En las constituciones modernas –tanto las liberales, primero, como las sociales, después–, la participación de los ciudadanos en la política se produce de manera delegada a través de los representantes por ellos elegidos, que serán quienes materialicen la soberanía nacional en las respectivas Cortes Generales o Asambleas. Sin embargo, la mayoría de ellas, y desde luego la nuestra, permiten que esa participación indirecta se convierta en directa en determinadas circunstancias en que se considere que su especial trascendencia exija subir un paso más en términos de participación, y pedir a la ciudadanía de manera general que exprese su opinión.

Esto, ni más ni menos, es lo que supone el articulo 92 de nuestra Carta Magna: la aplicación de la democracia directa, vinculándose al derecho fundamental que asiste a todos los ciudadanos de participar en los asuntos públicos (vida política, económica, cultural y social, según dicen los estrictos términos de los preceptos constitucionales como el 9 o el 23). Lo que algunos consideran un síntoma de generosidad de nuestro texto constitucional, otras pensamos que es una expresión democrática que nos permite no alejarnos de ciertas decisiones que revistan singular importancia y que precisen de un reforzamiento democrático que solo pueden otorgar las urnas de forma directa y concreta para ese caso puntual, en esa singular excepción. Las constituciones alemana, francesa, irlandesa, griega o austriaca recogen la posibilidad de los referendos con distintos matices, pero con idéntico fin que la nuestra, que, como decimos, es profundizar en el compromiso democrático cuando sea preciso.

Por si cupieran dudas, conviene recordar que la excepcionalidad del referéndum exige su convocatoria por parte del Rey tras su presentación por el presidente del Gobierno mediante Real Decreto –que deberá contener el texto íntegro de la consulta–, previa autorización de las Cortes Generales por mayoría absoluta. Es decir, únicamente las Cortes podrán impulsar el referéndum con el respaldo de la soberanía nacional expresada en el legislativo y presentada por el ejecutivo. En nuestro país se han celebrado tan solo dos referendos de ámbito nacional en el marco del art. 92 y de su ley de desarrollo (la Ley Orgánica 2/1980): el relativo a la permanencia de España en la Alianza Atlántica y el convocado para la ratificación por España del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado en Roma el 29 de octubre de 2004. Ambas consultas abordaban cuestiones muy relevantes, por cuanto suponían cesiones claras de soberanía, y obtuvieron un amplio apoyo popular.

En definitiva, nuestro cuerpo legislativo, presidido por la Constitución, apuesta por la democracia representativa, con un papel preponderante de los partidos políticos y, desde luego, de las Cortes Generales. Sin embargo, de manera excepcional permite apelar a la soberanía popular de manera directa a través de referendos facultativos y consultivos que han de venir precedidos por todos los avales institucionales que hemos citado y, muy singularmente, por la mayoría absoluta de las Cortes; es decir tras un proceso largo y pleno de garantías. 

Pues bien, la referencia al artículo 92 en el acuerdo político alcanzado por Junts y PSOE es en sí misma una impugnación evidente de lo que se ha conocido como vía unilateral, por cuanto ese artículo de nuestra Carta atribuye exclusivamente al Estado la proposición y convocatoria de dicho referéndum “cualquiera que sea la modalidad o ámbito territorial sobre el que se proyecte” (STC 31/2015, de 25 de febrero).

Debemos recordar una vez más que nuestra Constitución, y todos sus principios, mandatos y derechos en ella contenidos, son susceptibles de revisión y modificación, incluido el art. 2 que se refiere a la soberanía nacional (STC 48/2003, de 12 de marzo). Nuestra Carta Magna no es una ley perpetua y ella misma contiene su capacidad de transformación incluso total, de tal manera que defender a España –en el concepto sentimental, que no jurídico, que cada uno tenga de ella– y a la Constitución es aceptar la norma misma y las reglas universales de la democracia. Y así como el debate sobre este texto está avalado por la más absoluta libertad, ojalá lo esté también por el rigor suficiente. A partir de ahí, deben operar los acuerdos políticos dentro de los márgenes legales. 

La dicotomía entre trabajo asalariado y autónomo, con la atribución de derechos para el primero, y desprotección absoluta para los segundos, ha provocado una potente reacción en términos de organización empresarial: el uso abusivo y desviado de la fórmula jurídica del trabajo por cuenta propia, aunque nada tenga que ver la actividad en cuestión con las características tradicionales del autoempleo: ajenidad de medios e instrumentos utilizados; independencia orgánica y funcional; y retribución variable en función de los “beneficios obtenidos”.

Han sido decenas de miles las personas trabajadoras quienes han visto cómo tras las inspecciones de trabajo, determinadas sentencias y la rectificación de algunas empresas han concluido encuadrados en el régimen general, y no en el de autónomos del que partían. Esta afloración del falso empleo autónomo es cuestión de gran trascendencia, no solo por el aforismo clásico de que los contratos son lo que son y no lo que las partes digan, sino sobre todo por un mínimo de justicia social y de defensa del hecho social del trabajo.

Sabiendo como sabemos de la existencia del fenómeno del falso empleo autónomo, ha sido difícil de cuantificar, en la medida en que se trata de una situación de natural fraudulento, y por tanto oculta a la vista. Sin embargo, de los datos de la última Encuesta de Población Activa, contrastados con los de afiliación a la SS, resulta que al menos hay 240.000 personas que no se reconocen como autónomos pese a estar inscritos como tales en el RETA. Sea cierto o aproximado, no deja de producirse lo que hemos denominado “afloramiento de la defraudación”, es decir, el conocimiento de la existencia de personas que formalmente están encuadrados como autónomos, pero la naturaleza de su relación les lleva a reconocerse como asalariados.

El ministerio de Trabajo, a través de la inspección, ha operado activamente en el levantamiento del velo de esta actividad plenamente ilegal. Si nos remontamos pocos años atrás, 50.000 personas entre octubre de 2018 y octubre del 2020, fueron afloradas como consecuencia de la actividad inspectora, con el consecuente ingreso en las arcas públicas de casi 300 millones de euros derivados de este fraude. Tras la pandemia y en los últimos meses, se han producido también regularizaciones; sólo en 2022 cerca de 40.000 trabajadores que estaban encuadrados en el Régimen de Autónomos han pasado al Régimen General de la Seguridad Social por su condición de “falsos autónomos”. Es notorio el caso de los riders, en el que tras la STS 2924/2020, de 25 de septiembre de 2020 que señalaba la laboralidad de la relación, se puso fin al calvario judicial y probatorio de las personas que distribuyen comida a domicilio a través de una ley pionera en la materia: el RDL 9/2021, que ha incorporado una nueva Disposición Adicional en el ET, para excluir a los riders del trabajo autónomo.

