La RAE define el término anomia como la ausencia de ley y como “el conjunto de situaciones que derivan de la carencia de normas sociales o de su degradación”. Siguiendo a Emile Durkheim, que es el padre del concepto y uno de los padres de la sociología moderna, diríamos que se puede producir un estado anómico en toda o parte de una población cuando la estructura social en su conjunto es incapaz de proveer a los individuos de lo que necesitan. Y estaremos de acuerdo en que la falta de previsión de una tragedia de proporciones bíblicas como la de Valencia, y la posterior ausencia del Estado durante días (independientemente de la presencia de elementos extremistas más o menos organizados –que no se discuten–, instrumentalizándolo), añadidos a la tristeza, dolor, rabia e indignación, han sumido al común de los afectados de DANA en Valencia, de forma más que justificada, en un estado de anomia colectiva fácilmente transformable en palos, piedras, insultos y barro. 

Y es que, en tiempos confusos, siempre es buena idea recurrir a los clásicos –que nunca defraudan– para arrojar un poco de luz. Si las normas no sirven, si no hay ley, tampoco las habrá ni para presidentes ni para el rey.

Además de la dificultad, coste y tiempo que supondrá para todas estas personas recuperar lo material, y del inenarrable dolor ante la imposibilidad de recuperar lo más importante, los bulos, las exageraciones, las tergiversaciones y las mentiras (malintencionadas o no) van a dificultar, aún más, que las cerca de un millón de personas afectadas por la catástrofe de este octubre puedan recuperar su vida y salir de ese profundo sentimiento de anomia. Y creo que es responsabilidad de todos los demás, de los más de cuarenta y ocho millones de españolas y españoles restantes, evitar esto. Es una cuestión de respeto y empatía hacía las víctimas.

Uno de esos bulos –probablemente uno de los más crueles– fue el referido al aparcamiento del centro comercial Bonaire, que, en contra de las mentiras que se dijeron, es de las pocas alegrías que un país que sigue en shock se ha llevado: no había allí ni una sola víctima. 

No es necesario comentar el fondo de ese asunto porque quien más, quien menos ha estado siguiendo con el alma en un puño todas las noticias y los especiales informativos desde la fatídica noche del martes 29 de octubre.  Así que, más allá del fango sobre el fango y del lodo sobre el lodo que hayan podido verterse en este punto concreto, cabe preguntarse: ¿realmente ha habido una preocupación sincera por las consecuencias que la mala gestión de una crisis como la vivida hubieran podido provocar en ese centro comercial? ¿Se ha tomado conciencia de la necesidad de disponer de medidas concretas y claras en lugares donde las personas pueden ser especialmente vulnerables en caso de desastres provocados por fenómenos extremos? 

Si no queremos caer en el nihilismo total, si no nos queremos quedar anómicos perdidos, si nos queda un ápice de confianza en nosotros mismos y en la sociedad de la que formamos parte (y si no la encuentran, piensen en los voluntarios y voluntarias de toda condición que no han faltado un solo día), entonces solamente podremos responder esas preguntas con un sí. A pesar del sensacionalismo, a pesar del amarillismo, podemos, debemos, responder que sí.

Y es ese sí precisamente el que anima la principal finalidad de este artículo, que desde la convicción de esa afirmación y desde la humildad, desea realizar una modesta aportación para quien la quiera y pueda recoger, y para quien la quiera y pueda implementar. Porque seguramente a la luz de lo tristemente vivido tenga más posibilidades de ser juzgada por su finalidad, por su utilidad y por su valor. Es la siguiente:⁸

El cuatro de febrero de 2021 se defendió en el parlamento madrileño una proposición no de ley (concretamente la PNL-21/2021) cuya parte propositiva, que es donde se redactan las medidas que se están proponiendo al gobierno (regional en este caso), tenía cuatro puntos que decían de forma literal:

“1.- Establecer canales y protocolos de comunicación –no solo internos– y mensajes estandarizados para la población por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en caso de la emisión de alertas rojas desde Aemet (riesgos meteorológicos extremos fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto) que no solo ”recomienden“ sino que den indicaciones precisas a tenor del riesgo en cuestión. 

2.- Regular y automatizar la orden de paralización de la actividad comercial en cualquier zona, o la totalidad de la Comunidad de Madrid en su caso, afectada por el nivel de alerta citado en el punto 1.

3.- Delimitar el nivel de riesgo de los centros y parques comerciales madrileños dependiendo de su facilidad para quedar aislados ante un evento climático extremo, debido a su ubicación y conexiones, para establecer un protocolo que priorice su cierre y la puesta a salvo de trabajadoras y trabajadores con un margen temporal seguro. 

