En 2019, el politólogo y geógrafo electoral Jérôme Fourquet publicó El archipiélago francés. En este ensayo, el autor describía Francia, históricamente caracterizada por su República unitaria y su homogeneidad, como una nación fragmentada en múltiples islas sociales, culturales y territoriales que coexisten sin llegar a encontrarse. Las elecciones municipales de 2026 son una foto casi perfecta de aquel diagnóstico. No ha habido una sola Francia votando, sino muchas distintas.

De hecho, si uno lee las piezas periodísticas de estos días, los comicios locales dejan un auténtico mosaico sin un hilo conductor común. No hay una única imagen que simbolice con precisión el sentido de la noche electoral. La contundente victoria de Emmanuel Grégoire, nuevo alcalde de París, y su paseo en bicicleta abrirán periódicos internacionales y se compartirán en redes sociales, pero no captan el secreto de la Francia del interregno. 

Tras estos comicios, ha ocurrido algo insólito: todo el mundo se declara ganador. Desde las izquierdas irreconciliables, que también se presentan juntas, hasta la extrema derecha, pasando por el macronismo en vías de desaparición. Más allá de que la abstención fue histórica, sobrepasando el 42%, cada bloque político ha reivindicado su propia victoria. Alguien debe mentir, porque en un juego competitivo no todos pueden ganar. Pero esa ficción compartida nos dice algo relevante del momento político. Francia parece incapaz de producir una autocomprensión clara de sí misma.

Todo el mundo espera que Francia viva en 2027 un momento de clarificación en las elecciones presidenciales. Pero hoy avanza a través de un doloroso y oscuro interregno. En las elecciones municipales, se ha hablado poco de la importante crisis de vivienda que atraviesa el país, el asfixiante coste de la vida o el bloqueo político que deja la Macronie. 

Mientras tanto, los partidos tradicionales, como Los Republicanos y el Partido Socialista, que durante años parecían condenados a la irrelevancia, han demostrado una notable capacidad de resistencia. No tanto como maquinarias partidistas nacionales, sino como actores capaces de recomponerse, de tejer nuevas alianzas y de adaptarse para sobrevivir al nuevo contexto nacional. El Partido Socialista, junto a los ecologistas y los comunistas, gobiernan no solo París y Marsella, sino también Lyon – aquí con La Francia Insumisa. Los Republicanos gobernarán sobre entre diez y quince millones de franceses tras estas elecciones locales. 

Frente a ellos, los llamados “nuevos” actores del sistema político francés –Agrupación Nacional de Marine Le Pen y La Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon– continúan avanzando. Su progresión es real, comparándola con las elecciones anteriores. Agrupación Nacional ha consolidado su poder territorial en el sur y sigue su avance silencioso en los pueblos y las ciudades medianas de la Francia periférica, sumando más de tres mil concejales en 84 departamentos. La Francia Insumisa ha conquistado alcaldías simbólicas como la de Saint-Denis y cuenta con mil concejales, pero se ha quedado fuera de las grandes victorias simbólicas del campo progresista. La presencia de ambas fuerzas crece de manera indiscutible, pero lejos de una nueva hegemonía.

Este doble movimiento de resistencia de lo antiguo y de avance insuficiente de lo nuevo en el contexto de “archipelización” es el rasgo central del momento político francés. Y explica, en parte, por qué todos pueden declararse ganadores: porque todos ganan solo desde su perspectiva unilateral. 

Las elecciones municipales de 2026 no han funcionado como un laboratorio de las presidenciales de 2027. No han ofrecido una prefiguración clara. No han permitido identificar un bloque dominante, ni siquiera una fuerza tractora en una izquierda en guerra civil. Más bien han reforzado la idea de una Francia sin centro de gravedad político.

Las grandes ciudades –París, Marsella, Lyon– constituyen, en este sentido, un primer nivel de lectura. En ellas, la extrema derecha ha irrumpido con fuerza, pero no ha conseguido sus objetivos. Pero esa resistencia no se ha articulado en la izquierda de una manera coherente y anticipatoria, sino a través de coaliciones variables y a menudo contradictorias.

En París, la victoria se construye sobre una alianza extensa en la que, significativamente, no participa La Francia Insumisa. En Marsella, la retirada del candidato insumiso fue una condición necesaria para evitar la división y asegurar el resultado. En Lyon, el triunfo solo ha sido posible gracias a una coalición de toda la izquierda, liderada por el alcalde ecologista, cuya legitimidad, sin embargo, se ve ya cuestionada por el recurso presentado por el derechista Jean-Michel Aulas.

El mínimo común denominador es que la izquierda francesa está fracturada en, al menos, dos, que parecen irreconciliables: los unionistas, que incluyen a la actual dirección del Partido Socialista de Olivier Faure y los de Mélenchon. Esas dos izquierdas no siempre dialogan y los pactos de última hora no ofrecen resultados concluyentes. Una izquierda de gobierno, pragmática, capaz de construir alianzas amplias en el ámbito local; y otra izquierda más confrontativa, de vocación marcadamente presidencial, que elabora su discurso en términos de ruptura con el establishment y con la otra izquierda. Una izquierda, que está siendo diabolizada, y que se está acostumbrando a jugar con el fuego de esa diabolización. Esa guerra por la hegemonía en el campo propio está limitando su capacidad para construir una alternativa común y está levantando muros entre sus respectivos electorados.

Así, la Francia que emerge de estas elecciones no es solo una Francia fragmentada, sino también una Francia territorialmente escindida. Una Francia de metrópolis abiertas y otra de periferias en repliegue. Una Francia integrada en los circuitos de la globalización y otra que se percibe a sí misma como abandonada. En ese contexto, la idea de una victoria clara pierde sentido. Ningún bloque ocupa una posición de centralidad indiscutida. 

Las municipales de 2026 no han resuelto la crisis política francesa. No hay fuerza, ni inteligencias suficientes para organizar un nuevo orden. Y, por último, si acaso pudiésemos decir que han dejado abierta la pregunta decisiva para el año 27: ¿habrá alguien capaz no solo de ganar elecciones, sino de recomponer una Francia común a partir de sus fragmentos? ¿Pueden la Francia de los pueblos y la Francia de las grandes periferias urbanas - la France des bourgs et la France des tours en expresión del diputado François Ruffin - reconciliarse en un proyecto de transformación compartido?

Sin ni siquiera viva la aspiración a esa reconciliación, el riesgo es que 2027 no solo no traiga una verdadera clarificación, sino que el interregno se alargue y la larga crisis francesa se cronifique.

Entre 1978 y 1988, Stuart Hall, el marxista británico de origen jamaicano, escribió una serie de ensayos, oportunamente editados en España por Lengua de Trapo en 2018, en los cuales pretendía analizar un doble fenómeno que no eran sino las dos caras de la misma moneda. El marxista que nos invitó a pensar sin garantías analizó allí la profunda crisis de la socialdemocracia y el ascenso del neoliberalismo. Este último no era, a sus ojos, principalmente un programa económico. Era una nueva forma de entender la sociedad, el individuo, el Estado y nuestra propia vida en común. Thatcher había aprovechado las grietas del consenso socialdemócrata para crear una nueva hegemonía a partir de una ideología populista-autoritaria. Lo que estaba en juego no era una contienda electoral más, sino el sentido común del pueblo británico.

En nuestro presente, es el pensamiento neoliberal de “la globalización feliz” el que sufre una fuerte erosión. Esta no se ha traducido ni mucho menos en un movimiento automático hacia la izquierda. El neoliberalismo en crisis se ha recombinado con rostros neoautoritarios y una radicalización de ideas derechistas. España, con la inédita experiencia del gobierno de coalición progresista, se ha convertido en una excepción europea. Pero el auge de la extrema derecha aparece también aquí como algo irresistible y ello acrecienta nuestra angustia. La izquierda no solo ve menguar su espacio social y pierde votos, sino que ha perdido conexión con “demasiados mundos” en una sociedad cada vez más fragmentada. Si está dominada por algún estado de ánimo, ese es la desorientación.

Resulta, hasta cierto punto, inevitable. A pesar de las conquistas gubernamentales y las victorias parciales, la izquierda pierde terreno día a día. Los grandes números de la macroeconomía no compensan los males persistentes de la vida cotidiana. La transformación del mercado de trabajo se ve deslucida ante la crisis de la vivienda. Y a ello se une un cierto agotamiento moral e intelectual. Lejos queda el masivo y transversal movimiento del 15M, el dinamismo del primer Podemos o la innovación de los Ayuntamientos del cambio. Aquel momento originario de la épica pasó y no va a volver. Y hoy nuestra realidad desafía creencias asentadas como que los cambios más importantes se producen desde el gobierno o que la mejoría de “lo económico” debería granjearnos apoyos y lealtades sólidas.

Si en “la batalla por las ideas socialistas en los años 1980”, Hall combatía un cierto “tradicionalismo marxista” que consideraba invencibles las ideas socialistas, hoy nos habríamos autoconvencido de la inevitabilidad de la derrota. El asalto por tierra, mar y aire al gobierno de coalición por parte de las derechas solo podría dar paso a una mayoría absoluta de la derecha y la ultraderecha, y a un gobierno de coalición del PP y de Vox. Parecemos haber olvidado “la centralidad de las ideas políticas y la lucha por ganar corazones y mentes para el socialismo”.

Si “lo de Rufián y Emilio” ha sido un punto de inflexión, es porque nos ha sacado de ese ensimismamiento previo. Ha levantado la moral del pueblo de izquierdas y ha conectado con una profunda voluntad de resistencia como ha mostrado la encuesta de Ateneo del Dato realizada para eldiario.es. Además, ha tenido efectos innegables y desiguales en el ecosistema partidista de la izquierda. Algunos lo han sabido acoger de manera positiva, mientras otros han señalado los límites o lo han criticado ferozmente. Pero no deberíamos hacerlo por aquello que resulta irremediable. Si era un niño torpe dando sus primeros pasos, es porque intenta y debería aspirar a ser algo nuevo. Si se movía a tientas en una habitación oscura, es porque comparten nuestra misma desorientación. Por último, contiene una rectificación a elementos del ciclo anterior.

Gabriel Rufián apenas llegó a balbucear un método y Emilio Delgado planteó esencialmente la necesidad de levantar un bloque democrático más allá de lo electoral. Algunas de sus intuiciones principales son correctas. Como apunta la misma encuesta, el método Rufián, diseñado con inteligencia y generosidad, contribuiría a evitar el precipicio. Pero esto no es lo mismo que construir un bloque social y político con un proyecto alternativo del país. Ello requeriría tiempo y sobre todo la reconstrucción del pueblo (español) de izquierdas.

El estudio del centro de investigación señala algo más: nuestra propia “crisis de la socialdemocracia”. En la actualidad, numerosos votantes socialistas que apoyaron a Pedro Sánchez el pasado 23-J están en busca de una alternativa honesta y creíble de izquierdas. Pero esa alternativa no existe ni electoral, ni culturalmente. En todo caso, no reconstruiremos un pueblo en base a cálculos electorales mirando las provincias. Ni tampoco convocándolo en exclusiva para “parar al fascismo”. Necesitamos revitalizar nuestras ideas (eco)socialistas, escuchar los malestares sociales y volver a dirigirnos a todo nuestro pueblo.

