Visto desde fuera de Cataluña, el debate sobre la creación de un Estado catalán me suscita siempre una pregunta:

¿Por qué le cuesta tanto a España afrontar y resolver sus problemas de fondo?

Por ejemplo,

República o Monarquía

Desde la formación del Partido Demócrata en 1848 se está debatiendo la forma de Estado, o sea desde hace por lo menos 170 años. Partidos como ERC o IU plantean el asunto con cierta regularidad, como por ejemplo a raíz de la abdicación de Juan Carlos I.

Pero hay más, el cinco de junio el Parlamento de Navarra (de Navarra) pidió la celebración de un referéndum sobre la Monarquía. En el último congreso del PSOE las Juventudes Socialistas (Juventudes Socialistas, hay para rato) quisieron introducir una declaración republicana en las resoluciones. ¿Cómo se solucionó, o mejor dicho no se solucionó? Pedro Sánchez la prohibió, se supone que hasta el próximo congreso en el que bla, bla, bla. IU y ERC han planteado esta cuestión en el Congreso en distintas ocasiones, y cada 14 de abril hay incidentes con banderas republicanas colgadas en balcones de ayuntamientos andaluces, valencianos, gallegos o catalanes.

Y lo más notable: las banderas republicanas han sustituido a las rojas en las manifestaciones. Hoy día las reivindicaciones tienen color republicano, pero en las altas esferas se mira hacia otro lado. Ramón Cotarelo, madrileño y catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense,  declaró hace unos días en la Librería Blanquerna de Madrid, que él es partidario del referéndum en Cataluña porque ¡propone una República! Aquí se ve cómo se cruzan los temas mal resueltos…

Más aún. El artículo 57.5 de la Constitución encarga una ley orgánica para regular las abdicaciones, las renuncias y las dudas sobre la sucesión a la Corona. Casi 40 años más tarde no hay ni rastro de esta ley, ni siquiera tras el susto de la abdicación de Juan Carlos I. Ningún gobierno ni centrista, ni de izquierdas, ni de derechas ha osado abordar este asunto…constitucional. Hay unanimidad en que el artículo 57.1 es parcialmente inconstitucional (es contrario al artículo 14), pero nadie ha movido un dedo para modificarlo.

Se expiden documentos (véase por ejemplo el carnet de conducir) y se firman tratados en nombre de un fantasmagórico Reino de España. La palabra Reino no aparece en la Constitución, que habla solo de España y de Estado español. Es decir, que si unos pueden inventarse un Reino tan ricamente, otros pueden inventarse una Nación.

La relaciones con la Iglesia Católica

La primera quema de conventos en España ocurrió en 1834 en Madrid y 1835 en Barcelona. Desde entonces, o sea desde hace 183 años, le estamos dando vueltas a cómo se relaciona el Estado moderno con la Iglesia Católica y todavía no se ha llegado a una conclusión estable y satisfactoria. Francia, que en esto sí que es un buen ejemplo, resolvió este problema a principios del siglo XX con la III República.

Ha tenido que ser  una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del 27 de junio la que empiece a aclarar la fiscalidad de la Iglesia. ¿No lo podía haber hecho antes, mucho antes, el Estado español? Por otra parte, son constantes y fatigosas las polémicas sobre la presencia de  simbología católica en actos civiles, su participación en los servicios básicos, especialmente en la educación pero también en las cárceles o el ejército, la inmatriculación de bienes inmobiliarios, etc., etc., etc..

Y otros

78 años después de la Guerra Civil todavía estamos discutiendo si hay que sacar los muertos de las cunetas o no. El reciente caso de Ascensión Mendieta es muy ilustrativo de un enorme problema muy mal llevado a sabiendas. A este se le podrían unir otros como la situación del Valle de los Caídos, o la recuperación para la Historia común de los españoles de muchos exiliados y especialmente de exiliadas de la República. El Rey habló por primera vez de “dictadura” franquista a raíz de la conmemoración del 40 aniversario de las elecciones de 1977. Para llegar a esto, ¿no lo podía haber dicho la propia Constitución y así nos habríamos ahorrado muchas molestias?