4.- Incluir este tipo de prevenciones en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales.“

Como quienes hayan llegado hasta aquí ya habrán imaginado, esta propuesta se hizo a raíz del paso de la tormenta Filomena por Madrid. Se redactó después de hablar con trabajadores y trabajadoras que o bien quedaron atrapados o bien tuvieron dificultades, incluyendo accidentes, en las carreteras. Y se hizo porque esto no sucedió en todos los Centros Comerciales afectados por la tormenta ¿Por qué no? Pues sencillamente porque, como no existía una normativa o protocolo concretos de actuación (aún no existen), la decisión de mandar a la gente a casa o no, la decisión de cerrar o no quedaba libremente bajo el criterio de los gerentes, en primer término, y de los gerentes y direcciones de las empresas y tiendas, en segundo. Esto mismo volvió a suceder el 29 de octubre. Y, como en todas partes hay gentes con buen y mal juicio, hubo responsables que a las 15:00 mandaron a todo el mundo a casa y, a escasos metros, otros que amenazaron con multar a los trabajadores y negocios que cerrasen antes de las 20:00. 

Las normas, las leyes, los protocolos de actuación sirven, y deben servir, para proteger tanto a los trabajadores y trabajadoras como al común de la ciudadanía de los malos juicios de responsables necios. Como desgraciadamente hemos visto en Valencia, a veces ni siquiera son suficiente paraguas cuando la necedad es inabarcable (ya decía Baltasar Gracián que la Fortuna frecuentemente reviste la altura del puesto con la inferioridad del portador). Pero, si ni siquiera existen estos reglamentos, ¿qué nos puede proteger de la estupidez y de la incompetencia?

Cuando, a primeros de septiembre de 2023, la Comunidad de Madrid fue prudente y emitió un aviso a toda la población ante una DANA, recibió críticas e incluso burlas de políticos, periodistas y opinadores de su propio arco ideológico, algunas de las cuales se referían a la intromisión en la privacidad (denotando, por cierto, una ignorancia supina al respecto) y otras ponían el énfasis en los posibles perjuicios económicos de esa acción. Incluso afirmaban que hay que estar cien por cien seguros de que se va a producir el evento antes de lanzar un aviso de ese tipo. Hubo hasta burlas a pesar de que esa DANA dejó varias víctimas mortales. ¿Cuántas personas hubieran debido perder la vida para tomárselo en serio? 

La dolorosa y desgarradora experiencia recién sufrida –los hechos– nos ha enseñado que en realidad esto es justamente al revés: hay que estar cien por cien seguros de que no va a producirse un evento para no avisar a la población que puede sufrirlo. Aquí ya no puede haber discusión de cuál es el correcto orden de estos factores. Lo hemos aprendido tarde y por las malas.

Precisamente, volviendo al principio, esa era la solución a la que Durkheim apuntaba para solucionar los estados de anomia social: recomponer el sistema de valores de la sociedad que la sufre. Evitar el colapso poniendo en orden nuestras prioridades, ponerlas en el orden correcto. Esa sería una buena forma de empezar porque además la anomia puede ser tan contagiosa como la peor de las pandemias.

Isabel Díaz Ayuso ha lamentado que la campaña lanzada contra ella haya afectado también a Kike Sarasola. Es lógico porque, tal y como declaró recientemente Pablo Casado, estamos ante gente muy generosa y por eso le mandaba un fuerte abrazo en su visita al Room Mate Óscar en la que también glosó el duro trabajo de los emprendedores de este país.

Sin embargo, a la inmensa mayoría de los autónomos que puedan leer este artículo les cabreará descubrir que no todo el mundo es igual a la hora de iniciar una aventura empresarial. El Partido Popular, y en concreto José Manuel Soria, experto en recibir regalos de empresarios del sector turístico, tuvieron que ver mucho con el arranque del negocio de Kike Sarasola. Como ha publicado eldiario.es, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo concedió en 2015 a Be Mate tres préstamos “destinados a la financiación y potenciación de la actividad de la Sociedad por un importe total de 3.000.000 euros” a un tipo de interés inferior al 1% y que vencen este año.

Eran créditos baratos pero, a la hora de la verdad, a estos admirados amigos del señor Casado les sale mucho más a cuenta no devolverlos. Y de hecho, es lo que hasta ahora ha ocurrido, ya que pidieron en 2019 un aplazamiento de capital e intereses, tregua que les fue concedida. No había ninguna emergencia sanitaria a la que poder responsabilizar, así que habrá que suponer que la culpa es de quienes no vamos a esos apartamentos de lujo y no pagamos 200 euros la noche por dormir en ellos. Es lo que tiene favorecer y subvencionar con dinero público un modelo de negocio que tanto tiene que ver con la especulación de la vivienda en el centro de las ciudades y la insostenibilidad del crecimiento de los precios que expulsa a los vecinos de toda la vida.

La cosa no se queda ahí, porque estos “emprendedores liberales” que se afanan en criticar el papel de lo público en la economía consiguieron también en 2015 un préstamo concedido por la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), también adscrita a Industria, por importe de 450.000 euros y cuyo vencimiento está fijado en diciembre de 2021.

Quienes dicen aborrecer la banca pública, usaron el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para financiar con el presupuesto del Estado a sus colegas. Vamos que para arrancar, se agenciaron casi tres millones y medio de euros de dinero público mientras ese año el PP recortaba gasto público a toda velocidad. Suponemos que, a estas alturas, cualquier emprendedor votante de la derecha y que se cree sus falsos mensajes estará tan indignado como nosotros.