Lamentablemente, con la conocida como ley riders no se ha puesto fin a los muchos usos desviados, o ingeniería jurídica al respecto del trabajo autónomo, que van más allá de esa actividad concreta. Un número importante de los trabajadores afectados tienen que ver con la tecnología, tomando apariencia de falsa economía colaborativa, pero se produce en todos los sectores de actividad y a través de múltiples formas de expresión. Merece la pena que comentemos, cuándo esos usos desviados se producen a través de fórmulas interpuestas. Se trata habitualmente de cooperativas, donde se agrupan los trabajadores inducidos por la empresa, pero que es inexistente en la realidad como forma de organización colectiva de trabajadores para emprender una actividad por cuenta propia. Estas cooperativas carecen de estructura, de los fines cooperativos y de relación entre los socios, son pues meras pantallas dirigidas a eludir obligaciones y hurtar derechos a las personas formalmente “socios” de las mismas.

Este crecimiento del falso trabajo autónomo revestido de la formula romántica del emprendimiento se enmarca en un relato empresarial que resalta como valores supremos la autogestión, la flexibilidad y la independencia, todo ello seguido de políticas  desregulatorias que van en la misma dirección argumentativa que seguramente les suene: la libertad. La libertad añado yo de no tener tranquilidad, garantías ni derechos, la libertad de ser el último eslabón de la cadena, la libertad como sinónimo de precariedad y muchas veces de explotación.

Por tanto, la existencia de los falsos autónomos no es espontánea, no es un fenómeno natural, ni sociológico ni jurídico inevitable, viene dada porque los intereses de unos (los empresarios) y los perjuicios a otros (personas que trabajan) son cuantiosos. Si eres falso autónomo, a tu empresa le compensa y a ti no, salvo que seas un gran empresario al servicio de una estructura empresarial, como hemos podido conocer algún ejemplo en los últimos días.

Le compensa a la empresa que te contrata porque los ahorros en términos de cotizaciones a la seguridad social por ti alcanzan a aproximadamente un 30% de tu salario. Si lo multiplicamos por los cientos de miles autónomos falsos cuya laboralidad no se reconoce, supone un importantísimo fraude a la Tesorería de la Seguridad Social, como hemos visto, pero sobre todo y también un ahorro muy sustantivo para quien debiera pagarlas y que se expresa en una muy notable cantidad de millones de euros que bien podrían aplicarse a rebajar cuotas de las personas que sostienen una actividad real por cuenta propia con muchos esfuerzos. 

Pero si eres un falso autónomo, los perjuicios para ti no son menores, con una carrera de cotización escasa (te habrán dado de alta en la base mínima), con la imposibilidad de enfermar (salvo que pagues a alguien que te sustituya) ni madre o padre por las mismas razones, ni desde luego podrás soñar con derechos de participación en los comités de empresa, o en los conflictos colectivos, ni tan siquiera tendrás derecho a huelga. Serás un trabajador de segunda, salvo, eso sí, que cobres 26 veces el SMI.

Hace unas semanas, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presentaba las líneas generales de su propuesta para reformar el sistema de cotización de los trabajadores y trabajadoras autónomas, en un momento en que –inmersos ya en la segunda ola de la Covid-19 y en una grave crisis económica– quizás más consciente es el conjunto de la sociedad de la importancia de contar con un Estado del Bienestar fuerte. Y es que, todavía, muchos trabajadores y trabajadoras autónomas por cuenta propia permanecen en los márgenes de la protección social y los derechos laborales, con merma de protección social pública en todos los casos y un tratamiento injusto para este colectivo y para el conjunto de la Seguridad Social. Por eso, no se entendería que el Gobierno se quedara a medias en este avance y, como prevé Escrivá, dejase fuera de la reforma a los llamados autónomos societarios y a los colaboradores, creando autónomos de primera y de segunda.

El sistema actual de cotización de los trabajadores autónomos a la Seguridad Social se basa en las llamadas “bases de cotización” que permiten, a partir de una base mínima fijada, elegir voluntariamente cuánto pagan a la Seguridad Social. Esto significa que quien ingresa unos rendimientos netos superiores a los 60.000 euros puede elegir pagar la misma que quien difícilmente llega a unos ingresos equivalentes al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). De hecho, en la práctica, según los datos de Seguridad Social, el 85% de los autónomos aporta al sistema por la base mínima, y sólo un 14% paga cuotas superiores.

Es una anomalía en Europa que ha producido, por un lado, que quienes lo están pasando mal tengan que asumir, en cualquier circunstancia, una cuota mínima mensual cercana a los 300 euros; y que los que ganan más simplemente no aporten lo suficiente. No solo es injusto, sino que además ha determinado que la protección sea precaria e insuficiente, como consecuencia de este sistema de cotización: los autónomos cobran pensiones de media un 41% inferiores a las de los asalariados, su acceso a las bajas por incapacidad temporal o permisos de maternidad y paternidad, es muy difícil por la pérdida de renta que significa en muchos casos y, finalmente soportan una prestación fallida por cese de actividad (salvo de forma transitoria durante la actual pandemia en que, por primera vez, han podido ser incluidos en el esfuerzo colectivo de la sociedad española para preservar y salvar empleos, si bien muchos han cobrado, también aquí, prestaciones extraordinarias de baja cuantía porque éstas se calculan de acuerdo a la base cotizada).

Por no hablar de la atracción que supone para muchas empresas un modelo de ejercicio de la actividad que no genera obligaciones ni laborales ni sociales, lo que favorece la proliferación del falso trabajo autónomo.

La reforma que prevé el Gobierno sale al encuentro, en su espíritu, de una reivindicación histórica de CCOO, UATAE y de los trabajadores autónomos –la de la justicia y solidaridad contributivas– y de lo acordado en la Comisión Parlamentaria de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, donde de manera recurrente –la última vez, en las Recomendaciones recientemente aprobadas– se ha venido incluyendo la recomendación de caminar hacia la convergencia entre los diferentes regímenes de la Seguridad Social y a la actualización de las bases y los períodos de cotización. Se trata además de un compromiso programático de investidura del actual gobierno de coalición y es coincidente con las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica del Congreso de los Diputados.

