las ciudades hay más ojos mirando, más voces gritando. Hay periodistas, hay extranjeros, hay Internet. Pero en las aldeas, cuando se acaba el asfalto y la cobertura, la convivencia entre vecinos y agentes es mucho más directa y las posibilidades de protestar se reducen de forma drástica. “Si vas a denunciarlo, no vuelves”. Este lunes, un periodista francés fue arrestado por estar grabando un documental “sin permiso”.

El grito de Abdul es tan básico como pedir que se considere a las personas lo que son. “Somos seres humanos y queremos que se nos trate con dignidad y respeto. Pero ellos no están aquí para protegernos, sólo están para humillarnos”.

Un estado de sitio permanente

Cachemira es una de las zonas más militarizadas del mundo con más de medio millón de tropas indias desplegadas. En cada esquina de Srinagar, capital durante los meses de verano, descansa un agente, un vehículo militar, un control policial o un puesto fortificado con sacos terreros. Es la imagen de un estado de sitio permanente.

India y Pakistán reclaman este territorio desde que ambos se independizaron en 1947. Varias guerras y una tensión permanente llevaron a la creación de una frontera de facto y después a un alto el fuego en 2003. Las dos potencias nucleares se acusan a diario de quebrantar ese acuerdo denunciando incursiones del otro bando. China, además, controla el desierto de las piedras blancas, una esquina nororiental tan estratégica como despoblada.

En 1989 explotó en el valle de Cachemira, bajo dominio indio, una insurgencia separatista, armada, que enfangó la ya de por sí complicada situación. Los 90, los años del plomo, ya quedaron atrás y ahora la guerrilla es mucho más débil, pero al grito independentista se le está sumando un discurso religioso fundamentalista.

La cifra exacta de muertos se desconoce, pero diversas fuentes calculan que en las últimas tres décadas llega a los 70.000. Sólo en lo que va de año, el Ejército asegura haber matado a unos 200 insurgentes. Según el Ejecutivo indio, si el conflicto sigue vivo es porque su vecino paquistaní da alas a los grupos separatistas. Así justifica la enorme presencia militar en el único Estado de mayoría musulmana del país.

Amir Khan tiene 17 años y quiere ser doctor. Va a empezar a estudiar en la universidad de Cachemira, en Srinagar. “Esto es un verdadero Estado policial”, dice. Suele participar en las protestas contra India porque cree que es la única manera de que el gobierno de Delhi les escuche. “No es fácil vivir todos los días con tanta policía por todos lados. Desde niños vemos eso. Acabas ignorándolo y no tienes contacto con ellos porque si no, sería muy duro”, cuenta el estudiante mientras mira de reojo a los dos agentes que, a pocos metros, charlan en su puesto de guardia.

El último año estuvo marcado por un rebrote de la violencia en las calles a raíz del asesinato de Burhan Wani, un conocido militante independentista. La población se enfrentó día tras día a los antidisturbios en protestas masivas. Los choques diarios, una huelga general y los continuos toques de queda bloquearon la vida en el valle durante meses. Resultado: 2016 fue el año más violento en Cachemira en esta década. Más de un centenar de muertos y 10.000 heridos lo confirman.

Especialmente polémicos fueron los perdigones que usan las tropas indias para disolver multitudes. Además de los estragos que causan en cara, cuerpo y ojos, Amnistía Internacional denuncia que al menos 14 personas murieron el año pasado por el impacto de estos balines de metal, a lo que el gobierno responde que el uso de esta munición “no letal” es un “mal necesario” que se emplea sólo para reprimir protestas violentas.

Protegidos por ley

Los grupos de derechos humanos han cuestionado en incontables ocasiones la impunidad de las fuerzas de seguridad en Cachemira, protegidas por la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) y la Ley de Seguridad Pública, que les otorgan una libertad de acción prácticamente absoluta ante cualquier sospecha.

“La AFSPA ha dado lugar a numerosas violaciones de los derechos humanos. Establece una inmunidad eficaz contra los enjuiciamientos en tribunales civiles, lo que significa que los soldados que cometen abusos o que dan esas órdenes nunca son obligados a rendir cuentas”, afirma Meenakshi Ganguly, directora de Human Rights Watch en el sur de Asia, que muestra también su preocupación por las detenciones arbitrarias.

