Estamos en fechas que se prestan a los juegos de palabras con toda la semántica asociada a la Semana Santa: muerte, resurrección, cautiverio, penitencia, etc. Estas palabras ayudan a comprender la situación de BiciMad, el enésimo fiasco de gestión del, ya a todas luces, fallido gobierno de Almeida. 

Cuando arrancó este mandato, pronosticamos que no serían capaces de materializar ninguna de las promesas que hicieron a los madrileños para llegar a la alcaldía: Soterrar la A5, acabar con Madrid Central, volver a abrir la Gran Vía al tráfico de paso o construir un parking junto al Retiro. Afortunadamente, todo sea dicho. Ni siquiera, y no era tan complicado, completar la peatonalización de la Puerta del Sol. 

El actual gobierno municipal no ha logrado nada de lo que se había propuesto, motivo por el cual, Almeida va a pasar a ocupar el primer puesto en el podio de los peores alcaldes de Madrid, en clara pugna con Ana Botella. Ella, al menos, trajo la bici pública a Madrid, si bien es verdad que con un modelo que no era sostenible. Y precisamente de eso, de BiciMad, vamos a hablar en este artículo.

En rápido recordatorio, Botella licitó y adjudicó en 2013 un contrato a la empresa “Bonopark” para que gestionara el servicio de bicicleta compartida en Madrid. Fue una adjudicación muy discutida en su momento por la escasa experiencia de la empresa seleccionada en grandes ciudades. El coste, 25 millones a distribuir en 12 años, se vio muy pronto que no llegaba para garantizar la calidad de este servicio. Se trató, una vez más, de hacerse la foto y escoger lo más barato (que, como dice el refrán, acabó saliendo más caro).

Rescate

BiciMad se fue deteriorando y cuando en 2015 llegamos al gobierno, nos tocó rescatarlo. Lo mismo sucedió con la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS), que estaba en quiebra técnica y en pleno proceso de liquidación cuando aterrizamos en Cibeles y tras una inyección de 26 millones y un saneamiento completo de la entidad, la situamos a la cabeza de las promotoras (públicas y privadas) del país.

Pero volviendo a Bicimad, nuestro gobierno, el de Carmena, tenía dos opciones: o dejarlo morir, o resolver el contrato con la adjudicataria, compensando a la empresa por la inversión inicial realizada, y no amortizada. Optamos por la segunda porque nuestra prioridad era que los madrileños pudieran seguir disfrutando del servicio y que este estuviera a la altura de sus expectativas.

Los servicios técnicos y jurídicos tasaron dicha compensación en 10,3 millones de euros, que le fueron abonados a Bonopark. A partir de ahí, la EMT asumió la gestión directa del contrato y a lo largo de todo nuestro mandato, bicimad no paró de crecer tanto en número de usuarios como en el grado de satisfacción de estos, situándose en máximos históricos en los meses de mayo y junio de 2019. El servicio estaba muerto y conseguimos resucitarlo. Los trabajadores de Bonopark accedieron a las pruebas correspondientes y casi todos pasaron a incorporarse a la plantilla de EMT y la empresa municipal asumió el viejo contrato, aunque con bastantes limitaciones para la ampliación del servicio o la incorporación de publicidad, por ejemplo. 

Sin embargo, llegar ahí no había sido un camino de rosas. El actual alcalde, y entonces líder de la oposición, Martínez-Almeida, había hecho todo lo posible por torpedear aquel proceso. 

Recurrió en los tribunales el rescate de BiciMad y presentó una querella penal contra dos miembros del equipo de Carmena por prevaricación. Ese proceso judicial, que acabo archivado, retrasó la necesaria ampliación de BiciMad a la que se comprometió nuestro gobierno cuando rescatamos la concesión porque así lo impuso el juez. Todo quedó en nada, furia y ruido otra vez del PP, hacer daño para nada más que retrasar la extensión de la bici pública.

Pese a todo ello, BiciMad alcanzó los mejores resultados en número de usuarios y grado de satisfacción de su historia. 

En estas llegaron las elecciones, y tras ellas el cambio de gobierno. Manuela ganó, hay que recordarlo, pero la suma de los votos de Vox y Ciudadanos a los del PP, entregaron la alcaldía a Almeida. Y entonces comenzó el caos. 

Fiasco

Primero, con aquel anuncio de “BiciMad Go”. Bicicletas sin anclaje que iban a facilitar la extensión de BiciMad a los distritos de la periferia y acabó, como todo lo que depende del concejal de Medioambiente de Almeida, Borja Carabante, en fiasco. Un fiasco por el que nadie asumió ninguna responsabilidad. Otra marca de la casa.

Pero no todo iban a ser malas noticias. Tras los acuerdos de Cibeles y el pacto de presupuestos con nuestro grupo, el gobierno de Almeida se comprometió a completar el proceso de remunicipalización de BiciMad que iniciamos en la etapa de Camena. En lugar de que la Empresa Municipal de Transportes (EMT) gestionara el contrato, la plantilla y todos los medios pasarían a formar parte de la estructura de la propia empresa, tal y como sucede con los autobuses. 

Esta fue, queremos reivindicarlo, una de las exigencias que impusimos a Almeida para alcanzar aquel acuerdo presupuestario.

Lo tenían todo para hacerlo bien. Sin regla de gasto, con fondos europeos y el apoyo de toda la oposición. Por cierto, ninguna de estas tres cosas las tuvo nuestro gobierno.  

Pero ni con eso han sido capaces. Cuando en octubre, el gobierno de Almeida llevó a Pleno el expediente de remunicipalización, le advertimos de que había cosas que hacían dudar de la viabilidad del sistema.

Déficit

En primer lugar, se estimaba un coste de 45 millones de euros, de los cuales se preveía recibir una parte, no especificada, en aportaciones privadas. Le preguntamos qué ocurriría si estas no llegaban, pero no obtuvimos respuesta. 

Además, la operación preveía un impacto en el déficit del ayuntamiento de unos 10 millones entre los años 2024 y 2031, tal y como figura en la memoria económica del expediente. Para compensarlo, el Ayuntamiento se compromete a realizar una aportación anual de 7,4 millones. Los 2,6 restantes proceden de esas aportaciones privadas que, como apuntábamos, nadie asegura que vayan a llegar. 

En tercer lugar, toda la operación pivotaba sobre una aportación de 37 millones de euros procedentes de los Fondos Europeos que tampoco estaban garantizados.

El cuarto de los elementos que nos generaban muchas dudas era el incremento de personal previsto, claramente insuficiente para gestionar la ampliación anunciada manteniendo los estándares de calidad del servicio.

El quinto y último, era que el servicio siempre resultaba deficitario en cualquiera de los escenarios contemplados, de lo que surgía el temor de una nueva concesión a futuro con la justificación de que la insostenibilidad del sistema. Nada nuevo en la manera de entender la gestión de lo público por parte del PP.

El resultado de todo esto, el previsible. Hoy BiciMad es un desastre. Algo que Almeida ya sabía cuando anunció la gratuidad del servicio hasta pasadas las elecciones. Como siempre, el alcalde pretendía esconder tras un buen titular una pésima gestión, pero esta vez no le ha salido. 

Nuestro actual alcalde, minúsculo heredero de la gran Manuela, recibió un Ayuntamiento con mil millones de superávit anual y lo va a dejar con casi 300 millones de déficit. Heredó un servicio de BiciMad que funcionaba y no dejaba de crecer en usuarios y en satisfacción de estos, y va a dejar un montón de estaciones vacías y bicis vandalizadas desperdigadas por toda la ciudad.

Al final, tenemos que reconocerle un mérito. Sin pretenderlo, ha conseguido lo que anunciaba: que BiciMad llegue a todos los barrios y sea de uso gratuito. Entiéndase la ironía. Los parches que ponen cada vez que salta el escándalo, no van a funcionar. No están funcionando y está a la vista de cualquier usuario.

Almeida pasará a la historia como el peor alcalde de Madrid. El peor por su falta de proyecto y de gestión, pero, sobre todo, el peor porque nadie tuvo antes tantas oportunidades como él y tan poca capacidad de aprovecharlas. Si el hijo del dios de los cristianos volvió de entre los muertos, Almeida ha mandado de vuelta al sepulcro un servicio que con mucho esfuerzo y tesón había sido devuelto a la vida por el gobierno de Carmena. En mayo, si los madrileños nos dan su confianza, volveremos para retornarlo al mundo de los vivos. 

Ya se ha constituido la comisión que debe investigar ese supuesto espionaje que altos cargos del gobierno de Almeida habrían tratado de encargar a través del Ayuntamiento de Madrid, más concretamente de la empresa municipal de vivienda (EMVS), para investigar a la presidenta de la Comunidad. Sin embargo, por la manera que ha empezado -asumiendo Ciudadanos, que es parte del gobierno, la presidencia con el apoyo de Más Madrid y PSOE, que a cambio se han quedado con las vicepresidencias primera y segunda- todo apunta a que va a servir para lo mismo que han servido otras comisiones de investigación. Conseguir unos cuantos titulares y dar el caso por cerrado sin esclarecer nada de lo que realmente haya ocurrido.

Un paripé para limpiar la imagen de un gobierno que no quiere dar explicaciones y una oposición que solo las necesita para evitar tener que tomar decisiones más drásticas. Porque si en el Ayuntamiento de Madrid ha ocurrido lo que todos sospechamos que ha ocurrido, el Partido Popular no debería seguir ni un minuto más gestionando nuestros asuntos, lo que obligaría a quienes aspiramos a restituir el prestigio y la dignidad de nuestro consistorio a plantear seriamente una moción de censura para desalojar a Almeida de la alcaldía.

Los números dan de sobra para conformar un gobierno alternativo si tenemos en cuenta que, a priori, solo Vox parece no estar por la labor pues, a pesar de sus supuestas discrepancias con Almeida en cuestiones como la ordenanza de movilidad o los presupuestos, sabe perfectamente que no puede coadyuvar a su destitución. Los demás estamos ante la oportunidad única de sumar fuerzas en beneficio de los madrileños, porque sanear la institución de este tipo de prácticas debe estar por encima de cualquier rédito particular o partidista.

Sin embargo, tanto Más Madrid como PSOE, y no digamos Ciudadanos, parecen tener poco interés en este asunto. Pero ¿por qué no quieren gobernar Madrid? Analicemos caso a caso.

Para que la moción saliera adelante, el partido de Rita Maestre tendría que apoyar a Begoña Villacís como alcaldesa -algo que no sería nuevo para ellos pues ya se lo plantearon justo después de las elecciones municipales de 2019-, pero ahora no parecen dispuestos a hacerlo. Quizá porque se encuentran muy cómodos con la situación actual pues creen haber tomado ventaja sobre el Partido Socialista en la carrera por ser primera fuerza de la oposición en las próximas elecciones, que es a lo que realmente aspiran. Además, se han ido amoldando al papel histórico de Izquierda Unida de ser la eterna oposición de izquierdas que se opone a cualquier cosa que venga de la derecha y piensan que con eso les basta para consolidar un nicho electoral que les asegure entre ocho y doce concejales, siempre que no haya grandes cambios en la política madrileña de aquí a las elecciones. La moción de censura podría alternar sustancialmente ese escenario y eso no les conviene.

El PSOE, por su parte, se vería ante la oportunidad de entrar en el gobierno de la ciudad de Madrid después de más de tres décadas en la oposición, lo que le permitiría volver a situarse como fuerza de gobierno ante la ciudadanía madrileña. En teoría, esto es algo que debería interesarles, precisamente por haber perdido su posición hegemónica dentro de la izquierda, pero también andan distraídos en un sinfín de disputas internas por dirimir quienes serán los candidatos en las elecciones municipales y autonómicas del próximo año.

Si la moción prosperase, la actual portavoz del grupo municipal socialista, Mar Espinar, estaría llamada a asumir un papel destacado en el nuevo gobierno municipal, lo que la situaría como principal favorita a disputar la alcaldía en 2023. Sin embargo, la delegada del gobierno, Mercedes González, que parece haber sido designada por el aparato del partido para encabezar esa lista, no debe tener el menor interés en que esto suceda. Y como la propia González es la líder orgánica del PSOE en la ciudad de Madrid, su capacidad de decisión en esta cuestión es mucho mayor que la cualquiera de los integrantes de su grupo municipal.

Por último, tenemos a Ciudadanos, que sería el más beneficiado puesto que, si la moción saliera adelante, Villacís se haría con la alcaldía. Aun así, los naranjas tampoco se atreven a dar el paso. Siguiendo el mismo razonamiento de Rivera que condujo a su partido prácticamente a la desaparición, consideran que su electorado sigue siendo mayoritariamente de derechas y que, por tanto, no les perdonaría que rompieran con el PP para aliarse con Sánchez. Pero, si esto fuera realmente así, ¿por qué no aplicaron la misma lógica cuando presentaron las mociones de censura tanto en el Ayuntamiento como en el Parlamento autonómico de Murcia para gobernar con el Partido Socialista? Siguen perdidos en esa falta de rumbo, y de coraje, que es de donde proviene realmente su imparable retroceso electoral.

Además, la vicealcaldesa insiste en su apuesta por “ofrecer estabilidad” y “huir del oportunismo”, creyendo que eso le va a permitir sobrevivir al próximo ciclo electoral. Pese a estar convencida de que el PP, en su situación, hubiera aprovechado la oportunidad, tal y como ha declarado en varias entrevistas, ella prefiere mantener a Almeida en la alcaldía y confiar en que la ciudadanía identifique a su partido como el garante de que el PP no haga de las suyas.

Se equivoca doblemente Ciudadanos en este razonamiento. En primer lugar, porque ya estaban cogobernando con los populares cuando se produjo el supuesto intento de espionaje utilizando la empresa pública de vivienda; cuya vicepresidencia, por cierto, ostentan los de Villacís. En segundo lugar, porque las recientes elecciones en Castilla y León han demostrado que ese papel de supuesta responsabilidad que representó a la perfección Igea durante toda la campaña no les ha servido más que para certificar la defunción del partido naranja en este territorio, perdiendo nueve de los diez diputados que tenían.

Se equivocan también las fuerzas de la izquierda, que para no asumir riesgos buscan refugio tras esa comisión de investigación que el PP tratará de entorpecer y dilatar al máximo, y que probablemente solo servirá para constatar que nada de lo que supuestamente ha pasado se puede demostrar.

Quien no se equivoca es Vox, el único grupo que no ha votado a favor de que se investigue, como gesto de buena voluntad hacia el PP, al menos hasta ver qué sucede en Castilla y León. Además, tampoco podrían apoyar a un candidato alternativo a la alcaldía dado que, descartada la opción de Ortega Smith, los demás son peligrosos “comunistas” a ojos del partido de extrema derecha. Y es que, aunque no dejen de repetir que Almeida está convirtiendo Madrid en un soviet comunista, el actual alcalde es para Vox menos comunista que cualquiera de sus potenciales sustitutos. Así pues, seguirán acusándole de haberse vendido a la izquierda, pero no le retirarán su apoyo porque, aunque no quieran admitirlo, saben perfectamente que cualquier posibilidad de entrar en el gobierno en 2023 pasa por entenderse con Almeida.

Con el paso de los días, la ventana de oportunidad se va cerrando, pero nos resistimos a tirar la toalla. Desde Recupera Madrid creemos que la credibilidad perdida en las instituciones se gana con hechos y no con postureo ni palabrería. Nosotros hemos arriesgado apoyando al Gobierno cuando consideramos que era lo mejor para los madrileños y pedimos ahora la censura, de la parte del Partido Popular, por la misma razón que otras veces han contado con nuestro apoyo. Tenemos esa legitimidad, que las acusaciones de “Tirios y Troyanos” por nuestra incómoda independencia, no hace más que reforzar.

