Desconozco un código moral que desprecie la lealtad, la inteligencia o el desinterés (desprendimiento, no abulia). De los gobernantes se elogia con frecuencia la solvencia, la claridad de ideas, la templanza o el carisma pero a veces se infravalora o se omite el coraje. Decía Truman, Presidente de EE.UU. (1945-1953), que “los hombres hacen historia y no al revés. En periodos donde no hay liderazgo, la sociedad se detiene. El progreso se produce cuando líderes valientes y hábiles aprovechan la oportunidad para cambiar las cosas para mejor”.

Efectivamente, el coraje parece imprescindible. Eso no significa que tenga que ser beligerante, pero sí ha de existir valor para defender aquello en lo que uno cree, lo que uno piensa... El filósofo Fernando Savater afirma que no es posible la ética sin coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir.

De todas las manifestaciones de coraje que uno esperaría del actual Ministerio de Transición Ecológica (MITECO), quizá haya una por encima de todas: la mirada de largo plazo. Esa altura de miras sería necesaria para la acción de Gobierno en su conjunto pero mucho más si se afronta el reto de la transición ecológica, una señal muy saludable, pensando más allá de lo que resta de legislatura. Esto exige ser valorado no solo en el contexto de una eventual repetición de mandato sino, sobre todo, por la contribución estratégica al indispensable desacoplamiento del crecimiento y el desarrollo económico y la degradación ambiental.

Buena parte de los meses previos a la llegada del nuevo Gobierno estuvo presidida por la preocupación respecto al actual ciclo de sequía, cuya declaración fue prorrogada hasta septiembre de este año en las cuencas de Júcar, Segura y Duero. En 2017, en esta fecha, existía una inquietud muy tangible ante la peor sequía hidrológica en 22 años.

Llovió. Lo hizo de modo razonablemente abundante durante la primavera, con excepciones: alguna isla del archipiélago canario, Murcia, Almería, el litoral de Valencia, Castellón, Tarragona o el noreste de Girona. El valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas en el año hidrológico (desde el pasado 1 de octubre), es de 642 mm, un 15% más que el valor normal correspondiente a dicho periodo (el promedio de 1981-2010). La reserva hidráulica, una de nuestras obsesiones efímeras como en su momento lo fue la prima de riesgo (2011-2014), se sitúa en el 69,4% de su capacidad total. Por supuesto, las asimetrías a nivel espacial no son menores: mientras que las cuencas del Cantábrico están por encima del 90%, el Segura (29,4%) o el Júcar (34%) enfrentan el verano con niveles ostensiblemente más bajos.

Cabe esperar que el MITECO no se deje llevar por las apariencias. El problema verdaderamente relevante no es en sí la sequía, pues ésta no es más que la manifestación aguda del desafío crónico: la escasez estructural (frente a coyuntural) de agua en amplias zonas del territorio. La escasez no es, sin embargo, el único reto. En realidad, garantizar la seguridad hídrica a medio y largo plazo exige avanzar en lo cuantitativo pero también resolver los incumplimientos de la normativa comunitaria en relación a la calidad del agua o gestionar mejor el riesgo de inundaciones, además de frenar la destrucción de diversidad biológica, que ocurre a un ritmo superior en los ecosistemas acuáticos.  

¿En qué consiste mirar lejos?

Por un lado, parece esencial no disociar unos aspectos de otros. El Ministerio que dirige Teresa Ribera ha mostrado en su primer mes de trabajo una inequívoca vocación de sumarse a los esfuerzos internacionales para el cumplimiento de los acuerdos contra el cambio climático. La política de agua debe integrarse así, en los esfuerzos de adaptación al cambio climático, promoviendo la coordinación de políticas sectoriales. En torno a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático convergen numerosas oportunidades para reformular el modelo productivo y generar mayor bienestar. La adaptación no debe verse como una renuncia, sino como una gran oportunidad que demanda políticas activas para garantizar también la seguridad hídrica de las ciudades.

