Lo de la investidura no parece obra de Milan Kundera, pero por la frivolidad de los protagonistas hay quien podría afirmar que, efectivamente, vivimos en el ambiente hedonista del 68. La conflictividad afectiva y la pelea permanente como única forma de existencia y expresión empiezan a convertir a la izquierda española en una triste caricatura marcada por liderazgos insoportablemente leves.

Al PSOE se le subió a la cabeza lo del 28-A. La victoria fue rotunda, pero sólo tuvo este calificativo por la debacle de Casado, gracias todo ello a la providencial aparición de VOX, la derecha inútil. Es una anomalía europea que un partido que pretende formar Gobierno sin disponer, ni mucho menos, de la mayoría absoluta niegue una coalición. Esta actitud es propia de otros tiempos y retrata a Sánchez como un líder egoísta, incapaz de cooperar, absoluto. ¿Por qué es tan traumático plantear un gobierno compartido cuando al partido que lo va a encabezar tan solo le han apoyado 29 de cada 100 votantes? El relato victorioso socialista no puede construir una realidad parlamentaria ficticia ni puede pretender que los actores políticos se conviertan en subalternos. El «todo para mí», la pelea de machos alfa, es tan rancia como cualquier postulado de Colón y empieza a hartar.

Parece que Sánchez quiere vengarse de la actitud de Iglesias en la XI legislatura, cuando el líder de Podemos prefirió pedir el Ministerio del Interior a un programa de avances sociales. Entonces, un Iglesias cegado frenó las posibilidades de cambio en España y, ahora, es Sánchez quien prefiere eliminar a Iglesias a trabajar por garantizar derechos para la mayoría.

Es obsceno que la investidura se esté resolviendo en términos de cálculo electoral y partidista. Además, Sánchez se equivoca si piensa que unas nuevas elecciones le beneficiarían en términos absolutos (puede que sí lo hagan en términos relativos). Muy difícil lo tendrá el bloque progresista para volver a encontrarse con una derecha tricéfala incapaz de sumar. Así que, entre discusiones y pataletas infantiles, nos estamos jugando poner a este país rumbo al pasado.

Hace unos meses, y ante una situación de emergencia, se pidió a muchos electores desconectados que se movilizaran y superaran sus reparos. ¿Tan poco vale la confianza de esos miles de ciudadanos para destrozarla ahora? Las culpas parecen repartidas casi a partes iguales, con la excepción de que el Presidente del Gobierno tiene la responsabilidad y el encargo de formar una mayoría parlamentaria. Sánchez prefiere buscar la complicidad de PP y Ciudadanos, a quien tanto ha denostado, incluso apelando a “un favor de vuelta”, que ceder terreno a su socio natural. El Presidente del “no es no” ahora quiere ser elegido gracias a una abstención de Estado que él, por principios, nunca quiso defender.

Y todo esto sucede también mientras Pablo Iglesias toma de nuevo a sus bases como rehén con unas opciones de consulta tan tendenciosa que ni siquiera Tezanos podría haberlas diseñado. Aunque Pablo ya no quiere dirigir el CNI y ahora solo se conforme con hacer viviendas públicas, los errores de 2016 le siguen situando como el tipo de los sillones cuando, para ser justos, es Sánchez quien se niega a desprenderse del más mínimo poder, incluso si eso supone llevarnos de nuevo a elecciones. Qué insoportablemente leves estos tipos.

Pablo Casado y la hiperventilación como programa electoral.

El Partido Popular ya no tiene discurso propio. Ahora trata de sobrevivir entre Abascal y Rivera, un día es un poco más de Texas y otro de Silicon Valley. El principal partido de España ha pasado a ser más contingente que una batamanta.

Propuso Casado volver a la Ley del 85 en materia de aborto, pero luego pensó que mejor no. Propuso Casado bajar el Salario Mínimo a 850€, pero luego resultó que era un pequeño malentendido. Más tarde, triste y desangelado, diose cuenta Casado de que Rivera y Abascal utilizaban la familia como tema de campaña y propuso un Ministerio de Familia. Y todavía queda una semana. ¡La vida es una tómbola!

Pedro Sánchez carga con la cruz (del independentismo y los batasunos).

Recuperan los socialistas el “no es no” a Rajoy –que luego fue abstención por imperativo; sí, pero no mucho; nos llamamos y lo vemos– para los partidos independentistas. Parece que Ferraz prefiere pactar ahora con Rivera, miembro insigne según Adriana Lastra del “trifachito de Colón”. Aplicando un buen filtro de Instagram Rivera podrá ser a partir de mayo un progresista entrepeneur maravilloso. Mientras tanto, el PSC bailando a lo loco y Sánchez haciendo como que la mayoría de la moción de censura fue un sueño de Resines.

Unidas Podemos con Garzón En Pie Más es Menos Los Verdes.

Curiosa estampa de campaña la que ha dejado la cartelería de Unidas Podemos. Desaparece Pablo Iglesias, pero la cara de Garzón inunda Murcia. Sí, Alberto Garzón, candidato por Málaga. Porque vale, confluimos, pero mi careto en todas las calles de España, por favor.

Esto por no hablar de la sopa de siglas madrileña que lidera Isabel Serra. Ya es más fácil acordarse de todos los reyes godos que del nombre de la candidatura de turno de la izquierda muy izquierda y mucho izquierda. De esto en la Región también sabemos algo, porque ahora Ganar, es decir IU, es decir el PCE, es Cambiar, que no Cambiemos ni Ganemos, sino todo lo contrario, pero lo mismo. ¡Qué pereza de gente!

Vox, el voto útil (al PSOE).

La emergencia de Vox ha servido en España, de momento, para que el PSOE esté por encima de los 130 escaños en muchas de las encuestas más fiables (la última de GAD3, por ejemplo). Porque el voto del miedo, en este caso del lógico miedo a volver 40 años atrás, funciona, especialmente en un electorado, el español, que no suele votar en positivo.

En política a veces se cumple lo de que cuanto peor, mejor, mejor para mí el suyo beneficio político.

Los limones.

No está teniendo mucho protagonismo en la campaña Somos Región, el partido regionalista de Alberto Garre. Y hasta cierto punto es normal. Hablan de cosas bastante aburridas como la financiación autonómica, de la que depende el futuro de nuestros servicios públicos. A quién le importa eso pudiendo hablar de pistolas.

Guerra sucia.

Tampoco se habla suficiente del escándalo democrático que supone la existencia de una policía política en nuestro país, al más puro estilo bananero. Porque en una escala moral, entre comprarse un chalé con un préstamo y usar las estructuras de Estado para construir noticias falsas sobre un contrincante (Pablo Iglesias) para viciar la decisión de los ciudadanos, claramente la primera está muy por encima.

No se vayan, queda lo mejor.

Si piensan que tras el 28 de abril habrá pasado lo peor, se equivocan. Nos toca una campaña autonómica y municipal épica. Los políticos de la Región nos harán preguntarnos durante 15 días por cuestiones estratégicas que determinarán el futuro de un millón y medio de ciudadanos. Bueno, eso, o nos pedirán que digamos cuán orgullosos nos sentimos de todo lo que uno se puede sentir orgulloso siendo una persona de bien. A saber: ser español, ser de España, español ser. Este año en 'el orgullo' no suena Fangoria, suena Manolo Escobar.

En la vida tener un determinado enemigo puede ser casi más conveniente que tener un millón de amigos. El auge de Vox es, en el fondo, un gran regalo para el Partido Socialista que jugará la campaña del 28 de abril apelando al electorado de izquierdas para que realice un voto de responsabilidad histórica, aún con la nariz tapada, y así evitar la llegada de los de Colón al Gobierno.

Está claro que sin la amenaza de la extrema derecha el electorado de izquierdas poco tiene que agradecerle a Pedro Sánchez. Más allá de un keynesianismo facilón, los socialistas no han cumplido algunas de sus grandes promesas con las clases trabajadoras, empezando por la derogación de la reforma laboral y siguiendo por una regulación profunda de la burbuja del alquiler o la Ley Mordaza. Todo esto queda olvidado por un debate político histérico en el que el fantasma de un tripartito conservador es verosímil, a la luz de Andalucía. Y que no haya habido una política realmente izquierdista no puede ser achacado exclusivamente a la debilidad parlamentaria, sino a una deriva socioliberal o neoprogresista que es la impronta del beauty-gobierno Sánchez.

Podemos corre el riesgo de sufrir el mal de Llamazares en los años 2004-2008. Ante una derecha cada vez más radicalizada, el votante se refugia en el PSOE para evitar el peor de los escenarios. ¡Jugada maestra de los socialistas! La apelación al miedo (Sánchez sacará el dóberman a pasear como ya lo hicieron en 1996) será una estrategia ahora de la izquierda, como lo fue en 2016 del PP ante la subida de Podemos en las encuestas. Recordemos que entonces el PP logró desplazar voto de Ciudadanos a su partido, aumentando considerablemente su número de escaños (de 123 a 137).

Puede que, al final, Andalucía haya sido un precio –caro– a pagar para seguir en Moncloa. Lo extraño es que la derecha, tan caricaturizada y previsible, le está haciendo el juego exacto a Sánchez. Y por si faltaba poco, ahora, los independentistas se le ponen enfrente. Inmejorable. ¿Qué debe hacer, entonces, Podemos? No es seguro que ninguna estrategia pueda más que mitigar el desastre, pero, entre todas, algunos lo mitigarán más que otras. Desde luego, diferenciarse del PSOE, resulta imprescindible. Que el votante, incluso sabiendo el momento épico que le dibujarán, note que el voto morado es más útil que el socialista para luchar contra la derecha. Difícil tarea con una convocatoria electoral exprés.

