El debate de la reducción de jornada ha vuelto a sacar de debajo de las alfombras de los palacios liberales aquellos demonios que acompañan siempre a las medidas de reequilibrio económico, de reparto de la riqueza o de mejoras sociales para la mayoría. Es un principio muy primario que siempre va asociado al principio de la propiedad privada, donde cualquier opción a compartir de manera regulada los pingües beneficios que obtenga alguien de su patrimonio es un riesgo incalculable que no se puede asumir.

Estoy convencido de que una parte importante de la sociedad puede empatizar con este planteamiento liberal. De hecho, así es; si no, no se entendería el respaldo democrático que tienen algunas opciones ideológicas que representan estos intereses. Pero conviene insistir en aquellas explicaciones que matizan y contradicen estos principios básicos del liberalismo económico, porque la realidad es un pelín más compleja y, sobre todo, alberga una mayor interrelación entre los que tienen el patrimonio productivo y los que trabajamos para transformarlo en un negocio, vía por la que se genera el beneficio. Va pues el primer matiz: si el patrimonio no se transforma en negocio mediante la intermediación del trabajo, no hay beneficio posible.

Cuanto más se trabaje, más probabilidades de mejorar los márgenes del patrimonio en el negocio, y, por lo tanto, más probabilidades de mejorar los beneficios. Si por este trabajo se paga poco y se consigue que se haga durante largas jornadas laborales, pues los beneficios mejoran. ¿Es eso justo? He aquí el quid de la cuestión, la confrontación en el debate.

Por eso podemos aseverar que las personas trabajadoras quieren ganar más y trabajar menos como ejercicio de justicia social y económica frente a los beneficios de las empresas. Planteamiento sencillo, parece. 

Y curiosamente, cuando alcanzamos un acuerdo para reducir la jornada laboral los viejos demonios de las alfombras plantean que lo que la gente quiere no es en realidad trabajar menos, sino ganar más dinero. Pero por el otro lado, de forma poco coherente, cuando se sube el SMI para las personas que menos ganan, se niegan a acordar, lo que es una profunda contradicción con sus planteamientos contrarios a la reducción de jornada.

Cualquiera que pueda mirar todo esto con un poco de distancia puede pensar que son argumentos oportunistas que se utilizan en cada momento para defender mejor sus intereses. Pues sí, yo que estoy un poco más próximo al debate, coincido plenamente: son argumentos oportunistas para oponerse a un reparto de los beneficios más justo a través de una medida regulada, que les limita la plena disposición de su patrimonio para hacer con él lo que les convenga, genere ello desigualdades sociales o no. ¡Sus beneficios los han de poder repartir como mejor consideren, no como un marco normativo lo decida!

Cuando se acuerda reducir la jornada laboral los viejos demonios plantean que en realidad la gente no quiere trabajar menos, sino ganar más dinero. Pero cuando se sube el SMI se niegan a acordar. Es poco coherente

¿Miramos pues qué decide el marco normativo que les beneficia y al que no ponen ninguna pega?

Se trata de un marco de ayudas y subvenciones para inversiones, contrataciones, bonificaciones en las cotizaciones de la seguridad social, medidas fiscales para bonificar algunas actividades empresariales, etc… que también comprende infraestructuras físicas y digitales construidas y mantenidas por el estado sin las cuales no podrían desarrollar su actividad económica. Para todo esto no parecen tener tanto desapego de la regulación pública, eso parece ser que no cuestiona los principios de la propiedad privada. Pero claro, dirán que con sus impuestos ya pagan estas infraestructuras y ayudas y subvenciones. Sí, como no, pero también las pagan las personas trabajadoras, y con una carga mucho mayor que ellos. La renta del trabajo sobre el PIB está tendencialmente por debajo del 50%, y en cambio el peso de nuestra contribución a las arcas públicas supera el 70% del conjunto de los tributos. Podríamos decir que también con nuestros impuestos las personas trabajadoras financiamos más que ellos estas “oportunidades económicas” que provienen de la regulación pública.

Este país necesita incorporar el rigor al debate público y hacerse justicia a sí mismo con los éxitos que hemos conseguido en los últimos años, insuficientes todavía, pero importantes, muy importantes.

La transición energética y la digitalización ha comenzado a transformar el modelo productivo de nuestro país, y han hecho aumentar el tamaño medio de la empresa, que ha pasado de 6,4 a 6,9 personas trabajadoras de media en la pyme, e incrementado el número de empresas en total. El mercado laboral arroja cifras récord de contratación con 21,8 millones de personas ocupadas, la economía española ha crecido a un ritmo del 3,2% del PIB en el 2024 mientras la zona euro lo hacía al 0,7% y la productividad real ha crecido el 6% de media en el 99% de las empresas españolas.

El factor competitivo de una energía renovable más barata que la de nuestro entorno geográfico está significando un incremento de la inversión en activos materiales, que han pasado de 26,3 mil millones en 2018 a 30,8 mil millones en 2022, un crecimiento del 8,5%.