Las organizaciones locales aseguran que bajo la AFSPA se han cometido todo tipo de atrocidades en cuarteles, asesinatos extrajudiciales o desapariciones forzosas. Voice of Victims sostiene que todavía hoy existen más de 400 centros de tortura en los que se han llevado a cabo mutilaciones, vejaciones y castigos con agua y electricidad, basándose en testimonios que se repiten desde hace tres décadas.

Miles de tumbas sin nombre

Se han hallado miles de tumbas sin nombre en la región. Fosas comunes que se cavaron en los peores años del conflicto y que ahora están ocultas en la naturaleza, cubiertas por el paso del tiempo. Los cachemires están convencidos de que allí permanecen enterrados los miles de desaparecidos que hay en la zona (unos 10.000) pero las autoridades indias no quieren identificar esos cuerpos porque dan por hecho que son terroristas paquistaníes.

“Las mujeres que en los años 90 perdieron a un hijo, a un marido o a un padre están esperando a que vuelvan porque no saben si están vivos o muertos. Y cada vez que pedimos información al gobierno, éste practica un silencio criminal”, afirma el activista Abdul Qadeer, que cree que el sistema judicial defiende a los autores de los crímenes.

Entre toques de queda, coches patrulla y uniformes, los jóvenes cachemires han heredado el sentimiento de resistencia que movió a sus predecesores. Son ellos los protagonistas en los enfrentamientos con la policía.

Nacer y crecer con el conflicto

“Todo el mundo ha perdido el miedo, a nadie le importa ya nada y por eso van con todo en las manifestaciones. ¡Hasta se ha visto a las estudiantes tirar piedras por primera vez!”, afirma Iqbal Alam, un joven profesor que cree que la situación es “crítica” e “impredecible” porque cualquier día puede explotar de nuevo la ira por otro suceso repentino, otro Burhan Wani asesinado, otra gota que colme el vaso por enésima vez.

Más allá de las piedras, el principal arma de las nuevas generaciones es Internet. Con sólo dos clics, grabar y enviar, los vídeos que muestran la brutalidad de las fuerzas de seguridad indias vuelan por la red y desatan la indignación colectiva, como sucedió con la imagen de un agente que disparó a la cabeza a un manifestante o con el caso de Farooq Ahmad Dar. El gobierno sabe que el impacto de estos vídeos es arrollador y por eso habitualmente intenta bloquear el uso de redes sociales.

Ni las viejas heridas se curan ni se generan espacios para el desarrollo personal y profesional de los más jóvenes, lo que hace que muchos emigren a otras partes de India o a países árabes en busca de unas oportunidades que no encuentran en su propio hogar. “Yo quiero ser médico pero sé que no podré serlo aquí, ese es el problema. Por eso no es sólo una cuestión de identidad, también se protesta por la situación económica. Los jóvenes saben que no hay trabajo”, dice el estudiante Amir.

El desempleo en este Estado indio supera el 24% entre la población joven, cuando en el resto del país es el 13%. Cachemira atraviesa una de sus peores crisis turísticas, un sector que emplea a medio millón de personas, y tanto productores como comerciantes aún intentan recuperarse del impacto económico de la violencia de 2016.

Recientemente, siendo fiel a su estrategia del palo y la zanahoria, el gobierno indio se ha mostrado dispuesto a “dialogar” con las fuerzas políticas y sociales de Cachemira para entender sus “aspiraciones legítimas”. Para Abdul Qadeer, es fundamental que Delhi escuche las demandas de los cachemires si se quiere solucionar el conflicto. Pero su anhelo no se queda en la capital india: “El mundo no nos apoya, no habla de nosotros, no habla de la brutalidad india ni de las violaciones de los derechos humanos. Pero tenemos la esperanza de que algún día la comunidad internacional hable. Tiene que hacerlo”.

Una mujer y un hombre llegan a una clínica de fertilidad en el sur de Delhi. Ella va un poco adelantada, así que le espera en la puerta, se dan la mano y entran juntos. Una vez dentro, se sientan en una sala de espera repleta de parejas. Todos quieren ser padres y madres. Deben serlo. Viven en un país, India, donde tener descendencia es socialmente obligatorio.