Mirar lejos demanda igualmente dar un tratamiento complejo a realidades que lo son. Esto implica, por un lado, asumir que buena parte de la respuesta a nuestros desafíos es global y europea, de modo que deben reforzarse los vínculos con la comunidad internacional para no caer en la ficción de pensar que los desafíos del agua son estrictamente locales simplemente porque los servicios de agua se prestan a esa escala (a hogares, regantes, industrias…). Más allá de la vocación internacional, es importante separarse de las formulaciones más populistas. Hay que atender al cómo y no sólo rumiar el qué.

La política de agua no puede consistir únicamente en el cumplimiento de la normativa, por valiente y ambicioso que parezca el reto. Las diferentes directivas europeas no son, en caso alguno, una amenaza, sino una más de esas oportunidades a las que me refería antes. Sin embargo, la política debe ir más allá, construyendo nuevos consensos sociales (por ejemplo en relación a los modelos de gestión del ciclo urbano del agua), modificando incentivos (como favorecer la diversificación de las fuentes de oferta con recursos como la reutilización o la desalación de agua), concertando acciones (sobre decisiones sobre el uso del suelo y objetivos de la política de agua), etc.

Las oportunidades para el progreso social son múltiples: la conservación de la diversidad biológica como piedra angular de las políticas de desarrollo territorial; la distribución (no bien resuelta) de agua desalada y regenerada hasta los usuarios para poder hablar de facto de economía circular; la armonización de tarifas en ámbito urbano; la creación de amplias alianzas entre la sociedad civil, los diferentes niveles de la administración pública y el sector privado en pro del interés general; la transformación digital acompañada de medidas que incentiven la eficiencia en el uso del agua; medidas de acompañamiento a la modernización de regadíos para que los ahorros de agua en parcela se trasladen de hecho a los caudales ecológicos o la recarga de acuíferos; la planificación integrada de energía y agua (en ambos sentidos: insumos energéticos para el suministro de servicios de agua y de agua para la generación de energía); la restauración (y no sólo la renaturalización) de ecosistemas acuáticos; la gestión de riesgos en torno al agua; la incorporación de la cascada de incertidumbres asociada al cambio climático en la planificación hidrológica; etc.

Decía Teresa Ribera hace unos días que “en realidad no hay cuencas deficitarias ni excedentarias, porque cada cuenca tiene lo propio de cada una”. Se ha leído por muchos como un error conceptual pues los balances hídricos de algunas cuencas son negativos (su disponibilidad no alcanza para satisfacer la demanda). Es posible que se pueda explicar mejor pero la idea de fondo no es trivial en absoluto pues pone el foco sobre el crecimiento insostenible de la demanda y no sobre la disponibilidad física del recurso. Es decir, justo lo que demanda un esfuerzo colectivo de transición ecológica.

No nos ocurrirá como al señor Argàn, el hipocondríaco protagonista de El enfermo imaginario (1673), última obra de Molière, quien por cierto falleció horas después de representarla en París. Si nos inquietamos ahora, al fin, por la sequía (¡declarada en las cuencas de Segura y Júcar desde mayo de 2015!), lo nuestro no será hipocondría ni precipitación pues la evidencia parece objetivamente desafiante.

Los retos de la gestión del agua distan de ser lingüísticos, nominales, pero como en tantos otros ámbitos de la política pública, y no sólo, la precisión conceptual ayuda. Mucho más en tiempos en los que algunos parecen haber tomado en serio a Pessoa cuando decía que “hay bastante metafísica en no pensar en nada”.

Al hablar de escasez, uno puede decir muchas cosas al tiempo sin necesidad de hacer explícito lo que realmente quiere decir. Nadie podría afirmar que la escasez carece de definición, pero lo cierto es que la percepción de ciudadanos, medios de comunicación y comunidad científica rara vez suele coincidir.

De entrada, es crucial distinguir entre “escasez general” y “escasez relativa”. En la primera acepción el agua se considera escasa cuando es insuficiente en relación a algún objetivo predeterminado (por ejemplo, para satisfacer las demandas de riego entre Alicante y Murcia o el abastecimiento de una ciudad del litoral mediterráneo en temporada alta o la suma de ambas). En la segunda, hablamos de escasez cuando el consumo de agua para cualquier uso implica elegir, es decir renunciar a otro.

