En 2009, cuando nació la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), se registraron cerca de 28.000 desahucios en el Estado español, según datos del Consejo General del Poder Judicial. Han pasado 16 años y en 2024 seguimos igual: 27.564 desahucios. Pero algo ha cambiado. En aquel entonces, muchas ni siquiera sabíamos cómo se escribía desahucio. Hoy, la emergencia habitacional encabeza desde hace dos años la lista de preocupaciones sociales en el país.

Lejos de resolverse, la crisis se ha ido agravando. Primero, la burbuja inmobiliaria (2001-2008) derivó en la crisis hipotecaria (2009-2014). Después, la burbuja del alquiler (2015-2019) dio paso a la actual crisis del alquiler, interrumpida solo brevemente por el COVID-19. Ahora asistimos a una nueva etapa, aún más silenciada: la burbuja de las habitaciones y la llamada crisis de “las sin rostro”, aquellas personas que, por su situación de precariedad, irregularidad administrativa o falta de redes, no aparecen en las estadísticas aunque existan. Viven en habitaciones realquiladas, en pensiones, en asentamientos, en naves o directamente en la calle.

Todas conocemos casos cercanos: familias, amistades, hijos e hijas, incluso abuelos que no encuentran piso de alquiler, a quienes les suben el precio sin previo aviso, o que reciben cartas para abandonar la casa en la que han vivido toda su vida. ¿El motivo? Que unos pocos sigan enriqueciéndose a costa del derecho a la vivienda: ya sea a través de apartamentos turísticos, fondos de inversión o propietarios que especulan con el aumento de precios.

Durante todos estos años los desahucios han dejado de ocupar titulares, pero no han desaparecido. Muchas escuelas lo saben bien: han sido testigos directos del impacto que tiene la inseguridad residencial sobre su alumnado. La pérdida de la vivienda, o vivir en condiciones indignas, afecta de forma profunda a niñas y niños: emocional, social y académicamente.

En Salt (Girona), la comunidad educativa se ha organizado para denunciar esta situación. Y en Barcelona, inspiradas por su ejemplo, nace la Plataforma Docents 080, que ha impulsado una encuesta junto al Observatori DESCA con la participación de 46 centros educativos de la ciudad. Los resultados son alarmantes: solo en un mes de recogida de datos, y referidos al curso 2024-2025, se han detectado 215 menores afectados por procesos de desahucio y 180 realojados en pensiones.

Pero el problema va más allá: el 96% de las escuelas detecta alumnado viviendo en infraviviendas. El 85% ha identificado cambios constantes de domicilio. El 61% tiene estudiantes alojados en pensiones, y un 13% ha reportado casos de sinhogarismo. Las consecuencias son evidentes: el 90% observa un aumento del estrés emocional en las niñas y niños afectados, el 91% detecta nerviosismo y falta de concentración, y el 76% señala alteraciones en su estado emocional.

Además, el 70% constata un descenso en el rendimiento académico y un aumento del absentismo. También hay impactos en las condiciones de vida: problemas de higiene, de alimentación —niños que llegan sin desayunar— y de descanso.

Estos datos evidencian el fracaso del sistema de vivienda. Un modelo que no garantiza el derecho a un hogar, y que tiene efectos especialmente graves en la infancia. Por eso es urgente un cambio de rumbo que sitúe los derechos en el centro. Un cambio que debe ser colectivo y transversal: desde las escuelas, los centros de salud, los sindicatos de vivienda, los barrios, y, sobre todo, desde las instituciones.

La escuela, como espacio de referencia, puede jugar un papel clave en el acompañamiento, la detección y la protección de estos niños y niñas. Visibilizar su rol educativo en la defensa de los derechos de la infancia, en especial el derecho a la vivienda, es esencial para construir políticas públicas transformadoras, con una mirada interseccional y de cuidados. Proteger a la infancia frente a la inseguridad residencial no es opcional: es una responsabilidad colectiva urgente. Y debería serlo para todas las administraciones.