En este ciclo la mejora de los derechos laborales ha suscitado un cambio paradigmático en las relaciones de trabajo. La dualidad en la contratación se ha contraído, corrigiendo así uno de los factores que lastraban nuestro modelo económico y lo arrastraban a la competencia por los bajos costes salariales. La reforma laboral ha hecho del contrato indefinido el contrato ordinario en nuestro país. La contratación que se ha creado se ha desarrollado por encima del 70%, en profesiones de mayor valor añadido, mejorando la cualificación del trabajo. Se han reducido las desigualdades salariales, entre deciles de renta y entre género, gracias a los importantes incrementos del SMI. Estas condiciones de trabajo han promovido un nuevo nicho de creación de empresas de más valor añadido y que equilibra en parte el fuerte crecimiento del sector servicios, arrastrado por un sector como el turismo de una fuerte implantación en nuestro modelo económico. 

La configuración de la sociedad se ha de mover en otras coordenadas, donde la tríada del tiempo 8-8-8, solo sirve para una sociedad del trabajo sin mujeres en los aparatos de producción

No es incompatible mejorar la explotación del patrimonio, de la propiedad privada, con la regulación de los repartos de los beneficios. Todo lo contrario. Se ha demostrado en los últimos años que las mejoras laborales conllevan mayores beneficios empresariales.

Por lo tanto, ahora toca seguir ganando más, sí, y trabajando menos. No hace falta elegir como plantean algunos. Ganando más, reforzando los marcos de negociación de los convenios colectivos. Trasladando los mayores márgenes empresariales en incrementos salariales que mejoren el nivel de renta de la mayoría y que reviertan en un incremento de la productividad.

Y toca trabajar menos, también. Hoy la sociedad del siglo XXI la conforman patrones diferentes a la del siglo XX. Hoy los modelos de familia son más diversos, la realidad demográfica de nuestro país está cambiando su fisonomía, envejece e incorpora más personas extranjeras a su radiografía. Las mujeres están plenamente incorporadas al trabajo productivo y remunerado, pero en cambio los hombres no lo están al trabajo reproductivo, de los cuidados. Las mujeres le dedican 3 horas más al día al trabajo reproductivo que los hombres.

La configuración de la sociedad se ha de mover en otras coordenadas, donde la tríada del tiempo 8-8-8, solo sirve para una sociedad del trabajo sin mujeres en los aparatos de producción. Hoy la gestión y distribución de los tiempos debe incorporar esta realidad demográfica y requiere de liberar tiempo para dedicarlo a los cuidados, al desarrollo personal, a la convivencia social, al compromiso político, al acceso a la cultura y al ocio.

Se hace imprescindible liberar tiempo de la jornada laboral para poder garantizar tiempo suficiente a otras prioridades vitales. Por eso queremos trabajar menos y esta es la lógica de la reducción de jornada a 37,5 horas semanales.

Por eso defendemos esta medida y llamamos a la movilización a la sociedad con los y las sindicalistas a la vanguardia. Para conformar una marea social que evite que ningún partido se confunda con las prioridades de la sociedad, de la mayoría, de la clase trabajadora, a la hora de votar la tramitación de ley para llevar al estatuto de los trabajadores la jornada máxima legal en España de 37,5 horas semanales.

La convocatoria avanzada de elecciones en Cataluña ha convertido en munición de campaña la propuesta de financiación singular que el Gobierno de la Generalitat presentó el pasado 19 de marzo. Más allá de los fuegos de artificio electorales, CCOO de Cataluña pensamos que es necesario abordar este debate para construir las bases de financiación de un nuevo contrato social que afronte los retos demográficos, climáticos y económicos que la era de la digitalización exige. Un contrato social que sirva de pegamento a las democracias, hoy amenazadas seriamente por las políticas antieuropeístas, populistas y recentralizadoras con un claro sesgo conservador, incluso reaccionario.

Entendemos que es necesario tener presente la complejidad que requiere la reforma de la financiación autonómica en todo el Estado, una actualización que está pendiente desde 2014 y que es urgente abordar para corregir las insuficiencias y desigualdades que genera. Sabemos también que no se puede desligar esta reforma del debate sobre la fiscalidad para proveer de recursos suficientes a los servicios públicos garantes de los derechos de ciudadanía, sobre los que se asientan los pilares del estado del bienestar. El nuevo modelo de financiación autonómica debe basarse en los principios de equidad, suficiencia, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional, además de ser transparente y reforzar el marco de los autogobiernos de un estado que debe aspirar a desarrollar las competencias de su modelo autonómico. Creemos que debe ser una oportunidad para reforzar la cultura y gobernanza federales, así como la cooperación entre comunidades autónomas y administraciones, en la construcción de una Europa social que vaya más allá de un mercado único.

Para abordar la reforma, la transparencia es un factor clave. La ciudadanía debe saber cómo se financian los servicios que recibe y cómo se distribuyen los recursos públicos, a fin de poder valorar su nivel de eficiencia y equidad.

No podemos plantear las nuevas propuestas sin analizar antes los problemas que tiene el actual sistema de financiación, aprobado en 2009 y pendiente de revisión desde 2014. Estos problemas se resumen en cuatro bloques: la complejidad y la falta de transparencia del sistema, la insuficiencia de recursos, los déficits de autonomía financiera y de responsabilidad fiscal, y los problemas de equidad.

Que el modelo actual sea excesivamente complicado y poco transparente se debe, entre otros motivos, a la superposición de varios fondos de ajuste que se han incorporado al sistema para garantizar el status quo. Del total de ingresos tributarios en manos de las comunidades autónomas, un 25% se los queda directamente cada comunidad mientras que el 75% restante pasa al fondo de garantía de los servicios públicos fundamentales, que a su vez recibe también una aportación de la administración central.