Pedro Sánchez tiene todo lo que un político quiere: un enemigo que moviliza a su electorado, un relato que aglutina (el del progreso) y un mito, el del Gobierno fustigado por Abascal y Casado. Con este regalo de los Dioses, si este no es el momento de un PSOE con más de 100 escaños y al menos con 5-7 puntos de ventaja sobre el segundo, no lo será nunca. Sacando a Franco, Sánchez estaba tocando a rebato en la izquierda española (sin mojarse mucho económicamente para que no se le vaya el centro), veremos si le funciona.

La CUP siempre ha defendido la 'teoría del mambo' y el independentismo parece haberse contagiado de ese espíritu que proclama quererlo todo. Su inexplicable rechazo a los Presupuestos Generales del Estado tumba a un Gobierno, el del PSOE con apoyo de Podemos, que es, con total seguridad, preferido por sus electores muy por encima del Gobierno de las tres derechas. Rufián y el PDCAT prefirieron pedir lo imposible a negociar con responsabilidad un escenario favorable para las partes. Forzaron la máquina para terminar regalando a Santiago Abascal unas elecciones.

Sin embargo, las fuerzas progresistas de ámbito nacional están de enhorabuena. El independentismo les señala la puerta de salida, por lo que nadie podrá hablar de cesiones o traiciones, y ahora, son las derechas con los secesionistas los que bloquean al Estado. Una curiosa pinza política que se opone a la agenda social del Gobierno, impulsada por las condiciones de Podemos.

Tras la votación de hoy, Moncloa tiene un nuevo relato: el independentismo me echa. Podemos, que se ha mantenido fiel al Gobierno, también se puede sumar fácilmente a esta narrativa, que le permite cancelar la hipoteca de mantener un discurso próximo a los del Procès. Estas gentes han preferido que caiga el Gobierno, y las políticas sociales y de diálogo, a buscar un acuerdo. Y ahora son ellos los que tendrán un problema con su electorado, no por haber dejado caer a Pedro Sánchez, sino por poner en serio peligro a la España del progreso.

Se demuestra una vez más que los dos extremos viven encantados con el permanente clima de tensión y crispación. Cada uno, feliz con su bandera, parece no querer pasar página. No les interesa abrir una nueva etapa de convivencia y avance social, porque es mucho más fácil seguir con la política del sentimentalismo cortoplacista que abordar las transformaciones sociales justas que millones de españoles llevan años esperando.

El Partido Popular y Ciudadanos tendrán que explicar por qué dejaron abandonado al Gobierno en manos del independentismo, utilizando la cuestión territorial para hacer una oposición destructiva y poco leal. Es especialmente importante remarcar que la derecha española ha preferido que el independentismo se cargue al Gobierno cuando saben que esto sucede por no plegarse Sánchez a las exigencias de autodeterminación, reivindicación que, todos sabemos, no tiene base jurídica alguna en el actual marco y es de difícil encaje aún cuando pudiéramos diseñar un nuevo ordenamiento.

La política hace extraños compañeros de cama. PSOE y Podemos frente a una derecha cada vez menos institucional y más callejera, que ha encontrado en Rufián y los de Puigdemont su mejor aliado para conseguir aquello que tanto anhelan: elecciones a toda costa y a todo coste. Los españoles juzgarán, pero tienen ante sí –y para alegría de Iván Redondo– un nuevo relato: la izquierda nacional paga el coste de no plegarse ante el independentismo insaciable, y éste, con su irresponsabilidad, acerca a VOX a la Moncloa.

Demasiados años, hay que abrir el cortijo. Y da igual quién sea la lista más votada. Incluso da igual si hay que formar, con fuerzas de los márgenes, un tripartito, palabra tan denostada para algunas formaciones políticas en este país. Estos son los argumentos que el bloque conservador está sosteniendo para justificar el cambio de Gobierno en Andalucía y son, todos ellos, lógicos, aunque han supuesto una ruptura de sus principios. Especialmente en lo referente a la lista más votada y los gobiernos Frankestein (ahora los llamarán gobiernos  “moderno Prometeo”).

Está claro que ganar la plaza de Andalucía suma muchos puntos en el videojuego de la política española, pero impide a Ciudadanos seguir sosteniendo al PP en la Región  de Murcia, salvo que se caiga en una incoherencia tal que apunte a la indisoluble unidad entre Ciudadanos y que gobierne el PP. Esta es una opción: da igual el contexto porque, pase lo que pase, Ciudadanos vota al PP, pero de lejos da que pensar que esa sensación generalizada podría terminar pasando factura a los liberales.

24 años de gobierno son demasiados y aquí también tenemos nuestro propio cortijo, como pasa en cualquier sitio donde el mismo partido ininterrumpidamente vienen ostentando el poder durante tanto tiempo. Es natural. Posiblemente a la murciana manera no lo llamemos cortijo, pero sí chiringuito o sistema de panzonismo. En cualquier caso la realidad nos dice que no es deseable tanto tiempo seguido de gobierno de ningún partido, o al menos eso están defendiendo los de Rivera, y está claro que pasados los 16 años, todo suena a régimen.

Y, si se quieren buscar analogías, nosotros también sufrimos importantes casos de corrupción política: Valley, Umbra, Púnica, La Sal, Novo Carthago, Camelot, Hidrogea, Tótem, Zerrichera, Biblioteca, compra de votos en Fortuna, Púnica…Y unos datos alarmantes sobre falta de progreso social: la Región de Murcia se sitúa entre las 20 regiones más pobres de la Unión Europea. El porcentaje de murcianos que se encuentra en riesgo de exclusión social ha aumentado desde 2016, a pesar de la mejora de las cifras macroeconómicas regionales –hemos llegado a liderar el crecimiento nacional–. Hace un par de años la Región de Murcia no estaba incluida dentro de ese “top de pobreza”, al ocupar el puesto 32; estamos a la cola en Servicios Sociales: con un 3,40 en el Índice de Desarrollo de Servicios Sociales nos situamos entre las regiones con peores prestaciones, solo superados por Canarias y Valencia. Contamos con 1,44 plazas residenciales para cada 100 murcianos mayores de 65 años, 1 punto por debajo de la media nacional; somos una de las comunidades donde más larga es la espera para operarse.

Según datos del Ministerio de Sanidad (2018) la Región de Murcia cuenta con 18,82 pacientes por cada mil habitantes en lista de espera para operarse, la tercera mayor tasa por comunidades, solo inferior a la de Cataluña (21,7) y Extremadura (20,8) y ampliamente por encima de la media nacional. Incluso parece que no se está produciendo la más razonable de las gestiones económicas, aceptando la influencia del histórico castigo por populares y socialistas de la deuda histórica, las cuentas murcianas siguen reflejando una inestabilidad alarmante. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) señala que Murcia será la comunidad autónoma con mayor diferencia negativa entre ingresos y gastos en 2019, del 1,2%. Nuestra Comunidad está sumida en un desequilibrio financiero difícil de revertir y triplicará los límites de déficit fijados por Hacienda para el ejercicio 2019.

Todos los ojos miran a Ciudadanos en la Región de Murcia ahora. Si es coherente no tendrá más remedio que aceptar un cambio de gobierno en San Esteban, convirtiendo a Conesa en Presidente y, todo ello, con el indispensable apoyo de Podemos, porque no hay otra suma posible que la de ese tripartito más o menos evidente de regeneración y cambio.  O siempre cabe la posibilidad de que lo que pasara en Andalucía no fuera más que lo malo era malo de izquierdas y aquí, por mucho malo, es malo de derechas. ¡La vida!

En mayo del año 2009 el entonces presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, junto con el consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, José Ballesta, suscribieron un convenio con los alcaldes de Ricote, Ojós, Abarán, Blanca, Ulea, Villanueva del Río Segura, Cieza y Archena que daba inicio a las acciones preparatorias para la candidatura del Valle de Ricote como Patrimonio de la Humanidad, título otorgado por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) desde 1972.

El Sr. Ballesta hizo declaraciones a los medios afirmando que el convenio firmado, suscrito a través de la Fundación Territorio y Sostenibilidad, “establece el compromiso de la Comunidad Autónoma para promover que el Valle de Ricote sea declarado Bien de Interés Cultural y así conseguir el sueño de que sea Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”.  Casi 10 años más tarde no tenemos ni una noticia del trabajo desarrollado.

El Valle de Ricote es una joya natural e histórica, que ha logrado mantenerse en su autenticidad pese a los intentos de convertirlo en un gran resort. Huertas tradicionales de gran valor y un patrimonio etnográfico, histórico e hídrico milenario convierten a esta desconocida por muchos zona de la Región de Murcia en un reducto a proteger. Su paisaje natural, ligado a la agricultura, se constituye en un agrosistema  singular que debe ser, a la misma vez, protegido, pero también promocionado para diversificar las oportunidades económicas de los municipios valricotíes frenando el fenómeno de despoblación que sufren y amenaza con hacerlos desaparecer.

Entre los pasos previos que ya se deberían haber andado destaca la concesión de figuras de protección regional al entorno, así como la inclusión del Valle en el inventario de bienes susceptibles de ser declarados Patrimonio Mundial en un futuro del Estado español. El mencionado inventario, denominado 'Lista Indicativa', es el que se utiliza como base para determinar las candidaturas de sitios para su posterior declaración como Patrimonio Mundial-Patrimonio de la Humanidad. La última actualización de esa Lista en España corresponde al año 2016.

El Valle acredita, al menos, los siguientes criterios exigidos por la UNESCO:

A veces tenemos la tentación de buscar títulos declarativos como fin en sí mismo, pero la realidad es que ser Patrimonio de la Humanidad permitiría a esta zona:

La Región de Murcia tiene mucho que decir al mundo y eso pasa, indiscutiblemente, por la promoción, protección y puesta en valor del Valle de Ricote, último reducto morisco de la península y paraíso natural.