Por eso resulta incomprensible que el próximo 2 de julio esté previsto un desahucio en Barcelona con 13 menores afectados, promovido por el propio Ayuntamiento. Exigimos la paralización inmediata de este y todos los desahucios con menores. La responsabilidad es de quienes gobiernan, no de quienes sufren sus decisiones. Basta de desahucios: la infancia tiene derechos

“¡Divarian me va hacer un alquiler social por 7 años!”. Divarian es una sociedad inmobiliaria del BBVA y del fondo buitre Cerberus. Con esa frase empezaba este lunes 28 de febrero una de las más de 50 asambleas locales de la PAH en Catalunya, cuatro días después de haber aprobado la nueva Ley antidesahucios en el Parlament, impulsada por las entidades sociales.

Vendrán más. Ya son varias las familias que han notado una diferencia de trato con su entidad financiera o gran propietario, y es que allí donde había una negativa o un silencio aterrador, ahora hay una petición de documentación para firmar alquileres sociales. Y en todo el territorio, porque –por desgracia– amenazas de desahucio a familias vulnerables las hay en todos los pueblos y ciudades, desde Terres de l’Ebre o Tarragona o Girona, pasando por el Vallès y el área metropolitana de Barcelona y llegando a Lleida o el Pallars.

¿Por qué  no se firmaban antes? Porque por lo general no entra en los planes de los grandes propietarios tener en cuenta el derecho a la vivienda de las familias. Además, desde que el 6 de febrero de 2021 el Tribunal Constitucional anuló, tras un recurso del PP, las medidas antidesahucios de ampliación de la Ley catalana contra los desahucios conseguidas con el Decreto Ley 17/2019 de vivienda, quedaron  desamparadas –como mínimo– más de 4.000 familias. Estaban esperando sus alquileres sociales y la anulación de las medidas de alquiler social obligatorio las condenó a sufrir un posible desahucio.

Desde entonces, el Grupo Promotor de la Ley 24/2015 –esa es su numeración y apellido– ha trabajado sin descanso para recuperar los “alquileres sociales antidesahucios”. En febrero, miles de personas expresaron su rechazo al nuevo ataque del PP y la banca contra las medidas antidesahucios en una manifestación multitudinaria. En junio del mismo año se presentó y registró una nueva proposición de ley con el apoyo de ERC, Junts x Cat, CUP y En Comú Podem, con el compromiso de aprobarla urgentemente. Posteriormente, el grupo parlamentario de Junts presentó varias enmiendas que la debilitaban, quedando bloqueada. Pero finalmente y gracias a la presión social, se logró salvar la situación y llegar de nuevo a un acuerdo, al que se sumó también el PSC. 

¿Y qué ha cambiado ahora? Pues que el pasado miércoles 23 de febrero se aprobó por una mayoría muy amplia una nueva ley, recuperando herramientas clave para frenar los más de 60 desahucios que se producen cada día en Catalunya, gracias a la fuerza y tesón del movimiento por la vivienda de la PAH, de los colectivos en defensa por el derecho a la vivienda y de la ciudadanía organizada. Hoy mismo se ha publicado la ley, así que mañana ya estará vigente. 

Las medidas que se han recuperado para las personas en exclusión residencial son tres. En primer lugar, recuperamos las renovaciones obligatorias de los alquileres sociales de los grandes propietarios firmados en 2015 que llegaban a su fin, medida imprescindible para evitar una nueva ola de lanzamientos. En segundo lugar, se restituyen los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables en finalización de contratos de alquiler, evitando los desahucios invisibles de familias que se han quedado en la vivienda después de la extinción de su contrato con un gran tenedor y que estos buitres utilizaban para esquivar la obligación –que nunca anularon– de detener con la misma fórmula los desahucios de impago de alquiler.