Hemos visto cómo los partidos anteponen sistemáticamente los intereses de “la organización” a los de la ciudadanía que dicen representar. Ahora estamos ante una ocasión única de demostrar que no es así. La izquierda puede trasladar el mensaje de que es capaz de superar sus diferencias y unirse en pro de un objetivo superior: volver a gobernar Madrid y recuperar uno de los principales bastiones de la derecha. Y el llamado centro-liberal está delante de uno de sus últimos trenes para visualizar su utilidad: garantizar limpieza en la gestión y capacidad de establecer alianzas superando las trincheras ideológicas.

Quienes aspiramos a un Madrid libre de las corruptelas del PP, tenemos la ocasión de cambiar el rumbo de esta ciudad y sacar del gobierno a un partido que es incapaz de dejar de utilizar las instituciones en su propio beneficio. Los madrileños saldrían ganando.

Nadie entendería que quienes hoy tenemos esta oportunidad, la desaprovechemos. Quien mire para otro lado será cómplice de entregar Madrid a la derecha más rancia. Algo en lo que la izquierda, y especialmente el PSOE, tiene un largo historial a sus espaldas. Es hora de arriesgarse.

El panorama político madrileño ha dado un vuelco. Hace apenas un año, los tres partidos que habían posibilitado los gobiernos de Almeida y Ayuso (PP, Ciudadanos y Vox) aparcaban cualquier diferencia, formal o sustancial, para cerrar filas en torno a la defensa de un Madrid convertido en una “aldea gala” que se oponía a todo lo viniera del Gobierno de la nación. Hoy, por el contrario, ese bloque monolítico ha saltado por los aires y cada una de las fuerzas que lo componían siguen líneas estratégicas diferenciadas. Incluso, opuestas.

Son varias las razones que explican esto, pero la más determinante fue la incontestable victoria electoral de Ayuso en las autonómicas celebradas el pasado 4 de mayo. Ciudadanos resultó ser el gran damnificado de la arriesgada maniobra de la presidenta, al pasar de 26 diputados a cero. Es bastante probable que aquel tsunami se lleve por delante a la formación que hoy dirige Arrimadas, pero hasta que eso suceda parecen decididos a cambiar su política de alianzas, confrontando abiertamente con Vox y enfriando el que parecía inevitable proceso de integración en el Partido Popular. Ahora, Ciudadanos pretende volver a ocupar el espacio “del centro” al que renunció Rivera, buscando acuerdos a derecha e izquierda que excluyan a los llamados “extremos”. En la campaña electoral de Castilla y León se está viendo claramente este viraje.

Por su parte, Vox también salió tocado de las elecciones madrileñas. Pese a que logró salvar los muebles sumando un escaño a los 12 que ya tenía, estuvo fuera de la campaña hasta los altercados de Vallecas. El partido de ultraderecha se vio obligado a extremar su ya extremo discurso (anti-inmigración y anti-izquierda) para tener algo con lo que diferenciarse de su principal rival, que no era otra que la presidenta. La candidatura de Pablo Iglesias y su disparatada estrategia de campaña (alerta anti-fascista) les proporcionó la coartada perfecta para evitar el trasvase masivo de votos al PP que muchas encuestas vaticinaban. Aun así, le vieron las orejas al lobo ayusista y, probablemente, entendieron que necesitaban algo más que criminalizar a menores migrantes no acompañados para conservar su presencia en las instituciones madrileñas.

El adelanto de Ayuso descolocó a sus dos principales aliados y a la vez competidores, pero también removió los cimientos de su propio partido. Su apabullante resultado inquietó a los dirigentes nacionales del PP, que vieron en ella una incipiente amenaza ante una hipotética -y bastante probable- tercera derrota electoral en las próximas generales. Si algo temen Casado y García Egea es que el empuje de la presidenta madrileña fuerce una renovación en el liderazgo del partido en caso de que vuelvan a fracasar en su intento de llegar a la Moncloa, de ahí que dediquen sus mayores esfuerzos a impedir que tome el control del partido en Madrid.

Y aquí entra en escena Martínez-Almeida. El alcalde de España, el alcalde enrollado, el alcalde de todos, como fue bautizado por la actitud dialogante que mantuvo al inicio de la pandemia y el perfil campechano y bromista que ha tratado de cultivar, se ha visto inmerso en esta guerra interna. Aunque parece que ya ha renunciado a disputar la presidencia del partido, Génova lo ha estado utilizando para frenar las aspiraciones de Ayuso. Sin él, la dirección nacional no tendría nada que oponer a la presidenta. Razón por la cual, la extrema derecha política y mediática le dirige todo tipo de críticas e insultos, acusándole de renunciar a su programa y entregarse a las políticas de la izquierda. “Judas” es uno de los muchos apelativos nada cariñosos que le dedica Jiménez Losantos en sus homilías matinales.

En esa pugna entre Ayuso y Almeida, Vox ha encontrado la razón de su existencia. Mientras ella es la heroína que planta cara a cualquier cosa que suene a progresismo, él es el traidor que ha asumido la agenda de la izquierda. Cuando el PP hace políticas de derechas, puede contar con su apoyo. Cuando no, ahí está Vox para denunciarlo ante sus electores, y de paso arañarle un buen puñado de votos.

El penúltimo episodio de este teatrillo han sido los presupuestos de la capital. Todos los esfuerzos de Almeida para que Vox se sentara a negociar fueron en vano. Ortega Smith, portavoz en el consistorio del partido de ultraderecha, ya anticipó en el pleno de noviembre que no habría acuerdo, y cumplió su amenaza. “Que le vaya bonito, pero con nosotros que no cuente”, sentenció. Unos días después, explicaba en una entrevista en esRadio las razones de su negativa a apoyar las cuentas del alcalde: el mantenimiento, y ampliación, de Madrid Central en la ordenanza de movilidad aprobada unos meses atrás y la creación del Grupo Mixto.

Y he aquí las claves de la ruptura entre el gobierno municipal y el que había sido su apoyo fundamental en el Ayuntamiento. Que Almeida, después de haber anunciado, prometido y repetido que acabaría con Madrid Central, incluyera en su ordenanza de movilidad las mismas restricciones de acceso al distrito Centro aprobadas por Carmena, ofrecía a Vox la excusa perfecta para justificar su ruptura con el alcalde ante el electorado del PP. Pero, además, la aparición del grupo mixto daba lugar a una nueva aritmética parlamentaria que reducía la influencia del partido de ultraderecha sobre el gobierno municipal, cuyos votos habían sido imprescindibles hasta entonces para obtener la mayoría parlamentaria.

Al tener la capacidad de funcionar como grupo municipal independiente, liberados de las imposiciones y ataduras a las que estábamos sometidos dentro de Más Madrid, hemos podido ofrecer una alternativa creíble a la extrema derecha. Sin complejos, hemos tendido la mano al gobierno de Almeida y Villacís con la voluntad real de negociar y llegar a acuerdos, cosa a la que ni el Partido Socialista ni Más Madrid estaban dispuestos, pues su única estrategia de oposición pasa por ver quién dice más alto y más veces “no” a cualquier cosa que haga o deje de hacer el gobierno.

Pero nosotros no nos la jugamos para seguir parapetados en trincheras ideológicas ni de partido, sino para influir decisivamente en la política municipal. Así lo hicimos con la ordenanza de movilidad, que apoyamos tras asegurar el mantenimiento de Madrid Central, y así lo hemos hecho con los presupuestos. Nuestra única línea roja ha sido dejar a Vox al margen de cualquier decisión que afecte a la vida de los madrileños. Hemos asumido el riesgo de pactar con la derecha aun sabiendo que una parte de la izquierda jamás nos lo va a perdonar. Esa misma izquierda, por cierto, que lleva 30 años criticando y oponiéndose a todo lo que venga de la derecha mientras la derecha sigue gobernando.

Con nuestro acuerdo presupuestario logramos, por ejemplo, que el Ayuntamiento vuelva a financiar el Orgullo y recupere las subvenciones a colectivos LGTB, a costa de eliminar las subvenciones a organizaciones como la Fundación Madrina que se dedica a coaccionar a las mujeres que acuden a los centros de interrupción del embarazo. Asimismo, hemos conseguido la gratuidad de los autobuses de EMT en hora punta de mañana y tarde los días de mayor intensidad de tráfico. O que la administración municipal se implique en la tramitación de ingreso mínimo vital y ayude a las familias con dificultades para pagar la hipoteca o el alquiler mediante la creación de un fondo de emergencia habitacional. Además, hemos logrado que se rebaje el IBI a quien tiene una vivienda cuyo valor catastral no supere los trescientos mil euros en lugar de esa bajada indiscriminada pretendida por Almeida para beneficiar más a quien más propiedades tiene. Y, entre otras muchas cuestiones que no es posible detallar en este artículo, también incluimos en el acuerdo el nombramiento de Almudena Grandes como hija predilecta de Madrid. Lo hicimos porque sus méritos para recibir este reconocimiento están más que acreditados y porque Madrid es una ciudad mucho más abierta y avanzada de lo que su alcalde pretende que sea.

Las desafortunadas declaraciones de Almeida no desmerecen un ápice a la escritora. Muy al contrario, engrandecen su figura en contraposición con un alcalde atenazado por los ataques que está recibiendo de la extrema derecha. Algo que también hemos visto con Djokovic. Su guiño a los antivacunas, caladero electoral de Vox, le ha obligado a tener que dar unas cuantas explicaciones y la consiguiente rectificación.

Volviendo a Almudena, las palabras del alcalde no son más que el reflejo de sus miedos y presiones. Nada ha contribuido tanto a mostrar la cara del verdadero Almeida que ponerle frente al espejo de sus contradicciones. De hecho, ha sido mucho más criticado por su desprecio a la figura de la autora que cuando recibió el apoyo de Vox a su investidura. 

Esto jamás hubiera sucedido con una oposición inmovilista que lo fiaba todo al desgaste de no sacar adelante las cuentas de este año. Como si Ayuso no hubiera arrasado en las elecciones, pese a que no había sido capaz de aprobar un presupuesto en su anterior legislatura.  

Nuestra estrategia de mano tendida ha cambiado el guion y ha recolocado las piezas. Solo hay que comparar la situación de la derecha en la Asamblea y en el Ayuntamiento de Madrid. El tablero de la política municipal se ha movido más en estos últimos cuatro meses que en los dos años anteriores. Porque hacer oposición no consiste en oponerse a todo sino en visibilizar las contradicciones y los errores del adversario y, de paso, ofrecer una alternativa sólida, creíble y atractiva a la ciudadanía. Esa es nuestra tarea y a ello estamos dedicando todo nuestro esfuerzo. Porque cuando nos separamos de Más Madrid dijimos que no estábamos aquí para conservar un escaño sino para recuperar el gobierno municipal en 2023. Hoy, tras haber forzado la ruptura del bloque conservador, estamos un poco más cerca de ese objetivo.

Los ayuntamientos tienen un problema de financiación que puede verse agravado por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulo e inconstitucional el método de cálculo para la “plusvalía municipal”. Esto es, el impuesto que pagan los ciudadanos al consistorio por vender o transmitir un inmueble o una finca. A partir de ahora, dicha tasa se deberá abonar únicamente cuando se haya producido un incremento real del valor de venta.

Esta minoración de la recaudación puede suponer un duro golpe en las cuentas de las corporaciones locales, especialmente de los grandes municipios. Madrid, por ejemplo, podría dejar de recaudar algo más de 500 millones de euros al año, según reza el proyecto de presupuesto recientemente aprobado por el equipo de Almeida y Villacís.

Esta sentencia ha venido, además, en un momento crucial del trámite presupuestario a nivel estatal, ya que podría descuadrar las cuentas nacionales, lo que ha llevado al Gobierno de España a rehacer apresuradamente el método de cálculo a fin de preservar, al menos, una parte de lo recaudado por la plusvalía, que es básicamente la segunda figura impositiva más importante en la gran mayoría de los municipios.

Sin embargo, no parece que el Real Decreto aprobado hace unos días vaya a ser una solución definitiva al problema. En primer lugar, porque asume una minoración de la recaudación y, en segundo lugar, porque con toda seguridad volverá a ser recurrido en los tribunales, lo que obligará a las corporaciones locales a ser muy prudentes en su aplicación hasta que la justicia se pronuncie.

Suficiencia financiera

Así pues, parece necesario establecer unas nuevas bases que permitan a los ayuntamientos alcanzar la suficiencia financiera. Y eso no debería pasar por incidir en errores pasados, sino por avanzar en implementar nuevas figuras impositivas que alcancen los objetivos de suficiencia recaudatoria, neutralidad y ausencia de efectos inflacionistas.

En este sentido, desde Recupera Madrid nos sumamos al debate aportando dos propuestas pensadas para la ciudad de Madrid, pero que son perfectamente extensibles al resto de municipios del estado. Por un lado, una imposición sobre el suelo (Land Tax) y, por otro, establecer fórmulas para que la plusvalía por la venta de suelo recaiga íntegramente en los Ayuntamientos, en línea con el artículo 47 de la Constitución, que otorga a los poderes públicos la potestad de evitar la especulación.

Comenzando por el impuesto sobre el suelo, se plantea un gravamen sobre el conjunto del suelo, rustico o urbano, que permitiría a las haciendas locales prescindir de la imposición sobre plusvalías y también del llamado Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI). Es decir, se grava el suelo y no el vuelo, cuyo valor se deprecia de igual forma que lo hace el automóvil nada más adquirirlo. Esta figura impositiva es ya una realidad en países como Reino Unido o Dinamarca, donde se aplica desde 1926.

Curiosamente, la mayoría de los sistemas fiscales que se utilizan para financiar servicios públicos gravan casi cualquier activo a excepción del suelo. Es conocido que la tierra es el bien que genera los mayores incrementos patrimoniales ("capital gains”), pero ningún gobierno se ha atrevido a imponerle un gravamen especifico, lo que ha favorecido la especulación respecto del uso del suelo y ha contribuido a generar grandes burbujas inmobiliarias, de las que en España todavía estamos sufriendo las consecuencias.

Doble imposición

Lo que nadie se ha parado a analizar y constatar es la doble imposición en la que incurrimos al comprar un inmueble. Los inmuebles capitalizan todas las mejoras y servicios que se encuentran en el emplazamiento (suelo) donde están situados y el propietario añade matemáticamente el valor de dichos servicios al precio de la propiedad en el momento de su venta. El vendedor no es el origen, ni el proveedor de dichos servicios públicos, pero sí es el que se embolsa el valor de dichas prestaciones y no paga impuestos por dicho incremento patrimonial. En sentido opuesto, el comprador paga todos servicios que van incorporados en el precio del inmueble y, además, abona los impuestos con los que estos se costean en función de la renta y propiedades que posea. Por tanto, acaba pagando dos veces las mismas prestaciones.       

¿Qué pasaría si eliminamos esa duplicidad concentrando haciendo que el grueso de la recaudación fiscal provenga de un gravamen al suelo como el que hemos definido? ¿Qué pasa si esos ingresos son recaudados directamente de la renta de la tierra?

El modelo Stiglitz

La respuesta nos la da el premio Nobel Joseph Stiglitz, que asevera que este tipo de imposición es neutral, por lo que no genera la denominada carga excesiva (excess burden) de los impuestos clásicos aplicados por la mayoría de economías occidentales y capitalistas.

Para comprender la fórmula de Stiglitz es necesario recordar algo que algunos economistas no convencionales conocen bien: la definición de tierra en economía política es el elemento natural o pasivo de la producción. No sólo incluye el valor del suelo, sino también todos los recursos naturales: los bosques, las minas, los cursos de agua, y por tanto el espacio que los rodea. La peculiaridad de un impuesto sobre la tierra es que no ejerce presión inflacionista sobre el precio de bienes, servicios o salarios.