Sahanaz y Mahaveer están empezando un tratamiento de fecundación in vitro (FIV) porque ella no puede concebir. “Me siento triste porque veo a mis amigas, de mi edad, y todas tienen hijos mientras yo no puedo. Me siento fatal”, lamenta esta joven de 28 años que vive en la capital india. Lleva siete años casada con su marido, de 34. “Queremos tener un hijo porque llevamos siete años de matrimonio y eso es mucho tiempo sin hijos”, dice él. 

Su entorno cercano les pregunta constantemente qué ocurre, por qué no se quedan embarazados. Y tanta insistencia duele. Ocultan su situación y el tratamiento a familiares y amigos, a quienes responden que tienen alguna que otra complicación, sin dar más detalles. Nadie sabe que están en esta clínica, por eso piden que cambiemos sus nombres en este reportaje. Ambos esperan que todo salga bien para poder ser “una pareja normal” a ojos de la sociedad. Desean dos hijos.

“Tener un hijo en la India es decir a la sociedad que todo está bien en tu matrimonio”, asegura la doctora Kaberi Banerjee, ginecóloga especialista en infertilidad y directora de la clínica AFGC. Visitan su centro privado unas 30 parejas a diario. Aquí, dice, han nacido más de 4.000 niños. Un tratamiento FIV puede costar unos 3.000 euros, toda una fortuna para millones de indios que no se pueden permitir este procedimiento. “Para cualquier pareja india, el matrimonio no estará completo hasta que no haya hijos, y eso produce un vacío enorme cuando no los hay”, señala la médica.

Decoran su despacho al menos nueve figuras de Ganesh, deidad hindú con cabeza de elefante que representa, entre otras cosas, la liberación ante los obstáculos de la vida, los buenos deseos frente a los retos. Cuenta la leyenda que Ganesh fue decapitado y perdió su cabeza humana precisamente cuando custodiaba la habitación en la que se encontraba su madre.

En un país tan devoto, la religión no es ni mucho menos ajena a la maternidad, eje de la vida de sus habitantes. “En la India, la madre es el centro de la familia y nuestro ideal más alto. Ella es para nosotros la representación de Dios, porque Dios es la madre del universo”, decía el bengalí Swami Vivekananda, líder espiritual del siglo XIX que llevó el hinduismo a Occidente. “La primera manifestación de Dios es la mano que mece la cuna”.

La misión de ser madres

Además de vincularse con la divinidad, la figura de la madre ha sido tradicionalmente venerada porque se deposita en ella el deber de inculcar a sus descendientes los valores más vitales, más humanos. De hecho, en el gigante asiático, la identidad de la mujer se define en torno a la maternidad, de modo que, desde pequeña, una es preparada para su misión en la vida: ser esposa y ser madre.

Al convertirse progenitoras, las indias ganan un estatus de normalidad que cojeaba hasta ese momento. “El embarazo se convierte en la liberación de la inseguridad, la duda y la vergüenza de la infertilidad. Para la mujer india el embarazo y la inminente maternidad llega a ser un acontecimiento en el cual se le concede un alto estatus”, escribía el prestigioso psicoanalista Sudhir Kakar en su libro 'El mundo interior: un estudio psicoanalítico de la infancia y la sociedad en India'.

Se estima que más de 1.300 millones de personas viven en la India, hogar del 17% de la población mundial. Cuando el país se independizó, hace setenta años, la cifra no llegaba a 400 millones. El índice de fecundidad es de 2,4 hijos por mujer, según datos de 2015, pero en estados como Uttar Pradesh o Bihar esa cifra asciende a más de 3,2 hijos. Los expertos calculan que en la India entre 20 y 30 millones parejas son infértiles, una condición que afecta tanto a hombres como a mujeres.

Este es un país en el que la primera pregunta que escucha uno cuando llega a un pueblo es si está casado y la segunda, si tiene hijos. La importancia de la descendencia se basa en que esta asegura el futuro del linaje, con toda la herencia que eso conlleva. En un plano más práctico, se entiende que los hijos serán los únicos que se encarguen del cuidado de los padres durante su vejez.

Reproducción masiva para “perpetuar religiones”

Mención aparte merecen las arengas de algunos líderes religiosos que piden una reproducción masiva para perpetuar sus religiones. En 2015 se vivió una escalada esperpéntica que empezó con un líder hindú reclamando a las mujeres que tuviesen al menos cuatro hijos para asegurar la supervivencia del hinduismo, mayoritario en India, frente al crecimiento de la comunidad musulmana.

