La siniestralidad laboral no da tregua. Según los datos avanzados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes al primer semestre de 2022, cada día murieron dos personas trabajadoras en accidente laboral y 3.221 personas sufrieron un accidente de trabajo, de los que 1.713 necesitaron baja laboral.

Hasta junio, 394 personas trabajadoras han muerto durante los seis primeros meses de 2022. Son 60 personas más que las fallecidas en el primer semestre de 2021. Aunque es cierto que este dato está influenciado por los 21 marineros muertos en la tragedia del naufragio del pesquero gallego en Terranova, no debemos obviar que las muertes por infartos y derrames cerebrales han aumentado en 19 personas y las debidas a atrapamientos y aplastamientos en 15, hasta alcanzar las 126 y 59, respectivamente.

A la luz de estos datos se confirma la tendencia de aumento de los accidentes con baja, iniciada en 2021 tras la vuelta a la actividad después de la pandemia. Esto pone de relieve que la seguridad y salud en el trabajo se está dejando en un segundo plano en las empresas, dado que no funcionan los mecanismos preventivos. Resulta obvio que para muchas empresas la prevención de riesgos laborales no es una prioridad. En cuanto aumenta la actividad, aumenta la siniestralidad. Esto es un mal endémico en nuestro país al que debe ponerse fin.

Si es evidente que algo está fallando, que cada año mueren más de 700 personas trabajadoras en accidentes laborales en nuestro país, 6.435 desde 2013, ¿por qué no se actúa para acabar con esta lacra como se ha hecho con otros graves problemas sociales como los accidentes de tráfico o la violencia machista?

Esta inacción es a todas luces injusta, más aún cuando recientemente la OIT ha incluido el entorno de trabajo seguro y saludable entre sus principios y derechos fundamentales.

Las industrias extractivas y la construcción tienen el dudoso honor de ser las actividades con un mayor índice de incidencia en accidentes laborales ocurridos durante la jornada laboral. El sector agrario y, de nuevo, la construcción, son los sectores con mayor incidencia respecto a los accidentes de carácter mortal.

Los sobreesfuerzos sobre el sistema musculoesquelético continúan siendo la primera causa de accidente de trabajo con baja; y los infartos y derrames cerebrales, la primera causa de muerte. Todos son viejos conocidos, porque la historia se repite año tras año, desde hace tiempo, demasiado tiempo.

Por todo ello, es indispensable que el Gobierno actúe de forma urgente para acabar con este goteo incesante de muertes en el trabajo. Desde la UGT seguimos insistiendo en que se abra una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral para acordar medidas de carácter urgente.

A través de esta, se debe articular un plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata. No pueden faltar acciones para mejorar la gestión preventiva de los riesgos psicosociales de origen laboral, ya que la primera causa de muerte por accidente de trabajo siguen siendo los infartos y derrames cerebrales, patologías que pueden estar relacionadas con este tipo de riesgo.

Además, desde UGT proponemos la creación de una figura a nivel estatal, similar al delegado y delegada de prevención territorial. Este ayudaría a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de las pymes y micropymes, donde no hay representación sindical. Y es que es un hecho que, donde la hay, los centros de trabajo son más seguros.

Como complemento a lo anterior, proponemos dotar a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, tanto humanos como materiales, para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Es fundamental que desde las administraciones se actúe, de manera urgente, para acabar con las muertes, las lesiones y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Más aún teniendo en cuenta que el mercado de trabajo está cambiando y que hay que hacer frente a los cambios que suponen las transiciones digital, climática y demográfica, por lo que es importante que los sistemas preventivos se anticipen y prevean los efectos de estos cambios para garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras.

Desde UGT hemos solicitado también al Ministerio de Trabajo y Economía Social una mejora en la Estadística de Accidentes de Trabajo para hacer un seguimiento más exhaustivo de los accidentes por golpes de calor. Debido a que los efectos del cambio climático cada vez son más evidentes y resulta imprescindible adaptar los trabajos al clima.