Desde un punto de vista económico, el segundo significado es más relevante. El agua, tanto si está en el medio natural (ríos, lagos, acuíferos, etc.) como la dedicada a usos económicos, es siempre (económicamente) escasa pues siempre hay usos alternativos. Económicamente, por lo tanto, lo relevante no es si el agua es escasa sino en qué medida.

Esto no quiere decir que se pueda elegir una u otra definición; ambas son compatibles y necesarias. La escasez absoluta es crítica para garantizar la sostenibilidad de los usos actuales y futuros del agua; la relativa para encontrar el modo de progresar económica y socialmente dentro de los límites de la disponibilidad de agua.

En varias cuencas hidrográficas españolas (fundamentalmente en el sur y el sureste del país) la escasez es estructural: los recursos disponibles a largo plazo no son suficientes para satisfacer las demandas actuales de servicios de agua ni para mantener el buen estado de los ecosistemas acuáticos. El Segura, por ejemplo, es la cuenca con mayor estrés hídrico de toda la Unión Europea, según la Agencia Europea de Medio Ambiente (2017), sólo tras dos cuencas insulares: Gran Canaria y Madeira (Portugal). Siete de las diez cuencas con mayor escasez son españolas.

Del mismo modo que la escasez (una dolencia crónica) es un problema estructural, la falta coyuntural de agua, las sequías son desafíos temporales que pueden ser gestionados… siempre y cuando el agua no sea estructuralmente escasa. Es decir, en tanto en que hayamos sido capaces de protegernos frente a las mismas con medidas preventivas.

La sequía es un descenso temporal relevante de la disponibilidad promedio de agua. A 3 de julio de 2017, la reserva hidráulica en España (agua embalsada) estaba al 52,5% de su capacidad total, con notables asimetrías: más del 80% en el Cantábrico o las cuencas internas de Cataluña, un 25,6% en el Segura. Desde 1995, cuando el nivel embalsado cayó en promedio hasta el 40%, no se había vivido una situación similar.

Como sabe cualquier enfermo de hipertensión arterial, su dolencia crónica puede también pasar por momentos agudos. La relación entre escasez y sequía es equivalente.

También hay dos clases de sequía. Por un lado, cuando la precipitación es variable interanual y estacionalmente, algo que ocurre en buena parte de las cuencas del país. En el Júcar, por ejemplo, en 2015, entre el máximo de noviembre y el mínimo de abril, la disminución de la precipitación fue de casi un 88%. Las variaciones promedio interanuales en muchas cuencas oscilan entre el 100% y el 150%. En esas situaciones, un papel esencial de la gestión del agua es garantizar seguridad hídrica evitando que un descenso de lluvia (sequía meteorológica) se convierta en déficit de agua para determinadas actividades (sequía hidrológica), con las consiguientes pérdidas.

La caída de la precipitación es compleja de controlar de modo directo por el ser humano; sin embargo, la sequía hidrológica, como la actual, es el resultado de una sequía meteorológica pero cuando ésta es gestionada por la sociedad. Es decir, en la medida en que somos responsables de la gestión, somos responsables de la sequía. Podemos seguir con danzas de la lluvia como cherokee o con plegarias a la divinidad, aquel que tenga línea directa, pero sería preferible asumir nuestra responsabilidad.

Las discusiones sobre la gestión de sequías deberían poner el énfasis en las alternativas y la capacidad de las instituciones existentes y los diferentes agentes sociales (sector público, sector privado, sociedad civil) para proteger a los ciudadanos y sus actividades económicas de los “caprichos” del cielo y no en cuestiones meteorológicas, como frecuentemente ocurre. Por supuesto, el descenso en las precipitaciones tiene importantes consecuencias económicas, como es evidente en el medio natural o en la agricultura de secano, fundamentalmente.

Este año, en la zona productora por excelencia de cereales, Castilla y León, que aporta el 50% de la producción nacional, se registran ya reducciones de cosecha que oscilan entre el 50 y el 80%, el peor dato en 30 años. Sin embargo, al contrario que en la agricultura de riego, gestionar mejor el agua disponible no puede reducir esos daños. Y es en la agricultura de riego donde el país tiene un desafío no menor para garantizar la seguridad hídrica en un contexto de adaptación al cambio climático, aumentando nuestra resiliencia a nuevas sequías, cada vez más frecuentes, largas e intensas.