Olviden el concepto de campaña electoral, vivimos en una campaña permanente, donde los gobiernos más que comunicar la gestión que realizan se dedican a acumular titulares de intención que guardan más similitud con el lenguaje electoral que con el institucional

La reciente aprobación de la Ley de Comunicación y Publicidad Institucional en la Región de Murcia nos recuerda la importancia que tienen las estructuras de gobierno como altavoces de comunicación política. En un entorno marcado por la inestabilidad, vivimos los tiempos de la política líquida, la mayoría de ejecutivos se han instalado en la “campaña permanente”, una tendencia que hace cada vez más difícil distinguir entre la propaganda política y la acción gubernamental. El reto ético es poner límites a esa propaganda política pagada con dinero de todos.

Ya nadie es capaz de defender que el voto se decide en el curso de los 15 días que legalmente dura la campaña electoral. Ni siquiera la época informal de precampaña (desde que se convocan las elecciones hasta el inicio legal de la campaña) es decisiva. Por mucho que las encuestas señalen la existencia de un porcentaje notable de indecisos, la mayoría del voto está decidido, también tienen su decisión tomada esos supuestos indecisos.

Las adhesiones ciudadanas a los proyectos políticos son procesos largos, en continua renovación, y que se forjan, cuando no existen anclajes, durante la propia legislatura. En definitiva, las elecciones se están decidiendo cada día y ya no hay manera de actuar que no sea orientada a lo electoral, lo que también está influyendo en un aumento de la crispación, del ritmo frenético del debate público y de la sobreactuación de los partidos.

Si todos los expertos en comunicación recalcan que tener relato es el objetivo sacrosanto de cualquier proyecto, no podemos olvidar que la construcción de ese relato, así como la creación de comunidades sólidas son procesos temporalmente extensos.

Cualquier decisión de un gobierno, así como de la oposición, no puede entenderse si no está inserta en un relato general de actuación, un relato que nos permitirá llegar a la campaña con una agradable solvencia discursiva. Mantenerse en una actitud de comunicación continua con la ciudadanía es algo relativamente nuevo en la política española, muchas veces los gobiernos se olvidaban de hacer política hasta unos meses antes de las elecciones, pero parece claro que esto ya no funciona.

Ahora sabemos que la toma de posesión marca el pistoletazo de salida de la campaña decisiva y esto también debe considerarse, piensa la oposición, a la hora de poner límites a las capacidades del Gobierno regional para construir consenso político alrededor de su actuación, superando la marca partido y llegando al clímax de igualar territorio e interés general a destino partidista particular.

Esta tendencia es una práctica muy habitual y no solo la podemos ver en la Región de Murcia. Susana Díaz en Andalucía o el propio Pedro Sánchez están utilizando abiertamente el Gobierno como plataforma comunicativa. Solo hace falta echar un vistazo al nuevo uso de las cuentas institucionales del Ejecutivo nacional para darse cuenta de que los límites entre mensaje de institución y mensaje de partido (que es más bien mensaje de líder) se están difuminando. La propia decisión del candidato socialista a San Esteban, Diego Conesa, de asumir la Delegación del Gobierno es un ejemplo perfecto del nuevo tiempo político-comunicativo que tratamos de describir en este artículo.

Se abre un debate muy interesante ahora, como ha señalado el parlamentario de Podemos Óscar Urralburu, para distinguir información sobre políticas públicas de propaganda. No será fácil saber cuándo un Gobierno, el autonómico murciano o cualquier otro, está hablando asépticamente sobre programas públicos o cuándo está formando parte de las nuevas tendencias de comunicación gubernamental, más centradas en la transmisión de relatos con contenido ideológico-político que en simples campañas de información. Todo esto considerando que los partidos ya no son agentes determinantes en la comunicación política, más centrada en los líderes, en las personas, que en las siglas.

O son los aficionados, las bases, las que asumen la gestión del Real Murcia o asistiremos al enésimo fracaso de un Club que está en el corazón de esta Región

Cuando en 2010 el Atlético Ciudad –lo que quedaba del Club de Fútbol Ciudad de Murcia tras las ideas y venidas de Pina– desapareció, la afición emprendió una ejemplar movilización culminada con una novedosa propuesta de gestión, que importaba para nuestra Región (y también para nuestro país) modelos como el del AFC Wimbledon o la Unione Venezia. Un nuevo club en forma de “accionariado popular” fue la respuesta: los aficionados serían ahora parte directa de la gestión y las decisiones, alejando al deporte de los intereses de negocio. Un club por y para la gente que ya lleva 8 temporadas en pie.

En la forma de gestión de accionariado popular no hay accionistas mayoritarios y los directivos están lejos del prototipo clásico. Ahora, hemos visto como en la enésima crisis del Real Murcia la afición ha vuelto a dar una lección de capacidad de acción colectiva con las pulseras #SosRealMurcia, cuya recaudación ha permitido que los trabajadores cobren sus nóminas atrasadas (solo el pueblo salva al pueblo).

El proceso de ampliación de capital en el que está sumergido el Murcia no puede culminar, de nuevo, en un sistema de concentración del poder, detrás del cual se congreguen intereses económicos. Si de verdad se quiere que el lema “hazlo tuyo” sea real hay aspirar a dar todo el poder, todo el protagonismo, a la afición, de la forma más horizontal y democrática posible.

Es precioso que no nos resignemos a que el Real Murcia desaparezca. Su historia, de casi un siglo, es la historia de una ilusión común frente a las adversidades que, como en el caso del Ciudad, hacen que el deporte de verdad, el que vive la gente corriente, y no el de las grandes corporaciones empresariales, nos vuelva a emocionar.

Atrás tiene que quedar el Murcia más centrado en los pelotazos urbanísticos que en dar alegrías a la afición cada domingo. Este nuevo Murcia, para ser viable, no tiene que tener más dueño que los murcianos, convertirse en un equipo de base popular y transversal, dejar de generar cansancio y desafección, reforzar su envidiable arraigo social. Esta salida permitirá superar las sombras de los procesos de ampliación y de renovación, para poder volver a hablar de fútbol y no de juzgados o tramas cuando pensamos en los pimentoneros.

El fútbol del futuro –no confundir con “fútbol moderno”– no es el de las grandes sociedades anónimas, sino el de los clubs de base, populares y democráticos. Como siempre, toda crisis saca lo mejor de nosotros. Desde la Plataforma de Apoyo y la FEPEMUR, que han conseguido despertar un movimiento ciudadano de solidaridad increíble, hasta el apoyo de eternos rivales o del propio CAP, que incluso ha realizado una donación económica por entrada a la Plataforma. De todo lo malo nos quedamos siempre con la respuesta popular.  Por el bien del fútbol: ¡el Real Murcia para la gente!

Las fiestas de pueblo son un evento sociológicamente maravilloso. Y los políticos tradicionales saben que en ellas se juegan mucho: un ambiente positivo, cultura popular y cercanía con la gente, pero sin que medie ninguna situación tensa, todo muy distendido, con churros y feria, cero pancartas.

Diego Conesa y Fernando López Miras han competido por ver quién pisaba más procesiones o actos folclóricos. Al segundo parece no terminar de gustarle que Conesa tenga sitio justificado y visibilidad en toda la geografía murciana gracias al cargo de Delegado del Gobierno, porque los populares saben que ocupar el espacio ya es una victoria y, ahora, lo tienen que compartir con el que será su principal rival electoral en 2019. La posición institucional de Conesa tampoco viene nada bien a Podemos, Ciudadanos y Somos Región, que quedan en segunda línea en este fomentado dueto pimpinélico.

Conesa jugará contra su propio partido durante estos meses. Una mala declaración sobre agua o un desliz sobre financiación o infraestructuras podría facilitarle el discurso al PP y a los regionalistas, mientras que Podemos ahora solo puede jugar con el PSRM a “yo doy más” o “yo soy más auténtico”.

La foto de Conesa con la abuela del Soterramiento es un claro ejemplo de la tensión estratégica que mantendrán los socialistas con la formación morada, porque hay una fina línea entre la colaboración virtuosa que suma y la insignificancia a la que se puede ver sometido el partido por el voto útil a favor de los socialistas ahora que parece cerca el final del ciclo popular en la Región de Murcia.

Por otra parte, el verano termina sin el baño de Casado en el Mar Menor, y no será por falta de plazas hoteleras para alojarse este año. El cupo de imágenes desagradables dejado desierto por Casado lo cubrirán las idas y venidas de Zapatero con la UCAM, un suceso que ha puesto en duda la firmeza de los socialistas murcianos en defensa de la igualdad, la universidad pública y la excelencia.

Mientras que nos recuperamos de todo esto el otoño nos traerá una escalada de promesas de última hora por parte del Gobierno regional, como la reactivación del proyecto de puerto en El Gorguel. Parece que en San Esteban están preocupados por la falta de logros visibles desde 2015 y van a poner en marcha la máquina de hacer titulares, aunque deben advertir los electores murcianos que detrás de esos anuncios no hay más que humo tóxico de precampaña. A un partido que lleva más de 23 años con tareas de gobierno hay que exigirle resultados, no promesas, no proyectos.

A ocho meses de las elecciones todo lo que había que hacer está hecho y todo lo que había que demostrar está demostrado. Ahora a los partidos les toca hacer un profundo proceso de diseño de sus campañas y recapitular sus contribuciones en estos años.

Si se pudiera pedir un deseo para esas campañas sería que todas ellas fueran en clave regional, olvidando grandes debates ideológicos nacionales y centrándose en la gestión más cercana a los ciudadanos. La coincidencia de unas elecciones europeas no le pondrá fácil a los equipos de campaña la tarea de superar los ejes nacionales, pero, especialmente la oposición, debería coaligarse en esto.