Casi 40 años después de aprobarse la Constitución todavía no sabemos para qué sirve el Senado, ni se espera una reforma válida y coherente con el Estado autonómico en ebullición.

Es en el Senado donde deberían producirse muchos de los debates territoriales que ahora nos afectan, como por ejemplo los financieros y fiscales. Si uno se fija, Madrid, Cataluña, el País Valenciano y las Baleares (para algunos, la España productiva) sostienen exactamente el mismo discurso financiero, que las balanzas fiscales están mal planteadas y que por ende están muy desequilibradas. (Curiosamente el País Vasco y Navarra van por otro lado y están contentas, o sea que si se quiere se pueden encontrar soluciones).

Pero ahora que todas las Comunidades Autónomas del régimen común están descontentas con su financiación, ¿por qué no se discute esto en el Senado y se toman decisiones allí, en el Parlamento español, en lugar de plantear un asalto tras otro al Ministerio de Hacienda y de paso al de Fomento, los dos grandes proveedores de fondos?

Y todavía no se ha resuelto el asunto del aborto ni se ha creado un modelo educativo acordado y estable, por citar dos casos más.

Y es que faltan debates

España tiene un déficit histórico de debates fundamentales y un exceso de expulsiones y prohibiciones. Por esto para algunos es un Estado inacabado y en todo caso débil. Después de 1492 se expulsó a los árabes de Granada, a los judíos, y a los moriscos, a los liberales se les echó en 1814 y a los republicanos en 1939. Se prohibió y persiguió a los protestantes en el siglo XVI. Dicho de otro modo, no ha habido los grandes debates históricos y los pactos consiguientes con las minorías religiosas o culturales, como sí ha sucedido en mayor o menor grado en otros países europeos de referencia. La consecuencia de esta debilidad dialéctica es que no hemos participado ni en el gran debate religioso con los protestantes, ni en el gran debate cultural de la Ilustración, ni en el gran debate social del Siglo XIX, ni en el científico del Siglo XX.

En cambio, en España sí que se han producido tres grandes y espléndidos debates políticos: la Constitución de 1812, que ya sabemos cómo acabó, la Constitución de 1931, que ya sabemos cómo acabó, y la Constitución de 1978, que ya vemos por donde la llevan.

Tres grandes ocasiones para poner las bases de una convivencia, no conllevancia, constitucional y ordenada como fruto de los muchos acuerdos de fondo que han propuesto las tres Constituciones. Estamos aún en la tercera oportunidad, ¿por qué no aprovecharla?

Y, sin embargo, hay soluciones

La integración del País Vasco y de Cataluña (y de otros territorios, como Canarias o Madrid) en el Estado español  tiene soluciones. Durante tres siglos (siglos XVIII, XIX y XX, concretamente entre 1714 y 1980) el Estado central ha tenido el monopolio (el monopolio) de todo (administración, educación, religión, defensa, cultura y lengua, política interior y exterior, justicia, policía, sanidad y seguridad social, etc.). Entre 1833 y 1977 –con un breve e interrumpido paréntesis entre 1931 y 1939– Cataluña no existió como concepto político–administrativo, sino que había cuatro provincias que se relacionaban directamente con Madrid a través del Ministerio de la Gobernación y no entre ellas. Y, no obstante, seguimos discutiendo su encaje definitivo, porque no se ha sabido construir un relato nacional unánime no solo de cara a Cataluña, sino también definiendo bien por ejemplo el papel de Madrid (España, capital París, o que el corredor mediterráneo pasa por el Paseo de Recoletos de Madrid, según se ha descubierto recientemente).

No olvidemos, por ejemplo, el “no” de Almería en el referéndum autonómico de Andalucía, o que Segovia pidió hasta bien entrados los años 1980 constituirse en una comunidad autónoma uniprovincial, o que muchos leoneses no se sienten castellanos (por algo la Comunidad se llama Castilla y León, no Castilla-León). La Constitución de 1978 ha ido resolviendo a trancas y barrancas y a veces incluso haciendo trampas como en el caso de Almería, muchos de estos debates, ¿por qué no los relacionados con el País Vasco, Cataluña y Galicia? Seguimos confrontando el proyecto visigodo con el carolingio.

