El primer ministro japonés Shinzo Abe y los líderes de la Unión Europea han anunciado esta semana en Bruselas el compromiso alcanzado para cerrar pronto un nuevo tratado comercial (otro acrónimo a la lista, el JEFTA). Este acto ha supuesto la penúltima etapa de una escenificación calculada por la Unión Europea para mostrar a Trump que Europa le está comiendo la tostada en lo de dar manga ancha al mercado desregulado y a los derechos de los inversores. Mensaje para Trump: la UE lidera la liga para configurar una gobernanza mundial que pone el Dios Mercado por encima de los límites planetarios y el cumplimiento de otros acuerdos multilaterales. Permanezcan atentos a sus pantallas ya que, dada la velocidad que han cogido en Bruselas, no sería de extrañar el inminente anuncio de un acuerdo comercial de la UE con Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) o con México.

Y como en anteriores acuerdos (TTIP, CETA), el acuerdo comercial UE-Japón es otro vivo ejemplo de que la política comercial de Europa defiende, pero solo de boquilla, la protección social y medioambiental. Vaya un primer ejemplo: mientras que la Unión ha firmado los ocho convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, Japón no ha firmado todavía el 105, sobre abolición del trabajo forzoso, y el 111 sobre discriminación, ¿para qué?

Todavía resuena en el salón de plenos del Congreso de los Diputados esas declaraciones pomposas en las que los partidarios del acuerdo comercial entre la UE y Canadá, aprobado la semana pasada, afirmaban que ambas partes compartían los mismos valores. “Si no podemos firmar un acuerdo con Canadá, no lo podremos firmar con nadie”, clamaba algún portavoz. Se equivocaban, también se puede firmar un acuerdo con Japón, que tiene la misma cultura y valores que nosotros, ¿o ustedes no comen carne de ballena y utilizan grandes cantidades de madera ilegal en sus viviendas?

Según los defensores de la nueva arquitectura del comercio desregulado, los que nos oponemos a estos tratados amenazamos la democracia liberal y defendemos el proteccionismo. Pero los críticos con este modelo de gobernanza mundial no estamos pidiendo a la Unión Europea o a otros países o bloques que se aíslen del mundo. De hecho, defendemos la democracia, el estado de derecho, la transparencia y un sistema comercial donde las empresas no disfruten de derechos especiales ni de acceso exclusivo a juzgados especiales.

Nosotros queremos precisamente que a través de este tipo de acuerdos multilaterales se contemplen medidas vinculantes contra las amenazas más urgentes a las que nos enfrentamos: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, el agotamiento de recursos, la desigualdad, la pobreza y los conflictos armados.

Desafortunadamente, el acuerdo comercial entre la UE y Japón que filtró recientemente Greenpeace Holanda demuestra que el enfoque participativo o el interés por el bien común de la sociedad no es algo que le salga de manera natural a los miembros de la Comisión Europea. En vez de sacar partido de la fuerte posición económica de la UE, la Comisión una vez más ha buscado un acuerdo comercial que beneficia a las multinacionales a expensas de las personas y el planeta.

La postura tan débil que ha adoptado la UE con respecto a la tala ilegal, y la complicidad de Japón con este problema, es uno de los muchos asuntos que resultan preocupantes. Japón es el cuarto importador mundial de productos de madera y la madera ilegal puede entrar fácilmente en el país dada su falta de controles y de legislación adecuada. Las disposiciones sobre la tala ilegal que se incluyen en el acuerdo son todavía más débiles que las que acordó Japón en el ya desaparecido Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP). A pesar de que la Comisión prometió respetar y defender estándares de alto nivel en los acuerdos comerciales de la UE como este, el CETA o el TTIP, no lo está haciendo.

Aunque vayan de farol, en Bruselas saben ya que en cada acuerdo comercial que anuncian se enfrentan a mayores resistencias, no sólo de la sociedad civil, sino de formaciones políticas e incluso de gobiernos. La absoluta falta de transparencia, con mandatos y conversaciones secretas –incluso para los representantes elegidos en el Parlamento Europeo– y la ausencia de debate y consultas con las organizaciones sociales (sindicatos, consumidores, ecologistas, etc.) han generado una grieta que se agranda más y más.

Las organizaciones no gubernamentales y los sindicatos europeos siguen analizando los textos filtrados y siguen promoviendo el debate sobre el significado de este proceso constituyente que, bajo la apariencia de tratados comerciales, configura un complejo aparataje que refuerza el desigual reparto del poder a nivel global. Hace un año se reunían más de tres millones de firmas de ciudadanos y ciudadanas de la UE que se oponían al TTIP o al CETA, con Estados Unidos y Canadá (el TTIP y el CETA) y más de 2.300 ciudades y autoridades locales de Europa se han declarado ‘zonas libres de TTIP’.