Cuanto más se hable de la Región de Murcia y de los candidatos regionales (mejor Urralburu contra López Miras que Pablo Iglesias contra Casado), peor le irá al Partido Popular que, por su parte, volverá a intentar hacer de Pedro Sánchez un Zapatero puchimbol al que culpar de todo lo malo, haciendo de paso gala de un repentino patriotismo chico, virtud que pretenden arrebatar al veterano Garre.

Ningún partido regional está haciendo bandera de la ya vieja conocida propuesta de creación de una segunda provincia para nuestra Región. Además de que con el cambio ganaríamos diputados y senadores, es decir, peso político nacional, algo de lo que no vamos sobrados, dejar que esta reivindicación sea exclusivamente defendida por un partido localista agranda la preocupante brecha entre Cartagena y el resto de la Región, que debe ser un proyecto común y a 45 bandas, lejos de cualquier centralismo.

Es cierto que la provincia de Cartagena es una propuesta tradicionalmente ligada a sectores conservadores. De hecho, Ramón Luis Valcárcel la defendió en su día junto a parte del empresariado de la ciudad portuaria, pero la traición y el olvido del PP a Cartagena es una oportunidad para agregar demandas diversas y hacer posible la transformación política que necesitamos a nivel regional. Desde que en 1833 Cartagena dejó de ser una provincia marítima para ser parte de Murcia ha perdido visibilidad, castigada recientemente por la ausencia de cohesión territorial en las políticas públicas regionales, y su identidad se diluyó con los gobiernos de PP y PSOE, que consiguieron arrinconar al Partido Cantonalista –movimiento político que incluso ocupó la alcaldía entre 1987 y 1991–. En 2015 las cosas empezaron a cambiar y Movimiento Ciudadano ha conseguido reactivar un sentimiento nunca muerto que es hoy ya un movimiento social de considerables dimensiones. Sin embargo, hay que recordar a parte de los miembros de este movimiento que el problema político que afecta a Cartagena nada tiene que ver con los murcianos, sino con quién ha ostentado el poder. Es equivocada la estrategia que rechaza construir Región en común, como equivocada es la estrategia de no atender a las demandas cartageneras de dignificación.

La provincia es un proyecto viable económicamente, imprescindible políticamente y con cobertura legal. La Región de Murcia atraviesa una preocupante crisis de identidad colectiva (si es que eso existió alguna vez), que solo se puede revertir reconociendo e impulsando las innegables diversidades de esta tierra. Y esta bandera la tienen que levantar, necesariamente, las opciones progresistas, pues nadie más está dispuesto a comprender que los territorios, da igual que sean países o regiones, no pueden formarse de espaldas a las gentes que los conforman. Además, reconocer a Cartagena como sujeto político es una interesante forma de practicar regionalismo. Son más los cartageneros que no odian a los murciano; simplemente están hartos, como también lo están los habitantes de otros pueblos y comarcas, de que la vida empiece y termine en Trapería.

Más de la mitad de los cartageneros quieren recuperar la condición histórica de provincia (Sigma Dos, 2014) y darle la espalda a esta situación solo pone en peligro el proyecto ilusionante llamado Región de Murcia. La biprovincialidad no es una dádiva a Cartagena y comarca, es un justo reconocimiento de su estatus histórico y de su peso socio-económico. Nos beneficia a ambas partes y frenaría un proceso acelerado de desconexión sentimental. No basta con levantar la bandera de la comarca, porque las actuales reglas de juego organizan nuestro sistema de representación política sobre la base de la provincia. Nuestra opinión sobre la mayor o menor idoneidad de seguir manteniendo esta institución decimonónica en el siglo XXI es un debate tan a largo plazo que plantearlo es una forma sutil de ponerse en contra de una aspiración realista, pero con mucha carga simbólica, que reforzaría al conjunto regional.

Porque es posible decir que “2 es más” sin ser cartagenero, afrontemos serena y regionalmente este debate de una vez por todas.

A finales de julio estará lista la nueva orden de precios públicos por servicios académicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Lo hará, un año más, con retraso respecto al plazo de inicio de matriculación. Y lo hará, un año más, sin la igualación del precio de los másteres respecto a los grados y sin la bonificación del 99% de los créditos aprobados en primera matrícula para no becarios, una medida que garantiza la progresiva gratuidad de la educación superior.

Que cada asignatura aprobada te haga no tener que pagar otra es una medida razonable e incentivadora. Más allá de las idas y venidas del sistema de becas o de sus particulares baremos –que hacen perder en ocasiones la beca a buenos estudiantes–esta medida permitiría a muchas compañeras y compañeros cursar sus estudios de Grado abonando casi únicamente el primer curso, con un ahorro del 75% de los costes, y a los estudiantes de Máster, habilitante y no habilitante, afrontar sus estudios de posgrado de forma casi gratuita. Es una propuesta moderna y que mitigaría los efectos de la pérdida de beca para muchos compañeros y compañeras, a los que tampoco llegan unas exiguas ayudas al estudio propias. Es cierto que de esta medida se pueden beneficiar alumnos de familias con un alto poder adquisitivo, pero es que los servicios del Estado de Bienestar no se deben financiar por precios públicos, sino a través de un sistema tributario progresivo capaz de redistribuir la riqueza.

La gratuidad de la educación superior da buena cuenta de la fortaleza y madurez de un Estado de Bienestar y es un instrumento fundamental para luchar contra la desigualdad dentro y fuera de los límites de las instituciones educativas. Es un verdadero “mazazo” que los estudiantes murcianos no puedan disfrutar de esta bonificación mientras que a 200 kilómetros, en la Universidad de Almería, ya está puesta en marcha. También lo estará dentro de poco en otras regiones como Extremadura o Valencia. Se trata de un problema de voluntad política por parte del Gobierno regional. Los aproximadamente 15 millones en los que se cifra su coste –compensación por pérdida de ingresos que se debería hacer– no deben ser tan difíciles de cuadrar en un presupuesto que supera los 4.500 millones de euros, si bien, como en todo presupuesto, la asignación de partidas responde a un orden de prioridades coincidente con los valores del Ejecutivo que lo redacta.

Esta orden de precios, previsiblemente, también incluirá, respecto a la forma de pago, el aumento de los plazos hasta 7 (actualmente está en 6), un aumento que se sitúa muy lejos de los 10 reivindicados. También quedará pendiente previsiblemente en esta orden de precios la reducción de tasas por expedición del título académico, que actualmente se sitúa en unos excesivos 215€. Ese dinero se suma a otras cantidades diversas de dudosa justificación como el pago de 18€ anuales por gestión de expediente académico o los 78€ más otros 18 por específica que se tienen que afrontar en las pruebas de acceso. Tampoco podemos olvidar la urgente necesidad de sustituir el pago de matrícula de asignaturas del segundo cuatrimestre no vueltas a cursar por el abono de los derechos de examen en la convocatoria de enero.

En resumen, las universidades públicas tienen que hacer comprender al Gobierno regional que es el momento de transformar su modelo de financiación, descargando de las familias y los precios públicos lo que debería ingresarse por transferencias de la Administración autonómica.

La actividad política es muy ingrata: un día chuleándote y al otro nadie te cuela en el restaurante. Es como ser actor o estrella de rock

Me ha sabido fatal lo de Bernabé. Vuelvo a encontrar en él muchas similitudes con Paquita Salas. Fracasada y humillada ante los vecinos, relegada por Conesa, vilipendiada por Urralburu y, encima, teniendo que pedir trabajo a López Miras

A Paco Bernabé le han buscado una nueva colocación en el Senado, como si se tratara del hijo inútil de tu vecina al que has enchufado en la empresa en calidad de “no sé sabe muy bien qué”. Me ha dolido por él todo el espectáculo que ha rodeado al hecho. Parecía urgente volver a darle cualquier cosa, como si estuviera enganchado.

La actividad política es muy ingrata: un día chuleándote y al otro nadie te cuela en el restaurante. Es como ser actor o estrella de rock. Si te quitan de primera línea, o te haces unos Pasapalabras que recomendaría Paquita Salas o te vas al Senado a verlas venir. ¿Por qué no se es capaz de volver a las discretas vidas de antaño? ¿Tan difícil es volver a ser con toda la dignidad del mundo un auténtico don nadie? Es muy doloroso ver a una vieja estrella del rock mendigando por los bares un micrófono, unos focos. Haría bien esa estrella en volver a su vida, si es que tiene, o incluso montar un pequeño negocio, con la filosofía entrepeneur que tantas vidas rotas ha salvado.

Los políticos derrotados a veces se aferran al show business de una forma muy ridícula. Quieren seguir teniendo un cargo, por muy bajo que sea, como ser senador por designación autonómica tras tener que remover a otros dos compañeros para que lo seas. Yo me sentiría depresivo. Quiero decir, es también un poco como cuando tu padre te acomoda un sitio en su negocio de toda la vida porque estás en paro. Puede que esté bien si lo necesitas para pagar la hipoteca, y si este es el caso ni mil palabras más, pero si es por tener algo que hacer por las mañanas resulta de mal gusto.

También me ha contrariado este accidentado nombramiento de senador por la gente del PP que se deja la piel en su pequeña zona y que nunca va a cobrar un sueldo sustancioso del partido. Alguien debería decirles que dejen de pegar carteles o recoger firmas para la prisión permanente porque no les va a servir para nada, a ver si paran. El sueldo lo cobra quien presta servicios y no precisamente a España. Los puestos no los ocupa el mejor, por cierto, que también va siendo hora de contar eso. El puesto lo ocupa el mejor, pero en el arte del manejo, una habilidad milenaria en las organizaciones.

En definitiva, que me ha sabido fatal lo de Bernabé. Vuelvo a encontrar en él muchas similitudes con Paquita Salas. Fracasada y humillada ante los vecinos, relegada por Conesa, vilipendiada por Urralburu y, encima, teniendo que pedir trabajo a López Miras para poder seguir siendo algo más que ella misma. Esta es la vida del político, unas veces tan arriba y otras tan abajo que ni tu grito se oye.