El largo camino de la renovación requiere recuperar el orgullo de ser militante y de compartir una manera (socialista) de ver el mundo – algo pudimos intuir en el acto de “Un paso adelante”, protagonizado por Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns y Movimiento Sumar. También ser conscientes de la crisis general que atraviesan nuestras sociedades para rearticular una amplia coalición social en favor de un proyecto de transformación democrática. Y exige, por último, un balance honesto de la experiencia de gobierno de coalición. Si hoy Vox crece como la pólvora, es, en buena medida, por estar sabiendo canalizar el rencor y el malestar antipolítico contra el gobierno después de alejarse del poder autonómico.

La izquierda no puede conformarse permanentemente con gestionar una parte minoritaria de la coalición de gobierno sin capacidad de dirección cultural. No podemos conformarnos con una agenda heredada y conservadora, mientras crecen los monstruos. Dar forma política a esa pulsión de cambio desde la izquierda, que pone de manifiesto el sintomático liderazgo de un atípico independentista catalán, implica asumir una tarea doble y casi contradictoria. Salvar el precipicio y emprender el largo y paciente trabajo de reconstruir un pueblo. Lo urgente es evitar la derrota. Lo imprescindible es volver a construir otros mundos.

Después de la crisis financiera de 2008 y el ascenso de las nuevas derechas autoritarias, se produjo una explosión terminológica para caracterizarlas. A partir de la victoria de Trump en 2016, los adjetivos – tardío, preventivo, fósil – y los prefijos – neo, post, o tecno– se multiplicaron con la esperanza de explicar el fenómeno. ¿Lo comprendemos mejor o esa acumulación solo señala la incapacidad de descifrarlo?

Recientemente, el periodista y escritor Jonathan Rauch publicó en la revista The Atlantic un artículo muy compartido en X y de título asertivo “Yes, it’s fascism” (“Sí, es fascismo”). Los hechos de Minnesota habían supuesto un punto de inflexión y no tenía sentido “evitar” el término. “Ahora las semejanzas son demasiadas y demasiado fuertes para negarlas”, decía el autor. Rauch narra su proceso de autoconvencimiento y pasa, a continuación, a enumerar las características del fascismo, aquel movimiento antidemocrático, antisocialista e irracionalista.

Es evidente que lo sucedido en Minnesota este mes de enero ha impactado en la conciencia del pueblo estadounidense. El despliegue del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU (ICE, por sus siglas en inglés) persiguiendo a personas trabajadoras para deportarlas, los asesinatos a sangre fría de Renee Good y Alex Pretti, y el uso de niños para capturar a sus padres han quedado grabadas en la retina de todo el país. La burda propaganda federal negando los hechos y culpabilizando a las víctimas ha mostrado la catadura moral del “King Trump”. Así lo ha inmortalizado Bruce Springsteen en su himno Streets of Minneapolis. Pero si dejamos de señalar las cosas con el dedo y comprender el concepto, ¿qué hay del “fascismo” aquí?

Hay una visión ampliamente compartida – y defendida con matices por autores muy diferentes como Arendt o Hayek –, según la cual el fascismo sería una variante del totalitarismo. Así entendido el fascismo sería una suerte de combinación de Estado hipercentralizado y expansivo, que ocuparía el lugar propio de la sociedad, más una ideología contraria al individuo y su libertad. El autor de Camino a la servidumbre fue más lejos todavía: cualquier intervención estatal en la economía era un paso inevitable hacia aquel. Pero esa hipótesis plantea una dificultad evidente. ¿Dónde está ese Estado total que lo controla todo? ¿En qué lugar se manifiesta cuando el poder se fragmenta entre agencias que actúan sin coordinación? ¿Cómo encaja esa imagen con el peso creciente de grandes intereses privados y de plataformas digitales que moldean el espacio público y concentran el poder económico? ¿No estamos, más bien, ante la normalización de la excepción?

Conviene recuperar aquí la figura de Franz Neumann, jurista alemán, militante socialista y uno de los miembros más olvidados de la Escuela de Frankfurt. Tras la llegada al poder de Hitler, se exilió en EEUU, donde escribió uno de los libros más exhaustivos y originales sobre el régimen nazi: 'Behemoth: pensamiento y acción en el nacional-socialismo'. Frente a la mayoría de analistas de la época y la propaganda hitleriana, Neumann señalaba sus contradicciones y advertía que era un gigante con los pies de barro, que podía ser derrotado.

Hobbes había popularizado la figura del Leviatán para representar al Estado. Un sistema social que ordena la sociedad y, a pesar de monopolizar la violencia y utilizar la coacción, respetaba la ley y garantizaba los derechos individuales. Por su parte, el jurista alemán recuperaba Behemoth, el otro monstruo de la escatología hebrea, para designar una forma diferente y específica de poder.

Desde esta perspectiva, el Tercer Reich no era un Leviatán salvaje, sino un no-Estado. El Derecho no regía, ya que la excepción no era el momento extraordinario para instaurar el orden, sino el modus operandi del gobierno nazi. Y no existía el poder unificado. Eran cuatro los grupos de poder – la industria, el partido, la burocracia y el ejército –, que solo estaban unidas por el Führer y sus “contratos privados” con él. La competición descarnada entre grupos servía para impulsar la voluntad política del régimen. El nazismo consistía, entonces, en un caos organizado, sostenido por la violencia y la absoluta inseguridad jurídica.

Vistas así las cosas, este enero de Minneapolis no ha sido un momento de exceso excepcional, sino la verdadera cara del trumpismo. En nuestros días, el Behemoth – el monstruo que gobierna la tierra y es venerado por los animales terrestres – se expande a través de las plataformas digitales y con intervenciones militares más allá de sus fronteras. No responde a las necesidades de un capitalismo monopolista como el de los años 30, pero se alimenta de un capitalismo oligárquico y rentista, dominado por las finanzas y las grandes tecnológicas. Los estadounidenses no sufren un régimen de partido único, pero el movimiento MAGA amenaza con subvertir los mecanismos constitucionales para garantizar un tercer mandato de Trump. Y, además, está nutriendo con sus miembros a ICE, que cuenta con más presupuesto que todo el resto de agencias de seguridad y se ha convertido de facto en una fuerza de choque paramilitar.

Fuerzas colaboracionistas en otros países occidentales, como Vox en España, aspiran a importar ese modelo, confiando en que los tiempos de la democracia están llegando a su fin y más vale apostar por el caballo ganador. Por desgracia, no es solo cosa de Vox, sino que la popular Díaz Ayuso le ha concedido esta misma semana la Medalla Internacional de Madrid a EE.UU. por ser “el principal faro del mundo libre”, tras los reconocimientos a Netanyahu y Milei. En este momento de auge del autoritarismo, se entiende la propuesta de los de Abascal de revisar más de un millón de nacionalidades concedidas durante el mandato de Pedro Sánchez. ¿Por qué detenerse en ese momento temporal? ¿Por qué no retirárnosla sencillamente a quienes no compartimos su ideología? ¿Dónde está aquí el Derecho? Esa apuesta por la arbitrariedad y la distorsión completa de las normas solo puede aplicarse a través de la violencia. Solo generará desorden y caos. Acabará empujando a mucha gente a resistir como también hemos visto en Minnesota. En “el mejor” de los casos, desintegrará aquello que dice querer salvar. Hoy, como entonces, Behemoth tiene los pies de barro y puede ser derrotado. Esperemos encontrar el camino antes de que el mal y el daño estén hechos.

La esclavitud existe desde tiempos inmemoriales. Perder una guerra era sinónimo de convertirse en un esclavo o morir. Hoy aquello solo se nos presenta como un pálido vestigio del pasado. A pesar del corpus normativo internacional que protege el derecho humano a no ser sometido a la esclavitud, se calcula que en 2021 había más de 50 millones de personas esclavizadas en el mundo. Prohibida por la Convención sobre la Esclavitud propuesta por la Sociedad de Naciones en 1926, nada tendría que ver con los principios sobre los que se sustentan nuestras sociedades democráticas y civilizadas.

Tanto es así que, ya desde la Antigüedad y, de manera significativa, en el siglo de la Revolución francesa, la esclavitud llegó a ser la metáfora principal de la filosofía política de Occidente para condensar toda la crudeza y la vileza de las relaciones de dominación. Su contrario, la libertad, debía ser el valor político central de ese nuevo mundo que se abría paso y, por tanto, universalizarse. Sin embargo, mientras la libertad era proclamada a través de Europa, la institución de la esclavitud se extendía como una mancha de aceite incontrolable por las colonias y reconfiguraba el sistema-mundo. De hecho, como ha recordado la historiadora Florence Gauthier, Robespierre y sus partidarios fueron los únicos que se opusieron consistentemente a la esclavitud. Mientras los defensores del Antiguo Régimen la defendían por derecho natural, los girondinos lo hacían por motivaciones económicas. La esclavitud era una pieza inevitable del sistema. Tras la contrarrevolución de Termidor, Napoleón la restauraría en las colonias.

Esta historia en el corazón de la modernidad persiste en nuestro presente – y no solo porque, como dijera Marx, el trabajo asalariado sea “esclavitud a tiempo parcial” –, sino bajo otra forma: la mal llamada “inmigración irregular”. ¿Qué mueve a tanta gente a abandonar su casa y su país de origen atravesando, en ocasiones, grandes dificultades en el viaje y, en todas, una gran incertidumbre y vulnerabilidad en el país de destino? La respuesta es casi universal: la voluntad de dejar atrás la miseria y el anhelo de libertad. Por eso, el derrumbe de otra “frontera” más que supone la regularización extraordinaria de personas migrantes, anunciada por el gobierno español del PSOE-Sumar y acordada con Podemos, es una grandísima noticia. Cientos de miles de personas en nuestro país van a poder vivir sin miedo a ser detenidos y deportados como estamos viendo hoy mismo que sucede al otro lado del Atlántico. Temporeras de la fresa marroquíes, trabajadoras domésticas colombianas u obreros de la construcción senegaleses que podrán trabajar legalmente, organizarse y negociar sus condiciones de trabajo en lugar de ser explotados en los márgenes del sistema. Cientos de miles de personas, la mayoría latinoamericanos, que llevan años viviendo entre nosotros, trabajando y sosteniendo sectores clave de la economía española sin derechos. Cientos de miles de personas que tendrán derecho a una familia y, en definitiva, a existir legalmente. Personas a quienes reconoceremos, por fin, su dignidad.

No obstante, no estamos, como se ha dicho, ni ante “un acontecimiento histórico”, ni tampoco ante “una operación de sustitución del pueblo español”, lo diga quien lo diga. España ha vivido procesos similares de regularización en las últimas décadas bajo gobiernos de distinto signo político, desde Aznar hasta Zapatero, y ninguno de ellos alteró de manera sustancial el modelo de extranjería. Que cualquier vecino o vecina tenga unos derechos básicos garantizados y no tenga miedo al recoger a su hijo en la escuela o al ir supermercado sería lo mínimo en cualquier país normal. Pero, en estos tiempos oscuros, caóticos y violentos lo normal se ha convertido en una excepción. Y, por eso, el presidente Sánchez es retratado en el New York Times o en la revista New Statesman como una referencia progresista global, y su “política migratoria” a contracorriente de los EEUU de Trump debe ser motivo de orgullo. Por otra parte, las personas que se acojan a este proceso de regularizaciones no podrán votar en ningún caso en las próximas elecciones generales, ya que no son nacionalizadas y este proceso dura entre dos y diez años según el lugar de origen.