Las organizaciones a quienes representamos ya planteamos en 2018 una propuesta en términos similares en la que lo más importante es que cada persona cotice al menos por sus ingresos reales, sean estos inferiores o superiores a la base mínima actual de cotización, con fórmulas que garanticen a la Seguridad Social los ingresos equivalentes a la existencia de la base mínima de cotización, mejorando en el agregado sus ingresos totales, evitando comportamientos estratégicos y configurando una Seguridad Social con una cotización más justa y el resultado de un sistema más solvente para afrontar una mejora de las coberturas sociales de todas las personas con trabajo autónomo.

Es precisamente esta misma lógica la que nos lleva a la sorpresa ante la intención del ministro Escrivá de dejar fuera de la reforma a los llamados autónomos societarios –que desarrollan su actividad como socios de empresas mercantiles– y los denominados colaboradores –familiares directos de otra persona autónoma titular con la que trabajan–. Entre estos últimos, hay muchas y muchos de los autónomos con menores ingresos, que deberían poder beneficiarse también de una cuota más reducida, y, en cambio, entre los societarios, se concentran muchos de quienes tienen altos rendimientos netos, y por tanto, deberían contribuir en mayor medida.

No hay ninguna explicación técnica –Hacienda tiene, lógicamente, los datos de los ingresos declarados de todos los trabajadores autónomos– que impida incluirlos en la reforma, y sin embargo esta intención supone romper con los principios de igualdad, contributividad y solidaridad que deben regir la Seguridad Social. Con esta inexplicable excepción, en fin, se apuntala la injusta situación actual, se discrimina a determinados autónomos por su condición y se camina en la dirección opuesta a la de la convergencia de los regímenes de la Seguridad Social, puesto que los autónomos pasarán de hecho de tener un sistema a tener dos.

El Gobierno se ha comprometido a negociar, con organizaciones sindicales y empresariales sobre el conjunto del sistema de Seguridad Social, en el marco del desarrollo normalizado del Pacto de Toledo, así como con las organizaciones de autónomos, para que el nuevo sistema esté en condiciones de empezar a implementarse en enero de 2021, con un calendario de aplicación progresiva que debería acabar suponiendo dilaciones innecesarias.

UATAE y CCOO esperamos que las expectativas creadas no se frustren por un empeño en mantener al margen de la justicia contributiva, en términos fiscales y de Seguridad Social, a ningún autónomo, respondiendo a presiones inaceptables. No dejemos a medias ni aplacemos para mañana lo que debería ser una realidad desde hace mucho tiempo. El momento es ahora.

La situación del colectivo de trabajadores por cuenta propia ha estado estos meses de crisis de la COVID-19 más presente que nunca en la agenda pública: muchos autónomos han tenido que echar el cierre a sus pequeños negocios o han visto sus ingresos gravemente reducidos, y todavía está muy presente el recuerdo de la crisis de 2008 -cuando más de medio millón de autónomos desaparecieron y el mercado de trabajo se volvió más precario-. Las medidas de protección habilitadas ahora -como la prestación extraordinaria por cese de actividad, que se calcula que llegará a abarcar a un 40% del colectivo- han amortiguado el golpe y contribuido a sostener el tejido productivo. Es el momento de dibujar un horizonte de seguridad y certezas en el acompañamiento de los primeros pasos de la reactivación, y de soluciones estratégicas en el medio y largo plazo que pongan en el centro de nuestro modelo económico el valor de lo público, la importancia de hermanar salud y transición ecológica, la innovación y la vitalidad del tejido productivo que autónomos y pymes sostienen sobre sus espaldas.

Ello requiere, en primer lugar, que la prestación extraordinaria no sólo se prorrogue hasta el 30 de junio, sino además que se extienda más allá de esa fecha para aquellos sectores especialmente golpeados, y que puedan acceder a ella los conocidos como autónomos de temporada que hasta ahora están excluidos: esos 20.000 trabajadores por cuenta propia de actividades turísticas que suelen darse de alta entre finales de marzo y el otoño y a quienes la declaración del estado de alarma sorprendió aún de baja. Igualmente, se hace imprescindible asegurar que la liquidez llegue a quien la necesita: la experiencia de los avales públicos ICO es agridulce puesto que la banca está actuando con opacidad y prácticas abusivas, y esto hay que combatirlo mientras se aumentan los fondos de estos préstamos -España ha destinado el 10% de su PIB a la inyección de liquidez, frente al 30% de Alemania- y se garantiza a autónomos y micropymes el aval del 100% de sus préstamos frente al 80% actual.

No será posible recobrar dinamismo en la economía si no se analizan las necesidades específicas de cada sector y se invierte en abordarlas. Un ámbito crucial para nuestro país, por ejemplo, como el pequeño comercio acumulaba antes de la crisis problemas provocados por el reto de su transformación digital, y ahora la seguridad sanitaria le impone condiciones de trabajo que van a suponer más costes y tendrá que trabajar, en paralelo, para recuperar la confianza del consumidor. Esto no va a producirse sólo por verbalizarlo: se precisa de una estrategia integral y recursos y liderazgo públicos para implementarla.

Tampoco podremos recuperar fortaleza económica si seguimos escondiendo debajo de la alfombra las condiciones abusivas en las que se ven obligados a trabajar muchos 'falsos autónomos' como los riders, o los trabajadores músicos, invisibles para la administración porque la industria les niega la formalidad de un contrato. La inspección de trabajo debe ser más diligente, y nuestras leyes, más protectoras.

Son, en definitiva, muchas las medidas que se requieren y que deben impulsarse desde todas las administraciones. Medidas que necesitarán financiación, para lo que se hace ineludible una reforma fiscal justa que exija un esfuerzo mayor a quienes más tienen y libere presión sobre la carga indirecta del consumo.

Parece que hay consenso en que después de esta crisis de la COVID-19, nada será como antes. Que marca un antes y después. Pero es a nosotras y nosotros, como sociedad, a quién nos corresponde escribir el futuro que se abre ahora. Los trabajadores autónomos hemos estado ahí, detrás de la persiana echada en nuestros negocios por responsabilidad con la salud de todos, o abriendo nuestras tiendas de alimentación, abasteciendo en nuestros camiones y furgonetas las despensas del país, trasportando en nuestros taxis al personal sanitario y familiares de personas enfermas. Codo a codo con toda la ciudadanía. Nos hemos ganado a pulso el derecho a ser parte de los cambios, y tenemos mucho que decir y aportar a los retos de la reconstrucción económica. Queremos hacerlo, además, con más derechos, con más protección social: superar la precariedad estructural que padecemos para que, si hay otra crisis en el futuro, no estemos en una posición tan vulnerable.