Pero las dudas sobre el proceso y su contenido han desbordado ya las fronteras de los movimientos sociales: el PSOE ha pedido una comisión de estudio en el Congreso sobre los acuerdos comerciales y el Gobierno de Macrón en Francia ha creado un comité de nueve expertos para evaluar el impacto del CETA sobre el medio ambiente y la salud. Algo que, por cierto, ya hizo la Comisión Europea pero no de manera muy rigurosa por lo que parece.

En un momento en que la Unión Europea se encuentra inmersa en un profundo examen de conciencia y que hay elecciones europeas en menos de dos años, quizás es el momento para que los líderes europeos den al botón de reinicio de la política comercial. El futuro de Europa puede ser sombrío si se amplía la brecha entre la clase política de Bruselas y las capitales europeas y las preocupaciones y deseos de la ciudadanía.

Necesitamos un debate amplio sobre el modelo comercial que queremos. Un debate que amplíe la visión reduccionista utilizada hasta ahora. El comercio debe ayudar a unir comunidades y a que el mundo fuese un lugar más pacífico, más abierto y más igualitario. El comercio no puede ser un fin en sí mismo sino un medio para conseguir justicia social y medioambiental. Hasta entonces y hasta que la política comercial sea totalmente transparente, Greenpeace y otras organizaciones continuarán arrojando luz sobre los acuerdos comerciales que no ayudan a las personas y ponen en peligro el planeta.

Nas últimas décadas foron moitos os traballos de investigación que recomendaron que a planificación forestal debía xogar un papel modulador entre a produción e a conservación do medio natural, incluíndo o principio de precaución e enfoques propios da ordenación territorial. Obvia dicir que a planificación forestal fixo caso omiso dos expertos. O enorme fracaso do Plan Forestal de Galicia de 1992 é un exemplo do que nunca debería volver pasar.

As deficiencias na planificación forestal provocaron a cronificación do conflito, en cuxo debate séguese a abusar de olladas reducionistas, sexa para estigmatizar o eucalipto como árbore maldita, causante dos lumes e daniño sempre e en todo lugar; sexa para cualificalo como árbore inocua, negar os seus impactos, atribuírlle funcións ambientais das que carece ou esaxerar os seus rendementos económicos e o seu papel no desenvolvemento rural. Máis recentemente, chegouse mesmo a negar que esta especie expándese e naturalizase onde ninguén a plantou e hoxe habita en leiras, gabias, ribadas ou a contorna dos núcleos de poboación, algo que permite que se comporte como fachos de lume cando chegan as ondas incendiarias. A árbore, o eucalipto, non ten a culpa, mais pagou os pratos rotos do enorme poder do sector celulósico e a falta dunha correcta xestión forestal que amortecese os impactos sobre a biodiversidade ou minimizase o perigo da súa presenza en áreas poboadas.

Nesta polarización entre detractores do eucalipto e negacionistas da súa problemática, óbviase, por unha banda, o papel que xogan estes cultivos forestais na economía rural, no tecido industrial e en toda a cadea de valor do sector da madeira. Por outro, rexéitase a literatura científica e a extensa casuística que ilustra os impactos ambientais negativos destas plantacións sobre a paisaxe, a biodiversidade ou o seu magnífico comportamento como combustíbel durante os lumes forestais.

Porén, a semana pasada produciuse un punto de inflexión nesta discusión que supón un raio de esperanza para o monte galego. O Conselleiro de Medio Rural anunciou durante o debate do Plan Forestal a proposta de suspender temporalmente a autorización de novas plantacións de eucalipto, algo confirmado polo Presidente da Xunta de Galicia o pasado xoves. O feito de que o anuncio chegase de xeito trapalleiro, formando parte do mesmo paquete que o máis que polémico Plan Forestal aprobado en solitario o Partido Popular, non debe embazar que podemos estar diante dun cambio de tendencia. Un debate, o do Plan Forestal no Parlamento Gallego, que se cadra nin sequera reflicte acaidamente os novos aires no sector forestal galego.

A moratoria ao eucalipto é unha demanda histórica e recolle parte do espírito da proposta da sociedade civil galega, que durante 2018 promoveu unha iniciativa lexislativa popular que recibiu o apoio de 42.000 sinaturas e na que se pedía un novo modelo forestal onde as plantacións de eucalipto non seguisen a ampliar o seu dominio do territorio. Esta proposta seguía os pasos de Portugal, cuxo goberno decretara unha moratoria ao eucalipto en 2017 para pular por unha planificación forestal e económica máis racional. Tamén é coherente coa posición lanzada en 2011 por máis de 20 organizacións ecoloxistas e de conservación de todo o Estado español, declaración que foi denominada Unha visión común sobre o problema das plantacións de eucalipto. E, por último, a demanda dunha moratoria ao eucalipto aparece reiteradamente no discurso ecoloxista ibérico e vai contando cada vez cun maior grao de comprensión por parte dos actores económicos e políticos.

Non chegamos a ningures, mais ábrese unha porta.