Por último, y no menos importante, reactivamos los alquileres sociales obligatorios para hogares vulnerables sin título, imprescindible para las familias que por falta de alternativas han tenido que ocupar pisos de bancos o buitres y que estén viviendo en esa vivienda antes del 1 de junio 2021, o porque después de una ejecución hipotecaria o  desahucio de hipoteca se han quedado en el mismo piso –que ya no es suyo–, situaciones que son causa de miles de desahucios anuales y a las que, por fin, se da una respuesta valiente por parte del Parlament de Catalunya.

Además, la nueva ley incluye mejoras como son la ampliación de la definición de gran tenedor, que incluirá ahora empresas de más de 10 viviendas, protegiendo a más gente (manteniéndose en 15  en personas físicas). El control de ofertas de alquiler social obligatorio y las multas por no hacerlas se asumirá por parte de la Generalitat y no solo de los Ayuntamientos, marcando además el límite de un mes por parte del gran tenedor para realizar la oferta, evitando así fintas y demoras en la firma de miles de alquileres sociales. También se amplía a siete años la cesión obligatoria de viviendas vacías de los bancos y buitres, permitiendo movilizar durante más tiempo pisos vacíos provenientes de desahucios. Se elaborará un registro de grandes tenedores de personas jurídicas de más de 10 viviendas para facilitar el cumplimiento  de la ley y la sanción correspondiente si se esquiva. Y por último se introduce una medida de fomento  para evitar desahucios, a cambio de no poner demanda de desahucio o si lo detienen, sólo para grandes tenedores no vinculados a bancos y buitres, que podrán solicitar a la Generalitat que les alquile la vivienda donde vive una familia en riesgo de desahucio a precio de protección oficial, quedándose estas como inquilinas con alquiler social de la Administración. Y si no no se acogen a esta medida se mantiene el alquiler social obligatorio, con sanciones si se incumple.

Sonia, Xesca, Aïcha, Rafa o Tania, y miles de personas más, anónimas, que no participan en ningún colectivo de vivienda, se podrán acoger a  esta medida y verán por fin con miles de alquileres sociales una salida a su calvario que no acabe en desahucio y con los sueños de su vida. 

¡Bienvenidos sean! Miles de alquileres sociales contra los desahucios. Ahora toca exprimir la nueva Ley antidesahucios al máximo, seguir en la calle reivindicando el derecho a la vivienda y poder celebrar que tantas personas podrán rehacer sus vidas gracias a la lucha colectiva.

Hoy en día podemos decir que el poder legislativo, en materia de vivienda, sigue secuestrado por los intereses de los que quieren especular con un derecho fundamental

Podemos pensar que las leyes, también las sociales, están hechas para proteger a la ciudadanía para mantener el estado de bienestar. Hoy en día, al menos en el tema de la vivienda, no sucede. Prevalece el derecho individual, es decir, el derecho a la propiedad privada por encima al derecho constitucional de proveer y garantizar a la ciudadanía a poder acceder a una vivienda digna y adecuada. No solamente eso, sino que se pasan por el forro la norma (ley) de que la vivienda tiene que cumplir una función social.

Este 2018 se cumplen 10 años del estallido de la mal llamada crisis, en España la podemos llamar estafa hipotecaria y 70 años de la declaración universal de los derechos humanos. Desde el 2008 se han desahuciado a más de 600.000 familias que no han podido pagar su hipoteca y/o alquiler, sin contar con las miles de personas que han sido estafadas por las preferentes

Las leyes han de ser un reflejo del consenso social. Al menos así lo veo yo. Actuando de una manera permeable y también cambiable. Hoy en día podemos decir que el poder legislativo, en materia de vivienda, sigue secuestrado por los intereses de los que quieren especular con un derecho fundamental, sobre todo de la banca. La respuesta del Gobierno del PSOE a la sentencia del Tribunal Supremo es un claro ejemplo. Podría haber sacado un real decreto de forma retroactiva para favorecer a la ciudadanía o hacer una medida de maquillaje para favorecer a la banca como ha hecho.