En 1990, Kenichi Ohmae, un consultor japonés estrella de McKinsey y gurú del management publicó El mundo sin fronteras, una suerte de versión empresarial del fin de la historia. Según su tesis, existiría una suerte de juego de suma cero entre la globalización y las fronteras. Es decir, a medida que la globalización progresase, las fronteras irían perdiendo peso. Esa fantasía propia de la globalización feliz se reveló como lo que era: una pura ilusión. Después de la crisis de 2008, las fronteras no solo no desaparecen, sino que se multiplican. Nos encontramos con fronteras abiertas al capital, fronteras cerradas a las personas y fronteras internas dentro de los Estados, por las cuales los migrantes en situación irregular pueden ser explotados durante años en situaciones extremas, estar sobrecualificados para sus trabajos o sufrir la brecha salarial.

A aquella fantasía la sustituyeron dos proyectos fantasiosos que están en pugna en la actualidad: de un lado, la fantasía de una migración “justo-a-tiempo” y “adaptada a la demanda”, según la cual los migrantes representarían una fuerza de trabajo complementaria del mercado de trabajo nacional, que podría ser destinada sin ambigüedades a determinados sectores económicos – siempre, según la fábula, preferiblemente de alto valor añadido. De otro lado, la fantasía de la remigración que consistiría en un retorno masivo de trabajadores no blancos a sus lugares de origen, con el que se dejaría hueco a los nacionales para ocupar sus puestos de trabajo. En las últimas semanas, hemos comprobado en Minnesota lo criminal que puede resultar esta distopía basada indisimuladamente en la pureza racial.

A pesar de tener una naturaleza diferente, ambas comparten cierta lógica: los inmigrantes se podrían distinguir, seleccionar o jerarquizar por sus capacidades, su color de piel o su país de origen. Ambas conciben instrumentalmente a las personas migrantes como población sin derechos, que, en el mejor de los casos, pueden ser económicamente funcionales. El obrero es “un esclavo a tiempo parcial”, porque se ve obligado a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Las personas migrantes en situación irregular encarnan hoy una versión agravada de esa figura. Trabajan, producen riqueza y sostienen la sociedad, pero sin derechos plenos y bajo la amenaza permanente de ser prescindibles. No son legalmente propiedad de nadie, pero no son libres. Construyen nuestra sociedad, pero son excluimos de la comunidad política.

En su obra El desacuerdo, cuando describe la crisis del sistema industrial en Francia, Jacques Rancière señalaba que en veinte años no había cambiado tanto el número de inmigrantes como la manera de nombrarles: “se llamaban trabajadores migrantes o, lisa y llanamente, obreros. El migrante de hoy es, en primer lugar, un obrero que perdió su apellido”.

En la madrugada del 3 enero de 2026, los Estados Unidos de Donald Trump bombardearon Venezuela y capturaron al presidente Nicolás Maduro y a su esposa. En el primer momento, no supimos mucho más, pero lo sabíamos todo. No había datos oficiales sobre heridos ni muertos, pero se afirmaba que la operación había sido impecable y la ausencia de bajas apuntaba a que Maduro había sido “vendido”. Desconocíamos si la operación estadounidense –justificada en nombre del “narcoterrorismo”– contaba con apoyos significativos en el interior del país y cuáles serían, pero algunos celebraban el retorno inmediato de María Corina Machado como presidenta. Tampoco conocíamos los siguientes pasos del plan de Trump, más allá de apelaciones genéricas a “la libertad” y a la necesidad de “tomar el control” de Venezuela.

A medida que avanzaron las horas había más datos, pero entendíamos cada vez menos. La rueda de prensa de Donald Trump, junto a Marco Rubio y otros responsables de la operación, llevaron al extremo esta paradoja: cuanto más veíamos con nuestros ojos y más escuchábamos, mayor era la sensación de irrealidad. Trump hablaba del petróleo venezolano y de recuperar lo que era suyo. Despreció a María Corina Machado y señaló a Delcy Rodríguez como un actor clave. No habló de democracia en ningún momento, sino de “una transición segura”. Su comparecencia ante los medios fue una exhibición impúdica de su propio poder. Esa transparencia total, lejos de mostrarnos crudamente la verdad, multiplica la confusión.

Lo único indiscutible es que se trata de una violación flagrante y explícita del Derecho Internacional. Como ha recordado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas es muy claro: los Estados deben abstenerse del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier otro Estado. No hay otra interpretación “creativa” dentro del marco jurídico internacional.

Pero estamos en 2026 y vivimos en otro mundo. Hay quienes celebran los bombardeos sobre Venezuela – en muchos casos, su propio país– como si marcaran el inicio de un proceso de liberación largamente esperado –y mucho más rápidamente desmentido–. Otros se apresuran a borrar de un plumazo la degradación democrática, económica e institucional del “madurismo”, como si la violación del derecho internacional bastara para devolverle una legitimidad perdida hace ya tiempo.

Hoy Venezuela no es una excepción, sino un síntoma de un mundo en el que la fuerza vuelve a imponerse al derecho, y en el que los principios son solo productos de usar y tirar en manos de las grandes potencias. Este mundo de depredadores es el que los Estados Unidos de Trump aspiran abiertamente a presidir. En apenas un año, Trump se ha encargado de demostrar que quienes pensábamos que su regreso a la Casa Blanca sería desastroso nos quedamos cortos. Podía ser peor. Mucho peor. En solo doce meses ha incumplido sus promesas de aislacionismo y no intervención, y ha consolidado una política exterior basada en la arbitrariedad, la violencia y el retorno explícito de las esferas de influencia. Pese a su retórica de “hacedor de acuerdos” y a la propaganda de la paz, ha ordenado bombardeos en Irán, Irak, Siria, Somalia, Nigeria y Yemen, antes de bombardear Venezuela. En su primer año de mandato ha lanzado al menos 637 ataques aéreos –principalmente en Oriente Medio–, más que los realizados por Joe Biden durante sus cuatro años de mandato. No hay atisbo de un acuerdo de paz justo y duradero en Ucrania e Israel continúa con su política de apartheid en Palestina. El aislacionismo prometido se ha convertido en una política de poder –Machtpolitik– sin complejos.

Este mundo gobernado por la fuerza no ha surgido de la nada con el cambio de año. Tiene una fecha simbólica y un nombre propio. En 'El mundo después de Gaza', Pankaj Mishra sostiene que la devastación y el genocidio en Gaza no fueron una tragedia más en una época saturada de catástrofes, sino una ruptura histórica. Ningún otro acontecimiento reciente –ni la pandemia, ni las crisis financieras, ni siquiera otras guerras– dejó una carga comparable de perplejidad y mala conciencia en Occidente. Gaza expuso con una crudeza insoportable la bancarrota ética de EEUU y Europa, y la incapacidad para aplicar los propios principios cuando las víctimas y los verdugos no encajaban en nuestra visión del mundo – atravesada, en demasiadas ocasiones, por el supremacismo blanco–.

Lo original no fue únicamente la brutalidad de la violencia ejercida, sino la naturalidad con la que fue justificada y asumida. Gaza mostró que el Derecho Internacional y los derechos humanos ya no operan como límites. Trump se pavonea de la exhibición de su hegemonía militar –la única que EEUU conserva de manera indiscutible. El genocidio palestino da continuidad a un mundo en el que algunos cuerpos pueden ser destruidos al margen de toda norma. La represión del madurismo y su nulo respeto de la pluralidad política es la otra cara de la moneda de esta historia, a una escala regional.

Rusia en Ucrania, Israel en Palestina, Estados Unidos en América Latina: la fuerza reaparece como el principio que ordena nuestro mundo. El bombardeo de Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro en 2026 pertenecen plenamente a ese tiempo posterior a Gaza. No estamos solo ante un episodio de autoritarismo ni la acción de un rey loco, sino ante una suspensión ejemplar de los principios que configuraron el orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial.

Si se acepta esta lógica, muchas preguntas son ya meramente retóricas. ¿En virtud de qué principio podría criticarse una invasión de Taiwán por parte de China? ¿Con qué autoridad puede la UE exigir a Rusia la retirada de los territorios ucranianos?

El espíritu de la nueva estrategia de seguridad nacional estadounidense, publicada hace apenas un mes, se ha hecho carne en Venezuela. El regreso explícito de la Doctrina Monroe amenaza a América Latina con dejar de ser una comunidad de Estados soberanos.

El retorno del imperialismo descarnado y de las esferas de influencia consolida la excepción jurídica. Cuando una potencia se arroga el derecho a decidir qué gobiernos son legítimos y cuáles deben ser reemplazados, resquebraja el principio mismo de soberanía y seguridad colectiva. El problema no es solo la Venezuela de Maduro, sino el precedente que se establece para cualquiera. La Unión Europea se equivoca al mirar hacia otro lado o confiar en que las amenazas hacia Groenlandia son solo bravuconadas de los partidarios más duros del America first. Es el siguiente objetivo. Está escrito.

Nada de esto implica ignorar la realidad interna venezolana. El régimen de Maduro carecía antes de la operación norteamericana de legitimidad democrática. El país atraviesa una devastación económica y social profunda, con millones de ciudadanos forzados al exilio y sin ningún horizonte político creíble. Ahora bien, reconocer esa realidad no implica celebrar los bombardeos ni aceptar la ley del más fuerte. Ninguna “transición justa” puede construirse a partir de ese hecho.

Eso es lo que hace de 2026 un terreno desconocido. ¿Cómo ayudar a los venezolanos y venezolanas a que recuperen las riendas de su propio destino, y decidan en paz y en libertad? ¿Quiénes estamos dispuestos hoy a defender los principios democráticos y el Derecho Internacional, incluso cuando incomodan?

“La fuerte falta de vivienda provocó grandes problemas de hacinamiento y deterioro en los alojamientos disponibles. Existía algo de vivienda pública pero se confió casi por completo en el mercado. En los barrios más antiguos de Barcelona, muchos pisos o casas fueron divididos en unidades minúsculas”.

“Eran las llamadas ciudadelas: viviendas baratas, donde varias personas compartían habitación, aseos y cocina para poder pagar el alquiler que consumía una parte notable del salario. Es un tipo de vivienda colectiva, generalmente desarrollada en una planta baja, compuesta por un cierto número de habitaciones independientes”.

¿Dónde situar estas escenas? Suenan terriblemente actuales, pero sucedieron hace cerca de un siglo en Barcelona y Tenerife. Más de 2.000 kilómetros de distancia que no eliminaron esa problemática común. Ambas compartieron propietarios que se lucraron con las rentas y que fueron respondidos con huelgas de inquilinos. Como dijo hace unos meses la presidenta de la asociación de propietarios SOM Habitatge, Núria Garrido, “tener inquilinos es como tener un hijo”. Los propietarios de vivienda como padres de familia contaron – y cuentan – con un poder casi absoluto, que les permite exigir una buena parte de su salario a quienes trabajan. Ecos del pasado que regresan hoy.

Hace un par de semanas, vivimos la primera victoria de una huelga de alquileres victoriosa en nuestra historia reciente. Desde el mes de abril, 71 familias que vivían en pisos propiedad de Fundació La Caixa en Sentmenat, Sitges, Banyoles y Palau Solità i Plegamans sostuvieron una huelga de alquileres alejada de los focos.

Viven en promociones de viviendas que habían sido levantadas con apoyo y financiación públicas, pero La Caixa quería venderlas una vez acabase el periodo de protección. Una operación que culminaría una transferencia masiva y descarada de recursos públicos hacia un gran tenedor privado. Por desgracia, eso ha sido en muchas ocasiones la “vivienda protegida” en España.