Que el inicio de este año 2020 coincidiese con la andadura del nuevo Gobierno central supuso una buena noticia tras varios meses de bloqueo e incertidumbre con implicaciones no sólo institucionales, sino también económicas. Que los primeros pasos del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos hayan puesto el mundo del trabajo y la agenda laboral en un lugar destacado de su actuación -con el acuerdo social para la subida del Salario Mínimo Interprofesional o la derogación parcial de la reforma laboral de 2012 en relación al despido por bajas médicas- es, también, positivo: no sólo por lo que supone de recuperación de derechos tras la travesía del desierto de la crisis y los recortes sociales, sino por la importancia de poner el foco en el trabajo como un espacio de ciudadanía.

A qué nos dedicamos, dónde trabajamos, cuántas horas y a cambio de qué retribución, en qué condiciones se desarrolla nuestra vida laboral,o la preocupación por la pensión que tendremos el día de mañana, son algunas cuestiones que forman parte central de nuestro día a día y determinan en gran medida cómo nos relacionamos y convivimos. Sin embargo, el debate público parece haberlas desplazado a los márgenes de lo estrictamente privado. Como si no procediese, como si no fuera pertinente, como si nunca tocase ponerlas encima de la mesa. Que nos lo digan a los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia, que, a pesar de los discursos oficiales que en los últimos años se han extendido, hablando de las bondades del emprendimiento, sufrimos una situación histórica de desprotección y desigualdad que es, además, invisible. Por ello, esta legislatura debe de ser, también, la de la incorporación de los autónomos al Estado del Bienestar.

El trabajo autónomo debe dejar de ser el cuarto de atrás de la precariedad. El fenómeno de los llamados falsos autónomos ejemplifica muy bien la vulnerabilidad estructural del colectivo: muchas grandes empresas -como las plataformas digitales de mensajería y comida a domicilio- camuflan la relación laboral de sus trabajadores arrinconándolos al autoempleo porque les sale más barato. Esto es intolerable, y debe combatirse reforzando la labor y los recursos de la Inspección de Trabajo frente al fraude, y reconociendo los derechos como asalariados que deben asistir a los 'riders' y otros falsos autónomos. Parece que la ministra de Trabajo así lo ha comprometido en su comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso el pasado viernes. Pero hay que ir más allá: la generalización de los falsos autónomos debe llamarnos la atención sobre la precariedad a la que estamos condenados los trabajadores y trabajadoras autónomas y empujar a tomar medidas al respecto.

Las transformaciones de las últimas décadas en la economía y el mercado de trabajo han ido imponiendo el autoempleo como alternativa a las vicisitudes de la 'selva' laboral, asociándolo a una retórica competitiva de empoderamiento y triunfo que era pura fachada. Si nos fijamos en la brecha de las pensiones entre trabajadores asalariados y autónomos, veremos que estas últimas son un 37,1% inferior, que en las mujeres autónomas se agrava hasta un 47%. O si nos paramos a analizar el resultado de la llamada 'tarifa plana' de dos años para nuevos autónomos, medida estrella del anterior gobierno del Partido Popular, debería alertarnos que el 86% de los trabajadores acogidos a ella, pasado ese período de 'gracia', se ve abocado a echar el cierre.

Se acabó el tiempo de las ocurrencias: los y las trabajadoras autónomas necesitamos certezas y condiciones estructurales que hagan viable el emprendimiento con derechos. Es el momento de concretar un sistema de cotización progresivo y justo por ingresos reales, que termine con la anomalía actual -quien ingresa poco se asfixia, y quien ingresa mucho, aporta muy lejos de sus posibilidades- y que se traduzca en más protección, con pensiones y prestaciones sociales dignas.

Los trabajadores autónomos nos hemos ganado por derecho propio nuestro espacio en la agenda política y social. Estamos comprometidos con los retos económicos y sociales de este país, y queremos ser parte de los cambios y soluciones que nos reclaman la transición ecológica, la inmersión digital, la viabilidad de los servicios públicos, la causa de la igualdad de género o la llamada ‘España vaciada’. Tenemos mucho que aportar a ese futuro en común, pero para ello necesitamos no estar en los márgenes de los derechos sociales.

Ahora que el debate del trabajo recupera posiciones en la esfera pública, es necesario que además de la recuperación de lo arrebatado durante lo peor de la crisis, se abran puertas y ventanas para que la luz y el aire fresco entren en ese cuarto trasero que la democracia española no ha encontrado todavía el momento de abordar en toda su dimensión. Los derechos de los trabajadores autónomos no pueden esperar más. Vamos a ello.

Dicen que todo empezó en Silicon Valley, que, fascinados por los avances tecnológicos que allí se gestaban, los dueños de las compañías pensaron que las nuevas tecnologías podrían permitir una flexibilización de horarios y espacios de trabajo que redundara en una mayor libertad para el trabajador y un mejor rendimiento para el empleador. Así se ha ido replicando por el mundo una nueva forma de empleo que algunos anuncian como el “trabajo del futuro”, y otras, empeñadas en defender los derechos de las trabajadoras y trabajadores, observamos con preocupación.

Estos días conocemos que las plataformas de reparto de comida y otros productos a domicilio han presentado al Ministerio de Trabajo en funciones una propuesta para intentar 'solucionar' el dilema de si sus trabajadores son autónomos o asalariados, asunto que ha sido objeto de sentencias contrapuestas en los casos que han ido a parar a los juzgados. 

La propuesta, realizada por la asociación empresarial Adigital, en la que están representadas Deliveroo, Uber Eats, Glovo y Stuart, consiste en reformar la ley para que los repartidores consten como trabajadores por cuenta propia, a cambio de algunos beneficios por parte de las plataformas, como serían una indemnización por finalización unilateral del contrato, un seguro de accidente y de responsabilidad y formación o un kit de seguridad. 

El documento incluye el cambio de la figura del trabajador autónomo dependiente, o TRADE, con una rebaja del porcentaje mínimo de vinculación a una sola empresa, que ahora mismo está en un 75%. 

Se trataría, por tanto, de una fórmula mixta entre las actuales de asalariado y autónomo dependiente, que vendría a hacer pasar por autónomas a personas que, en realidad, como ha determinado un juzgado de Valencia en el primer macrojuicio contra la plataforma de reparto Deliveroo que ya tiene sentencia, son falsos autónomos, puesto que no tienen libertad para escoger horarios, no pueden rechazar pedidos sin ser penalizados de forma más o menos explícita o combinar los de varias plataformas, no pueden negociar sus retribuciones y por supuesto no cobran al cliente final. 

