No hay empleo, o no lo hay para todas las personas en edad de trabajar. Y mientras tanto, la gobernanza del trabajo se asienta en un nuevo paradigma laboral basado en la activación, la flexiseguridad y la nueva cultura del emprendedor. Margaret Thatcher lo anunció poco después de haber alcanzado el poder en una entrevista a The Sunday Times: “La economía es el método —dijo—, el objetivo es cambiar el corazón y el alma de la gente”, de ahí que las consignas que se envían desde las instituciones públicas para superar las situaciones de desempleo se centren en torno al trabajo sobre uno mismo, las actitudes y competencias personales o la propia disponibilidad... un trabajo que transforme la subjetividad. Lo que está en juego, pues, es la forma de nuestra existencia y, con ella, el modo en que conducimos nuestras conductas, nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y el tipo de vínculos que establecemos con los demás.

Para entender cómo ha ido penetrando esta nueva racionalidad en la configuración de nuestras subjetividades es interesante observar el recorrido que ha hecho en su campo de pruebas natural, es decir, en el mundo de la empresa y la nueva cultura de las organizaciones. Hay que situar este proceso históricamente a partir de los años setenta. El fomento de la gestión empresarial participativa, por ejemplo, que nació como respuesta ante las dificultades y las críticas del modelo taylorista de las viejas fábricas del trabajo en cadena, así como la crisis de finales de los Treinta Gloriosos, al pedir mayor autonomía y responsabilidad de los trabajadores, fue uno de los mecanismos que consiguió colocar al hombre en el corazón del trabajo. Por otro lado, en una atmósfera de antagonismo entre el trabajo y el capital (con un sindicalismo fuerte y un ciclo de luchas autónomas que paralizaría miles de fábricas y protagonizaría huelgas salvajes), hizo falta poner en marcha nuevas estrategias de reconciliación a fin de hacer confluir el deseo del trabajador con el deseo-amo empresarial. Sin duda, ahí residirá la derrota definitiva del movimiento obrero.

Una de esas estrategias, mucho más efectiva que el aumento salarial, pasaría por convertir al trabajador, en tanto que “mano de obra”, en un “recurso humano” al que poder reclamar un compromiso más complejo capaz de penetrar en su interioridad. Desde esta perspectiva, el objetivo es que el trabajador se conciba a sí mismo como un individuo que tiene que dedicar toda su vida activa al trabajo, considerado el medio privilegiado de realización personal.

Desde entonces, la retórica empresarial se dedicará a explotar el sentido de la identidad y del bienestar de los trabajadores en provecho de los objetivos de la empresa. Lo hará con la ayuda de todo tipo de técnicas psicológicas (coaching empresarial, mindfulness, etc.) dispuestas a incentivar un cambio personal que repercutirá también en las organizaciones. Lo hará, además, promoviendo “ambientes saludables de trabajo” (los futbolines de Google, el interiorismo kitsch, las clases de yoga para prevenir el estrés en los mismos centros de trabajo, etc.); un wellness corporativo destinado a mejorar la salud y los hábitos de vida de los trabajadores con la premisa de que un empleado sano es más productivo y rinde más. En las empresas más adelantadas, la marca corporativa reunirá, además, todo un conjunto de valores que definirán una manera de ser, incluso un estilo de vida. En cualquier caso, se tratará de convencer a los trabajadores de que, para llegar a “ser ellos mismos”, deberán desarrollarse en y para el trabajo porque no hay nada —como lo demuestra la crisis de sentido del mundo contemporáneo—, fuera de la empresa y el mundo laboral.

El discurso del management, que es el ámbito más importante de producción ideológica del nuevo capitalismo, es capaz de colonizar todos los ámbitos de la vida. Nos hallamos, por tanto, ante un auténtico programa cultural. El objetivo es gobernar el comportamiento de los individuos a fin de intervenir sobre la voluntad de realización de uno mismo; dirigir, de algún modo, el deseo, allí donde los individuos no pueden ofrecer resistencia. Laval y Dardot afirman en La nueva razón del mundo que nos encontramos ante un proceso de racionalización empresarial del deseo para naturalizar el deber del rendimiento. En este sentido, la ética empresarial hace del trabajo el vehículo privilegiado de realización personal, superando la condición negativa del asalariado de antes, con el objetivo de que cada uno se convierta en empresario de sí mismo. Su trabajo es su empresa, y su desarrollo personal se define como una empresa de sí capaz de entregarse a cualquier forma de autoexplotación a fin de producir el máximo rendimiento.

