A comienzos de junio, precisamente el mes del Orgullo, el PP utilizó su rodillo de mayoría absoluta en el Senado para tumbar una moción de Unidos Podemos en la que se instaba al Gobierno, en colaboración con las comunidades autonómicas, a tomar medidas de refuerzo de la igualdad y la visibilidad de las personas LGTBI y sus familias en el ámbito educativo. A pesar de las buenas palabras en sede parlamentaria del exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo poco antes de dejar su cargo, el Partido Popular decidió negar cualquier problemática al respecto en nuestro sistema educativo y justificar así, de una manera tan cínica, el rechazo de tales medidas.

Parece ser que se había pactado llegar a un consenso para alcanzar un acuerdo de mínimos que permita, por fin, introducir algunas soluciones a la pesadilla del silencio y la LGTBfobia que viven millares de escolares. Pero otra vez el PP ha echado sal sobre el terreno de la educación en convivencia. ¿Venganza por una derrota mal digerida? Probablemente, pero también es una medida coherente con el ideario educativo del que han hecho gala durante toda la historia del partido.

Ya hace unos pocos años, cuando ante una PNL presentada por la diputada autonómica madrileña Carla Antonelli con similares objetivos parecía que se iba a conseguir un consenso en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, las órdenes de arriba del PP madrileño desmantelaron la operación y forzaron a la portavoz de educación a hacer el papelón de negar todos los estudios existentes que hablan de la incidencia de la LGTBfobia e incluso del mayor riesgo de suicidio de los adolescentes LGTB.

Así se las gastan los sectores más ultras del partido. Sectores que, sin ninguna duda, son los que controlan el tema educativo y que han bloqueado cualquier mínima apertura a la diversidad sexual, de género o familiar en las aulas. Por más que la sociedad haya ido avanzando, que la aceptación de esas diversidades en nuestro país sea una de las mayores del mundo o que tengamos leyes igualitarias pioneras, la educación es terreno vedado y sigue discurriendo con décadas de retraso.

Como muestra, un botón: la consejera de educación de la Región de Murcia, mandó el pasado mes de mayo una circular en la que ordenaba a los centros educativos paralizar talleres sobre sexualidad y diversidad a no ser que fueran demandados por la firma de todas y cada una de las familias. La consejera se saltaba olímpicamente toda la legislación y las normas de funcionamiento de los centros. Si lo hizo por desconocimiento, terrible; si su motivación era el fanatismo religioso, peor. Ante la barbaridad planteada, tuvo que rectificar y suavizar la prohibición, sin llegar a pedir el perdón que la ciudadanía merece.

En Madrid, el mes pasado un padre logró paralizar un taller de igualdad por considerarlo “ideológico”. Este padre alegaba que en estos talleres se “incentiva” a los adolescentes a “creer que solo siendo gays o lesbianas podrán obtener la aprobación social inmediata”.

Medidas similares, palos en las ruedas de los tímidos avances que se están incorporando al sistema están saltando aquí y allá por toda la geografía española. No es casual. Se trata de una estrategia programada, difundida por los muchos millones que manejan lobbies católicos como HazteoOír, que tiene como objetivo confundir a las familias y a los miembros en general de la comunidad educativa.

Se adorna de libertad de enseñanza, del derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, pero en realidad es puro matonismo. Se mantiene atemorizados a los centros, que debido al miedo a vivir un escándalo terminan por incumplir la ley. Y se acobarda también a los responsables educativos frente a la amenaza de una revuelta de las siempre respetables familias de bien. Se relega por tanto una Ley que, hoy por hoy, aunque de manera discreta y totalmente insuficiente, sin levantar mucho la voz, obliga al sistema educativo a reconocer y valorar la diversidad afectivo-sexual, a trabajar por la paz y la convivencia, a fomentar la capacidad crítica del alumnado, etc. etc.