El reparto de estos recursos se hace en función de la población, pero no tal y como aparece en el padrón, sino ajustada por una serie de parámetros como la superficie de la comunidad autónoma, la dispersión poblacional, la insularidad, la gente mayor de 65 años o los menores de 16 años. El modelo actual incorpora, además, otros tipos de fondos de ajuste que modifican la distribución inicial. Son los llamados fondos de suficiencia global y los de convergencia, que a su vez están integrados por los fondos de competitividad y de cooperación.

El fondo de suficiencia global persigue que no existan comunidades que salgan perjudicadas por el modelo puesto en marcha en 2009 respecto al sistema anterior. El fondo de competitividad es para comunidades que reciben menos que su capacidad fiscal, como es el caso de Cataluña, mientras que el fondo de cooperación tiene por objetivo contribuir al desarrollo y convergencia regionales. La aplicación de todos estos correctivos distorsiona la redistribución financiera y genera resultados erráticos y poco justificados que afectan a la equidad del sistema.

Sea como sea, el sistema actual es claramente insuficiente. La evolución de los ingresos ha ido por debajo de las necesidades mientras que las exigencias para el cumplimiento de las competencias de las comunidades autónomas, especialmente en materia de sanidad, educación y servicios sociales, han aumentado considerablemente. La pandemia ha sido buena muestra de ello y ha puesto en evidencia las limitaciones del sistema de financiación. Claro que dar respuesta al aumento de las necesidades de gasto de las comunidades autónomas implica decidir cuál es el volumen de recursos que el Estado quiere destinar a su estado del bienestar.

El actual sistema genera una distribución de financiación por habitante ajustada que es desigual y que no responde a criterios objetivos. Las necesidades de gasto de las distintas comunidades no se determinan según el coste real de los servicios. En la actualidad, y para satisfacer las mismas necesidades, comunidades autónomas que aportan más al sistema acaban disponiendo de menos recursos que otras que menos aportan. Además, el sistema también discrimina sin criterios razonables entre ciudadanos y ciudadanas de comunidades autónomas de similar nivel. El sistema presenta, por tanto, problemas de equidad.

Además, en el modelo de financiación autonómica actual existe un déficit de autonomía financiera y de responsabilidad fiscal, dos conceptos que van de la mano. La expresión más clara de este déficit es que las comunidades autónomas disponen de un porcentaje de ingresos muy inferior a las responsabilidades de gasto que deben gestionar de acuerdo con sus competencias. Por eso las comunidades autónomas dependen, en buena parte, de las transferencias del Estado.

Esta falta de autonomía financiera no incentiva a la disciplina presupuestaria. Cuanto mayor es la proporción de ingresos de una comunidad que proviene de transferencias de la administración central, menores son los incentivos para llevar a cabo una gestión eficiente del gasto.

Ante esta realidad, CCOO de Cataluña, en el marco de la fundación Cipriano García, estamos trabajando la construcción del posicionamiento sindical al respecto y sugerimos algunas propuestas para mejorar el sistema de financiación. Y pasan, en síntesis, por incrementar los recursos del sistema, contemplar la condonación de la deuda acumulada, mejorar los criterios de redistribución y aumentar tanto la autonomía financiera como la corresponsabilidad fiscal. Es acorde con estos parámetros generales en el marco de una reforma del modelo de financiación para el conjunto del estado,  somos partidarios de un acuerdo específico para Cataluña.

De entrada, es necesario actualizar el volumen global de recursos del sistema. Los existentes ahora son insuficientes y requieren una dotación adicional. Por eso es necesaria una reforma fiscal que aporte más recursos y equipare la presión fiscal española a la europea, a fin de alcanzar estándares equivalentes en cuanto al desarrollo del estado del bienestar. En España, según el CIS, la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas estaría de >acuerdo en pagar mayores impuestos a cambio de una mejora en los servicios públicos.

Una justa reforma fiscal debe garantizar que pague más quien más tiene y más gana, equiparar las rentas del trabajo a las del capital y contemplar una mayor tributación para las grandes fortunas y las grandes empresas. Los eventuales nuevos impuestos deberían reforzar de forma especial las haciendas autonómicas y, a su vez, ser coherentes con los retos sociales y ambientales que tenemos como sociedad. Por el contrario, proponer como soluciones a la insuficiencia financiera fórmulas de copago de los servicios públicos y un incremento de impuestos indirectos es una vía que provoca el incremento de las desigualdades.

Otro requerimiento es eliminar la competencia basada en rebajas fiscales y fijar una tributación básica en los impuestos que evite el dumping fiscal. La competencia fiscal a la baja genera externalidades negativas para la mayoría de comunidades autónomas y empobrece al conjunto del sistema. Además, la reforma del modelo de financiación autonómica debería servir también para resolver los problemas endémicos de la financiación local: la administración más cercana a la ciudadanía es la que recibe más directamente el impacto de las demandas sociales.