Para poner una nota de color -verde, en este caso-, la ciudadanía sigue estando por delante de las instituciones y en Catalunya ha sido capaz de recuperar una ley que el PP y la banca daban por sentenciada y enterrada: la Ley 24/2015. Esta Ley en las próximas semanas volverá a estar en vigor, una vez que el Tribunal Constitucional la publique en el BOE, y obligando a bancos y fondos buitres hacer alquileres sociales a familias vulnerables evitando desahucios y hará que los municipios pueden aumentar su parque público de alquiler social con cesiones de pisos vacíos de la banca. No solamente eso está haciendo la ciudadanía, sino que también en Barcelona se ha conseguido que toda nueva construcción o gran rehabilitación se destine el 30% a vivienda asequible y cambiar el paradigma que los promotores también se corresponsabilicen con las ciudades como pasa en Francia o otros países.

Sigamos empujando desde abajo, porque los derechos no se piden, se conquistan. Como dice la PAH: ¡Hagamos posible lo imposible!

Durante los últimos años nos hemos cuestionado por qué los servicios sociales están tan estigmatizados y las personas que se acercan a la PAH no lo ven como un lugar donde ir a buscar apoyo emocional

Desde la PAH siempre hemos hecho patente que las políticas sociales no pueden venir de las altas esferas de las instituciones que no pisan la calle, que no saben lo que está sucediendo en sus ciudades ni barrios y que ni siquiera han escuchado a las familias que están en riesgo de perder su vivienda o ya lo han perdido. Esta forma de hacer política de las instituciones, desde el paternalismo y de considerar que hay expertos y “otros” que no sabemos de la materia, no es tan sólo antidemocrática sino que se ha hecho patente que no funciona y que genera todavía más, una sociedad dividida, aislada y con más desigualdades.

La PAH cuando nació lo hizo con diferentes objetivos. El primero, poder dar respuesta a las familias que no podían continuar pagando su hipoteca por motivos económicos por una ley injusta. En segundo lugar, para combatir esa legislación injusta y anómala proponiendo cambios legislativos a todos los niveles. Y en tercer lugar para crear un espacio emocional donde las personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional puedan sentirse seguras y generar un movimiento de ayuda mutua y acción para dar respuestas y soluciones concretas.

Durante estos años nos hemos hecho expertas de la problemática en todos los niveles: jurídico, comunicativo, social, legislativo... En materia de servicios sociales constatamos las potencias y las carencias del servicio no tanto sólo a la ciudad de Barcelona sino que en todo el estado.

Durante los últimos años nos hemos cuestionado por qué los servicios sociales están tan estigmatizados y las personas que se acercan a la PAH no lo ven como un lugar donde ir a buscar apoyo emocional y soluciones en una situación de emergencia habitacional. Como dato: más del 48% de las familias que llegan a la PAH de Barcelona no habían ido antes a los servicios sociales (informe exclusión residencial en el mundo local- ODESC 2016).

Aquí nos tenemos que cuestionar qué función está ejerciendo el servicio y qué tendría o podría hacer. Igual que la ciudadanía no tiene que ser la responsable de la ineficiencia de las instituciones, las trabajadoras de servicios sociales tampoco lo tienen que ser. Pero la diferencia es que la ciudadanía, a través de la PAH se ha revelado frente a las políticas injustas. ¿Y si las trabajadoras sociales lo hicieran? Aquí está el punto de conexión donde trabajar y explorar los límites y las rendijas.

No puede ser que una familia que está a punto de ser desahuciada, que se ha movido, que ha pasado por todos los trámites burocráticos de presentar 1.000 documentaciones, a la vez se le exija hacer un programa individual de seguimiento de servicios sociales. El problema es colectivo no individual. ¿Por qué no sumamos fuerzas y desestigmatizamos, desencorsetamos e imaginamos otras formas de hacer posible desplegar políticas públicas predistributibas y redistributivas para reducir las desigualdades y erradicar la pobreza, por ejemplo? ¿Por qué no hacemos planes de seguimiento para la ciudadanía que tiene más y en cambio si lo hacemos con las families que se encuentran en una situación de vulneración de derechos?