Porque, es preciso hablar claro, negar la diversidad, no celebrar su riqueza, es poner trabas a la convivencia, sembrar la semilla de numerosos supremacismos. Revertir esta situación intolerable que mira hacia otro lado frente al acoso LGTBfóbico, que deja abandonados a su suerte a los menores LGTB o con expresiones de género no normativas, es obligatorio y urgente.

Es preciso un pacto educativo que cierre de una vez por todas esta polémica. Y es urgente la aprobación de la Ley de Igualdad LGTBI que ya está tramitándose en el Congreso y que ha contado con un consenso en el paso a trámite casi completo… con la excepción del PP, vaya por dios. En esa ley se desgranan medidas concretas para que la diversidad sea materia curricular, para que la atención a las personas trans se haga desde el respeto a su identidad, para que los materiales sean respetuosos con la diversidad. Por ejemplo, establece una medida tan sencilla como que en las oposiciones a cuerpos docentes esté incluido el tratamiento de la diversidad. De esta manera, y sin vulnerar ningún ámbito competencial, la formación de los docentes se verá obligada a introducir esta cuestión.

Y no nos engañemos. Todo este bloqueo, toda esta oposición a cualquier avance ha sido liderada por el PP, pero lo cierto es que muy pocos gobiernos de otro color han tomado medidas verdaderamente efectivas y vertebradoras, esenciales. El miedo, el pánico escénico a cualquier evolución educativa hacia la convivencia y la igualdad ha convertido las administraciones educativas en la aldea gala del conservadurismo más retrógrado.

Afrontar con seriedad y rigor, sin atender a esos matonismos permanentes ni a las presiones económicas que el Opus y otros poderes ejercen en el ámbito educativo es una de las tareas que le esperan a la nueva ministra de educación, Isabel Celaá, y al nuevo equipo de Gobierno. Se trata de algo urgente, inaplazable, porque afecta a la salud, la felicidad y la vida de miles de jóvenes que no pueden esperar.

Pero mientras estas medidas estructurales y renovadoras llegan a implementarse, que no te engañen: la educación en diversidad sexual, de género y familiar, ya es no solo legal, sino obligatoria. Y ni un padre, ni el director de un centro, ni una consejera de educación, pueden decir lo contrario sin mentir.

“En el principio fue la injuria”. Así describe el filósofo francés Didier Eribon la identidad gay. “La injuria –continúa– es un acto de lenguaje –o una serie repetida de actos– por el cual se asigna a su destinatario un lugar determinado en el mundo. La injuria es un enunciado performativo: su función es producir efectos y, en especial, instituir o perpetuar la separación entre los ‘normales’ y los ‘estigmatizados’, e inculcar esta grieta en la cabeza de los individuos”.

Reconocerse como “maricón”, como “bollera” o como “travelo” es, en muchos casos, posterior a recibir la bofetada de esos insultos. En ocasiones es un insulto que se recibe en carne propia. En otras, es proferido a alguien cercano, o incluso escuchado al azar o en un medio de comunicación. Pero ese insulto nos hiere, igualmente, como una navaja, y permanece en nuestro interior por mucho, mucho tiempo.

Las personas LGTBI no debemos seguir aceptando la normalización de la injuria. Normalización que llega hasta el punto de que la homofobia interiorizada sea, en ocasiones, más dañina que la que procede del exterior.

Porque aceptarse como lesbiana, gay, bisexual o trans, en nuestra sociedad –sí, todavía hoy en la igualitaria España de 2017– implica muchas cosas: el miedo a que tu familia no lo entienda, te rechace o te coloque en una situación de dolor extremo; recibir una educación en un sistema que prácticamente nunca te va a hablar de tu realidad; el altísimo riesgo de sufrir acoso escolar o ser agredido física y/o psicológicamente en la escuela; un alto riesgo de ser víctima de un delito de odio; que te niegue la Seguridad Social el acceso a la reproducción asistida si eres mujer sin pareja varón; que, si eres trans, seas considerada una persona enferma y necesites tutelaje para que definas tu identidad…

