Como ha quedado de manifiesto durante el proceso de primarias, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mantiene una postura contraria a la práctica del alquiler de vientres –la mal llamada “gestación subrogada”–, que suscribimos plenamente.

Es importante saber que este es un debate sobre los derechos fundamentales de los individuos y sobre si deben primar los deseos de las personas por encima de estos. El problema es que no cabe armonización posible ya que la satisfacción de los deseos de unas personas exige la renuncia de los derechos de otras. Es pues, un debate para el que no hay, pese a los intentos bonancibles y tramposos, una solución intermedia.

A la hora de valorar la llamada “maternidad subrogada” lo fundamental es hacer lo que hasta ahora no se hizo: prestar atención especial a las dos partes que resultan más directamente afectadas en esa práctica; es decir, las mujeres embarazadas y el resultado de ese embarazo, los niños/as. Ni estas cuestiones ni el gran negocio que se está consolidando alrededor de la mercantilización del cuerpo de las mujeres encuentran acomodo en unos medios de comunicación más preocupados por mostrarnos imágenes idílicas de quienes consiguieron, saltándose la legislación española, alquilar un vientre para satisfacer sus deseos de maternidad o paternidad.

La cuestión de fondo es que quienes defienden esta práctica ponen los deseos frente a los principios éticos y los derechos, ya que la práctica del alquiler de vientres anula derechos fundamentales.

La mal llamada “maternidad subrogada” se materializa en un contrato previo al embarazo en el que las distintas partes acuerdan la cesión de un menor. No nos cansaremos de recordar que la cláusula central del “contrato de subrogación” exige que la madre (la mujer que lleva a término el embarazo y el parto, según nuestro Código Civil) renuncie de manera irrevocable al derecho de filiación y custodia. Si el PSOE se mostrara favorable a esta práctica estaría dando por buena una modalidad contractual abusiva, ya que ningún contrato puede exigir la renuncia de derechos fundamentales a una de las partes. Pues bien, la renuncia a la filiación y custodia por parte de la mujer embarazada es la cláusula esencial en los contratos de subrogación. A nadie se le escapa que, sin esa cláusula, el alquiler del vientre de una mujer carecería de objeto.

Tampoco se le escapa a nadie que no existen esos miles de mujeres altruistas dispuestas a llevar a término un embarazo y parto para otros a quienes no conocen. Sabemos que la propuesta de la regulación “garantista” es una trampa. Cuando quienes hablan de garantías incorporan en sus discursos que la renuncia a un derecho fundamental se haga por “generosidad”, “altruismo” o “ayuda” vuelven a colocar a través de un proceso de manipulación y chantaje emocional la responsabilidad (“altruista”) de que las mujeres den satisfacción a los deseos de quienes no pueden gestar a sus hijos.

Detrás de esta práctica existe una mercantilización y cosificación del cuerpo donde, médicos, abogados y agencias de intermediación se lucran con la explotación reproductiva de las mujeres. Curiosamente son ellas quienes menos beneficios obtienen del “negocio” ya que hasta el 80% termina en manos de estos intermediarios a pesar de que a nadie se le escapan los riesgos que implica un embarazo en términos emocionales, vitales y de salud.

Es importante recordar que quienes contratan estas prácticas se arrogan la potestad de tomar decisiones como el número de embriones que se implantan en la gestante y que los embarazos múltiples son muy demandados, ya que les permiten “ahorrar grandes cantidades de dinero”.

La implicación que para el conjunto de las mujeres tiene una posible legalización del alquiler de vientres debe ser un eje central del debate, que necesitaría ser afrontado con más honestidad informativa, buscando desentrañar las consecuencias que esta práctica tiene para TODAS las mujeres.

Quienes nos declaramos socialistas y feministas sabemos que la libertad individual no puede avalar una práctica contraria a los derechos humanos y que los derechos no se pueden ceder ni vender, porque son inalienables.

En el 39º Congreso del PSOE fijaremos los principios y valores que van a sustentar el socialismo español de los próximos años y debemos hacerlo sin perder de vista el lema que nos acompañará este fin de semana: “Somos la izquierda”. Somos, además, la izquierda feminista que sabe que el derecho fundamental no puede ser objeto de relación contractual.

Somos la izquierda feminista que rechaza que el Estado legisle para considerar el útero de la mujer y la gestación como bienes colectivos.

Desde el PSOE seguiremos abanderando la lucha por los derechos de las mujeres y enfrentándonos al neoliberalismo que pretende dar validez a la idea de que hasta los derechos pueden estar sujetos a contrato.