El capital social de la compañía es de… 60.000,00 euros, y entre todas y todos hemos aportado 3.450.000 euros. Sin embargo, aunque la administración pública gobernada por el PP arriesgó 57 euros por cada uno que pusieron los dueños, no tenemos ni una acción…

No perdamos la perspectiva de que esta financiación, en su mayor parte en forma de préstamos participativos, es una inmensa ayuda porque a efectos de análisis de riesgo no computa como deuda exigible, ya que en la estructura de balance tienen el carácter de “semi-fondos propios”, por lo que facilita que te den otros préstamos. De hecho, el Ministerio de Industria y ENISA estarían “los últimos de la cola” a la hora de cobrar deudas si esta sociedad, dios no lo quiera, tiene problemas en el futuro a la hora de afrontar los pasivos. No sabemos qué otras entidades bancarias privadas, siguiendo las ortodoxas leyes liberales, han arriesgado y apostado por este proyecto tan publicitado y alabado por el Partido Popular.

Además hay otra ventaja porque pagan intereses en función de los beneficios que obtengan. Y ahí es donde está el siguiente favorcillo; la empresa matriz, es decir, el accionista único, está domiciliada en Holanda. La matriz factura a la filial por conceptos diversos aunque no tenga, como es este caso, ni empleados ni oficinas, y la deja “seca” de beneficios. Paga sus impuestos en Holanda a un tipo ridículo y aquí en España, hasta ahora, no ha abonado ni un puñetero euro en impuesto de sociedades. Ni lo pagará nunca. Estas estructuras societarias radicadas en Países Bajos les cuestan a las haciendas públicas de todo el planeta el 15% de la elusión fiscal mundial. No penséis que el dinero se queda en Holanda. De allí se va a los paraísos o guaridas fiscales en las que se pierde el rastro.

Y todo es “legal”.

En cualquier caso, no nos debe extrañar que José Manuel Soria, el entonces ministro de Rajoy, inflara a fondos públicos a una sociedad relacionada con paraísos fiscales y elusión tributaria. Su nombre apareció en la documentación interna del despacho panameño Mossack Fonseca, ya que fue administrador de su empresa familiar, que aunque era “muy española” prefería no pagar impuestos en nuestro país.

En definitiva, que gracias a la derecha, financiamos entre todas y todos a unos ricos para que hagan negocio con dinero público y facilitamos que no paguen impuestos con normativas legales que permiten guaridas fiscales dentro de la Unión Europea.

Imaginamos al señor Sarasola azuzando la manifestación indignada de esa patronal por las recientes declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, cuando dijo que en el sector turístico había estacionalidad y precariedad. Desgraciadamente es tan cierto como que hay empresarios que en vez de arriesgar su dinero, prefieren que sea “papá Estado” quien se lo juegue. Si va bien, ganan ellos y si va mal, perdemos todas y todos.

Con estas ventajas, no ha de extrañar que pudiera haberle regalado cosas a Ayuso y quién sabe si a otros dirigentes del PP.

Porque de esto se trata. A Isabel Díaz Ayuso la pilló desprevenida, en perfecta consonancia con la sensación de impunidad a la que nos tienen acostumbrados los dirigentes del Partido Popular madrileño desde hace décadas. Solo ha reconocido que pagaría por los 408 humildes metros cuadrados proporcionados por Room Mate cuando se ha descubierto el pastel. Pero lo que ha dicho que abonaría sigue suponiendo un ahorro con respecto a las tarifas para el resto de los mortales, de más de 13.000 euros.

Y eso es un escándalo mayúsculo. Porque desvela una relación absolutamente vergonzosa entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, y un empresario dopado con dinero público gracias a la acción de gobierno del Partido Popular. Que, además de todo lo anterior, se adjudicara por procedimiento de urgencia un contrato de 565.000 euros a la empresa de Sarasola y que dicho contrato se volatilizara ante la denuncia pública que evidenciaba esta ilegalidad no hace sino incrementar su magnitud.

Así ponen en práctica eso que llaman “colaboración público-privada”, que se parece mucho a las redes clientelares del caciquismo de toda la vida. Si a alguien le espeluzna es a los autónomos y autónomas que se tienen que buscar la vida cada día para ganarse el pan de forma honrada y que son utilizados por la derecha como excusa para su capitalismo de amiguetes.

Ayuso y Casado tienen mucho que explicar antes de irse a su casa.

Cuando en una organización o espacio político se tiene por delante un referéndum, o cualquier otro proceso participativo de toma de decisión, lo primero que se nos tendría que venir a la cabeza es que dicha organización es democrática, y por tanto, tomarlo como un síntoma positivo. Sin embargo, estamos tan inmersos en la cultura dominante del individualismo, la confrontación y la competitividad −esos mismos valores que desde la izquierda y desde el feminismo luchamos por cambiar por la complementariedad, la colaboración y la cooperación−, que de forma casi automática es lo que proyectamos en nuestra pantalla mental.

Evidentemente elegir es tomar partido por algo, y elegir colectivamente es además confiar; confiar y comprometerse con las decisiones que tomamos entre todas las personas que formamos ese colectivo. Y eso es lo primero que queremos destacar del proceso de referéndum que vivimos en Izquierda Unida Madrid desde el martes 19 hasta el próximo sábado 23 de marzo: nuestro compromiso, tanto el de la dirección como el de la militancia, a defender el resultado, cualquiera que este sea, como propio, y nuestra confianza inquebrantable en las decisiones que tomamos colectivamente.

