España, con 3.240 kilómetros, es el país europeo con más líneas de AV y el segundo del mundo, solo por detrás de China. Sólo en líneas, sin considerar estaciones con escasa afluencia de personas viajeras o los elevados sobrecostes, el estudio calcula un despilfarro de 26.240,6 millones de euros en la Alta Velocidad en nuestro país. Es decir, el 57% del despilfarro de la Administración Central ha sido en líneas para el AVE

Por otro lado, la apuesta por la modernización que debería haber llegado de la mano del AVE, su modelo de progreso, ligado a un supuesto desarrollo económico, mayores oportunidades de trabajo y una concepción avanzada del transporte de viajeros, ha acabado estrellándose contra la realidad de las necesidades ciudadanas: la Alta Velocidad no garantiza el derecho a la movilidad ni la cohesión territorial, ha provocado la pérdida de conexiones y paradas que comunicaban pequeños pueblos con cabeceras de comarcas, dejando aislados multitud de núcleos de población que han visto desaparecer la oferta ferroviaria en favor de un sistema de transporte que beneficia a las grandes ciudades y a un escaso 3.8%, que es la cifra de personas usuarias de la Alta Velocidad.

La Comunitat Valenciana, lleva años sufriendo esta situación, reflejo de lo que ocurre en los diferentes territorios del estado: grandes inversiones destinadas a Líneas de Alta Velocidad a costa del deterioro de las líneas convencionales que dan servicio a un 96.2% de las personas usuarias del ferrocarril.

La decisión del Gobierno central de seguir priorizando en un ferrocarril de Alta Velocidad, ha provocado un alarmante y progresivo abandono de la red convencional, que es la que habitualmente ha dado servicio a la población en sus desplazamientos a los centros de trabajo, de enseñanza, visitas médicas u ocio.

Es urgente destinar recursos a paliar las deficiencias que afectan diariamente a miles de personas, condicionando su movilidad e induciéndolas a desistir del uso de un transporte colectivo que resulta cada vez más precario y sujeto a una creciente imprevisibilidad, ante la cual

muchas personas usuarias del ferrocarril se han visto obligadas a hacer uso del vehículo privado.

Se hace inaplazable recuperar las inversiones que se han venido perdiendo durante años y que el Ministerio de Fomento reoriente sus prioridades hacia la mejora de las líneas de cercanías: hay que actuar sobre la apremiante necesidad de vehículos ferroviarios y personal para la conducción y mantenimiento de materiales y de infraestructuras; dar solución a los retrasos, cancelaciones de trenes, supresiones de unidades en horas punta; viajes en pésimas condiciones de confort, incluso contraviniendo en ocasiones las normas de seguridad. Es necesario y urgente mejorar la accesibilidad, resolver el déficit de vehículos ferroviarios adaptados a Personas de Movilidad Reducida PMR, así como la supresión de barreras arquitectónicas, mantenimiento de ascensores sin servicio, habilitar pasos entre andenes; actuaciones para el mantenimiento de estaciones, canceladoras y tornos; instalación de cámaras de seguridad e interfonos y mejorarás en la iluminación, para garantizar la igualdad en el acceso, el uso eficiente de las instalaciones y la seguridad en gran parte de las estaciones de cercanía y MD. Igualmente necesaria es una reestructuración de los horarios y frecuencias.

Poner en marcha estas medidas es imprescindible si queremos hablar de un transporte colectivo eficiente y que no deje atrás a nadie, si verdaderamente hablamos de un modelo de progreso y de modernidad, un país que cuide a de su ciudadanía y respete el medio ambiente, consciente de los retos que nos plantea el cambio climático. Un país comprometido con alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible que marca la Agenda 2030, subscrita por España en la cumbre de la ONU de septiembre de 2015“.

Este 9 de marzo, diversos colectivos ciudadanos han convocado concentraciones frente a la Estación del Norte de Valencia y en otras muchas ciudades en defensa de un ferrocarril público, de calidad y sostenible. Sus demandas merecen ser escuchadas con atención.