A los que están pensando en dedicarse a la política, el ejemplo de Bernabé les debe servir para no hacerse demasiadas ilusiones. Porque tú puedes caer y no tener a nadie que le pegue la patada a Severa y la mande a Jumilla por ti y, entonces, ¿qué? Pues entonces solo te quedará buscar muchas veces en Google tu nombre y desear que alguien vuelva a insultarte, eso significaría que tienes de nuevo un poquito de poder.

El concepto de democracia tiene que ver en buena parte con que no siempre ganen los mismos. Para que no siempre ganen los mismos no basta con que exista alternancia de partidos o de caras en el poder, tiene que existir un cambio de orientación de las políticas, de las prioridades y de las formas de actuación.

Los grupos de interés o grupos de presión tienen un papel importante en la articulación de las demandas sociales, pero si entre ellos se establecen jerarquías relativas a su posibilidad de acceso e influencia en el poder estos grupos se convierten en una peligrosa amenaza para la democracia. Recientemente la patronal murciana ha iniciado una campaña para domesticar al Delegado del Gobierno y garantizar la llegada del AVE en superficie con vía provisional, incumpliendo todos los compromisos adquiridos.

Es tan particular (no colectivo) el interés que legítimamente –no obstante– defiende CROEM que una cesión supondría romper una vez más la confianza ciudadana en las instituciones. Los grandes empresarios no pueden pretender ganar siempre y, en este caso, el interés general consiste en cumplir los acuerdos establecidos, un cumplimiento que puede realizarse simultáneamente con la puesta en marcha de fórmulas alternativas para responder en parte a las demandas de los sectores económicos.

La actual movilización empresarial es una excepción en el posicionamiento habitual de la confederación empresarial que ha guardado silencio o un perfil bajo ante otras situaciones de igual o mayor impacto económico y de desarrollo para la Región. Vale que a la CROEM se le pida opinión para poner y quitar consejeros, al fin y al cabo ese es un problema de fortaleza personal del Presidente de la CARM, pero es del todo inadmisible la ausencia de compromiso social por parte de los grandes empresarios murcianos en este asunto. Responsabilidad Social Corporativa también es entender que el desarrollo económico debe hacerse sin romper la cohesión social y en este caso tiene que saber el Sr. Albarracín que la propuesta de llegada del AVE por él defendida es garantía de ruptura para la ciudad de Murcia.

Las empresas del futuro están comprometidas con su entorno, con los ciudadanos que lo forman y no pretenden arrasarlo sin el más mínimo miramiento. Es absurdo pretender construir un modelo de progreso sobre la imposición del interés inmediato de unos pocos sobre el interés de la mayoría, aún cuando esa mayoría esté formada por gente de barrios que normalmente importan poco, gente que no cierra contabilidades con más de 6 ceros o a la que no se le pregunta quién debe ser el próximo Consejero de Economía porque su aportación al PIB regional a penas podría ser expresada numéricamente en una calculadora.

No creo que sea necesario aclararlo, pero por si acaso, es conveniente recordar que la llegada del AVE soterrado es una opción con un amplio y constatado respaldo social, que va más allá de la opinión de los vecinos directamente afectados –respaldo recientemente constatado con el posicionamiento de la Asamblea Regional–.

En democracia el voto y la opinión del Sr. Albarracín tiene exactamente el mismo valor que el voto y la opinión del Sr. Contreras, la priorización de una u otra solo depende de la orientación política del cargo público, que debe ser siempre independiente en la toma de decisiones.

Por eso, es imposible no denunciar la campaña de chantaje que ha iniciado CROEM, más al servicio del PP que del desarrollo económico, pues hay que recordar a los empresarios que se proveerán las alternativas pertinentes para que el cumplimiento del acuerdo de 2006 se haga sin perjudicar en exceso su posición.

El crédito político de la Delegación del Gobierno pasa por no escuchar siempre a los mismos, por demostrar que la sociedad civil es algo más que las sociedades de grandes empresarios y que el ciudadano más rico de la Región no puede pretender que su opinión valga más que la de ningún otro. Si la condición de actor político relevante la determinan tus balances trimestrales reconoceríamos que la democracia de las urnas es puro maquillaje de un sistema excesivamente estratificado en el que gobiernan los que no rinden cuentas porque no se presentan a las elecciones. Diego Conesa, no falles a la democracia.

El Partido Popular, por primera vez en la serie histórica de la demoscopia murciana, deja de ser el partido preferido por los electores de la Región

La vigencia del conflicto hídrico. La política por issues

issuesLos principales problemas percibidos por la ciudadanía de la Región de Murcia son el desempleo (26,7%) y el agua (17,6%), muy lejos de otras temáticas como la clase política (11,4%) o la corrupción (8,7%). Estos datos demuestran la particularidad del debate político murciano, en el que un issue regional desplaza a la corrupción como segundo gran problema, posición que ocupa a nivel nacional según los datos del CIS de abril 2018.

Tras observar estas cifras resulta procedente cuestionarse si los partidos que relegan la cuestión hídrica o la creación de empleo en su discurso, sustituyéndolas por regeneración democrática y justicia social, deben permanecer en su empeño hasta desplazar a la opinión pública a su campo de preferencias o si, por el contrario, lo que deben hacer es cambiar el orden de políticas públicas de acción prioritaria en sus programas, para ofrecer desde sus principios ideológicos una respuesta consistente en materia de desarrollo, que es la etiqueta en la que podríamos agrupar desempleo y gestión el agua. En resumen, parece razonable que la oposición hable más de agua y de empleo (en el sentido que se quiera), aunque esta apuesta, soy consciente, es fácilmente rebatible por aquellos que consideran que un partido nunca debe actuar discursivamente en un campo históricamente capitalizado por otro actor, es decir, un terreno donde no tiene reputación. Este debate es tremendamente importante porque al relegar al PSOE y a Podemos a aquellas áreas donde tienen buena reputación y se pueden mover cómodamente, justicia social y lucha contra la corrupción, mientras estos temas no sean los prioritarios en la opinión pública se estarán autolimitando sus posibilidades de atracción.

Y hay quien puede añadir que la prioridad del tema hídrico no es tanto el reflejo de una preocupación real, sino de un dominio electoral del PP y de C´s (la orientación de voto sería anterior a la selección de los problemas de forma que cada elector ordenará sus problemas después de haber decidido su voto en función de otras cuestiones como la ideología o el liderazgo). En cualquier caso, resulta imposible ampliar las bases del cambio sin recolectar apoyos en sectores que ahora no votan a opciones progresistas. Las razones de ese no voto pueden residir, precisamente, en la incapacidad presupuesta de esa oferta política para dar respuesta a los problemas que el elector considera más relevantes (teoría “policy-oriented voting”). Retomando la hipótesis sobre el tipo de políticas públicas que debe priorizar cada partido, en el caso de las opciones de cambio por la izquierda, dado que es difícil alterar en el corto plazo la opinión pública para situar aquellos asuntos que le son más favorables por encima de otros que no lo son tanto (como el agua), no existe otra salida que hablar de aquello que no es un “tema propio” –así lo está asimilando Diego Conesa y también miembros de la dirección de Podemos– , sobre todo cuando el PP ha disminuido su reputación para resolver la cuestión.

La influencia del contexto nacional, clave para explicar los resultados

Miguel Sánchez es menos conocido por los murcianos que Óscar Urralburu y que Diego Conesa –líder que ni siquiera está en la Asamblea Regional–. Igualmente Sánchez es peor valorado que el Presidente López Miras, una relación muy diferente a la que mantenían Rajoy y Rivera en el ámbito nacional. Se puede afirmar con estos datos y con una mera observación del sentir general que los dirigentes locales de Ciudadanos no son el principal valor del partido naranja. Por eso, solo el contexto nacional nos puede explicar los excelentes resultados obtenidos en la encuesta –ganarían las elecciones– . La influencia del contexto nacional debe ser medida meticulosamente por los 4 grandes partidos y, en cierta forma, también por Somos Región, el partido más dependiente del factor liderazgo como elemento explicativo del voto.

Al PSOE le puede ahora beneficiar tener a Moncloa de su parte (sobre todo si Fomento libra presupuesto y Conesa empieza a cortar cintas), un hecho que no refleja la encuesta, y que puede crear un clima general de opinión más favorable. Ciudadanos, por su parte, puede ver devaluado su impulso, no solo porque la moción de censura ha supuesto un revés para Rivera, sino porque el paso a un segundo plano del conflicto catalán (al menos en los dos últimos meses) les perjudica. Aún a pesar de esto Ciudadanos es junto con el PSOE el partido al que más le interesar jugar las autonómicas en términos nacionales, frente a Podemos, el gran interesado en que se visualicen sus valorados liderazgos regionales y su estilo propio, alejado en algunos casos de la línea nacional. Por otra parte, el PP ha sido tradicionalmente premiado cuando se hablaba en términos nacionales pues los grandes debates le han permitido tapar las malas gestiones cercanas. Mientras se hable de que Puigdemont apoyó a Sánchez no se habla del soterramiento, por ejemplo. Es razonable entonces pensar que al PP también le interesa una campaña en términos de “marca” y discurso ideológico muy en abstracto-nacional. El único actor que junto con Podemos no sería beneficiado de la superposición del eje nacional, favorecida por la coincidencia de las elecciones europeas, sería Somos Región que, por motivos obvios, prioriza temáticas y debates autóctonos.