Para diseñar un gravamen de estas características necesitamos conocer una serie de variables relevantes. Por un lado, es imprescindible conocer los datos sobre el valor catastral del suelo urbano, el de la construcción urbana, el del suelo urbano más el rústico, y por último el valor comercial del suelo urbano más el del suelo rústico. Un aumento del precio del suelo repercutirá mucho más en la tasa de beneficio que en los precios de los productos o servicios. Es por ello que los grandes tenedores de suelo, ya sea rústico o urbano, ofrecen tanta resistencia a asumir un impuesto de estas características.

El establecimiento de un impuesto sobre la renta del suelo que sustituyese al IBI actual y al impuesto de plusvalía contribuiría también a reducir, e incluso llegar a erradicar, la especulación inmobiliaria alrededor del suelo, algo de lo que sabemos mucho en Madrid. Una tasa anual sobre el valor de la tierra incentivaría a los propietarios a no retener tierra ociosa esperando que aumente su precio, pues le resultaría muy costoso, lo que generaría una reducción de la especulación. Cuanto más alta la tasa, menos especulación. En un escenario extremo, si la tasa absorbiera toda la plusvalía, la especulación sería totalmente erradicada. Esto solucionaría el segundo de los problemas planteados, acabar con la retención especulativa del suelo.

La fórmula para su obtención es relativamente sencilla. En primer lugar, hay que calcular el valor catastral del suelo urbano, que solo representa el 40% del valor de mercado, aunque otras fuentes lo elevan hasta el 80%. En segundo lugar, lo mismo para el suelo rústico y ya con la cifra obtenida, sabiendo que el valor del comercial del suelo total es el 40% del valor de mercado, tenemos la base imponible para implementar la fiscalidad sobre la tierra.

El caso Madrid

A partir de la base imponible elegida, proponemos que en Madrid se grave con un 2% (tipo medio) la base imponible del valor comercial del suelo rústico y urbano. Según los últimos datos publicados por la Dirección General del Catastro de la Comunidad de Madrid para 2020, el valor catastral del suelo en la ciudad de Madrid es de 206.030.116, 48 (miles de euros). Si calculamos el 40% del valor comercial del suelo, la base imponible para el impuesto sería la cifra de 82.412.046,6 (miles de euros). Por tanto, la recaudación para el Ayuntamiento de Madrid en el ejercicio del 2020 hubiera sido de 1648,24 millones de euros. Pero si utilizáramos el 80% del valor comercial, la recaudación alcanzaría 3296, 48 millones de euros, lo cual sufragaría más que de sobra la caída de la recaudación por la imposición de la plusvalía, eliminando la distorsión que suponen las figuras impositivas actuales, sin elevar los precios de los bienes construidos y eliminando la especulación sobre la tierra.

Esta simulación nos dice que se podrían recaudar casi el 70% de los ingresos presupuestados para 2022 con un impuesto como el descrito, lo que permitiría eliminar de un plumazo el IBI y el impuesto sobre plusvalía, dos tasas que sí distorsionan, son inflacionistas y son mucho más gravosas para los pequeños propietarios.     

Esta aproximación es muy conservadora, pero sí muestra una gran capacidad recaudatoria, sin generar inflación de activos, ni distorsiones al comprador. Por supuesto, se podría llegar a discriminar entre tenedores de suelo especulativos y aquellos que no lo son, incentivando o penalizando a unos frente a otros. 

En resumen, se puede articular otra política fiscal municipal alrededor del gravamen del suelo evitando la especulación sobre el mismo, como ya hacen otros países nórdicos y anglosajones, sin generar distorsiones, ineficiencias e inflación de activos y que tendrían, además, una capacidad recaudatoria muy superior a las figuras actuales. Solo hay que atreverse.

El 4M llegó y ocurrió lo que tanto nos temíamos. El PP ganó las elecciones y obtuvo escaños más que suficientes para mantener -y reforzar- el gobierno regional. Veintiséis años, que en 2023 serán veintiocho, gobernando de forma ininterrumpida la Comunidad de Madrid.

Casi tres décadas implantando en nuestro imaginario un modelo social, económico, inmobiliario, fiscal y medioambiental abiertamente neoliberal como el único posible, sin que se haya presentado una alternativa de progreso creíble y atractiva que movilice a la ciudadanía madrileña. Y esta vez de la mano de la ultraderecha.

La izquierda, por su parte, hizo lo que hace siempre en Madrid.

Pese a la importancia histórica de estas elecciones, las distintas fuerzas progresistas no se apartaron del guion previsto y han obtenido un resultado decepcionante. Solo la llamada de Pablo Iglesias a construir una candidatura unitaria entre Unidas Podemos y Más Madrid que reunificara el espacio a la izquierda del PSOE agitó durante unas horas el tablero político, pero la negativa de Mónica García a aceptar la oferta nos devolvió al punto de partida.

En la rueda de prensa del pasado 4 de marzo, en la que anunciamos nuestra separación de Más Madrid, defendimos con claridad la unidad política, estratégica y electoral para derrotar a la derecha, que podría materializarse de muy distintas maneras. Pero no tuvimos éxito.

Con el argumento de que los tres partidos de izquierdas tenían asegurada su entrada en el parlamento regional, se justificó que la unión no aportaba nada y que de lo que se trataba era de que cada cual movilizara a su electorado. Obviando interesadamente que, de haberse producido esa unidad, el electorado de izquierdas habría recibido un mensaje movilizador: hemos aprendido del pasado y vamos juntos para evitar que el gobierno de Madrid pueda quedar en manos de la extrema derecha con la derecha más extrema.

Incluso llegamos a proponer un acto rompedor, algo que pusiera de manifiesto la trascendencia del momento: un cierre de campaña conjunto de las fuerzas progresistas. Desgraciadamente, esto tampoco sucedió y la izquierda se presentó con tres papeletas diferentes, y solo con un ‘pacto de no agresión’ que, vistos los resultados, se ha mostrado claramente insuficiente. El bloque progresista baja en representantes, aun habiéndose incrementado el número de diputados en la Asamblea, pasando de 64 a 58 escaños, 11 por debajo de la mayoría absoluta.

Con una movilización histórica, la derecha ha encontrado en la figura de Ayuso y en esa idea de «libertad», tan vacía como el folio en blanco que el PP envió junto con su papeleta electoral, un motivo para acudir masivamente a las urnas. A Ayuso le ha bastado la promesa de tomarte unas cañas después del trabajo -aunque tengas un salario de miseria, no puedas pagar el alquiler y en tu centro de salud no te atiendan- para obtener 65 diputados, 7 más que todas las fuerzas progresistas juntas, y volver a ser presidenta; liberándose de paso de sus serviles, pero algo impertinentes, socios de Ciudadanos, que desaparecen, víctimas de su debilidad y sus torpezas.

Ayuso, convertida en la Trump española, ha reagrupado a la derecha en Madrid y promete convertir nuestra Comunidad en una aldea gala inexpugnable para las políticas redistributivas que propugnan desde Biden hasta el Fondo Monetario Internacional. «Madrid is different», deben pensar la presidenta y su spin-doctor de cabecera, Miguel Ángel Rodríguez, rememorando a quien fuera ministro de Franco y fundador del partido que ahora ella aspira a dirigir.

Pero dentro de la preocupación que esto supone, hay una circunstancia novedosa: en solo dos años tendremos una nueva oportunidad de echar a Ayuso y a sus políticas de la Puerta del Sol y, de paso, hacer lo propio con Almeida del palacio de Cibeles para devolver a nuestra ciudad a la senda que iniciamos desde el gobierno de Manuela Carmena.

No es frecuente tener un ensayo real que permita contrastar cálculos, teorías e hipótesis (tantas veces interesadas) como el que han supuesto estas elecciones a medio mandato. Aun reconociendo el buen resultado de Mónica García, hemos constatado que la estrategia, los candidatos y los mensajes que ofrece la izquierda no son, ni de lejos, suficientes para alcanzar el gobierno de Madrid. No son atractivos para los madrileños.

Aunque es de esperar que cada uno camufle su fracaso con elucubraciones de crecimiento o remontada, no podemos engañarnos. De nada sirven las lecturas interesadas de quienes se conformen con haber sumado unos cuantos escaños a costa de restárselos a otro partido del mismo espacio ideológico. Se trata de ganar y de gobernar y para eso tenemos que ofrecer un proyecto y una candidatura capaz de medirse en pie de igualdad con dos adversarios formidables -en términos electorales- como son Almeida y Ayuso.

Para ello, evidentemente, no podemos repetir aquello que nos ha traído hasta aquí. Tenemos la obligación de presentar una alternativa que se concrete en soluciones tangibles al problema de la vivienda, del empleo o del acceso a servicios públicos de calidad. Y que además de en la libertad, ponga el acento en la igualdad.

Si no, la expectativa de «vivir a la madrileña» volverá a servir de coartada a la derecha para seguir haciendo de esta comunidad su cortijo.

Para que esto no suceda, reiteramos nuevamente la necesidad de ponernos a trabajar desde ya en esa alternativa. Y lo planteamos desde la legitimidad que nos otorga haber anticipado lo que iba a ocurrir si la izquierda no se unía y, en coherencia, habernos apartado de una línea que entendíamos estaba condenada al fracaso, o a la oposición vitalicia; que, a nuestro parecer, es lo mismo.

Vencer a la derecha en Madrid es un reto enorme para el que necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas, sociales y sindicales que aspiran a un Madrid más justo, igualitario y sostenible.

Si en 2015 lo logramos, dentro de dos años podemos volver a hacerlo. Entonces, la izquierda madrileña levantó prácticamente de la nada un proyecto ilusionante que, bajo el liderazgo de Manuela Carmena, fue capaz de derrotar a Esperanza Aguirre y alcanzar la alcaldía de Madrid. Pero la situación de hoy no es la de 2015. La ola de ilusión y esperanza por el cambio ha dado paso a un sentimiento muy generalizado hacia la política que va desde el desinterés hasta el hartazgo, cuando no directamente al rechazo.

Habrá quien diga que necesitamos «un capitán». Nosotros decimos que lo que hace falta es una alianza progresista que apueste decididamente por recuperar Madrid. Y dedique a ello todos sus esfuerzos. No nos resignamos a que vivir a la madrileña sea asumir precariedad, desigualdad y deterioro de nuestros servicios públicos. Tenemos dos años para recuperar Madrid para la mayoría, y para llegar a quienes ayer no votaron o no nos votaron. 

Hace unas semanas, el gobierno de Almeida anunció a bombo y platillo la puesta en marcha del Plan Integral de Alquiler Municipal. Este plan contó con el respaldo de los representantes de todos los grupos municipales en el consejo de administración de la Empresa Municipal de Vivienda (EMVS) pero escondía una trampa que dejaba fuera a quienes más necesitan de las instituciones públicas, la cual no detectamos en un inicio pero posteriormente hemos logrado, en parte, subsanar. Vamos a analizarlo detenidamente.

En principio, se trata de un plan orientado a ampliar la oferta de vivienda de alquiler asequible en la ciudad de Madrid que se estructura en cuatro líneas o programas de actuación.

El primero pasa por continuar la promoción directa de vivienda pública por parte del Ayuntamiento. En este sentido, la actual corporación sigue la hoja de ruta fijada por el gobierno anterior, que, tras sanear la empresa pública de vivienda, puso en marcha la construcción de casi cuatro mil nuevas viviendas para ampliar el exiguo parque residencial del Ayuntamiento. Evidentemente, el objetivo era muy ambicioso y, pese a que a lo largo del mandato se iniciaron muchos de estos proyectos, la mayoría no llegaron a concluir, quedándose en distintas fases de redacción, licitación o ejecución de las obras. Lo que ha hecho el gobierno actual, acertadamente a nuestro juicio, ha sido proseguir la construcción de estas viviendas con el fin de ponerlas a disposición de personas y familias vulnerables en régimen de alquiler social. 

Se trata de un significativo avance de la derecha madrileña si tenemos en cuenta que su política de vivienda ha consistido, tradicionalmente, en promover para vender en momentos de bonanza económica, y renunciar a la promoción pública para dedicarse exclusivamente a la venta del patrimonio público cuando llegaba una crisis.

El segundo programa, conocido como SIA, también da continuidad al iniciado en la etapa de Manuela Carmena bajo las siglas ALMA, que consiste en que el Ayuntamiento ofrece, a través de la EMVS, un servicio de intermediación entre propietarios e inquilinos para proporcionar seguridad y garantías a ambas partes y fomentar así el arrendamiento entre particulares.

El tercero, al que han denominado “conFIANZA Joven”, está muy asociado al anterior y consiste en adelantar el pago de la correspondiente fianza a todos los menores de 35 años que accedan a una vivienda en alquiler mediante el sistema de intermediación del Ayuntamiento.

Hasta aquí, el actual gobierno no se aparta de las medidas impulsadas por sus antecesores en lo que al fomento del alquiler se refiere, pero el Plan Integral de Alquiler sí plantea un programa novedoso, al que han bautizado “ReVIVA” y tiene como objetivo fundamental movilizar viviendas que o bien están vacías o bien se dedicaban al alquiler turístico. La administración se propone captar tales viviendas para destinarlas al alquiler no estacional y ampliar así la escasa oferta existente en nuestra ciudad. Lo que se pretende es que los propietarios cedan sus casas a la EMVS durante un mínimo de cuatro años para que esta las adecúe (asumiendo el propietario el coste de los arreglos necesarios) y se las ofrezca a inquilinos a un precio que nunca puede superar el 30% de sus ingresos (brutos mensuales), el umbral que establece Naciones Unidas para que el coste de la vivienda no desequilibre en exceso la economía familiar. 

Como se puede observar, la finalidad de este programa es difícilmente discutible desde un punto de vista progresista. Movilizar vivienda vacía y VUTs, ampliando con ello la oferta de alquiler estable y dejando en manos de la administración la gestión de los arrendamientos. Aparentemente, nada que objetar. 

Sin embargo, el conflicto surge al entrar en la letra pequeña. El ejecutivo de Almeida, en un exceso de celo, sitúa el umbral de acceso a las viviendas de este programa en tres veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que impedía que personas y familias con ingresos inferiores a 28.198 euros brutos anuales, pudieran ser beneficiarios del programa. 

Bien es verdad que el Reviva nunca ha estado dirigido a sectores con una capacidad adquisitiva baja o muy baja, para quienes la EMVS tiene otras ayudas y líneas de actuación. Tanto por la cantidad de viviendas que pretende captar (unas 400 en tres años) como por el precio medio de las mismas, el programa se orienta a inquilinos solventes que aseguren que nos será la administración quien finalmente tenga que asumir el pago de la totalidad o gran parte de las rentas. Pero siendo esto así, tampoco tenía sentido establecer un umbral tan elevado que impida el acceso a personas o familias que, sin llegar a disponer de tres veces el IPREM, dispongan de recursos suficientes para hacer frente al alquiler sin tener que destinar más del 30%de sus ingresos a dicho pago.

Por ilustrarlo con un ejemplo concreto, un inquilino cuyos ingresos brutos se sitúen en torno a los dos mil euros -bastante por debajo de 3IPREM- puede acceder a una vivienda cuyo alquiler no supere los seiscientos cincuenta euros al mes. Y no es descabellado pensar que la EMVS vaya a captar viviendas vacías o que se dedicaban al alquiler turístico que puedan rondar esos precios.

Era inadmisible, por tanto, excluir a quienes conforman precisamente el nicho natural de un programa de estas características. Personas y familias cuyos ingresos superan los requeridos para ser adjudicatarios de vivienda pública pero que tienen dificultades para acceder al mercado privado del alquiler en una ciudad como Madrid. Por ello, y para evitar que queden fuera del Reviva, hemos propuesto sustituir el umbral (arbitrario) de las 3 veces el IPREM por una condición (objetiva) como es acreditar la solvencia necesaria para pagar la cuota de arrendamiento sin que esta supere el 30% de los ingresos familiares. De esta manera, incrementamos la cantidad de beneficiarios potenciales y, sobre todo, posibilitamos la entrada de personas que necesitan la ayuda de la administración para acceder a un alquiler estable y asequible. Esta propuesta ya ha sido incorporada al programa. 