¿Creemos que podemos hacer un servicio transversal que sea ejemplo de cohesión social y de transformación política? Desde la PAH creemos que sí, que no solo es posible sino que es necesario que seamos valientes, exigir y reclamar los derechos de todas y para todas.

Obrir la bústia, trobar un burofax on et diuen que l'edifici on vius s'ha venut, que el teu contracte finalitza al novembre i la nova propietat no el renovarà. Angoixa, incertesa, desesperació al fer una recerca als portals d'internet per trobar algun pis on anar a viure i comprovar en primera persona que amb 1100 euros no pots accedir a cap pis a la ciutat. Sentir-te sola, indefensa, pensar que alguna llei t'empara i escoltar el teu crit silenciós en un desert. I ara què? Així és com Gabriel i Pilar van afrontar «la notícia». Fa 24 anys que viuen a l'entresol 3a, del carrer Aragó 477, pagant rigorosament cada mes per un pis de 44 metres quadrats 550 euros.

En la finca convivien famílies amb contractes de lloguer indefinits i famílies amb contractes que tenen una data de caducitat, com la de Gabriel. Algunes no es coneixien entre elles, però l'entrada de 6 noves famílies al bloc ha generat un nou espai de trobada entre totes les veïnes.

El passat 3 de juliol es va visibilitzar una nova experiència de solidaritat i lluita col·lectiva per fer front a la bombolla especulativa de Barcelona. Una hibridació entre veïnes, les que ja habitaven al bloc i les noves veïnes que han recuperat 6 pisos, que s'han adonat que comparteixen el mateix problema: l'accés a l'habitatge.

Sota el paraigua de la campanya d'obra social de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) es van recuperar 6 pisos buits en l'edifici Aragó 477 amb 6 famílies que es trobaven en una situació d'emergència habitacional. Totes 6 comparteixen haver passat per un desnonament, totes estan dintre del circuit de l'administració, 4 d'elles no poden accedir a la mesa d'emergència de l'Ajuntament de Barcelona perquè el reglament no les contempla perquè no té cèdula d'habitabilitat o vivien rellogant habitacions. Altres, com l'Eva, va ser desnonada mentre portava al seu fill a l'escola, sense avís per part dels jutjats i sense cap alternativa habitacional estable per part de les administracions el passat 16 de juny.

Inseguretat, inestabilitat, inaccessibilitat a un lloguer. Problemes idèntics amb situacions diferents que totes les veïnes d'Aragó 477 s'han adonat que comparteixen. Ara, comencen a organitzar-se, intercanvien coneixements i assessoren a les assemblees de veïnes amb la PAH Barcelona.

El 3 de juliol, també es va fer públic que l'edifici del carrer Aragó número 477 havia estat comprat per Norvet Property DVLP.

Norvet compra edificis amb veïnes dins, així són més barats. Els buida, no renovant contractes, oferint diners perquè les llogateres marxin, practiquen l'assetjament immobiliari i fins i tot contractant empreses de seguretat per «agilitzar» que els edificis es quedin buits. Després els reforma i els ven a preus estratosfèrics. Reformen l'edifici incrementant el seu valor i especulant amb un dret fonamental com és el dret a l'habitatge. A la seva pàgina web trobàvem el pis del Gabriel a la venda des de 266.000€. L'edifici d'Aragó no és un cas aïllat, aquesta empresa ha adquirit almenys 10 edificis més a la ciutat. El del carrer Margarit 25 està buit i tots els pisos ja han estat comprats. Les famílies que hi vivien no sabem si continuen vivint a Barcelona.

MkPremium, Vauras, Norvet, Elix, Optium Re spain, City expresso bcn... noms que desconeixíem i que a poc a poc els anem identificant com vam fer amb les entitats financeres. Aquestes empreses estan convertint l'habitatge en un bé rendible per treure el màxim benefici.