El centro-derecha sale reforzado

De celebrarse mañana las elecciones y según los datos del barómetro, el centro-derecha regional sumaría 31 escaños, 5 más de los que ostenta en la actualidad (22+4). Por su parte, la izquierda bajaría de los actuales 19 asientos (13+6) a unos exiguos 14 escaños, sobre todo por la caída del PSRM ya que Podemos resiste bien –solo pierde un diputado– y todo ello sin contar con los votos de una posible confluencia y a 1 año de la cita electoral. ¿Qué quiere decir que el centro-derecha sume 31 escaños, como en los mejores tiempos de Valcárcel? Fundamentalmente que los electores ven en Ciudadanos y Somos Región fuerzas de cambio, más allá de su ideología. De tal forma, aunque el espacio ideológico más afín al PP esté mucho más reforzado que en 2015 –a costa de los socialistas– , esto pasa por un rechazo absoluto a la propia continuidad de los populares en San Esteban. Tanto es así que el escenario más factible con esa distribución de escaños sería una cuerdo entre Ciudadanos y PSRM, en el que incluso se le podría dar algún espacio a Somos.

La situación para los socialistas es delicada, porque al mismo tiempo saben que Ciudadanos es un socio prioritario a nivel regional, pero que deben conseguir transmitir que “el cambio necesario” no se puede materializar a través de la marca naranja como parece que opinan de momento buena parte de los electores.

En todo caso respecto a la proyección de escaños debe recordarse que no se ha procedido a la inclusión de dos actores relevantes, por los que no se preguntaba en el cuestionario: Movimiento Ciudadano de Cartagena (que podría conseguir un escaño, habría que ver a costa de quién) e Izquierda Unida.

Los murcianos, más a la derecha que los españoles

La escala de autoubicación ideológica tiene la particularidad de que no refleja al 0 por lo que el 5 no es el centro ideal. Partiendo de esta consideración los electores murcianos tienen una ideología media de 5,18 (1 es extrema izquierda y 10 es extrema derecha) frente al 4,55 de los electores españoles –datos CIS abril de 2018–. Es indiscutible que el tablero ideológico regional está dominado por tendencias mucho más conservadoras que en el conjunto de España, fruto posiblemente de la transformación ideológica realizada por los electores tras sucesivas victorias del PP (muchos electores se han derechizado para no traicionar su tendencia de voto, aunque en la práctica muchas de sus ideas no lo hayan hecho).

El Gobierno regional no convence en su gestión del Mar Menor, la Asamblea Regional merece más confianza que el Parlamento nacional y el soterramiento se cuela como actuación urgente

Si bien la valoración de la situación política de la Región de Murcia es algo mejor a la que hacen los españoles en el CIS, el Gobierno regional se enfrenta a unos datos muy duros en cuanto a la valoración de su gestión en la crisis del Mar Menor. El 75% de los encuestados considera que la respuesta del Ejecutivo ha sido poco o nada adecuada y tan solo el 11% cree que se ha llevado a cabo una actuación aceptable.

En cuanto a los niveles de confianza ciudadana en las principales instituciones de la Región de Murcia destaca cómo el parlamento autonómico es la segunda institución mejor valorada por los encuestados, superando el 5,5, una cifra sensiblemente superior a la que obtiene el Parlamento nacional en el postelectoral del CIS 2016 (4,06). Los murcianos confían más en su legislativo de lo que lo hacen los españoles, muestra del protagonismo y pluralidad que ha adquirido el hemiciclo en la vida social desde 2015.

Finalmente, el soterramiento es ya incuestionablemente una prioridad de ámbito regional. El 5% considera que es una de las actuaciones más urgentes para conseguir el desarrollo de la Región, a poca distancia de las políticas de agua. En este mismo sentido, las políticas sanitarias y educativas siguen siendo, para los encuestados, más importantes para el desarrollo que las de empleo o las de infraestructuras según los datos del estudio. Estos datos son ciertamente contradictorios con el perfil ideológico medio y con la ordenación de los problemas.

Valoraciones e interpretaciones a un lado, es un gran paso adelante poder disponer de datos con los que acercarnos a la realidad social regional y es que también es un signo de avance democrático tener estudios periódicos y sistemáticos de opinión pública.

Se termina de confirmar que el ejecutivo diseñado por Sánchez es un Gobierno progresista, pero no de izquierdas. Un Gobierno moderno, pero no transformador

Es indiscutible que Pedro Sánchez ha diseñado un Gobierno de prestigiosos profesionales, igualitario y moderno, pero este avance no puede hacernos olvidar el perfil mayoritariamente socioliberal y posmaterialista de los nuevos integrantes del Consejo de Ministros. Socioliberal porque su defensa cerrada de las decisiones fiscales europeas hace imposible ponerle el apellido de socialdemócrata y posmaterialista porque se centra en aspectos como el ecologismo o el feminismo, trascendentales y necesarios, pero que relegan al mismo tiempo la presentación de una alternativa consistente al modelo económico capitalista-global. Estamos ante la izquierda multicultural, la de los nuevos movimientos sociales urbanitas, la que renuncia al economicismo.

No es difícil establecer paralelismos entre el modelo político de Sánchez y el de otros liderazgos `guapos´ y `progres´ como el de Trudeau en Canadá o el de Jacinda Ardern en Nueva Zelanda. La nueva política (que no tiene nada que ver con viejos o nuevos partidos) quiere dejar en manos de la comunicación y la imagen los contenidos sustantivos de las decisiones públicas, pero hay una España que no termina de dejarse deslumbrar por la purpurina de Sánchez y le exigirá un paso más allá de los gestos.

Sobre todo cuando el presidente del Gobierno ganó las primarias de su partido a base de repetir que el PSOE “era la izquierda”, un lema que parece haber sustituido por el de “somos los progresistas”, viejo agregado ideológico que suena a Tercera Vía de Blair. Es cierto que tranquilizar a mercados y poderes fácticos es importante para la supervivencia de un ejecutivo políticamente débil, pero también es cierto que ésto se hace renunciando una vez más a la valentía.

Hasta aquí las lamentaciones porque se corre el riesgo de que la Izquierda Alternativa vuelva a ser el pitufo gruñón de la fiesta. Sánchez ha ganado el favor mayoritario de la opinión pública poniendo a astronautas y mujeres de valía profesional a su alrededor.

Este hecho hace inviable cualquier crítica política a medio plazo desde Podemos –un partido que como Ciudadanos tendrá graves problemas para mantener un discurso exitoso en esta mitad de legislatura–, no obstante, tenemos la oportunidad de dejar claro que no nos hemos dejado encantar del todo. Sabemos que Calviño es la España arrodillada del artículo 135, que Grande-Marlaska es un juez conservador y que Màxim Huerta es ese socialismo pop, casi frívolo, de bajo componente ideológico y alto crush, propio del Madrid gentrificado que echa de menos la Movida.

En resumen, de la España de los novios de la muerte a la España LGTBi, ecologista, feminista liberal y europea. ¿Mejor? Sí. Insuficiente, epidérmico y centrista, también. Solo resta pedir que esta renovación estética del 78 no refuerce al bipartidismo porque el régimen solo se ha aireado, no ha cambiado.

Hasta en el momento más oscuro de la vida política del partido conservador español, la incapacidad política de la oposición da alas al PP para iniciar una renovación estética que le permita encarar el próximo ciclo electoral

¿Si son unos golfos, y nosotros somos buenos, por qué nos ganan?, es la pregunta más ingenua, pero más dolorosa que cualquier militante medio de la izquierda española se lleva haciendo unos cuantos años. La respuesta es sencilla: los malos hacen política; los otros, bucólicos poemas pastoriles.

Es difícil adivinar cómo acabará la moción de censura y, realmente, nos debe importar poco porque de ahí va a salir de todo menos un Gobierno pleno. Es factible que finalmente el argumentario “esto consiste en votar sí o no a la corrupción” triunfe, aún cuando Pedro Sánchez parece no estar negociando con nadie, demostrando nuevamente que en este país el parlamentarismo es una pieza de museo. También puede ser que decaiga la moción por los infinitos vetos cruzados de una oposición histérica y que luego el PP convoque elecciones cuando le sea más cómodo y como le parezca oportuno, siempre con victimización de por medio y apelando a los mercados.

En cualquier caso, la inevitable demolición del Gobierno Rajoy va a ser controlada por el propio PP ante la falta de acción colectiva organizada en la fragmentada oposición (que paga caro la sobrerrepresentación de los nacionalismos periféricos). Esto permite al PP, que se sabe necesario de una catarsis, utilizar la crisis abierta por la sentencia de Gürtel como una ventana de oportunidad para impulsar “un nuevo partido”. No es la primera vez que los conservadores inician una campaña de renovación estética en momentos de necesidad extrema y por lo que podemos predecir, esta campaña pasará por la feminización de su liderazgo antes o temprano.

Me resulta sorprendente, y así lo he expresado en alguna ocasión, cómo ninguno de los cuatro grandes partidos ha visto hasta ahora que poner su liderazgo en manos de una mujer supondría una ventaja comparativa de amplias magnitudes, algo parecido a lo que defendí cuando en las elecciones rectorales de la UMU una suerte de Hombres G intentaba hacerse con Convalecencia. Por supuesto sabemos que este marketing, con campaña “hagamos a la primera mujer presidenta” incluida, puede estar al servicio de una alternativa política completamente reaccionaria y nada feminista, pero en el mundo de Instagram, las esencias políticas se resumen en generar un buen crush.

Si el PP es inteligente podría dejar noqueados al resto de candidatos amortizando a Rajoy porque eso ya no hay quien lo sostenga, e iniciar un camino hacia el movimiento Hillary, que en nuestro país les podría servir para seguir siendo los más votados. Hay quien prefiere a Cospedal, otros hablan de Saénz de Santamaría, pero el nombre es lo de menos, aunque la primera se está curtiendo muy bien la imagen institucional –tras el finiquito simulado diferido– a base de pasar revista.