Cómo representante pública en estos últimos tres años, he tenido la satisfacción de poder trabajar con diversos expertos y colectivos sociales implicados en la defensa del ferrocarril y el territorio, muy especialmente la Plataforma de Usuaries del Tren Valencià, con Juan Ramon Ferrandis; el colectivo Per l’Horta y el Dr. Joan Olmos, a los que agradezco su tesón y disponibilidad a la hora de ayudarme a entender las derivaciones de una problemática tan compleja. Conjuntamente hemos llevado a sede ministerial las demandas de diferentes colectivos ciudadanos valencianos. Personalmente y bebiendo de su trabajo he podido trasladar a los distintos Gobiernos, desde mi puesto en el Congreso de los Diputados, iniciativas de todo tipo, petición de informes, propuestas no de ley a título individual y colectivo, hacer visible la necesidad de revertir la falta de inversiones en infraestructuras ferroviarias y el despropósito de otras inversiones como la ampliación de la V-21 y la ZAL.

Hoy, estaré con ellos en las calles, reivindicando un ferrocarril sostenible y un modelo de inversiones económica y socialmente eficiente al servicio de toda la ciudadanía.

*Rosana Pastor Muñoz, ha sido diputada de Unidas Pedemos en última legislatura

En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU adoptó la Observación General número quince que declara, “El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos” como la salud, así como a disfrutar de un nivel de vida adecuado, definiéndolo como el derecho de cada persona a disponer de agua suficiente, saludable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico.

Sobre la base de estas y otras declaraciones y decisiones internacionales, la sociedad civil europea puso en marcha la iniciativa ciudadana ICE Rigtht2Water que ha reunido casi dos millones de firmas para instar a la Comisión Europea a que adopte medidas para que el abastecimiento de agua potable y la gestión de recursos hídricos no se rijan por las normas del mercado interior como si de una mercancía más se tratase y que se incorpore un modelo de prestación de los servicios públicos de agua y saneamiento desde un óptica de derechos humanos.

En Europa desde hace años se viene produciendo un intenso debate acerca del modelo idóneo de gestión de los servicios básicos que ha llevado a que, en el caso del suministro domiciliario de agua potable, la mayor parte de las grandes ciudades europeas hayan optado ya por la gestión pública de este servicio. No sólo eso, en un país como Francia, que alberga la sede de las dos mayores multinacionales del agua, París, junto a otras ciudades de referencia, han recuperado ya la gestión municipal del servicio del agua, consiguiendo no solo importantes rebajas en el recibo a pagar por la ciudadanía y sino poner de manifiesto el fracaso de la gestión privada. La tendencia a remunicipalizar, es decir, recuperar la gestión pública de los servicios de abastecimiento de agua, ha propiciado además, el reconocimiento de un mínimo vital de suministro garantizado para todas aquellas personas sin recursos económicos o en riesgo de exclusión social, así como la prohibición de los cortes de suministro domiciliario.

Mientras tanto, en España la privatización del servicio afecta a más del 55% de la población y casi el 90% de los contratos están controlados por tan solo dos empresas vinculadas a grupos multinacionales, impidiendo así la libre competencia y constituyéndose en un auténtico oligopolio que se asegura altos beneficios. Medidas derivadas de la nefasta Ley Montoro, junto a la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, imposibilitan a los ayuntamientos el ejercicio directo de sus propias competencias, al tiempo que favorecen la gestión de servicios a través de empresas externas.

En este contexto es especialmente importante la resolución adoptada este 15 de noviembre en el Congreso a iniciativa del Grupo Confederal Unidos Podemos-ECP-EM, con la oposición de PP y Ciudadanos y la abstención de PDeCAT, para facilitar la recuperación por parte de los municipios de la gestión directa del ciclo del agua, priorizando el consumo humano. Es una orientación fundamental para avanzar en políticas que aseguren la eficiencia, la equidad social y la gestión democrática de un bien común y un derecho humano básico que no puede estar subordinado a la obtención de beneficios privados.

Un aspecto adicional, pero no menor de la gestión privada del suministro domiciliario de agua potable y otros servicios ligados al ciclo urbano del agua como el saneamiento y la depuración, es el denominado “canon concesional”, que se ha convertido en una importante fuente de recursos para unos ayuntamientos estructuralmente mal financiados y en un incentivo a la privatización. Un canon que acaba siendo repercutido a las personas usuarias a largo de los años, siempre bajo fórmulas opacas que aseguran importantes ingresos e intereses financieros sin ningún tipo de control.

Al no quedar sujeto a un control efectivo, ese “canon”, no revierte en nuevas infraestructuras o mejora de las instalaciones ya existentes; tampoco contribuye a paliar el despilfarro de un recurso valioso y escaso como el agua, que presenta un índice de fugas en conducciones urbanas próximo al 50% en buena parte de las redes de ciudades españolas.