Desde la Unión de Autónomos UATAE, nuestra preocupación es que la creación de una nueva figura o el cambio en la figura del TRADE lo que conlleve en realidad sea la precarización aún mayor del trabajador o trabajadora autónoma, que en lugar de avanzar y ganar derechos, y tener el margen de libertad o autonomía que se le presupone al trabajador por cuenta propia, pasaría a depender absolutamente de un empleador que, a cambio, no le ofrecería la protección que sí tienen los asalariados en términos de salario, vacaciones, negociación o cotizaciones a la Seguridad Social. 

La obligatoriedad de cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales no puede ser sustituida por un kit de seguridad. Un seguro de accidente para personas -en su mayoría hombres jóvenes- que viajan a toda velocidad por la ciudad en bicicleta, intentando ser más rápidos y poder atender más pedidos para alcanzar un sueldo digno, no es una opción: debe ser una obligación. Las indemnizaciones están establecidas ya por ley, no puede llegar una empresa y negociar con el Gobierno una fórmula distinta sin contar con los agentes sociales y los representantes de las y los trabajadores… 

Dicen que todo empezó en Silicon Valley, lo llaman 'Gig economy' y dicen que es “el trabajo del futuro”. Por supuesto que hay que tener siempre la mirada y la cabeza abiertas a los cambios y las novedades. Pero no podemos dejarnos engañar por nombres sonoros que intentan ocultar la precariedad a la que parece que algunos quieren que nos acostumbremos como si fuera inevitable. No podemos permitir una precarización aún mayor del empleo, una dependencia de las y los trabajadores hacia empresas privadas que no responden ni se hacen cargo de sus derechos, fórmulas que dejan a las y los trabajadores desprotegidos frente al empleador e incluso frente a las instituciones. Nos guste o no, el trabajo forma parte esencial del proyecto de vida que cada uno intentamos, con esfuerzo, poner en pie. Pero el objetivo siempre ha sido trabajar para vivir, no vivir para trabajar; y, sobre todo, hacerlo en un marco de estabilidad y protección. Y seguiremos luchando por esta máxima.

En las últimas semanas asistimos a una dramática conmemoración: el pasado 19 de junio se confirmaba que Ana Lúcia da Silva, cuyo cadáver había sido hallado cinco días antes, se convertía en la víctima número 1.000 de la violencia de género en España desde 2003, año en el que se comenzaron a registrar estos crímenes. Su asesino, Salvador Ramírez, mató a su primera mujer allá por 2002; así que ella, oficialmente, no cuenta.

Se calcula que las denuncias suponen tan solo entre el 20% y el 30% de los casos totales de violencia por parte de la pareja o expareja, los que recoge la ley de 2004. Aun así, desde 2012 el número de denuncias se ha incrementado en un 29%, llegando a cifras históricas en los últimos años, con un máximo de 166.260 en 2017.

Entre los factores que pueden hallarse detrás de este importante aumento está, sin duda, una creciente conciencia social del machismo estructural en nuestra sociedad, del que la violencia de género supone la manifestación más evidente y visible, sobre todo en tanto en cuanto ha ido rompiendo las barreras del ámbito privado para salir a la luz pública y convertirse en asunto protagonista de la agenda política y mediática. Existe en la actualidad un consenso mayoritario sobre la importancia de la erradicación de esta grave inculcación de los derechos humanos de las mujeres, gracias a la difusión mediática y a la proliferación en medios de comunicación y redes sociales de denuncias de casos de abusos y violencia. Han sido determinantes las manifestaciones multitudinarias en las calles y campañas como la del “Me too” o el “Yo sí te creo”, con el que las mujeres, y una amplia mayoría de la sociedad, respondían a los intentos de culpabilización de la víctima en el caso de La Manada. Movilizaciones que han puesto sobre la mesa la desigualdad existente entre hombres y mujeres en el ámbito de la justicia y en la consideración social de las diferentes formas de violencia machista y, a la vez, han ido conformando un contexto de rechazo a la violencia en el que poco a poco resulta más fácil, o menos complicado, asumir la propia condición de víctima y dar los pasos necesarios para salir de ella.

Sin embargo, según los datos del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial que hemos conocido estos días, el 80% de las 1.000 mujeres asesinadas no habían denunciado a su agresor. Llevamos ya muchos años con campañas y discursos que hablan sobre la importancia de que las víctimas denuncien. Tal vez deberíamos cambiar el foco, no poner la responsabilidad de su situación en quienes peor lo están pasando, y pensar si las instituciones y los agentes sociales estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para mejorar la prevención y, en su caso, dar el soporte y las herramientas necesarias para que las víctimas puedan dejar de serlo. Son muchos los factores que podríamos analizar: un contexto familiar y social que acompañe y apoye; la necesidad de la perspectiva de género en Policía y juzgados, para que se escuche su voz y se crea su versión; alternativa habitacional para que puedan dejar casa en la que conviven con su maltratador; autonomía económica... Yo me voy a centrar en el ámbito que conozco y me ocupa desde hace años: el empleo.

Según el 6º informe 'Un empleo contra la violencia', de la Fundación Adecco, además de esta creciente conciencia social sobre la violencia de género, el empleo podría ser un factor determinante en el aumento de las denuncias y en la decisión de las víctimas de sacar a la luz su sufrimiento. La seguridad que aporta la independencia económica, junto con las expectativas y la confianza en sí mismas que supone para las mujeres un empleo estable, con ingresos suficientes y buenas condiciones laborales, podría ser un elemento decisivo para reunir la fuerza necesaria que requiere interponer una denuncia y abrir paso a todo el proceso judicial y vital que esta conlleva.

Es cierto que no existe un único perfil sociodemográfico de mujer víctima, y que se encuentran casos por igual en todos los estratos económicos y socioculturales. Sin embargo, las entrevistas llevadas a cabo en el seno del proyecto WE GO: Women Economic Independence & Growth Opportunity -realizado a través del programa Daphne, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea- en siete países de Europa (España, Italia, Bulgaria, Grecia, Chipre, Reino Unido, Suecia) ofrecen posibles conclusiones que establecen una relación directa entre el desempleo y la violencia de género. El resultado es que el 65% de las víctimas encuestadas manifestó encontrarse en situación de desempleo, junto a un 16% que admite desempeñar algún tipo de ocupación pero sin contrato, en condiciones de absoluta desprotección. En la misma línea, un 58% de las desempleadas es de larga duración, es decir, lleva más de un año sin encontrar trabajo.