No sé si compartireu la sensació, però aquestes operacions de compra-venda de propietats verticals, d'edificis sencers a Barcelona, a mi m'ha vingut de sopetón. Com Alex i Cristina, que “hago chas y aperezco a tu lado”. En poc més d'un any a Barcelona hem vist com més de 76 edificis han passat a mans d'empreses d'especulació: fons d'inversió, fons voltors, promotores immobiliàries. 76 edificis on hi viuen al voltant de 3.000 persones, famílies que les faran fora de la seva casa a no ser que ens organitzem.

I és que a Barcelona estem vivint un nou context en matèria a l'habitatge. A aquest fet se suma la realitat legislativa. Ens trobem amb una llei d'arrendaments urbans (LAU) que ha patit successives modificacions que han precaritzat el lloguer com a opció de vida. L'última reforma agilitza els desnonaments a les persones que per causes sobrevingudes no poden continuar pagant el seu lloguer. Canvis en la durada de 5 a 3 anys, generant més inestabilitat i angoixa perquè no pots fer projectes de vida estables.

La manca d'una protecció a les llogateres sobre el mercat del lloguer ha suposat un increment del 26% dels preus dels lloguers en els darrers 3 anys. Això afecta directament als 11 desnonaments diaris, famílies a qui l'Administració no pot garantir un reallotjament digne per manca d'un parc públic de lloguer suficient. Per poder garantir el reallotjament de les famílies que ho necessiten i evitar una mitja de 4 mesos d'espera a la Mesa d'Emergència de la ciutat, necessitem mobilitzar 120.000 habitatges més de parc públic de lloguer.

Calen mesures estructurals, legislatives, com la Ley de Vivienda de la PAH que garanteixi lloguers assequibles. Conèixer els nostres drets, informant-nos, compartir experiències i desobeir lleis injustes per aconseguir garantir el dret a l'habitatge i el dret a la ciutat.

Mirar cap a una altra banda, com si això no fos amb tu, és part del problema, no de la solució. Els canvis vénen donats, entre altres factors, perquè els provoquem. Nosaltres volem provocar amb Aragó 477, i tu?

Abrir el buzón, encontrar un burofax donde te dicen que el edificio donde vives se ha vendido, que tu contrato finaliza en noviembre y la nueva propiedad no lo renovará. Angustia, incertidumbre, desesperación al hacer una búsqueda en los portales de internet para encontrar algún piso donde vivir y comprobar en primera persona que con 1.100 euros no puedes acceder a ningún piso en la ciudad. Sentirte sola, indefensa, pensar que alguna ley te ampara y escuchar tu grito silencioso en un desierto. ¿Y ahora qué? Así es como Gabriel y Pilar afrontaron “la noticia”. Hace 24 años que viven en el entresuelo 3, de la calle Aragó 477, pagando rigurosamente cada mes por un piso de 44 metros cuadrados 550 euros.

En la finca convivían familias con contratos de alquiler indefinidos y familias con contratos que tienen una fecha de caducidad, como la de Gabriel. Algunas no se conocían entre ellas, pero la entrada de 6 nuevas familias en el bloque ha generado un nuevo espacio de encuentro entre todas las vecinas.

El pasado 3 de julio se visibilizó una nueva experiencia de solidaridad y lucha colectiva para hacer frente a la burbuja especulativa de Barcelona. Una hibridación entre vecinas, las que ya habitaban en el bloque y las nuevas vecinas que han recuperado 6 pisos, que se han dado cuenta de que comparten el mismo problema: el acceso a la vivienda.

