El 27 de junio de 2017, Rodrigo Londoño, máximo líder de la que fuera la más antigua de las guerrillas del continente americano, las FARC-EP, hizo entrega oficial del total del armamento de este grupo insurgente en una zona veredal en el municipio de Mesetas, departamento del Meta. A partir de esta fecha, se puede afirmar que se cierra uno de los capítulos de violencia política más cruentos de la historia colombiana. Sin embargo, mientras el optimismo embriaga a gran parte de la población del país, lo cierto es que la victimización y el desplazamiento forzado persisten en los territorios.

El último informe del Consejo Noruego para los Refugiados sobre desplazamiento interno, resalta que Colombia sigue siendo el país con mayor desplazamiento interno del mundo con 7’246.000 personas desplazadas, cifra escandalosa que muestra una evidente crisis acumulativa, y que a pesar de la reducción en la intensidad en la guerra, parece que los mecanismos para responder ante dicha problemática han sido a todas luces, insuficientes.

Señala a su vez el informe, que durante 2016 fueron desplazadas por el conflicto interno 171.000 personas, a pesar de que en agosto de dicho año las FARC y el Gobierno habían pactado el cese bilateral de fuegos con carácter definitivo y que el grupo insurgente había declarado un prolongado cese unilateral previamente. Es claro entonces, que la persistencia del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los operativos militares y la fuerte presencia paramilitar son elementos que inciden en de forma severa en la actual situación.

Durante el año 2017, hasta el mes de marzo, tan solo en la región del Pacífico colombiano han sido desplazadas más de 3500 personas, donde se viene dando un proceso de copamiento territorial por grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Así mismo, en el municipio de Tibú en el departamento de Norte de Santander, 350 personas cruzaron la frontera hacia Venezuela por la presencia paramilitar que denunció la comunidad tras el vacío que dejaron las FARC después de dirigirse a la zona donde se concentran para la dejación de armas.

Como se ha mencionado, uno de los factores determinantes en esta situación es el resurgimiento paramilitar que otra vez causa alarma en el país. Según un informe del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) sobre este tema, en  2016 se registraron 395 amenazas; 83 ejecuciones extrajudiciales; 44 personas heridas; 9 personas fueron desaparecidas y 12 más torturadas por grupos paramilitares. Según la investigación, se puede constatar que la “guerra sucia” se sigue practicando en Colombia y tiene como principales víctimas las organizaciones sociales y defensoras de DDHH.

De igual forma, el Observatorio de Conflictos Unidad de Investigación del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) destaca cómo ha aumentado la capacidad operativa de los grupos paramilitares, con eventos como el paro armado en 36 municipios de 8 departamentos del país, por parte del denominado Clan del Golfo en marzo de 2016. Según INDEPAZ, se registra presencia de grupos paramilitares en 344 municipios de 31 de los 32 departamentos del país.

Este grave panorama se expresa con crudeza con las recientes victimizaciones en el marco de la movilización social que ha vivido el país, 3 profesores asesinados en el marco del paro nacional del magisterio, el asesinato de Eugenio Rentería, uno de los dirigentes del Paro Cívico desarrollado en el departamento del Chocó y el asesinato del presidente de SINTRAINAGRO (Sindicato Nacional de trabajadores de la Industria Agropecuaria) en el Valle del Cauca. También se denunció recientemente la toma paramilitar del municipio del Bagre, en Antioquia y la presencia paramilitar en San José de Apartadó en el mismo departamento.

En una reciente entrevista realizada por Revista Semana, el presidente Santos afirmaba “El desarme es más importante que la firma de un acuerdo”. Y si bien, es de gran relevancia histórica el paso dado por las FARC hacia la política sin armas hay que tener en cuenta que el acuerdo que se firmó en La Habana es mucho más que un simple desarme. En dicho acuerdo está establecido un compromiso del Estado con la erradicación del paramilitarismo, y la protección de las y los líderes sociales en el país. Si el Gobierno de Santos está comprometido con el fin de la violencia en Colombia, tiene que poner en marcha acciones efectivas en ese sentido, dejar su actitud dilatoria, así como fortalecer la mesa de diálogos con el ELN hacia un Cese Bilateral de fuegos y hostilidades.

Finalmente, le resta a la sociedad colombiana, a la comunidad internacional y a los pueblos del mundo que se han apoyado de forma decidida el acuerdo de paz en Colombia seguir en esta larga lucha para conquistar una paz estable y duradera. Por lo cual, en este proceso se suscribe el importante papel que desempeñan organizaciones como Oxfam, que desde el ámbito local como global vienen denunciando y aportando propuestas para la solución de tan acuciantes problemas que padece la sociedad colombiana.

Así las cosas depende de la fuerza y la presión política que se desarrolle en todos los ámbitos, en las calles, plazas, aulas e instituciones, el porvenir fructífero de la implementación de los acuerdos para trascender a una etapa histórica que sepulte de una vez por todas la violencia, el desplazamiento y las victimizaciones, y conduzca al país por la senda de la justicia social y la democracia plena.