Este no es un referéndum de ratificación, donde únicamente se pide la aprobación o no del resultado de un proceso. Como decíamos, aquí hay que elegir. Nos hubiera gustado que esto no fuera así, pero a veces los deseos deben lidiar con una realidad tozuda.

En Izquierda Unida Madrid, como en el resto de nuestras federaciones y en nuestra organización estatal, apostamos por la confluencia, por la alianza con otras fuerzas que nos hagan ser más fuertes para poder afrontar en las mejores condiciones los retos que vienen.

En la Comunidad de Madrid, los desequilibrios territoriales y la creciente desigualdad hacen que, a pesar de ser una de las regiones más ricas de Europa, la brecha social no pare de aumentar. El 46% de los hogares de la región no puede llegar a fin de mes según el Instituto Nacional de Estadística. El 17% de la población está en riesgo de pobreza, y esta cifra sube hasta el 29% entre los menores, de modo que en el próspero Madrid en que los vecinos de los barrios del sur se mueren hasta tres años antes que los del norte, 3 de cada 10 niños están en riesgo de pobreza. Los fondos de inversión a los que la administración pone la alfombra roja como importantes inversores se ganan el apelativo de buitres acaparando vivienda y expulsando a la gente de sus casas. Las casas de apuestas, tratadas por las instituciones como negocios productivos o respetables, extienden la adicción entre nuestros jóvenes y sus precarios horizontes de vida colonizando los barrios de la clase trabajadora como una nueva heroína de los 80.

A estos y otros muchos acuciantes problemas se une el ascenso de una extrema derecha racista, machista y xenófoba que siembra el odio entre trabajadores ocultando entre banderas su programa económico neoliberal que los empobrecerá a todos por igual, mientras pretende recortar nuestras libertades y derechos devolviéndonos a momentos históricos despreciables.

Asumiendo que este ascenso de la derecha, de la extrema derecha y de los fascismos no es un fenómeno local, sino una salida que muestra una tendencia generalizada para un sistema en crisis –el capitalismo–, sería muy cómodo y un grave error, precisamente por la importancia del momento, atribuir todos los méritos al enemigo y no imputarnos ningún error. ¿Por qué tanta gente nos ha retirado su confianza en tan poco tiempo? ¿Cómo se han establecido las relaciones en los espacios que venían a cambiarlo todo? ¿Podemos permitirnos el lujo, en esta encrucijada, de seguir repitiendo las mismas cosas esperando resultados diferentes?

Lo que hemos tratado de hacer –de recuperar– quienes hemos impulsado el proceso “Madrid en pie” es precisamente crear un espacio abierto en el que prime la deliberación, la equidad, el respeto entre las partes y la elaboración y decisión colectivas. Sin imposiciones, con reglas justas y abierto a todas las fuerzas, incluida Podemos, invitando desde la humildad de quienes se saben no mayoritarios pero tienen claro que en este largo e intenso periodo no solamente está en juego quién llega a las administraciones y quién va a gobernar, sino cómo reconstruirnos después y con qué seguiremos tejiendo unidad y poder popular. Simplemente cumplir las expectativas con las que nos comprometimos hace tiempo y que muchos y muchas han visto, o sienten, frustradas, lo cual puede tener bastante que ver con las malas perspectivas demoscópicas. Y confiando en que si lo hacemos bien sacaremos a mucha gente de la abstención. Esa es nuestra responsabilidad, y del mismo modo apelamos a la de los demás. Replegarse cuando vienen mal dadas en política puede hacer que los espacios se achiquen, y que ese buen momento para hacer las cosas mejor nunca llegue. Y ese es un lujo que no nos podemos permitir. Debemos hacerlo bien y hacerlo ahora, mañana puede ser tarde.

Estas opciones entre las que hoy elegimos no deberían ser excluyentes, Izquierda Unida Madrid ha trabajado arduamente por que no lo fueran. No hemos sido nosotras quienes han sacudido el tablero con individualismos y proyectos personales. Hemos informado a simpatizantes y militantes con absoluta lealtad y transparencia a través de catorce circulares de convergencia desde mayo de 2018 hasta esta misma semana. Pero ante lo inaplazable del calendario y siempre tendiendo la mano hasta el último momento, si hemos de elegir muchas de nosotras elegimos ponernos en pie. Todo nuestro respeto para los compañeros y compañeras que compartiendo nuestros mismos objetivos crean que el camino es otro. Como decíamos al principio, esto es democracia. No es competencia ni competitividad. Por eso hemos tratado de exponer nuestros argumentos con serenidad, sabiendo que seguramente no estaremos en posesión de ninguna verdad absoluta y sin aristas, pero completamente seguras de la honestidad de nuestras certezas.

Y reconocemos el actual estado de cosas, sin dudar que en cualquiera de los escenarios Izquierda Unida dará el máximo de sí misma, desde la absoluta confianza en nuestra organización y en los hombres y mujeres que la formamos. Y precisamente esa militancia es quien debe ahora pronunciarse, y colectivamente decidir hasta dónde debemos llegar. Ojalá que sea todo lo lejos que nuestra clase necesita.