Sin embargo, incomprensiblemente, el gobierno de Almeida se ha negado a bajar el importe mínimo de arrendamiento de 450 a 350 euros, lo cual disminuye significativamente el beneficio que supone la rebaja del umbral a 3 veces el IPREM, pues al reducir el tope inferior aumentaríamos las opciones de que esas rentas puedan acceder a la ayuda. Del mismo modo, tampoco han aceptado limitar el bono vivienda hasta las 5,5 veces el IPREM, en lugar de las 7,5 previstas actualmente, una medida que permitiría dirigir los recursos públicos a quienes verdaderamente los necesitan, que en el caso de este programa son aquellos solicitantes que se encuentran entre las 3 y las 5.5 veces el IPREM.

Pese a que no es nuestro programa, las fuerzas progresistas del Ayuntamiento de Madrid hemos vuelto a demostrar que estamos trabajando para mejorar las condiciones de vida de nuestra ciudad desde una incuestionable lealtad institucional. En este caso en un tema tan crucial como es la vivienda. Sin embargo, ante la polémica generada nos corresponde también hacer un ejercicio de autocrítica. Este plan no debería haber sido aprobado hasta corregir las disfunciones que PP y Ciudadanos pretendían pasar por alto. Y más teniendo en cuenta que estos partidos se han parapetado en nuestro voto favorable para no asumir su responsabilidad y reconocer los errores cometidos. 

Probablemente, ningún otro alcalde de Madrid ha tenido una oposición como la que disfruta Almeida y seguramente a ningún otro se le hubiera ocurrido dilapidar con tanta ligereza semejante privilegio. Por eso, y llegados a este punto, debemos hacer una reflexión. Almeida no merece más votos de confianza. Se le ha acabado el crédito. Incumple los pactos, utiliza su posición para atacar al gobierno de España y antepone los intereses de Ayuso a los de los madrileños. La perversa utilización que ha hecho del plan de alquiler nos obliga a decir que hasta aquí hemos llegado. Es momento de reconducir el rumbo y construir una alternativa creíble y atractiva al tándem de la derecha con la ultraderecha. 2023 está cada vez más cerca y esta ciudad merece un gobierno mejor. Un gobierno de progreso.

De la misma manera que la actual derecha tiene un problema con España, un país que ya no entiende ni en su pluralidad ni en su complejidad, la izquierda tiene un problema con Madrid. Si hoy parece muy lejano un gobierno de derechas en el Estado, imaginar un gobierno progresista en Madrid parece también un objetivo remoto.

El repliegue de la derecha hacia Madrid ha desplazado a la izquierda madrileña a posiciones cada vez más alejadas de lo que podríamos llamar el 'Madrid way of life'. Una concepción de la vida y de la sociedad que el PP se ha ocupado de modelar a lo largo de sus casi tres décadas de gobierno en Ayuntamiento y Comunidad, interrumpidas únicamente por el mandato de Manuela Carmena.

Quienes desde posiciones progresistas no nos resignamos a aceptar esta situación debemos asumir nuestra debilidad en la batalla ideológica. La mera crítica a los pelotazos y las privatizaciones, que indudablemente hay que seguir haciendo, se ha mostrado insuficiente para atraer al porcentaje de población necesario para conformar una mayoría alternativa a la que hoy tiene la derecha.

Aún estamos a tiempo de revertir la que hoy parece inevitable victoria conservadora en la siguiente contienda electoral, pero debemos ponernos a trabajar desde ya partiendo de premisas diferentes a las que nos han traído hasta aquí. 

Gran alianza progresista

A pesar de los conflictos que precedieron a las elecciones municipales y autonómicas de 2019, las fuerzas progresistas logramos la victoria, pero la suma de las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) nos dejó fuera del gobierno. Esto ha generado una sensación de hartazgo y abatimiento en votantes, simpatizantes e, incluso, en los propios militantes.

En nuestra opinión, urge reconstruir los puentes que se han roto y trasladar el mensaje de que hemos aprendido de los errores cometidos y vamos a trabajar juntos. Que no volveremos a anteponer cuestiones personales o partidistas a los intereses del conjunto de la ciudadanía. De ahí que la primera tarea de las fuerzas progresistas madrileñas no es otra que recuperar el diálogo entre todas ellas, como paso previo imprescindible para empezar a actuar de forma coordinada. Y no se trata únicamente de sumarnos a las causas compartidas, algo que se da por hecho, sino establecer espacios de discusión y acción conjunta para definir y desplegar una estrategia común que desemboque en la construcción de una gran alianza de progreso.

No es evidente que toda la izquierda quiera sumarse, especialmente quienes suelen proclamarse como la izquierda auténtica (fenómeno recurrente desde hace décadas). Hay una izquierda que cree en el trabajo desde las instituciones, y otra que tiene su espacio en la calle, que también es muy necesario. Creemos que hay que juntar a quienes estén dispuestos a sumar para gobernar, a quienes entiendan lo mucho que ganaríamos con una opción progresista consensuada, frente a los auto-complacientes en sus exigencias minoritarias, y la pureza de no comprometerse en las transacciones con tantos agentes que actúan en nuestra ciudad a las que obliga la gestión pública.

Imaginar nuevas plataformas

El siguiente reto pasaría por buscar fórmulas que, sin que nadie tenga que renunciar a sus siglas, reduzcan la desconfianza y rechazo que los actuales partidos políticos generan en sectores cada vez más amplios de la población española y madrileña. Solo hay que observar el puesto que estos ocupan en las listas de preocupaciones ciudadanas para comprobarlo.

Para superar este escollo, debemos ensayar nuevas formas de intervención política y de relación con la sociedad. Si llegamos a 2023 con el actual reparto de papeletas, tres partidos de izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, dando por sentado que estos últimos sí participarán esta vez en las elecciones municipales) y muy probablemente solo dos de derechas (asumiendo que Ciudadanos será absorbido por el PP antes de la siguiente cita electoral), las opciones de recuperar la alcaldía son prácticamente inexistentes.

La única manera de alterar ese escenario es plantear una candidatura capaz de convocar a muchos y muy diversos actores. No se trata de reproducir lo que fue Ahora Madrid en 2015, pero sí de asumir que desde plataformas amplias tendremos mayor capacidad de permear a sectores sociales que ahora se han distanciado, y conformar un proyecto ganador capaz de activar a todos los y las votantes progresistas que se quedarán en casa si no ven posibilidades reales de arrebatar el gobierno a la derecha.

Presentar una alternativa real a Almeida

El tercer gran desafío, posiblemente el más complicado de todos, será construir y explicar una alternativa al actual gobierno de Almeida que resulte, a la vez, ilusionante y creíble. Para ello, es imprescindible combatir la idea que repite sistemáticamente la derecha de que solo ellos saben gestionar (mantra que, por cierto, las recientes crisis acrecentadas por la desidia o incompetencia demostrada están erosionando día a día). Un discurso que en Madrid se ve reforzado por el hecho de que la izquierda lleve demasiado tiempo fuera del gobierno.

Si queremos revertir esta idea, debemos abandonar ese espacio de confort que consiste únicamente en criticar todo lo que hace la derecha y empezar a disputar la bandera de la gestión. Definir un proyecto de gobierno que debe concretarse en datos, medidas y, sobre todo, ejemplos. Y ahí, entre otras referencias, tenemos el gobierno de Carmena. Aquel gobierno, del que nos sentimos orgullosos y orgullosas de haber formado parte, fue capaz de gestionar con solvencia y sin sectarismo los asuntos de la capital de España. También de situar en la agenda temas como la lucha contra la contaminación, el fomento de la participación ciudadana o los derechos de los migrantes y personas LGTB. Políticas que fueron objeto de los ataques más furibundos de la derecha. Evidentemente, no es la única experiencia de gestión progresista pero sí la más cercana para la ciudadanía madrileña, por lo que deberíamos aprovecharla para construir esa alternativa de futuro respaldada por la experiencia. 

En definitiva, lo que pretendemos con este llamamiento no es aumentar la ya abundante oferta electoral de opciones progresistas sino contribuir a tejer las alianzas necesarias para acercar el objetivo de que en 2023 nuestra ciudad, y ojalá también nuestra Comunidad, estén gobernadas por fuerzas progresistas. 

Creemos que, por nuestra particular situación de no pertenecer a ningún partido político, tenemos un mayor margen de maniobra para hablar con unos y otras desde la tranquilidad que da verlos no como competidores potenciales, sino como aliados imprescindibles. Podemos ayudar a concentrar fuerzas para ampliar el alcance y aportar el conocimiento y experiencia acumulada en nuestra etapa de gobierno para Recuperar Madrid.

Si nuestra ciudad ha sido un ejemplo de consenso incluso con la derecha reaccionaria en los conocidos como Pactos de Cibeles, tenemos la oportunidad de que vuelva a ser un ejemplo de generosidad y coordinación entre las personas y sectores de la izquierda y progresistas para que Madrid recupere la senda del progreso. El tiempo apremia.

En el último pleno de Cibeles, celebrado el pasado 23 de diciembre con motivo de la aprobación del presupuesto municipal, las tres derechas (PP, Ciudadanos y Vox) dejaron a un lado sus constantes discrepancias y conflictos para cerrar filas en torno a un objetivo común: “defender Madrid de las fuerzas izquierdistas”. Aquellas que solo tienen ojos para Cataluña y cuyo único empeño es poner fin al “paraíso” capitalino.

Con eso bastó para que Vox regalara nuevamente su apoyo a los presupuestos presentados por Almeida -pese a que ni siquiera han arrancado el compromiso de pago de las horas extras que el Ayuntamiento adeuda a la Policía Municipal, uno de los caballos de batalla del partido de Abascal a lo largo de todo este año- y para que Ciudadanos aceptara, ya sin disimulo, ir de la mano con la ultraderecha. Almeida, ejerciendo de maestro de ceremonias, recurrió al viejo dogma aguirrista que Ayuso, y su spin doctor de cabecera (Miguel Ángel Rodríguez), han reavivado y que pasa por presentar a Madrid como la “aldea gala” que resiste la ofensiva del Gobierno social-comunista-separatista-proetarra de la nación. “De aquí no nos van a sacar ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias”, sentenció el alcalde en una de sus intervenciones.

Cuando Ayuso dijo aquello de “Madrid es España dentro de España. ¿Qué es Madrid si no es España?”, estaba verbalizando la idea sobre la que el Partido Popular ha cimentado su hegemonía. Y esto no se debe tanto a que la sociología madrileña sea mayoritariamente conservadora, un argumento utilizado con demasiada ligereza, sino sobre todo a que la derecha ha logrado identificar a Madrid con una serie de banderas que concitan un consenso social muy amplio y que en el imaginario colectivo le pertenecen: libertad, emprendimiento, prosperidad, España. Eso que podríamos denominar “Madrilenian way of life”, una forma de entender la vida y la sociedad que se han ocupado de modelar a lo largo de sus casi tres décadas de gobierno en Ayuntamiento y Comunidad, interrumpidas únicamente por el mandato de Manuela Carmena.

La derecha, cada vez más desdibujada a nivel nacional y manteniendo algunos gobiernos autonómicos solo gracias al apoyo de su escisión más ultra, ha decidido atrincherarse en Madrid, erigiéndola como símbolo de resistencia. Dado que no entiende la riqueza, pluralidad y complejidad de nuestro país, ha encontrado refugio en la capital de Reino y pretende convertirla en el reverso (tenebroso) de todo aquello que detesta: justicia social y fiscal, protección de los más vulnerables, equidad, regulación, respeto a la diversidad, lucha contra la contaminación, y cualquier política pública orientada a reducir las crecientes desigualdades que amenazan el bienestar de toda la sociedad. Pero como no pueden oponerse abiertamente a estos principios, revisten su discurso reaccionario de una concepción de libertad muy primitiva. “Madrid es un lugar con baja presión regulatoria y fiscal. Una ciudad donde cada cual es dueño de su destino”, llegó a escucharse en el referido pleno municipal. Aquí cualquiera puede hacer lo que le dé la gana, vinieron a decir. Sobre todo, olvidaron añadir, si cuentas con los recursos y contactos necesarios para no tener que preocuparte de las restricciones materiales, económicas y normativas que afectan irremediablemente a quien no dispone de ellos.

Ese repliegue de la derecha hacia Madrid tiene una consecuencia positiva y otra negativa. La positiva es que hoy resulta prácticamente imposible imaginársela gobernando a nivel estatal, de manera que, si el actual ejecutivo no comete grandes errores, tiene cuerda para rato. La negativa es que parece igualmente inconcebible un gobierno progresista tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

En este contexto, la situación de la izquierda madrileña resulta más que preocupante. Los desencuentros que precedieron a los comicios de 2019 y desembocaron en aquel fatídico resultado han dejado un panorama desolador. Una izquierda rota y perpleja, que aún no se ha recuperado del shock producido por no haber conseguido revalidar el gobierno municipal y recuperar el autonómico, tras un cuarto de siglo fuera del poder, aun habiendo ganado las elecciones. Una izquierda que todavía no ha tenido la valentía de reconocer los errores que nos han traído hasta aquí ni, mucho menos, manifestar una voluntad de acercamiento y reconciliación para llegar a las siguientes elecciones con opciones de plantar cara al “trumpismo” autóctono, que avanza sin complejos.

Ayuso y Almeida han puesto en marcha un exitoso “procés” madrileño que no estamos siendo capaces de contrarrestar. Ellos se ocupan de cultivar un sentimiento nacionalista que no ofrece nada más que una vuelta al pasado -en lo cultural, en lo socioeconómico y en nuestro modelo de convivencia-, pero que les proporciona enormes réditos electorales. Mientras, nosotros nos limitamos a criticar sus dislates y su falta de proyecto (como si alguna vez lo hubieran necesitado para mantenerse en el poder). Denunciamos, con razón, la insuficiencia de las tarjetas familia, la estupidez de los aparcamientos disuasorios o el dispendio del Zendal, pero no ofrecemos una alternativa atractiva y respaldada por una experiencia de gestión. Y ello por no hablar de la izquierda extra-parlamentaria, la que presumía de tener un pie en las instituciones y mil en las calles. Esa que, paradójicamente, en cuanto perdió el institucional, desapareció de la vida pública. 

Almeida y Ayuso campan por su aldea gala ante la pasividad de una izquierda ensimismada, desmoralizada y carente de ambición. Las fuerzas progresistas parecen preocupadas sobre todo por “consolidar” su espacio político (esto es, su nicho electoral), lo que hace que pongan mucho más empeño en agradar a los suyos que en atraer a quienes hoy no nos votan pero deben hacerlo para cambiar el signo del gobierno. Así, todas ellas van retrocediendo hacia su zona de confort ideológico, precisamente donde la derecha sabe que no vamos a poner en cuestión su hegemonía.

Si queremos recuperar Madrid, es imprescindible superar esta lógica y trabajar desde ya en reconstruir los puentes rotos y restablecer las confianzas perdidas. También, abrirse a todas esas personas y sectores que miran con desconfianza la política pero que apuestan por un Madrid de vanguardia y de progreso.

Solo conformando esa gran alianza progresista podremos desarrollar conjuntamente una alternativa al proyecto de la derecha que sea, a la vez, ilusionante y creíble. Ilusionante, porque genere expectativas de victoria. Creíble, porque cuente con el aval de todas las fuerzas con vocación y experiencia de gobierno que estén comprometidas con el avance social. Si no somos capaces de hacerlo, la siguiente vicealcaldía no será de Ciudadanos sino de Vox. Y si alguien considera que no hace falta conquistar esta aldea gala porque, mientras exista, garantiza la cohesión de las propias filas, que piense en las consecuencias que ese mismo cálculo ha tenido para el PP con la “cuestión catalana”. La aldea madrileña puede convertirse en el germen de la enésima contrarrevolución conservadora que nos devuelva a lo peor de nuestra historia. Por eso, la izquierda debe despertar de su indolencia. Queda poco tiempo, pero todavía el suficiente para evitarlo.