En el caso concreto de Cataluña este es otro de los temas que se arrastra desde hace más de 130 años pongamos desde el Memorial de Greuges de 1885 por no remontarnos más. En todo este tiempo se podrían haber arreglado muchas cosas, como se intentó con el Estatuto de 1931. En 1979 se llegó otra vez a un buen acuerdo con el Estatut de Sau, que se amplió y refrendó en 2006 con el Estatut de Miravet.  Pero entonces, no se olvide, el PP lanzó una campaña infame (boicot a productos catalanes, recogida de firmas, campaña denigratoria en los medios, etc.) contra el Estatut (¿o  contra el Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se asustó hasta el punto de no dar la cara por el pacto logrado en las Cortes y en la calle?) y lo recurrió casi íntegramente ante el Tribunal Constitucional.

Desde mi punto de vista, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 no es mala en materia competencial, excepto en el terreno judicial. Pero políticamente es un desastre completo, dado que dinamitó el acuerdo general. En efecto, la Constitución dibuja un método de negociación y pacto/acuerdo (“para determinar de común acuerdo su formulación definitiva”, artículos 146 y 151.2.2 CE) entre las Comunidades Autónomas y las Cortes Generales, pacto que a continuación se traduce en una ley orgánica. En 2006 este pacto político se alcanzó a pesar de todos los pesares, se refrendó legalmente y muy mayoritariamente, esta vez sí, y lo validó el Rey de España como representante máximo del Estado. No olvidemos, pues, que lo que tumbó el TC fue una ley española en vigor que recogía un acuerdo intraestatal, del Estado en su conjunto, no de Cataluña exclusivamente como sucede con la crisis actual.

Pues bien, la sentencia anuló el pacto firmado, es decir la solución repito refrendada legalmente por las Cortes Generales,  por el electorado catalán y por el Rey. A partir de este momento lo que prima es la ley y no el acuerdo pedido por la Constitución con las debidas garantías parlamentarias y refrendarias. La ley la hace y la interpreta una mayoría más o menos estable que puede cambiarla, en cambio un pacto garantizado  compromete a todos.

Una vez más, el desaguisado, el error fue mayúsculo. Se llegó al esperpento de que algunas cosas que en Cataluña son inconstitucionales, son constitucionales en Andalucía o el País Valenciano simplemente porque allí no se recurrieron. Por esto, como salida a la polémica en curso algunos, como Rodríguez Zapatero, proponen ahora volver al Estatuto de 2006 por la vía legislativa, o sea recuperar la letra y lo que quede del espíritu del pacto conseguido y desbaratado entre el PP y el TC.

Yo aconsejo muchas veces estudiar el caso navarro (la Comunidad Foral de Navarra) como una prueba evidente de que históricamente se pueden arbitrar fórmulas integradoras y como al mismo tiempo se pueden saltar. ¿Por qué no existe la Comunidad Foral de Aragón, teniendo en cuenta que Aragón también tuvo sus fueros? Mirando a Navarra vemos que hay salidas, y la Constitución de 1978 las ofrece, o por lo menos las posibilita eso sí quizá con algunas reformas para actualizarlas. Las hemos comprobado.

Por lo demás, desde distintos sectores políticos, intelectuales, sociales e internacionales sobrevuelan continuamente propuestas diversas desde la federalización del Estado al doble referéndum, pero es verdad que son todas muy inconcretas y tímidas a pesar de su urgencia. Todo ello indica que en determinados partidos y sectores hay ganas de encarar y debatir el asunto y que existe apoyo en la opinión pública, el cual aumentaría claramente si se hiciera una mejor y mayor pedagogía en lugar de demagogia y populismo barato, para buscar vías de entendimiento por más que no sean fáciles. Las ha habido en el pasado lejano y reciente, ¿por qué no puede haber más?