De resultas de los déficits del sistema actual, existe un problema de endeudamiento autonómico. El hecho de que se haya habilitado el fondo de liquidez autonómica (FLA) como una línea de crédito estatal de ayuda a las comunidades por el pago de deudas en los servicios públicos es un reconocimiento de esta infrafinanciación. Sin embargo, el FLA no es ninguna solución estructural y, además, acentúa el control y la dependencia de la administración central. Habría, pues, que resolver el grueso de la deuda de las comunidades por la vía de su progresiva condonación, de acuerdo con criterios objetivos y transparentes, como medida compensatoria.

El nuevo modelo de financiación debe mejorar los criterios de redistribución de fondos del sistema actual. Por norma general, a igual esfuerzo fiscal debe corresponder una similar prestación de servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales), esenciales para todos los ciudadanos y ciudadanas con independencia del lugar en el que residan. Se trata de asegurar que todos los gobiernos autonómicos puedan prestar en igualdad de condiciones las competencias vinculadas al estado del bienestar.

Esencial para el nuevo modelo debe ser la definición de un criterio de nivelación de recursos entre comunidades que dé resultados equitativos. Se debe cumplir el principio de ordinalidad que regula la relación financiera entre territorios, en virtud del cual una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita a consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación.

En este sentido, es necesario fijar un sistema de nivelación que permita mejorar la situación de los territorios con menor nivel de renta, pero sin invertir la situación. Hoy, por ejemplo, Cataluña es la tercera comunidad que más recursos aporta al sistema y la décima en ingresos per cápita para atender a las mismas necesidades.

En cuanto a la población ajustada, que es la que sirve de referencia para el objetivo de nivelación, habría que revisar el modelo y contemplar también el coste de la vida por comunidades, dada su incidencia en el coste real de los servicios públicos.

Disponer de una mayor autonomía financiera es la mejor forma de aumentar la responsabilidad fiscal propia y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de la administración central. Los gobiernos disponen de autonomía financiera si tienen capacidad para tomar decisiones sobre sus ingresos y gastos. Desvincular la capacidad de gasto de la capacidad de ingresos tiene efectos económicos negativos. Por el contrario, gobiernos fiscalmente responsables que tomen decisiones sobre el gasto y los ingresos incentiva los comportamientos eficientes.

Para alcanzar este objetivo es necesario adecuar la capacidad tributaria a las necesidades de gasto, incrementando la autonomía tributaria de las comunidades autónomas tanto en rendimiento de impuestos como en capacidad normativa. Por ahora, las comunidades tienen cedido el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 56% de los impuestos especiales.

Una mayor autonomía financiera debe permitir que los servicios prestados por los gobiernos autonómicos puedan financiarse con los impuestos pagados por la ciudadanía de cada territorio, disminuyendo así las transferencias estatales. Una mayor autonomía tributaria debe permitir también mejorar la progresividad del sistema fiscal. En cualquier caso, este margen superior de autonomía tributaria debe contemplar elementos de armonización que eviten la competencia fiscal a la baja y garantice el acceso en igualdad de condiciones a los pilares del estado de bienestar a todos los ciudadanos del Estado español.

Los análisis y las propuestas expuestas hasta aquí deben servir para que Cataluña participe activamente, como ha hecho en el pasado, en la reforma del sistema de financiación autonómica y en la definición del volumen global de recursos, la composición de la cesta tributaria y el establecimiento de los mecanismos de nivelación, entre otros. Sin embargo, la participación multilateral de Cataluña en el marco de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (LOFCA) no impide que se puedan llegar a acuerdos específicos.

CCOO siempre ha defendido la necesidad de un acuerdo de financiación para Cataluña. Es una propuesta que no responde a ningún privilegio, sino a una genuina y legítima voluntad de autogobierno. Regímenes forales aparte, la propia Constitución no descarta que, dentro del llamado sistema de régimen común, puedan establecerse previsiones singulares. En cualquier caso, el acuerdo específico para Cataluña debe garantizar la suficiencia financiera del autogobierno, debe respetar la lealtad institucional y debe sostenerse en la solidaridad interterritorial y la corresponsabilidad fiscal.

Las especificidades pueden concretarse, por ejemplo, en la cesta tributaria: en su composición, en el alcance de la capacidad normativa sobre los impuestos que la integran, así como en la forma de administrarlos y gestionarlos. Si actualmente es la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) quien tiene competencia exclusiva de gestión y recaudación de los grandes impuestos compartidos y otros, mientras que las comunidades autónomas gestionan por delegación los tributos cedidos y los propios, en el caso de Cataluña habría que aplicar lo que ya dice el Estatuto de autonomía.

En resumen: es necesario crear un consorcio paritario entre las dos agencias, la catalana y la estatal, y transformar este ente en la Agencia Tributaria de Cataluña. Ella sería responsable de la gestión, recaudación, liquidación e inspección de los impuestos en Cataluña, y su coordinación con la AEAT garantizaría el correcto funcionamiento del modelo, transparencia y efectividad en la lucha contra el fraude.

Por último, pero no menos importante, es necesario reconocer que el debate sobre el modelo de financiación en Cataluña se asocia siempre al balance y previsión de las inversiones estatales en nuestro territorio. Los datos certifican que el nivel de inversiones del Estado en Cataluña está por debajo de su participación en el PIB, son inferiores a su peso poblacional y, además, tienen un nivel de ejecución muy bajo.