Una de las puertas que se abre tras la moción de censura que ha llevado a Rajoy de Moncloa a Santa Pola es la posibilidad real de que se produzca un vuelco en las políticas opacas, corruptas y al servicio de la oligarquía financiera que el gobierno del Partido Popular ha protagonizado en los últimos años.

Hacer negocio privado a costa de lo público ha sido una constante que es imprescindible detener de manera inmediata. Por eso, los principios e instrumentos de actuación pública en materia de urbanismo fueron siempre los grandes olvidados por la derecha en nuestro país. Y un ejemplo claro es el desarrollo de la Operación Chamartín en la ciudad de Madrid que, si bien nacieron bajo el gobierno del PSOE en 1993, su deriva -siempre buscando el beneficio de los intereses privados- ha ido incrementándose con las consecuentes renovaciones de convenios y pactos entre ADIF, DCN (formada por el BBVA y la Constructora San José) y el Ayuntamiento de Madrid.

Pero las circunstancias han cambiado y la llegada al gobierno del Partido Socialista debería suponer un giro radical en las políticas que ha implementado el Partido Popular. Nadie podría entender que siguiera primando la opacidad y el lucro de las élites en vez de las necesidades de la mayoría social.

Por eso Izquierda Unida, en el marco del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos, En Comú Podem, En Marea, presentó la semana pasada una Proposición No de Ley pidiendo al gobierno actual la cancelación del convenio entre ADIF y DCN y emplazando, asimismo, a formalizar un convenio entre administraciones públicas que ponga solución a las necesidades de los barrios adyacentes a la estación y garantice que el suelo público es empleado con fines puramente sociales.

Desde nuestra organización política hemos defendido abiertamente que hay alternativa a las políticas especulativas de la derecha y esta pasa por mejorar la cohesión territorial, la creación de empleo de calidad, la dotación de espacios verdes y servicios sociales, frenar la especulación y garantizar que la vivienda y el suelo público esté al servicio de la gran mayoría social. Y eso está en las antípodas de los distintos desarrollos planteados en la Operación Chamartín, vinculados a la privatización del suelo público a través del acuerdo firmado entre el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y la empresa Distrito Castellana Norte (DCN), que han sustituido la defensa del interés general por el particular del BBVA, las constructoras y una empresa pública que acumula más de 16.000 millones de deuda por su mala gestión y planificación de infraestructuras ferroviarias centradas en la alta velocidad en lugar de favorecer el desarrollo de un tren público y social de calidad.

Es también destacable la absoluta opacidad que planea sobre el convenio firmado y las consecutivas renovaciones pactadas entre DCN y ADIF a lo largo de los años. Recientemente leíamos, tras la presentación de nuestra PNL, que el convenio finalizaba el próximo diciembre. Sin embargo, tal y como demostró Izquierda Unida, las cuentas anuales auditadas de ADIF reflejaban que este acuerdo finalizaba el 31 de agosto del presente año. ¿Qué condiciones establece dicho convenio? ¿Qué obligaciones reconocía a ambas partes? ¿Bajó qué circunstancias se firmaron las consecuentes renovaciones que permitían incrementar el suelo a disposición de DCN de un acuerdo al siguiente?

No son dudas menores y es increíble que, pese a la multitud de solicitudes de acceso al expediente que contiene dicho convenio presentadas por organizaciones y colectivos como la FRAVM o Ecologistas en Acción, éste nunca ha sido publicado lo que es un evidente ejercicio de opacidad intencionada solamente explicable desde la inclusión de cláusulas y condiciones lesivas en el mismo.

Es hora de apostar por la defensa de principios democráticos y de transparencia en la gestión pública de los recursos de todas y todos. No en vano, la mayoría que ha desalojado al Partido Popular de la Moncloa presume de haber demostrado en sus gobiernos su compromiso con la transparencia en contraposición a lo que ha hecho la derecha. Pero la transparencia no puede limitarse únicamente a la publicación del patrimonio de cada uno de los cargos públicos, de sus agendas, y facilitar el acceso a estas publicaciones. La transparencia también debe garantizar el acceso ágil y universal a los expedientes en los que se decide sobre el patrimonio público.

El gobierno del PSOE debe publicar los convenios firmados entre ADIF y DCN y no renovar el acuerdo. Esta cancelación no exige ninguna compensación ya que no hay derechos reconocidos y está plenamente en su mano realizarlo para abandonar algo perjudicial para los intereses de la ciudad. El suelo público debe seguir siendo público y al servicio de las necesidades sociales, y por ese motivo hay que usarlo para dar solución al déficit de dotaciones sociales y espacios verdes. Se trata de una oportunidad de oro para abordar el problema de la vivienda en la ciudad de Madrid y por ello, la que se vaya a construir debe ser mayoritariamente pública, en régimen de alquiler y a precios asequibles. Y todo lo anterior es perfectamente compatible con la necesaria reforma de la estación ferroviaria de Chamartín.