En conclusión

España, sí España, se lo tiene que hacer mirar y debe reexaminarse en muchos aspectos, dejando de lado catetadas como la de Gibraltar para estimular un nacionalismo de fachada tan en uso. Tiene que reabrir serenamente debates que en 1978-80 o no se resolvieron o se aplazaron. La palabra Europa no aparece en la Constitución y a pesar de ello hemos cedido mucha soberanía a Bruselas sin traumas importantes. Los comisarios finlandeses nos dicen cómo hay que cultivar los olivos y los austríacos cómo se pesca la sardina. ¿Por qué no podemos rediseñar nosotros mismos la soberanía en el interior del Estado? Hay problemas que vienen de lejos como los citados, y hay otros que se nos están echando encima muy de prisa, como la robótica y la inteligencia artificial o el cambio climático y la rápida degradación del medio ambiente.  Queda mucho debate por hacer.

Tienen toda la razón quienes señalan que no hay un discurso claro que contrarreste el independentista. No, no lo hay desde hace muchos años. Por esto es preciso elaborar ya un programa integrador, inclusivo para Cataluña y para todos los territorios con dudas de distinto tipo, así como para todos los sectores sociales, como pueden ser los inmigrantes y los emigrantes. Vamos, lo que se está haciendo con el colectivo homosexual, según acabamos de comprobar en toda España. Es lo que no se ha hecho a lo largo de décadas perdidas en este aspecto a pesar de que la Constitución abre los cauces.

Ortega y Gasset escribió “La España invertebrada” en 1921, y seguramente ahora la volvería a escribir. En este terreno, ¿no hemos avanzado nada en casi cien años? Nuestros padres y nosotros mismos hemos heredado el problema del encaje de Cataluña en España, ¿se lo traspasaremos a nuestros hijos precisamente ahora que tenemos recursos democráticos para resolverlo? Si es así, nuestra incapacidad no tendrá perdón… El debate no concierne sólo a la relación entre Cataluña y el Estado, es un tema español que tiene que encarrilar el Estado, en vez de  prohibirlo o ignorarlo bajo la capa del cumplimiento de  la ley. El Estado es quien tiene más y mejores recursos y medios constitucionales, políticos y legales para encauzar la situación de una vez por todas, y además es el responsable directo del desaguisado de 2010. ¡Que tome iniciativas!

Por desgracia vivimos una etapa sin proyectos, ni ideas y sin liderazgos que las vehiculen. Ni en Europa, ni en España. En estos últimos cinco años y a pesar de la marea catalana (y otras como la corrupción) el gobierno de Mariano Rajoy no ha aportado ni una sola propuesta de alcance en ningún aspecto y no se anuncia ninguna por lo menos antes de 2019. El déficit político empieza a ser muy preocupante y esto se advierte claramente en el pleito catalán y en otros asuntos de calado.

Por último y por todo ello, la estrategia a corto y medio plazo de ambos gobiernos en el pleito catalán me parece más que deplorable.

De momento, a la Generalitat le recomendaría poner fin de una vez al victimismo. Hay que partir de la base de que Cataluña es una región europea normal con sus fortalezas y sus debilidades, con sus progresos y con sus problemas y sus dudas, con su pasado y su historia que es la que es y sus proyectos de futuro, un país normal como lo son tantas otras regiones de Europa (Silesia, Bohemia, Galicia, Bretaña, Gales, Saboya, Alto Adigio, Istría, Extremadura, Córcega, etc.) cada una con sus cargas y sus avances.

Para empezar, Cataluña dispone desde hace 38 años de un marco democrático, con defectos notables es verdad, y de un potente Estatuto con competencias  muy amplias, aunque también es cierto con angustiosas carencias financieras y muchos pleitos con un Estado quisquilloso; no dar calendarios ni fijar metas concretas para un proyecto por ahora claramente inviable y desvincularlo de la política y la administración del día a día.

Por ejemplo, la Generalitat debe tener unos Presupuestos sin tener que supeditar su aprobación a la hipotética celebración de un referéndum, lo cual obliga entre otras cosas a buscar otras alianzas parlamentarias y por lo tanto a desarrollar políticas distintas; y profundizar y sobre todo mejorar la gestión de las competencias estatutarias y el Presupuesto de que ya se dispone. Euskadi acaba de demostrar que se pueden explorar las circunstancias actuales de la política española para conseguir nuevas ventajas, e incluso ventajas muy notables. 

No vale, por lo tanto, plantear el “todo o nada”, porque entonces el resultado es “nada”.  Y esto es lo que queda: nada.

Digo yo.