En cuanto a las muertes en carretera, la DGT ha atribuido el aumento de las mismas durante el verano a las olas de calor. A este respecto, indicar que durante el primer semestre de 2022 se produjeron 103 muertes por accidentes laborales de tráfico, de los que 38 ocurrieron durante la jornada laboral y 65 fueron in itinere. Ante estas evidencias, estamos a la espera de conocer también los accidentes laborales, tanto de golpes de calor como de tráfico, ocurridos durante julio, que ha sido el mes más caluroso desde que hay registros.

Desde UGT, llevamos 134 años renovando, día a día, nuestro compromiso en la defensa y mejora de las condiciones de vida y salud de las personas trabajadoras. Consideramos triste e indignante que cada día dos personas trabajadoras no vuelvan a casa porque han muerto en accidente laboral en nuestro país, conociendo además que la mayoría de estas muertes se podrían haber evitado. Es hora de actuar, además de escuchar, y acabar cuanto antes con esta lacra. Se conocen las debilidades del sistema, por lo que no hay excusa para no actuar de forma inmediata y proteger a la clase trabajadora.

Las nuevas tecnologías y la economía digital están difuminando la frontera entre la vida profesional y la personal. La precariedad y temporalidad del empleo está provocando un aumento del temor de los trabajadores y las trabajadoras a perder su trabajo y, por tanto, es un caldo de cultivo para que muchas empresas abusen en materia de jornada y de descansos.

La frontera entre la vida laboral y la vida privada debe estar clara y es por esto que creemos que es fundamental que se regule de alguna manera el “derecho a la desconexión” cuando se termina la jornada laboral o en los períodos necesarios de descanso.

Desde la Unión General de Trabajadores reclamamos incluir este derecho tanto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, como un derecho más de los trabajadores y trabajadoras, como en el Estatuto de los Trabajadores, que regula la ordenación del tiempo de trabajo. Entendemos que el derecho a desconectar y, con él, a preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras de este país, debe ser responsabilidad de todos, Gobierno, empresas y sindicatos.

Llevamos tiempo reclamando un debate en profundidad sobre los tiempos de trabajo para impedir que las empresas abusen de los avances tecnológicos para explotar a los trabajadores. El tiempo a disposición del empresario está contemplado como tiempo de trabajo y debe ser remunerado. La digitalización, la tecnología, tiene que permitir redistribuir el tiempo de trabajo y crear empleo.

Y en este sentido, valoramos el paso adelante que ha dado Francia, al reconocer este derecho y remitir a una regulación entre empresarios y sindicatos. A pesar de ello, creemos que hay que ir más allá y regularlo por Ley, porque la mayoría de las empresas en nuestro país son pymes, sin representación sindical y es difícil vencer la desprotección del trabajador.

La conectividad no debe ser, en ningún caso, sinónimo de disponibilidad permanente para las empresas. Una disponibilidad que aumenta los riesgos psicosociales y los niveles de estrés. Los riesgos psicosociales se han convertido en los últimos años en una importante fuente de siniestralidad laboral tanto en España como en Europa y, con el desarrollo de la economía digital, se puede agravar. Y, en este sentido, ya se habla de nuevas patologías, que son una fuente importante de siniestralidad laboral en España y en Europa, el tecnoestrés laboral, la “nomofobia” y otras adicciones derivadas del uso continuado y no racionalizado de las nuevas tecnologías.

Todos tenemos derecho a conocer exactamente cuál es nuestra jornada de trabajo, nuestro horario y el tiempo a disposición de la empresa, y también nuestro descanso diario, semanal o mensual porque todo lo que exceda de ello, llamadas al móvil, mensajes de WhatsApp o correos electrónicos, por ejemplo, pueden vulnerar un derecho fundamental.

Si termina la jornada laboral, termina. Las nuevas tecnologías deben contribuir redistribuir los tiempos de trabajo y a crear más empleo. No a explotar de forma indecente al trabajador.