Pero hay un dato aún más revelador: según el informe, un 71% de las mujeres víctimas destaca el desempleo y las situaciones de precariedad como los principales frenos para denunciar; temen que la dependencia económica hacia el agresor, en ocasiones impuesta por él mismo, las deje sin recursos. Estos porcentajes muestran una clara relación entre la situación de maltrato y la dependencia económica, que propicia que la violencia se prolongue en el tiempo.

Podemos, por tanto, afirmar que el empleo es una de las claves para hacer frente a la violencia de género, que puede actuar como mecanismo preventivo o contribuyendo decisivamente a la recuperación integral de las mujeres, por la independencia, la autonomía, el aumento de la autoestima y el empoderamiento que otorga a las mujeres. En este sentido, si bien hemos asistido a una importante mejora en los últimos años, y existe un mayor número de mujeres que tienen una actividad productiva más parecida a la masculina, la aportación laboral de las mujeres sigue muy vinculada a los roles de género, con una clara división sexual del trabajo, dando lugar a sectores de trabajo especialmente feminizados, que en la mayoría de las ocasiones coinciden con los peor pagados y con condiciones laborales adversas. Asimismo, y a pesar de algunos cambios recientes que resultan esperanzadores, los datos de autoempleo muestran también una gran brecha entre hombres y mujeres: el 64,8% de las personas trabajadoras por cuenta propia en España son hombres, frente al 35,2% de mujeres. En el primer trimestre de 2019, encontramos 1.289.100 varones autónomos frente a 706.590 mujeres. Además, del total de mujeres dadas de alta como trabajadoras por cuenta propia (706.590), el 83,55% (590.341) cotiza por la base mínima. Estos datos demuestran que el autoempleo sigue siendo para las mujeres una carrera de obstáculos y que requiere del apoyo de instituciones, empresas y organizaciones implicadas.

La conclusión es clara: resulta fundamental promover políticas activas de empleo que superen la situación de desigualdad estructural actual. Y en este sentido, el autoempleo y el emprendimiento son sectores particularmente interesantes para la autonomía económica de las mujeres, con el empoderamiento como elemento clave en el desarrollo de un proyecto vital satisfactorio. Como hemos visto, la incorporación de las mujeres al mercado laboral en condiciones de igualdad no solo es un objetivo justo y necesario, sino que puede ser un factor decisivo para la prevención y para que las mujeres puedan salir a tiempo de la espiral de la violencia machista y denunciar su situación. Hay, por tanto, mucho trabajo por delante. Y no puede esperar.

La necesaria mejora de la protección social del trabajo autónomo está directamente relacionada con transformar un sistema de protección que establece una base de cotización mínima, incluso en periodos sin ingresos, a cambio de que quien los tiene sobrados pueda planificar eligiendo su contribución a la Seguridad Social, con el resultado de que casi 9 de cada 10 personas cotizan al Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) por la base mínima, pese a que una buena parte tiene ingresos superiores. 

El RETA es una parte muy relevante de la Seguridad Social: hoy se integran en él 3,2 millones, de los 18,9 millones de cotizantes totales. Abordarlo de manera parcial y separada del conjunto es una decisión tan relevante como errónea. Requiere una visión global, para mejorar aportaciones y prestaciones, de forma coherente en el conjunto de la Seguridad Social. Esa es la apuesta que comparten CCOO y UATAE y que ambas organizaciones trasladamos al conjunto de la sociedad y, muy especialmente al Gobierno de España. 

Actualmente el RETA es un régimen deficitario, insolidario, y con una deficiente relación de contributividad entre lo aportado y recibido, que da lugar a prestaciones más bajas y a lagunas de protección evidentes (desempleo, incapacidad...). 

Una persona que ingresa más de 40.000€ al mes puede elegir voluntariamente cotizar lo mismo que otra cuyos ingresos apenas le alcanzan para pagar su cuota mensual. Mantener el actual sistema de cotización es prolongar esa situación que es perjudicial, además de injusta, para las personas con menos ingresos y para el conjunto de cotizantes y pensionistas. Es un sistema que favorece especialmente a los autónomos con más renta. Por tanto, el debate que debe plantearse es el siguiente: ¿vamos a transformar el sistema de cotización a uno por ingresos reales, sí, o no? 

La unión de autónomos UATAE y CCOO decimos sí. Y no solo. Pensamos que es la mejor forma de completar y mejorar los derechos del colectivo de autónomos. 

Con la actual información que nos ofrece la Agencia Tributaria, sin duda con un amplio margen de mejora para determinar los ingresos reales procedentes de actividades económicas, ya podemos concretar que hay cientos de miles de autónomos que se ven obligados a cotizar por una base mínima superior a la del conjunto del sistema, para compensar el derecho a hacer lo mismo de más de 1 millón de autónomos cuyas rentas superan los 30.000€ mensuales. 

El resultado, en un sistema contributivo, es el acceso a pensiones más bajas para quien desarrolla su actividad en un trabajo autónomo, con pensiones medias muy inferiores a las de trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena. Lo que no deja de ser paradójico. 

La cotización por ingresos reales contribuiría a corregir el actual déficit financiero del Régimen Especial y del conjunto de la Seguridad Social, mejorando notablemente la protección social actual y futura del colectivo, configurando una Seguridad Social del Siglo XXI para todos. 

Actualmente, los autónomos que enferman deben seguir trabajando porque no tienen ninguna prestación, y las cifras indican que solo 2.000 personas que cesaron su actividad el año pasado recibieron la prestación por cese de actividad, el “paro” de los autónomos. Esta realidad, que pasa desapercibida para los que se oponen a esta reforma, debe ser también corregida y gestionada desde los servicios públicos de empleo. 

El “sistema de mínimos” en que se ha convertido el Régimen Especial solo interesa, una vez más, a aquellos autónomos que puedan permitirse seguros privados o que tienen una cantidad ingente de dinero acumulado cuando finalizan o disminuyen su actividad.

La cotización por ingresos reales no solo es solvente técnicamente, sino necesaria socialmente. El régimen actual de autónomos es un sistema de mínimos que precariza, que atrae el fraude de los falsos autónomos, que puede agravarse si se concretan algunas de las medidas anunciadas recientemente, y que no se corresponde con el Estado de Bienestar que necesitamos y defendemos. 