Para corregir esta anomalía, que tiene un impacto negativo en materia de infraestructuras, el volumen de inversiones del Estado debe referenciarse con lo que representa el PIB catalán respecto al conjunto de España. Por otra parte, la Generalitat debería participar en la definición y ejecución de todas las inversiones que el Estado lleve a cabo en Cataluña, verificando de forma periódica el nivel de ejecución real y compensado, en su caso, las diferencias.

En definitiva, las estructuras de estado deben dotarse de suficientes recursos para su financiación, reforzar su descentralización administrativa y reforzar los servicios públicos que hoy deben garantizar un nuevo contrato social para el siglo XXI.

La pandemia del coronavirus, que tanta muerte y dolor ha provocado y continúa provocando, ha hecho emerger realidades sociales que permanecían ocultas, incluso agazapadas.

La COVID-19 ha actuado como detonante y acelerador de muchos de los desequilibrios que sufre nuestra sociedad y todo apunta que va a tener un efecto destructor de tejido económico y un impacto brutal en las condiciones de vida de muchas personas, con el riesgo cierto de que se agraven aún más las desigualdades sociales.

Por eso la principal prioridad hoy de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas debe ser aunar esfuerzos para avanzar en el amplio acuerdo de reconstrucción económica y social que el país necesita.

Este pacto de reconstrucción debería beber de las muchas enseñanzas que nos deja la crisis del coronavirus, en especial la insostenibilidad de un modelo de sociedad construido sobre valores que tienen una gran capacidad autodestructiva y que el sindicalismo confederal, entre otras voces, viene denunciando desde hace años.

Estos días se confirma que la estrategia competitiva de externalizar los costes y los riesgos a terceros comporta, en un mundo globalizado e interdependiente, un aumento de estos riesgos. Lo comprobamos con los procesos de externalización de la producción de bienes básicos en cadenas de valor global, que el confinamiento mundial ha hecho saltar por los aires, dejándonos indefensos ante la grave crisis de salud.

Aunque algunos continúen negándolo, esta crisis ha hecho evidente las nefastas consecuencias de la hegemonía ideológica ultraliberal, que ha convertido a los ciudadanos en clientes y da el tratamiento de meras mercancías a derechos básicos como la salud o la atención a personas dependientes.

El confinamiento ha hecho emerger el papel insustituible de la escuela pública como socializador de niños y adolescentes y equilibrador de las desigualdades que generan las diferencias de capital social de las familias, en función de su formación y de su renta.

Estos son algunos de los muchos ejemplos del papel insustituible del sector público en la protección de bienes comunes, en la cobertura de derechos, en la garantía de ingresos a las personas y también en el rescate de empresas a las que el mercado abandona a su suerte. Liberales de toda la vida se convierten en convencidos keynesianos exigiendo una intervención de los Estados para salvar propiedades privadas, aunque lo hagan para así continuar socializando pérdidas y privatizando beneficios.

Los mismos que llevan años defendiendo eliminar impuestos son los que ahora exigen recursos públicos por doquier para hacer frente a la crisis y se quejan de las escuálidas arcas del Estado. Y de nuevo, como en 2008, aparece el poder que ostenta la deuda como gran disciplinador social y las consecuencias de tener un sistema fiscal cadavérico.

En pleno schock emocional, la sociedad, a la que le habían vendido que la automatización y la robotización suponía el fin del trabajo y hasta de la historia, adquiere consciencia del valor social del trabajo. Nunca hasta hoy el personal de centros sanitarios, de la limpieza, de la alimentación o el comercio habían estado tan valorados socialmente, aunque sus condiciones de trabajo y de salarios lo desmientan.

Descubrimos lo difícil que es conciliar el empleo y el trabajo de cuidados sin morir en el intento, algo que las mujeres llevan denunciando desde hace años. En resumen descubrimos que el trabajo, los trabajos, tienen una centralidad social que la política niega en muchas ocasiones.

En este contexto la sociedad debería tomar nota del papel que está jugando el sindicalismo confederal para responder a las consecuencias sociales del coronavirus. Diariamente los medios de comunicación se hacen eco de múltiples iniciativas solidarias. Desde nuestra trayectoria y experiencia sindical nos atrevemos a decir que la mayor ola de solidaridad, entendida como cooperación interesada, se está produciendo a partir del trabajo organizado del sindicalismo confederal.

Si en condiciones ordinarias muchos trabajadores encuentran en la afiliación la manera de auto-organizarse para sindicar sus intereses, en situaciones extremas como esta las personas buscan la protección del “sindicalismo del último recurso” que se convierte en vital para muchas personas, especialmente las mas vulnerables.

Un ejemplo de esa inmensa movilización de solidaridad es el trabajo realizado por CCOO de Catalunya, con la intervención en 2.217 Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectan a 337.968 trabajadores y el asesoramiento a cerca de 20.000 personas entre el 15 de marzo y el 14 de abril.

Muchas de estas personas se encuentran en situación de gran vulnerabilidad, especialmente mujeres que trabajan en tareas domésticas y de cuidados que en muchas ocasiones ni tan siquiera tienen reconocida su condición de trabajadoras. A ellas el sindicalismo confederal está dedicando estos días una buena parte de sus esfuerzos en colaboración con entidades en las que estas mujeres se han auto-organizado. También a los trabajadores de las llamadas empresas de plataforma a los que se les niega la relación laboral y los derechos inherentes.