Las familias lograron retener más de 257.000 euros y, sobre todo, han conseguido que los bloques pasen a estar protegidos “para siempre”. Por fin, el 26 de noviembre, la Generalitat anunció la compra de 1.100 viviendas de InmoCaixa. Se han recuperado un total de 1.700 pisos. Nuestra primera huelga de alquileres del siglo XXI aún no ha terminado y ya ha permitido celebrar varias victorias.

El sindicato ya ha convocado nuevas asambleas y movilizaciones para extender la recuperación de vivienda protegida al conjunto de bloques de Fundació La Caixa. Sería, en todo caso, un error leer esta huelga como un éxito particular. Ha demostrado ser una herramienta capaz de obligar a las administraciones a revertir décadas de privatización y especulación que han llevado al actual colapso del mercado inmobiliario. Hay una batalla por la redefinición misma de la noción de interés público. Consolidar un parque de vivienda pública protegida es una condición indispensable para frenar la lógica de la vivienda como un activo financiero. No se trata de un grupo de interés particular, sino de una población que se ha visto expropiada y busca recuperar el control de su vida. La huelga, en definitiva, ha actuado como palanca para hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda.

El regreso de esta práctica dice hasta qué punto la situación actual de la vivienda se ha degradado. La ciudadanía la señala en las encuestas como su principal preocupación y, según un informe del Ministerio de Consumo, liderado por Pablo Bustinduy, 630.000 contratos de alquiler vencerán el próximo año. En los últimos cuarenta años, la vivienda se convirtió en un producto financiero, con el cual las familias invertían sus ahorros y, de manera progresiva, multipropietarios y empresas se han dedicado a hacer negocio y a especular. Según los cálculos de CCOO, en estas décadas se han gastado más de 200.000 millones de euros en políticas de vivienda. Pero en la dirección equivocada. La intervención pública sirvió, de manera principal, para mantener artificialmente alto un bien que nunca se consolidó como un verdadero derecho social. Como resultado, hoy tenemos un proceso de desposesión masiva que afecta al corazón de las clases trabajadoras y medias. Como ocurrió otras veces en el pasado en las huelgas de inquilinos las mujeres y las personas migrantes están teniendo un papel protagonista. Ahí se está conformando una nueva clase social. Sin atajos, como dice uno de los libros de cabecera del sindicato.

El éxito de la huelga llega en un momento de bloqueo parlamentario, degradación institucional y desorientación de la izquierda, mientras la extrema derecha capitaliza el malestar. Crece el sentimiento de orfandad política y se refuerza un círculo vicioso que une y alimenta la desmovilización social y la impotencia institucional. La profunda crisis del PSOE, debida a la pésima gestión de las denuncias por acoso sexual, de un lado, y, de otro, a las corruptelas de altos cargos en las empresas públicas, parece haber llevado el estado de shock a un punto definitivo. Sin embargo, la huelga de inquilinos, como antes las protestas contra el genocidio en Gaza o en defensa de la sanidad pública, demuestra que ese círculo vicioso no es inevitable. La organización popular tiene la capacidad de cambiar el foco y fuerza decisiones que abren nuevas posibilidades. André Gorz lo llamó “reformismo radical”: reformas que no se agotan en sí mismas, sino que ensanchan lo posible. La compra de 1.700 viviendas no es un trámite administrativo más, sino la prueba de que una huelga puede cambiar el mundo. Una huelga de inquilinos cambia la vida, en primer lugar, de sus protagonistas y nos recuerda a los demás que no está todo perdido. Es posible reapropiarnos del mundo común para poder cambiarlo.

Lejos quedan las imágenes aéreas de aquella inmensa cadena humana de 400 kilómetros que se extendió el 11 de septiembre de 2013, la Vía Catalana hacia la independencia. Más allá de la opinión de cada cual, fue un éxito mediático y organizativo. Medios internacionales como The New York Times o Le Monde se hicieron eco. En plena crisis financiera, surgió en Catalunya el movimiento de masas más persistente de aquellos años. El apoyo a la independencia en las encuestas se situaba alrededor del 50%. En los centros de poder de Madrid se respiraba miedo y en los pasillos de Bruselas, inquietud. La derecha –y buena parte de la población en España y en Catalunya– identificó la amenaza como real.

En 2025, a pesar de haber perdido la mayoría parlamentaria y el Govern, el independentismo sigue siendo un hecho social y político incontrovertible en Catalunya. En España, la gobernabilidad ha dependido de él. También cualquier posibilidad de mantener a la extrema derecha alejada del Consejo de ministros. Por eso, la ruptura anunciada por Junts hace tres semanas y su tono virulento –Míriam Nogueras calificó a Pedro Sánchez de “cínico” e “hipócrita”– deberían ser motivo de preocupación. No tanto por el gesto en sí, sino por lo que revela. Dividido, fatigado y amnistiado tras años de represión, el movimiento ha visto emerger una amenaza en su propio interior: Aliança Catalana. La última encuesta del CEO lo certifica: la formación de Silvia Orriols apunta a la tercera posición, superando a los de Carles Puigdemont. 

El independentismo, evolución histórica del catalanismo, ha sido un movimiento de clases medias y populares, radicalizadas por la crisis del 2008 y el fracaso político del Estatut. Durante buena parte del siglo XX, se forjaron en la lucha democrática contra el franquismo. Pero la Catalunya de 2025 ya no es la de 2013. Hoy, un nuevo partido independentista resume su programa en defender “la raza catalana” frente a una supuesta sustitución migratoria promovida por el Estado español. ¿Qué ha pasado para que la revolución dels somriures, que contaba con la independencia como horizonte utópico, haya visto surgir a un partido islamófobo de sus entrañas, cuya apuesta es deportar a cientos de miles de catalanes?

Catalunya ha atravesado una auténtica policrisis que ha convertido la desconfianza en la emoción dominante. El procés no solo fracasó en su objetivo, sino que generó una sensación de engaño, desgaste y distancia entre la dirigencia y las bases. Aliança vive, en primer lugar, de esa crisis de representación. Pero la desconfianza también responde a causas económicas. Con las heridas de la crisis de 2008 aún abiertas y un peso económico menguante respecto a Madrid, la crisis de la Covid-19 agravó la situación. Su impacto se sintió en los hogares: cierre de negocios, encarecimiento de la vida y precariedad. A pesar de que la macroeconomía muestre señales de recuperación, la ciudadanía no vive esa mejoría. El día a día pesa más que cualquier indicador. El precio de la vivienda sigue desbocado, los salarios no acompañan y los servicios públicos están tensionados. La sensación general es de decadencia. 

La pandemia trajo consigo una crisis de la salud mental. Las depresiones y la ansiedad fueron una constante. Durante el confinamiento, el uso masivo de las redes favoreció un repunte del pensamiento conspirativo. Otra vez, la desconfianza, ahora dirigida hacia la ciencia, la medicina o la universidad. Una encuesta reciente del CEO advertía de que esos discursos están arraigados en un tercio de la población catalana, especialmente entre los votantes de Aliança Catalana y Vox.

A este cóctel explosivo, se le suma un cambio demográfico acelerado. Entre 2016 y 2025, la población nacida fuera de España creció un 57%. Los inmigrantes han sido decisivos a la hora de sostener el mercado de trabajo. Hoy, un 23,8% de la población es migrante, con importantes variantes territoriales. Según la Encuesta de Usos Lingüísticos de la Población (EULP), a pesar de que el número total de hablantes de catalán aumenta, solo el 32,6% lo utiliza en exclusiva de forma habitual.

El geógrafo Christophe Guilluy describió la ruptura entre las grandes ciudades, donde se concentran la riqueza, los empleos y las oportunidades, y las periferias, donde la decadencia se instala y la sensación de minorización cultural es mayor. Ahí es donde han arraigado las fuerzas nacionalpopulistas en Europa, y Catalunya no es una excepción. Sin pulso ni fuerza para enfrentarse al “Estado español”, esa desconfianza se ha proyectado hacia el catalán más débil o el recién llegado. La antigua clase media en crisis, defraudada con el sistema y que ve amenazada su identidad, se reagrupa alrededor del agravio y el miedo. No es casualidad que la fuerza de AC se asiente en las comarcas de Girona o la Plana de Lleida.

Aliança Catalana es una amenaza en un doble sentido. En primer lugar, para la supervivencia de la propia nación catalana. Si Catalunya ha sobrevivido históricamente como nación ha sido gracias a la sorprendente voluntad de seguir siendo un pueblo con su lengua, su cultura y sus instituciones, pero sobre todo a su capacidad de integrar a los nouvinguts. La integración ha sido el nervio del país: sin ella, no hay futuro posible. Las propuestas de AC provocarían una caída del número de hablantes de catalán, un colapso del tejido socioeconómico y un fuerte empobrecimiento cultural. Esa Catalunya imaginada, aislada y encerrada sobre sí misma, no solamente exigiría fuertes dosis de autoritarismo y violencia para intentar llevarse a cabo, sino que, además, iría contra su propio objetivo declarado.

En segundo lugar, el partido de Silvia Orriols es una amenaza para la posibilidad de mantener a raya a la extrema derecha española. Su declaración de no participar en la gobernabilidad del Estado puede arrastrar al conjunto del independentismo y del catalanismo y llevar al país a un bloqueo permanente. El avance de la desconfianza hacia cualquier solución dialogada solo mejorará las opciones de Santiago Abascal de llegar a la Moncloa.

La única manera de combatir al nacionalpopulismo es reconstruir la confianza entre España y Catalunya, y dentro de la sociedad catalana. Por un lado, el Gobierno de coalición progresista debe asumir que necesita a Catalunya y que hacen falta pasos firmes. Es imprescindible reformar el sistema de financiación, cumpliendo los compromisos de singularidad, ordinalidad y responsabilidad. Por otro, queda la tarea más compleja: hacer posible un nuevo acuerdo que devuelva la legitimidad y el horizonte compartido. Catalunya sigue rigiéndose por un Estatut recortado por el Tribunal Constitucional.

Por último, el independentismo y el catalanismo deben ser capaces de articular mayorías amplias para resolver los inmensos retos de país. En la semana de arranque del juicio al expresident Pujol es como si se cerrase una época y otra intentase abrirse. En esta última, los catalanes y catalanas deberán responder a una pregunta fundamental: ¿quién forma para del “nosotros”? ¿Volveremos a ser aquella comunidad en la que catalán es “quien vive en Catalunya y lo quiere ser”? 

En 2015, el escritor Michel Houellebecq se atrevió a dibujar en 'Sumisión' la Francia de un futuro cercano. Mohammed Ben Abbes, un líder carismático musulmán, se convertía en 2022 en el presidente de Francia ante el derrumbe de los partidos tradicionales y la necesidad de cortar el paso al Frente Nacional. La novela, una distopía sobre la decadencia de Europa, condensaba las pesadillas de una parte de las élites occidentales y del ala más reaccionaria de sus pueblos. Aquella fantasía inspirada por el terror al enemigo interior, hoy encuentra un revés feliz en Nueva York. 

Zohran Mamdani, inmigrante ugandés de 34 años y ciudadano estadounidense de pleno derecho desde hace solo ocho, y miembro de los Democratic Socialists of America, ha ganado las elecciones a la alcaldía de la capital económica y cultural de los Estados Unidos con más del 50% de los votos. En una gran noche para los demócratas, que también se impusieron a los republicanos en los Estados de Virginia y Nueva Jersey, Mamdani obtuvo un resultado histórico.  

Nadie había logrado superar la barrera del millón de votos en Nueva York desde 1969 cuando lo hizo John Lindsay. Nadie le esperaba hace apenas un año, cuando las encuestas solamente le otorgaban un raquítico 1% de los apoyos. No solo se ha convertido en el primer alcalde musulmán de la historia de la ciudad, sino que será el primero en décadas en reclamarse abiertamente socialista. 