El compromiso suscrito entre PSOE y Unidas Podemos para aprobar en el plazo de cuatro meses una regulación de los precios del alquiler residencial en nuestro país ha suscitado un intenso debate sobre la oportunidad de implantar o no esta medida.

Las críticas de los autodenominados liberales no se han hecho esperar, con los argumentos -o, mejor dicho, mantras- habituales. La regulación producirá subidas de precios (¡como si en su ausencia se mantuvieran estables!), inseguridad jurídica y mercado negro. Para ilustrar semejante razonamiento suelen referirse, genéricamente, al “fracaso” de este tipo de medidas allí donde dicen que se han aplicado.

Recurrir a este argumento demuestra una notable pereza intelectual (esto no funciona porque en otros sitios no ha dado los resultados esperados) y sobre todo un profundo desconocimiento de los modelos regulatorios a los que hacen referencia. Cuando, por ejemplo, se habla de Berlín, hay que recordar que lo que allí han aprobado es una moratoria que impide subidas de precio durante un periodo de cinco años, con la justificación de que necesitan ese tiempo para ampliar el parque público existente y poder responder así a la creciente demanda de vivienda asequible. Dicha moratoria entró en vigor en enero de este año. En el caso de Francia, que también se menciona habitualmente, lo que se ha hecho es fijar un incremento máximo del 20% al renovar el contrato, porcentaje extremadamente holgado que expresa hasta qué punto se han disparado los alquileres en el país vecino. En esa línea se sitúan también las limitaciones aprobadas en algunos Estados de Norteamérica como California, Oregón o Nueva York, que establecen un tope al incremento de las rentas de entre un 5 y un 7% anual. Como se puede observar, en todos los casos mencionados estamos hablando de regulaciones muy prudentes que más que poner un límite a los precios, lo que pretenden es evitar que estos se disparen repentinamente.

Podemos concluir, en consecuencia, que la regulación de los precios del alquiler residencial es una medida inédita, que todavía no se ha aplicado de manera efectiva en prácticamente ningún lugar y que ahí donde se ha hecho -o, para ser más precisos, donde se está empezando a hacer- no ha transcurrido todavía el tiempo suficiente para testar su eficacia.

No obstante, tenemos un ejemplo de regulación bastante reciente y mucho más cercano: las mascarillas quirúrgicas. Cuando el Gobierno de España tomó la decisión de fijar un precio máximo a estos productos de 96 céntimos la unidad, escuchamos los mismos mensajes apocalípticos por parte de quienes hoy cuestionan la regulación de alquileres. El gurú del anarcoliberalismo, Juan Ramón Rallo, pronosticó el desabastecimiento de mascarillas con la entrada en vigor de esta medida. Como era evidente, esto no ha ocurrido y tal afirmación resulta hoy sencillamente ridícula. La regulación del precio de las mascarillas ha servido para evitar un más que probable abuso de precios de un bien (en estos momentos, esencial) cuya demanda se ha disparado, impidiendo con ello la especulación. Y no hace falta decir que ni ha emergido un mercado negro de mascarillas ni las empresas han dejado de fabricarlas y suministrarlas. Muy al contrario, lo que sí hemos podido constatar tras varios meses de aplicación de esta medida es que cualquiera puede comprar una mascarilla quirúrgica en cualquier establecimiento autorizado a un precio inferior a un euro. Y eso solo puede ser una mala noticia para quienes tengan la intención de enriquecerse disparando el precio de un producto de primera necesidad.

Pues con la vivienda sucede exactamente lo mismo. Limitar su precio solo debería inquietar a quien tenga la expectativa de obtener un lucro desmedido a costa de un bien que es, además, un derecho humano fundamental sin el cual no es posible el desarrollo de una vida digna.

Conviene aclarar que cuando hablamos de regular los precios no estamos planteando eliminar la rentabilidad sino limitarla. Necesitamos un mercado del alquiler robusto y dinámico y para eso, tiene que ser rentable. Pero también tiene que ser estable. Sin rentabilidad no hay negocio. Sin estabilidad, tampoco. Recordemos la reciente burbuja inmobiliaria. Hubo promotores que incrementaron coyunturalmente sus beneficios pero a la vez tuvieron que afrontar mayores costes en la compra de suelo y materiales así como en la contratación de mano de obra. Muchos se vieron forzados a endeudarse y a encarecer todavía más el precio del producto final para asegurar la rentabilidad del negocio. Esta situación, mantenida durante un cierto tiempo, fue la que condujo al colapso general. Y es que las burbujas solo benefician a los oportunistas, aquellos que compran barato, esperan a que suba el precio y venden en cuanto consideran que han maximizado la ganancia.

Las administraciones tienen la responsabilidad de evitar que esto suceda y para ello, deben fijar unas reglas que ordenen el desarrollo de cualquier actividad económica, llegando a intervenir directamente cuando las circunstancias así lo requieran, como prescribe nuestra Constitución. Por poner un ejemplo, imaginemos que un día nos despertáramos con la gasolina por las nubes, a cinco o a diez euros el litro. No sería descabellado suponer que inmediatamente se levantarían unos cuantos teléfonos en los ministerios del ramo. Del mismo modo es previsible que también protestaran los representantes de las patronales. Sin embargo, cuando se trata de la vivienda, parece que no preocupa tanto que un porcentaje elevadísimo de familias tengan que destinar más del 40% de sus ingresos a proveerse un techo; cifra que en algunas ciudades puede alcanzar el 60 o el 80%, lo que prácticamente les impide hacer frente a otros gastos igualmente necesarios.

Cuando esta es la situación que hoy en día padecen sectores cada vez más amplios de la población, tenemos la obligación de asegurar el acceso a una vivienda asequible y en el contexto actual eso pasa por regular mercado inmobiliario privado. De hecho, en parte ya está regulado. Olvidamos con frecuencia que en España la «vivienda protegida» (pública y privada) no puede venderse por encima de un precio tasado por las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas las competencias en esta materia. De manera que lo que ahora se estaría planteando es extender la regulación al mercado del alquiler.

Esta medida contribuirá también a reducir los desahucios por impago de las rentas de arrendamiento, origen de la mayor parte de los desalojos que se producen en la actualidad pues la morosidad hipotecaria se ha reducido y además los bancos buscan fórmulas alternativas a los desahucios debido a los enormes costes reputacionales que les han generado.

Por todas estas razonas, está más que justificado plantear una regulación de los precios del alquiler residencial. Y a quienes defienden que no es el momento, ahora que los precios se están estabilizando e incluso parece van a caer en los próximos años a causa de la crisis de la COVID, habría que responderles que uno de los objetivos fundamentales que pretende esta medida es, precisamente, desacoplar los precios del alquiler residencial de los vaivenes del mercado. Si ahora contamos con un gobierno y una mayoría parlamentaria dispuesta a poner en marcha esta medida, no podemos desaprovechar la oportunidad.

Pero dicho todo esto, la eficacia del sistema regulatorio que se establezca -y que todavía no conocemos- estará en la letra pequeña y en la capacidad de los organismos gestores de asegurar su cumplimiento. Aun así, cualquier progreso en la implantación de un sistema regulatorio de los alquileres, por insuficiente que este pueda resultar inicialmente, será positivo. Y lo será porque va a contribuir a instalar en el imaginario colectivo que garantizar un precio asequible de la vivienda tiene que estar por encima de la sacrosanta “libertad” de mercado. Que no pasa nada por limitar, controlar, regular el mercado. Dar ese pequeño paso supondrá un enorme avance civilizatorio.

En el año 2015, una conjunción de factores permitió el acceso de fuerzas progresistas a las alcaldías de la mayoría de las grandes ciudades de España: la crisis profunda del PP (sumido en una sucesión de escándalos de corrupción), la crisis económica que arrastrábamos desde 2008, la división del antiguo monopolio del voto de la derecha, y el impulso todavía latente del 15M, además de la ilusión que impregnaba la esfera pública, resultaron determinantes para que el cambio fuera posible.

En Madrid, el carisma y la transversalidad de la candidata Manuela Carmena, las alianzas de los inveterados minoritarios que siempre fraccionaban el voto de la izquierda y la pésima campaña de Esperanza Aguirre, nos permitieron conquistar el que había sido feudo inexpugnable del PP durante casi veinticinco años.

En 2019, aun ganando las elecciones, Madrid no tuvo un Valls, que permitió la continuidad de fuerzas progresistas en la alcaldía de Barcelona para impedir el acceso de las candidaturas nacionalistas al Gobierno de la Ciudad Condal y, por ello, fue apartado de Ciudadanos. Aquí, por el contrario, el partido naranja optó por gobernar con los votos de la ultraderecha. Las elecciones del 10N, celebradas apenas cinco meses después, expresaron con toda claridad el rechazo que a sus propios votantes produjo aquella decisión.

Tras la marcha de Manuela, que no había llegado a la política para quedarse, conviven en el “proyecto” Más Madrid dos visiones que progresivamente han ido alejándose entre sí. Por un lado, quienes plantean que Más Madrid debe crear una nueva estructura como partido de ámbito autonómico (sin concretar la situación en que quedan los dos diputados de Más País en el Congreso), para tratar de consolidar un espacio electoral propio que “asegure” cierta representación institucional. Con toda seguridad, muy minorada respecto de la actual.

Por otro lado, quienes apostamos por mantener y potenciar lo que, desde el principio, ha sido nuestra candidatura, nítidamente municipalista. Cuando hace año y medio lanzamos esta “Plataforma Ciudadana”, su vocación era diferenciarse de los partidos políticos, tal y como recogía la carta fundacional que firmaron Manuela e Íñigo, donde se decía literalmente “este es un llamamiento a juntarse, a las fuerzas progresistas y a toda la ciudadanía con o sin adscripción de partido”.

A nuestro juicio, este planteamiento casa mucho más con la idea de una organización abierta, muy flexible y poco jerárquica, que va tejiendo alianzas con aquellas personas y organizaciones progresistas que comparten (total o parcialmente) los mismos objetivos. Esa fue la fórmula con la que nos presentamos y ganamos las elecciones, obteniendo el respaldo de más de medio millón de votos en la ciudad de Madrid. De hecho, en un contexto como el actual, donde hay una gran desconfianza de la ciudadanía hacia la política convencional, uno de nuestros mayores atractivos debería ser, precisamente, no ser “otro más” dentro de la variada oferta electoral.

Creemos que no debemos gastar nuestras energías y las de tanta gente que colabora con nosotros y nosotras en inútiles estructuras de nuevos partidos. Debemos, por el contrario, fortalecer a nuestras doscientas diez vocalías vecinales, a los grupos sectoriales que están trabajando con entusiasmo (Vivienda, Mayores, LGTBI, Educación, Memoria, Empleo, etc.), recuperar con fuerza los Foros Locales... Dar, en definitiva, el protagonismo a la ciudadanía de Madrid, aprovechando los recursos y estructuras ya existentes.

Otro de los elementos que nos parece imprescindible recuperar es la “mirada local”. No olvidemos que Más Madrid surgió en octubre de 2018 como el germen de una candidatura ceñida únicamente al ámbito municipal, con una candidata independiente, a la que meses después se sumaron otros compañeros de viaje.

Entendemos que es fundamentalmente en el ámbito municipal donde contamos con base social suficiente como para aspirar a recuperar el gobierno, y así lo hemos defendido desde nuestro trabajo como concejalas y concejales, apostando por recuperar la autonomía del proyecto con el que nos presentamos ante la ciudadanía. Recordemos que ya en las elecciones del 26 de mayo de 2019, la candidatura autonómica del mismo nombre obtuvo en la ciudad de Madrid 241.550 votos menos que la papeleta encabezada por Manuela Carmena. Y si analizamos los resultados de las generales de noviembre, Más País consiguió 111.023 votos en la capital; esto es, 392.967 votos menos que en los comicios celebrados en mayo del mismo año. Es decir, muchas personas votaron diferente en las municipales, las autonómicas y las estatales.

A todos estos argumentos hay que añadir la gran incertidumbre que presenta el panorama político actual, extraordinariamente cambiante y con hechos sobrevenidos que hacen muy difícil, por no decir imposible, anticipar el medio plazo. No sabemos qué escenario nos vamos a encontrar en 2023, pero intuimos que ahora no somos capaces casi ni de imaginarlo. En este contexto, quienes defendemos mantenernos en el proyecto original, creemos que lo más sensato es dejar la puerta abierta a recuperar complicidades con otros actores y fuerzas políticas para construir una amplia alianza progresista con capacidad de alcanzar unos resultados similares a los que obtuvimos en 2015 y en 2019. Seguro que la fórmula será diferente, pero debemos encontrar la manera de lograrlo y, en ese sentido, los corsés de partido no van a resultar de gran ayuda.

Por último, y verdaderamente lo más importante, debemos centrarnos en construir y ofrecer a la ciudadanía madrileña una alternativa de gobierno a la que hoy encarna Martínez-Almeida. El alcalde, que por comparación con Ayuso y Casado ha conseguido pasar por “hombre de Estado” durante la pandemia (con el único mérito de no meter, mucho, la pata) no ha renunciado al proyecto que tenía para Madrid.

Recortar, en inversión, en medidas de lucha contra la contaminación, en servicios municipales de calidad, en políticas de reequilibrio, en vivienda pública, en equipamientos, en memoria democrática… y a cambio llenarnos la ciudad de coches. Almeida sigue siendo Martínez, el heredero de Aguirre, y corremos el riesgo de que lo sea por muchos años, si no somos capaces de ofrecer una alternativa fuerte y sólida al Gobierno de la derecha y la extrema derecha madrileña. Una alternativa que ponga a Madrid de nuevo mirando hacia el futuro, que se la devuelva a sus vecinos y vecinas, y que debe aprovechar la experiencia de nuestra gestión.

Esto no supone abandonar la lealtad institucional que venimos manteniendo desde que comenzó la crisis. Pero esa lealtad no puede ser un cheque en blanco a Almeida y a sus políticas. Nuestra lealtad es, ante todo, con la ciudadanía madrileña y también con el Gobierno de España, de coalición progresista, sometido a un acoso sin precedentes por esa misma derecha que en Madrid pide colaboración a la oposición.

En esta encrucijada es clave tomar ahora la decisión de hacia dónde queremos ir. Nos quedan poco menos de tres años para volver a seducir a esa mayoría de madrileños y madrileñas que votaron una política diferente. Solo disponemos de ese tiempo para construir una alternativa de progreso, viable y deseable, al Gobierno de Almeida. Porque oposiciones hay muchas (incluso Vox se pone a veces la careta de partido de oposición) pero hasta el momento esa alternativa sigue vacante.

Como concejales y concejalas del Ayuntamiento de Madrid vamos a seguir trabajando para armar esa alternativa, conscientes de que debemos trabajar codo con codo con todas aquellas personas y organizaciones progresistas que compartan este mismo objetivo, vengan de donde vengan y sin otra exigencia que el compromiso por mejorar nuestra ciudad y las condiciones de vida de sus habitantes.

Mirar al futuro es continuar el proyecto progresista desarrollado en Madrid, sin miedo a recuperar las alianzas que posibilitaron un Madrid progresista y avanzado; un espacio de regeneración democrática vinculado al concepto más avanzado de sostenibilidad como palanca para recuperar y reorganizar el liderazgo social. Partiendo de esta nueva realidad en la que nos encontramos pero sin necesidad de aferrarse al corsé de las estructuras de los partidos políticos.

En este sentido, lanzamos una invitación a quienes les resulte ilusionante aspirar a recuperar un gobierno de progreso en Madrid, a trabajar conjuntamente en este proyecto. Madrid lo primero.