A pesar de lo importante que es para todas estas personas sentirse protegidas, acompañadas, hoy lo más urgente es dibujar un escenario de salida a esta gran crisis a partir de un amplio pacto político y social. Un pacto con dos grandes objetivos que son complementarios, proteger el máximo a las personas y al mismo tiempo reconstruir un tejido productivo que puede quedar maltrecho, especialmente en algunos sectores y territorios. Una reconstrucción que no debe ser sobre las mismas bases productivas. Tenemos ante nosotros el reto de intentar aprovechar esta crisis para reequilibrar nuestra estructura productiva, haciéndola menos dependiente de sectores muy frágiles, al tiempo que reindustrializamos la economía, rescatando partes de las cadenas de valor que se han externalizado. Y sin duda abordar los costes de transición que se van a producir ante la necesidad de políticas de mayor sostenibilidad ambiental.

Cómo cualquier pacto su contenido debe ser equilibrado. Las muchas enseñanzas que estamos recibiendo de esta crisis nos aportan los mimbres necesarios para intentar un amplio Pacto de Reconstrucción de nuestro país.

Esta es hoy la principal tarea a la que todas las fuerzas políticas y las organizaciones sindicales y empresariales deberían abocar sus esfuerzos. Estamos convencidos que, como siempre a lo largo de nuestra historia, el sindicalismo confederal puede y ha de jugar un papel crucial.

Hace unos meses, los pasados 26 y 27 de octubre, asistimos en Sevilla al primer encuentro de los “Diálogos Andalucía-Cataluña”, una iniciativa laica de parentescos difusos, pero identificable en la tradición dialogante forjada en los intercambios de estudios históricos y literarios entre Javier Tébar y Javier Aristu. Se abría un espacio de encuentro y diálogo de quien, allí o aquí, no compartía la dinámica político-institucional instalada y que quería encontrarse para observar la realidad en común, desde experiencias políticas y de autogobierno diversas, para buscar un diagnóstico compartido. El 5 y 6 de abril es el segundo encuentro, ahora en Barcelona, en el Palau Macaya, para continuar observando y compartiendo un análisis de la situación, lejos de las lecturas superficiales y evitando el espectáculo o la instrumentalización a que determinados grupos de poder nos tienen acostumbrados.

El primer encuentro mostró las raíces profundas, en la propia configuración histórica del estado-nación y su desarrollo, de un conflicto entre una parte de la sociedad y la política catalanas con el resto de la sociedad y políticas españolas, enmarcado en un contexto de crisis económica y social que tiene repercusión en la política y la democracia alrededor de Europa y del mundo. La desregulación impuesta por quien dirige la globalización y financiarización económica y los retos derivados del cambio climático y la creciente digitalización y robotización de los procesos de producción y distribución económicos son más que simples elementos del paisaje y escenografía.

Las crecientes desigualdades que traviesan nuestras sociedades son el sustrato donde arraiga la respuesta insolidaria y antisocial, donde el populismo y el autoritarismo anidan. La precariedad del presente y la incerteza del futuro son la derivada de la subordinación del poder político al poder financiero y económico, de la falta de reglas y controles globales imperantes. La respuesta institucional es, tanto en Europa como en España o en Catalunya y Andalucía, decepcionante e injusta. Las débiles redes de protección social se han ido desmontando y se han cambiado las reglas y los marcos de derechos disponibles. Las relaciones laborales ven menguar los equilibrios de poder que la lucha obrera conquistó ejerciendo un poder sindical hoy cuestionado y acosado por la sacralización de la desregulación, la flexibilidad y la libre disponibilidad. Tenemos sociedades atravesadas de mayores inseguridades y entre la mayoría social, en especial la gente más joven, se ha instalado la precariedad vital.

Es en este marco donde se produce el conflicto político e institucional entre el gobierno español y el gobierno catalán, pero también entre una parte de los catalanes que reclaman la independencia y otra parte que se opone a ella. Un conflicto, pero, que no es ajeno a la historia de los últimos dos siglos de confrontaciones bélicas -tres guerras carlinas y una guerra civil- marcadas tanto por los debates forales o nacionales como por los enfrentamientos entre bloques sociales. Es precisamente este recorrido histórico el que nos muestra que el único camino de superación y de construcción de futuros compartidos es el diálogo, el intercambio y el reconocimiento mutuo, de la apertura al mundo hoy globalizado. Ignorar o menospreciar nunca nos ha hecho avanzar, ni lo hará ahora, en ningún proyecto transformador que contemple y amplíe la condición de ciudadanía que hoy peligra.

Esta convicción es la que los primeros diálogos, protagonizados por sectores de la sociedad civil, quiso transmitir a los representantes políticos: sentarse a dialogar, a negociar, a debatir los problemas, a construir soluciones. Una exigencia que permanecerá vacía si la ciudadanía, de manera activa, no nos implicamos y abrimos todos los espacios posibles donde nos podamos reconocer en las posiciones diversas y discrepantes, donde podamos dialogar y colaborar. Esto quiere ser los Diálogos, buscando puntos de encuentro y acuerdo, no de división y enfrentamiento.