Mamdani ha conseguido lo que parecía imposible. En pleno segundo mandato de la Administración Trump, ha levantado una coalición de personas trabajadoras y de clase media, multirracial y de diferentes orígenes culturales, comprometida contra el genocidio del pueblo palestino y que no tiene miedo a que les llamen socialistas. Sin duda, la gente joven ha sido un motor decisivo en esta alianza. No ha ganado solo gracias a una personalidad carismática, un afinado sentido del humor y un extraordinario equipo de comunicación, sino que ha construido un movimiento de más de 100.000 personas voluntarias, organizadas manzana por manzana, puerta a puerta, como respuesta a la crisis del poder de compra –especialmente, la vivienda–, la injusticia racial y el agotamiento del establishment. Lo que no deja dormir a sus adversarios no es quién es Mamdani, sino lo que su victoria hace posible. Como él mismo ha dicho en el discurso de su victoria, “lo que aterroriza a un déspota, como Trump, es desmantelar las condiciones que le permitieron nacer”. 

En una Nueva York exprimida por la especulación inmobiliaria y agotada por las exigencias que el capitalismo financiero impone a la vida cotidiana, ha reafirmado su compromiso con una ciudad para quienes viven, trabajan y sueñan en ella. “Nueva York no está en venta”, repitió en su mitin en Queens, rodeado de los demócratas Bernie Sanders y Alexandra Ocasio-Cortez. En el fondo, Mamdani recupera de la tradición rooseveltiana el propósito fundamental de la democracia. No se trata simplemente de contar votos cada cuatro años para seleccionar élites, sino transformar los privilegios de unos pocos –“oligarcas”– en derechos para todo el mundo. Ha apelado con éxito a esa irresistible fuerza moral, porque su victoria se ha producido, cuando los multimillonarios y sus expertos auguraron el colapso económico si ganaba el candidato equivocado. El propio Donald Trump, desde la Casa Blanca, amenazó con retirarle los fondos federales a la ciudad de Nueva York. Esos mensajes, que hace unos años “los mercados” enviaban de manera más sutil, hoy es el propio Presidente de EEUU quien los repite sin rubor. En Argentina, por desgracia, esas amenazas ayudaron a entronizar a Milei; en Nueva York se estrellaron contra la alianza ciudadana, liderada por Mamdani. 

La campaña de miedo ha ido cambiando de escala a medida que crecía su apoyo. En un primer momento, se cuestionó su supuesta juventud. ¿Cómo podía un hombre de 34 años y sin ninguna experiencia de gestión dirigir una metrópolis de nueve millones de habitantes? Sus propuestas centradas en la crisis del coste de la vida como la congelación de alquileres, el transporte público o las escuelas infantiles gratuitas se tacharon de utópicas. Según sus críticos, eso solo era posible en la lejana Escandinavia o en Seúl, a pesar de que el programa de los demócratas consiste en una serie de medidas socialdemócratas y quiere ir solo hasta la vecina New Jersey para imitar su política impositiva. Por supuesto que el verdadero problema nunca fue la falta de experiencia, sino la amenaza que representaba para los intereses del dinero.

Cuando las encuestas comenzaron a apuntar a una victoria segura, irrumpió el miedo al socialista. Mamdani fue acusado de “comunista” y “rojo”. Se trataron de revivir fantasmas del pasado, cuyo recuerdo es tristemente conocido en la historia de los EEUU con episodios como las persecuciones a militantes socialistas durante principios del siglo XX o, posteriormente, en el macartismo. Se realizó un escrutinio a fondo de su cuenta en X para recuperar sus críticas pasadas a la policía por su racismo institucional o a la estatua de Cristóbal Colón en el contexto de las movilizaciones del Black Lives Matter. 

En la recta final de la campaña, sus adversarios trataron de recuperar el clima de histeria y miedo posterior a los atentados terroristas de las Torres Gemelas, con el objetivo de utilizar aquella tragedia y el dolor de las víctimas como argumento último. El gran Otro de los Estados Unidos de principios del siglo XXI volvía a hacer acto de presencia. En el debate entre candidatos, Andrew Cuomo le acusó de negar el derecho de Israel a existir y de ser un partidario de la “intifada global”. Por su parte, Mamdani no se amilanó e hizo una defensa abierta del derecho de las personas musulmanas a ser conciudadanos de Nueva York como cualesquiera otras. Siempre defendió con convicción sus posiciones políticas, ofreciendo diálogo a quienes pudiesen tener dudas u opiniones diferentes. 

Sin embargo, la triple campaña de miedo ha revelado más sobre sus adversarios que sobre el objeto de sus iras. Mamdani ha mostrado que la verdadera fractura neoyorkina no pasa por las diferencias entre la izquierda y la derecha, sino entre los oligarcas que se benefician del statu quo y la mayoría de los ciudadanos que ya no pueden vivir dignamente en su propia ciudad. No ha cambiado el rumbo ante las críticas, ni ha convertido su campaña en un discurso autorreferencial sobre su sufrimiento. Ha escapado tanto del victimismo como del apaciguamiento ante los ataques. Mamdani sabe que su mayor fortaleza no es quién es, ni las etiquetas que le han intentado colocar sus adversarios, sino que tiene una agenda de futuro. Y si ese plan le da miedo a alguien es sobre todo a los grandes representantes del dinero y a los magnates inmobiliarios y financieros como Trump. 

Waleed Shahid, estratega y portavoz de la plataforma Justice Democrats, ha relatado una anécdota que resume a la perfección el significado profundo de la campaña. Waleed cuenta que en la primera conversación que tuvo con Mamdani sobre su candidatura este tenía sobre todo un miedo. Existía el riesgo mortal de que los jóvenes, los árabes, los musulmanes, los taxistas y los voluntarios del DSA estuviesen tan descontentos con el Partido Demócrata que fuese imposible simplemente ponerse en marcha para lograr su objetivo político. ¿Cuál era esa aspiración? Construir una coalición ciudadana suficientemente grande como para derrotar al establishment con un candidato contrario al genocidio palestino y que se enfrentase de forma decidida a la crisis del coste de la vida. Mamdani no quería principalmente hacer vídeos divertidos o incluso ganar, sino reconstruir la relación de la ciudadanía con la política – quiénes votan y por qué lo hacen–.

Diez años después de 'Sumisión', la pesadilla de Houllebecq ha resultado ser el sueño de millones de personas en todo el mundo. Un socialista musulmán es el alcalde de la ciudad más capitalista del planeta y se empieza a vislumbrar en el horizonte la posibilidad de una derrota del trumpismo en las elecciones de medio término. La lección más importante para la izquierda global es recordarnos en qué consiste la política y la promesa original de la democracia. Además, en una época oscura y saturada de pesimistas y escépticos, Mamdani demuestra que la esperanza puede venir de donde menos la esperamos. 

Durante las últimas semanas, Francia se ha convertido en una fábrica de símbolos de su propia crisis nacional. El primer gobierno Lecornu duró apenas una noche. El robo del Louvre, el museo más visitado del mundo, se ejecutó un domingo a plena luz del día y solo en siete minutos. Nicolas Sarkozy, el ex presidente de la República francesa, fue condenado a 5 años de prisión por conspiración criminal y se aseguró de que sus conciudadanos supiesen que entraba junto a dos libros, “El Conde de Montecristo” y “El Jesús de la historia”. Los seres humanos somos animales simbólicos, decía Ernst Cassirer. Nuestro mundo está compuesto por ellos. Los devoramos e interpretamos casi tanto como el aire que respiramos. Si un símbolo es algo que pone en contacto dos cosas y que nos puede ayudar a percibir las relaciones secretas entre ellas, ¿es el espíritu de crisis y decadencia de nuestro tiempo aquello que vemos en esas representaciones que nos resulta tan atractivo?

Hay otro símbolo, de hecho, que no ha tenido tanto eco fuera de sus fronteras, aunque dentro ha suscitado homenajes y debates, y hasta ha revelado un punto de orgullo nacional. Una conmemoración que nos recuerda que hay otra Francia: este 2025 se cumplen ochenta años de la Seguridad Social. En respuesta a una campaña procedente de Estados Unidos e inspirada por la canción de Lady Gaga “I don’t wanna be French”, los franceses se grabaron vídeos mostrando su tarjeta verde de la Seguridad Social, la carte Vitale. Y, en definitiva, reivindicar la superioridad republicana frente a un sistema que, si enfermas, te deja morir o arruina a tu familia. A pesar de sus críticos y de la cantinela mediática sobre su agujero financiero, hablar de la Sécu en Francia es hablar de un “nosotros”. 

Como ha explicado recientemente el historiador Léo Rosell en su libro “La Sécu, ¿une ambition perdue?”, ese consenso republicano nació de un conflicto. En un país devastado por la guerra, en 1945 sus impulsores no querían simplemente asegurar los salarios frente a la enfermedad, la maternidad, los accidentes de trabajo o la vejez, sino fundar “un orden social nuevo”. Esa aspiración surgió del programa del Consejo Nacional de la Resistencia y de los acuerdos del Frente Popular de Leon Blum. Se trataba de crear un régimen único de la seguridad social, que reconociese derechos universales contra todos los riesgos de la vida. En el origen, no gustó a los patrones de las mutualidades, ni a quienes lo vieron como una vía directa a perder sus privilegios. La oposición fue feroz. Solo tuvo éxito gracias a personajes inolvidables como el ministro comunista Ambroise Croizat y gracias a una amplia alianza del movimiento obrero y un alto funcionariado comprometido con el Estado Social. 

Pero si ese ánimo revolucionario que dio origen a la Sécu tiene que ser recordado en Francia y Europa por historiadores como Julien Damon o Nicolas Da Silva, es porque quedó sepultado por décadas de discursos de la “sostenibilidad”, la “rentabilidad” o la “responsabilidad individual”. A pesar de todo ello, el sistema de protección social francés ha resistido bien ante las crisis. A diferencia de lo ocurrido en otros países, los pensionistas franceses no se vieron tan afectados por la crisis económica de la COVID-19. No por casualidad la tasa de pobreza entre los pensionistas es de las más bajas de los países de la UE y la OCDE.   

En los últimos tiempos, en España esta ofensiva contra el modelo social ha adoptado un rostro distinto, más joven y digital. El discurso técnico de los expertos se ha transmutado en una expresión de agravios, lanzada desde los smartphones. Una generación de influencers y youtubers de derechas denuncia el sistema de pensiones como “una estafa piramidal”. Se extiende la sensación de engaño entre una juventud que se siente perjudicada y no cree que vaya a alcanzar nunca la protección de sus mayores. Como creen que “los impuestos son un robo”, no quieren ni oír hablar de la distribución como fundamento del sistema. Construyen un discurso contestatario a partir de los valores y los principios del mercado, que arremete contra el Estado y lo público.  

Aunque haya diferencias aparentes entre una Francia permanentemente en crisis y una España con relativa estabilidad, las similitudes pesan más. Las correspondencias existen. En ambos países, una parte significativa de la rebeldía juvenil se decanta hacia la derecha, mientras la izquierda se aferra a la gestión de lo heredado. El éxito y la viralidad de esa corriente de opinión no se debe solo a su retórica, sino al vacío que encuentran enfrente. El progresismo defiende las conquistas sociales, pero no acaba de ofrecer una promesa de futuro.