Lo importante es que la indecisión de la oposición permite al PP iniciar un proceso de renovación, casi de refundación, imprescindible para no acabar siendo la nueva UCD. Con elecciones en otoño, el nuevo PP puede volver a ser la lista más votada y la derecha en conjunto sumar más que en 2016, con Ciudadanos como segunda fuerza en votos. Sería un escenario tan doloroso, tan humillante, que sinceramente resultaría extraordinario para la catarsis que las opciones de progreso necesitan, ensimismadas en sus grandes retóricas y pasmadas ante la realidad.

No pensaba escribir nada sobre esta polémica que tanto duele y que tanto cansancio genera, una vez más. Lo más cómodo era apuntarse a la desafección creciente entre el electorado izquierdista de este país, cuya desmovilización permitirá que el neoliberalismo de Ciudadanos termine cerrando victoriosamente la brecha que abrió el 15M.

Las condiciones personales no tienen que capacitarte necesariamente para poder defender unos determinados intereses, es cierto. O al menos eso pensábamos en España antes de divorciamos de las élites políticas tradicionales por un hastío estético y moral. Abrazamos entonces el difícil camino del populismo, un camino imprescindible para los momentos que vivíamos y aún vivimos; un camino que exigía nuevos representantes, más que cercanos a lo que el pueblo sentía, directamente pueblo sufridor, para poder volver a reconciliarnos con las instituciones democráticas. Representantes que vivieran y sintieran, en consecuencia, como la mayoría social empobrecida. Era necesario para seguir legitimando la democracia que las élites políticas dejaran de ser esos burócratas aislados y traicioneros que montaban en coches oficiales y fumaban puros en yates. Ese fue el discurso fundacional de Podemos: “no nos representan porque no viven como nosotros, porque no sufren como nosotros. Solo se preocupan de sus intereses”.

No es ilegal comprarse una casa con una hipoteca a 30 años. No podemos acusarles de falta de honradez, es cierto. La política no solo debe castigar al que roba, también al que traiciona la confianza. Quien usó el chalet como metáfora para señalar a la maldita casta frente a la bendita gente no puede ahora, aunque incluso existan razones, justificar su decisión. Es incomprensible en lo político, respetable en lo personal y triste en lo interno. Nadie le obligó a enseñarnos su pequeño piso madrileño, que olía a café y no a cloro de piscina. Nadie le obligó a realizar de la política emocional una nueva bandera, fue su apuesta, su exitosa apuesta, y debe mantenerla hasta sus últimas consecuencias, al menos, hasta que decida seguir representando el proyecto.

Y si el hecho cayó como un jarro de agua fría entre la mayoría de votantes, también lo hizo entre buena parte de los cargos públicos de Podemos, personas que comprendieron desde la más humilde de las concejalías que su forma de vida era un relato político, que debían ser no solo ejemplo vivo de compromiso en la arena institucional, sino también en sus quehaceres cotidianos, en sus filosofías de vida. De estos principios nace la limitación salarial, seña y orgullo del partido.

Odiamos a los poderosos porque estaban tan lejos que ni siquiera escuchaban nuestro grito. Les quisimos sacar del poder para que la moqueta se manchara con la suela de los zapatos de quien viene de la calle, y ahora, de repente, parece que los que tanto querían prevenirnos de la perversión institucional han transmitido una imagen de desvanecimiento ante las tentaciones de la vida burguesa.

Un error lo tiene cualquiera, es más, una contradicción la tiene cualquiera. Las sociedades están atravesadas por contradicciones que nos permiten confirmarnos que la vida es real. Yo escribo esto desde un MacBook, símbolo del capitalismo global y extractivo, de la contaminación medioambiental y del desprecio a los derechos laborales de obreros como los de Wintex en Taiwán, intoxicados por los altos niveles de n-hexano. Lo hago sin tapar la manzanita con uno de esos símbolos identitarios de la izquierda para sentirme menos normalizado. Por tanto, no es la contradicción en sí la que nos perturba, es la incoherencia. Jamás se me ocurriría dudar del compromiso ecologista de nadie por comprarse un móvil, ni de señalarle, ni de juzgarle moralmente. No es justo que quien ha hecho bandera de la estética workingclass, hasta tal punto que deslegitimaron el traje como atuendo, se cubra del primero de los derechos liberales, el de la privacidad, para escapar de sus contradicciones elevadas a incoherencias.

Lo peor no es nada de lo dicho. Muchas veces las personas tomamos malas decisiones y tan solo queda reconocerlo. Lo peor es la estrategia de defensa emprendida, la gestión de crisis realizada de la mano de los gurús Vestrynge y Monedero. Al principio el argumentario señaló que se trataba de un asunto privado que no debería ser objeto de debate público, una postura que, ante su debilidad, duró pocas horas. Después se sale a la defensiva, con la apelación a la manipulación mediática, la conspiración de los poderosos y la comparativa.

Esperamos como Arcadia en flor el día que la izquierda, al equivocarse, no salga por la vía elitista ni victimista, reconociendo que su pueblo, en este momento, le ha dado la espalda, porque no la comprende y que es ella y nadie más la que tiene un problema.

Elevado lo personal a político, porque desde el principio del caso lo fue, Pablo Iglesias e Irene Montero toman a toda una organización por rehén, convocando un plebiscito que pretende traspasar la responsabilidad sobre la incoherencia a todo Podemos. Los abnegados cargos municipales y autonómicos, que no tenían bastante con el estigma de radicales chavistas, tendrán que cargar ahora con una decisión que ya no es de dos,será de decenas de miles. Eso o el caos. Una estrategia propia del general de Gaulle en los días más dudosos de la V República.

Ya advertían los teóricos de la democracia participativa que algunos pueden usar sus instrumentos para simplemente legitimar decisiones cuando hay decisiones que no son, ni pueden ser, objeto de referéndum. Esto no quita que sienta la persecución mediática, que me duela, como me dolió humanamente la caída en desgracia de tantos otros políticos, porque no me gusta este tipo de política devastadora, pero son las reglas de juego que todos hemos aceptado de una u otra forma. Y cuando gracias a esas reglas ganaste batallas, ya nunca más puedes lamentar su uso por unos enemigos, los tuyos, poderosos, efectivamente, que jamás iban a ser complacientes contigo, como tú, seguramente, no lo serías con ellos.

La política iba en serio, la vida era cruel, nada de esto consistía en un simulacro. Y comprobando con decepción que utilizan armas cargadas, viendo que les están ganando, no pueden poner a su gente como barrera. Lo que fue una decisión personal nunca podrá vincular el futuro de toda una organización, porque temo que estemos viviendo los últimos días como si el objetivo de la victoria se hubiera sustituido por una supervivencia mínima de trincheras, como si se hubiera malgastado en miles de borradores 3 años. No hay segundas funciones, ni dos noches de estreno. No habrá mejor ocasión ni tiempo más favorable, aunque resistamos, aunque nos empeñemos en justificarlo todo, aunque odiemos a quien nos ataca. Me mantengo con la esperanza del reencuentro con el viejo Podemos, irrefutable, emocionalmente impecable, el de la bendita gente.

Las turbulencias que nos mantienen en un vuelo político peculiar desde 2010-2011 se explican por una crisis de representatividad sin precedentes, relacionada directamente con la incapacidad de los grandes partidos para hacerle creer a los ciudadanos que sus preferencias electorales serían cumplidas una vez en el gobierno.

Si PP y PSOE ya no eran los mecanismos de expresión de nuestra voluntad resultaba imprescindible alterar el sistema de partidos con una salida, en principio, multipartidista. Derribar el turnismo y el técnicamente denominado pluralismo limitado –que en la calle todos entendemos por bipartidismo, aunque las condiciones exactas no nos permitan calificarlo científicamente así–  fue la bandera del momento populista inaugurado por Podemos y utilizado más tarde por los nacionalistas catalanes y Ciudadanos.

El asalto interruptus a los cielos de la nueva política en 2015 obligó a realizar acuerdos con la misma élite política que meses atrás se había convertido en el núcleo articulador de todo el movimiento.

Ahora, a punto de finalizar el ciclo de transición iniciado en 2015, las aspiraciones de cambio frenadas han podido acelerar la voluntad de transformar nuestro sistema institucional al que se le considera, por la mayoría social, como la principal causa de la corrupción vivida. Vuelve, en resumen, una crítica general al bipartidismo y, más concretamente, a lo viejo, impulsada desde la demoscopia. Nos situamos en un escenario similar a los últimos días de la Francia de Hollande, con la diferencia de que aquí los conservadores pueden sufrir lo que en el país galo les pasó a los socialistas, un revuelo  que se resolvió, para variar y gracias al  semipresidencialismo, con una restauración neoliberal.

El proceso de sustitución de los grandes partidos no está generando, ni necesariamente va a generar, un nuevo bipartidismo ni un reparto diferente de las primeras posiciones, sino un sistema multipartidista que nos enseñará a jugar al parlamentarismo y a aprender de Dinamarca el arte de la política, si nadie cambia las reglas de juego y se autoproclama presidencialista in extremis.

Según el CIS la España joven ya ha completado el proceso de transición hacia un nuevo modelo político, abandonando a populares y socialistas.  Se extiende también este cambio a la generación X, entre la que Ciudadanos está haciendo su particular agosto. Ya solo queda que las fugas que se empiezan a vislumbrar entre los mayores de 65 se consoliden y aumenten, afectados todos ellos por una pérdida irreparable de confianza en el régimen del 78 tras los vaivenes del sistema público de pensiones.

No sería raro, por tanto, que a partir de ahora el eje nuevo/viejo, con la regeneración democrática como punto álgido, vuelva a nuestros marcos interpretativos y para ello se puede describir una alianza estratégica –y meramente instrumental– entre Ciudadanos y Podemos. El tiempo nos dirá si el multipartidismo y su consolidación a niveles de gobierno permiten cerrar la crisis de representatividad que, sin ser nombrada, tantas páginas de periódico ha ocupado en nuestro país desde 2010.