En este contexto, cada vez es más difícil distinguir la vida de la producción de valor. El capitalismo es, sobre todo, un sistema económico que acabamos encarnando en nuestras propias vidas. En palabras del filósofo Santiago López Petit, “no hay fuera más allá del capital”. Cuando la vida se convierte en un proyecto continuo, un proyecto que hay que dotar de marcas significantes porque “yo soy mi propia marca (comercial)”, no existe un fuera que permita imaginar otra vida. No hay otra manera de vivir, de “tener una vida”, de “ganarse una vida”, y es así como las personas se someten a altas dosis de exigencia para promocionarse con entusiasmo y ofrecer la mejor versión de sí mismos, como describió muy bien Remedios Zafra (2017) en su último ensayo; hasta que enferman, acosadas por el agotamiento, el estrés y la depresión.

Individualizar el desempleo

Desplegar el imaginario emprendedor se ha convertido en la “forma capilar de existencia” del poder, infiltrándose en el núcleo mismo de los individuos, atrapando su cuerpo, insertándose en sus gestos, en sus actitudes, en su vida cotidiana, en la forma de orientarse en el mundo. Este imaginario, además, ha penetrado con fuerza en los mismos dispositivos de inserción laboral, que se han convertido en un mecanismo necesario para propagarlo a fin de transformar el significado de la búsqueda de empleo y, por tanto, las intervenciones políticas sobre la subjetividad del trabajo.

Desde esta perspectiva, el objetivo es promover esta posición subjetiva, focalizando la intervención en las capacidades o actitudes individuales. Todo ello forma parte de una misma lógica: la individualización del problema del paro. Por ese motivo, el gobierno de las voluntades deviene el espacio central de la intervención política y las prácticas profesionales de los orientadores laborales a fin de activar a los sujetos.

Los dispositivos de inserción laboral, que son el objeto de esta reflexión, se convierten así en piezas necesarias en la producción de sujetos que deben buscar soluciones personales a su situación de desempleo. Forma parte del encargo institucional que hay que trasladar a los usuarios para que interioricen un discurso que construye una nueva moralidad. “¿Qué haces tú para mejorar tu empleabilidad?”, se les pregunta; una pregunta que señala “qué haces tú, como persona” para ponerte en valor a fin de favorecer las posibilidades de éxito de tu disponibilidad.

Inmersos en un proceso de psicologización del trabajo, los problemas sociales —como señalan Crespo y Serrano (2012)— se transforman en problemas individuales y dilemas personales. No cabe duda de que este discurso es muy útil desde el punto de vista del gobierno del desempleo porque despolitiza los casos de fracaso mediante la culpabilización. La otra cara de la culpabilización, igual de despolitizadora, sería la de aquellas personas que ante el fracaso o un despido hacen una lectura subjetiva positiva al ver la oportunidad, por ejemplo, de reinventarse, volcando mucho tiempo y esfuerzos en autoformarse para construir un nuevo ideal del yo que les permita venderse en el mercado. Por supuesto —como afirma Briales (2017)—, nadie habla de la alta proporción de fracaso, ni del proceso que ha convertido a esos emprendedores entusiastas en emprendeudores que acabarán asumiendo individualmente los riesgos de su naufragio.

Sin embargo, ese acto de reinventarse y devenir un emprendeudor promueve un tipo específico de subjetivación, narcisista y competitivo, acorde con una racionalidad neoliberal que es, sobre todo, un proceso de disciplinamiento moral de corte psicológico al hacer responsable al propio sujeto de todo lo que le sucede. Sin duda, el énfasis que en uno y otro caso se hace en torno a la responsabilidad de los sujetos no solo vulnerabiliza al individuo, sino que contribuye a despolitizar la expresión de su malestar, que acabará manifestándose en el ámbito íntimo y personal, promoviendo, así, su aislamiento.

Otro modelo de inserción

Es evidente que el discurso del emprendedor encubre el lugar del empleo, que ya no existe, o es precario y temporal, o ha dejado de ofrecer los medios básicos de subsistencia. Los dispositivos de inserción deben tomar distancia respecto al embate de esta nueva ideología. El trabajo no nos hará libres, digan lo que digan los moralistas de izquierdas. El trabajo sobre uno mismo para devenir un emprendedor de la miseria, mucho menos; de ahí que los dispositivos de inserción deban rechazar la doble lógica de la culpabilización que señalábamos más arriba.