Quizás por eso, volver al origen de la Sécu no debería servir solo para recordar una historia de orgullo nacional, sino para identificar la dimensión de una gran ambición. “Los días felices” de los que hablaba la resistencia francesa solo fueron posibles gracias al hambre de futuro. La libertad no sería más un privilegio de una minoría, sino una realidad cotidiana y la base de un nuevo mundo. También ese símbolo puede ser útil para no olvidar lo que decía Ambroise Croizat: “no habléis nunca de garantías inamovibles sino de conquistas sociales porque los empleadores nunca se desarman”. Europa aprendió estas dos lecciones solo tras dos terribles guerras mundiales. Ochenta años después, aún estamos a tiempo de recordarlo. 

A principios del año 2025, la influencer estadounidense de extrema derecha, Candace Owens, publicó en YouTube una serie de vídeos titulada Devenir Brigitte – Becoming Brigitte. En ella se replicaba la disparatada hipótesis de que la esposa de Emmanuel Macron sería, en realidad, un hombre. Representa probablemente el ejemplo más concentrado y delirante de odio hacia el presidente de la República francesa y su mujer, que acumula millones de visualizaciones. Desde ese nivel extremo de odio, pasando por todos los niveles de crítica política legítima, hasta el reciente rechazo e incomprensión de los suyos, Macron acumula hoy un repudio casi ritual. 

Esa oposición no surgió de la nada: durante años, fue el foco de la ira de las protestas de los chalecos amarillos y ha recibido críticas frontales de los sindicatos, los ecologistas, los insumisos, los socialistas, la ultraderecha y los republicanos tradicionales. Pero, en esta última semana, hemos visto lo impensable. El lunes 6 de octubre, 14 horas después de haber formado su gabinete, Sebastien Lecornu presentaba su dimisión como primer ministro. No hay precedentes de algo así en la historia de la V República francesa. Dos de los últimos macronistas, marcaron distancias. Gabriel Attal mostró su incomprensión ante las acciones del presidente y Edouard Phillipe le pidió elecciones presidenciales. Entre la ironía y la curiosidad antropológicas, el diputado François Ruffin pidió a quienes todavía apoyan a Macron que le dejasen un mensaje privado con sus motivos para tratar de comprenderles. En Francia, prácticamente todos están de acuerdo en una cosa: hay que cortar – de manera simbólica – la cabeza del rey. Pero nadie sabe qué hacer a continuación. 

En los términos del filósofo francés René Girard, podríamos decir que el actual presidente de la República se ha convertido en la víctima propiciatoria del pueblo francés. Según Girard, las sociedades tratan de canalizar su conflicto interno a través del sacrificio de una víctima común. Es sobre quien la sociedad proyecta sus frustraciones colectivas y, en última instancia, sirven para resolver momentáneamente su propia violencia. Macron tenía tres opciones lógicas según todos los analistas: el nombramiento de un nuevo primer ministro ya fuese de su campo político o de otro para tratar de conformar una mayoría parlamentaria; una nueva disolución de la Asamblea Nacional o su salida de la Presidencia. Y ha decidido, sorprendiendo a propios y a extraños, no optar por ninguna de ellas: volver a nombrar a Lecornu a los pocos días de haber dimitido. Un usuario en X cifraba la irracionalidad de la gesta de manera lapidaria: “Calígula solo nombró cónsul a su caballo una vez”. 

Pero el carrusel laboral de Lecornu, tercer y cuarto primer ministro en apenas un año, no es solo una anécdota, sino la metáfora de un sistema político agotado. La Asamblea Nacional continúa dividida en tres bloques, con sus respectivas pugnas internas, y bloqueada ante cualquier futuro antes del horizonte 2027, cuando se celebrará la elección presidencial. El Rassemblement National (RN) y La France Insoumise (LFI) se disputan el papel de alternativa, compitiendo por ver quién es más duro contra Macron. Pero su incompatibilidad ideológica no les permite ponerse de acuerdo en la destitución del presidente. En el teatro político francés, todos tienen claro el blanco de sus iras, pero nadie tiene un guion para el día después de su caída.

El resultado de las últimas elecciones legislativas fue una sorpresa: ante lo que parecía una victoria inevitable de Rassemblement National, la irrupción del Nouveau Front Populaire dio algo de esperanza. Sin embargo, tras el fracaso reiterado de los últimos gobiernos, la incapacidad de articular una mayoría positiva para gobernar y las tensiones de la izquierda, la parálisis se ha convertido en la nueva forma de gobierno.  

A pesar de la aparente irracionalidad de Macron, hay algo profundamente coherente en su política y su conjunto de decisiones erráticas: la negativa del presidente a revertir sus reformas más emblemáticas como la de las pensiones o la reforma fiscal. Ello ha impedido que la alternativa de gobernar compartiendo el poder con la izquierda haya sido algo más que una hipótesis. Más allá de la fragilidad ideológica del bloque central y la estrategia de confrontación total de la France Insoumise, Macron nunca ha querido gobernar con la izquierda. Según ha revelado recientemente el periodista de Le Figaro Wally Bordas en su nuevo libro Palais Bourbier. Chronique d’une France ingouvernable, la disolución de la Asamblea fue un cálculo táctico de Macron: provocar una cohabitación con la extrema derecha que desgastara a Marine Le Pen antes de las presidenciales. Gobernar con la izquierda no estaba entre los planes del Elíseo.

La otra constante: resistir como sea hasta 2027, aun a costa de reincidir en la figura de chivo expiatorio de la crisis nacional. Quizá por razones psicológicas, personales o políticas difíciles de confesar, el presidente parece aferrado a la idea de que, si él cae ahora, Francia entera se derrumba con él. 

 El problema del chivo expiatorio, en este caso, sobre el que se proyectan las culpas, las frustraciones y los deseos de venganza es que no resuelve nada. Detrás del sacrificio simbólico, los problemas estructurales de Francia se amontonan: una economía estancada, una sociedad hastiada, una política sin capacidad de proyectar futuro, y una situación geopolítica que le juega a la contra.

Porque la tragicomedia francesa es, no lo olvidemos, una tragedia europea. Francia ha sido históricamente el símbolo de lo mejor de nuestro continente y continúa siendo la segunda economía más importante de la UE. Mientras hoy se consume en su crisis interna, deja un vacío de liderazgo en una Europa desorientada, dividida y sin capacidad de respuesta en los asuntos de la época, como hemos visto en Gaza, ante la irrupción de la segunda Administración Trump o el inexorable y silencioso avance de la hegemonía (económica) de China. Quien llegó prometiendo la regeneración de Francia y aspiraba a transformar Europa ha acabado consumido por la primera y dejando a la segunda debatiéndose sobre su propia identidad. 

El 8 de septiembre de 2025, Pedro Sánchez pronunció por primera vez la palabra prohibida: genocidio. Ni “guerra”, ni “matanza”, ni “respuesta desproporcionada”, sino genocidio. Ya lo habían hecho anteriormente otros miembros de su gobierno: desde la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, hasta Margarita Robles, pasando por el resto de los ministros de Sumar. Tras abrir su comparecencia con un recordatorio del sufrimiento histórico del pueblo judío, el presidente del Gobierno definió sin ambages lo que sucede hoy en Gaza como el exterminio de un pueblo indefenso. Ha sido el primer jefe de Gobierno europeo en hacerlo. Y, viendo los antecedentes, no será el último.

Las palabras importan y más cuando estamos hablando de un conflicto que tiene como resultado más de 60.000 personas asesinadas – un tercio de ellas, menores – y millones de desplazados. No es lo mismo una condena genérica que invocar el término acuñado por Raphael Lemkin con todo su peso jurídico y moral, y asociado a los crímenes más atroces de la humanidad.

Esta vez, las palabras solo podían ir de la mano de los hechos. Este mismo martes el Consejo de Ministros aprobará un paquete de medidas urgentes para “detener el genocidio en Gaza”. Entre ellas, un embargo total de armas al Estado de Israel, la prohibición de uso de puertos y espacio aéreo para transportes militares con destino al país, y la restricción de entrada a responsables directos o indirectos del genocidio. No es un gesto simbólico; es un real decreto-ley con consecuencias inmediatas.

España no es una potencia internacional, ni un actor militar de primer orden, pero su presidente y su gobierno han sabido interpretar algo importante. Hoy Gaza no es una causa aislada, ni siquiera un conflicto regional, sino un símbolo internacional. Y han querido enviar un mensaje rotundo: España dice “no” a un mundo gobernado por el derecho del más fuerte y la más descarnada brutalidad. España dice “no” a que cualquier rincón de nuestro planeta pueda convertirse en Gaza mañana.

Lo que está sucediendo en Gaza tras el 7 de octubre de 2023 ha desplazado lo que es posible e imaginable en muy poco tiempo. En 2005, hace ya 20 años, Steven Spielberg narró en Múnich la reacción del Estado de Israel tras el atentado de Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de 1972: once atletas asesinados tuvieron como respuesta una operación encubierta del Mossad que fue eliminando uno por uno a los responsables. El director estadounidense de origen judío, tras el atentado del 11S era crítico con que esa venganza, sin juicio ni legalidad, no solo vulneraba el derecho internacional, sino que ponía en marcha una maquinaria que iba en contra de los propios perpetradores y del pueblo israelí.

La diferencia hoy es aún más grande. La respuesta al brutal ataque de Hamás en octubre de 2023 ya no es selectiva, ni clandestina, sino un genocidio en directo, retransmitido a diario y, en ocasiones, por parte de las propias redes sociales de los gobernantes israelíes. Los gobiernos y las poblaciones occidentales no pueden alegar ignorancia. Hoy es imposible no saber lo que sucede en Gaza – por mucho que Israel haya acabado con la vida de más periodistas que en ningún otro conflicto reciente. Como máximo, como advierte la escritora británico-palestina, Isabella Hammad, el poder político puede decir al espectador: “esto no es lo que parece, es demasiado complicado para entenderlo, mira hacia otra parte”. La decisión española rompe con el tabú europeo que nos obliga a elegir entre la complicidad y la indiferencia.

No estamos solos, pero vamos más lejos que nadie en Europa. Gracias a las miles y miles de personas y a las organizaciones en defensa de Palestina como el Movimiento BDS o la Red Solidaria Contra la Ocupación en Palestina, que a lo largo y ancho del globo se han movilizado, han protestado e, incluso, han intentado romper con el bloqueo naval israelí; se han ido dando pequeños pasos que ahora se revelan decisivos. El pasado 22 de mayo de 2024, junto a Irlanda y Noruega, reconocimos el Estado de Palestina. Este verano, Francia y Reino Unido, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, han mostrado su disposición a sumarse a esa vía, a pesar de los titubeos y los condicionales. Este último paso debería servir para superar el bloqueo del continente europeo a la hora de tomar una decisión de la cual poder estar mínimamente orgullosos en el futuro.

Fiel a la estrategia desplegada desde octubre de 2023, el gobierno israelí de Netanyahu ha acusado furibundamente de antisemitismo al Ejecutivo español. Y ha dado un paso más: ha prohibido la entrada en Israel a Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno, y a Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia. Israel no solo intenta neutralizar las críticas, sino que busca desacreditar y silenciar a cualquier voz que cuestione sus políticas. El antisemitismo – tan cruel históricamente y tan real todavía en demasiados países – se ha convertido en sus manos en una simple arma arrojadiza.