Días más tarde, otro líder dijo que el número correcto era cinco. Poco después, otro iluminado sentenció que esas cifras eran escasas, que se necesitaban diez hijos por mujer. Similares proclamas se han escuchado entre algunos líderes musulmanes que temen que su fe quede absorbida por la mayoría hindú.

La presión y el apoyo familiar

“No poder tener hijos es un sentimiento horrible, especialmente en la cultura india, porque si estás casada, debes tenerlos”, cuenta Shalini Ahuja, una mujer de 37 años que ha llegado a la clínica de la doctora Banerjee para empezar un tratamiento de gestación subrogada porque tiene “complicaciones en el útero”. Ha probado hasta en tres ocasiones la fecundación in vitro. Sin resultado.

Shalini afirma que se siente “mal” cuando le preguntan por qué lleva una década casada sin hijos. Tanto ella como su marido quieren ser padres, pero asegura que no se ven obligados. Saben, eso sí, que son una excepción.

“Es muy importante que tus padres y tus suegros te apoyen, pero la mayoría de indios no puede decir eso. Muchos padres presionan a sus hijos para que tengan descendientes o fuerzan su divorcio para que tengan hijos con una segunda mujer”, relata. Ella, que es abogada, tiene el respaldo incondicional de su familia, pero cuenta que una pareja de amigos suyos se ve “torturada psicológicamente” por su propia familia porque han decidido no tener hijos.

La doctora Archana Dhawan Bajaj reconoce que a su clínica de fertilidad, al este de Delhi, llegan algunas parejas por decisión propia, pero que muchas otras vienen agotadas por la presión familiar. “En nuestra sociedad, alguien que no pueda tener hijos puede ser menos aceptado que un portador del VIH”, llega a decir la médica.

“La presión social es tremenda, lo que genera muchas depresiones, divorcios y problemas entre las mujeres y sus familias políticas; se viven situaciones muy desagradables si no tienes un hijo”.

La culpa recae en la mujer

Cuando se habla de infertilidad en una pareja, es la mujer la que aguanta todo el peso de las críticas porque, desde el principio, ella encarna toda la responsabilidad. Toda la culpa. “Ellas sufren un estigma mucho mayor. Si una pareja no tiene un bebé, nadie se preguntará cuál de los dos tiene el problema, sino que se dará por hecho que es ella la que no puede concebir”, explica la doctora Bajaj.

En esto coincide Vijaya Ramaswamy, historiadora experta en estudios de género y religión en la India. “La culpa de no tener hijos recae sobre la mujer porque no se concibe que sea él el responsable. Y en caso de que él sea infértil, sobre ella también caerá cierta responsabilidad”, explica en su departamento de la Universidad Jawaharlal Nehru (JNU).

“Esto es fruto de una sociedad patriarcal que entiende que todo lo que vaya mal es por culpa de la mujer y todo lo que vaya bien es éxito del hombre”, dice, aunque matiza que esta idea está cambiando poco a poco entre la población de su país.

Lo cierto es que a lo largo de su vida la mujer india va adoptando los diferentes roles que le son designados: esposa, nuera, cuñada, madre. Todos ellos fuera del hogar natal, que abandona tras la boda para ir a residir con la familia de su marido, donde será siempre una invitada de la que se espera obediencia.

Cada año se suicidan más de 20.000 mujeres

En ese ambiente, la opresión se puede volver insoportable. De hecho, el suicidio es la principal causa de muerte entre las jóvenes indias y el matrimonio es, en muchos casos, la razón que les lleva a quitarse la vida, después de sufrir un ahogo constante a manos de una familia política que reclama dote, sumisión y, sí, descendencia. Cada año se suicidan en este país más de 20.000 mujeres por estos motivos.

En ocasiones se llega a lo más extremo: se han dado casos en los que la familia política ha acabado asesinando a la nuera por ser estéril para después preparar la escena de tal modo que pareciese un suicidio.

El estrés provocado por la presión familiar no ayuda precisamente a aumentar las posibilidades de concebir, sino que crea un círculo sin salida que empeora todo. “Hay mujeres que rechazan la presión o que comparten la carga con el marido, pero muchas otras, que son señaladas por su entorno y sufren severas depresiones, ni siquiera pueden compartir el dolor de las presiones que reciben para tener hijos, así que permanecen solas, calladas, y continúan sufriendo mientras asumen que es su problema”, concluye la doctora Banerjee.