Mucho se está hablando estos días del papel que van a jugar las ciudades en la salida de la crisis. Las transformaciones urbanas que resultan necesarias para dar cobertura a los nuevos hábitos de seguridad e higiene están centrando buena parte del debate público y es lógico que así sea. Las áreas metropolitanas centrales han registrado las mayores tasas de incidencia del virus y eso nos obliga a reflexionar sobre cómo tendrán que ser en adelante.

Todo apunta a que saldremos del confinamiento habiendo ganado más espacio para caminar y movernos en bici. La mayor parte de los municipios ya están dando pasos en ese sentido. Con pintura y señalización están ampliando zonas peatonales y generando nuevos itinerarios ciclistas. Incluso el gobierno (cochófilo) de Madrid ha cerrado varias calles al tráfico motorizado. O, mejor dicho, ha decidido abrirlas a otros modos de desplazamiento más eficientes, sostenibles y, sobre todo, demandados. Para pasear guardando las distancias, necesitamos aceras más anchas. Es así de simple.

El hecho de ver calzadas sin tráfico y repletas de viandantes ha generado una sensación de cierta euforia en los sectores progresistas. Los cambios, tan visibles, derivados de la crisis producen la sensación de que avanzamos rápidamente hacia un reparto más equilibrado y justo del espacio urbano.

Del mismo modo, la drástica disminución de la contaminación vinculada directamente a la no menos drástica reducción del tráfico motorizado ha puesto de manifiesto que los coches son la principal fuente de emisiones contaminantes en las ciudades. Esto es algo que ya sabíamos, pero una parte de la derecha se resistía a aceptarlo. Ahora ya no puede seguir negándolo. Valga como muestra la pregunta que un concejal de Vox del Ayuntamiento de Madrid dirigió hace solo unos días al gobierno municipal acerca de las medidas que piensa poner en marcha “para que Madrid no vuelva a la normalidad que suponía tener altos índices de contaminación una vez comprobado que la reducción del tráfico mejora la calidad del aire”. Han necesitado una evidencia empírica de esta magnitud para convencerse.

A todo ello, hay que sumarle que la incertidumbre generada por la crisis parece haber mitigado el problema del ascenso continuado del precio de la vivienda en las grandes ciudades. La previsible caída del turismo y la más que probable cautela de los inversores van a repercutir en el valor de los inmuebles. Los que se dedicaban al alquiler turístico han dejado de ser un negocio rentable, al menos a corto plazo, y el resto han visto cómo se reducen las expectativas de demanda, lo que con toda seguridad se traducirá en una bajada de precios.

En consecuencia, los considerados hasta hace bien poco mayores desafíos urbanos de nuestro tiempo, han pasado a un segundo plano. Las dificultades para acceder a una vivienda asequible y los elevados niveles de contaminación del aire se han visto desplazados, con cierta lógica, por cuestiones como la emergencia sanitaria o la crisis económica. Pero que hayan salido del debate público no significa que hayan desaparecido. Siguen ahí y, de hecho, pueden verse agravados en función de las medidas que se adopten para afrontar el largo periodo de convivencia con el virus que tenemos por delante.

Y aquí se plantea un debate decisivo que va a determinar el futuro de nuestras ciudades y, por tanto, la posibilidad de estar en mejores o peores condiciones para hacer frente a otra posible pandemia y, sobre todo, a la ineludible crisis climática.

La derecha tiene claro su modelo: el de Esperanza Aguirre. Ciudad extendida. Vivienda unifamiliar y coche en el garaje. Así estaremos protegidos y podremos mantener la distancia social. Si hay que recluirse, mejor en una casa a las afueras con jardín. Si hay que moverse sin riesgo de contagiar y de contagiarse, mejor en un vehículo particular que en el transporte público. Sabemos perfectamente que tales soluciones no harían más que agravar nuestros problemas pero pueden calar en el imaginario colectivo.

Es precisamente ese imaginario el que debemos contrarrestar desde los sectores progresistas para definir y explicar (de manera comprensible) nuestra alternativa. Tenemos el reto de plantear soluciones integrales que atiendan al conjunto de demandas de la vida cotidiana. Porque la otra, aun siendo equivocada y excluyente, sí lo hace. Y corremos el riesgo de que el espejismo de las bicis, las peatonalizaciones y las bajadas (coyunturales) del precio de la vivienda nos hagan perder de vista que las prioridades siguen siendo las mismas. Añadiendo ahora también la de realizar nuestras actividades cotidianas guardando una mayor distancia espacial, que no social, entre nosotros.

Una solución de trazo grueso solo puede ser contrarrestada con otra de las mismas características. Frente a la dispersión, la ciudad densa, compacta y bien equipada. Con mezcla de usos y de funciones. Por paradójico que pueda resultar, los tejidos densos y compactos son los más resilientes ante una crisis. En primer lugar, porque reducen la ocupación del suelo y con ello las infraestructuras y las redes de suministro, lo que se traduce en una mayor eficiencia en la utilización de los recursos. En segundo lugar, porque garantizan el acceso a los servicios básicos sin necesidad de largos desplazamientos, lo que hace que disminuyan las emisiones. A su vez, posibilitan la existencia de equipamientos y servicios de transporte público (que por debajo de determinados ratios de demanda no son asumibles) así como la subsistencia del comercio de proximidad.

Respecto de la vivienda, hoy son todavía más necesarias políticas integrales de mejora de la calidad residencial y urbana, que trasciendan la mera rehabilitación. Mejorar las condiciones energéticas, espaciales y de accesibilidad de los hogares para garantizar una vida digna. No se trata de que todos nos vayamos a un chalé, algo que por otra parte no es posible, sino de que vivamos mejor en nuestra casa y en nuestro barrio. Es la manera de evitar que las posibilidades habitacionales de pasar el confinamiento sean otro factor que agrave la desigualdad.

En un reciente editorial del New York Times, titulado “The cities we need” (Las ciudades que necesitamos), se decía que “la crisis ha provocado una serie de fantasías sobre abandonar las ciudades por completo, arraigadas en la idea de que todos estaríamos mejor al menos un poco más separados: el distanciamiento social como la salvación de la sociedad”. No podemos consentir que ese sea el futuro que nos espera. Queremos volver a las calles y transitarlas llenas de vida y de actividad. Queremos volver a las calles y encontrar espacios dignos de tal nombre.

Suele decirse que la última crisis financiera internacional que hemos vivido comenzó exactamente el 15 de septiembre de 2008, día en que Lehman Brothers se declaró en quiebra. Aquella no fue ni mucho menos la única causa de la gran recesión que vino a continuación, pero sí el detonante. El hundimiento del cuarto banco de inversión de EEUU puso de manifiesto la debilidad de un sistema financiero carcomido por la irresponsabilidad de los operadores privados y la, como mínimo, negligencia de los poderes públicos, que no establecieron los controles necesarios para evitar el fatal desenlace.

Doce años después, ha ocurrido otro hecho que sin lugar a dudas va a desencadenar una crisis social y económica de dimensiones todavía desconocidas: la aparición del virus Covid-19. El conocido como “coronavirus”. Si la caída de Lehman Brothers puso al descubierto las fallas del sistema financiero, la propagación de este virus ha hecho lo propio con el sistema neoliberal; ese conjunto de relaciones sociales, económicas, jurídicas y medioambientales que rigen nuestras sociedades y nuestras vidas.

La primera evidencia fue ver cómo los que defendían a ultranza este modelo, dieron un giro de ciento ochenta grados a su discurso en cuanto el Covid-19 empezó a percibirse como una amenaza. Quienes habían defendido hasta la saciedad la necesidad de reducir el gasto público, los recortes en servicios esenciales como la sanidad, la mayor eficiencia de lo privado y la mano invisible (del mercado) como solución a todos nuestros problemas, pidieron ayuda a “papá Estado”, empleando sus propios términos, para hacer frente a la pandemia.

De repente, todo lo que nos habían recetado para afrontar los grandes retos de nuestro tiempo se ha quedado obsoleto. Ya no es el mercado sino el Estado quien tiene capacidad de resolver esta crisis. Pues claro. Solo hay que leer los decretos aprobados por el Consejo de Ministros desde que se declaró el 'estado de alarma' para comprobar que no hay instrumento más eficaz que el aparato gubernamental para reordenar los recursos disponibles en favor de quienes más los necesitan. En este caso, los afectados, los grupos de riesgo y, por extensión, el conjunto de la población. Porque de cuánto seamos capaces de reducir los efectos dañinos de esta pandemia depende nuestro futuro como sociedad.

Y si el Estado es la herramienta más eficaz para hacer frente a la actual crisis sanitaria, también lo es para enfrentar otras como la habitacional, la climática o la de refugiados, por ejemplo. Quienes teorizan (o teorizaban) lo contrario son muy conscientes de que al hacerlo no están defendiendo los intereses de las mayorías sino de esas minorías que prefieren engrosar sus patrimonios a costa de ahorrarse impuestos destinados a financiar los servicios públicos.

La diferencia ahora es que esas minorías, y los intelectuales que legitiman sus privilegios, tienen un interés en común con el resto de la sociedad: derrotar al virus. No por solidaridad sino por puro egoísmo. Porque a diferencia de problemas como el de la vivienda o el cambio climático (que por razones económicas o ideológicas consideran que no les afectan), en este caso sí sienten que el virus amenaza su bienestar. Por eso recurren al Estado, a ese que tanto temen cuando se trata de intervenir en contra de sus intereses.

Pero no ha sido este el único mantra que el coronavirus se ha llevado por delante. Para empezar, ha terminado con esa visión tan estrecha de 'libertad' de la derecha, que contempla única y exclusivamente la libertad del individuo al margen de todo lo demás y que sintetiza perfectamente la célebre frase de Aznar: “¿Y quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber?” Hoy sería inconcebible que quienes incumplen sin justificación las restricciones no reciban la sanción correspondiente. O que alguien pudiera considerar esas multas como una medida recaudatoria. La prioridad es proteger la salud y si para ello hay que reducir las salidas a la calle, todos debemos hacer ese sacrificio. De la misma manera que a nadie se le ocurriría acusar al alcalde Martínez-Almeida de querer “hacer caja” cuando hace unos días sacaba pecho de que en Madrid se hubieran cuadruplicado las multas a quienes no respetaban las limitaciones.

Otra idea que ha quedado desechada es que se puede hacer negocio con cualquier cosa. Hemos visto que los servicios públicos que nos salvan la vida en situaciones como esta no pueden depender de una cuenta de resultados. Deben estar disponibles para todo aquel que lo necesite. Ante esta emergencia sanitaria, nadie podría defender que los recursos de la sanidad privada no se utilizaran también para atender a los afectados, tal y como ha hecho el Gobierno. Sin embargo, antes de esta crisis era habitual escuchar a sesudos “expertos” señalando las bondades de privatizar el sistema público de salud. Todo ese discurso (absurdo y antisocial) también se ha venido abajo.

Por si todo esto fuera poco, esta situación ha invalidado para siempre aquello que afirmaba Margaret Thatcher, madre del neoliberalismo, de que “la sociedad no existe, solo existen hombres y mujeres individuales”. Los aplausos de cada tarde demuestran que no es cierto. Nos quedamos en casa para protegernos no solo a nosotros mismos sino también a los demás. El confinamiento nos ha hecho conocer a nuestros vecinos, de balcón a balcón. También valorar el trabajo de quienes nos permiten sobrevivir al encierro.

Ahora sabemos que el papel higiénico no siempre estuvo ahí. Alguien tuvo que fabricarlo, transportarlo, descargarlo, desembalarlo y colocarlo en los estantes. Las personas que forman parte de esa cadena reciben nuestro aplauso todos los días a las 20:00 h., junto a sanitarios, policías, dependientes, maquinistas, conductores de autobús, trabajadores de la limpieza y un larguísimo etcétera. A todos ellos y a todas ellas les debemos la vida.

La crisis desatada por el virus está cambiando nuestra escala de valores. Las soluciones individualistas cotizan a la baja. Ahora ya sabemos que para salir de esta tenemos que cooperar. Saldremos en común.

Almeida ha vuelto a superarse. Esta vez anunciando la construcción de un mega-parking subterráneo junto al parque del Retiro. Si creíamos que ya lo habíamos visto todo, ahora se saca de la chistera este disparate. Sabe que la única forma de llevar adelante sus políticas es someternos a una doctrina del shock permanente. Así hace con todo. El mismo día que conocíamos la imputación de Esperanza Aguirre por la financiación irregular de su partido, presumía en un programa de radio de ser “amigo personal” de la lideresa. Cuando arreciaban las críticas sobre su figura por haber intentado suprimir Madrid Central de todas las formas posibles, se presentó en la Cumbre del Clima alardeando de ser “el único que había hecho aplicar la medida íntegramente”. Si la Unión Europea amenaza con sanciones a nuestro país por superar los niveles máximos permitidos de contaminación en el aire en ciudades como la nuestra, él anuncia que quiere fomentar la entrada de vehículos al centro. Su última boutade ha sido acusar de “antisemitismo” a quienes le reprochan haber incumplido su palabra de implantar un centro de salud y una biblioteca en el edificio que ocupaba La Ingobernable para albergar allí el museo judío. Tal desfachatez causa perplejidad en sus oponentes.

Almeida representa esa derecha sin complejos. La que durante mucho tiempo ha estado agazapada dentro del PP esperando que llegara su momento. La que añoraba a Aznar y criticaba a Rajoy por ser “demasiado blando”. Esa que representa como nadie La Presidenta. Una derecha que solo teme, precisamente, no parecer suficientemente de derechas. “A mí, mirándome a la cara, nadie me habla de derechita cobarde porque no me aguantan la mirada” pregonaba hace unos meses en un mitin el tercero de las Azores con tono desafiante.

Almeida no oculta lo que es y lo que quiere. Quiere más coches moviéndose por Madrid. Quiere traer centenares de miles de toneladas de basura extra al vertedero Valdemingómez. Quiere censurar a los músicos que no le gustan. Quiere privatizar Bicimad y, si le dejaran, la Empresa Municipal de Transporte (EMT). Quiere suprimir los carriles bici para que por ellos puedan volver a circular vehículos motorizados. Quiere los atascos de las tres de la mañana, como Ayuso. Quiere abrir nuevamente la Gran Vía al tráfico de paso.

Almeida es muy consciente de que estas políticas van en contra de las nociones más elementales de sostenibilidad. Sabe que este tipo de medidas solo contribuirán a aumentar el tráfico y la contaminación, a hacer de Madrid una ciudad menos saludable. Conoce perfectamente los efectos nocivos que sus decisiones van a tener en la calidad de vida de sus ciudadanos y en el medioambiente pero le importa exactamente lo mismo que la corrupción de su partido. Porque su batalla es ideológica. Todas las actuaciones que ha puesto en marcha el actual gobierno municipal responden únicamente a la voluntad de borrar el legado de su antecesora.

Almeida va sin frenos. Ahora quiere construir ese parking subterráneo bajo la calle Menéndez Pelayo. La propuesta, que parece haber surgido de los empresarios de esta pujante zona de ocio y restauración de Madrid, ha puesto en pie de guerra al vecindario y en alerta a toda una ciudad que no concibe semejante despropósito. La polémica generada ha forzado al propio alcalde a reorientar su discurso hacia la “mejora ambiental” de la zona, que contempla ensanchamiento de aceras, creación de carriles reservados a bicicletas y autobuses, ampliación del arbolado y, ya de paso, el famoso aparcamiento con capacidad para mil coches. ¿A qué viene tanto revuelo?