Bajo el paraguas de la campaña de obra social de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Barcelona (PAH BCN) se recuperaron 6 pisos vacíos en el edificio Aragó 477 con 6 familias que se encontraban en una situación de emergencia habitacional . Todas 6 comparten haber pasado por un desahucio, todas están dentro del circuito de la administración, 4 de ellas no pueden acceder a la mesa de emergencia del Ayuntamiento de Barcelona para que el reglamento no las contempla porque no tiene cédula de habitabilidad o vivían realquilado habitaciones. Otros, como Eva, fue desahuciada mientras llevaba a su hijo en la escuela, sin aviso por parte de los juzgados y sin alternativa habitacional estable por parte de las administraciones el pasado 16 de junio.

Inseguridad, inestabilidad, inaccesibilidad a un alquiler. Problemas idénticos con situaciones diferentes que todas las vecinas de Aragó 477 se han dado cuenta de que comparten. Ahora, comienzan a organizarse, intercambian conocimientos y asesoran a las asambleas de vecinas con la PAH Barcelona.

El 3 de julio, también se hizo público que el edificio de la calle Aragó número 477 había sido comprado por Norvet Property DVLP.

Norvet compra edificios con vecinas dentro, así son más baratos. Los vacía, no renovando contratos, ofreciendo dinero para que las inquilinas marchen, practican el acoso inmobiliario e incluso contratando empresas de seguridad para “agilizar” que los edificios se queden vacíos. Después los reforma y los vende a precios estratosféricos. Reforman el edificio incrementando su valor y especulando con un derecho fundamental como es el derecho a la vivienda. En su página web encontrábamos el piso de Gabriel a la venta desde 266.000 euros. El edificio de Aragó no es un caso aislado, esta empresa ha adquirido al menos 10 edificios más en la ciudad. El de la calle Margarit 25 está vacío y todos los pisos ya han sido comprados. Las familias que vivían no sabemos si continúan viviendo en Barcelona.

MkPremium, Vauras, Norvet, Elix, Optium Re spain, City expreso bcn ... nombres que desconocíamos y que poco a poco los vamos identificando como hicimos con las entidades financieras. Estas empresas están convirtiendo la vivienda en un bien rentable para sacar el máximo beneficio.

No sé si compartiréis la sensación, pero estas operaciones de compra-venta de propiedades verticales, de edificios enteros en Barcelona, a mí me ha venido de sopetón. Como Alex y Cristina, que “hago chas y aperezco a tu lado”. En poco más de un año en Barcelona hemos visto como más de 76 edificios han pasado a manos de empresas de especulación: fondos de inversión, fondos buitres, promotoras inmobiliarias. 76 edificios donde viven alrededor de 3.000 personas, familias que las harán fuera de su casa a no ser que nos organizamos.

Y es que en Barcelona estamos viviendo un nuevo contexto en materia a la vivienda. A este hecho se suma la realidad legislativa. Nos encontramos con una ley de arrendamientos urbanos (LAU) que ha sufrido sucesivas modificaciones que han precarizado el alquiler como opción de vida. La última reforma agiliza los desahucios a las personas que por causas sobrevenidas no pueden continuar pagando su alquiler. Cambios en la duración de 5 a 3 años, generando más inestabilidad y angustia porque no puedes hacer proyectos de vida estables.

La falta de una protección a las arrendatarias sobre el mercado del alquiler ha supuesto un incremento del 26% de los precios de los alquileres en los últimos 3 años. Esto afecta directamente a los 11 desahucios diarios, familias a las que la Administración no puede garantizar un realojo digno por falta de un parque público de alquiler suficiente. Para poder garantizar el realojo de las familias que lo necesitan y evitar una media de 4 meses de espera a la Mesa de Emergencia de la ciudad, necesitamos movilizar 120.000 viviendas más de parque público de alquiler.

Son necesarias medidas estructurales, legislativas, como la Ley de Vivienda de la PAH que garantice alquileres asequibles. Conocer nuestros derechos, informándonos, compartir experiencias y desobedecer leyes injustas para conseguir garantizar el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.

Mirar hacia otro lado, como si esto no fuera contigo, es parte del problema, no de la solución. Los cambios vienen dados, entre otros factores, porque los provocamos. Nosotros queremos provocar con Aragó 477 ¿y tu?.