Para conseguirlo solamente hace falta voluntad política y el trabajo conjunto de unas Administraciones Públicas que se guíen con un único objetivo: el interés común.

La simbiosis entre las empresas constructoras y la derecha política se lleva arrastrando durante más de un siglo en nuestro país, forjando lazos entre corruptores y corrompidos con nudos que perjudican a la clase trabajadora

Opacidad, amaños, gestión ruinosa e inauguraciones con paellas para 2000 personas. Este es el resumen de la gestión de infraestructuras del Partido Popular durante décadas en la Comunidad de Madrid.

La simbiosis entre las empresas constructoras y la derecha política se lleva arrastrando durante más de un siglo en nuestro país, forjando lazos entre corruptores y corrompidos con nudos que perjudican a la clase trabajadora.

La inversión presupuestaria conlleva una enorme responsabilidad para aquellas personas encargadas de dotarla económicamente y materializarla en proyectos que apuesten por una mejora de nuestra sociedad, nuestro entorno, nuestra forma de relacionarnos y de avanzar hacia una sociedad equilibrada, justa y sostenible.

Las decisiones en torno a los proyectos de infraestructuras de una región no sólo determinan la forma en que se desarrollará la misma, sino que comprometen presupuestariamente una importante cantidad de dinero en su ejecución y en su posterior conservación.

Es por esto que deben ser decisiones estudiadas, debatidas, transparentes y que supongan un cambio hacia un modelo de región sostenible tanto en su aspecto económico como, de manera más importante, en el medio ambiental.

La política de infraestructuras de la Comunidad de Madrid durante la última década ha estado marcada por 3 rasgos muy alejados de los objetivos mencionados. Por el contrario han estado centradas fundamentalmente en los siguientes aspectos:

- Búsqueda de objetivos electorales que obligan a que los plazos se ajusten al calendario político comprometiendo en ocasiones la seguridad.

- Sobrecostes desmesurados que han llegado a triplicar el coste inicial previsto de la infraestructura.

- Opacidad absoluta tanto de los proyectos adjudicados, como de su verdadero coste de ejecución y mantenimiento.

Las recientes noticias acerca de la financiación ilegal del Partido Popular, además de haber propiciado el primer cambio de gobierno en democracia a través de una moción de censura, han corroborado lo que todas conocíamos de antemano: las adjudicaciones y los compromisos en infraestructuras de los gobiernos del Partido Popular esconden tratos de favor a grandes empresas y financiación encubierta bajo una Caja B que ha quedado perfectamente acreditada. Esta simbiosis entre las empresas constructoras y la derecha política se lleva arrastrando durante más de un siglo en nuestro país, forjando lazos entre corruptores y corrompidos con nudos que ahogan a la clase trabajadora.

Son innumerables los ejemplos que podríamos detallar en la Comunidad de Madrid siguiendo al dedillo la metodología implantada en todo el estado por el Partido Popular: la ejecución y posterior gestión de la M45, con enormes sospechas de una adjudicación amañada, costes inflados y sin duda alguna de un modelo de gestión ruinoso para todas las madrileñas; el metro ligero que supone otro capricho electoral de la era Gallardón cuyo sobrecoste sufrimos ahora todas las madrileñas con otro modelo de gestión absolutamente ruinoso; el tren de Móstoles a Navalcarnero, otro sistema de concesión ideado por Esperanza Aguirre y por el que la constructora OHL (me resulta familiar..) reclama 371 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

Sin embargo, hay un ejemplo aún más clarificador del modelo de infraestructuras con el que los gobiernos de la Comunidad de Madrid arruinaron la región con objetivos electorales: la ampliación de la línea 7 de metro, el llamado “Metro Este” que ahora necesita una nueva obra de rehabilitación, un nuevo problema para los vecinos de la zona en su movilidad y un nuevo derroche de dinero público por una penosa gestión.

Las obras de prolongación fueron divididas en 3 tramos, adjudicando dos de ellos a Dragados (también me resulta familiar…) y siendo ejecutadas entre 2003 y 2007. Las obras sufrieron un cambio repentino de trazado incorporando, además, 2 estaciones adicionales y encareciendo la inversión inicial alcanzando más de 645 millones de euros. Como es costumbre para las inversiones en infraestructura del Partido Popular, las obras se inauguraron 15 días antes de las elecciones del año 2007 (¿casualidad?). Sin embargo, sólo unos meses después ya se estaban planteando las primeras reparaciones. Las primeras de una lista de reparaciones que se sucedieron en el año 2008, 2011 (por partida doble), 2014, 2015, 2016, 2017 y, de nuevo, el próximo verano.

El principal problema que presenta el túnel es que justo en uno de los puntos donde se modificó el trazado con la obra ya en marcha, hay una elevada concentración de halita, es decir sal altamente soluble que, ante una presencia de agua mayor de lo esperada en los supuestos informes geotécnicos y geológicos, provoca una rápida disolución con la consecuente problemática para la estabilidad del túnel. Esta sal, además, se filtra entre las dovelas del túnel provocando enormes depósitos de sal en el interior del túnel.