El ideal que promueve la figura del emprendedor es un ideal destinado al fracaso, el porvenir de una ilusión ajena a la experiencia, un acto de fe supeditado a la existencia del dios-mercado en un contexto de competencia generalizada. Las verdades contenidas en la doctrina neoliberal, esa nueva razón del mundo, aparecen tan deformadas y sistemáticamente disfrazadas que la inmensa mayoría de las personas no podemos reconocernos en ellas. Desechémoslas de una vez. 

Jordi Solé Blanch es profesor de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Catalunya y miembro del Laboratorio de Educación Social.

[Este artículo ha sido publicado en el número 58 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

Si les grans fortunes i les grans empreses es volen estalviar impostos, tenen al seu servei tota una indústria del frau i, a més, una colla de països disposats a posar-los-ho ben fàcil. Així ho han demostrat escàndols com LuxLeaks, SwissLeaks i els Papers de Panamà, que han evidenciat amb proves el que tothom ja intuïa. Però tots aquests escàndols també han contribuït a que finalment la justícia fiscal se situï, si bé tímidament encara, al cor de l’agenda política de la Unió Europea, l’OCDE, el G20 i altres institucions supranacionals.

Al ple del Parlament Europeu d'aquesta setmana, els eurodiputats tindrem l’oportunitat d’estrènyer el cercle a les empreses multinacionals que intenten estalviar-se impostos aprofitant estructures complexes i declarant la seva activitat de la manera més opaca possible, votant una directiva a favor de la transparència. Si la proposta de la Comissió Europea tira endavant, les empreses multinacionals hauran de donar informació pública, detallada i de forma desagregada de les activitats financeres que duen a terme a tots els països on operen, també fora de la UE, incloent-hi quants treballadors tenen contractats al país, de quins actius disposen, quant facturen, i quin impostos paguen. Una informació que hauran de fer pública, i lliurar a l’agència tributària de la jurisdicció on l’empresa tingui la residència fiscal.

L’objectiu és clar: reforçar la coordinació de transmissió d’informació entre els països per frustrar l’enginyeria fiscal i, en darrer terme, evitar el frau, l’elusió i l’evasió. Per saber si una gran empresa realment paga impostos allà on hauria de fer-ho, és cabdal saber on operen les seves filials, què fan allà on operen, i quins impostos paguen. La clau, doncs, és que les diferents administracions tributàries disposin i puguin compartir informació veraç i pública de les multinacionals. Per assolir aquesta transparència i coordinació, la UE hi ha de jugar un paper central.

Tanmateix, durant la tramitació parlamentària de la directiva, s’hi han introduït alguns canvis que, si no revertim en el vot final de la setmana vinent, debilitaran la proposta. El text original de la Comissió proposava que l’obligació de transparència només s’apliqués a les empreses que facturin mes de 750 milions d’euros anuals -unes 6.000 empreses a tota la UE. Des del grup dels Verds/Aliança Lliure Europea demanàvem ampliar-ho a les empreses de més de 40 milions de facturació -per arribar a fins a 18.000 empreses-, però l’ala conservadora del Parlament Europeu -el Partit Popular Europeu, l’Aliança dels Liberals i Demòcrates, i els Conservadors i Reformistes- es va oposar a la reducció d’aquest llindar.

I encara pitjor: els grups conservadors -altre cop!- volen introduir una clàusula de salvaguarda que obre la porta a alliberar les empreses, de manera indefinida, de l’obligació de lliurar aquesta informació, quan considerin que pot ser comercialment sensible. O dit d’una altra manera, si una empresa considera que fer públics els impostos que paga -i sobretot els que ha aconseguit no pagar- pot perjudicar els seus interessos comercials, pot demanar una exempció d’aquesta directiva i no presentar la informació. I això, un any rere l’altre sense límit.

La Unió Europea no es pot permetre mostrar-se vacil·lant en la determinació necessària contra l’elusió fiscal. Cal una lluita ferma i decidida a favor del bé comú i la prosperitat compartida. Gràcies a la recaptació d’impostos, tots els que pertoquen, els governs poden proveir de més i millors serveis públics a la societat i enfortir, d’aquesta manera, la base indispensable per a una major equitat i justícia social. Per assolir aquest objectiu, la UE hi té un paper clau: forçar els estats membre a cooperar en comptes de competir en matèria fiscal, i forçar les empreses a ser transparents.

Per això aprofito aquestes línies per demanar a tots els meus col·legues de l’Estat amb qui comparteixo escó a Estrasburg i que seuen més a la dreta que jo -PP, C’s i PDCat- que es desmarquin dels seus grups i votin a favor de l’esmena socialista, que proposa que, un cop la informació ja no sigui considerada comercialment sensible, sigui publicada anualment de manera retroactiva. Sinó, aquesta directiva i tots els nostres esforços en favor de la transparència quedaran aigualits.