Es necesario recuperar el camino marcado en el Pacto de Toledo, con amplio consenso político y acuerdo en el marco de Diálogo Social para homologar el régimen de autónomos con el Régimen General. 

Por tanto, el compromiso de la reforma sobre el sistema de cotización de los autónomos no debe quedar eclipsado bajo otros debates, secundarios y de escaso recorrido. Se trata de decidir a qué le damos prioridad; se trata de definir una hoja de ruta progresista y social en materia de empleo o dar “carpetazo” al problema como se lleva haciendo hasta ahora; de si mejoramos las condiciones del colectivo o continuamos posponiendo una reforma, tan urgente como necesaria, en el marco de actuaciones de calado que son posibles y necesita nuestro Sistema de Seguridad Social.

El fraude de los falsos autónomos ha crecido en estos últimos años debido a empresas denominadas de “economía colaborativa” que emplean autónomos para ocupaciones propias de asalariados.

El marco regulatorio de los autónomos tiene serias carencias a las que se debe hacer frente de inmediato: configurar un sistema de cotización justa, fiscalidad adecuada y responsable, y derechos laborales

Bajo el engañoso nombre de “economía colaborativa” grandes multinacionales y otras plataformas de nueva configuración están promoviendo un modelo de precarización del trabajo que ahonda aún más en la penosa situación que ya sufría el trabajo autónomo y los trabajadores que lo desempeñan. Al margen de las consideraciones al respecto del fraude que estas situaciones pueden amparar en términos de burlar a los trabajadores los derechos que les corresponden, lo cierto es que pone de manifiesto de manera descarnada la enorme precariedad que sufre el colectivo. Las formas de organización empresarial recurren a la fórmula del autoempleo porque les compensa, porque somos el “chollo” del sistema: trabajadores que pagan su propia cotización a la seguridad social, que no tienen vacaciones, y de los que puedes prescindir a conveniencia. En este contexto, la implementación de políticas de incentivos a modo de “tarifas planas”, pueden ser un estímulo para ser aprovechadas por terceros en la cadena de precarización y de dumping social.

La conclusión es que los autónomos tenemos un serio problema, seguimos siendo actores secundarios de las relaciones laborales, trabajadores sin derechos. Útiles para disminuir las cifras del paro, útiles para incrementar el PIB, útiles para generar empleo, pero alejados de las grandes estrategias de mejoras colectivas y de un mínimo marco regulatorio protector: los esclavos del siglo XXI.

Es urgente por tanto invertir el ciclo, reflexionar en profundidad sobre un nuevo modelo productivo en el que las personas autónomas y emprendedoras jueguen en términos económicos el papel central que les corresponde, pero que lo hagan con un reconocimiento claro de la consideración social que merecen. Ello supone cambiar la consideración pública sobre el colectivo, y en consecuencia transformar una legislación obsoleta que no obedece a la realidad social a la que debe afectar.

Los autónomos debemos incorporarnos plenamente al estado del bienestar. Que nuestra aspiración como colectivo es alcanzar objetivos tan básicos, pero también habla por sí misma de la deficitaria situación en que nos encontramos, y de las dificultades que previsiblemente encontraremos en el camino.

Necesitamos medidas que no por ser urgentes, pueden dejar de ser transformadoras. Por eso, desde la Unión de Autónomos UATAE, apelamos a la “política” con mayúsculas, a la reflexión colectiva, al consenso suficiente que permita que los cambios que se produzcan sienten una base estable de futuro, y se alejen del corto plazo y de la coyuntura.

Sabemos que no estamos solos, que muchos y muchas en el conjunto de la sociedad comparten nuestras aspiraciones y se solidarizan con nosotros. Sabemos que lo podemos conseguir, que no podemos permitir que se dilaten los procesos por más tiempo, que es el momento de estar unidos para dignificar nuestro colectivo. Trabajamos mucho, y lo vamos a seguir haciendo, pero también por nuestros derechos.

Entramos en agosto. Cada cual conocemos el plan veraniego propio, pero todos sabemos el de Cristina Cifuentes. Ella no se cogerá vacaciones. Para algunos, el debate sobre esta decisión era tan solo un arma arrojadiza de la izquierda contra la presidenta madrileña. Fuego cruzado. Las sí vacaciones refrescantes de Alberto Garzón polemizaban días después en los foros digitales. Debate interesante cuanto menos, pero para abordarlo viene bien recordar que el derecho al descanso es conquista de los antecesores políticos de los de la piscina. Conquista que necesita seguir batallándose culturalmente: hace unos días conocíamos que el 50% de los españoles se sentían culpables por irse de vacaciones. Pero quienes batallan por este derecho parecen olvidarse de nuevo de 3,2 millones de trabajadores que exentos de una jubilación digna, o una prestación por desempleo, tampoco tienen derecho a vacaciones.

Las no vacaciones de Cristina Cifuentes plantea un debate sobre la obligatoriedad de las mismas. La base de discusión son las relaciones de poder que establece el mercado laboral, que insta a la obligatoriedad del descanso para poder equilibrarlas entre empleadores y empleados. Pues bien, ¿qué ocurriría si Cristina Cifuentes regentara un bar? Que no habría debate. Si quieres descansar un poco, dejas de ingresar y listo. Parece ser que el autónomo es un sujeto aislado de las relaciones de poder del mercado... y nada más lejos de la realidad.

El problema del trabajador autónomo es que las relaciones de poder que padece no están instituidas o personificadas en un actor concreto. No hay patrón, no hay jefe. Pero eso no quiere decir que no exista. El mercado capitalista, la competencia, la mercantilización de las necesidades básicas, el consumo...

Un autónomo que no llega a fin de mes decide no descansar ni una semana al año para poder darle una vida más digna a sus hijos, ¿es que esa decisión no está motivada por las lógicas del mercado y del consumo? Es que un hostelero/comerciante que ya hace tiempo se olvidó del descanso dominical ¿no está sometido al poder de las grandes corporaciones que abre sus macrocomercios los domingos, y por supuesto, los 12 meses del año?

Señalando el origen del problema, parece que damos justo con el escollo para encontrar la solución. Y es que la ausencia de una figura que encarne las relaciones de poder del mercado nos impide encontrar quién se puede hacer cargo del coste de las vacaciones de un autónomo. ¿El Estado quizá? Su espíritu es el cuidado colectivo. Quizá sí, es quien debe asumir tal responsabilidad. Bonificar el coste de la empleabilidad de un sustituto para el negocio. Prestaciones según ingresos correspondientes a 18 días de vacaciones. Son posibles soluciones que encuentra otras tantas dificultades, principalmente de universalidad de la medida: hay una enorme heterogeneidad en el colectivo autónomo, tanto por sectores como por la disparidad de ingresos. Vincular esta cuestión -y las cotizaciones- a los ingresos es indefectible para solucionar este y otros tantos problemas del sector.