En todo caso, conviene no dejarse llevar por una ilusión fruto del momento. España es un país modesto: ni un embargo total de armas, ni una ruptura de relaciones bastarán para poner fin a este trágico capítulo de la historia. Pero la determinación española señala un camino. Si otros gobiernos europeos siguen esa senda, el aislamiento de Israel puede volverse tan insoportable como el que derrumbó al apartheid sudafricano, pese a los años en que Thatcher y Reagan se resistieron a sancionarlo. Lo saben bien los dirigentes israelíes y, por eso, se ponen nerviosos: acciones que parecen insuficientes y minoritarias como la española son las que te acaban convirtiendo en un paria internacional en el medio plazo.

Mientras tanto, Netanyahu cuenta con el respaldo cerrado de los EEUU. Donald Trump ha llegado incluso a fantasear con convertir Gaza en un “resort”, comprando el exilio palestino a golpe de cheque: un genocidio camuflado como compensación económica. Como ha revelado el Washington Post, para la gran mayoría que debería marcharse el precio serían 5.000 dólares en efectivo y una subvención que cubriría cuatro años de alquiler y un año de comida.

Ante esa deriva, Europa debe elegir entre plegarse a la lógica de la fuerza y de los millonarios, o defender un mundo basado en las reglas de la razón y la justicia. El gobierno de coalición progresista español, en un contexto europeo cada vez más derechizado, está dando algunas razones para la esperanza.

Durante los últimos años, la política española se ha caracterizado por la incertidumbre y la novedad histórica, pero nos hemos encontrado desde 2015 con un dilema constante para el PSOE. Éste ha tenido que elegir entre llegar a alguna clase de entendimiento con el PP y/o Cs para apuntalar el viejo bipartidismo, o pactar con UP y buscar el apoyo de una mayoría parlamentaria plurinacional. Esa tensión, que ha recorrido al conjunto del régimen, es fundamental para comprender la sucesión aparentemente caótica de acontecimientos y la camaleónica figura de Pedro Sánchez. Solo unas élites cerradas en banda ante la posibilidad de que UP llegase al Gobierno, posibilitaron que Sánchez pasase de ser defensor de la experiencia portuguesa al pacto del abrazo con Cs. Solo esa obsesión, que justificó la expulsión de Sánchez de Ferraz, le permitió volver de la mano del malestar impugnatorio de sus bases. De hecho, la imposibilidad de la alianza progresista y plurinacional tras el verano de 2016, permitió el raquítico triunfo de Rajoy, que duró tanto como aquella alternativa tardó en articularse en la moción de censura. Del mismo modo, la última repetición electoral fue un fracaso de Sánchez en su intento de superar plebiscitariamente esta tensión, un fracaso que ha acabado en el pacto con UP.

Por su parte, Podemos estableció desde su nacimiento que llegar al Gobierno del Estado era un medio para transformar un régimen del 78 en profunda crisis. En un comienzo, al calor del ascenso demoscópico, aquella entrada se imaginaba pletórica. El reto era llegar sin ocupar posiciones subalternas, pero tras comprobar la resistencia social del PSOE y el éxito de la maquinaria política y mediática que trabajaba en su contra, vino el golpe de realidad. Y vinieron los errores, las pulsiones identitarias al interior de los aparatos del bloque del cambio y la constitución de una cultura política de resistencia –muy vieja ya, por otra parte– ante un nuevo mundo hostil.

Sin embargo, tras los resultados de noviembre, lo que parecía imposible en abril se vislumbró en 48 horas. Se repetía la alianza central de la moción de censura, pero como acuerdo de gobierno. Ahora, en su momento de máxima debilidad, UP tiene su gran oportunidad y la ciudadanía progresista ha recibido la noticia mayoritariamente con alivio e incredulidad. ¿Por qué ahora? Una correlación entre la estricta necesidad de unos y la debilidad de los otros. La oportunidad para UP no es un regalo caído del cielo, sino, en parte, consecuencia de su debilidad. El mejor pegamento ha sido paradójicamente el clima de desconfianza general hacia la política, que incluye a sus propios partidos, y los cincuenta diputados de Vox.

Es pronto para pronunciarse con rotundidad ante el posible gobierno de coalición del que se desconoce prácticamente todo. Pero las reacciones revelan a sus poderosos enemigos: desde Felipe González y José María Aznar, pasando por las grandes empresas del IBEX 35 y la CEOE, la Casa Real y la cúpula eclesiástica española, hasta las tres furibundas derechas de PP, Vox y Ciudadanos. Además en estado de alarma por la necesidad vital de este gobierno de explorar en profundidad las posibilidades del diálogo con Cataluña.

Algunas voces imprescindibles, como la de Teresa Rodríguez, han criticado la opción del Gobierno desde la izquierda, dado que la correlación de fuerzas no permitirá abordar grandes transformaciones y dejará libre el campo de impugnación a Vox. Su crítica es pertinente y responde a una posición coherente que han defendido siempre. Su miedo es legítimo porque, en efecto, el éxito no está asegurado. En esta segunda década del siglo XXI, el reto de las fuerzas democráticas europeas no es menor; pasa por una reinvención del pacto de posguerra, que dio lugar al Estado de bienestar, en un contexto adverso de estancamiento capitalista, crisis climática catastrófica y revancha patriarcal. Sin duda, ese ambicioso horizonte no es el de este gobierno, que, aunque ha sido comparado con el Gobierno republicano frentepopulista del 36, tiene más afinidad con el Gobierno francés de Mitterrand y los comunistas en 1981. Pero, en cualquier caso, esta oportunidad sí debe servir para demostrar que nuestras sociedades democráticas pueden comenzar a avanzar a un ritmo razonable, a pesar de la falta de voluntad de las élites europeas por las reformas y las limitaciones presupuestarias y financieras de Bruselas.

Quizás la tarea más delicada y decisiva de este gobierno es la gestión de los tiempos. Su inédita alianza gubernamental y su fragilidad parlamentaria no le permiten de entrada ni contar con ese horizonte compartido, ni durar. Para ser exitoso tendrá que ir tejiendo y retejiendo esos acuerdos, a la vez que pone en marcha un programa mínimo de reformas que implique pequeñas conquistas cotidianas para el grueso de su base social. Se necesita recuperar autoestima frente al clima de apatía y cinismo, que profundiza la degradación democrática. Si el Gobierno se duerme en los laureles y queda atrapado en una mera guerra de símbolos, tiene todas las de perder. En lugar de eso, debe conseguir avanzar en la recuperación de derechos: derogar los aspectos más lesivos de la última contrarreforma laboral del PP, subir el salario mínimo interprofesional, regular directa e indirectamente el mercado de la vivienda, poner en marcha una transición verde de la economía o reformar la fiscalidad en clave progresiva.

En todo caso, la entrada de UP en un gobierno con el PSOE –especialmente en condiciones de inferioridad númerica– vuelve a hacer necesario un debate que también ha recorrido la breve pero convulsa intrahistoria del espacio del cambio. Podemos no puede conformarse con subordinarse a la manera tradicional de ordenar el tablero político, desplazando un poco “a la izquierda” las posiciones del Gobierno. No se trata de defender de forma más coherente y más valiente las mismas políticas que el PSOE o de ir unos pasos más allá en las mismas direcciones, sino de abrir nuevas direcciones y marcar horizontes más allá de este gobierno. Se trata de reordenar las posiciones en favor de la hegemonía del espacio del cambio. Así, si tomamos el feminismo como un campo paradigmático de esa disputa política, se trataría, por ejemplo, de salir de los discursos sobre la violencia sexual que ponen el énfasis en las soluciones penales y punitivas y apostar por políticas públicas de prevención y políticas destinadas a los hombres. Se trataría de encarnar una alternativa a un partido socialista que en 2015 proponía hacer públicas las listas de los maltratadores y que puede resultar sinérgico con el intento de Vox de alimentar una guerra de sexos e instrumentalizar la violencia sexual para defender la cadena perpetua y el endurecimiento del Código Penal. Se trataría de escapar de posiciones defensivas y de reordenar los bandos para construir una nueva hegemonía, que incluya a muchos más hombres y mujeres, frente a la reacción. Si Podemos no da muestras de tener un feminismo diferente y alternativo al del PSOE –y más capaz de ganarle la batalla política y cultural a las derechas– su paso por el gobierno podría seguir dejando el día de mañana la hegemonía de las políticas de género intacta, es decir, en manos del PSOE.

En una reciente carta a la militancia de Podemos, Pablo Iglesias agradecía el esfuerzo anónimo realizado, y advertía de los límites y las contradicciones de un Ejecutivo compartido con el PSOE, poniendo énfasis en las cesiones que vendrán. Desde nuestro punto de vista, cabe invertir los términos de la cuestión: ¿qué podemos hacer más allá del Gobierno –y más acá de Podemos– para ampliar los límites de lo posible?

Más allá de los poderosos enemigos de UP y los posibles errores personales de este o aquel líder, cabe detenerse en un fallo estructural que ha recorrido distintas organizaciones de este ciclo y que podríamos llamar Vistalegre I: hiperliderazgo, una preponderancia inflacionaria de la dimensión mediática sobre otras –como la implantación territorial o la relación con la sociedad civil– y una cultura extraordinariamente cerrada. No se trata de un capricho, sino una necesidad urgente, porque esta oportunidad del Gobierno de coalición progresista llega después de que el espacio del cambio retrocediera de forma muy significativa en las últimas elecciones municipales y autonómicas. Se han perdido ciudades clave como Madrid o Zaragoza y se han quedado por el camino alrededor de dos millones de votos, a lo que hay que añadir escisiones tan importantes como Más País o la ruptura de Equo o En Marea en Galicia. Claramente hay cosas que no hemos sabido hacer bien. En la lógica interna, instalada firmemente en las organizaciones del espacio del cambio, los relatos exculpatorios se multiplican y los análisis honestos no tienden a abundar. En ese sentido, hay que asumir la autocrítica en primera persona, porque fuimos muchos quienes defendimos un determinado modelo de partido y, también, quienes se han servido más tarde de él tras haberlo criticado. Entender Vistalegre II como el momento en el que cifrar todos los errores de Podemos es parte de una trampa. En un congreso más fragmentado –Vistalegre II– siempre es más fácil diluir responsabilidades, pero la pregunta que nunca se ha planteado con honestidad en la discusión pública es en qué nos equivocamos juntos. Una autocrítica, que no sea simple propósito de enmienda, debe servir para plantearnos cómo ampliar los límites de lo posible hoy. Porque, sin lugar a dudas, las guerras internas han sido uno de las causas centrales en la pérdida de credibilidad del proyecto.

Uno de los errores más graves de la máquina guerra electoral es establecer un exterior y un interior del partido, que funcionarían como compartimentos estancos, y sacrificar la pluralidad, el debate y la posibilidad de imaginar nuevas formas de relaciones humanas e institucionales con objetivo de maximizar los resultados electorales. Esta concepción llevada al absurdo se imagina un partido exitoso electoralmente con una vida interna devastada. Paradójicamente, un partido, que quiere generar vínculos comunitarios a nivel social, no solo no lo hace a nivel interno, sino que lleva al extremo las peores tendencias sociales existentes –autoritarismo, homogeneidad, desconfianza. La única manera de revertir la lógica resistencialista del momento político actual es revertir esa dinámica de culturas políticas cerradas sobre sí mismas, que buscan enemigos internos para justificarse y que presentan el exterior en exclusiva como un lugar frío y deshumanizado, mientras renuncian en el interior a imaginar nuevas formas de relacionarse fraternalmente y de organizarse institucionalmente. La reconstrucción del espacio del cambio es imprescindible ya que podrá impulsar la acción del gobierno de coalición progresista en la mejor de las direcciones.