¿Demasiado dramático? Bueno, depende de la persona y de su capacidad de resiliencia, del lugar donde viva, del entorno que la rodee. Pero los hechos son tozudos: la orientación sexual y la identidad de género son la principal causa de acoso escolar y una de las primeras de delitos de odio (los delitos por esta causa han aumentado un 36% el pasado año); el colectivo LGTBI permanece mayoritariamente invisibilizado en el ámbito laboral; el porcentaje de paro entre mujeres trans es muy superior a la media de la población general; etc., etc.

Que la igualdad redactada en las leyes no llega automáticamente a la vida de las gentes es algo que no puede sorprender a nadie. Leyes de igualdad de género existen desde hace años, pero la igualdad real está muy lejos de alcanzarse. Esto ya lo sabían los padres de la Constitución. Por eso previeron un hermoso artículo 9.2 que dice exactamente que “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

Remover los obstáculos con los que se enfrenta una persona del colectivo LGTBI implica que la sociedad debe realizar un cambio de paradigma en su concepción de la diversidad sexual, de género y familiar. Porque mientras “maricón” siga siendo el insulto más pronunciado en los colegios, los institutos, los campos de fútbol, las pandillas de amigos, las fiestas populares, será muy difícil que un gay, o cualquier persona LGTBI, desarrolle su identidad desde una correcta autoestima. Mientras una persona trans sea considerada enferma por ley, ¿en qué medida estará en igualdad de condiciones para enfrentarse a un sistema educativo hostil y a un mercado laboral ultra competitivo?

Conscientes de la complejidad del tema, una buena parte de los colectivos LGTB españoles hemos pactado una proposición de Ley de Igualdad que desgrana medidas transversales que obligan a la intervención de los poderes públicos, potencian la visibilidad, incide especialmente en la pedagogía y la formación de profesionales de todos los ámbitos, se establece una atención integral a las víctimas de delitos de odio, se crea una fiscalía especializadas en estos delitos, se prohíben las intervenciones quirúrgicas innecesarias en bebés intersexuales, así como las cruentas terapias reparadoras, se establecen sanciones administrativas y se crea una autoridad independiente del Gobierno que vigile el buen cumplimiento de la ley y promueva investigaciones y proyectos que potencien la igualdad del colectivo LGTBI.

Son medidas que, en buena parte, recogen directivas europeas antidiscriminatorias que no están siendo todavía aplicadas, o que ya están siendo utilizadas en, por ejemplo, la lucha contra la desigualdad de género o la discriminación en el ámbito laboral, y que, por tanto, no deben asustar a nadie. No es una ley contra nadie, sino a favor de la igualdad y para acabar con estigmas seculares profundamente enraizados en nuestras vidas y nuestra cultura.

El apoyo a esta ley antidiscriminatoria es una de las cuestiones que se reivindican en este Orgullo Mundial, este World Pride en el que el Mundo tiene los ojos puestos en Madrid. Por eso ha sido muy buena noticia que haya pasado el plazo preceptivo del que dispone el Gobierno para vetar la proposición, registrada en el Congreso el 4 de mayo, por cuestiones económicas. Ha sido un buen inicio para este World Pride en el que vamos a manifestarnos 'Por los derechos LGTBI en todo el mundo'. Este nihil obstat no podía ser de otro modo ante una ley que viene avalada por casi el conjunto del movimiento LGTBI, que cuenta con la simpatía de la mayoría de la población española y con el apoyo de casi todo el arco parlamentario.

Por eso, cuando toda esta fiesta reivindicativa, o reivindicación festiva, toque a su fin, continuaremos con nuestro trabajo por una igualdad real en España y fuera de sus fronteras. La próxima etapa: la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI en otoño. Para construir una sociedad en la que, por fin, la injuria no defina y construya nuestra forma de ser, de sentir y de expresarnos.