Pese a que la asamblea de Madrid ha solicitado de manera reiterada los informes necesarios para poder llevar acabo el repentino cambio de trazado, éstos nunca se han presentado y todo parece indicar que no realizaron las investigaciones geológicas y geotécnicas necesarias para garantizar una correcta solución técnica. Máxima opacidad, modus operandi made in PP. La entrada en el blog de Nación Rotonda da explicaciones más detalladas de los problemas que se han generado por no realizar un estudio detallado de la obra.

De lo que sí se aseguraron es de celebrar la inauguración con una paella, bombo y platillo para 2000 personas (obviamente, en plena campaña electoral). También forma parte de su modus operandi.

Nuevas impermeabilizaciones millonarias, inyecciones en el terreno para consolidar el terreno y evitar mayores desastres que han supuesto prácticamente un nuevo túnel por fuera del existente, obras de emergencia, cierres de la línea de metro durante meses prácticamente cada año, graves problemas en las viviendas de los vecinos cercanas a las zonas problemáticas del túnel, son los precios que ahora debemos pagar entre todas por su penosa gestión de las infraestructuras de Madrid centradas en el beneficio electoral y en adjudicar contratos a sus empresas afines.

Las obras de rehabilitación de la línea 7 nos han supuesto ya más de 25 millones de euros adicionales. Cada año anuncian que ese será el último en que la línea 7b será cerrada por obras. Pero la realidad es que desconocen cuándo se solucionará ya que no conocen la extensión de los lagos hipersalinos próximos al túnel. ¿Cuánto durarán esta vez las obras? En 2015 cerraron de urgencia durante un año para intentar solventar el problema, de manera definitiva, nos dijeron.

Es el momento de aportar por una gestión transparente en la que se publiquen los proyectos ejecutados para la ciudad, se expliquen sus problemas y se compartan las soluciones sin engañar continuamente a las madrileñas. Es el momento de abandonar el expolio de la derecha madrileña por su pésima gestión de las inversiones, no sólo en infraestructuras, si no en todos los aspectos bajo su competencia. Es el momento de planificar nuestra región bajo proyectos participados, eficientes y sostenibles, trabajando con escrupulosidad técnica y garantizando que cada euro que se invierta irá encaminado a mejorar la vida de todas nosotras. Es el momento de abandonar las políticas centradas en réditos electorales, en contentar a las grandes constructoras y empezar a atender las verdaderas necesidades de la ciudadanía, a la que debe sustentar digna y lealmente nuestra región. Es nuestro momento. Ahora la Comunidad.

Estamos ante la posibilidad de un referéndum irremediablemente unilateral y sin encaje constitucional sobre el que el Gobierno no ha querido hablar ni negociar

Haz lo que digo pero no lo que hago; este dicho popular, que con ingenio define la conducta del hipócrita y su doble discurso, que retrata a quienes sabiéndose poderosos e impunes, imponen a otros el cumplimiento de unos principios y normas que no van con ellos, muy bien podría describir la actitud y la laxa moral del Partido Popular en cuanto a la legitimidad y validez de urnas, consultas, referéndums y Constituciones.

Me explico. El Govern ha marcado la fecha del próximo 1 de octubre en el calendario como el día en el que se celebrará la consulta catalana que pretende ser el pistoletazo de salida hacia la desconexión. Difícil e imprudente hacer un resumen en tres líneas de cómo hemos llegado hasta aquí, (y además no es el objetivo de este artículo) y habría mucho que hablar del tema, empezando por el incomprensible bloqueo del Estatut por el Tribunal Constitucional.

La cuestión es que, sea como fuere, aquí nos hallamos, ante la posibilidad de una consulta/referéndum sobre la que el Gobierno del Estado español no ha querido hablar ni negociar con la otra parte, así que irremediablemente unilateral y sin encaje constitucional cuya única pregunta seráː “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”. Sí o No.

¿Y qué se plantea desde el Gobierno del Estado español ante estos hechos? ¿Por fin se van a sentar a resolver esta crisis política haciendo política? Pues no.

Se ha hablado mucho las últimas semanas, a media voz a veces, incluso de invocar el ambiguo y nunca utilizado artículo 155 de la Constitución del 78, que permite la intervención y obligar a las autoridades de una Comunidad Autónoma a cumplir las leyes cuando se han agotado todas las vías de control. ¿Cómo? Pues, como decía, es tan ambiguo que ni los expertos lo dejan muy claro.

También se especula con el 116.4, si se pueden agarrar a que la cosa no es del todo pacífica –algo que dista años luz de la realidad–, lo que incluiría el uso de la fuerza; cosa que después de escuchar a Cospedal oportunamente hablar sobre la unidad de España pasando revista al Ejército es, cuando menos, inquietante.

Leíamos también no hace mucho, en el conservador diario ABC, la opinión del ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicando que ignorar la suspensión previa del Constitucional podría constituir delito de sedición (artículo 544 del Código Penal) donde, según su criterio, tienen encaje los delitos contra la forma de gobierno a pesar de que no se emplee fuerza o violencia, cuando tengan como objetivo “impedir la aplicación de las leyes y el normal funcionamiento de las instituciones al margen de la Constitución y las leyes”. Esto se castiga con hasta 15 años de prisión. Y, además, se podría castigar con esas penas a quienes provoquen, propongan y conspiren para que se cometa el presunto delito.