Almeida sigue defendiendo el proyecto porque, según sus palabras, “abunda en la sostenibilidad de la ciudad” (hay que tener cuajo para decir algo así), pero parece que empieza a darse cuenta de que no ha sido una buena idea. Se muestra menos arrogante que de costumbre. En sus últimas declaraciones ha señalado que las plazas serán para residentes y solo dejará «de rotación» aquellas que queden vacantes. Unas 800 según nuestros cálculos. Parece que incluso se está planteando reducir el número. Pero no fue esto lo que anunció hace apenas un mes, cuando en un desayuno informativo presentó orgulloso el proyecto. Para alguien que presume de ser amigo personal de Aguirre el día de su imputación, esto es una rectificación en toda regla.

Almeida puede correr la misma suerte que aquel alcalde de Burgos que pretendía remodelar una de las calles principales del barrio de Gamonal, construyendo también un aparcamiento subterráneo. La movilización vecinal obligó al imprudente mandatario primero a parar las obras y finalmente a renunciar a su ejecución. Gamonal se convirtió en un ejemplo de resistencia ciudadana ante una decisión impopular, incívica e injusta.

Almeida sigue haciendo méritos para convertirse en un supervillano de película. Siempre flanqueado por su fiel escudero Borja Carabante, concejal de Medio Ambiente y vicealcalde en la sombra de esta ciudad. Ambos construirían un túnel bajo la Gran Vía si pudieran. Pero para que circularan por él los peatones y no interrumpir así la marcha de los vehículos. En Madrid ya se conoce como efecto Almeida ese fenómeno por el cual mientras las grandes ciudades avanzan hacia soluciones de movilidad sostenible, la nuestra retrocede al siglo XX o al XIX. Más que un efecto, es un defecto. Término que, en su primera acepción de la RAE, se define como la “carencia de alguna cualidad propia de algo”. Eso es precisamente lo que le sucede a nuestro alcalde, que carece de la capacidad de reconocer las necesidades de su tiempo. Incapaz de entender que la mayoría de los madrileños no queremos más tráfico en nuestras calles ni más humo en nuestros pulmones. Ni más coches debajo de un parque tan emblemático y querido como El Retiro. Por eso, no vamos a permitir que se salga con la suya.

Poco más de dos años después de que Esperanza Aguirre presentara su dimisión como concejala del Ayuntamiento de Madrid tras la detención y entrada en prisión del que fuera su mano derecha en el gobierno regional, Ignacio González, el Partido Popular recupera la alcaldía. Transcurrido apenas un año desde que Cristina Cifuentes tuviera que dimitir al conocerse el “caso Máster” y hacerse público un video en el que era interceptada por un guardia de seguridad mientras intentaba, presuntamente, llevarse un par de botes de crema sin pasar por caja. Cuando no han pasado ni seis meses desde que el tribunal del Tribunal de Cuentas condenara a Ana Botella y a todo su ejecutivo a devolver 23 millones de euros a las arcas públicas por malvender 1860 viviendas municipales a un fondo buitre, tenemos de nuevo al PP a los mandos del ayuntamiento. Pese a no haber ganado las elecciones y haber obtenido el peor resultado de su historia en la capital. Por eso esta vez no viene solo. Lo hace acompañado de un partido que se decía «regenerador» como Ciudadanos y de otro como Vox, una fuerza de extrema derecha que afirma que no existe la violencia machista y que considera al colectivo LGTB un lobby deprivilegiados a los que quiere mandar a la Casa de Campo.

Sin estos apoyos, el PP no habría alcanzado el gobierno de la ciudad. Pero sabíamos que se pondrían de acuerdo. Lo sabíamos desde que los resultados de la noche electoral del 26M otorgaran mayoría absoluta a la suma de estos tres partidos. Todo lo que hemos visto y oído desde entonces no ha sido más que un patético vodevil cuyo final estaba escrito de antemano. Los tres han formado gobierno. De momento, con políticas y medidas pactadas (y enmendadas) y en poco tiempo con cargos y responsabilidades compartidas (el PP y Vox se han dado 20 días para cerrar el acuerdo). Por mucho que Ciudadanos se esfuerce en repetir que su pacto es solo con los populares, los decretos de competencias y los nombramientos tanto en las presidencias de los distritos como en los niveles intermedios de las áreas gubernamentales, que se irán sucediendo en las próximas semanas, revelarán que no nos lo habían contado todo.

La ultraderecha forma ya parte del gobierno de Madrid y sus votos serán decisivos para sacar adelante los presupuestos o aprobar aquellos expedientes que requieran mayoría absoluta. Porque sin los cuatro concejales de Vox, los escaños de Más Madrid y PSOE (27) superan a la suma de PP y Ciudadanos (26). La aritmética no engaña.

Al finalizar la sesión de investidura, mientras abandonábamos el salón de plenos, se escuchó decir «vuelven las corbatas». La expresión resultaba muy clarificadora de lo que supone la vuelta del PP al frente del consistorio. No se trataba de una crítica a la prenda en sí, que también era utilizada habitualmente por algunos miembros de nuestro equipo, sino a lo que esta representa. Los ayuntamientos del Partido Popular se caracterizaron por un modelo de gestión basado en el «ordeno y mando»que no se limitaba al Palacio de Cibeles sino que se trasladaba al conjunto de la ciudad y de sus barrios. Una manera de gobernar que no compartimos y que nos hemos esforzado en corregir durante estos cuatro años.

Pero con los gestores del pasado volverán las formas y las políticas del pasado. Volverán las corbatas. Azules, naranjas o verde neón. Aunque el color pueda variar, las tres van con el mismo traje y huelen a naftalina. Las tres se anudarán para tratar de poner freno los avances que hemos iniciado. En materia de sostenibilidad, mejora de la calidad del aire, participación y transparencia, rehabilitación, cohesión social y un largo etcétera. Aun así, nada está perdido. Más Madrid es la primera fuerza de la ciudad y lo vamos a demostrar protegiendo el Madrid que queremos. Ese Madrid solidario, creativo, abierto e inclusivo. El Madrid de Manuela.

El pasado viernes conocimos la sentencia del Tribunal de Cuentas que condenaba a los responsables de la venta de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) por debajo de su valor a uno de los llamados fondos buitre. Encabezando la lista de condenados, el ex-consejero delegado de la compañía, Fermín Oslé, y la ex-alcaldesa Ana Botella, además de los concejales que formaban su equipo, entre los que destaca Concepción Dancausa. La misma que como delegada del Gobierno intentó por todos los medios evitar que pudiéramos destinar el superávit del Ayuntamiento a atender las necesidades de la ciudadanía madrileña. A todos ellos, el tribunal les obliga a devolver los casi 23 millones de euros en los que estima el perjuicio ocasionado a las arcas públicas, a los que hay que añadir otros 3 que le corresponde abonar exclusivamente a Oslé.

La noticia empezó a correr como la pólvora. Ana Botella monopolizó las cabeceras de los informativos y fue tendencia en todas las redes sociales. Que una alcaldesa tenga que retornar más de 20 millones a las arcas públicas no es algo que suceda todos los días. Probablemente el titular tuvo tanto impacto porque era la constatación ante la opinión pública de algo que sospechábamos desde que salimos a las plazas el 15 de mayo de 2011: que los responsables políticos se olvidaban con frecuencia del interés de las mayorías a la hora de tomar determinadas decisiones. Aquel run run fue el catalizador de un movimiento de indignación que desembocó en una ola de cambio que permitió echar al Partido Popular de la mayoría de sus principales feudos municipales. Una ola que puso a Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid para devolver la dignidad y la decencia a esta institución.

La sentencia del Tribunal de Cuentas aparece como el epitafio de los gobiernos del PP en la ciudad de Madrid. Un periodo caracterizado por la devaluación de lo público, tanto si hablamos de bienes patrimoniales como de servicios necesarios para el bienestar de la ciudadanía. Ahí se enmarcan los contratos integrales de limpieza o conservación de las vías públicas, de los que Botella presumía porque «ahorraban dinero al consistorio». Que el estado de limpieza y conservación de las calles no fuera el adecuado o que la administración tuviera un escaso margen de maniobra ante un mal funcionamiento de esos contratos eran cuestiones que importaban poco o nada a nuestros antecesores en el cargo. De la misma forma que tampoco pareció preocuparles el futuro de todas aquellas familias que quedaron en manos de los fondos a los que habían traspasado las viviendas.

La llegada de Manuela a la alcaldía ha permitido corregir esa dinámica y volver a situar el interés general en el centro de las políticas públicas. En estos años, hemos recuperado instrumentos y servicios estratégicos como bicimad o la empresa funeraria, que Álvarez del Manzano regaló por la ridícula cantidad de cien pesetas. También hemos renovado la envejecida flota de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y recuperado la función social de la EMVS para dedicarla a la promoción y gestión de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social; una función que, por sorprendente que pueda parecer, el PP había eliminado de sus estatutos. Además, modificamos el reglamento de adjudicación para que 2.500 viviendas municipales que estaban vacías cuando llegamos al gobierno, quizá a la espera de un comprador, pudieran ser utilizadas por las familias que más las necesitan. Y, por supuesto, pusimos freno no solo a la venta de viviendas sino de todo el suelo público residencial.

Esto ha ocurrido porque ahora Madrid tiene un gobierno municipal al servicio de las grandes mayorías, de sus vecinas y vecinos. Habremos cometido errores y con toda probabilidad los seguiremos cometiendo pero nadie nos podrá acusar de actuar en contra de los intereses de nuestro Ayuntamiento y sus legítimos propietarios, que son todas las personas que viven en nuestra ciudad. Eso es lo que está en juego en las próximas elecciones municipales. Consolidar este proyecto de regeneración y progreso o que vuelvan los que vendieron las casas de las familias más humildes a los fondos buitre y los partidos que les apoyan. Los que condenan la venta con la boca pequeña pero que hubieran hecho alcaldesa a Esperanza Aguirre de haber obtenido un concejal más. O aquellos que se envuelven en la bandera pero no han abierto la boca ante el daño causado por el PP a los compatriotas que han perdido la vivienda que en su día les adjudicó la EMVS. Si dan los números, no tendrán ningún reparo en volver a entregarles el Gobierno. Por eso en mayo hay que elegir entre dos modelos opuestos: el de Carmena o el Botella y sus herederos. De ello dependerá el futuro de Madrid.

Desde que el pasado mes de julio presentamos el marco de entendimiento entre Ayuntamiento de Madrid, Ministerio de Fomento-Adif y Distrito Castellana Norte (DCN) para el desbloqueo de la llamada Operación Chamartín, han surgido algunas voces, es verdad que muy minoritarias, que cuestionan la decisión tomada por el gobierno municipal. Y ahora, cuando el plan ya es una realidad, muy probablemente volverán a manifestarse.

La idea que subyace detrás de la mayoría de las críticas es que no había necesidad de hacer nada. Que Ahora Madrid cumplió su programa cuando consiguió la anulación del plan de Ana Botella (mayo 2016) y que, desde entonces, solo quedaba esperar a que el resto de actores, en particular Adif –propietario mayoritario del suelo– y DCN –adjudicatario de los derechos sobre los suelos de Adif–, asumieran en todos sus términos el proyecto que presentamos como alternativa a los planes anteriores: Madrid Puerta Norte. De no ser así, mejor aparcar este asunto y postergar cualquier decisión hasta disponer de una correlación de fuerzas más favorable, seguramente ya en la próxima legislatura.

Este argumento, sin duda legítimo, no afronta tres cuestiones que no van a dejar de existir por mucho que nos empeñemos en ignorarlas.

En primer lugar, no actuamos sobre un folio en blanco. Hay un planeamiento en vigor, aprobado en 2002, que determina las condiciones en las que actualmente podría llevarse a cabo la operación. Y también hay un instrumento de desarrollo (plan parcial de 2015) ajustado a la legislación urbanística vigente, que recorrió todo el proceso de tramitación y a punto estuvo de ser aprobado por el anterior gobierno del PP. Si bien nosotros lo hemos anulado, tampoco se nos debe olvidar que otro ejecutivo podría retomar su tramitación o que pueda llegar a prosperar el recurso judicial interpuesto a su anulación.

En segundo lugar, se suele obviar que no hay garantías de que de las próximas elecciones vaya a resultar una situación más favorable en las instituciones implicadas, donde actualmente tenemos el gobierno municipal y, por tanto, la última palabra en cualquier decisión en materia de urbanismo. Por supuesto, aspiramos a revalidar el Ayuntamiento en 2019 y llegar al gobierno de la nación en 2020 pero también puede suceder todo lo contrario.

Por último, hay que recordar que existe un contrato en vigor entre Adif y DCN por el que el operador ferroviario concesiona a la entidad privada la gestión de sus suelos en este ámbito y se compromete a adjudicarle en un precio tasado los de uso lucrativo (viviendas, oficinas…) en el momento en que haya un planeamiento aprobado. Es verdad que la última prórroga de este acuerdo finaliza el 31 de diciembre del presente año pero no es menos cierto que los plazos del contrato se han ido ampliando sucesivamente a lo largo del tiempo –la más reciente, sin ir más lejos, a finales de 2016– y todo indica que así volverá a ocurrir.

Podemos cerrar los ojos e imaginar que nada de todo esto existe pero al abrirlos, el dinosaurio seguirá allí. Siempre encontraremos alguna buena excusa para dilatar la toma de decisiones en aquellos temas que generan controversia pero ello no será una muestra de fuerza sino, muy al contrario, de impotencia e incapacidad.

Sabíamos que ni por sus antecedentes, ni por la cantidad de intereses cruzados en juego, ni por las dificultades técnicas, políticas y mediáticas que encontraríamos a cada paso, la solución a Chamartín iba a ser fácil y, pese a ello, asumimos el reto. También sabíamos que esa solución pasaba por superar los proyectos del pasado, que se han mostrado fracasados, y plantear uno nuevo basado en los principios que apuntan un urbanismo del siglo XXI: poner en el centro los intereses de la ciudad y de sus habitantes, resolver el déficit de equipamientos de los barrios del entorno, ajustar la edificabilidad a la capacidad real del territorio, garantizar el retorno de las plusvalías urbanísticas al Ayuntamiento en forma de vivienda pública y recuperar el protagonismo de la estación de Chamartín como nodo central de conexiones en transporte público –metro, cercanías y autobús– con todos los municipios de la región, asegurando así una total accesibilidad en transporte público y reduciendo la dependencia del coche. Estas bases, que definen el modelo de ciudad que estamos implantando en Madrid, estructuran la nueva Operación Chamartín. Un plan que se sustenta en los principios de “Madrid Puerta Norte”, ajustando tanto la ordenación como la edificabilidad al conjunto de condicionantes funcionales, topográficos e infraestructurales del emplazamiento.

El Ayuntamiento recupera el control público de la operación al asumir la dirección del nuevo plan y al dividir el ámbito en cuatro partes diferenciadas, lo que impide que Adif-DCN, propietarios mayoritarios en el conjunto pero no en todos los sectores, conserven el pleno dominio que les otorga el planeamiento actual y que han mantenido en todos los planes de desarrollo anteriores al nuestro. La edificabilidad global se rebaja sustancialmente, pasando de los 3,37 millones de metros cuadrados que establece actualmente el plan general, a 2,66. Una reducción de más de setecientos mil metros cuadrados, en su práctica totalidad pertenecientes a Adif-DCN, que se origina porque las vías del tren que no se cubren –esto es, que no producen nuevo suelo urbano– ya no generan edificabilidad, como sí ocurría en todos los planes anteriores. Por otro lado, tal y como defendíamos en Puerta Norte, los futuros equipamientos se ubican en los bordes de Begoña y Fuencarral para cubrir las demandas dotacionales no solo de los nuevos barrios sino también de los existentes. Además, ampliamos la vivienda protegida al 20% y establecemos la obligación de que todas las cesiones al Ayuntamiento se hagan en residencial, de manera que recibiremos unas cuatro mil viviendas (2200 protegidas y 1800 libres) destinadas a atender a las familias que más lo necesitan. Esta actuación contribuirá a reducir los desequilibrios sociales y territoriales de Madrid.