Hasta que no se haga público en junio el primer barómetro del CEMOP los murcianos no sabrán con exactitud cómo se empieza a dibujar el nuevo cuadro político de la Región, pero de la escucha activa de la calle se pueden extraer ya varias sensaciones generalizadas que, si se mantienen en el tiempo, pueden convertirse en presagios.

La primera de esas sensaciones generalizadas es que el PP se desplomará en mayo de 2019, acusado de un liderazgo débil y una ruptura de los grandes relatos mantenidos por Valcárcel desde 1995. Ese desplome, que incluso les podría dejar por debajo de los resultados de Calero en 1991 –17 escaños–, no está claro que se compense directamente con el auge de Ciudadanos. A nadie se le escapa que la invención de Ciudadanos responde a una cuidadosa estrategia para no romper el statu quo y es que da igual lo que pierda el PP en favor de la marca catalana si la suma de ambos partidos llega a 23 diputados y los populares son primeros, pero en el perfecto matrimonio entre naranjas y populares se ha interpuesto el veterano Alberto Garre con su nuevo partido Somos Región, ubicado en el centro-derecha regionalista. Los seguidores del ex Presidente parecen no estar dispuestos a ser una empresa pantalla del PP, por lo que parte del voto popular que se les fugue no se pondría a disposición de “Fer”, ni siquiera de otro candidato, en un eventual acuerdo de gobierno. Este es el peor escenario para San Esteban: si no suman con Ciudadanos lo perderán todo. Y también es un escenario delicado para Ciudadanos, que tendría que elegir entre la irrelevancia política o la apuesta por un gobierno de cambio, al que repetidamente ha declarado su alergia patológica. No les bastará con surfear en la ola nacional a los de Miguel Sánchez –parece que por poco tiempo– para crecer por encima del efecto circunscripción única, o dicho de otra forma, para alcanzar los ideales 8 escaños.

Mientras tanto, el PSRM se ve colocando a Conesa de Presidente con el apoyo de Somos, mientras que Podemos debería confiar a la buena imagen de sus líderes regionales una campaña autonómica que, de medirse en términos nacionales, sería condenatoria. Eso sí, aunque Podemos no mejore sus resultados puede multiplicar su relevancia política si sus 5, 6 ó 7 escaños son imprescindibles, como parece, para formar una nueva mayoría. En ese momento se tendrá que enfrentar al previsible veto de Garre y a la oposición del sector crítico regional a posibilitar cualquier cambio si no es máximo, algo parecido a la encrucijada que mantuvo en vilo la XI legislatura de España. Por el Podemos es el único partido que, previsiblemente, presentará ante la ciudadanía el mismo candidato que en 2015, una continuidad que puede jugar a su favor en una campaña donde, salvo PP y C´s, se pedirá el voto en clave regional.

Un cambio de gobierno

Los cambios de gobierno obedecen en política a que la cosa va mal o a que la cosa va muy mal. En este caso, y solito, López Miras ha enmendado su último año de gestión reconociendo que a sus consejeros les faltaba “gancho”. Especialmente dura ha sido la autoenmienda generada sobre Francisco Jódar y la política hídrica, conocedores los estrategas populares de que el campo se les va y de que, sin esas bases, es imposible la victoria. La respuesta ante la languidez ha sido una apuesta por el pasado y por perfiles poco políticos, una salida de difícil justificación racional. La vuelta de Fernando de la Cierva podría ser asimilable a un nombramiento por Pedro Sánchez de Alfonso Guerra como Secretario de Organización del PSOE. De la Cierva representa, además, la Murcia de Polaris World, una etapa tan acabada como lamentable. Junto al rescate de lo vintage se vuelve a observar la falta de apuesta por perfiles propios del sector para áreas tan importantes como Turismo y Cultura, que a partir de ahora dirigirá una abogada conocida por sus trabajos sobre ciberseguridad.

Es muy cuestionable, además, acometer un cambio ya no de consejeros sino de estructura organizativa –con todo lo que ello supone– a menos de 1 año de las elecciones y cuando solo ha pasado 1 año del último cambio. Un capricho inútil e infantil que generará parálisis administrativa y confusión en la CARM, jugando como si de pelotas de fútbol se tratara con competencias estratégicas como Medio Ambiente, Cultura y Turismo, que parecen meros adornos en manos del Presidente. Caprichos políticos.

Una vuelta (pretendida) a 2004

El ya famoso tweet de Pedro Sánchez impactó en Princesa como un meteorito. El Secretario General socialista ha declarado querer “poner fin a los trasvases”, una afirmación tan apresurada como desafortunada. De las posteriores declaraciones, que han intentado arreglar el “regalazo” que hizo Pedro al PP murciano, se ha podido concluir que la apuesta del PSOE es un modelo menos dependiente de la interconexión entre cuencas y más favorable a la desalación, alternativa sensata que de haberse desarrollado en sus días habría disminuido el impacto del colapso hídrico. Transitar hacia un nuevo modelo de gestión del agua, con cambios en la oferta y también en la demanda, no debe implicar en ningún caso “poner fin a los trasvases”, que siguen siendo necesarios en el nuevo modelo.

Este grave error de los socialistas no puede servir al PP para sacar rédito pues es el propio PP el que defiende, desde el Ministerio de Agricultura hasta Aragón, una concepción negativa de la política trasvasista. El enfrentamiento territorial y el dirigir la ira contra los socialistas servía mientras ZP estaba en Moncloa y ellos no podían demostrar nada, pero ahora que Rajoy ha tenido tiempo suficiente para traer “Agua para Todos” y, no solo no lo ha hecho, sino que con su gobierno ha habido “Menos Agua que Nunca”, los círculos populares deberían más que criticar, retuitear las palabras de Sánchez, muy en línea con los hechos de Tejerina. Ya no les vale el agua y no nos cansamos de repetirlo.

"Ahora, para 2018, las cifras presentadas por el Ministro de Hacienda al Congreso suman en inversión real 291,3 millones de euros, siendo por tanto una previsión que ni siquiera alcanza los niveles del año 2016, el año donde más se castigó a los murcianos"

"Claro que, del dicho al hecho va un trecho, o lo que es lo mismo, desde lo previsto a lo ejecutado se agranda aún más la brecha"

“La inversión del Gobierno central –póngase aquí PP– en la Región de Murcia crecerá un 27% en 2018”. Uno lee esto, en medio del Bando, y casi se reconcilia con esa extendida sensación de que los políticos murcianos no terminan de ser escuchados por sus sedes nacionales, especialmente los nuevos populares en Génova 13. Pasada la euforia y como buen hijo de vecino educado en la pública procedo a contrastar no vaya a ser, por uno de esos azares de la comunicación política, que tras el titular se esconda un vacío tan grande como el que ha dejado Pilar Barreiro en el Grupo Popular del Senado.

Efectivamente, el crecimiento de las inversiones para 2018 no recupera los hachazos que Montoro le dio a la Región de Murcia en los presupuestos de 2017 –todavía en vigor– y en los de 2016.

En 2017 las inversiones se recortaron en 58 millones de euros, un 18% respecto a 2016, situación muy diferente a la vivida en Canarias donde, por supuesto, el Gobierno recompensó los votos de Ana Oramas y Pedro Quevedo, resultando por tanto los 7 diputados murcianos (PP+C´S) que apoyaron las cuentas de ese año a precio de saldo.

En el ejercicio 2016 las inversiones del Estado en la Región de Murcia volvieron a bajar un 22,75 %, siendo campeones del recorte de gasto. Si comparamos los ejercicios 2015, 2016, 2017 y 2018, en el primero de ellos, año electoral, creció la inversión casi un 40% llegando a los 425 millones de euros; en 2016 se redujo drásticamente la inversión hasta los 326,4 millones y en 2017 se recortó sobre lo recortado con 272 millones de previsión. Ahora, para 2018, las cifras presentadas por el Ministro de Hacienda al Congreso suman en inversión real 291,3 millones de euros, siendo por tanto una previsión que ni siquiera alcanza los niveles del año 2016, el año donde más se castigó a los murcianos y murcianas.

A este análisis debe añadirse la cautela propia del manejo de las cifras de inversión territorializada porque suelen ser engañosas al tratarse de infraestructuras que no siempre terminan repercutiendo únicamente en una región, pero, en cualquier caso, son las cifras más significativas a las que debemos acudir para tratar de entender en qué grado apuestan las cuentas nacionales por nuestra Comunidad Autónoma.

Claro que, del dicho al hecho va un trecho, o lo que es lo mismo, desde lo previsto a lo ejecutado se agranda aún más la brecha. Sin ir más lejos y siempre en cifras del propio Gobierno central, en 2016, un año ya de por sí duro para los niveles de inversión, el Estado había ejecutado a 31 de diciembre en la Región de Murcia menos de lo presupuestado en algo más de 80 millones.

Los niveles de ejecución presupuestaria son un indicador fundamental para saber con qué grado de eficiencia y eficacia se está desarrollando la planificación de las políticas públicas y, en esto, Moncloa viene suspendiendo, llegando a niveles de ejecución inferiores al 75%. Veremos próximamente cuáles fueron los datos de ejecución en 2017 y si el Gobierno tenía razón responsabilizando al impasse político de su incumplimiento o si, por el contrario, se trata de una práctica generalizada de implementación defectuosa.

Con todo este panorama siguen sin realizarse apuestas estratégicas para desarrollar las infraestructuras hídricas que permitan ganar en autonomía y suficiencia a través de la innovación, e igualmente se hace imprescindible hacer un seguimiento crítico de la promesa efectuada por el PP de que en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado 2018 se detallaría la llegada del AVE soterrado a Murcia (vías y estación) con la famosa partida de 120 millones, una consignación que no se pudo disfrutar en anteriores ejercicios para el proyecto integral a pesar de lo comprometido desde 2006.