Para que este gobierno se construya sobre apoyos firmes es importante que se avance por parte de todos y todas en la recomposición de una pluralidad del espacio del cambio ahora dividida y fragmentada. Podemos tendrá que asumir que habrá críticas y presiones a las concesiones que imponga un Ejecutivo compartido con el PSOE, pero que está en su mano que aquellas sean lo más ocasionales y constructivas y que, en ocasiones, sean también una palanca de refuerzo en su tensión con el PSOE. A quienes formamos parte de un espacio del cambio que va más allá de los partidos y las siglas, nos tocará arrimar el hombro con generosidad y apoyar a un gobierno de cuya suerte depende la de todos y todas. Pero, mientras, tendremos que trabajar para dejar atrás las máquinas de guerra y tomarnos en serio que aquello de feminizar la política implica la construcción de organizaciones, relaciones territoriales y alianzas con cuidado. Necesitamos un auténtico frente del cambio, que haga de la confederación democrática de sensibilidades políticas, organizativas, culturales, intelectuales y territoriales su arma más poderosa. Si hay un momento para aprender de los errores y poner ese aprendizaje al servicio de las oportunidades que tenemos delante hoy, ese momento es ahora.

Es un lugar común señalar el 15 de mayo de 2011 como un punto de inflexión en la historia del régimen del 78, destacar su importancia como síntoma de madurez democrática de la sociedad española frente a unas élites ensimismadas y también alabar sus potencialidades de transformación. Estaríamos ante un verdadero terremoto democrático, cuyas ondas sísmicas llegaron, primero, al PSOE, empujándole fuera del gobierno, removieron el sistema de partidos permitiendo irrumpir a una formación como Podemos y obligando a los viejos partidos a moverse, aceleraron la abdicación de Juan Carlos I y la reforma de la monarquía y, ahora, han vuelto, de nuevo, a sacudir en sus primarias al PSOE tras el fatídico Comité Federal del 1 de octubre.

Estaríamos ante un fantasma que ya recorrió la campaña interna previa cuando Susana Díaz lo maldijo regañando a “los que se indignaron” porque “pensaban que iban a tener una casita en la playa” o cuando José Félix Tezanos, sociólogo guerrista del equipo de Pedro Sánchez, señalaba la cuestión juvenil como la gran cuestión de España. Y que podría volver a estar muy presente.

Pedro Sánchez ha ganado las primarias socialistas obteniendo la mayoría absoluta de los votos y la victoria en todas las CCAA, salvo en Andalucía y Euskadi, y, más aún, ha liderado una rebelión de las bases contra el establishment de dentro –los barones y las viejas glorias como Felipe González o Zapatero– y de fuera –el IBEX 35, el grupo PRISA, etc.– saliendo, por el momento, victorioso.

Queda todavía por ver su capacidad para maniobrar a nivel interno y poner orden tanto en un grupo parlamentario complejo y reacio a Sánchez como en territorios estratégicos claves para el PSOE como las baronías del sur. La cruzada interna a la que se enfrenta Sánchez es un elemento fundamental para analizar los pasos a seguir en el PSOE, cuyas bases se han rebelado contra el aparato pero en donde los barones, que juran lealtad pública al nuevo príncipe, cuentan con importantes resortes de poder: redes clientelares, rencillas personales o hábitos e imaginarios conservadores de fuerte arraigo. Está todavía por ver si el impulso de Pedro Sánchez es tal y, de haberlo, cuánto tiempo le va a durar.

Las contradicciones que estallaron por primera vez de forma violenta cuando Sánchez pareció atreverse a ir más allá de los límites del mandato del Comité Federal del 20 de diciembre son las mismas que viene arrastrando el PSOE durante estos últimos años en su incapacidad de ofrecer una respuesta alternativa a la austeridad para la sociedad española.

Por lo tanto, para explicar cómo Sánchez ha podido pasar de ser el artífice de un pacto con Ciudadanos para cerrar el paso a Podemos en 2016 a ser aupado por las bases socialistas en una rebelión contra los barones que le designaron en un primer momento hay que devolver la mirada por lo menos hasta el 15M.

No se trata de que Pedro Sánchez o el PSOE como estructura tengan una serie de cualidades positivas comunes con el fenómeno del 15M, sino que sólo desde esta perspectiva puede entenderse cómo ha podido suceder algo que prácticamente todos daban por imposible o por qué, en este caso, los asuntos internos de un partido tradicional van mucho más allá de él. Esto nos recuerda también que nadie tiene por defecto la patente de la indignación y el cambio, ni existe un horizonte marcado que nos diga cómo será el futuro.

Lo máximo a lo que pueden aspirar las formaciones políticas es a surfear la ola, pero no a producirla. Esa ola crece, baja, se desplaza y cambia; solo la virtud acompañada de una buena fortuna permite al surfista mantenerse de pie. Sánchez ha sido un extraordinario surfista en esta última rebelión socialista contra el establishment.

Desde que nació, Podemos ha llevado a cabo, gracias a que supo ver venir y leer la ola, una operación hegemónica capaz de construir y delimitar un universo de referencia, en donde incluso el adversario ha terminado por incluirse. Siempre se solía decir que Podemos no podía parecerse al PSOE, pero ¿qué sucede ahora cuando es el PSOE quien acepta tener que parecerse a Podemos, en medio de una discusión sobre la crisis de la socialdemocracia y su papel a escala continental? ¿Qué sucede ahora cuando una vez que marcas el ritmo, la gramática, la agenda y los contornos de lo posible, el adversario decide dar la batalla en el mismo plano, es decir, decide subirse a la tabla y surfear?

El “nuevo” PSOE, el reflujo de la ola social y los cambios en la percepción de la ciudadanía sobre la situación política y económica en nuestro país son datos insoslayables para el análisis y la acción política. Sería un error pensar que los otros están incapacitados para surfear la ola porque arrastran una suerte de peso muerto de su historia que les incapacita absolutamente. Evidenciar su farol desde la perspectiva de los convencidos nunca será suficiente para desarmarlos.

Por el contrario, aceptar el envite pasa por asumir que esa corriente subterránea de cambios avanza –incluso a veces pasando por nuestro lado– y que somos capaces de captar esa realidad más allá de los partidos y traducirla en una alternativa para la mayoría social. Es ahí donde radica la posibilidad de renovar la hegemonía y actualizar la manida “hipótesis” de 2017 en adelante.

En este punto, nos encontramos con una vieja distinción y una vieja cuestión. La distinción extraída del ámbito militar es la distinción entre táctica y estrategia. Mientras la primera se ocupa de las operaciones concretas para llevar a cabo los combates, la segunda tiene que ver con la forma en que se organizan y se planifican los distintos combates para lograr un objetivo superior: ganar la guerra, tal y como recuerda Clausewitz.

En Podemos, a menudo, se ha tratado de descifrar una supuesta diferencia clave entre aquellos que serían partidarios de formar un gobierno en alianza con otras fuerzas políticas y aquellos que apostarían por quedarse en la oposición hasta lograr una mayoría absoluta o, de manera más realista, en una pasokización que condujera al PSOE a un dilema imposible. La discusión entre “gobernismo” y “polarización” es espuria, pues el valor y el sentido de una táctica no deriva de la propia táctica, sino que depende de la estrategia y de las correlaciones existentes en una coyuntura dada. Vuelve también el análisis concreto de la situación concreta.

Si el objetivo superior –o estratégico– es lograr un cambio en favor de la mayoría social en forma de acuerdo social, intergeneracional y plurinacional, entonces entrar o no en un gobierno es una mera diferencia táctica que deberá dirimirse en función de las circunstancias. Es obvio que los Ayuntamientos del Cambio solamente han podido darse en alianza con otras fuerzas políticas ya en forma de apoyo desde fuera o formando parte del gobierno, que en las comunidades autónomas donde se ha desalojado al PP ha sucedido también con entendimiento o acuerdo y parece difícil imaginarse que ocurriese de otra manera en el Estado.

Ahora, la vieja cuestión es la del programa en la que se materializaría ese cambio que es el debate político sustantivo que deberíamos tener para poder tener claridad a la hora de elegir la mejor ruta (táctica) para llegar a nuestro objetivo superior (estratégico). No sin aclarar antes que la importancia del programa tiene más que ver con la capacidad de plasmar aquello que se mueve y palpita en la sociedad que una suerte de prospecto farmacéutico o de receta que opera al margen de su interpelación con la sociedad.

Necesitamos un nuevo acuerdo de país que de solución a las tres grandes crisis abiertas aún en España: la económico-social, la político-institucional y la nacional. No se trata en ningún caso de librar las batallas cerradas “de manera exitosa” en la Transición, ni tampoco de tratar de regresar a la “idílica” situación previa a la crisis de 2008, sino de ir a la ofensiva con propuestas que renueven el pacto de posguerra europeo y el Estado de bienestar.

El PP de Rajoy ha adolecido en la moción de censura de una total ausencia de proyecto y modelo para este país, que no pase por la resignación, la precariedad y azotar el miedo a un cambio de gobierno. El PP, con un discurso replegado en una concepción patrimonialista de España, necesita señalar a Podemos como un intruso para resaltar aquello que no pueden soportar; que alguien pueda cuestionar que España no es su propiedad privada. Se ha podido observar que contamos con un gran país que podría ser mucho mejor si suelta el lastre de su Gobierno.

En este sentido, el objetivo pasa por tomar la crisis como una oportunidad para ir a la ofensiva y no solo en defensa de lo existente, dado que el reto que se nos presenta tiene más que ver con contar con un proyecto que modifique de manera integral nuestros sistemas de trabajo y de bienestar, que con plantear medidas aisladas en un intento de mitigar las disfunciones del modelo actual. Desde esta perspectiva, cobran sentido apuestas como la transición energética, la renta básica universal, los cuidados y la sostenibilidad como políticas transversales, etc.

Renovar la hegemonía conlleva siempre moverse en esa tensión entre lo imposible y la realidad como una nueva forma de construir lo posible, es decir, entre abrir nuevas sendas sin caerse por el barranco; sendas que inevitablemente los adversarios van a acabar transitando de manera forzada. Sobre estas bases, con el apoyo de sectores sociales diversos y la apertura de diferentes conflictos laborales que van más allá de lo meramente económico –estibadores, taxistas, trabajadores del metro, doctorandos, etc.–, muestran la potencial debilidad del Gobierno del PP y ya en el presente apuntan a ese horizonte de cambio.

Aquí es posible pensar diferentes modalidades de alternativa, incluido un gobierno a la portuguesa, en torno a una serie de líneas maestras que al mismo tiempo que impugnan la manera en la que se hacen las cosas, ofrece un esquema de país más democrático que recabe el apoyo de una mayoría social.

España debe liderar el cambio en Europa y, para eso, debe primero regenerar las instituciones de la corrupción, necesita resignificar profundamente la idea de España dentro de un acuerdo plurinacional sustentado sobre la democracia y urge cerrar la brecha social de la desigualdad, el paro y la precariedad. Esta es una tarea de altos vuelos, de audacia y generosidad, que va más allá de los partidos, ya que de lo que estamos hablando es de introducir los cambios que sirvan de cemento para levantar las reglas, las instituciones, los criterios, los equilibrios y las normas, de otra forma de organizar la convivencia y de concebir la ciudadanía en un país periférico de la UE a la altura del siglo XXI.

En un escenario global cada vez más incierto la vieja socialdemocracia también tiene un examen político e ideológico del que depende su propia supervivencia, cuando el cambio sólo se podrá producir revirtiendo las políticas y tratados europeos que ellos mismos han ayudado a construir.