Resolver esta operación asegurando los objetivos señalados pone de manifiesto que hay alternativa al modelo de gestión neoliberal de la ciudad. Que primar los intereses generales sobre los particulares no es incompatible con el desarrollo y la inversión, tal y como han tratado de vender el Partido Popular y Ciudadanos. Después de haber desbloqueado proyectos tan complejos como Canalejas, Mahou-Calderón, Peineta, ampliación del Bernabéu o rehabilitación del Edificio España –por citar solo los más conocidos–, con Chamartín enterramos definitivamente el mantra de que veníamos a paralizar el urbanismo de Madrid, que la derecha política y mediática han intentado instalar desde que llegamos al gobierno, y volvemos a demostrar que somos un equipo solvente y confiable. Hemos tenido que llegar nosotros para resolver un proyecto bloqueado durante 25 años. Pero dejar pasar este mandato sin dar solución a este problema no era una opción.

El riesgo de que en el futuro se pueda revertir lo conseguido y la oportunidad de consolidar el nuevo planeamiento hacen de este un momento clave para reconducir definitivamente la Operación Chamartín. Ha llegado la hora de presentar a los vecinos de la zona y a todos los madrileños el plan que tanto tiempo han estado esperando. Madrid está de enhorabuena.

Hace poco más de un mes, la Federación de Municipios de Madrid (FMM), órgano que agrupa a todas las ciudades y pueblos de nuestra región, aprobó, con el voto en contra del Partido Popular, una resolución que manifestaba su disconformidad con el proyecto de ley del suelo de Cifuentes e instaba, por ello, al gobierno regional a retirarlo para su reconsideración.   

Es un hecho sin precedentes que una ley tan relevante para el desarrollo de una región, como es la que regula los usos y gestión del suelo, se quiera aprobar sin el apoyo de los municipios que deben aplicarla. Hay que recordar que las localidades cuyos gobiernos se han mostrado contrarios a esta ley concentran el 80% de toda la población de la Comunidad de Madrid. Esta situación debería preocupar tanto a los proponentes de este texto legislativo como a los grupos políticos que parecen decididos a apoyarlo: PP y Ciudadanos, las dos patas que sostienen el gobierno regional. 

El proyecto de ley presentado por el ejecutivo de Cifuentes no se distingue del resto de sus políticas: más de lo mismo. Se trata de un remedo de textos anteriores que no resuelve los actuales problemas de los municipios en materia de urbanismo y, por el contrario, genera otros nuevos. Es una ley vieja, del siglo pasado, que no aborda los grandes retos del desarrollo urbano presente y futuro de nuestra región. 

Carece de modelo territorial

La propia denominación, ley del suelo y el urbanismo, pone de manifiesto su limitado campo de actuación: el suelo urbano. Se echa en falta un diagnóstico previo de las necesidades de desarrollo de la región, excesivamente dependiente del sector inmobiliario, junto a la definición de un modelo territorial que entre exclusivamente en la (des)regulación del suelo urbano sino que atienda también a cuestiones ambientales, sociales y productivas. Hay que hablar de calidad del aire, de movilidad, de corredores verdes, de cohesión territorial y de crecimiento sostenible. La elaboración de una nueva ley del suelo es una oportunidad para definir un proyecto regional a largo plazo, algo que aquí ni se ha planteado. 

Reduce la participación

Uno de los aspectos más decepcionantes de la nueva ley es todo lo referente a la participación ciudadana. Parece que los procedimientos y herramientas que distintas administraciones han ido implementando para ampliar las posibilidades de intervenir en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía, han pasado completamente desapercibidas para los redactores de esa ley. Mientras que en los últimos años, ayuntamientos como el de Madrid hemos puesto en marcha fórmulas de participación digital, consultas vinculantes sobre proyectos urbanos estratégicos así como procesos de análisis y elaboración colectiva de las grandes actuaciones urbanísticas, esta ley no solo se muestra ajena a todo ello sino que, incluso, reduce la capacidad de intervención que otorga la actual ley del suelo. Los plazos de información pública que hoy se fijan como mínimos pasan a ser máximos, en un claro retroceso a que va en contra de todos los avances legislativos en materia de transparencia y participación pública. 

Incentiva la privatización del suelo público

Otro de los aspectos más cuestionables tiene que ver con el papel que le otorga al suelo público. Si toda la legislación existente hasta la fecha establece que los suelos municipales deben utilizarse, prioritariamente, para atender las necesidades de vivienda social de los municipios, el nuevo texto renuncia a este principio y abre la vía a “compensar” las carencias presupuestarias de los ayuntamientos mediante la enajenación de suelo público. Vender parcelas para hacer caja. Una práctica bastante frecuente en  los ayuntamientos donde ha gobernado el Partido Popular y que ahora pretenden oficializar en la nueva legislación. 

No permite la desclasificación de suelo

La mayoría de los municipios madrileños seguimos padeciendo las consecuencias de la burbuja. Durante el boom, muchas ciudades y pueblos aprobaron planeamientos que multiplicaban su superficie urbanizable. Hoy, esos suelos, en su mayor parte sin desarrollar, lastran económica y medioambientalmente el desarrollo presente y futuro de estas localidades. No es asumible, desde los criterios más elementales de sostenibilidad, que todos los municipios de la región puedan crecer indefinidamente y a la vez, por lo que sería necesario que una ley como esta aportara instrumentos para desclasificar suelo –esto es, volver a calificarlo como «no urbanizable»–, posibilitando así la redefinición de los nuevos crecimientos en base a criterios de racionalidad urbana y con visión de conjunto. 

Disminuye los estándares dotacionales

La nueva ley orienta la actuación urbanística hacía, y para, el beneficio privado. Así lo manifiesta la injustificada reducción de las cesiones a la ciudad. Cuando se ejecuta un nuevo desarrollo urbanístico, la legislación obliga a los promotores a ceder suelo a las administraciones para que estas puedan llevar a cabo infraestructuras, dotaciones y equipamientos necesarios para el adecuado funcionamiento de la ciudad (zonas verdes, escuelas, centros de salud, etc.). Esas cesiones, que en Madrid se minoraron dos veces durante el mandato de Esperanza Aguirre –pasando de 100 m2 de suelo por cada 100 m2 construibles (m2s/m2c) a 50 m2s/100m2c entre los años 2010 y 2011–, quedarían reducidas ahora a 30 m2s/100m2s.  Y ya si se trata de poblaciones de menos de cinco mil habitantes, la ley permite bajar hasta 15, sin que exista la más mínima explicación que justifique porqué los habitantes de pequeñas localidades necesitan menos equipamientos que el resto. Este enfoque se advierte también en el hecho de que, para los nuevos desarrollos, la nueva legislación dé preferencia al sistema de gestión por «compensación», en el que la administración juega un papel secundario, frente al de «expropiación», que garantiza el control público de todo el proceso de urbanización. 

Sobran, por tanto, razones para oponerse a esta ley. Una tarea en la que no estamos solos. Los grupos de Podemos y del Partido Socialista de la Asamblea de Madrid han presentado sendas enmiendas a la totalidad durante el proceso de tramitación. Por su parte, un buen número de ayuntamientos progresistas de la región han aprobado en sus plenos municipales mociones que manifiestan su desacuerdo con la ley. También se han mostrado contrarios a su aprobación multitud de agentes de la sociedad civil organizada. Y a todos ellos, hay que sumar a la  FMM, tal y como hemos señalado al inicio del artículo. 

Nadie pone en duda que Madrid necesita una nueva ley del suelo. Pero no la de Cifuentes. Necesitamos una ley del siglo XXI, capaz de abordar los grandes retos urbanos y territoriales de nuestra región. Si de algo debe servir este proceso es para anticipar cómo sería ese modelo alternativo al del Partido Popular. Hemos sido capaces de construir una mayoría de progreso en la Comunidad de Madrid que rechaza esta ley. El reto ahora es transformar esa mayoría social en una mayoría política capaz de conformar un gobierno en la Comunidad que ponga en marcha una ley del suelo diseñada para avanzar en el reequilibrio territorial y garantizar un desarrollo urbano sostenible a medio y largo plazo. Una ley verdaderamente nueva en su concepción y en sus objetivos. 2019 está a la vuelta de la esquina.

La semana pasada, la Alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, el Ministro de Fomento y el presidente de la empresa Distrito Castellana Norte (DCN) presentaron «Madrid Nuevo Norte». Tras el anuncio, y al tratarse de una actuación tan relevante y que tanta expectación ha generado, se han ido sucediendo todo tipo de comentarios, análisis y valoraciones. Estas reacciones, aunque quizá demasiado precipitadas en algún caso, ponen de manifiesto una serie de cuestiones importantes que conviene aclarar.

Hay que recordar primero que lo que se ha presentado no es el proyecto sino las líneas estratégicas que van a definirlo. Podría decirse que hemos pactado las reglas del juego y ahora toca echar la partida. A la vuelta del verano, iniciaremos los trabajos para aterrizar el acuerdo en una propuesta concreta de ordenación que recoja los objetivos estratégicos fijados.

1. Modelo sostenible e integrado 

Se toma como base la propuesta municipal presentada como alternativa al plan anterior: Madrid Puerta Norte. Al sur de la M30, predomina el uso terciario de oficinas y, al norte, el residencial con algo de actividad terciaria próxima a los nodos de transporte. También se fija como prioridad la remodelación de la estación y se garantiza una movilidad sostenible, basada en el transporte público, al ubicar en su entorno el centro de negocios.

2. Iniciativa pública

El plan anterior dejaba la iniciativa en manos de la empresa DCN, que se aseguraba la mayoría en el conjunto de la operación al definir un ámbito único. Ahora, el ámbito se divide en cinco sectores —Estación, Centro de Negocios, Malmea, Tres Olivos y Las Tablas— lo que facilita una gestión más eficaz y evita el control de uno de los propietarios sobre los demás. Además, se garantiza el control público del desarrollo de la zona sur, donde la mayoría del suelo es de titularidad pública, mediante la creación de un órgano participado por las administraciones implicadas.

3. Reducción de la edificabilidad

Si comparamos tanto con el planeamiento vigente como con el anterior plan parcial, se reduce sustancialmente la edificabilidad. Adif-DCN pasan de tener 1,85 millones de m2 a 1,31, aproximadamente un 30% menos. Esto sucede porque las vías del tren quedan excluidas de la operación, de forma que ya no generan aprovechamiento como sí ocurría anteriormente, lo que permite ajustar las edificabilidades a la capacidad real del territorio.

4. Reequilibrio territorial

Una de las principales dudas planteadas son los posibles desequilibrios territoriales que una actuación de estas características puede llegar a producir. Para evitarlo, el Ayuntamiento ha exigido aumentar el porcentaje de vivienda protegida hasta el 20% —la ley establece un 10%— y que todas las cesiones al municipio sean en suelo residencial. De esta forma, dispondremos de unas 4.100 viviendas públicas, un 37% del total, para desarrollar políticas de vivienda también en el norte y no únicamente en el sureste, reduciendo con ello la brecha territorial.

5. Participación ciudadana

Como en otros casos similares, desde el Ayuntamiento impulsaremos un proceso de participación con todos los agentes implicados —grupos políticos, vecinos, comerciantes, propietarios, especialistas, etc.— para recoger e incorporar sus propuestas, necesidades y demandas. Igual que hemos hecho en Mahou-Calderón, Paseo de la Dirección o los Desarrollos del Sureste, por poner algunos ejemplos. Una actuación de estas características debe contar con un amplio respaldo social y político, y asumimos la obligación de conseguirlo.

Estos principios darán forma a Madrid Nuevo Norte. El acuerdo alcanzado demuestra que hay alternativas mucho mejores que la que pretendían imponernos. Que la responsabilidad y la firmeza no son incompatibles con el desarrollo de proyectos necesarios.

Porque siempre hemos sido conscientes de que los vecinos del entorno llevan mucho tiempo esperando soluciones. Solo hay que darse una vuelta por la zona para comprobarlo. Es imprescindible cerrar esa herida urbana con un proyecto que integre los distintos barrios y resuelva las conexiones transversales. Un proyecto que amplíe las zonas verdes, los equipamientos y los servicios, no solo para los futuros habitantes sino para los que ya viven en Begoña o Fuencarral y sufren a diario la falta de dotaciones. Un proyecto que facilite la accesibilidad a barrios como Las Tablas o Tres Olivos y contribuya a mejorar la movilidad en todo el norte. Estos son los principales retos que tenemos por delante. Todavía queda camino por recorrer pero, por primera vez en veinticuatro años, avanzamos en la dirección correcta.

Hace dos años, llegamos al Ayuntamiento de Madrid con el objetivo de cambiar el modelo urbano del Partido Popular. Para ello, había que poner en marcha un plan de rehabilitación de viviendas y espacios públicos en los barrios más golpeados por la crisis para revertir progresivamente el desequilibrio social y territorial de nuestra ciudad. También, era imprescindible superar el modelo de movilidad existente, obsoleto y orientado a reafirmar el papel del coche como eje central del sistema, para implantar uno alternativo basado en la convivencia de distintos modos de transporte, reforzando los medios colectivos y sostenibles.

Estas dos cuestiones, la recuperación de la ciudad consolidada frente al desarrollo expansivo y el cambio en la cultura de la movilidad, son retos que compartimos con la mayoría de las capitales de nuestro entorno. Sin embargo, Madrid tiene un hecho específico: su conformación a base de grandes operaciones urbanísticas. Y es que el Partido Popular nunca ha tenido una idea de ciudad. Solo la ausencia de un proyecto alternativo y una estrategia muy potente de marketing político le permitieron vender como un modelo lo que era únicamente el resultado de una serie de transacciones económicas en el territorio. Ya el término “operación” denota la ausencia de un proyecto unitario en el que se inscriben todas las decisiones e intervenciones que lo integran.  

Una de las actuaciones más simbólicas de esta forma de hacer ciudad es la llamada 'Operación Canalejas'. Este complejo formado por ocho edificios había sido declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2012. Sin embargo, solo un año después, el gobierno de Ana Botella aprobó una polémica modificación del Plan General para aumentar la edificabilidad del conjunto y permitir la agrupación y unificación de los espacios interiores de todas las edificaciones, con el fin de facilitar la implantación de un hotel y un gran centro comercial.

Esta modificación justificaba su interés en la necesidad de construir en el lugar una estación subterránea de autobuses y remodelar el aparcamiento público existente. Los costes, por supuesto, corrían a cargo del Ayuntamiento. Casi 40 millones de euros. Por su parte, el promotor privado asumía una inversión de 3,4 millones. Así gestionaba “lo público” el Partido Popular.

Y esta fue la situación que nos encontramos. Realizamos una auditoría de las operaciones urbanísticas heredadas y le llegó el turno a Canalejas. Lo primero que planteamos fue una importante reducción de la excesiva edificabilidad y la sustitución de la faraónica estación subterránea por una plataforma logística que diera servicio a las necesidades de la zona.

Esta nueva solución garantizaba además una mejor integración en el entorno tanto del complejo como de las rampas de acceso al aparcamiento. Además, revisamos el reparto de cargas para que el promotor privado costeara unas obras que sin duda le beneficiaban. El resultado: con el Partido Popular, el Ayuntamiento pagaba la estación, las obras de urbanización y el rescate de la concesión, mientras que con Ahora Madrid, el privado asume las obras y ya no hay rescate. Esto es, antes se gastaban casi 40 millones de dinero público y ahora esos recursos están disponibles.

Con esta solución hemos demostrado dos cosas: que los gobiernos responsables no espantan a los inversores y que sí se puede situar el interés general en el centro de cualquier actuación urbanística sin comprometer su viabilidad.

Esta semana, esta operación, tan polémica en otros tiempos, fue aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de Madrid. Ni siquiera el PP se atrevió a defender el proyecto anterior, el suyo. Y es que hay pocos ejemplos que manifiesten tan claramente que hay alternativa, también en urbanismo. Este es el cambio.