Un canon concesional anticipado, que fue prohibido en Francia en los años noventa por su potencial poder “corruptor”, extremo sobre el que han alertado entidades sociales y expertos académicos, como las agrupadas entorno a Fundación por la Nueva Cultura del Agua, https://fnca.eu y que fue también objeto de denuncia por el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe sobre “Servicios de suministro de agua, Garantías y derechos”, de diciembre de 2015.

Los ayuntamientos de este país, por su decisiva contribución a la promoción de prácticas de participación y mejora de la calidad democrática y al Estado de bienestar, se han ganado el derecho a ser considerados mayores de edad y no pueden estar sometidas a lógicas de austeridad, impuestas desde patrones ideológicos contrarios a la autonomía municipal y a los derechos sociales como es la, inexplicablemente aún vigente, Ley Montoro.

Con grandes esfuerzos pero también con inteligencia colectiva, algunos ayuntamientos españoles están siendo vanguardia del esfuerzo para la remunicipalización de servicios básicos en beneficio de la ciudadanía, Medina Sidonia en Cádiz, Valladolid o Córdoba son ya un referente pero urge cambiar el marco normativo estatal e incorporar la colaboración de las comunidades autónomas para facilitar un cambio de modelo efectivo, que pase también por favorecer formulas asociativas supramunicipales, para la gestión de servicios.

Una apuesta decidida, que haga posible la gestión pública de los servicios básicos, como los ligados al derecho humano al agua y su ciclo, junto a la mejora estructural de la autonomía y financiación municipal, está llamada a ocupar la posición central en los programas políticos de las convocatorias electorales para 2019.

La apuesta inaplazable por una gestión pública eficiente, sostenible, transparente y que democratice el derecho humano al agua y a otros servicios básicos para la ciudadanía, es hoy ya, un reto para los gobiernos locales y territoriales progresistas del siglo XXI.

En todo caso, como siempre, agricultores y ganaderos son los primeros afectados: 50% de la cosecha de secano; hortalizas y frutas, afectadas también por altas temperaturas; 45% menos de pastos y encarecimiento del alimento para el ganado. Y todo ello sobre una Renta Agraria 45% por debajo de la media, y en un sector cada vez más polarizado: por un lado agro-negocios e integradoras ganaderas con crecientes beneficios, y por otro pequeños y medianos agricultores empujados progresivamente  al abandono de sus explotaciones. En este contexto, nuestro compromiso es rotundo y se centra en esa mayoría de agricultores y ganaderos, que son clave para vertebrar ese medio rural vivo que la sociedad necesita. Respecto al Decreto, entendemos razonable la moratoria en cuotas de la Seguridad Social, siempre que se incluya la eliminación o reducción de las jornadas necesarias para que los jornaleros puedan cobrar el subsidio agrario; razonables las ayudas fiscales y crediticias; e incluso el incremento del canon hidroeléctrico, para mejorar el dominio publico hidráulico. Pero debería explicar el PP por qué en los presupuestos que impusieron se incumple de forma clamorosa la ley que, tal y como recuerda el propio Decreto, exige asignar al menos el 98% de ese canon, 278 M€, en proyectos de mejora del dominio público hidráulico, que brillan por su ausencia. En todo caso, más allá de estos aspectos positivos, el Decreto es erróneo e injusto.

En segundo lugar, es preciso suplementar la disponibilidad de caudales en sequía, y para ello, más allá de acuíferos y embalses de regulación plurianual,  la clave está en las nuevas tecnologías de desalación, flexibles, modulares y sobre todo eficaces, aún en sequías extremas, usando energía solar y eólica. De hecho tenemos un potente parque de desalación, financiado por la UE, que está muy lejos de una gestión óptima. Y ahí si, podría ser razonable subvencionar agua desalada para explotaciones vulnerables en sequía. Pero sobre todo, hay que fortalecer el sistema de seguros, y no debilitarlo como ha hecho, de forma insensata, el PP en los presupuestos. Y no sólo dotando más fondos para cubrir riesgos crecientes, sino integrando al regadío de pequeños y medianos productores en el sistema público de seguros agrarios, que hoy cubre razonablemente el secano, pero no el regadío. En lugar de exenciones al uso del agua, lo que debemos es extender seguros eficaces a la explotación familiar en el regadío.

*Rosana Pastor- Diputada de Unid@s Podemos

Pedro Arrojo Agudo – Diputado de Unid@s Podemos