Hace más de 40 años de la restauración democrática del 1978 que, gracias a la lucha de tantos hombres y mujeres por las libertades, enterraron la longeva dictadura franquista. Se inició una etapa fundamental para construir un marco de convivencia democrática y articular territorialmente las diferentes realidades nacionales y regionales del estado. Pero el tiempo no pasa en vano y el modelo diseñado en la constitución del 78 se ha de reformar y adaptarse a las nuevas realidades y expectativas. Es necesario profundizar el marco democrático constituyente, actualizar el marco de derechos y libertades, dotar de nuevos poderes a la ciudadanía delante de las élites financieras y las multinacionales, en un contexto determinado por transformaciones de todo orden y nuevos retos.

Y hace falta repensar el modelo de las autonomías, no solo porque una parte de Catalunya se moviliza, que ya es una razón importante, por la independencia, sino porque hace tiempo que el modelo no responde a las demandas sociales y de un estado compuesto. Abrir un proceso de reforma constitucional no es fácil ni rápido. Tiene que contemplar los cambios y demandas sociales surgidas en estos años. La pertinencia a la Unión Europea remueve buena parte de la estructura institucional y competencial del estado. Sin entender Europa como una comunidad político-institucional y económica, social y cultural, difícilmente podemos abordar el debate territorial en el estado. Las viejas fronteras hace tiempo que han dejado de ser muros conceptuales infranqueables, ahora nos toca construir nuevas propuestas a los viejos conflictos territoriales, y también sociales, que anidad en nuestro país.

En este mundo global y globalizado, donde la riqueza se acumula cada vez más en grupos reducidos de personas en las cuales el poder se concentra hasta el punto que el 1% más rico tiene tanto patrimonio como la del 99% del mundo junto, profundizar en el autogobierno es una exigencia de democracia y también de mayor eficacia y eficiencia en la respuesta des de la proximidad a las demandas cotidianas de la ciudadanía. Pero no se puede obviar la capacidad de acción democrática en instancias supranacionales donde la ciudadanía podamos incidir en las reglas globales que determinan el núcleo duro de las condiciones y relaciones laborales y sociales cotidianas.

Catalunya y Andalucía comparten que el centralismo no ha estado nunca, ni lo puede ser en el futuro, la solución, la diversidad necesita espacios de más y mejor autogobierno, de solidaridades interterritoriales, y de diálogos para construir nuevas soluciones a los nuevos problemas de la ciudadanía. Ninguna solución es posible desde la exclusión o la imposición. La unilateralidad no es la solución ni lo es el artículo 155 como respuesta. Solo el diálogo, que ha de partir necesariamente del reconocimiento del otro, podrá construir un camino que conduzca a una solución, de mínimos o de máximos, a través de un acuerdo que tendrá que ser refrendado por la ciudadanía.

Dialogar entre ciudadanos y ciudadanas, de Andalucía y de Catalunya, dos realidades históricas y diversas, es un camino más para facilitar puntos de encuentro por el diálogo. Miles de andaluces llegaría en diversas olas migratorias, especialmente a lo largo del siglo XX, a una Catalunya que con ellos ha ido cambiando. Estos catalanes llegados de todas partes explican la Catalunya actual, sin las cuales no la podemos entender. De la misma forma que la Andalucía actual se explica en la interacción con el motor catalán, imprescindible en el progreso económico y social del estado, pero también en la configuración del modelo territorial definido en la Constitución. Dos realidades muy distintas, que no se pueden contraponer ni confrontar, son actores que pueden complementarse, al lado de otros comunidades, a contribuir a la cultura del diálogo, la negociación y el pacto.

CCOO ha celebrado su 11º congreso en Madrid los días 29, 30 de junio y 1 de julio. Con este congreso hemos culminado nuestra parada de reflexión estratégica, que comenzó en 2015 con la Asamblea sindical abierta, con la Conferencia de mujeres y hombres en Cataluña y siguió con el proceso de participación a escala estatal de Repensar el Sindicato encuadrado en Hicimos, hacemos, harémos historia , conmemorando el 40 aniversario de la asamblea constituyente de CCOO en Barcelona.

Ha sido un amplio proceso de participación en el que hemos realizado encuestas, asambleas, consultas, buzones, jornadas, seminarios, etc. Y hemos abierto nuestra reflexión a miles de personas afiliadas pero también a muchas personas que no formaban parte del sindicato. Las aportaciones de todos nos han ayudado a construir la propuesta política y nuestro plan de acción en el marco de este 11º congreso.

Hemos llevado a cabo una fuerte renovación de ideas y de personas a la dirección del sindicato y los que formamos parte hemos de afrontar una nueva etapa de nuestra organización para continuar reforzando la utilidad del sindicato por los trabajadores y trabajadoras, y continuar siendo su referencia para conquistar derechos colectivos, laborales y sociales.

Nueva realidad del trabajo

Hemos interpretado la nueva realidad del trabajo, con un tejido productivo caracterizado por una fuerte presencia de pequeñas empresas, con unas relaciones laborales cada vez más individualizadas, con un marco de normas del trabajo cada vez más sesgadas hacia los empresarios. Nos encontramos unas relaciones de trabajo cada vez más mercantilizadas que componen un mercado de trabajo precario, con una temporalidad muy elevada y con altos niveles de parcialidad no deseada, con bajos salarios, con formas contractuales que evitan los convenios colectivos (autónomos, falsos autónomos, falsas cooperativas, economía colaborativa o sin contrato), con unos convenios colectivos debilitados por las sucesivas reformas laborales, etc.