Si las grandes fortunas y las grandes empresas se quieren ahorrar impuestos, tienen a su servicio toda una industria del fraude y, además, un grupo de países dispuestos a ponérselo muy fácil. Así lo han demostrado escándalos como LuxLeaks, SwissLeaks y los Papeles de Panamá, que han evidenciado con pruebas lo que todo el mundo ya intuía. Pero todos estos escándalos también han contribuido a que finalmente la justicia fiscal se sitúe, si bien tímidamente aún, en el corazón de la agenda política de la Unión Europea, la OCDE, el G20 y otras instituciones supranacionales.

En el pleno del Parlamento Europeo de esta semana, los eurodiputados tendremos la oportunidad de estrechar el círculo a las empresas multinacionales que intentan ahorrarse impuestos aprovechando estructuras complejas y declarando su actividad de la manera más opaca posible, votando una directiva a favor de la transparencia. Si la propuesta de la Comisión Europea tira adelante, las empresas multinacionales deberán dar información pública, detallada y de forma desagregada de las actividades financieras que llevan a cabo en todos los países donde operan, también fuera de la UE, incluyendo a cuántos trabajadores tienen contratados en el país, de qué activos disponen, cuánto facturan y qué impuestos pagan. Una información que deberán hacer pública, y entregar a la agencia tributaria de la jurisdicción donde la empresa tenga su residencia fiscal.

El objetivo es claro: reforzar la coordinación de transmisión de información entre los países para frustrar la ingeniería fiscal y, en último término, evitar el fraude, la elusión y la evasión. Para saber si una gran empresa realmente paga impuestos allí donde debería hacerlo, es fundamental saber dónde operan sus filiales, qué hacen allí donde operan, y qué impuestos pagan. La clave, pues, es que las diferentes administraciones tributarias dispongan y puedan compartir información veraz y pública de las multinacionales. Para alcanzar esta transparencia y coordinación, la UE debe jugar un papel central.

Sin embargo, durante la tramitación parlamentaria de la directiva, se han introducido algunos cambios que, si no revertimos en el voto final de la próxima semana, debilitarán la propuesta. El texto original de la Comisión proponía que la obligación de transparencia sólo se aplicara a las empresas que facturen más de 750 millones de euros anuales –unas 6.000 empresas en toda la UE–. Desde el grupo de los Verdes / Alianza Libre Europea pedíamos ampliarlo a las empresas de más de 40 millones de facturación –para alcanzar hasta 18.000 empresas–, pero el ala conservadora del Parlamento Europeo –el Partido Popular Europeo, la Alianza los Demócratas y Liberales, y los Conservadores y Reformistas– se opuso a la reducción de este umbral.

Y aún peor: los grupos conservadores –¡otra vez!– quieren introducir una cláusula de salvaguarda que abre la puerta a liberar a las empresas, de manera indefinida, de la obligación de entregar esta información, cuando consideren que puede ser comercialmente sensible. O dicho de otro modo, si una empresa considera que hacer públicos los impuestos que paga –y sobre todo los que ha conseguido no pagar–, puede perjudicar sus intereses comerciales, puede pedir una exención de esta directiva y no presentar la información. Y esto, un año tras otro sin límite.

La Unión Europea no puede permitirse mostrarse titubeante en la determinación necesaria contra la elusión fiscal. Hay una lucha firme y decidida a favor del bien común y la prosperidad compartida. Gracias a la recaudación de impuestos, todos los que corresponden, los gobiernos pueden proveer de más y mejores servicios públicos a la sociedad y fortalecer, de esta manera, la base indispensable para una mayor equidad y justicia social. Para alcanzar este objetivo, la UE tiene un papel clave: forzar a los Estados miembros a cooperar en lugar de competir en materia fiscal, y forzar a las empresas a ser transparentes.

Por todo ello, aprovecho estas líneas para pedir a todos mis colegas del Estado con los que comparto escaño en Estrasburgo y que se sientan más a la derecha que yo –PP, Ciudadanos y PDECat– que se desmarquen de sus grupos y voten a favor de la enmienda socialista, que propone que, una vez la información ya no sea considerada comercialmente sensible, sea publicada anualmente de manera retroactiva. Si no, esta directiva y todos nuestros esfuerzos en favor de la transparencia quedarán en nada.