Desde luego que el primer paso para una conquista es poner el debate encima de la mesa social. Si la regente del bar donde desayuno fuera Cristina Cifuentes, como trabajadora, tiene que tener derecho a sus vacaciones. Y si decidiera no cogerlas, ya discutiremos sobre ello los vecinos del barrio.

La presente legislatura prometía interesante para el colectivo de los autónomos: Unidos Podemos y PSOE incluyeron en sus programas reclamas fundamentales para la mejora de la situación de los trabajadores por cuenta propia. Muchas de esas propuestas eran compartidas, pues se trata de reivindicaciones de sentido común y de consenso en el sector. Ciudadanos, por su parte, tomó como uno de sus ejes electorales la cuestión de los autónomos sin un programa muy ambicioso pero con la fuerza discursiva suficiente para entender que, entre las tres formaciones políticas, tocaba por fin abrir la lata legislativa de una regulación totalmente oxidada.

La tramitación en comisión de la Ley de Medidas Urgentes para autónomos coincide con el primer aniversario del 26J, este jueves 28, por fin. Iba a ser la primera ley aprobada tras el pacto de Ciudadanos y Partido Popular, y por ello fue presentada por la formación naranja la semana siguiente a la investidura de Rajoy. La decepción por su contenido fue tremenda: leyes de muy corto alcance, cosméticas y que no abordaban ninguna de las cuestiones fundamentales que hace de la vida de muchos autónomos una continua escalada tibetana.

Bienvenidas esas pequeñas mejoras, sobre todo lo que concierne a la bonificación del 100% de la jubilación para los autónomos que contraten al menos a un empleado, o la tarifa plana de 50 euros para las mujeres que vuelven tras la baja de maternidad. Pero el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) necesita una remodelación de arriba abajo, y ese melón se iba a abrir durante la legislatura según rezaba el pacto de gobierno; primero tocaba una ley de medidas “urgentísimas” que sería la primera legislación aprobada tras el acuerdo. No quiero adelantarme a los acontecimientos, pero ¿por qué no somos demasiado optimistas? Lo explico:

La urgencia de “la primera ley de la XII legislatura” mutó en una consecución de prórrogas y parones injustificados. Parecía haber otras prioridades legislativas para los promotores de una Ley de Medidas Urgentes que a eso del equinoccio de primavera ya podrían haberle retirado el “urgentes”.

Nuestro recelo también lo motiva una exacerbada celebración por parte del Gobierno, Ciudadanos y agentes del sector cercanos a estos. Lo que venía a ser una ley transitoria, inmediata, para luego abordar con seriedad la reforma del RETA, hoy parece ser el remedio definitivo a los problemas del colectivo. Este entusiasmo –desmedido por lo insuficiente y cosmético de la ley– nos hace temer un cierre en falso de la lata legislativa, una promesa de campaña ya satisfecha, un recurso electoral de 3,2 millones de personas. Esperemos que no.

Sirva este artículo para algo más que una advertencia y una expresión de temor. Desde UATAE tenemos claro cuáles son esas prioridades ausentes y las propuestas son totalmente factibles. El primero de los caballos de batalla del colectivo suena a obviedad. Se trata de vincular la cotización de los autónomos a sus ingresos reales: cuanto más ingresas, mayores son tus cotizaciones. Es decir, igual que los asalariados. Hoy día un autónomo escoge su base de cotización libremente. Si escoges la base mínima tendrás mínimas prestaciones sociales que se van incrementando según vayas acogiéndote a bases de cotización mayores.

Esto acaba traduciéndose en un 90% de afiliados que se acogen a la base de cotización mínima, porque los que ingresan poco no se pueden permitir una más elevada con mayores prestaciones, y porque los que ingresan mucho pueden recurrir a planes de pensiones y seguros privados. El sistema carece de sentido: se ingresa poco en la seguridad social por lo que la seguridad social no protege.

Las otras cuestiones están íntimamente ligadas a lo expuesto. La prestación por cese de actividad, conocida como “el paro de los autónomos”, solo alcanza un 1% de implementación en el colectivo. Adscribirse a él es voluntario y por lo tanto un extra de coste mensual para los trabajadores. Además, una vez cesas tu actividad entras en un laberinto burocrático para explicarle a la administración que no cierras para cobrar la prestación, sino que tu cese lo ha causado circunstancias de viabilidad económica, organizativas, etc. El paro de los autónomos acaba siendo un animal mitológico.

La pensión de jubilación es otro elemento que demuestra que la problemática situación de los autónomos responde a carencias en los principios básicos de nuestro estado de derecho. La pensión media de los autónomos jubilados es un 41% menor que la de los asalariados, esto quiere decir que cobramos de media 500 euros menos al mes. Nuestra propuesta está en la línea de las cotizaciones, vincular esta prestación a los ingresos, al igual que ocurre con los asalariados.

Por último, entendemos que la futura reforma del RETA debe incorporar una regulación acorde con una realidad que se está recrudeciendo. Afecta a quienes queremos ser autónomos, a quienes no lo son, y a quienes no quieren serlo y lo son. En la crisis todos hemos aprendido por experiencia propia o ajena a identificar un “falso autónomo”, la única figura legislativa que le es semejante es la de los TRADE (Trabajador Autónomo Económicamente Dependiente): son aquellos autónomos que facturan más del 75% a una misma empresa. A partir de analizar las últimas EPA, en UATAE calculamos que existen unos 300.000 TRADE en España pero legalmente solo figuran diez mil.

Ocurre que un TRADE reconocido tiene ciertos derechos similares a los de un asalariado (participación en la negociación colectiva, vacaciones, paro, etc.) por lo que muchas empresas transforman a sus empleados en autónomos pero no les reconocen, al menos, como TRADE para que puedan disponer de los derechos correspondientes. Por eso entendemos que existe la imperiosa necesidad de regular esta situación, facilitar la burocracia del autónomo dependiente para que se reconozca como tal y ser más severos en los controles contractuales en aras de evitar el fraude.

Estas son, y no otras, las cuestiones que debe motivar a los legisladores a debatir, redactar, negociar, transaccionar, votar, sancionar y promocionar –entonces sí– electoralmente su trabajo.