Y por si quedan dudas sobre cómo afronta el Gobierno del PP el 1-O, hace unos días tras un acto en el Parlament en el que se dieron detalles de la denominada Ley del referéndum, Xavier García Albiol, tan comedido como de costumbre, nos sacó de dudas calificando la sesión como “un golpe de estado, de momento sin armas, en el que se ha expuesto una barbaridad jurídica, un simulacro de ley y un delirio de locura”.

Resumiendo, el Gobierno afirma que el 1-O es una ilegalidad punible de una u otra forma, que de una u otra forma será castigado, y que en todo caso no llegará a celebrarse. Y no quiere ni oír hablar del derecho a decidir.

Vale. Pero igual podría ser mucho peor. Igual los catalanes, en vez de querer sacar las urnas a la calle para decidir (legal o ilegalmente, ese es otro asunto) su permanencia o no en España, podrían querer decidir cuestiones que van más allá de eso. ¿Se imaginan entonces la reacción del PP? ¿No? Pues ayudemos a su imaginación enumerando algunas de las cosas sobre las que los catalanes no pretenden pronunciarse y el modo en el que no lo hacen.

Los catalanes no votan en última instancia para deponer al Gobierno español, que evidentemente puede no gustarles, pero que ha sido legítima y democráticamente elegido en las urnas.

Tampoco pretenden votar los catalanes, que yo sepa, para frenar un proceso democrático, previsto en la legislación estatal vigente, en la propia Constitución, cuando –imaginemos– se hubiera iniciado una reforma constitucional, prevista en el texto.

De momento, tampoco parece que la campaña pro referéndum incluya cócteles molotov caseros contra centros del Ejército, ni ataques en helicóptero con lanzamiento de granadas sobre la sede del poder judicial, ni quema de individuos con pinta de españolistas en sus actos públicos, ni el bloqueo constante de las calles y carreteras que llevan a la ciudadanía a sus trabajos o simplemente conectan los centros y las periferias de las ciudades, ni he visto yo a –pongamos por caso– Neus Munté grabar ningún vídeo llamando al Ejército español a sublevarse contra el opresor Gobierno del PP, ni quema y destrucción de mobiliario o bienes públicos, ni han atentado contra la vida de ninguno de los jueces que inhabilitaron a Homs, ni saqueos, ni asesinatos…

Tampoco ningún promotor del referéndum catalán tiene en su haber un currículum que incluya el haber sido amnistiado hace menos de una década por precisamente un golpe de estado fallido, ni haber llamado, por ejemplo, a formar de protesta no pacíficas con el resultado de 43 muertos y más de 800 heridos.

A todo esto, quienes pensamos que tal como se presenta el 1-O no es una consulta con todas las garantías que debiera, al menos sabemos que si llega a realizarse nos podremos congratular de que en Cataluña se cuente con censos serios y fiables que no lo conviertan en una peligrosa pantomima donde quienes ponen las urnas decidan de antemano el resultado de la consulta.

Y así podríamos seguir enumerando largo rato, pero baste lo expuesto hasta aquí sobre eso que los catalanes no están haciendo y que, sin embargo, sí está haciendo la oposición venezolana, esa a la que incluso la ONU ha pedido que abandone las formas salvajes de violencia; una oposición venezolana que cuenta con el beneplácito, o al menos la connivencia del Gobierno español, para sacar ilegal e inconstitucionalmente las urnas a la calle.

Llegados a este punto alguien puede pensar: ¿de verdad todo esto para terminar, como Rajoy, hablando de Venezuela? Permítanme sólo unas líneas más; verán, es que no hablo de las calles de Caracas o Maracaibo, sino de las calles del Estado español.

Sí, este domingo 16 de julio en 51 puntos (según los organizadores) de toda España la oposición venezolana va a colocar “sus” urnas. Esos lugares que van desde Lugo hasta Almería, y que incluyen sitios tan pintorescos como bares y monasterios, en su mayoría edificios o espacios públicos, como la plaza de Colón o la puerta del Sol en Madrid, que no podrían ser utilizados sin el consentimiento de las autoridades.

Además de resultar surrealista que no se respete la soberanía de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas y en el que para colmo uno de nuestros expresidentes está haciendo un gran papel como mediador internacional, hay que añadir que en Venezuela, el referéndum está regido por el artículo 71 de la Constitución en concordancia con las competencias del poder electoral, sea este aprobatorio, reprobatorio, revocatorio o consultivo; es decir, allí, a diferencia de aquí, sí existe una vía legal para encauzar una consulta de este tipo, y un procedimiento también legal que pasa por dirigirse al poder electoral y plantear un referéndum, que convertiría este presunto plebiscito en un proceso democrático, popular, ajustado a derecho y constitucional. Cosa que, por supuesto, no se ha hecho.

Con lo que le gusta hablar de Venezuela a Mariano Rajoy, parece que no le interesa tanto airear estos casos porque igual su legitimidad en cuestión de urnas, en fin... parece que el Gobierno del PP no sólo se rige por la máxima de, haz lo que digo pero no lo que hago, es que además consejos vende, que para sí no tiene.