Esta es una nueva realidad que dificulta la acción del sindicato, dificulta la capacidad de organizar las personas en torno a las reivindicaciones colectivas, pero esta realidad no debe hacernos renunciar a transformar la sociedad con la mejora de sus condiciones de vida, reforzando la centralidad del trabajo como instrumento de emancipación y vertebración democrática.

Es por ello que nos hemos emplazado a reforzar el perfil sociopolítico del sindicato, para construir una alternativa a la realidad injusta de una sociedad enferma de precariedad. Queremos reforzar nuestro carácter unitario, tanto en el ámbito sindical como social. Queremos hacerlo tejiendo confluencias que hagan posible un frente unitario de la izquierda social que empuje a la izquierda política para reconstruir un marco de derechos laborales y derogar las reformas laborales y recomponer un estado del bienestar bulímico, adelgazado por los recortes de las políticas de austeridad de la derecha.

Queremos más derechos laborales y más derechos sociales con una correlación de fuerzas más favorable a la recuperación de derechos sociales y en un marco donde haya más concertación y un diálogo social efectivo.

También apostamos por la regeneración democrática para reforzar la descentralización del estado que, con la necesaria descentralización de las soberanías y de un mayor autogobierno, acerquen las políticas y las administraciones a la gente. De esta manera se facilitará que las personas participamos más de cerca, de las decisiones de las administraciones y de las condiciones laborales en las empresas. Sólo de esta manera podremos hacer entrar la democracia en la economía, hoy rodeada y protegida para uso exclusivo de las élites.

Para ganar la correlación de fuerzas de esta estrategia sociopolítica, debemos tener la capacidad de organizar a más gente alrededor del sindicato, debemos agrupar más personas alrededor de nuestras reivindicaciones. Con esta voluntad, hemos simplificado nuestras estructuras, hemos propuesto más espacios de colaboración para encontrar atajos que acerquen la gente al sindicato, dinamizaremos nuestros locales para conseguir espacios de arraigo de la gente trabajadora, queremos que sean la casa de los trabajadores y trabajadoras los nuevos ateneos .

También hemos comprometido la apertura de marcos de participación directa de nuestra afiliación y de las personas trabajadoras en las decisiones del sindicato, hemos reforzado nuestra política de transparencia, hemos reforzado nuestro código ético y nuestros mecanismos de control.

Por otra parte, también desarrollaremos políticas integrales de comunicación que sean circulares (que vayan de dentro hacia fuera y de fuera hacia dentro). Queremos reforzar el papel de nuestras estructuras en los centros de trabajo y empoderar foto.

Nuevos problemas, nuevas formas de organización

Finalmente, no somos ajenos a las transformaciones recientes del mundo del trabajo y estableceremos espacios colaborativos para organizar personas que trabajen en nuevos espacios de trabajo, (plataformas digitales, teletrabajo, trabajo a domicilio, etc). Desarrollaremos nuevas formas de movilización y reforzaremos las tradicionales.

En definitiva, hemos resistido todos estos años de crisis y somos la primera fuerza social del país, con cerca de un millón de afiliados y afiliadas al conjunto del estado y 142.000 personas afiliadas en Cataluña, donde somos la primera fuerza sindical. Este carácter de primer sindicato viene legitimado no sólo para la afiliación sino por los resultados de las elecciones sindicales donde hemos obtenido más del 42% de representación, lo que supone más de 21.000 personas delegadas en sus empresas. Hemos decidido coger esta fuerza y adaptarla a la nueva realidad social y lo haremos a la ofensiva, de manera decidida y propositiva. Somos el sindicato de la gente trabajadora y lo haremos con la gente.

Estos días hemos empezado a hacer una serie de asambleas por toda Cataluña, para explicar a nuestro activo sindical, a nuestros delegados y delegadas, como hemos de pasar a la ofensiva y como esto no es sólo un lema sino que es una actitud y empieza por cada uno de nosotros.

Me alienta ver las ganas que tiene la gente de nuestro sindicato de ganar posiciones y hacer valer nuestra legitimidad representativa. El orgullo de pertenencia a las CCOO está muy presente en todas ellas y lleva implícito la defensa de la dignidad de miles de personas que cada día se levantan para defender a sus y sus compañeras y la responsabilidad colectiva de cumplir con su deber.

Hemos compartido la necesidad de convencer a la gente de salir de la resignación, de volver a reivindicar lo que es suyo y de movilizarse para conseguirlo. Aunque puede que no se ven resultados a corto plazo, la movilización siempre tiene efectos positivos para los trabajadores y trabajadoras. Ejemplos como la Renta Garantizada de Ciudadanía en Cataluña nos muestran el camino a seguir: han sido necesarios catorce años de reivindicación para hacer realidad esta propuesta. También el Pacto Nacional para la Industria es otro ejemplo de luchar exitosa aunque han sido necesarios seis años para establecerlo. También el Pacto de la función pública, que desde el 2010 que se rompió la capacidad de negociación y empezaron los recortes de derechos al conjunto de trabajadores y trabajadoras públicos.

Sabemos ser perseverantes, sabemos lo que nos cuesta defender, y conquistar derechos. Pero lo conseguimos cuando luchamos colectivamente. Este es el camino a seguir. Ahora toca pasar a la ofensiva, ahora toca subir los salarios de la gente y crear más y mejor empleo. Esta es nuestra primera meta, este es nuestro principal objetivo.